El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, confirmó ayer que el Gobierno está apoyando a representantes agrarios en su negociación con la patronal eléctrica para que se establezca una nueva prórroga de las tarifas eléctricas especiales para riegos agrícolas, que en principio deberían desaparecer el próximo 1 de julio.

El Ministerio de Medio Rural quiere que tal prórroga se consiga y para ello está esgrimiendo ante las eléctricas y otros departamentos del Gobierno el argumento de que la situación económica del sector agrario no es boyante y no se le puede abocar a un encarecimiento súbito de los costes eléctricos que pondría en riesgo de desaparecer a muchos subsectores del campo.

Además, la masiva modernización de regadíos se basa precisamente en la instalación del riego localizado, y eso, que se traduce en ahorros de agua para toda la sociedad, supone a la vez aumentos considerables del gasto de energía, por lo que los regantes se ven abocados a una situación en la que han invertido para mejorar y ahorrar caudales y, en cambio, se sienten penalizados con el sobrecoste eléctrico.

El menor coste de las tarifas de riego no está en el precio del kilovatio/hora consumido, que incluso es algo superior que en otras tarifas actuales, sino en el del kilovatio de potencia contratada (el término conocido popularmente como ‘el mínimo’), algo fundamental para una actividad que es muy estacional.

La propuesta consiste en prorrogar de nuevo la continuidad de las tarifas de riego y negociar a partir de ahí un nuevo sistema que, dentro de la liberalización general del sector eléctrico, reconozca las peculiaridades de la agricultura. Industria, en cambio, es partidaria de zanjar un trato que considera de favor y que cada palo aguante su vela.

El Bloc del Camp de Morvedre ya solicitó «que llegara el agua que todavía falta para el metro cúbico», han declarado desde el grupo político. «Hace muchos años se concedió la aportación de un metro cúbico de agua procedente de la cuenca del Júcar a Sagunto, y en ese sentido se hicieron una serie de infraestructuras».

«Hablamos de la cañería, del gran depósito y de la potabilizadora. Se concedió una aportación parcial de ese caudal, los 250 litros que actualmente llegan a Sagunto. Posteriormente, se hicieron cañerías y depósitos para que llegara el agua a Les Valls, Almardà, Canet, la Baronia Alta y Baja», explican desde el Bloc.

Y añaden que «realizadas estas infraestructuras pedimos que tuviéramos ese agua que falta para llegar al metro cúbico, agua que debe conceder la Confederación Hidrográfica del Júcar».

«¿Cuántos años deben pasar para saber si llegará algún día? Esta pregunta debe de ser contestada. Porque si no va a llegar nunca habrá que buscar la solución en otro sitio», han apuntado desde el Bloc Nacionalista Valencià.

Por tanto, concluyen que es necesario hacer un estudio de las necesidades de la comarca del Camp de Morvedre, «un estudio de los recursos disponibles y ver la manera de solucionar el déficit. Un problema de esta magnitud no debe de ser afrontado de forma individual por cada uno de los pueblos».

La comarca «se juega mucho su desarrollo industrial y humano», insisten. «A ver si lo que estamos esperando es que lleguen unos años de extrema sequía para afrontar este problema planteado hace mucho tiempo», han denunciado finalmente.

La unidad de los regantes se resquebraja por momentos. La figura de Andrés Martínez, que durante los últimos años ha ejercido como líder indiscutible de los agricultores del Vinalopó, está siendo cuestionada por parte de algunas comunidades desde que se conociera el interés de la multinacional Danone en embotellar agua procedente de los acuíferos de Villena.

Precisamente, los 200 millones de litros de agua al año -que podrían ampliarse hasta los 700 millones- que la firma Font Vella, filial de Danone, utilizaría para el envasado y posterior explotación comercial se extraerían de uno de los pozos que son propiedad de la Comunidad de Regantes de Villena, cuyo presidente es Andrés Martínez.

La asamblea de dicha entidad decidió aprobar la cesión a la mercantil de una cantidad mínima de 0,2 hectómetros cúbicos y máxima de 0,7 hectómetros cúbicos del caudal que, hasta la fecha, ha servido para regar hortalizas. Para compensar el volumen de extracción y no saturar todavía más los esquilmados acuíferos del Vinalopó, los agricultores de Villena están dispuestos a sacrificar un total de 200 hectáreas de cultivo. Ello supondría, según cálculos de la entidad, el ahorro de casi 1 millón de litros de agua al año.

