La reserva de agua en la cuenca del Júcar ha aumentado esta semana un 21,8% respecto a la del pasado año, mientras que la de la cuenca del Ebro ha disminuido un 1 por ciento, según informó la Delegación del Gobierno en un comunicado.

En la cuenca del Júcar la reserva de agua es un 89,3% más que la media de los últimos 10 años, procentaje que es 4,3 veces superior al registrado en los embalses de la cuenca del Ebro (21%) en el mismo periodo.

En la actualidad, el agua embalsada en el conjunto de España se ha incrementado un 32,7 por ciento sobre la media de los últimos diez años.

http://www.lasprovincias.es/v/20110228/comunitat/gobierno-preve-reducir-agua-20110228.html

El futuro plan de cuenca del Júcar, quizá uno de los documentos de gestión más complicados de elaborar por los muchos intereses que debe coordinar, maneja una previsión que inquieta a los regantes del río agrupados en la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (Usuj). Tal y como prevé el informe que debe servir de base al plan, llamado Esquema de Temas Importantes, en las próximas décadas los agricultores tendrán que conformarse con un 40% menos de agua de la empleada en la actualidad. La intención es pasar de una dotación anual de 725 hectómetros cúbicos a 435, una disminución demasiado elevada para la entidad, que engloba a más de 50.000 propietarios de tierras.

En la actualidad el Esquema se encuentra en la fase de participación pública, un trámite que se prolongará por lo menos hasta que termine el año, según los plazos que maneja la Confederación Hidrográfica del Júcar, encargada de su redacción. Entre las alegaciones que deben ser estudiadas están las presentadas por Usuj, donde apuntan que la Confederación, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, basa sus previsiones en un nivel de modernización de los regadíos superior al existente en la actualidad.

En 2001, en el marco del Convenio de Alarcón, que permitió ceder la gestión de pantano -propiedad de los regantes- al Ministerio de Medio Ambiente, también se aprobó un acuerdo con la Conselleria de Medio Ambiente para implantar el riego por goteo en las comunidades integradas en la asociación.

Según comentó el secretario general de Usuj, Juan Valero de Palma, durante un encuentro con los medios, los trabajos debían ser realizados por el departamento autonómico y por el Ministerio en un plazo de ocho años, y sin embargo sólo se han ejecutado en un 40%. Incluso se da la situación de terrenos donde se han instalado hidrantes, tomas y contadores que no pueden ponerse en funcionamiento porque las redes de transporte para que llegue el agua no están hechas.

El Júcar permite regar 40.000 hectáreas de cultivos valencianos tradicionales como arrozales (13.198 ha), cítricos (22.857), hortalizas (2.578) y frutales (1.720). Pese a la situación, los regantes estarían dispuestos a reducir su dotación actual hasta los 525 hectómetros cúbicos anuales mientras se ejecuta la modernización.

Además, en las alegaciones se deja constancia de que el uso del agua para los arrozales es mínimo, que no se tiene en cuenta que en los cultivos hortícolas se realizan dos o tres cosechas anuales y que en el caso de los cítricos, el consumo real es inferior al calculado por el servicio de tecnología de riego de la Conselleria de Agricultura.

Por otro lado, una de las quejas de Usuj en relación al Esquema es que mientras a ellos se les exige una reducción, no sucede lo mismo con las extracciones de agua que hacen los regantes manchegos en el acuífero de la Mancha Oriental. En este caso, la media se sitúa en 320 hectómetros anuales, mientras que la capacidad de recarga natural de la masa de agua alcanza los 238, que a juicio de la entidad es el máximo que se debería permitir. Al fin y al cabo, el agua que se toma acaba siendo detraída del caudal del río.

La petición que el jueves formularon Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, que han solicitado que la Comunitat Valenciana y Murcia tengan participación en los órganos de decisión de la cuenca del Tajo, obtuvo ayer la réplica de los populares castellano-manchegos, que mostraron una posición contraria a los postulados de sus compañeros de partido.

