La Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (Usuj) presentará en las próximas semana un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Albacete, con el objetivo de cobrar la deuda contraída en relación a la utilización extraordinaria del agua del pantano de Alarcón entre 2005 y 2008, es decir, mientras duró la última sequía que ha padecido el sureste español.

Tal y como explicó a LAS PROVINCIAS el secretario general de los regantes, Juan Valero de Palma, en julio se remitió al equipo de gobierno que dirige la popular Carmen Bayod una reclamación administrativa, en la que se le exigía la cuantía adeudada, que asciende a 1.087.506 euros. Si en el plazo de tres meses no llega una respuesta positiva -es decir, a mediados de octubre-, recurrirán a la vía judicial a través del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

El conflicto ya se prolonga en el tiempo, pues tiene sus orígenes en el convenio de Alarcón, firmado en 2001 entre Usuj y el Ministerio de Medio Ambiente. El acuerdo sirvió para ceder al Gobierno la gestión del embalse del mismo nombre, propiedad de los regantes del Júcar. De esta forma, otros usuarios más allá de estos pudieron aprovechar gratuitamente los recursos almacenados, entre ellos, el Ayuntamiento manchego.

Por su parte, la entidad consiguió una serie de contraprestaciones, como el compromiso de modernizar sus regadíos o la posibilidad de establecer en el pantano una curva de reserva en épocas de sequía a partir de la cual sólo podrían tomar agua los miembros de Usuj, haciendo valer los derechos históricos que se les concedieron durante la tramitación y construcción del embalse.

Sin embargo, el convenio incluía una cláusula necesaria para cumplir la legislación en materia hídrica, que dice claramente que los abastecimientos urbanos tienen prioridad en el uso del agua respecto a los regadíos. Así, los otros usuarios podían tomar los caudales necesarios para garantizar sus necesidades, aunque eso sí, debían pagar una indemnización. De esta forma se compensaba el gasto por la extracción de agua mediante pozos necesaria para equilibrar el volumen de traído.

Cuando en 2005 empezaron a notarse los efectos de la sequía, Albacete recurrió a esta excepción, una práctica que se prolongó en los años sucesivos. Sin embargo, todas las reclamaciones de pago formuladas por Usuj a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) cayeron en saco roto.

Valero de Palma destacó que desde la firma del convenio hasta la actualidad Albacete ha recibido del embalse 150 hectómetros cúbicos (hm3) para su abastecimiento. De este volumen, diez se tomaron cuando el nivel del pantano estaba por debajo de la reserva citada, que se sitúa entre 334 y 263 hm3 en función del mes, y por lo tanto, debían ser abonados.

Desde Usuj alegan que la vía negociadora ya se ha agotado. Tras las pasadas elecciones municipales, que propiciaron un cambio de Gobierno en Albacete, se pusieron en contacto con la nueva responsable de la Concejalía del Agua. «Nos encontramos con una actitud receptiva, y nos dijo que entendía la legitimidad de la reclamación, en lugar de recurrir a excusas absurdas», explicó el secretario general, refiriéndose al argumento esgrimido por el anterior responsable de la delegación, que defendía que Albacete «tenía derecho a confiscar el agua por el mero hecho de que un ayuntamiento goza de prioridad, lo que demostraba una ignorancia absoluta», en palabras de Valero de Palma. El secretario general recordó que el convenio de Alarcón ha sido beneficioso para Albacete, pues sin este acuerdo habría tenido que pagar por cada uno de los hectómetros cúbico que han tomado del pantano en la última década.

Pero la buena disposición de la reunión no se ha traducido en hechos, de ahí que los regantes hayan recurrido al contencioso. Además, no es la primera vez que el conflicto respecto al agua del Júcar pasa por los tribunales. En 2005, después de que la junta de gobierno de la CHJ aprobara la utilización de recursos de Alarcón por debajo del nivel de reserva, así como la contraprestación asociada en favor de Usuj, Albacete y los regantes de la Mancha Oriental recurrieron la resolución ante el TSJCV, que desestimó sus argumentos. Por ello, presentaron un recurso de casación ante el Supremo, que todavía no se ha pronunciado.