Además, la Comunidad de Regantes de Villena obtendría unos ingresos anuales de 150.000 euros en concepto de canon de explotación que vendrían muy bien para solventar la deuda millonaria que la entidad contrajo con la Sociedad Estatal de Infraestructuras de la Meseta Sur (Seiasa) a causa de las obras de modernización de los regadíos.

Pese a que la asamblea de la Comunidad de Regantes de Villena dio su visto bueno a la operación por amplia mayoría de los socios asistentes, su presidente no ha podido evitar que, a lo largo de los últimos días, surjan algunas voces discrepantes con la idoneidad la planta embotelladora y, sobre todo, con la implicación particular de Andrés Martínez en la gestión del proyecto. No hay que olvidar que parte de la parcela donde se prevé la instalación del complejo es propiedad de la empresa Horfres, regentada por el propio Andrés Martínez.

Malestar en el Consell
Por otro lado, cabe reseñar el malestar que ha generado el proyecto en el seno del Consell, al ser presentado pocas horas después de celebrarse en Orihuela un acto reivindicativo para exigir el trasvase del Ebro, en el que se dieron cita 300 alcaldes acompañando al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

El propio Andrés Martínez ha admitido su error al escoger ese día para aprobar la venta de agua a la multinacional Danone. Sin embargo, este propósito de enmienda no le ha valido para evitar el cisma en el seno de la Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó que preside su paisano y delfín, Pedro Menor.

El pasado jueves, este organismo que aglutina a las comunidades de regantes y ayuntamientos del Alto y Medio Vinalopó, celebró una junta extraordinaria para abordar la petición de dimisión de Andrés Martínez como presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’Alacantí y la Marina Baixa. Dicha solicitud fue cursada de manera oficial por la comunidad Montagud de Novelda, la comunidad de Beneixama, las comunidades de San Cristóbal y Pinar Alto de Villena, así como por el Ayuntamiento de Sax, gobernado por la socialista Ana Barceló.

Los representantes de estas entidades consideran que, en estos momentos y dado los acontecimientos, la figura de Andrés Martínez significa un obstáculo para los intereses de los regantes del Vinalopó al estar enfrentado tanto a organismos estatales como a comunidades de regantes del Júcar.

Andrés Martínez se defiende
Martínez, sin embargo, replica a este argumento afirmando que la polémica está orquestada por el PSOE, que trata de dividir a los regantes para sacar rédito político. No obstante, para curarse en salud, el, todavía hoy, presidente de la Junta Central de Usuarios ha preferido promover la creación de una comisión dentro de la propia entidad que se encargará de llevar las negociaciones con la Administración estatal.

Con esta fórmula, Andrés Martínez pretende pasar a un segundo plano y, de esta forma, rebajar la tensión generada en las últimas semanas en torno a su persona tras su gestión en el proyecto de la planta embotelladora de Villena.

Un 47% de las riberas de los principales ríos valencianos presenta un deficiente grado de conservación hasta el punto de que la recuperación y regeneración de los mismos es «inviable», «difícil» o «muy difícil» en un 42% de los tramos incluidos en un estudio encargado por la Confederación Hidrográfica del Júcar a un equipo de la Universitat de Valencia del que forma parte, entre otros, el director del Jardín Botánico de Valencia Antoni Aguilella.
El estudio, denominado «Bases para un plan de conservación de riberas de la Confederación Hidrográfica del Júcar» pretende, además de hacer un diagnóstico de situación, establecer distintas tipologías de zonas para una acción posterior «que garantice una adecuada protección y gestión de las riberas en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar».
Sin embargo, la situación de partida no es, en muchos casos, la idónea para pensar en una recuperación de las riberas de los ríos, un espacio que en los últimos años «han cobrado un protagonismo especial» a la hora de precisar el estado ecológico de los ecosistemas acuáticos, un factor esencial en la gestión hídrica en la directiva marco del Agua de la Unión Europea.
El estudio afecta a los diez cauces principales de los ríos mas importantes e la cuenca hidrográfica del Júcar en los que se han delimitado 239 tramos que abarcan 1.741 km de cauce y a los que se han otorgado un valor de calidad (estado de conservación) basado en el índice denominado QBR.
Los resultados del trabajo indican que casi la mitad de los tramos estudiados (47%), presentan un deficiente estado de conservación, con calidades «pésima» o «mala», y solo un 33% se conservan bien (categorías «buena» y «óptima».
Entre los ríos estudiados el Cabriel destaca por su estado de conservación, con un 26,3% de sus tramos con calidad «óptima» un 66% de calidad «buena».
En el polo opuesto se encuentra el río de la Sénia, en el límite con Cataluña, sin tramos con calidad «óptima», al igual que ocurre con el Vinalopó, donde no hay calidad «optima» y solo un 4,2% de calidad «buena».

