Los dos grandes embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Alarcón y Contreras, disponen del doble de agua que el año pasado por estas fechas.

Alarcón cuenta en la actualidad con 432,46 hectómetros cúbicos, frente a los 222 que almacenaba el año pasado. Ahora está al 38,68% de su capacidad, mientras la segunda semana de marzo de 2009 se encontraba al 19,86% y un año atrás estaba tan sólo al 6%.

Contreras embalsa 358,78 hectómetros, cuando hace un año disponía de 198,9 hectómetros. Ahora lo encontramos al 42%, hace un año, al 23,3% y en 2008 sólo tenía un 6,84% de agua almacenada.

El mayor pantano del Turia, Benagéber está lleno. Dispone de 220,26 hectómetros, 104 más que en 2009. Loriguilla, pese a sus problemas de obras y filtraciones, embalsa 30 hectómetros, el doble que hace un año.

El año que ha empezado augura un ejercicio de bonanza hidrológica. Según los partes semanales del estado de los embalses, del Ministerio de Medio Ambiente, las reservas en las infraestructuras valencianas alcanzaron en enero su mayor volumen en los últimos doce años. Y sucede tanto en la cuenca del Júcar, que abarca la mayor parte de la geografía valenciana, como en la del Segura, que cubre el sur de Alicante.

En la actualidad, los pantanos de la Confederación Hidrográfica del Júcar acumulan 1.323 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que supone el 39,7% de la capacidad total. En el caso de la del Segura, sumando la aportación del trasvase desde el Tajo, el dato se sitúa en 450 hectómetros cúbicos, el 39,4% del total. En ambas cuencas hay que bucear hasta 1998 para hallar un volumen embalsado en el mes de enero tan elevado. Y eso que hace una década ambos sistemas tenían menos capacidad de embalse.

Lo mismo sucede en los principales pantanos de la Comunitat. Alarcón, que junto a Contreras y Tous suministran el agua a 1,5 millones de habitantes del área metropolitana de Valencia, tiene una reserva de 278,2 hectómetros cúbicos, cuando un año antes apenas llegaba a 138. También ha pasado en Contreras (de 150 a 246), en Benagéber (de 146 a 201 hectómetros cúbicos) y en Tous (de 122 a 146).

«La cuenca del Segura se encuentra en una situación que no ha tenido en años. Tampoco hay problemas en la cabecera del Tajo (de donde se ‘coge’ el caudal del Tajo-Segura), por lo que hay agua excedentaria y trasvasable», señala José Manuel Claver, presidente de los regantes del Tajo-Segura.

«Con arreglo a la regla de explotación, no tiene por qué haber problemas para trasvases para abastecimiento y regadíos. Otra cosa son las decisiones políticas», sentencia, en relación a la reducción de los aportes debido a obras de urgencia en Albacete, una explicación que no satisface a los regantes.

Pese a los buenos datos, que auguran una «campaña de tranquilidad en el manejo del agua», en palabras del experto Francisco Cabezas, la vertiente valenciana sigue siendo deficitaria. Ni con los mejores registros se supera la mitad de la capacidad de los pantanos. Cabezas añade que es una situación normal que entra dentro de la «variación hidrológica», pero que destaca tras los años de sequía, que causaron «tensiones en el reparto».

«La cantidad de agua que acumulan Contreras, Alarcón y Tous no se alcanzaba desde hace años», explica el representante de la Unión Sindical de usuarios del Júcar, Juan Valero de Palma. «Con una primavera normal, la situación actual nos puede garantizar tanto el ejercicio de 2010 como el de 2011», añade.

En la zona de influencia del Vinalopó la lluvia no es tan determinante. El motivo es que se trata de un río sin embalsamientos y un ámbito que se nutre de los acuíferos, por lo que precisa de aportaciones artificiales, que llegarán con la desalinización o con el Júcar-Vinalopó. «Sufrimos un déficit estructural que no se soluciona con un año bueno de lluvias. Este, en lugar de tener un déficit de 160 hectómetros, será de 140. Y ni con el trasvase y la desalinización se podrá cubrir. La única solución es el trasvase del Ebro», en palabras de Andrés Martínez, de la Junta de Usuarios del Vinalopó.