Hay que recordar que decenas de municipios que también se beneficiaron del volumen de Alarcón en época de sequía, entre ellos Valencia y Sagunto, sí han satisfecho la indemnización correspondiente

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La Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ha iniciado la demolición del azud de la Marquesa, una presa histórica cuyos primeros antecedentes datan de la época musulmana. La actuación, que busca evitar la intrusión salina del agua del mar y garantizar los riegos aguas arriba, ha estado rodeada de polémica, pues no ha precisado un informe de evaluación ambiental para tratar de minimizar el impacto de los trabajos. En líneas generales, se derriba la estructura actual, muy degradada, y se levanta una nueva, para lo que será necesario desviar el Júcar mediante un canal para garantizar el caudal ecológico y la estanqueidad en la zona de trabajos.

Una de las quejas ha llegado desde la Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos, que lamenta que no se ha tenido en cuenta el valor paisajístico e histórico de la estructura. Para la entidad, debería ser rehabilitada en lugar de derribada.

«Es el descendiente del azud de estacas que en época musulmana alimentaba un molino fluvial y la noria que extraía las aguas con las que se regaba la huerta andalusí de Cullera», explica Luis Pablo Martínez, miembro de la entidad, quien añade que tuvo un papel fundamental en la conversión de los terrenos próximos en zonas de regadío, al facilitar la distribución del agua del remanso mediante molinos y acequias. Además, hay referencias bibliográficas que permiten afirmar que el azud «había sido consolidado y recrecido hacia 1545, de tal manera que forzó el alzamiento de todas las presas aguas arriba». De hecho, es probable que la estructura a demoler se corresponda con la que permitía derivar agua al «complejo molinar» que perteneció al linaje de los Vich (actual molino de la Marquesa) entre los siglos XV y XVIII.

Otra de las críticas se refiere a su valor ambiental, tanto por la avifauna que se alimenta en el azud como las especies piscícolas que se emplazan en su parte más baja en busca de alimento. A su juicio, esta riqueza «no ha sido suficientemente estudiada al diseñar un proyecto que comporta una traumática intervención sobre el medio físico».

Sin afección

La secretaría de Estado de Cambio Climático resolvió en octubre de 2008 que las obras no necesitaban el informe de impacto ambiental al considerar que no se van a producir afecciones significativas, a pesar de que se sitúan dentro de un espacio protegido como Lugar de Interés Comunitario (LIC) por su biodiversidad. Se llegó a esta conclusión tras consultar a diferentes instituciones, entre ellas la Conselleria de Medio Ambiente, que secundó la postura siempre que se garantizaran las medidas correctoras propuestas. Por ejemplo, se prevé que por el canal por donde se derivará el río pase el caudal ecológico suficiente, a razón de 1,5 metros cúbicos por segundo, y se garantice el tránsito de especies piscícolas. A nivel patrimonial, la única concesión se refiere a un seguimiento arqueológico de las actuaciones.

Fuentes del Ayuntamiento de Cullera explicaron ayer que en su día defendieron la necesidad de realizar una evaluación del impacto ambiental. De hecho, tras la negativa estatal se recurrió la decisión. «Se exige para cualquier intervención, incluso en suelo urbanizable, y por tanto, también tendría que solicitarse para actuar en el río», señalaron, antes de recordar que las obras afectan al conjunto patrimonial formado por el azud y el molino de la Marquesa

Una de las justificaciones de la actuación es mejorar la calidad del entorno ambiental del espacio protegido, pues según el informe de viabilidad del proyecto, la zona se encuentra muy degradada, hasta el punto de que algunas especies que justificaron la declaración de LIC no están representadas en la zona. De hecho, se prevé regenerar las zonas de ribera con vegetación autóctona.