Las lluvias de los últimos días, que han dejado en la provincia precipitaciones medias de entre 80 y 100 litros por metro cuadrado, han dejado los pantanos de Castellón en niveles máximos hasta el punto de que en algunos de ellos, tal como aseguraron fuentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ha sido necesario recurrir a «desembalses técnicos». También el presidente de la Federación de Regantes, José Pascual, señaló que los pantanos «están a tope» y que, con esta situación, no se prevé escasez de recursos al menos «en un par de años».

El último parte de embalses emitido por la CHJ corrobora estas apreciaciones. En el sistema del Millars, el pantano de Arenós, el de mayor capacidad de la provincia, almacena en estos momentos tres hectómetros cúbicos más de los que la propia Confederación estima convenientes. Un total de 68,12 hectómetros sobre los 65 previstos como máximo. Y a pesar de todo, Arenós sigue a menos de un 50% de su capacidad total (136,9 hectómetros). La explicación hay que buscarla en las obras de consolidación de laderas que el Ministerio de Medio Ambiente tiene pendientes en la presa castellonense, después de una primera fase que ha permitido incrementar en 40 hectómetros las posibilidades de almacenamiento.

En cualquier caso, el nivel de agua embalsado en este momento (0,46 hectómetros más que la semana pasada) ha obligado, según señaló Pascual (quien negó que se trate de un desembalse) a desviar parte del caudal desde Arenós al embalse del Sitjar, donde ayer, explicó el presidente de los regantes, se estaban dando «entradas por salidas». Esto es, se desagua la misma cantidad que se recibe. Y ello porque también en Sitjar se ha superado la cantidad fijada por el Ministerio como máxima para embalsar. Así, pese a que su capacidad es de 49,3 hectómetros, las previsiones de la CHJ para este pantano son de unos 45 hectómetros. Ayer, había almacenados 45,56 hectómetros cúbicos, dejando la presa a un 92,42% de su capacidad total y con 0,80 hectómetros más que los embalsados la pasada semana. También en el sistema del Millars, el pantano de l’Alcora está al 70,19% después de las últimas lluvias, con 1,54 hectómetros sobre 2,2, mientras que el María Cristina almacena 3,43 hectómetros de sus 18 posibles (18,59%).

Las cifras y porcentajes de otros sistemas de la provincia también reflejan una situación hídrica de bonanza que los regantes confían en mantener al menos dos años más. En el Palancia, el pantano del Regajo embalsa en la actualidad 5,48 hectómetros, apenas 0,52 menos que su capacidad máxima, que los organismos de cuenca reservan para casos de urgencia. También el pantano de Ulldecona, en el sistema del Sénia, se acerca a su límite, con 0,23 hectómetros cúbicos almacenados más que la semana pasada y un 92,18% de su capacidad total.

La situación de los embalses se produce después de un episodio de lluvias que ha dejado en la provincia de Castellón precipitaciones máximas de 167 litros por metro cuadrado en Cervera del Maestre, 112 litros en Fredes o 110 en la localidad de Onda. En otras poblaciones de la provincia, como Alcalà de Xivert o Catí, se han recogido medias de más de 90 litros, según la Agencia Estatal de Meteorología.

La Conselleria retiró ayer la preemergencia por lluvias en la provincia, decretada el pasado sábado. Desde ese mismo día, según indicó la CHJ en un comunicado, «se están efectuando los desembalses técnicos para mantener los resguardos de seguridad» en Castellón, que, señalan, tiene sus pantanos «técnicamente llenos». Estos desagües, además, han permitido «la recarga de acuíferos».

El azud de Antella fue ayer el escenario de la bendición y suelta de aguas a la Acequia Real del Júcar que nace en esta localidad.

Durante el acto el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, no ha dudado en calificar de «duro» este ejercicio agrícola, pero ha avanzado que los agricultores «no tendrán mayores problemas que los que ya tuvieron en el ejercicio anterior» porque disponen de «la misma dotación hídrica».

Moragues ha instado a los agricultores a utilizar los 140 pozos de sequía existentes ante «el buen estado de los acuíferos».

