Con más recursos sobrantes en la cabecera del Tajo, los regantes murcianos recibirán este año menos agua para sus cultivos. El Ministerio de Medio Ambiente admite esta evidencia y la achaca a las reglas de explotación. Los agricultores del Segura regresaron ayer de Madrid con un jarro de agua fría y «con la moral por los suelos» tras conocer que la Comisión de Explotación del Tajo-Segura sólo recomienda un riego de 20 hectómetros para los próximos cuatro meses, ya que el parque nacional de Las Tablas de Daimiel recibirá otros 10. Los abastecimientos de más de 2,5 millones de habitantes de Murcia, Alicante y Almería obtendrán los 62 hectómetros restantes hasta alcanzar el máximo que permiten las reglas de explotación. El envío a Las Tablas se recomienda por «el mandato» del Congreso de los Diputados. El Consejo de Ministros tiene el viernes la última palabra.

Con peores condiciones en la cabecera del Tajo, los regantes recibieron 69 hectómetros el anterior año hidrológico. En el actual, con una mejoría en los pantanos, sólo llegarán a los 62 hectómetros. En junio del año pasado las reservas en Entrepeñas y Buendía alcanzaban los 325 hectómetros, mientras que ahora hay 465. El director general del Agua, Jaime Palop, apuntó la posibilidad de que la dotación para regar aumente hasta los 30 hectómetros si se consigue un ahorro de hasta el 10% en los abastecimientos, como el verano pasado. La realidad sin embargo apunta a que el consumo de la población subió un 4% en mayo.

Palop recordó que con estas previsiones quedarán 386 hectómetros en la cabecera del Tajo a principios de octubre, como publicó La verdad. Indicó que ahora se observa «una tendencia más optimista», a la vez que confía en «una recuperación del sistema».

El director general del Ministerio de Agricultura, Francisco Amarillo, señaló que su petición para los cultivos era de 40 hectómetros, si bien reconoció «la dificultad de llegar a esa cantidad. Son 20 hectómetros seguros y diez muy probables, necesarios para el mantenimiento del arbolado y para evitar la salinización del suelo», informa Efe.

La consejera de Obras Públicas de Castilla-La Mancha, María Encina Álvarez, que asistió en calidad de invitada, añadió que si se justifica el agua para consumo humano «no tenemos nada más que decir, aunque se debe velar por que se haga un uso adecuado de ese agua». Felicitó a la Comisión por el envío de aguas a las Tablas y calificó de «irresponsable se imprudentes» la presiones para enviar un riego de socorro. Cree que de esta forma se ponen en peligro los abastecimientos.

La titular de Obras Públicas de Castilla-La Mancha, María Encina Álvarez, aseguró ayer que, según los datos del Centro Regional de Estudios del Agua, «Murcia está en condiciones de garantizar una producción plena de sus productos horto-frutícolas», por lo que consideró «electoralista» la petición de 170 hectómetros cúbicos para riego de socorro.

Álvarez hizo estas declaraciones en Toledo en presencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

El programa radiofónico De Costa a Costa, que dirige y presenta en Punto Radio el periodista Félix Madero, contó ayer con la participación de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien aseguró que el Gobierno central cumplirá su promesa de aportar los caudales que para esta legislatura preveía el programa AGUA, que sustituyó al derogado Plan Hidrológico Nacional.

La ministra insistió, a preguntas del jefe del Área de Local de La Verdad, Manuel Buitrago, en que el Gobierno alcanzará los objetivos anunciados que, en el caso de Murcia y Alicante, se sitúan en 280 hectómetros para el año que viene. Sin embargo, a día de hoy, la producción es de sólo 72 hm3 y, según las previsiones más halagüeñas, apenas se alcanzarán los 120 hm3 en el plazo previsto.

Narbona, que participó en un monográfico especial dedicado a analizar los problemas del agua y las posibles soluciones, recordó que para cumplir este compromiso electoral necesitará «la colaboración de las comunidades autónomas, desde donde no se deberían torpedear nuestras iniciativas». Al respecto, la ministra recordó que Valencia paralizó la planta de Torrevieja, cuyo caudal será destinado a regadío y abastecimiento.

Sin embargo, respecto a Murcia, Narbona alabó la «colaboración efectiva del Ejecutivo murciano» y felicitó por ello al presidente de la Región, Ramón Luis Valcárcel, quien también participó en el espacio de Punto Radio. Valcárcel, por su parte, aprovechó el cumplido para señalar que «tiene que venir una ministra a decirlo, frente al PSOE murciano que lo niega».