Además, se justifica la reconstrucción del azud, que será de hormigón, en la necesidad de garantizar los caudales de riego aguas arriba, donde además, se sitúa la toma del trasvase Júcar-Vinalopó.

A finales de mayo como estamos, el embalse de Benagéber sigue lleno, el de Tous se encuentra al 70% y Alarcón, el más grande de los que nos surten de agua, sigue subiendo y alcanzará estos días un nivel histórico, con dos tercios de su capacidad. Con la cuenca hidrográfica del Júcar al 61%, tenemos reservas para dos o tres años, si sabemos administrarla bien para cuando lleguen días de vacas flacas, que llegarán, como siempre.

Realmente es envidiable la situación hidrológica en toda España. La media de todas las cuencas supera el 82%, ligeramente por debajo del 83,8% de un año atrás, pero muy por encima del 65,8% de la media de los últimos diez años.

Los embalses del Guadalquivir y el Guadiana están por encima del 90%, los del Duero, Ebro y Cataluña superan la cota media del 80%, el Tajo está al 76% y el conjunto de Entrepeñas-Buendía, del que depende el trasvase al Segura, rebasa el 52%. La cuenca del Segura, que siempre fue la cenicienta, está al 72,48%, y ahora es la del Júcar la que ocupa el ‘farolillo rojo’, pero con ese envidiable 61% que ofrece garantías de suministro durante tiempo, si las cosas funcionan razonablemente bien y la lluvia no se muestra de excesivamente esquiva de repente.

¿Qué ha ocurrido para que estemos en situación tan boyante? Pues ni más ni menos que llevamos dos o tres años en los que ha llovido algo más que en otros; y eso que en lo que ha transcurrido de 2011 no ha habido precipitaciones muy notables, al menos en la vertiente mediterránea. No ha ocurrido nada especialmente extraordinario, sólo lo de siempre, lo típico de la climatología mediterránea: unos años algo más lluviosos de lo habitual, seguidos de otros más secos, con algún que otro episodio intercalado de precipitaciones torrenciales -sean gotas frías o no- y que en algunos casos llegan a ocasionar daños importantes.

Ni se confirman los agoreros anuncios de que vendrían horribles sequías que lo arrasarían todo, ni crece el desierto entre nosotros -las fotos de satélites revelan un territorio cada vez más verde-, ni nos está saliendo verdín en el obligo porque de repente cunda una humedad inesperada. Llueve como casi toda la vida que conocemos, irregularmente, y es hora de que aceptemos las cosas como son, sin aspavientos, sin triunfalismos, sin excesivos temores, pero aprendiendo de una vez que es necesario administrar bien cuando se tiene para aminorar después los efectos, cuando lleguen momentos de escasez; que llegarán. Una prueba palpable la tenemos con lo ocurrido con el conjunto de la economía. Que no nos pase otra vez con el agua. Posiblemente hay datos esperanzadores; tenemos acumuladas prácticas de ahorro que ayudan a disponer de reservas. Seamos inteligentes y no bajemos la guardia.

La tonelada de cobre se pagaba en 2005 a 2.500 euros en base a su valor bursátil. Cinco años después, el precio se multiplicó hasta alcanzar los 7.000. El espectacular incremento de la demanda internacional, fundamentalmente de economías emergentes como China o la India, no sólo ha propiciado la revalorización de este metal, sino que también ha provocado un aumento desmedido de los robos, que en la Comunitat causan graves daños en infraestructuras e instalaciones agrarias.

Son muchos los datos que confirman la situación. Una de cada diez casetas de riego de la Comunitat ha sido asaltada, la mayoría de las carreteras de titularidad autonómica han sufrido sustracciones de cable este año, -ha sucedido en el último tramo habilitado de la CV-10, en Castellón- y se han desvalijado canalizaciones de alumbrado (V-30), de gestión de datos (paneles de la DGT) o de comunicaciones ferroviarias, como sucedió el pasado jueves en la línea del AVE entre Madrid y Valencia. Por no hablar de asaltos a instalaciones fotovoltaicas o subestaciones eléctricas.

