El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso culpó ayer al Gobierno de Mariano Rajoy de «marear la perdiz» al no agilizar la aprobación de los planes de cuenca y a las comunidades del PP de obstaculizar proyectos de desaladoras, lo que podría acarrear a España multas o que tenga que devolver fondos europeos.

El portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso, Alejandro Alonso, instó al Gobierno central a que no «mire para otro lado» en la planificación hidrológica nacional y agilice la aprobación de los planes de demarcación.

Alonso aseguró que «es evidente» que el retraso en la aprobación de estos planes de cuenca puede acarrear multas de la UE.

La portavoz en la Comisión para el Cambio Climático del Congreso, Cristina Narbona, advirtió que muchas obras han tenido un proceso de ejecución mucho mayor de lo deseable «por la oposición» de administraciones gobernadas por el PP, lo que podría obligar a España a devolver fondos europeos.

Narbona citó la desaladora de Torrevieja y confió en que este año se lleve a cabo la parte final de esta desaladora o, de lo contrario, España se enfrentaría a la pérdida de fondos de la UE.

La portavoz de Medio Ambiente, Leire Pajín, afirmó que el proyecto de presupuestos no garantiza recursos suficientes que garanticen agua «allí donde no la hay», para lo que se necesita la desalación, la reutilización y la modernización de infraestructuras que defiende el PSOE.

El portavoz del PP en la Comisión de Agricultura, José Cruz Pérez Lapazarán, respondió que le parece «sorprendente» que el PSOE hable de retraso en los planes de cuenca que «tenían que haber presentado a finales de 2009», y señaló que cuando el antiguo ejecutivo socialista dejó el Gobierno aún «quedaban muchos planes por presentar», por lo que este retraso «es imputable a ellos».

La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha asegurado hoy que «el agua es un asunto de Estado», por lo que requiere de un Pacto Nacional, y que «no podemos seguir enfrentando la agricultura con el medio ambiente».

Soriano, que ha clausurado, en el marco de la Feria Regional de Campo y de Muestras (Fercam), una conferencia de Asaja sobre el futuro del Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadiana, ha indicado que el Gobierno regional entiende que «el agua es fundamental» y, por ello, «va a defender como nadie el agua para la región».

Durante su intervención, la consejera ha destacado que la agricultura en Castilla-La Mancha necesita agua para generar riqueza y empleo y para fijar a la población.

Y ha criticado que, «durante muchos años, en la región no se ha fortalecido la agricultura ni impulsado el regadío», ya que la superficie regable en la comunidad autónoma ronda el 11 por ciento, una superficie muy inferior a la de otras regiones cercanas y a la media nacional.

A juicio de Soriano, la agricultura «tiene que seguir existiendo y el agua marca la diferencia entre una agricultura rentable y una agricultura de subsistencia».

También ha querido dejar claro que no es intención del nuevo Ejecutivo castellano-manchego «entrar como elefante por cacharrería», si bien ha dicho que el Plan Especial del Alto Guadiana, «que no se ha cumplido», va a exigir que las medidas que ya están en marcha se completen.

En este sentido se ha referido a la regularización de los pozos, ya que hay unos 8.000 expedientes pendientes de resolución para que «esas familias puedan regar sus cultivos sin que les sancionen por ello».

Y es que, ha subrayado: «el borrador del Plan Hidrológico del Guadiana va en la misma línea que el Plan Especial de la Cuenca Alta del Guadiana, del que dijeron cuando se aprobó que significaba reducir a la mitad o considerablemente la superficie de regadío».

En este contexto ha significado que «defenderemos el agua para Castilla-La Mancha» y un Pacto Nacional del Agua, para que el agua vaya desde donde sobra hacia donde hace falta.

Por su parte, el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, ha señalado que el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadiana tiene «mucho futuro», siempre y cuando prime la racionalidad y se cumplan las promesas y, sobre todo, determine el modelo de agricultura que se quiere desarrollar, que, a su juicio, debe ir ligado al agua.

«Donde hay agua, hay vida», ha manifestado a Efe el dirigente agrario, que ha dicho que no está en contra de ningún cultivo, pero es necesario utilizar racionalmente el agua porque «representa futuro», motivo por el que considera que el Plan de la Cuenca del Guadiana hay que hacerlo en dos partes.