La titular de Medio Ambiente reveló que «el Ministerio no prevé restricciones para los próximos meses, a pesar de la sequía» y señaló que «gracias a las obras que el Gobierno central ha impulsado en los últimos años «no se ha impuesto cortes al consumo». Narbona recordó que «no estoy en contra de los trasvases» y, para demostrarlo, apuntó que «el Gobierno impulsa el trasvase del Vinalopó. Y también gestiona el trasvase Tajo-Segura». Entretanto, dijo que «el agua dulce arrastra sedimentos que son necesarios para mantener la biodiversidad en el Mediterráneo».

Derecho a crecer

Valcárcel, por otro lado, insistió en que «Murcia sólo pide el agua que sobra, el agua que no necesitan el resto de comunidades. De hecho, la ley sólo permite que se trate de agua excedentaria. Además, incluso la pagamos». En este sentido, aclaró que «cualquier comunidad tiene derecho a crecer, siempre y cuando cumpla ciertos criterios de sostenibilidad», y añadió que «hemos pasado del agua para todos al agua para nadie». Por último, el presidente argumentó que «cualquier comunidad de España debe resolver sus problemas y, sólo después de ello, no me parece descabellado que una pequeña parte de aquello que va al mar se envíe allá donde se necesite».

El presidente Valcárcel añadió que el presidente de la Nación, José Luis Rodríguez Zapatero, «nos hace volver siglos atrás» y lo acusó de tergiversar el concepto histórico de España.

Respecto al Trasvase Tajo-Segura, Valcárcel remarcó que «resulta inconstitucional ponerle fecha de caducidad. Por eso hemos recurrido». Por otro lado, aseveró que «la cuenca del Segura es la única deficitaria, de forma estructural, de todo el país».

El espacio radiofónico se alargó hasta la medianoche y supuso una atractiva propuesta para conocer opiniones contrapuestas y distintos puntos de vista.

La reserva de agua en los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, aumentó ocho hectómetros cúbicos la última semana y alcanza ahora los 345 hectómetros cúbicos de agua embalsada, el 13,94 por ciento de su capacidad total de 2.474 hectómetros cúbicos.

Según informó hoy la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), el embalse de Buendía aumentó dos hectómetros cúbicos en los últimos siete días y tiene 203 hectómetros cúbicos, el 12,38 por ciento de su capacidad total, que es de 1.639 hectómetros cúbicos.

El pantano de Entrepeñas tiene seis hectómetros cúbicos más que la semana anterior y embalsa ahora 142 hectómetros cúbicos de agua, el 17,00 por ciento de su capacidad, que es de 835 hectómetros cúbicos.

El Consejo de Ministros autorizó el 2 de marzo un trasvase de 38 hectómetros cúbicos para abastecimiento humano desde la cabecera del Tajo hasta la cuenca del Segura.

El trasvase de estos 38 hectómetros cúbicos se distribuye en el trimestre marzo-abril-mayo, y el destino es abastecer a la población atendida por la Mancomunidad Canales del Taibilla (2,5 millones de personas de 79 municipios de Murcia, Alicante y Albacete) y a los municipios almerienses dependientes de la entidad pública Galasa.

En función de la evolución de las lluvias y del comportamiento del sistema de la cabecera del Tajo, el Gobierno podría revisar este acuerdo.

Los trasvases de agua de la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura pueden ser autorizados por el Consejo de Ministros, según fija la ley, mientras exista una reserva mínima de 240 hectómetros cúbicos de agua embalsada en Buendía y Entrepeñas.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció hoy que la reunión del Consejo Nacional del Agua prevista para este viernes, quedará pospuesta hasta después de Semana Santa para tener más tiempo para «ampliar el acuerdo que existe entorno a alguno de los elementos de la Ley de Aguas» y, en particular, «con los representantes del sector del regadío» con quienes celebrará próximamente un encuentro.

Según explicó Narbona en la inauguración de las jornadas sobre ‘El nuevo ciclo de planificación hidrológica en España’ que se celebran hoy en el Colegio de Ingenieros de Caminos en Madrid, la cita con los regantes servirá «para analizar la incidencia de las propuestas que está formulando el Ministerio de Medio Ambiente», que «han sido recibidas (…) con excesiva preocupación por parte de este sector de la agricultura».

«De momento vamos a convocar reuniones de carácter bilateral centradas en la posición de los regantes, que es una posición crítica en estos momentos», con el fin de emprender «una tarea de aproximación», en la que, según la ministra, tanto Agricultura como Medio Ambiente tienen «el máximo interés».

En este sentido, Narbona destacó la importancia de «compartir información y que analizar las posiciones de cada parte dentro del sector de la agricultura» porque, «teniendo en cuenta que casi el 70% del agua en España la consume la agricultura, sería absurdo aprobar una reforma de la Ley de Agua que no integrara al máximo» su «perspectiva».