Entre los afectados, están los colectivos agrarios, que abogan por tomar medidas más allá de un aumento de la presencia policial sobre el terreno. Como apunta Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, entre las reivindicaciones de la entidad está el aumento de la vigilancia de las chatarrerías para evitar la venta de material robado, una medida que aunque se aplica, no consigue paliar el problema.

«Es necesaria una mayor incidencia en las instalaciones de tratamiento del material, teniendo en cuenta que es muy difícil abarcar todo el campo», explica. Además, aboga por una mayor eficacia de las fiscalías y los juzgados, penalizando la reincidencia y valorando en el hecho delictivo no sólo el valor del producto sustraído, sino las consecuencias que provoca a modo de agravante. «Con una justicia más rápida evitaríamos males mayores», sentencia.

Además, aunque valora de forma positiva el nuevo plan de vigilancia impulsado por el Ministerio del Interior, con una mayor presencia y dedicación de agentes de la Guardia Civil, considera que es necesaria una mejor coordinación con las policías locales y autonómicas.

El punto de vista de Ramón Mampell, secretario general de La Unió de Llauradors y Ramaders, es similar. La entidad ha trasladado al Gobierno la necesidad de extremar la vigilancia en las zonas rurales y de «controlar la mercancía que sale de las mismas a través de visitas periódicas a aquellas empresas sospechosas de comerciar con productos agrícolas robados, con herramientas o con cobre sustraído». Desde La Unió inciden en los graves daños que se causan, pues la reparación de los destrozos, como sucede en motores o riegos por goteo, suele costar más del triple del valor del material sustraído.

Benjamín Aparicio, presidente de la Federación de Regantes de la Comunitat, se suma a la petición de los agricultores. «La gran mayoría de comunidades valencianas han sufrido este tipo de asaltos. Deberían existir medidas para evitarlo, como exigir una acreditación del material que se intenta vender», señala, algo parecido a la Guía Conduce, un proyecto empleado en algunos municipios que sirve para garantizar que la procedencia de los productos agrícolas que se venden es legítima.

En cuanto a carreteras, como informó LAS PROVINCIAS, destaca el caso de la V-30, que se ha quedado prácticamente sin iluminación debido a las sustracciones del cableado de las farolas. Algo parecido sucede en el acceso norte a Valencia. Desde el Ministerio de Fomento explicaron que la última reparación del alumbrado de la V-21 tuvo un coste de 100.000 euros. A cambio, los ladrones se llevaron unos cuantos metros de cable que conseguirían vender a no más de cinco euros por cada kilo de cobre.

Los planteamientos de agricultores y regantes coinciden con los de la patronal de empresas de recuperación de residuos. Un portavoz de la Federación Española de Recuperación y Reciclaje explicó que el cobre robado supone una parte mínima del total producido en el país (no más de un 5%), si bien reconoció que su sustracción produce daños muchísimo más elevados.

A su juicio, las principales compradoras son aquellas instalaciones ilegales, es decir, que carecen de las correspondientes licencias de gestión y que colocan el material ilegal, en connivencia con mafias organizadas, en mercados asiáticos a través de puertos europeos, como el de Rotterdam. «El sector del reciclaje no se dedica a esto. Sólo hay que pensar que las empresas autorizadas están perfectamente identificadas debido al control medioambiental que supone la gestión de residuos. De hecho, «son las primeras a las que se acude cuando se realizan redadas porque nos tienen bien identificados», añadió. «Es posible que se dé algún caso puntual, pero desde luego no es la regla general», sentenció.

A juicio de la Federación, se precisa una mayor presión policial hacia estos negocios sin licencia, que suelen almacenar pequeñas cantidades que son transportadas fuera de España con la colaboración de las mafias. Además, las empresas legales suelen ser objeto de robos organizados. Sólo en 2010 perdieron 1.600 toneladas de material. En comparación, desde 2007 las Fuerzas de Seguridad han recuperado 625 en varias operaciones.