El diputado regional y también secretario de Acción Parlamentaria del PP de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, señaló ayer que aunque respeta «todo lo que se diga desde otras comunidades autónomas, no comparto lo que dice el presidente de Murcia», tal y como recogía ayer la agencia Efe.

Ante la afirmación, Esteban fue preguntado si coincidía entonces con el punto de vista del presidente manchego, José María Barreda, que horas después de la petición tildó las declaraciones de «aberrantes». La respuesta del diputado popular no tuvo desperdicio. «Yo con Barreda no coincido prácticamente en nada y desde ayer (por anteayer), que nos insultó -en el pleno de las Cortes que trató la Ley de Agua- «menos».

Esteban hacía referencia a la polémica generada en la cámara como consecuencia de la toma en consideración de la normativa, que provocó la salida de los representantes populares. Ahora la ley encara la fase de enmiendas antes de su aprobación definitiva y su remisión al Congreso, pues prevé regular competencias estatales.

Precisamente, el PP manchego ha anunciado que presentará una ley alternativa a la impulsada por el grupo socialista, que «será perfectamente legal, constitucional, respetuosa y defensora del derecho al agua de los castellano-manchegos», en palabras de Esteban.

http://www.lasprovincias.es/v/20110212/comunitat/critica-agua-manchega-pretende-20110212.html

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismo estatal encargado de la gestión de gran parte de los recursos hídricos de la Comunitat, se pronunció ayer sobre la tramitación de la Ley del Agua de Castilla-La Mancha, que se aprobará antes de finales de marzo con el objetivo de trasladarla al Congreso de los Diputados para su votación. Juan José Moragues, aunque reconoció el derecho de la comunidad autónoma de legislar dentro de su ámbito competencial, recordó que no puede entrar en cuestiones cuyas decisiones dependen de la Administración General del Estado.

«Todas las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, tienen derecho a legislar. Pero las competencias del Estado son del Estado. Y en este caso, se trata de una proposición de ley que se presentará al Gobierno español para que la tenga en consideración o no. Castilla-La Mancha puede legislar sobre sus competencias, pero sobre lo que no son sus competencias dudo que pueda tener más allá de intenciones», explicó Moragues, que también se refirió a una de las ideas incluidas en la ley: la reserva de 4.000 hectómetros cúbicos que se quiere establecer en las cuencas de la comunidad para garantizar su desarrollo presente y futuro.

«Respecto a la reserva, ya llevamos años hablando de la cuestión, y sabemos cómo quedó en la anterior ocasión», sentenció el presidente de la CHJ, refiriéndose a la retirada del estatuto de autonomía de la comunidad vecina como consecuencia de la imposibilidad de alcanzar un pacto entre PP y PSOE en la comisión del Congreso encargada de su tramitación. De hecho, fueron las pretensiones hídricas del Gobierno de Barreda las que imposibilitaron el acuerdo.

Además, Moragues se mostró convencido de que a lo largo del año se aprobará el Esquema de Temas Importantes del futuro plan de cuenca del Júcar, documento marco que regulará la gestión del río en los próximos años. De momento, se están respondiendo las alegaciones presentadas durante la fase de participación pública.

http://www.lasprovincias.es/v/20110205/comunitat/castilla-mancha-tramita-fulmina-20110205.html

La normativa estará lista en marzo y recoge las peticiones hídricas incluidas en fallido estatuto, como limitar el agua que llega del Tajo

05.02.11 – 00:05 –

J. BATISTA | VALENCIA.

EN DATOS

4.000

hectómetros cúbicos de agua conformarán la reserva que quiere implantar la Ley del Agua del Gobierno manchego.

Los regantes del Júcar y del Tajo-Segura coinciden en calificar la normativa de «electoral»

Antes de que termine el actual periodo de sesiones, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobarán, salvo sorpresa, la futura Ley del Agua de la autonomía. Se trata de una iniciativa impulsada por el Gobierno presidido por el socialista José María Barreda, que recoge las diferentes reivindicaciones de la región en materia hídrica, con el objetivo de garantizar su desarrollo actual y futuro.