José Pascual, presidente de la Federación de Regantes de la Comunitat (Fecoreva), apunta a que el aumento de las reservas tiene que ver con la modernización de los regadíos. «Sin duda se ha notado. Los regantes de la Comunitat han pasado de utilizar 15.000 metros cúbicos por hectárea/año a 8.000 o 9.000. Incluso en algunas zonas se ha bajado hasta 5.000. Regamos más hectáreas que otras comunidades que tienen más agua», sentencia.

Por si no estaba bastante enmarañado el debate del agua en España con la famosa reserva hídrica que Castilla-La Mancha pretende introducir en su nuevo Estatuto, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura vino ayer a añadir más motivos para la polémica al aprobar lo que los regantes de la Comunitat Valenciana y los del Murcia ya han calificado como el primer «trasvase sin agua» de la historia. Y es que, en efecto, lo que esta entidad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente acordó es que durante el primer trimestre del año en curso se transferirá agua del Tajo al Segura -como se viene haciendo desde hace 30 años- aunque sin concretar ni cuánta ni cuándo. Es comprensible, por tanto, el revuelo que la medida ha originado en las comunidades que pueden verse negativamente afectadas.

La excusa que ofrece la citada comisión para no fijar fecha ni cantidad del trasvase es una obra a ejecutar en Los Llanos, provincia de Albacete. Pero cuando al mismo tiempo está en discusión el intento de una comunidad, Castilla-La Mancha, por asegurarse una reserva de 6.000 hectómetros cúbicos -que de aprobarse haría inviable el mantenimiento de la cíclica transferencia al Segura- es lógico que todas las alarmas se disparen y que cunda la sensación de que la Comunitat Valenciana puede verse nuevamente perjudicada en este litigio que sobre el agua se vive en España desde hace años. La derogación del trasvase del Ebro por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero ya supuso un duro golpe para las aspiraciones valencianas de contar con un modelo hídrico que garantizase su desarrollo. Ahora, los contínuos obstáculos en el Tajo-Segura llenan de nubarrones de inquietud el panorama de la solidaridad interterritorial. Pero mientras el Ejecutivo central no se decida a hacer lo que debería hacer, y a lo que está obligado por la Constitución, es decir, a coordinar una política hídrica para todo el Estado, los problemas se irán sucediendo, los localismos seguirán imponiéndose y los peligros para la Comunitat irán en aumento.

La intención de Castilla-La Mancha de reservarse 6.000 hectómetros cúbicos de agua de cara a satisfacer necesidades futuras en su territorio no sólo chocaría con la Ley de Aguas, sino que contravendría directamente la Constitución, donde se establece que el agua es un bien de domino público estatal. Así lo ven las asociaciones de regantes y los expertos en la materia, que consideran que el Gobierno debe frenar la intención del Ejecutivo manchego, pues invade competencias que son exclusivas del Estado.

«La propuesta es aberrante desde el punto de vista técnico y jurídico, porque ni existen esos 6.000 hectómetros ni se ha concretado la cuenca de donde se extraerían, además de que no se conoce cuál es la demanda a cubrir», explicaba ayer el presidente de los regantes del Tajo-Segura, José Manuel Claver.

Una de las principales críticas al planteamiento castellano-manchego es que contraviene la Ley de Aguas, el reglamento jurídico encargado de la gestión hídrica del país, que en su artículo 4 establece que «corresponde al Estado la planificación hidrológica a la que deberá someterse toda actuación sobre el dominio público hidráulico». En cambio, la propuesta que se quiere incluir en el estatuto castellano-manchego «supondría una apropiación del agua, afectando al propio concepto de bien de dominio público, por lo que es un sinsentido», dijo Claver.

Además, en la ley de Aguas se establece la posibilidad de que se planifiquen reservas, aunque estas deben realizarse en una cuenca específica a través de las entidades encargadas de la gestión de sus recursos, es decir, las confederaciones hidrográficas, que dependen del Ministerio de Medio Ambiente. Por ejemplo, la Conferencia Hidrográfica del Tajo puede hacer una reserva de su caudal a través de su plan hidrológico de cuenca, que es la herramienta jurídica adecuada. En cambio, una comunidad autónoma no puede prever la existencia de un depósito de agua partiendo de los recursos de sus diferentes sistemas hídricos, como pretende Castilla-La Mancha. De hecho, para llegar al volumen previsto debería coger caudales de todas las cuencas hidrográficas de su ámbito territorial: Duero, Tajo, Guadiana, Segura, Júcar y Ebro. Y ni aún así, teniendo en cuenta que «no hay 6.000 hectómetros cúbicos susceptibles de ser reservados en Castilla-La Mancha», como explicó el director del Instituto Euromediterráneo del Agua y creador del Plan Hidrológico Nacional, Francisco Cabezas.