Castilla-La Mancha aumenta su demanda hidrológica un 15,6%, Cataluña, un 8,2%, Aragón, un 5,6% y Andalucía, un 3,7%

El volumen anual de agua utilizado en los regadíos agrícolas de toda España creció en 2009 un 3,9%, hasta alcanzar una cifra global de 15.909 hectómetros cúbicos, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, la distribución de las variaciones de consumos es muy desigual en cada comunidad autónoma, siendo la Valenciana la que consigue, en contraposición a otras regiones, un notable ahorro del 3,9%.

Con 1.451 hectómetros cúbicos empleados en los regadíos de la Comunitat Valenciana, esta representa el 9,1% del total de consumo agrario anual de España. Extremadura se sitúa en parámetros similares, con 1.494 hectómetros de consumo, el 9,4% del total estatal y un 3,8% de ahorro sobre el ejercicio anterior.

El resto de las comunidades autónomas con fuerte presencia del regadío presentan incrementos del consumo, algunos de ellos muy notables, que se dan precisamente en regiones como Castilla-La Mancha, Aragón o Cataluña, todas ellas colindantes de la Comunitat Valenciana. Se trata de tres casos con los que mantiene la Comunitat largos contenciosos por el futuro de los trasvases; bien del existente, el del Tajo, o posibles, como el del Ebro, y también por el control de ríos compartidos, como ocurre en el caso del Júcar, del que los manchegos pretenden incrementar sus dotaciones en detrimento de los riegos históricos valencianos.

Castilla-La Mancha es la región que más ha aumentado el consumo de agua para riego agrícola, con un 15,6% de incremento en 2009, lo que sitúa su gasto anual en 1.804 hectómetros cúbicos, más de 350 por encima de la Comunitat Valenciana. Este consumo ya representa el 11,3% de toda España.

Los regadíos de Aragón han aumentado menos, un 5,6%, pero en términos absolutos consumen más que los valencianos: 2.301 hectómetros cúbicos, el 14,5% nacional.

Por lo que respecta a Cataluña alcanzó en 2009 una cifra de consumo en regadío muy similar a la valenciana, con 1.447 hectómetros, pero esto representó un aumento del 8,2%, el cuarto más alto entre todas las regiones.

Andalucía, la región con más regadíos (por su enorme tamaño), es también la que más consume, con 3.667 hectómetros, el 23,1% del total, y en 2009 aún creció un 3,7%.

Castilla y León se sitúa en tercer lugar por consumo global, con 2.169 hectómetros (detrás de Aragón), y en quinto por aumento porcentual, con el 7,6%. La Rioja incrementó en un 13% su consumo de agua, pero para un valor absoluto moderado, de 273.990 hectómetros, que supone sólo el 1,1% nacional.

Cítricos ahorradores

Murcia quedó prácticamente igual, con 526 hectómetros, el 3,3% del total, lo que supuso un leve incremento del 0,8%.

Una autonomía que también creció de forma destacada fue la de Navarra: un 15,2% (segunda en aumento, tras La Mancha), con un volumen total de 499 hectómetros.

Igualmente fue muy notable el aumento del consumo en las autonomías donde el regadío tiene escasa presencia, por su limitación geográfica (las islas) o por su régimen más lluvioso (cornisa cantábrica). Todas ellas juntas representan sólo el 1,8% del regadío español y, aunque aumentaron su consumo un 35,3%, esto tiene poca incidencia, pues se trata de un valor conjunto de 274.595 hectómetros.

En general es de destacar la tendencia a aumentar el regadío en comunidades que décadas atrás lo utilizaban mucho menos y su estabilización o incluso reducción en las que tienen más larga tradición de cultivos más intensivos, basados en la necesaria utilización del agua, como es el caso de la Comunitat Valenciana.

