Cataluña es una de las comunidades que más está sufriendo las consecuencias de la sequía hasta el extremo de que puede haber restricciones a partir de noviembre en la ciudad de Barcelona.

Ante esta situación, la Generalitat de Cataluña está estudiando varias fórmulas. La oficial hasta las elecciones generales del 9 de marzo, y que cuenta con los parabienes del Ministerio de Medio Ambiente, es que buques cisterna transportarán agua desde la desalinizadora de Carboneras (Almería) hasta Barcelona.

Pero existe otra posibilidad que cada día cobra más fuerza. Un trasvase del Ebro que permita abastecer a la ciudad Condal. El PSC mantiene, por el momento, una posición de cautela, al parecer por el malestar que podría crear entre sus socios de gobierno (Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya), ambos activos antitrasvasistas frente a unos socialistas más posibilistas. Aunque la transferencia hídrica aparece como la solución más económica y duradera que transportarla desde la desalinizadora de Carboneras, como en un primer momento se planteó desde el Govern.

El precio del agua desalinizada y transportada en barco es cinco veces más alta que la que pagan los agricultores en estos momentos y puede ser el doble de cara que la trasvasada.

Los propios expertos del Ministerio de Medio Ambiente sostienen en el estudio La sequía en España que el coste de un hectómetro cúbico de agua desalinizada oscila entre los 0,60 y 0,70 euros. A esta cantidad habría que sumarle el precio del transporte que puede alcanzar los 0,30. Con ello cada hectómetro llevado desde Almería les costaría un euro.

El precio del agua trasvasada depende de la distancia entre el lugar de la toma y el de llegada. Los agricultores valencianos iban a pagar unos 0,45 euros por cada hectómetro cúbico. Los usuarios del Tajo-Segura están pagando alrededor de 0,25. En el caso de que se apruebe la transferencia, el coste no llegaría ni a la mitad de lo que habría que desembolsar por transportar el agua desde la desalinizadora de Carboneras.

Cambio político
Las circunstancias han cambiado desde el pasado 9 de marzo. ERC sufrió un fuerte castigo en las elecciones generales y su posición dentro del tripartito se ha visto debilitada de forma que los socialistas están dejando de lado las iniciales cautelas. El PSC, por el contrario, se ha crecido y se siente más fuerte ante una eventual crisis.

CiU, por su parte, exigió ayer al conseller de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, que dé la cara y explique cuál es la posición del Govern. Además, acusó a los socialistas de engañar a los ciudadanos. Los convergentes no se oponen a los trasvases, aunque se inclina a que haya una transferencia desde el Ródano.

Frente a los problemas políticos que podría causar una decisión de estas características, el tiempo apremia. Sigue sin llover y se acerca el verano. Las soluciones tienen que tomarse de forma inmediata para evitar los cortes de suministro. Y la necesidad puede llevar a que todos los partidos olviden sus principios políticos. Pero el PSC puede convertirse en preso de sus propias palabras y del ambiente antitrasvasista que junto a sus socios ha contribuido a crear. De hecho el Gobierno socialista de Aragón y los regantes catalanes ya han manifestado su rechazo a la actuación.

La cautela es tal que la Generalitat catalana en ningún momento se ha atrevido a llamar al proyecto trasvase. Ha utilizado todo tipo de eufemismos para evitar una palabra que han convertido en políticamente incorrecta. El conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, rizó el rizo y calificó la operación como «captar agua del Segre». Aunque la actuación propuesta es un trasvase intercuencas con todas sus características, como el del Ebro a la Comunitat, el Tajo-Segura o el Júcar Vinalopó.

La primera opción que se plantea el Govern catalán es coger agua del Segre y a través del túnel del Cadí depositarla en el Llobregat a la altura del pantano La Baells. La segunda posibilidad que maneja la Generalitat catalana es prolongar el trasvase que lleva agua del Ebro desde Tortosa a Tarragona. La ampliación consistiría en una canalización de una veintena de kilómetros hasta enlazar con el consorcio de Aigües Ter-Llobregat que permitiría abastecer Barcelona.