El experto introducía un matiz, ya que la Ley de Aguas permite reservas en los ríos siempre y cuando «corresponda a una actuación futura prevista e identificada». Sin embargo, la justificación manchega es genérica, y hace referencia a demandas sin especificar.

Cabezas explicaba ayer que los recursos hídricos manchegos alcanzan 7.000 hectómetros cúbicos, de los que 2.000 se dedican a abastecimiento interno y regadíos. Por lo tanto, si se cerrara el grifo del que se benefician el resto de comunidades (algo imposible), quedarían cerca de 5.000, mil menos de la previsión manchega, que a su juicio es «inviable». También argumentó que si las políticas territoriales entran a regular cuestiones hídricas, el artículo constitucional sobre el agua «queda vacío de contenido».

Lo que diga Madrid

Desde el Ministerio de Medio Ambiente rechazaron pronunciarse sobre la reserva, aunque sí se produjeron numerosas reacciones. Especialmente llamativa fue la de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien afirmó que los diputados de su partido votarán lo que diga la dirección nacional cuando el estatuto manchego, donde se prevé la reserva, llegue al Congreso. De esta forma contradice a Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación, quien afirmó que los valencianos «votarían con disciplina valenciana».

Cospedal, portavoz del PP en la comisión que negocia el desbloqueo del estatuto, admitió que la dirección nacional se reunirá con Camps y Valcárcel para acercar posturas, aunque avisó de que los diputados por Valencia y Murcia «votarán lo que establezca la dirección del PP».

Las aguas continentales contaminantes estarán controladas a partir del finales de mes. Así lo afirma un proyecto del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

Lo que pretende el Ministerio es realizar un seguimiento de los focos contaminantes y también su incidencia en el medio receptor en la actual situación de sequía en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

El coste de la actuación será de 691.502 euros y tendrá una duración de 24 meses, que se iniciará a finales de este mes.

El objetivo principal es realizar un seguimiento intensivo de las fuentes puntuales de contaminación.

Los trabajos que realizarán los técnicos consistirán en la toma de muestras representativas de agua o sedimentos y el posterior análisis de las muestras obtenidas en los puntos de vertido. Estos análisis serán los que determinen la calidad de los vertidos de aguas residuales, urbanas e industriales.

Los resultados que se obtengan permitirán comprobar y ampliar la información de los diferentes vertidos y valorarán la adecuación de los sistemas de depuración.

Los agricultores valencianos van a poder regar el año que viene sin sufrir restricciones, aunque siempre tratando de ahorrar y los consumidores de los hogares tampoco van a tener problemas. Los embalses que abastecen a la mayor parte del territorio de la Comunitat disponen de agua suficiente para todo el próximo ejercicio.

Esta es la principal conclusión a la que se llegó en la reunión que mantuvieron ayer el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues.

«Estamos con un nivel de reservas razonablemente bueno. Podríamos hablar de normalidad en términos técnicos, tanto en el Mijares en Castellón, como en el Turia y el Júcar en Valencia y también en el Serpis y las Marinas en Alicante. Todos se encuentran en una situación aceptable, a pesar de que el verano ha sido bastante seco y la primavera fue muy seca. Esto nor permite mirar la campaña con tranquilidad y con garantías», aseguró el presidente de la CHJ, Juan José Moragues.

Los pantanos valencianos embalsan unos 1.000 hectómetros cúbicos y la previsión de los técnicos de la CHJ es iniciar el próximo año hidrológico, que se inaugura el 1 de octubre, con una reserva de entre 670 y 700 hectómetros cúbicos como mínimo.

«El actual nivel de embalse es un 30% superior al que existía por estas fechas el año pasado. Esto es, sin lugar a dudas, resultado de la ejecución de los distintos proyectos llevados a cabo por el Gobierno», afirmó el delegado, Ricardo Peralta que, en cierto modo, se arrogaba como éxito gubernamental que el pasado otoño, el invierno y Semana Santa fueran más lluviosos de lo habitual.

El responsable de la CHJ estima que en el río Júcar dispondrá de unas reservas de 400 hectómetros cúbicos, al margen de los casi 150 que tiene Iberdrola en el complejo hidroeléctrico de Cortes.