Viendo la evolución por cultivos también se aprecia esta tendencia. Los herbáceos acaparan el 47,7% de toda el agua utilizada en el campo, con un aumento anual del 10,4%, mientras que en cítricos y frutales se experimenta un ahorro o retroceso del 2,5%, con el 17,6% del total del agua; patatas y hortalizas bajan un 8,1% y gastan el 7,4%, y olivar y viñedo bajan un 8% y emplean el 17,7%.

Las reservas en los pantanos del Júcar cuando comenzó el año hidrológico, el pasado 1 de octubre, sirvieron para garantizar un par de ejercicios sin ningún tipo de restricción, alejando los fantasmas y las tensiones de la última sequía. Ahora, los datos más actuales permiten ahondar en la misma tendencia. El nivel de agua embalsada de cara al verano, la estación seca por excelencia, es incluso superior, hasta el punto de que hoy en día se almacenan 2.018 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, un récord histórico que supone un gran colchón para los diferentes usuarios, desde ciudadanos hasta regantes. Nunca en los últimos 35 años se había alcanzado un registro semejante.

Eso sí, la bonanza hídrica no debe servir para bajar la guardia en cuanto al consumo responsable y las políticas de contención. De hecho, los datos incluidos en el último balance publicado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) dejan entrever que cada vez entra menos agua en los embalses de la demarcación. Es decir, siguen existiendo reservas, pero se incrementan a un ritmo cada vez menor. En algunos casos, los datos son parecidos a los cosechados cuando se inició la anterior de sequía en 2004.

Los pantanos de la Confederación, que nutren a gran parte de la Comunitat, especialmente Valencia y Castellón, están en la actualidad al 60,5% de su capacidad total, un dato que a 1 de octubre se situaba en el 47%.

Los 2.018 hm3 embalsados -se incluyen también los pantanos destinados a la producción eléctrica-, suponen casi duplicar la media alcanzada en los últimos diez años, fijada en 1.131 hm3, según el informe de la Confederación, que recopila los datos desde el inicio del año hidrológico hasta el pasado día 2.

En el caso de los principales embalses que abastecen a la Comunitat la tendencia es parecida. En Alarcón el agua almacenada a día de hoy llega a 706 hectómetros cúbicos (el 63% de su capacidad). Hay que remontarse hasta 1998 para encontrar una cifra superior. Entonces se alcanzaron los 793 hm3.

El nivel en Contreras asciende a 431 hm3, un poco por debajo del registro conseguido el año pasado en esta misma fecha (443), lo que se traduce en un 50,5% de su capacidad. Sólo en cuatro ocasiones se ha superado el nivel actual.

Tous, por su parte, almacena 261 hm3, que es el volumen más alto de toda su historia, teniendo en cuenta que la nueva presa comenzó a funcionar en 1994. Otro caso llamativo es el de Benagéber, perteneciente al sistema del Turia, que se encuentra al máximo de su capacidad, hasta el punto de tener que desaguar a través del aliviadero de superficie.

Llega menos agua

Aunque los registros sólo pueden calificarse de excelentes, los datos que aporta la Confederación también deben servir para la reflexión, pues las entradas de agua a los principales embalses se han reducido claramente respecto a los dos años hidrológicos anteriores, una situación que no ha pasado desapercibida entre los colectivos de regantes, que al fin y al cabo, son los principales usuarios del agua. De hecho, ha sido la llegada de grandes caudales a los pantanos en años anteriores lo que ha permitido que hoy en día se alcancen registros históricos.

En Contreras, Alarcón y Tous, del sistema del Júcar, entre octubre y el dos de mayo han entrado 516 hectómetros cúbicos, mientras que en el mismo periodo del año hidrológico anterior el dato se elevó hasta los 867. El descenso ha sido del 40%. Además, entre 2008 y 2009 el dato se situó en 552 -también por encima-, y en los primeros años de la anterior sequía (2003-2004), el caudal de entrada fue de 480 hm3. Lo mismo ha sucedido en Benagéber y Arenós, que han marcado las entradas más bajas de los dos últimos años hidrológicos. Es la misma tendencia que ha seguido la precipitación media. En el actual ejercicio se sitúa en 308 mm, por debajo de los 370 del año anterior.