La cautela de los socialistas catalanes parece avalada por el silencio que guarda el PSOE y el Ministerio de Medio Ambiente sobre el proyecto. Cristina Narbona, que hoy visita Barcelona, se escudó el lunes para evitar pronunciarse en que sólo es un estudio y que en cualquier caso no se ha presentado una petición formal.

Pero algo ha cambiado en la posición del Ministerio de Medio Ambiente. No hay que olvidar las continuas declaraciones de Narbona durante la pasada legislatura en la que cerraba la puerta a cualquier tipo de trasvase del Ebro. Durante la campaña electoral, los socialistas denunciaron que el PP había abandonado la idea de la transferencia, con lo que había engañado durante ocho años a los valencianos, y defendieron las bondades del Programa Agua. Fue uno de sus principales argumentos de campaña. Ahora esa oposición frontal se ha convertido en un silencio que parece decir mucho más que una declaración formal.

Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente resaltaron ayer que no tienen nada que decir, «ya que se trata de un estudio» y en cualquier caso «es un proyecto de la Generalitat catalana». Las mismas fuentes explicaron que la política hídrica del departamento que dirige Narbona se ha mantenido en la misma línea durante toda la legislatura.

Pero según dicha argumentación, el Ministerio tendría que haber rechazado de plano esta opción. Al menos así actuó cuando se planteó la posibilidad de un pequeño trasvase entre Xerta-Càlig, al norte de Castellón, que no fue aprobado por Medio Ambiente. Ahora, en cambio, todo son cautelas.

El Consell criticó duramente lo que considera una doble vara de medir del Gobierno. Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente explicaron que en coherencia con la política que han mantenido «estamos a favor de un trasvase de las zonas excedentarias a las deficitarias».

Pero en cualquier caso afirmaron que si el trasvase del Segre se aprueba, «nosotros pertenecemos a la Confederación Hidrográfica del Ebro y exigimos los 180 hectómetros cúbicos que nos pertenecen». «No puede haber dos políticas distintas dentro del Estado», sostuvieron las mismas fuentes de forma contundente.

Desde la Conselleria de Medio Ambiente señalaron que los problemas de abastecimiento a los que se enfrenta Cataluña como consecuencia de la sequía «evidencian el fracaso de la política hídrica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y del Programa Agua». «En cuatro años no han traído ni una gota de agua», afirmaron y resaltaron que en el momento «en que se presenta una necesidad no acuden a las desalinizadoras, sino a lo más obvio y la única forma real de hacer frente a la sequía: los trasvases».

El director general de la Fundación Agua y Progreso, José Alberto Comos, también defendió el trasvase «por solidaridad», aunque precisó que ésta deber ser «multidireccional. Desde la Federación Nacional de Regantes (Fenacore) se mostraron partidarios de cualquier trasvase siempre y cuando se acompañe de las medidas necesarias para racionalizar el uso del agua y se minimice el impacto ambiental.

Nueva legislatura, problemas viejos. Aunque el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aún no está constituido, todo parece indicar que tendrá que enfrentarse a los mismos problemas que ya ha arrastrado durante cuatro años. Al menos en lo que a política hídrica se refiere.

Tan sólo han pasado dos semanas de la celebración de las elecciones generales y la guerra del agua ha vuelto a estallar desde varios frentes. Y lo más significativo del caso es que las diferentes propuestas e intenciones de realizar o no trasvases han surgido desde el propio PSOE, lo que sume al partido en una serie de contradicciones y deja a su secretario general, el propio Zapatero, en una situación delicada.