«Lo primero que hay que hacer es un estudio agronómico para saber qué es lo que queremos y, lo segundo, dejar de criminalizar al sector agrario, que lejos de despilfarrar el agua la ha administrado como en muy pocas regiones se ha hecho», ha aseverado.

El máximo responsable de Asaja , además de destacar «la recuperación plena» del Acuífero 23, ha estimado que hay que aprovechar los recursos con los que cuenta la comunidad autónoma para optimizar esta situación, en referencia a la tubería manchega, de la que ha dicho: «cuando haya excedentes puede utilizarse para recargar el acuífero».

De cualquier forma, Barato ha reiterado que la Cuenca del Guadiana «tiene futuro si se ponen de acuerdo los administrados y los administradores, una petición que ha trasladado a la consejera de Agricultura, porque «no podemos ver determinados comportamientos hídricos, mientras que a los agricultores de Castilla-La Mancha nos sancionan por querer una agricultura productiva y de futuro». EFE

Regantes de varias comunidades autónomas han constituido la Federación de Asociaciones de Regantes de España (Areda España), que nace con la adhesión de 250.000 hectáreas, la mayor parte de ellas en Andalucía. Así lo explicó ayer a Efe el presidente de Areda España, Agustín Rodríguez, quien resaltó que cuentan con «contactos sólidos» que permitirán la integración de agricultores del regadío de Castilla-León, Extremadura, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia. El depósito de los estatutos de esta Federación ha sido admitido por la Dirección General de Trabajo, según figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del sábado 4 de junio.

La Federación es mayoritaria en Andalucía, tras la integración de Areda Andalucía -con 220.000 hectáreas y más de 300 comunidades de regantes-, y representará a productores de cultivos hortícolas, olivar de aceite, aceituna de mesa, arroz y algodón, entre otros. Areda España suma agricultores de hortícolas en comarcas del Almanzora, Campo de Níjar, Roquetas de Mar o Pulpí (en toda la provincia de Almería cuenta con 45.000 hectáreas); del olivar de molino de Jaén y Córdoba; del arroz, el algodón y el olivar de mesa de Sevilla; y de cultivos en el área de Fuente de Piedra (Málaga).

Según destacó Rodríguez, Areda «trabajará para dar voz a los regantes que ahora no se ven representados por la otra Federación nacional (en alusión a Fenacore) y por la gestión sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental del agua» que, en su opinión, «es el principal valor para el campo, y no las ayudas públicas».

Talavera de la Reina (Toledo), 9 mar (EFE).- Talavera de la Reina acoge entre el 17 y el 20 de marzo la segunda edición de la Feria de Maquinaria Agrícola, Riegos y Material Ganadero, ‘Talagri’, un evento que reunirá a más de cien marcas que en veintitrés expositores ocuparán unos 20.000 metros.

Así lo ha expuesto hoy en rueda de prensa el presidente del comité ejecutivo de la Fundación Talavera Ferial, Carlos Ángel Devia, que ha dicho que en esta cuarta edición, la cita sigue «su empeño» por seguir siendo una referencia en maquinaria.

El responsable de Autoagrícola Talavera, Román Aizpún, ha explicado que los empresarios del sector de la maquinaria presentarán en ‘Talagri’ los últimos modelos, que según ha indicado, se centran en reducir las emisiones contaminantes para ajustarse a la normativa europea en materia medioambiental.

Aizpún ha destacado que en la maquinaria agrícola se sigue la misma línea de trabajo que los fabricantes tienen para los vehículos y turismos, buscando motores y catalizadores menos contaminantes, con la intención de que en un futuro los tubos de escape lancen sólo vapor de agua.

Ha asegurado que los tiempos difíciles que viven los agricultores y ganaderos repercuten en los profesionales de la maquinaria, aunque ha reconocido que el campo es dinámico, arriesgado y valiente, a pesar de la crisis, y sigue renovando su maquinaria para lograr que «sus explotaciones sean lo mas rentables posibles

El nuevo Plan de Cuenca del Tajo puede condicionar, y de que manera, el futuro del Trasvase al Segura, ya que se propone incluir reservas estratégicas de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía, con un volumen sin determinar, para atender el abastecimiento urbano de las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha, de forma que se pueda hacer frente a los periodos de sequía.