La presa de Tous, que ahora tiene casi 60 hectómetros, se quedará en 35, el mínimo con el que puede abastecer a Valencia. El resto, hasta los 378 hectómetros, quedará disponible para poder almacenar, «todas las tormentas que puedan caer en esa zona».

El volumen máximo lo tendrá el pantano de Alarcón, entre 210 y 220 hectómetros. «Es el embalse de mayor cota topográfica y desde donde se puede suministrar a más usuarios: a la provincia de Valencia, a gran parte de Alicante y a la de Albacete».

El resto de las reservas del Júcar, entre 150 y 160 hectómetros, se quedarán en Contreras.

Este verano la central hidroeléctrica de Contreras ha funcionado por primera vez desde que hace tres años Iberdrola cambiara las turbinas, que inicialmente estaban previstas para funcionar con caudales de 20 metros cúbicos por segundo y se sustituyeron para que produjeran energía eléctrica a partir de caudales de entre 5 y 6 metros cúbicos por segundo.

En el Turia, la CHJ quiere terminar el año hidrológico con 170 hectómetros en el pantano de Benagéber, el mayor de este río con garantías de funcionamiento.

Las reservas con las que el Júcar y el Turia finalizarán el próximo 30 de septiembre el actual año hidrológico «de alguna forma garantizan el suministro del ejercicio que viene. Son cifras de la magnitud del consumo de un año. Por lo tanto, estamos bastante tranquilos», declaró Moragues.

La CHJ quiere dejar en el sistema del río Mijares unos 50 hectómetros cúbicos een Arenós, que cuadra dentro de su nivel de seguridad, y 33 o 34 hectómetros en Sichar. «Como decía Pepe Pascual, el presidente de los regantes de Castellón, eso es el agua de dos años», dijo el presidente de la CHJ.

El delegado del Gobierno, Peralta, destacó que este verano «no ha habido ningún problema de suministro en ninguna zona de la Comunitat Valenciana. Los temas referidos al suministro de agua forman parte, afortunadamente, del pasado».

Peralta remarcó que las obras del trasvase Júcar-Vinalopó «se terminarán a mediados del año que viene» y entrará en funcionamiento «en las fechas previstas». Lo mismo dijo de la construcción de plantas desalinizadoras, «especialmente la de Torrevieja».

«La ejecución de los compromisos del Gobierno y la voluntad de colaboración con la Generalitat -y quiero hacer aquí una referencia y un recuerdo al conseller García Antón- nos van a permitir que lo que ha sido la normalidad en el suministro hídrico en toda la Comunitat este verano sea la normalidad a lo largo de los próximos años», declaró el delegado.

Moragues también recordó al fallecido dirigente: «La próxima campaña comienza con la carencia insustituible de José Ramón García Antón. Tendremos que acostumbrarnos a trabajar en su recuerdo pero sin su presencia».

En muchos foros todavía se escucha o se lee que la agricultura de regadío absorbe un 80% del consumo de agua en España, con lo que se transmite cierta imagen de exceso y despilfarro, por más que ningún agricultor va a regar su campo por capricho, sino para intentar llevar a cabo sus cultivos en régimen de calidad y productividad rentables. Sin embargo es una cantinela que se repite hasta la saciedad, invariablemente, como una verdad revelada e inmutable: la agricultura consume el 80% del agua, y unos y otros repiten hasta la saciedad el dato recibido.

Pero la realidad es ya bastante diferente. La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) destacó ayer que el consumo de agua en la agricultura española está ahora en el 63% del total, lo que supone una notable disminución del 21,25% sobre aquel 80%, hoy anticuado, que comenzó a cuestionarse en serio hace alrededor de 10 años.

Es decir, que en la última década ha bajado algo más de una quinta parte, por más que muchos aún siguen con la tónica anterior. Y este hecho que destaca Fenacore no es de su cosecha. Son datos que recoge del último Plan Nacional de Regadíos y que mueven a diversas reflexiones.

Gran parte de ese ahorro de agua se está consiguiendo mediante un gran esfuerzo inversor en la modernización de regadíos, financiada con ayudas oficiales, pero sobre todo con las aportaciones de los propios agricultores, en momentos de hundimiento generalizados de los precios de las cosechas y de su rentabilidad.