En realidad, el proyecto de ley reúne las aspiraciones que ya formaban parte del fallido estatuto castellanomanchego, como la famosa reserva de 4.000 hectómetros cúbicos de agua que el Gobierno regional exige para atender sus necesidades. Entonces, igual que ahora, la iniciativa provocó un amplio rechazo en la Comunitat Valenciana, teniendo en cuenta que gran parte del territorio ‘bebe’ del Júcar y del Segura, dos de los ríos que resultarían afectados por la nueva regulación que propone la ley.

Además, el Gobierno manchego se atribuye la capacidad de influir en el caudal que se envía a través del trasvase Tajo-Segura y en las autorizaciones para realizar pozos de sequía en esta cuenca. Incluso pretende cambiar la regulación de derechos sobre el agua de Alarcón, embalse propiedad de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (Usuj).

Según confirmaron ayer fuentes del grupo socialista en las Cortes manchegas, la pasada semana se presentó la proposición de ley ante la Mesa, con el objetivo de tener aprobado el documento normativo antes de finales de marzo.

Una vez superada esta fase, la idea del Gobierno manchego es elevar la propuesta al Congreso de los Diputados para su debate, teniendo en cuenta que parte de las aspiraciones manchegas, en la práctica, suponen regular competencias que actualmente corresponden a la Administración General del Estado. Eso sí, no parece probable que se alcance un consenso. Hay que recordar que las Cortes decidieron retirar la propuesta de estatuto después de que la comisión constitucional que lo negociaba en el Congreso no llegara a ningún acuerdo en relación a las reclamaciones hídricas, es decir, la reserva o las exigencias para limitar el trasvase Tajo-Segura. De ahí que sea complicado que en el mismo foro se apruebe una normativa que contempla presupuestos muy parecidos a los del documento estatutario.

La normativa ha generado preocupación en Usuj, que aglutina a 50.000 regantes valencianos que perderían derechos sobre el río adquiridos hace décadas. Y es que la Ley del Agua de Barreda exime al Ayuntamiento de Albacete y a cualquier municipio manchego de pagar la indemnización correspondiente por utilizar más agua del Júcar de la que corresponde.

En la práctica, la norma invalida el convenio de Alarcón, acuerdo adoptado en 2001 por el Gobierno y los regantes de Usuj en el que se cedió al Ministerio de Medio Ambiente la gestión del pantano del mismo nombre, construido en los años 40 por la entidad para regular el agua del Júcar y para prevenir riadas. El convenio establece que el uso del agua para abastecimientos es prioritario, si bien incluye una cláusula mediante la que los regantes del Júcar disponen de un nivel de reserva, por debajo del cual sólo se pueden extraer caudales para otros usos más allá del regadío mediante una expropiación temporal de los derechos de Usuj, situación que se produce en épocas de sequía.

Juan Valero de Palma, secretario general de la asociación, explicó que la indemnización se debe a que a que los caudales del pantano a los que renuncian son suplidos por extracciones en pozos, lo que genera un coste económico. Sin embargo, los pagos por las tomas de agua más allá del nivel de reserva realizadas por Albacete en 2005, 2006 y 2007 no han sido abonados, una deuda que asciende al millón de euros.

Exactamente, la ley prevé aprobar «las normas de explotación que garanticen que el abastecimiento es el uso prioritario, sin que en ningún caso se le pueda exigir al Ayuntamiento de Albacete (…) por la utilización racional de recursos destinados a este fin, compensación económica alguna en favor del regadío o cualquier uso de menor prioridad».

«Desde 2005, Albacete ha tomado 120 hectómetros cúbicos de Alarcón, de los que sólo tenía que pagar por 29, es decir, por uno de cada cuatro», dijo el secretario general de Usuj. «Hay más de 30 poblaciones valencianas que hicieron lo mismo y sí que han pagado la expropiación de los derechos», señaló Valero de Palma, que considera que la normativa es «electoral» y supone «un atropello» a los derechos de los regantes.