Aunque el Gobierno tiene la mayoría del voto en el Consejo Nacional del Agua y, por tanto, el organismo podría emitir un «dictamen preceptivo favorable por una cuestión de votos», narbona incidió en que el Ministerio de Medio Ambiente «prefiere hacer un esfuerzo» para conseguir «votos favorables de todas las partes implicadas» en la reforma de la ley.

El agua y las elecciones

Respecto a la implantación de los planes hidrológicos del Ministerio de Medio Ambiente, Narbona lamentó la falta de «cooperación adecuada por parte de algunas administraciones autonómicas y, en particular, por parte de la Generalitat Valenciana, que ha intentado frenar la actuación de mayor envergadura en la provincia de Alicante: la construcción de la planta desaladora de Torrevieja» cuya paralización el Gobierno ha recurrido ante el Constitucional.

Esta obra, destacó la ministra, «es de interés general del Estado, tiene una declaración de impacto ambiental favorable y ha sido aceptada por la Comisión Europea, que ha concedido la financiación» y, por tanto, «debe seguir adelante». No así iniciativas como el trasvase del Ebro, que «no obtuvo ni un sólo euro de la Unión Europea» mientras «todas y cada una de las inversiones que ha planteado el Gobierno actual ante la Comisión, dentro del programa Agua, han recibido y están recibiendo financiación» de Europa.

Por todo ello, hizo un «llamamiento a todas las administraciones y, muy en particular a las gobernadas por el Partido Popular» y les pidió «que piensen en los ciudadanos y no en la confrontación política» porque «no se debe llevar a este terreno la política del agua hasta el punto de intentar paralizar inversiones que son absolutamente necesarias para mantener la garantía de abastecimiento que hasta ahora, ha permitido que en la Comunidad Valenciana y en Murcia no haya ningún problema» en el uso urbano del agua.

Asimismo, invitó «a tener en cuenta que la política del agua que está haciendo este Gobierno es la única que se puede hacer en un país miembro de la UE» y pidió «un ejercicio de sosiego y tranquilidad» porque «este es un momento parta ejercer desde la responsabilidad y para evitar que el agua sea motivo de confrontación electoral».

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla aprobó hoy el precontrato suscrito el pasado día 8 con la comunidad de regantes «Canal de las Aves» de Aranjuez, por el que cede parte de sus derechos para uso en regadío en un volumen todavía no determinado, y a un precio de 0,23 euros el metro cúbico, según nota de prensa.

El motivo de esta compra es la necesidad de recursos hídricos para atender a los municipios que abastece la Mancomunidad, que en su Comité Ejecutivo celebrado hoy se ha analizado la situación de la cabecera del Tajo, al 13,7 por ciento de su capacidad, «lo que -según el comunicado- pone de manifiesto que el sistema está afrontando el tercer año consecutivo de la peor sequía registrada en la zona».

El Ministerio de Medio Ambiente ha promovido una reserva estratégica en el Tajo para destinarla a atender necesidades prioritarias como las del abastecimiento humano.

La evolución de la demanda en el primer semestre del año hidrológico (octubre 06-marzo 07) en la MCT ha aumentado un 2,2 por ciento respecto del año anterior, y un 1% inferior a la correspondiente al año hidrológico 2004/2005.

En ese semestre las aportaciones del río Taibilla están siendo un 4 por ciento inferiores a las del año anterior en lo que se califica ya como «mínimo histórico», y se ha duplicado el volumen utilizado de agua desalinizada (de 14,5 a 26,4 hectómetros cubicos), debido a la ampliación de Alicante I, la plena producción de «Antonio León» (San Pedro del Pinatar I) y la puesta en servicio de San Pedro del Pinatar II, agregó al fuente.

Asimismo el Comité Ejecutivo de la MCT ha valorado «el notable ritmo» de las obras de la desalinizadora de ‘Alicante II’, cuya puesta en servicio podría realizarse a finales de año, con una disminución superior a dos meses de su plazo contractual de ejecución.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reiteró hoy que ante los nuevos Estatutos de Autonomía sigue prevaleciendo la Constitución y que ésta establece que en la gestión de los ríos que trascurren por más de una comunidad autónoma «la última palabra la tiene el Gobierno».

Narbona indicó en un desayuno informativo organizado por Fax Press e Intereconomía que «otra cosa son los mecanismos de concertación con las comunidades autónomas» y afirmó que el objetivo es incorporar a las CCAA en los ámbitos de concertación para lo que se creó el pasado Consejo de Ministros la Conferencia Sectorial del Agua. Un foro en el que están representadas la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, y donde se analizarán y debatirán los proyectos de ley relativos a política del agua, planes hidrológicos de demarcación y Plan Hidrológico Nacional.