Los fantasmas de la sequía parecen espantados de momento. Los embalses están como no se conocía en muchos años y por toda la geografía manan con abundancia fuentes que hace poco estaban muy menguadas y hasta secas.

La evidencia más notable de esta situación de bonanza en cuanto al agua disponible nos la muestra el embalse repleto de Banagéber, sobre el río Turia, cuyas reservas son especialmente vitales para el abastecimiento de Valencia capital y de su área metropolitana, así como para el riego agrícola en las comarcas de la Huerta y Camp de Turia.

Desde el pasado jueves, Benagéber está lleno a rebosar, hasta el punto de que desagua por su peculiar aliviadero de superficie. En el último estadillo de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de ayer mismo, aparece al 100,13%; más que lleno, lo que ofrece unas garantías de al menos dos años aunque no lloviera nada.

Sobre el sistema Júcar-Cabriel, que abastece regadíos y abastecimientos de La Ribera y L’Horta, incluido parte del suministro de Valencia, el pantano de Alarcón, el más grande, alberga ya 649 hectómetros cúbicos, de una capacidad total de 1.118, con lo que supera el 62%, una cota realmente histórica, desconocida en décadas, y sigue subiendo semana tras semana; en la última, 7 hectómetros y pico. Este embalse sólo se llenó del todo una vez, al principio de los años 70.

En el río Cabriel, el embalse de Contreras está al 50,60%, pero aquí no cabe esperar mayor mejoría, porque la seguridad de una de las presas no permite subirlo mucho más.

Más abajo, en La Ribera, el embalse de Tous se acerca a los dos tercios de su capacidad, con 239,52 hectómetros sobre 378,6.

En Castellón, el Regajo, sobre el río Palancia, está al 91,4%. En el sistema Mijares, el Sichar está al 92,9%, Alcora 70,19% y Arenós 42,78%. En Alicante, Amadorio se mantiene en el 59,06%, Guadalest en el 57,63% y Beniarrés 73,92%.

El conjunto de la cuenca hidrográfica del Júcar se encontraba ayer a un 59,02% de su capacidad, con un aumento en la última semana de 20,73 hectómetros. Aún así, es en estos momentos la cuenca menos favorecida de España, cuando la media de todos los embalses del país queda por encima del 82%.

La cuenca del Segura, que se ha mantenido durante muchos años en la posición de farolillo rojo, ahora supera a la del Júcar en porcentaje de agua sobre su capacidad total, con el 72% de reservas.

La cuenca española que se encuentra más llena es la del Guadiana, al 92%. Le siguen la Cataluña, con el 88%, la del Guadalquivir con el 87% , País Vasco 85%, Duero 84%, Ebro 80% y Tajo 78%.

En esta última es de destacar la mejoría de los embalses de Entrepeñas y Buendía, de donde parte el trasvase Tajo-Segura, vital para comarcas de la mitad sur de Alicante y de Murcia que apenas tienen otro recurso. Los dos suman 1.274 hectómetros, el 52% de su capacidad.

http://www.lasprovincias.es/v/20110311/comunitat/consell-pide-limitar-agua-20110311.html

El conseller Medio Ambiente, Juan Cotino, insistió ayer en la necesidad de limitar las extracciones que realizan los regantes castellanomanchegos del acuífero de la Mancha Oriental, una masa de agua que nutre el caudal del río Júcar y que en la actualidad se encuentra sobreexplotado. Por ello, reclamó a la Confederación Hidrográfica del Júcar que reduzca las autorizaciones para estas actuaciones, una petición que coincide con los planteamientos que defiende la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (Usuj), que engloba a 50.000 propietarios de tierras y abarca una extensión de 40.000 hectáreas de cultivos tradicionales.