«Decir que Albacete no tiene que pagar porque tiene prioridad es engañar a sus electores. Lo que dice la Ley de Aguas estatal es que el abastecimiento tiene prioridad con carácter general, y nosotros lo reconocemos, pero también dice que si el concesionario no tiene el agua necesaria tiene la capacidad de expropiar derechos mediante una indemnización, no mediante una confiscación, que es lo que están haciendo con Usuj», sentenció el portavoz de los regantes.

La normativa manchega recoge también la reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos en las cuencas que pasan por la comunidad. Aunque no se especifica la forma de conseguirla, esta opción reduciría el agua para los regadíos del Júcar y del Segura (ambas cabeceras están en Castilla-La Mancha), por no hablar de los abastecimientos del área metropolitana de Valencia (que se nutre del Júcar y del Turia) o de Alicante, que bebe del Tajo-Segura a través de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

La tramitación de la normativa también se sigue con preocupación desde el Sindicato de Usuarios del Tajo-Segura, teniendo en cuenta que el Gobierno de Barreda quiere tener más peso para decidir sobre el trasvase, una competencia que corresponde al Estado. Según la ley, el Ejecutvio regional deberá emitir un informe preceptivo para autorizar cualquier transferencia, y además, se tiene que justificar que el agua es excedentaria (como sucede en la actualidad) «y que se han optimizado los recursos hídricos en la cuenca del Segura». Es decir, apuesta por sustituir de forma progresiva los caudales transferidos por recursos propios de la cuenca, ya sea a través de la desalinización, de la reutilización o la modernización de regadíos.

Además, exige el establecimiento de un mínimo de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía, donde nace el trasvase, con el objetivo de garantizar las actividades recreativas de los municipios ribereños, que viven del turismo.

«No tiene sentido plantear ante los mismos diputados las propuestas del Estatuto de Autonomía que ya se rechazaron. El Gobierno de Castilla-La Mancha utiliza un criterio electoral para tratar de captar votos», sentenció José Manuel Claver, presidente de los regantes del trasvase.

El Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno a las obras de emergencia para la reparación, drenaje y refuerzo del primer tramo del canal Júcar-Turia, conocido como el túnel de La Escala, debido al aumento de las filtraciones de agua. Durante el proceso de carga realizado en la presa durante 2010 se observó el aumento de algunas filtraciones, las cuales han sido más importantes en la margen izquierda que aflora en el túnel de La Escala. Las obras servirán para aumentar la estabilidad de dicho túnel en la parte más afectada, entre los puntos kilométricos 0,700 y 1,000. Las actuaciones a realizar consisten en el drenaje del túnel, la reparación de las soleras dañadas y la construcción de un aflorador que permita conocer con precisión el caudal de entrada.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, acusó ayer al gobierno socialista de Castilla La Mancha de ir contra la Comunitat Valenciana y contra el resto de España impulsando leyes que perjudican gravemente el bien común.

Cotino hace estas declaraciones tras la información publicada ayer por LAS PROVINCIAS sobre que las Cortes de Castilla-La Mancha tramitan una proposición de ley que elimina derechos valencianos en el Júcar y el Segura.

«Desde la Generalitat rechazamos totalmente esta ley, que no debe ser aprobada, de la misma manera que rechazamos en su día estas mismas propuestas del Gobierno de Castilla la Mancha, que pretendía aprobar a través del Estatuto de autonomía», indica el conseller de Medio Ambiente.

Añade que «es lamentable» que los socialistas se dediquen al «trile» en temas de agua. Además espera que ningún socio de los socialistas apoye una «ley antisolidaria» y «anticonstitucional».

Para el vicepresidente tercero la futura ley incurre en «múltiples intromisiones» en competencias estatales, y en aspectos «claramente inconstitucionales que de salir adelante serán recurridos ante los tribunales».