Sin embargo, el presidente de la Acequia Real del Júcar, Juan Antonio Delgado ha dicho que las perspectivas de esta campaña «son muy malas » dado que con los 107 hectómetros asignados «a mediados de agosto nos quedaremos sin agua sino llueve».

La Comunidad de Regantes de Sueca añadirá 8 estaciones de bombeo a las 15 con que ya contaba para evitar que la sequía afecte a la próxima campaña del arroz cuya siembra comenzará el próximo viernes.

Por su parte, el delegado del Gobierno Antoni Bernabé ha instado al Consell a comprometerse «con inversiones para solucionar el problema del agua de esta Comunitat, en lugar de abrir frentes y guerras del agua» y de «poner trabas» a las obras del trasvase Júcar- Vinalopó y a las desaladoras que está llevando a cabo la administración central.

El representante del Gobierno ha asegurado que la Comunitat Valenciana dispone ahora de «más agua que la que hubiera traído aquel macrotrasvase totalmente inviable planteado por el PP», y que los 335 hectómetros cúbicos adicionales aportados durante la pasada legislatura «alcanzarán los 600 hectómetros cúbicos en tres años».

Bernabé ha dicho que el agua tanto para el consumo humano como para el riego «está garantizada», porque «llevamos cuatro años haciendo un gran esfuerzo desde el Gobierno». Y como ejemplo ha puesto las obras de emergencia y la modernización de regadíos entre otros proyectos.

Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente del grupo parlamentario Popular, José Císcar, ha asegurado «que los únicos que han paralizado un proyecto para traer agua a nuestra Comunitat son los socialistas, que cambiaron todo el trazado del trasvase Júcar-Vinalopó cuando ya estaba ejecutado más del 50%».

Císcar se ha referido de este modo a las declaraciones realizadas por el delegado del Gobierno, Antoni Bernabé sobre el trasvase Júcar-Vinalopó, que fue «paralizado por los socialistas para modificar su trazado sin ningún sentido, al igual que derogaron sin ningún motivo real, salvo rendir pleitesía a sus socios catalanes, el trasvase del Ebro a la Comunitat, Murcia y Almería».

En su opinión, «lo único que está haciendo el Gobierno de Rodríguez Zapatero es derogar y paralizar todos los proyectos del anterior ejecutivo del PP y sustituirlo por el Plan Agua, que está repleto de proyectos fantasmas».

El rechazo a que Zarra albergue un macrovertedero de basura ha rebasado las fronteras de la Comunitat Valenciana. Dos poblaciones de Castilla la Mancha, las albaceteñas de Carcelén y Alpera, se han unido a la Coordinadora y al Valle de Ayora en su oposición a la ubicación de esta planta de residuos.

Los alcaldes de ambas localidades aseguran que la infraestructura que se pretende ubicar iría directamente sobre el acuífero que abastece a las dos poblaciones y, por lo tanto, resultarían perjudicadas.

La primera autoridad de Carcelén, Ildefonso Vera, era uno de los más molestos con la situación. Esta población manchega solamente puede abastecerse de agua del acuífero de Zarra, «puesto que nuestra única forma de captación es la subterránea, si nos la quitan tendremos muchos problemas para el suministro».

Y es que el tratamiento de basuras sobre el acuífero podría provocar filtraciones (algo que se producirá con total seguridad según los detractores del proyecto) que perjudicarían gravemente a las poblaciones que se nutren de estas aguas como las dos citadas de Albacete y todo el Valle de Ayora.

Lazos de unión
Vera afirmó que ya hace varios años que se produjo el primer contacto con los representantes de la Coordinadora, incluso Ayora no tenía el mismo alcalde. Las reuniones y la cercanía es tanta que la primera autoridad de Carcelén llegó a asegurar que entre las poblaciones «existen unos lazos de unión muy estrechos».

Una prueba de esta unión es que hace aproximadamente un año cuando se produjeron varias manifestaciones en contra de la planta, «en los balcones de Carcelén muchas personas colgaron pancartas apoyando el rechazo a esta instalación».

Otro de los inconvenientes que, según el alcalde, se produciría por la instalación de este macrovertedero «son los problemas que generaría en el turismo rural». Estos municipios «están claramente enfocados a este sector, si a la central nuclear de Cofrentes se le suma esta planta de basuras, los puntos negativos de la zona serán más que los atractivos que se puedan ofrecer para intentar atraer a personas y que nos visiten».