Cotino hizo estas declaraciones durante su visita a la suelta de aguas de la Acequia Real del Júcar en Antella, un acto que simboliza el inicio de la campaña de riegos. Para el conseller, «la solución a la problemática en los regadíos de Castilla-La Mancha y de toda España, provocada por el desgobierno de Zapatero, pasa por la elaboración de un Plan Hidrológico Nacional que solucione los enfrentamientos entre las diferentes comunidades autónomas que ha provocado el propio Gobierno central».

En el caso del acuífero, tanto el Consell como los regantes reclaman que no se pueda extraer más agua de la que se recarga en el ciclo natural de la masa subterránea, que asciende a 238 hectómetros cúbicos anuales, cuando la media de los últimos años ha sido de 320.

Cotino dijo que el compromiso de la Generalitat con todos los regantes de la Comunitat es «total y absoluto» y que, en el caso de los del Júcar, «el Consell está defendiendo sus intereses», de ahí su oposición al nuevo plan de cuenca del río, que prevé reducir la dotación hídrica de Usuj en un 40%.

http://www.lasprovincias.es/v/20110311/ribera-costera/consell-opone-plan-cuenca-20110311.html

El agua es un bien escaso que en los últimos años ha provocado grandes enfrentamientos políticos. Uno de los que está en marcha es sobre el nuevo Plan de Cuenca del Júcar que está redactando el Ministerio de Medio Ambiente. Un documento al que el Consell se opone, ya que «debe garantizar las necesidades de los usuarios tradicionales del Júcar, así como las necesidades ambientales y caudales ecológicos», ha explicado Juan Cotino, conseller de Medio Ambiente.

Estas declaraciones las ha realizado en el tradicional acto de suelta de Aguas de la Acequia Real del Júcar en Antella. Un acto que simboliza el inicio de la campaña de riego de las más de 15.000 hectáreas que abastece esta arteria hídrica.

En esta localidad, el conseller también ha señalado que el Plan de Cuenca incide en muchas incorrecciones como «el olvido de más de 40.000 hectáreas de regadío tradicional de la Comunitat, principalmente en la comarca del Vinalopó y del canal Júcar-Turia, que no recibirían agua y correrían el riesgo de convertirse en un desierto».

Otro de los aspectos que ha destacado el conseller de Medio Ambiente ha sido las obras que se están realizando para modernizar el área regable de esta acequia. En concreto, se han invertido más de 47 millones de euros en trabajos como la transformación al riego por goteo.

«Permitirá un desarrollo de agricultura sostenible con la automatización de los riegos, que posibilitará una mejora progresiva de la calidad de vida de los regantes y de su competitividad», ha destacado Cotino.

Nuevos servicios

Antella también ha inaugurado una rotonda de acceso al municipio que servirá para mejorar la circulación pero también ha sido construida pensando en embellecer la entrada de la localidad.

Por otra parte, el conseller ha visitado las obras de rehabilitación de la antigua casa de los profesores para convertirla en una escuela infantil que sirva para conciliar la vida familiar de los vecinos de Antella.

El conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, exigió ayer al Gobierno que garantice el agua necesaria para el mantenimiento de los regadíos históricos del Júcar, una extensión de 40.000 hectáreas que produce, fundamentalmente, arroz, cítricos, frutales y hortalizas. El vicepresidente se refería de esta forma a las intenciones del futuro plan de cuenca del río, que prevé una reducción del 40% en la dotación anual que recibe la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (Usuj), tal y como publicó LAS PROVINCIAS.

El conseller también aludió al riesgo que existe para los regantes como consecuencia de la ley del Agua de Castilla-La Mancha, que prevé una reserva hídrica que obligaría a reducir el caudal que llega a la Comunitat.

A su juicio, la normativa, que debe remitirse al Congreso de los Diputados para su valoración, provocaría problemas de abastecimiento, teniendo en cuenta que gran parte del agua que se consume en el área metropolitana de Valencia procede del río.