Considera que en España hace falta un Gobierno que utilice la misma vara de medir para todos los ciudadanos. «El agua debe llegarnos por igual a todos los españoles», resalta. Cotino destaca que el agua y la planificación hidrológica es competencia del Estado, por lo que las reservas hidrológicas deben estar previstas en los Planes Hidrológicos de Cuenca y, en el Plan Hidrológico Nacional y no en los Estatutos de Autonomía.

http://www.lasprovincias.es/v/20110128/comunitat/albacete-debe-millon-euros-20110128.html

Los usuarios del río volverán a reclamar la deuda tras las elecciones después de que los tribunales les hayan dado la razón

28.01.11 – 00:25 –

J. BATISTA | VALENCIA.

En 2001, Usuj y el Ministerio de Medio Ambiente firmaron el convenio de Alarcón, mediante el cual se reconoció la propiedad de la infraestructura, si bien permitió ceder su explotación al Ministerio. Eso sí, los regantes consiguieron que se estableciera una reserva destinada a los 50.000 usuarios pertenecientes a los riegos tradicionales del Júcar, un reconocimiento a la labor de Usuj en la construcción del pantano.

El convenio permite detraer agua más allá de la citada reserva si se destina a otros usos prioritarios, como el abastecimiento urbano. Eso sí, se puede hacer siempre que se expropien temporalmente los derechos de los regantes, para lo que es necesario pagar la correspondiente indemnización.

Ayuntamientos como Valencia o Puerto de Sagunto tomaron la misma medida que Albacete, con la diferencia de que los Consistorios valencianos sí que pagaron la contraprestación a los regantes.

Las citadas fuentes explicaron que el municipio manchego escudó su impago en el derecho preferente de los abastecimientos urbanos, tal y como argumentaron los representantes del municipio en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Fue una justificación insuficiente para los regantes, que presentaron un recurso ante la justicia ordinaria, que les dio la razón. De momento, Albacete está a la espera de que se resuelva el recurso de casación que presentó contra la sentencia favorable a los regantes, por lo que el impago está pendiente de resolución en el Supremo.

El encuentro de ayer, en el que participaron tanto el secretario general, Juan Valero de Palma, como el presidente de la Comunidad de Regantes de Sueca, José Fortea, sirvió para conocer el siguiente paso que dará la asociación de usuarios, que esperará a que pasen las elecciones municipales de mayo para reclamar al nuevo equipo de gobierno el pago de la indemnización.

Cambiar el estatuto

Además, los regantes han planteado al Gobierno valenciano y a los partidos políticos una modificación del Estatuto de Autonomía en el artículo que hace referencia a que la Generalitat tienen competencias exclusivas en las cuencas intracomunitarias (las que están íntegramente dentro de la geografía valenciana). En la actualidad, su gestión está encomendada a la CHJ, y de hecho, el Gobierno valenciano nunca ha mostrado intención de explotarlas, pues además, suelen ser pobres en recursos.

La necesidad del cambio radica en que si hay traspaso en la gestión, las cuencas del Alacantí, Marina Baja, Marina Alta y Serpis saldrían de la Confederación, lo que reduciría el peso poblacional de la Comunitat a la hora de conseguir representación en los órganos de gobierno de la CHJ. A juicio de Valero de Palma, «gran parte de la Comunitat depende del Júcar, por lo que es necesario mantener el actual peso en la Confederación».

Además, renunciar a la gestión de estos ríos desbloquearía la redacción del futuro plan de cuenca, que no avanza debido a que está pendiente la resolución del problema. De hecho, la Comisión Europea amenazó ayer con llevar a España ante los tribunales si no da una justificación satisfactoria del retraso de casi todos los planes de cuenca del país, entre ellos, el del Júcar.

Usuj también pidió que se finalice la modernización de regadíos prometida en el convenio de Alarcón (falta el 60% de las obras, que dependen del Gobierno y del Consell), y rechazó la idea planteada por los regantes alicantinos de acometer una nueva toma de agua en Antella para el trasvase Júcar-Vinalopó, así como un posible uso de los caudales para abastecimientos.