Así figura en el Esquema de Temas Importantes (ETI) de esta cuenca que ha sido aprobado por la Junta de Gobierno y el Comité de Autoridades Competentes. La reserva estratégica que está reivindicando el Gobierno de Castilla-La Mancha, y que fue rechazada en el Congreso al no prosperar el Estatuto de Autonomía, aparece ahora recogida en el nuevo plan del Tajo. El Ministerio de Medio Ambiente admitió ayer la iniciativa de esas reservas pero subrayó que están sin cuantificar.

Menos excedentes

Pero además, la Confederación Hidrográfica del Tajo ha decidido aumentar de 370 a 423 hectómetros los consumos de la cuenca del Tajo con cargo al régimen de desembalses de Entrepeñas y Buendía. Sumado a lo anterior, significa que habrá menos excedentes para enviar a la cuenca del Segura.

En tercer lugar, la Tubería Manchega prevé llevar también agua a Puertollano, que pertenece a la cuenca del Guadalquivir. Estas tres iniciativas de carácter técnico se solapan con la ley regional del agua que tramita el Gobierno de Castilla-La Mancha, y que tiene previsto aprobar el martes que viene la proposición de Ley del Agua, por lo que el PSOE de esta Comunidad ha pedido a la presidenta regional del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, que apoye esta normativa «porque sería bueno para Castilla -La Mancha».

Así se expresó días atrás el portavoz socialista en las Cortes de Castilla -La Mancha , José Molina, que explicó en Talavera que la ley incluye buena parte del contenido del malogrado Estatuto de Autonomía, como la reserva de 4.000 hectómetros cúbicos. Molina añadió que las Cortes piensan aprobar esta iniciativa el 28 de marzo, para enviarla después al Congreso. Aseguró que con el Estado de las Autonomías «nunca se hubiese puesto en marcha el Trasvase Tajo-Segura».

Corregir

Las reservas estratégicas con cargo a los abastecimientos futuros de ambas comunidades no figuraban así en el documento inicial aprobado por las autoridades del Tajo, de ahí que haya cundido la alarma entre los regantes murcianos.

No obstante, el Ministerio de Medio Ambiente piensa echar el freno a las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Apunta que no hay que precipitarse. La directora general del Agua, Marta Morén, manifestó ayer, a preguntas de La Verdad, que las reservas estratégicas que se quieren incluir en los pantanos de cabecera «se corregirán», así como las nuevas demandas impuestas por los responsables del Tajo.

La inversión en infraestructuras que contemplan los Presupuestos Generales del Estado para Castilla-La Mancha para el próximo año se reduce un 30 por ciento con respecto a 2010, aunque se mantiene el gasto social con un incremento del 3 por ciento en la pensiones mínimas.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha informó en rueda de prensa que la inversión en infraestructuras será de 920 millones de euros, lo que supone una reducción del 30 por ciento con respecto al presupuesto de este año, que ha sido de 1.312 millones.

Supone un 5,5 por ciento del total de la inversión en infraestructuras que se hará en España el próximo año, que es un porcentaje superior a la aportación del 3,3 por ciento de Castilla-La Mancha al producto interior bruto (PIB) nacional y al peso demográfico que tiene la comunidad autónoma el conjunto del país, que es el 4,5 por ciento, ha añadido Díaz – Cano .

En especial disminuirá la inversión en infraestructuras del transporte con un 21 por ciento, aunque es un porcentaje muy inferior a la del resto del país donde la reducción será del 30 por ciento.

Concretamente, en infraestructuras del transporte se contempla una partida de 659 millones de euros, de los que algo más de 217 millones de euros son para carreteras y algo más de 440 millones para el ferrocarril

No obstante, Díaz – Cano ha subrayado que a pesar de la disminución de inversiones en todas las comunidades autónomas, el Gobierno de España sigue manteniendo una importante dotación para el ferrocarril de alta velocidad en la región, con una partida de más de 330 millones de euros.

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Ciudad Real, Miguel Lacruz, ha asegurado hoy que se va a incrementar la vigilancia policial en aquellas zonas de la provincia donde se han detectado varios robos en explotaciones agrarias y ganaderas y casas de campo.