Bien es cierto que el debate en torno al agua nunca ha llegado a desaparecer de la agenda política de los partidos mayoritarios. Durante la campaña electoral, de hecho, el trasvase del Ebro jugó un papel determinante tanto en el PP como en el PSOE, así como durante la legislatura. La inclusión de los trasvases en el programa electoral del PP pero sin citar explícitamente el del Ebro creó en la filas populares más de un quebradero de cabeza y una incógnita que quedó despejada cuando Mariano Rajoy garantizó que llevaría adelante el proyecto si se convertía en presidente del Gobierno.

Tanto en la legislatura como en la campaña electoral se repitió, no obstante, la misma tónica: el PP era el que reclamaba la ejecución de las transferencias de agua mientras el PSOE se oponía. El propio Zapatero aseguró durante la campaña -en una visita a Zaragoza-, que si volvía a ser presidente jamás se haría el trasvase del Ebro. Ahora el debate lo han reabierto los propios socialistas, y en el caso de los catalanes, para mostrarse a favor de una nueva cesión de agua.

Apoyo de ERC
El PSC -que gobierna en coalición con ERC e ICV- se ha mostrado interesado en llevar agua del Segre al Llobregat para abastecer Barcelona. Aseguran que se trata de una medida «de urgencia», que también apoyan sus socios republicanos -han llegado a pedir que no se haga una «batalla política» con la idea-.

Precisamente, el PP -sobre todo el valenciano- siempre ha atribuido a ERC y a su líder, Josep Lluís Carod-Rovira, las presiones que llevaron al primer Ejecutivo de Zapatero a derogar el trasvase del Ebro -fue su primera decisión importante como Gobierno-.

La petición de los socialistas catalanes de transferir aguas del Segre a Barcelona echa también por tierra la teoría de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, según la cual los votos ganados por el PSOE en Cataluña son un reflejo de cómo ha calado la política antitrasvasista del Gobierno central. Tal vez fuera así, pero el hecho de que el PSC se desmarque ahora -aunque sea de manera puntual- de esas directrices, sumado a que haya anunciado sus intenciones cuando ya han pasado las elecciones no es algo que haya pasado desapercibido.

En Castilla-La Mancha la postura de los socialistas sí se ajusta a los principios antitrasvase del PSOE, y es por tanto opuesta a la de Cataluña. Los socialistas, que también gobiernan en esa comunidad, han reiterado estos días su intención de poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura. Aunque la idea no es nueva, ha vuelto a suscitar dudas en el sur de la Comunitat y en Murcia sobre cómo se podrán abastecer los campos si la obra se paraliza.

Se trata, además, de una limitación -fijada en 2015- que se incluye en el Estatuto de Autonomía manchego, ya aprobado por las Cortes de Castilla-La Mancha pero pendiente de su ratificación definitiva en las Cortes Generales. La revisión del texto -en el que se incluye la fecha tope de 2015 para la obra- se prevé para finales de abril y supondrá, casi con total seguridad, la presentación de recursos por parte de otras administraciones, como es el caso de la valenciana.

El tercer frente abierto estos días a cuenta del agua está directamente relacionado con el caso de Castilla-La Mancha y ha llegado desde Murcia. El PSOE de esa comunidad ya ha advertido a sus compañeros de filas de que no permitirán que se limite el Tajo-Segura. Una batalla entre filas en la que Ferraz o el Gobierno deberán poner orden.

El PP valenciano no ha perdido la oportunidad de dejarse oír sobre toda esta polémica. El portavoz de Medio Ambiente del grupo parlamentario popular en Les Corts, David Serra, aseguró ayer que los votos que consiguió el PP en la Comunitat Valenciana, Murcia y la provincia de Almería en las elecciones del 9 de marzo, «tienen que hacer cambiar la política hídrica del nuevo Gobierno central».

Serra señaló que el programa AGUA del Gobierno central ha sido un fracaso, «tal y como ha quedado demostrado en las últimas elecciones en las que, en circunscripciones con necesidades hídricas, como Murcia, Alicante, Valencia, Castellón e incluso Almería, los resultado electorales avalan las reivindicaciones y políticas hídricas del PP».