Vera cree que en este problema «debería de actuar la Confederación Hidrográfica del Júcar puesto que es una construcción que afectaría al acuífero, pero no soy yo quien debe de decidir esto». Además, apostilló que si el tema se politiza «seguiremos apoyando el rechazo pero no nos meteremos».

La otra población afectada de Castilla la Mancha es Alpera. La alcaldesa, Catalina Rubio, se mostró muy contrariada con la posibilidad de que se construya este gran vertedero en Zarra.

El principal motivo es el mismo que sus vecinos de Carcelén, el agua. «Me parece un auténtico disparate que se coloque una infraestructura de esas características sobre el acuífero del que se abastecen tantas poblaciones», señaló.

Sin embargo, la problemática no es exactamente igual ya que al contrario que Carcelén, en Alpera «tenemos otro lugar del que captar agua», aunque perder este punto de abastecimiento sería negativo para la población, según añadió la alcaldesa.

Los perjuicios al turismo son otro de los motivos del rechazo. «Llevamos varios años luchando por el medio ambiente y potenciando nuestros atractivos turísticos. Todo se iría al traste si nos ponen el vertedero, no solamente esa zona sino también todo el entorno», explicó la primera autoridad.

La cercanía, tanto a nivel municipal como físicamente, entre estas poblaciones es tal que ya se han producido el respaldo de unas a otras en varias ocasiones. Rubio recordó el apoyo del Valle de Ayora cuando se consiguió que se construyera el hospital de Almansa.

Por este motivo, aseguró que apoyarán en todo lo que sea necesario y puedan a las poblaciones de esta comarca valenciana para evitar que la planta de basuras proyectada se ubique en Zarra.

Los regantes valencianos de área del Júcar no han utilizado nunca en su totalidad los pozos y los caudales subterráneos que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)y la conselleria de Agricultura pone a su disposición para paliar el recorte de caudales procedentes de los ríos Júcar y Turia como consecuencia de la sequía.

J. Sierra, Valencia

Fuentes de la CHJ obviaron este espinoso asunto y justificaron la existencia de un teórico «excedente» en los costes que genera la explotación de cada uno de estos pozos.
Generalmente -recordaron- el coste de perforar el pozo y la conexión con una red general de riego lo asume el Estado (120 pozos y 23 rebombeos desde 1994) o la Generalitat Valenciana. Sin embargo, el coste del gasóleo o la energía eléctrica utilizada para extraer el agua corre a cargo de los usuarios y supone, a veces, un desembolso «muy importante» y hasta disuasorio, dijeron fuentes de los regantes.
Para 2008, la CHJ ha ofrecido a las distintas comunidades de regantes valencianas 120 pozos y 23 estaciones de rebombeo incluidas dentro de los planes de sequía.
Por sistemas de regadío, la Acequia Real del Júcar dispone de 64 pozos y 1 rebombeo; la Real Acequia de Escalona de 7 pozos; 3 pozos para Carcaixent y 37 más para la Comunidad General del Canal Júcar-Turia.
El Sindicato de Riegos de Sueca dispone, además, de 23 rebombeos que devuelven al arrozal las aguas de inundación. Sin embargo, como subraya el presidente de esta institución José Fortea, la utilización de estos rebombeos está limitada por la contaminación que reciben las aguas en cada uso y que impide crear un verdadero circuito «cerrado» en el arrozal. El Sindicato de Riegos de Cullera, con 6 pozos y 8 rebombeos, es otro ejemplo de reutilización del agua en el arrozal mientras que la Acequia Mayor de la Villa y Honor de Corbera dispone de 3 pozo y 1 rebombeo.
En conjunto la CHJ permite la extracción de 85,5 hm3 de extracciones procedentes de los pozos de los que algo más de la mitad corresponden a la Acequia Real del Júcar mientras que 1/4 de estos caudales- 22,5 Hm3 está asignado al Canal Júcar-Turia. Pese a la magnitud de esta cifra, el volumen asignado no llega a cubrir ni la mitad del agua que las comunidades tienen asignadas por el Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar.
El presidente de la CHJ,Juan José Moragues, preguntado por esta aparente incongruencia, no quiso ser muy explícito y manifestó que muchos regantes prefieren utilizar «la poca o mucha agua» que les llegue barata y caballera por las acequias antes que asumir el coste que representan los pozos. Moragues eludió valorar esta actitud de los regantes e incluso la justificó.
Por su parte, Juan Valero de Palma, secretario general de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, sostiene que alguno de estos pozos que nominalmente figuran en la oferta del ministerio de la Generalitat, no están todavía electrificados y/o motorizados con equipos diésel. En este sentido admite que un pozo que funciona con un grupo electrógeno supone una sangría económica para los agricultores, que prefieren «apañarse» con las escorrentías o retornos que llegan a través de las acequias.
En 2006 se extrajeron unos 41 hectómetros cúbicos de los pozos de sequía mientras que en 2007 apenas llegaron a los 35 hm3.