Así lo ha asegurado el subdelegado del Gobierno tras mantener una reunión con varios representantes de ASAJA, en su mayor parte de las localidades de Alcázar de San Juan, Tomelloso, Argamasilla de Alba y Membrilla, en la provincia de Ciudad Real.

Lacruz ha afirmado que «lógicamente se incrementará la vigilancia» en aquellas zonas donde, tras un «análisis», se ha detectado una «mayor incidencia», debido a la existencia de material valioso, como instrumentos para regadío.

En este sentido, ha señalado que se vigilará «los días, las horas y los lugares» donde se ha registrado «mayor incidencia», aunque ha recordado que el número de robos en explotaciones agrarias y ganaderas ha descendido con respecto al año anterior, mientras que ha subido en casas de campo.

«En ambos casos, en porcentajes pequeños», ha aseverado.

El subdelegado del Gobierno ha descartado la creación de una patrulla ciudadana, ya que «solo conduciría a causar más problemas» e «interrumpir las investigaciones que se están llevando a cabo».

Al tiempo, ha reclamado una mayor colaboración ciudadana y ha recordado que «se debe poner difícil» el robo a los delincuentes con las medidas de prevención necesarias, además de informar de todos aquellos movimientos extraños que los agricultores perciban en sus áreas de trabajo.

También ha incidido en la necesidad de ocultar el material de trabajo más valioso y marcarlo para facilitar su devolución a sus legítimos propietarios.

Por último, y sobre el endurecimiento de penas que solicitan los agricultores, ha mantenido que es un asunto que «debe estudiar el Parlamento

La UPA ha pedido a la Comisión Regional de la Competencia que investigue las declaraciones del secretario general de ASEVICAMAN, Rafael Puyó, sobre el precio de la uva para esta campaña, ya que, a su juicio, «pueden encerrar un acuerdo de precios entre industriales», contrario a las normas del libre comercio.

Así lo ha manifestado esta tarde en una rueda de prensa en Toledo el secretario regional de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, Julián Morcillo, quien ha afirmado que esperan del presidente del órgano regional competencial, Sebastián Fuentes, que investigue estas declaraciones y adopte las medidas oportunas.

En la misma línea, el pasado día 13, la organización agraria ASAJA anunció que había pedido a la Comisión Regional de la Competencia que interviniese «rápido y con diligencia» ante la afirmación del secretario general de ASEVICAMAN de que los industriales pagarán la uva esta campaña al mismo precio que el año pasado.

Morcillo ha resaltado que, a la hora de hablar de precios, para la UPA «existe un referente válido, que son los costes de producción», para que los agricultores no se vean obligados a vender a pérdidas sus productos.

Y, en este punto, ha indicado que los precios de la uva deben cubrir los costes oficiales de producción facilitados por la Consejería de Agricultura, que son de 0,36 céntimos el kilo de uva tinta en secano y de 0,27 céntimos en regadío.

En cuanto a la uva blanca, los costes de producción están fijados en 0,24 céntimos en secano y 0,17 en regadío.

Para Morcillo, cualquier precio que no cubra estos gastos «no compensa el trabajo de los viticultores», por lo que UPA defiende que se referencien los precios a los costes de producción, para de esta manera salvaguardar la renta de los agricultores.

La ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), Elena Espinosa, inauguró ayer el curso de verano sobre ‘Política del Agua en España. Innovación, desarrollo y sostenibilidad’ que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander. Durante su intervención, la ministra señaló que la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo son pilares fundamentales para una gestión eficaz en el uso del agua, con el objetivo de asegurar el abastecimiento en cantidad y calidad. La política de aguas, añadió, se fundamenta en el desarrollo sostenible y un uso de los recursos naturales «racional», para lo cual es necesario el apoyo de administraciones, empresas, usuarios, organizaciones y sociedad civil. Espinosa recordó que el Ministerio ha desarrollado, desde el año 2004, «un gran esfuerzo para evitar restricciones en el suministro».

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha licitado la contratación de servicios

para la explotación de la red de vigilancia de la calidad de las aguas, mediante índices bióticos, en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar. La inversión prevista para el desarrollo de estos trabajos asciende a 1.842.822 euros. Esta actuación tiene como principal objetivo la explotación de la red de control biológico en ríos y lagos.