Desalinizadoras
Además, Serra explicó que la implantación «masiva» de desalinizadoras «no sólo no convence a los ciudadanos, sino que ha quedado patente que el agua que proviene de la desalinización no sirve para el uso agrícola». Por ello, afirmó que el PP «rechazará siempre el plan masivo de implantación de desalinizadoras orquestado por el Gobierno del presidente en funciones.

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunitat, Antoni Bernabé, manifestó que la política del agua es «una cuestión de Estado que los españoles han avalado con sus votos».

Bernabé indicó que la política hídrica que lleva a cabo el Gobierno de Rodríguez Zapatero es «la que defiende y promueve la UE y en la que coinciden la mayor parte de expertos a nivel mundial», ya que, según dijo, «está basada en la gestión de los recursos hídricos y en actuaciones modernas».

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) está revisando los pozos de riego agrícola que considera que se encuentran en situación sospechosa, es decir, no acorde con la legalidad, y en algunos casos está comprobando que así es, por lo que obliga a sus dueños a renovar los expedientes de concesión de agua, ajustándose a la normativa. Los propietarios a quienes se les descubren irregularidades en sus perforaciones, o en el uso del agua, pueden ser sancionados y deben regularizar su situación, pero los pozos con anomalías más graves, que resultan no legalizables, son clausurados.

A punto de completarse el proceso definitivo de inscripción en el Catálogo de Aguas Privadas de los pozos de riego que solicitaron en su día tal inclusión, por existir desde antes de la nueva ley de Aguas (en vigor desde el 1 de enero de 1986), las inspecciones -y las posibles sanciones- se centran ahora sobre todo en perforaciones que se autorizaron en su día para extraer un máximo de 7.000 metros cúbicos de agua al año.

Esta modalidad ha sido muy utilizada para realizar pozos y disponer de agua con cierta rapidez, puesto que se trata de caudales pequeños y la ley prevé para estos casos procedimientos de solicitud y autorización bastante simplificados, que se resuelven en pocas semanas. Sin embargo, la Administración hidrológica ha comprobado que esta parte de la normativa se ha había convertido en una especie de coladero para tratar de consumar situaciones que no se ajustaban a lo solicitado y previsto sobre el papel.

Ante la lentitud y las trabas administrativas para conceder permisos de pozos, empresas de perforación y gestores de tal materia recomendaron durante tiempo a sus clientes seguir este procedimiento para disponer con rapidez de agua para sus explotaciones agrarias, granjas, casas de campo, industrias, etc. En unos casos, los hechos se ajustaban a lo pedido, pero en otros no. Los usuarios seguían el camino señalado por amigos, conocidos o los mismos perforadores e invirtieron en las obras para asegurarse con rapidez el duficiente suministro de agua. La realidad fue que se consolidó una extendida irregularidad, que ahora está en fase de revisión.

Los pozos con una concesión máxima anual de 7.000 metros cúbicos de agua, además de esta limitación tienen otra muy importante: los caudales extraídos no pueden salir fuera de la parcela catastral donde está ubicada la perforación. Como la mayoría de ellos se hicieron para regar cultivos agrícolas (naranjos, principalmente), abundan las situaciones en las que el agua se emplea para regar en otras parcelas distintas, lo que es fácilmente comprobable por parte de los inspectores de la Confederación.

Los 7.000 metros cúbicos dan para regar poco más de una hectárea durante un año y un elevado porcentaje de las parcelas catastrales de las zonas de regadío suelen tener menos de una hectárea, así que, una de tres, o se comprueba un consumo mayor a través del obligatorio contador de agua, o bien por las facturas del gasto eléctrico, o se verifica fácilmente que se riegan también parcelas distintas a la del pozo.