En 2005, en plena época de sequía, el Ayuntamiento de Albacete tomó, a través del pantano de Alarcón, más agua del Júcar de la que le correspondía, con el objetivo de evitar problemas de suministro a la población. Hasta este punto, el Consistorio castellanomanchego actuó dentro de la legalidad. Incluso recurrió a esta medida en los años sucesivos, concretamente en 2006 y 2007. Pero a día de hoy, la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (Usuj), propietaria del pantano de Alarcón y responsable del riego de 40.000 hectáreas de cultivo, no ha visto ni un euro procedente de la indemnización que la administración manchega debe abonar por la derivación del caudal. Y la deuda, en la actualidad, asciende a un millón de euros, tal y como explicaron ayer los responsables de la entidad valenciana.

La nueva ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, aseguró ayer que el fallido estatuto de Castilla-La Mancha fue «una oportunidad perdida» que se malogró por culpa del PP. El documento, que generó una herida que continúa abierta en la polémica guerra del agua, incluía una reserva hídrica para usos futuros que llegó a cifrarse en 6.000 hectómetros cúbicos, y que en la práctica, suponía un enorme agravio para los intereses de la Comunitat.

Por un lado, habría provocado la desaparición del trasvase Tajo-Segura, por no hablar de los perjuicios para los abastecimientos urbanos de la Comunitat que se nutren de pantanos castellanomanchegos, tal y como defendieron expertos, regantes y los miembros del Gobierno Valenciano. De hecho, fueron las pretensiones hidrológicas planteadas las que propiciaron el fracaso del Estatuto en el Congreso ante la falta de acuerdo con el PP.

La reflexión de Aguilar se produjo en una entrevista en Radio Castilla-La Mancha recogida ayer por Europa Press. Además, su postura chocaba frontalmente con otra de sus afirmaciones, al señalar que dedicará todos sus esfuerzos a propiciar un pacto del agua nacional.

Preguntada por el fallido estatuto, Aguilar apuntó que cuando algún grupo político, en este caso el PP, hace fracasar la oportunidad de un consenso, «es como darle un portazo en la cara a los ciudadanos y las ciudadanas». «Porque cuando los grupos políticos nos ponemos de acuerdo desde el diálogo y alcanzamos el consenso, gana la ciudadanía, y en este caso fue una oportunidad perdida, malograda por el PP, que podía haber hecho avanzar y mucho a Castilla-La Mancha con su nuevo estatuto de autonomía. Lamentablemente no fue así», dijo.

En cuanto a propiciar acercamientos de cara a un posible pacto, dijo que «merece la pena intentarlo, sabiendo que hablamos de un recurso necesario, imprescindible para la vida y escaso». También recordó que lo primero que planteó en su comparecencia en el Congreso fue que «para hablar de agua, lo primero que tenemos que hacer es llegar a un acuerdo todos los partidos políticos y renunciar a hacer política electoral con ella».

Las declaraciones de Aguilar fueron secundadas por José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha, quien dijo que el PP utiliza el agua como arma arrojadiza. «En Castilla-La Mancha el PP regional nos hizo a última hora la pirula, como se dice vulgarmente, cuando llegó Valcárcel (presidente murciano) al Congreso y dejó claro que en materia de agua en el PP manda él». También señaló que está de acuerdo con la idea de que los ríos «son de todos los españoles, pero también de los castellano-manchegos y debemos tener preferencia».

Además, llama la atención la contradicción entre la ‘buena voluntad’ de la ministra respecto a los pasos dados a nivel técnico en la elaboración de los documentos que deben regir la gestión de los ríos en las próximas décadas. Es lo que sucede con el futuro plan de cuenca del Tajo, que prevé aumentar el caudal ecológico, limitando las reservas susceptibles de ser trasvasadas a la Comunitat. O con el del Segura, que opta por aumentar el uso de agua desalinizada, opción rechazada por los regantes al ser más cara, y en la actualidad, inviable. Incluso con el del Ebro, que puede suponer la muerte técnica (a nivel político murió en 2004) de un futurible trasvase.

EN DATOS

376

hectómetros cúbicos anuales se extraen de media del acuífero de la Mancha Oriental para tareas de riego. Hay años en que el volumen total se ha situado en 387, si bien en el último ejercicio contabilizado (2007-2008), baja hasta 301,9.