«Las comunidades autónomas no asumen nada en sus estatutos que no diga ya la Constitución: que los ríos que nacen, transcurren y mueren en una comunidad son gestionados por ella, pero con criterios de calidad ecológica similares tanto si son internos como intercomunitarios», indicó la ministra.

En cuanto a los precios del agua, la titular de Medio Ambiente comentó que el Ministerio realizará junto con el de Agricultura un estudio cuenca a cuenca y cultivo a cultivo para determinar cómo se aplicará la directiva marco de agua en 2010 y cómo incorporar todos los costes del agua al precio final. La ministra apuntó que los precios que se pagan en las ciudades por agua doméstica «es más aproximado en sus costes que lo que se paga en agricultura».

Por su parte, el profesor de Economía Pedro Arrojo indicó que en la actualidad se pagan 1.000 euros por metro cúbico de agua embotellada, un euro/m3 de agua de grifo, 0,1 euros/m3 en agricultura y 0,4 euros/m3 de agua desalada. Además, el trasvase de Tortosa a Almería supondría un coste igual que bombear el agua a 1.200 metros de profundidad del mar hasta la superficie.

En relación a la desalación, Narbona afirmó que es una de las actuaciones que lleva a cabo el Gobierno pero el programa AGUA «no es cambiar un trasvase por desaladoras, sino por un conjunto de actuaciones, como modernización de regadíos e infraestructuras existentes». Y añadió que «arreglar cañerías y conducciones no es tan espectacular como construir embalses», pero recordó que es importante evitar las fugas y promover la gestión racional del recurso.

Concretamente sobre la desaladora de Torrevieja (Alicante), Narbona indicó que se le va a proporcionar toda la información pedida a la Generalitat Valenciana y que los camiones para la construcción entrarán por la carretera nacional.

Por otra parte, Narbona comentó un estudio que se lleva a cabo en Alicante para desde el aire estudiar los acuíferos de la provincia, y en los primeros resultados se ha podido observar que hay unos 400 hectómetros cúbicos de agua.

El intercambio de derechos de agua, que es la antesala de los bancos de agua, está funcionando satisfactoriamente entre los regantes de la cuenca del Segura y los del Tajo. Se diría que no puede ser de otra forma porque las comunidades de regantes de Estremeras y Aranjuez van a ingresar en el plazo de año y medio más de 30 millones de euros con la venta de sus concesiones anuales del río Tajo al Sindicato Central de Regantes y a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

Los agricultores madrileños ribereños del Tajo -que no de Castilla-La Mancha- han decidido no cultivar para ceder sus caudales, aprovechando además la situación para acometer obras de modernización de sus regadíos. En lo que se podría llamar el Trasvase bis, el año pasado se formalizaron dos operaciones con Estremeras y con el Canal de la Aves de Aranjuez que proporcionaron unos 65 hectómetros cúbicos para los abastecimientos y regadíos de la cuenca del Segura. Este año se repetirán las operaciones. De hecho, el Consejo de Ministros autorizó el viernes pasado la segunda compraventa con Estremeras; a la vez que apuntó que habrá que establecer otra reserva estratégica en la cabecera del Tajo para garantizar los abastecimientos en el caso de que la aportaciones sigan a la baja.

En este sentido, es probable que se vuelva a comprar más agua a Aranjuez. Representantes del Canal de las Aves ya están preguntando si deben plantar o no este año, habida cuenta de que el precio variará en el caso de que se tenga que indemnizar por los cultivos ya realizados.

Sumando todos los conceptos, los regantes madrileños se habrán embolsado más de 30 millones de euros (unos 5.000 millones de pesetas) por vender unos 130 hectómetros cúbicos de sus concesiones del Tajo. Todo ello sin plantar una lechuga. Los regantes murcianos están pagando ese agua a 18 céntimos y los abastecimientos a 28. El Ministerio de Medio Ambiente les condonará la tarifa del transporte a través del acueducto para reducir el coste final. No es de extrañar que otras comunidades de regantes estén estudiando con bastante interés esta fórmula.

El Gobierno de Castilla-La Mancha no descarta recurrir estas compraventas. En el Estatuto que han pactado PSOE y PP se rechazan los intercambios y los bancos de agua, que en todo caso deberían ser aprobados por el Ejecutivo de Toledo.