El recurso a las solicitudes de 7.000 metros cúbicos fue muy utilizado años atrás para disponer de agua rápida. Sus promotores pudieron pedir después la ampliación, de acuerdo con su realidad, pero tal vez las facilidades del proceso favorecieron que creyeran que ya estaba todo cumplimentado. Pero no es así. También se dan casos en los que se carece de documentación. Simplemente se hicieron los pozos, sin realizar ningún trámite, o sin pasar de su inicio.

Los propietarios de pozos con irregularidades de este tipo se enfrentan ahora a sanciones que pueden ser importantes (de varios miles de euros) y a realizar los trámites que obviaron en su día para legalizar su situación, pero los casos que no son legalizables terminan con la clausura de las perforaciones.

Una salvedad a toda esta problemática la constituyen pozos que tienen asignadas superficies de riego que cuentan a la vez con derechos de agua de otras comunidades de regantes, bien subterránea o superficial. En estos casos, la CHJ considera que hay una «duplicidad de caudales» que no debe consentir y obliga a los agricultores a que elijan de dónde quieren regar y que renuncien a lo demás. Sin embargo, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) reclama a la autoridad hidrológica que comprenda que no hay duplicidad, porque nadie riega dos veces seguidas el mismo campo, y que si alguien tiene derechos de más de una fuente es porque los paga, para asegurarse el riego en casos de averías o sequías.

Los agricultores alicantinos integrados en el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) tendrán que afrontar un duro final de año hidrológico salvo milagro meteorológico, porque no hay agua disponible para sus cultivos a ningún precio y sólo les quedan reservas en sus balsas para afrontar, como mucho, la primavera que está a punto de comenzar.

Así lo admitió ayer el vicepresidente del Scrats y presidente de Riegos de Levante, Manuel Serrano, quien desveló que la crítica situación de la cabecera del Tajo les va a impedir hacer efectiva la compra de los 34 hectómetros cúbicos de agua que ya estaba pactada con la Comunidad de Riego de Estremera, en Madrid. «Cualquier posible solución que se pueda adoptar para paliar esta situación queda ahora a expensas de la reunión que mantendremos después de Semana Santa con los responsables del Ministerio de Medio Ambiente», precisó Serrano.

Las reservas de los pantanos de Entrepeñas y Buendía -de los que se nutre la cuenca del Segura- han descendido esta semana hasta los 279 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone que ya sólo les quedan 39 hm3 disponibles para trasvasar, pues la reserva estratégica por debajo de la cual está prohibido hacer transferencias está fijada en 240 hm3.

Esta circunstancia ya ha empezado a tener consecuencias incluso antes de la que la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura se reúna para decidir sobre un nuevo trasvase correspondiente al tercer trimestre del año hidrológico. A los embalses de la cabecera del Tajo sólo les quedan 39 hectómetros cúbicos para trasvasar y, si es que se autoriza una nueva transferencia esta primavera, Serrano tiene bastante asumido que «será muy reducida y exclusivamente para consumo humano».

Lo peor de todo es que también va a impedir a los regantes del Scrats recibir los 34 hectómetros cúbicos correspondientes a la operación de compra venta de los derechos de esos caudales que, como en los dos últimos años, estaba pactada con la Comunidad de Riego de Estremera, a un precio de 20 céntimos de euro por metro cúbico.

El campo, una vez más, será el gran perjudicado, ya que no sólo tendrá que olvidarse de recibir un riego de socorro de aquí hasta el final del año hidrológico, sino que ve cómo las posibilidades de obtener algún recurso alternativo se reducen de forma considerable.

Serrano señala que una de las pocas alternativas que quedan para obtener recursos que permitan, si no salvar las cosechas al menos sí el arbolado, pasan por que «el Ministerio de Medio Ambiente autorice la apertura de pozos en el Sinclinal de Calasparra», un acuífero perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Segura del que desde noviembre de 2006 no se han vuelto a realizar extracciones para permitir su recuperación.