236

es el límite que pide fijar la Conselleria de Medio Ambiente para no mermar los derechos del resto de usuarios del Júcar.

El pasado 16 de abril, en plena polémica sobre la reserva hídrica prevista por Castilla-La Mancha en su Estatuto de autonomía, la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat (Fecoreva) aprobó un documento donde, además del rechazo frontal a la iniciativa, reclamaba la declaración de sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental. Aunque en segundo plano, era una forma de reivindicar la solución a un problema que se dilata en el tiempo y que perjudica al río Júcar, y por extensión, a sus regantes.

Como publicó LAS PROVINCIAS, la estimación media del agua que toman los agricultores manchegos a través de pozos se sitúa en 376 hectómetros cúbicos anuales, cuando la normativa vigente establece un tope de 320. Es decir, se extraen una media de 56 hectómetros cúbicos de más. El problema no sólo radica en que se tome más agua de la debida, sino que además, el acuífero sólo es capaz de recuperar, gracias a su ciclo natural, una cantidad mucho menor: 236 hectómetros anuales.

La cifra tiene cierta importancia, ya que la Conselleria de Medio Ambiente se posiciona a favor de limitar a este volumen el caudal dedicado a los regadíos manchegos. «Las extracciones superan los 320 hm3 que establece el plan vigente. Además, si 236 hm3 es la recarga actual, tendría que ser ese valor al que deberían limitarse», tal y como se puede leer en las alegaciones presentadas por la Conselleria al Esquema de Temas Importantes del Júcar, estudio que radiografía los problemas que debe afrontar la Confederación Hidrográfica (CHJ) en el futuro plan de cuenca.

Si se aplicara esta disminución, los regantes castellanomanchegos verían reducido su caudal de riego en 140 hectómetros cúbicos, un 37% menos que lo extraído de media en los últimos años.

Sin embargo, fijar un nuevo límite de extracciones no está en la agenda de la Confederación, que al fin y al cabo, también debe velar por lo derechos de los regantes de la Mancha Oriental al estar incluidos en su ámbito geográfico. Por eso, sólo propone ‘cerrar el grifo’ en épocas de sequía, y se decanta por obras de modernización de regadíos, sustitución de bombeos y por la aportación de aguas depuradas para reducir la asfixia del acuífero.

A juicio de José María Benlliure, director general del Agua de la Conselleria, si no se limitan las extracciones, sólo se puede acabar con el problema reduciendo los cultivos de la Mancha Oriental, fundamentalmente herbáceos, que superan las 110.000 hectáreas, unas dimensiones que en 1970 se situaban en 5.000. Esta ‘explosión’ se produjo a raíz de la aprobación de un Real Decreto en 1989 que declaraba de interés general la transformación en cultivos, con agua del Júcar, de 69.000 hectáreas de la zona.

Las alegaciones valencianas también piden la redacción de un plan de explotación del acuífero, pendiente desde 1998, así como la instalación obligatoria de contadores. De hecho, advierten de que solicitarán la declaración de acuífero sobreexplotado si no se elabora el citado documento.

Recuperación del acuífero

Esta es, precisamente, la reivindicación que planteó la Federación de Regantes. Así, en cumplimiento de la Ley de Aguas, solicita que la junta de Gobierno de las Confederaciones Hidrográficas «declare que los recursos hidráulicos subterráneos del acuífero de la Mancha Oriental están sobreexplotados, acordando la elaboración de un Plan de Ordenación para la recuperación del acuífero, que deberá ser aprobado en el plazo de dos años».

El problema es medioambiental y jurídico. Al tomarse mucha más agua de la que vuelve a entrar en el acuífero, baja el nivel total, de manera que es el Júcar el que nutre a la masa de agua subterránea, y no al revés. Por lo tanto, la sobreexplotación repercute en el volumen que debería llegar aguas abajo, perjudicando al resto de usuarios del Júcar, que además, tienen derechos prioritario sobre el uso del caudal.

Además, los regantes también pedían, hasta tener listo el plan de recuperación, que se limitaran las extracciones para mejorar la sostenibilidad del acuífero.