NARBONA NO SUBIRÁ EL PRECIO

…al menos para la agricultura

La ministra Cristina Narbona manifestó ayer que las subidas en el precio de ciertos servicios «no tienen por qué comportar subidas en la factura que uno paga del agua o la energía, sino ser un precioso estimulo para usar mejor estos recursos que, en España somos un poquito nuevos ricos, derrochamos», informa Efe. En cualquier caso, «no será este Gobierno el que eleve el precio del agua a los agricultores, de forma que se les pudiera causar un problema real desde el punto de vista económico», añadió ayer la ministra, tras advertir de que, en todo caso, «habrá que ir introduciendo racionalidad».

El presidente del Sindicato Central de Regantes, Francisco del Amor, afirmó que en la cabecera del Tajo «había agua suficiente para haber aprobado un envío» para regar los cultivos en los próximos tres meses y criticó que el argumento de la Comisión para no aprobar un envío al regadío haya sido asegurar agua suficiente de cara al verano para el abastecimiento humano. Además, señaló que el Gobierno «debería indemnizar» económicamente a los agricultores y regantes del Segura por el daño que la falta de agua supone para los cultivos y el arbolado, y confió en que al menos se apruebe la exención de la tarifa del trasvase.

Agricultores

Por su parte, la organización agraria Asaja-Murcia calificó de «intolerable» que la Comisión Central de Explotación no haya aprobado en Madrid un desembalse para riego que, según su secretario general, Alfonso Gálvez, «no era un capricho sino una verdadera necesidad». Gálvez dijo además que «Nos parece increíble que no se haya tenido en cuenta la petición de los regantes, porque parece como si el Gobierno central quisiera secarnos para acabar con nuestra agricultura y, desde luego, eso no lo podemos consentir», afirmó.

Proexport

Desde el colectivo de exportadores, el presidente de Proexport, Miguel Durán, aseguró que la decisión de la Comisión no le «sorprendía para nada porque nos someten al mismo castigo una y otra vez». Durán indicó que no «había excusa» para denegar ese desembalse y dijo que, con esta decisión, «va a ser muy difícil mantener el arbolado de la Región», por lo que espera que «se ponga cordura a todo este asunto». Además, el presidente de Proexport volvió a demostrar su absoluto apoyo a Del Amor «para que adopte las decisiones más positivas desde el Comité de Crisis».

El Gobierno de Castilla-La Mancha está estudiando plantear un recurso a la compra de 31 hectómetros cúbicos de agua para riego por los regantes de Murcia a los de Estremera (Madrid), además, la semana que viene tendrá preparado el que presentará contra el último trasvase para riego del Tajo-Segura.

A preguntas de los periodistas en su comparecencia para explicar los acuerdos del Consejo de Gobierno, el vicepresidente segundo de la Junta, Emiliano García-Page, explicó que la próxima semana estará ultimado el recurso del Gobierno regional al trasvase de la cuenca del Tajo a la del Segura de once hectómetros cúbicos para regadío aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 2 de febrero.

Además, añadió que van a estudiar recurrir la operación de compraventa de agua entre los regantes de Estremera y los de Murcia porque la consideran «filosóficamente equivocada», ya que «más allá de que se busquen parches para solventar situaciones de relativa necesidad, no nos parece razonable establecer un mercado del agua como se está planteando».

García-Page dijo que esta política pone de manifiesto «contradicciones y conflictos de intereses en algunos casos bastante despreciables».

«Consideramos que tenemos muchas posibilidades de plantear el recurso y de ganarlo», dijo el vicepresidente segundo, quien se mostró convencido de que «prevalecerá una nueva política de racionalidad en el uso del agua, y el régimen de compraventa de derechos sobre un agua que es de todos resulta chocante».

García-Page aseguró que aunque se pueda entender el apremio de la Administración del Estado para intentar «parchear de mala manera» una situación de este tipo, no se han cumplimentado los procedimientos que establece el decreto ley que pone en marcha el banco público de agua.

En cuanto a la recomendación de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura de derivar 38 hectómetros cúbicos para abastecimiento, el vicepresidente segundo reiteró que la Junta no ha negado nunca el agua para beber, sólo para regadíos.

No obstante, señaló que hasta hace poco tiempo era muy fácil hacer trasvases para regadío, mientras que en la actualidad, «con mucha frecuencia», se atiende la petición de Castilla-La Mancha de que no se hagan trasvases para regadío.

Respecto a la intención de Valencia de paralizar las obras de construcción de una desaladora en Torrevieja, Emiliano García-Page señaló que es una contradicción que digan que necesitan agua y luego pongan pegas a una obra que les garantiza el agua de por vida.

A su entender, lo que quieren es el agua «tirada de precio, y que además la paguemos todos los españoles».