Fenacore señala por otro lado que también influye en la disminución del consumo de agua el abandono de cultivos en toda España, porque han dejado de ser rentables. Ha bajado la producción de remolacha, algodón, tabaco, frutas y hortalizas, y se riegan cada vez menos cereales y leguminosas porque los costes no se recuperan con los precios.

Encarecimiento eléctrico

En este punto, Andrés del Campo, presidente de Fenacore, ha denunciado que la tremenda subida de las tarifas eléctricas que se ha registrado en los últimos trece meses está poniendo en jaque a la mayor parte de la agricultura de regadío, porque la modernización de estos sistemas implica la instalación de redes de presión para riego a goteo o por aspersión, lo que a su vez precisa fuertes aumentos en el gasto energético. Ahorrar agua exige consumir más energía, y ahora esta es mucho más cara, hasta más del 100% más, en algunos casos, que en junio de 2008, con lo que muchas comunidades de regantes se enfrentan a una situación «inasumible», según Andrés del Campo.

Fenacore culpa de las desmesuradas subidas de la electricidad para regadíos al Gobierno, «por permitirlo», y vaticina «un otoño caliente», con movilizaciones agrarias generalizadas, ya que los agricultores regantes se sienten engañados: han invertido en obras de modernización que ahora no pueden pagar, están hipotecados para 50 años y el precio del agua se ha encarecido tanto que, con lo que obtienen, no es viable regar.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, negó ayer que el informe remitido por el Ministerio de Medio Ambiente a la UE sobre la situación de las obras del trasvase Júcar-Vinalopó plantee una disminución del caudal.

La afirmación de Moragues se produce tres días después de que el Consell y los regantes denunciaran, tal y como publicó LAS PROVINCIAS, que el documento elaborado por el Ministerio incluye una reducción del caudal del trasvase Júcar-Vinalopó de los 80 hectómetros cúbicos inicialmente previstos a 51,6.

Para el presidente del órgano de Cuenca, es «falso» interpretar así el documento. Moragues aseguró ayer, durante la visita a las obras de la desalinizadora de Oropesa recién iniciadas, que el informe se hizo público ante unas 20 personas y únicamente «el representante de la Generalitat entendió eso». Además, incidió en que los propios usuarios del trasvase «no entendieron eso».

Precisamente los usuarios, por boca de su presidente, Andrés Martínez, y frente a lo que ayer dijo Moragues, denunciaron la política del órgano de cuenca y anunciaron que van a remitir una carta al Ministerio de Medio Ambiente quejándose de su actuación.

El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, también presente en el acto, fue mucho más prudente. Sin negar la reducción de caudales, tal y como hizo el lunes, se limitó a decir que el trasvase «nos permitará que llegue agua a las comarcas del sur de la Comunitat, y nosotros no tenemos ningún veto a cualquier medida que suponga solucionar los problemas de agua, lo que ocurre es que tras nuestras decisiones hay razones».

La directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Marta Morén, aseguró ayer que la nueva desalinizadora cubrirá las necesidades de la comarca de La Plana de Castellón con «calidad» y preservando el medio ambiente.

La planta, cuya inversión asciende a 55,5 millones de euros, producirá 21,5 hectómetros cúbicos anuales de agua destinada al abastecimiento de unas 150.000 personas en Oropesa , Cabanes y Benicàssim. En caso de incrementarse las necesidades, la desalinizadora puede incrementar su capacidad de producción hasta los 43 hectómetros anuales. Según Morén, «se trata de una actuación que es coherente y está en la línea de los objetivos fijados por la Directiva Marco del Agua, ya que contribuye a garantizar el suministro suficiente de agua en buen estado, tal como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo».

El presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez, mostró ayer su malestar por el hecho de que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no les haya consultado la decisión de reducir el trasvase de los 80 hectómetros cúbicos anuales inicialmente previstos a 51 (un 35% menos), tal y como figura en un informe del Ministerio de Medio Ambiente remitido a la Unión Europea sobre la situación de las obras que ayer publicó LAS PROVINCIAS.

Para Martínez, la CHJ les ha «ninguneado» y «tomado el pelo» al no contar con ellos antes de tomar esta decisión. Lamentó, además, que frente a la marginación con la que se trata a los usuarios, que pagan de su bolsillo parte de las obras, la Confederación «sí cuenta con grupos ecopacifistas», en referencia a Xuquer Viu.