El nuevo secretario de Medio Rural y del Agua, Josep Puxeu, declaró ayer a LAS PROVINCIAS que las necesidades crecientes de agua en muchas zonas de España obligan a «revisar algunas actuaciones hidrológicas», aunque eludió hablar de que los posibles cambios vayan a llegar al conflictivo tema de los trasvases. En este punto fue tajante al asegurar que «no variará la política general del Gobierno».

Puxeu reconoció que «el fuerte crecimiento demográfico y de las actividades económicas de todo tipo nos obligan a revisar lo que se hace y lo que se puede hacer para cambiar algunas cosas y poder ser más efectivos». Añadió que la propia realidad «del cambio climático, o al menos la agudización de estas fases de sequía, aconsejan también que cambien las actuaciones».

Preguntado otra vez por si eso puede implicar un cambio de actitud del Gobierno respecto a los trasvases, pasando a permitir lo que hasta ahora rechaza de plano, reiteró que «la política general del agua del Gobierno no va a variar».

Sin embargo, el secretario de Estado insistió en que «es nuestra obligación asegurar el suministro suficiente de agua para toda la población y para todos los usos agrarios, industriales, ecológicos, energéticos…»

Sobre el modo en que se puede garantizar ese abastecimiento, dadas las penurias actuales en algunos casos, como en la Comunitat Valenciana, Puxeu volvió a negar que se vaya a dar luz verde a trasvases y, dentro de lo que es la postura oficial del Gobierno, aseguró que lo de Barcelona «no es un trasvase y obedece a la necesidad de actuar para resolver una situación urgente». Pero advirtió que las realidades demográficas y económicas no sólo han evolucionado con fuerza en los últimos años en el área metropolitana de Barcelona sino «en todas partes», y, por tanto, «debemos cambiar conceptos y actuaciones en todas partes donde hay problemas».

Respecto a cómo concretar soluciones a la tremenda escasez de agua para riego agrícola en comarcas de la Comunitat Valenciana como la Ribera del Júcar, el Vinalopó o la Vega Baja del Segura, Puxeu señaló que «en la revisión a la que me refiero deben entrar, antes que nada, las interconexiones de cuencas locales y la potenciación definitiva de las desaladoras».

En este punto lamentó que «el Gobierno se ha gastado en los últimos años 7.000 millones de euros en obras hidráulicas y la pena es que no se ven los resultados prácticos; eso tiene que cambiar, tenemos que buscar soluciones con rapidez».

Sobre la mayor o menor operatividad de desalar agua del mar y si cabe que fuera solución para todas las situaciones de falta de suministro, como por ejemplo comarcas con déficit y a decenas de kilómetros de la costa, el secretario de Estado del Agua concretó que «debemos agotar todas las posibilidades, y la desalación es una de ellas, que todavía no está al máximo y puede ser solución factible para muchas situaciones, incluidos usos agrícolas. Pero para donde no lo sea hay que seguir buscando otras alternativas».

Al requerir a Puxeu que detallase más sobre posibles alternativas a la desalación en esa búsqueda de soluciones, se refirió a la conveniencia de «actuar con más eficacia y rigor en la distribución del agua en alta», es decir, en cuanto a las grandes redes de conducciones de suministro general que parten de los embalses, ríos y canales. Pero en todo caso, si no hay agua en las fuentes tradicionales, sería cuestión de buscarlas nuevas para llenar esas grandes canalizaciones.

Sin embargo, el secretario de Estado repitió que no está previsto, ni el lo propone, que se vaya a cambiar la política gubernamental sobre trasvases. Se limitó a repetir que «debemos buscar soluciones» y que «la sociedad actual y su necesario desarrollo precisan que aseguremos el suministro de agua».

El secretario de Estado señaló además la gran contradicción de que se encuentren en situación tan precaria las reservas de los embalses en la vertiente mediterránea de la Península Ibérica, en tanto que están muy bien los del norte y la mitad occidental, citando expresamente la presa de Alqueva, sobre el río Guadiana pero en el tramo que atraviesa exclusivamente suelo de Portugal, que es de las mayores de Europa y se halla «a rebosar».