La otra posibilidad pasa por que la Mancomunidad de Canales del Taibilla amortice la deuda de caudales que contrajo con los regantes en 2003, cuando se desviaron 40 hm3 destinados a riego para garantizar el suministro a las poblaciones. Casi la mitad de esa cantidad ya se devolvió el año pasado, pero todavía quedan pendientes otros 20 hectómetros cúbicos que este año pueden ser vitales para el campo.

El problema radica en que si no llega agua del Tajo, la Mancomunidad de Canales del Taibilla se enfrenta a serias dificultades no ya sólo para devolver esos caudales, sino incluso para garantizar el suministro, tal y como se encargó de advertir el comité ejecutivo de este organismo, que abastece de agua a 79 municipios de Alicante, Murcia y Almería. Por ello, el vicepresidente del Scrats también señaló que la puesta en marcha de las desalinizadoras que están ya acabadas y pendientes exclusivamente de autorización administrativa para empezar a producir agua -Valdelentisco en Cartagena y Alicante II- puede marcar la diferencia entre disponer de ese riego de socorro o no.

La evolución de las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la de los pantanos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) siguen caminos completamente opuestos. La cuenca del Júcar ha experimentado durante todo el invierno un incremento lento pero constante en la cantidad de agua embalsada. En la última semana ha recuperado otros 4,04 hectómetros cúbicos y ya almacena 768,78, lo que supone un 22,97% de su capacidad total, según informaron ayer fuentes de este organismo regulador.

Aunque la situación de alerta por sequía se mantiene, fundamentalmente porque los embalses de cabecera siguen bajo mínimos, las lluvias han dejado registros por encima de la media durante este invierno en la mitad norte de la Comunitat Valenciana, lo cual ha incidido en las aportaciones en los embalses.

Por contra, en la mitad sur, sólo la Marina Alta y el interior de la Marina Baja han superado la media de precipitaciones este invierno. En el resto de la provincia las lluvias han sido testimoniales y la cuenca del Segura se ha resentido tras un otoño húmedo. En la última semana los embalses de la CHS han perdido otros 5 hectómetros cúbicos y en su conjunto almacenan 210, apenas el 18% de su capacidad total. La situación, con ser crítica, no es peor que en 2007.

El año pasado por estas fechas había incluso 20 hm3 menos almacenados. Sin embargo, lo que marca la diferencia es la nula perspectiva de recibir aportaciones de la cabecera del Tajo, pues al principal surtidor de la cuenca del Segura sólo le quedan 39 hm3 trasvasables.

La Mancomunidad de Canales del Taibilla alertó ayer sobre la grave situación de sequía en la cabecera del Tajo que puede, a corto plazo, imposibilitar legalmente un trasvase a la cuenca del Segura. Por ello, los responsables del caudal del río Tajo han tomado medidas para mejorar el volumen de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía, garantizando así el suministro de agua hasta el final del año hidrológico.

El comité ejecutivo de Canales del Taibilla ha decidido tomar medidas ante esta situación, por lo que ha ratificado el precontrato de compra de agua a los regantes de Aranjuez , lo que mejorará el volumen de agua almacenado en la cabecera del Tajo.

Isidoro Carrillo se nmostró esperanzado con el hecho de que con estas actuaciones, la contención de la demanda y la puesta en marcha de nuevas desalinizadoras se pueda garantizar el suministro hasta el final del año hidrológico.

Carrillo señaló, al término de la reunión del comité ejecutivo de este organismo -que gestiona el agua para el suministro humano a más de 70 ayuntamientos de Murcia, Alicante y Albacete- que el consumo en estos seis meses del año hidrológico se ha incrementado sólo un 0,5 por ciento.

Niveles críticos
La sequía, sin embargo, es muy grave en el Taibilla y en el río Tajo, señaló este responsable, que informó que «en la cabecera de este río los volúmenes almacenados no superan los 280 hectómetros cúbicos, con aportaciones mínimas históricas en la cabecera del Tajo».