Andrés Martínez indicó que la Junta va a remitir una carta al Ministerio de Medio Ambiente para quejarse del trato que les está dando la CHJ. Martínez explicó que frente al cambio de actitud de Elena Espinosa, la Confederación mantiene el «sectarismo de los tiempos de Cristina Narbona».

El Consell también mostró ayer su malestar por la decisión «unilateral» del Gobierno. Para el conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, el trato del Ministerio de Medio Ambiente únicamente se puede definir como «indignante».

El conseller apuntó que el Ministerio ha actuado «sin previo conocimiento y de forma unilateral» y teniendo tan sólo en cuenta la postura de la «nueva cultura del agua» para decidir el futuro de los recursos hídricos de la Comunitat.

El responsable de Medio Ambiente calificó de «sectaria» la posición del Ministerio. García Antón recordó «el esfuerzo» que está realizando la Generalitat para «depurar y reutilizar el agua y modernizar los regadíos».

Lo más grave, según el Consell, es que el agua que se ahorra gracias a esas inversiones no se reparte de forma equitativa. «Cada vez llegan menos recursos al Vinalopó», según García Antón, y los que lo hacen son de peor calidad. En cambio, la política que se aplica en Castilla-La Mancha es diferente, explicó.

A una política de racionalización de los recursos, el Gobierno «nos paga con desprecio, con menos agua, con la problemática del Vinalopó, del Tajo-Segura y con la ausencia de agua del Ebro, mientras cada vez hay más regadíos en Aragón y Cataluña».

El secretario general del PP, Ricardo Costa, calificó la reducción del caudal del Júcar-Vinalopó de «crónica de una muerte anunciada». El dirigente popular apuntó que la decisión obedece a «intereses políticos y no técnicos». «Está en el guión», dijo Costa.

El delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, se limitó ayer a señalar que el trasvase es «un gran proyecto, por la cuantía de su inversión y por los trabajos que requiere», y remarcó que su grado de ejecución «está muy avanzado».

Sobre la reducción de los caudales del trasvase Júcar-Vinalopó, el delegado del Gobierno optó por no pronunciarse. Peralta aprovechó para hacer un llamamiento a la Generalitat para «actuar todos juntos para que el día que esté disponible esté disponible efectivamente».

El 70% del campo valenciano funciona ya con técnicas de ahorro de agua. Con esta modernización, el 17% de la superficie de cultivo en España que utiliza el riego por goteo se encuentra en la Comunitat. Todo ello ha permitido un ahorro cercano a los 140 hectómetros cúbicos anuales. El principal beneficiado del esfuerzo realizado por la Administración autonómica y los agricultores valencianos ha sido el regadío de Castilla-La Mancha.

Los campos de Albacete están recibiendo aportes de alta calidad del embalse de Alarcón gracias a que el agricultor de la Comunitat emplea agua depurada.

La mayor parte de los cultivos del regadío manchego están subvencionados, mientras que la producción en los campos de la Comunitat es intensiva y de alta rentabilidad.

El Plan Hidrológico del Júcar prevé un máximo de extracciones de 320 hectómetros cúbicos del acuífero de la Mancha Oriental para evitar la sobreexplotación. Pero desde 2000, la Confederación del Júcar ha autorizado que se utilicen unos 400 hectómetros cúbicos, salvo los años de sequía.

La Confederación indemnizó a los agricultores albaceteños por dejar de regar con la compra de derechos de agua durante estos periodos. En el caso de los valencianos, la política fue restrigir los aportes al campo.

El Plan del Júcar también establece que los agricultores de La Mancha puedan recibir 125 hectómetros del embalse de Alarcón a cambio de la clausura de pozos y la modernización de regadíos para ahorrar 65 hectómetros. En estos momentos, están percibiendo la totalidad del aporte sin haber realizado las obras de sustitución. La Confederación ya ha regularizado 459,3 hectómetros, es decir, prácticamente el máximo posible.

El incremento del agua para el regadío de La Mancha se ha conseguido gracias a los esfuerzos del campo valenciano. Una circunstancia que acredita unos criterios de solidaridad en el reparto de los recursos hídricos que no parecen ser compartidos por todas las autonomías españolas.

A todo ello se suma ahora que Castilla-La Mancha pretende poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura con la aprobación de la reforma del Estatuto, una obra que se considera fundamental para la supervivencia de la agricultura en el sur de la provincia de Alicante.