Las bajas aportaciones hídricas en las cabeceras de estos ríos han generado, en palabras del mismo Isidoro Carrillo, «un muy significativo incremento de la posibilidad de que el volumen almacenado alcance los 240 hectómetros cúbicos. En caso de que se llegara a este nivel en las cabeceras de los respectivos ríos, se daría una situación de imposibilidad legal de realizar trasvase alguno con destino al abastecimiento del Taibilla».

Del mismo modo, la Mancomunidad de Canales del Taibilla ha intensificado los controles de consumo de agua y las prohibiciones a los ayuntamientos que la integran, y ha apelado a los municipios para que intensifiquen las medidas establecidas en el Protocolo de Situaciones de Sequía.

Los regantes y los agricultores de Sagunto afectados por la oleada de robos de contadores han encontrado una solución práctica a su problema: contadores de plástico o hierro de fundición.

Estas instalaciones, que realizan una función similar al de las infraestructuras que existen actualmente en los campos, no contienen cobre y, por tanto, carecen de atractivo para los ladrones de este material tan valioso que después venden en el mercado negro.

Según informó el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) en Sagunto, Francisco Campillo, los afectados tratan de contactar con mercantiles que fabriquen este producto.

«Estamos buscando empresas del sector que hagan este tipo de contadores de plástico o hierro de fundición, porque no contienen cobre y pensamos que con la instalación se esta maquinaria se evitarán los robos», explicó Campillo.

Otro punto a favor de estas infraestructuras es su menor coste, ya que están construidas con materiales «mucho más baratos», apuntó el representante de AVA.

En la actualidad, existen en Sagunto dos contadores de grandes dimensiones que están fabricados con hierro de fundición y «estos no han sufrido ningún robo». La idea ahora es renovar los tradicionales que llevan cobre por estos más prácticos y menos susceptibles de ser sustraídos. Y es que los daños que han ocasionado los hurtos en las instalaciones agrícolas ha afectado y mucho al sector.

Aunque sería demasiado simplista reducir los problemas del PSOE para crecer en Alicante a la derogación del trasvase del Ebro, lo cierto es que esa decisión sigue pesando, cuatro años después, como una losa. Y eso que en esta campaña electoral el PP ha caído en no pocas contradicciones por la calculada ambigüedad de su discurso para contentar al mismo tiempo a aragoneses, que se oponen frontalmente, y valencianos y murcianos, que como es sabido, quieren retomar el proyecto a toda costa.

El principal bagaje del Ejecutivo presidido por Rodríguez Zapatero durante la pasada legislatura fue garantizar el abastecimiento de agua potable a la población sin un solo corte en el suministro a pesar de que las regiones del sureste peninsular atraviesan una de las peores sequías del último siglo.

El rédito electoral ha sido, no obstante, escaso, y las dudas sobre el Programa Agua no se han disipado, pero las urnas le han concedido otros cuatro años para demostrar que las actuaciones previstas van a garantizar de por vida el suministro de agua tanto a las poblaciones como a los regadíos de Alicante.

La punta de lanza del plan del Ministerio de Medio Ambiente para incrementar los recursos hídricos en la España seca son las desalinizadoras, aunque los flancos en los que se actúan van desde la reutilización de las aguas depuradas hasta la modernización de regadíos, entre otras. El PP siempre ha defendido que esas medidas pueden ser efectivas como recurso complementario, pero que son insuficientes para aportar los recursos hídricos que necesitan la Comunitat Valenciana y Murcia.

Más pronto que tarde se disiparán las dudas, pues en menos de un año acabarán las obras de las dos principales infraestructuras hídricas impulsadas por el actual Gobierno: la desalinizadora de Torrevieja y un trasvase Júcar-Vinalopó que poco o nada tiene que ver con el que aprobó el PP. Ninguno de los dos proyectos entusiasma a los regantes, aunque la resistencia numantina que plantearon nada más derogarse el anterior Plan Hidrológico Nacional ha dado paso a un periodo de distensión que puede facilitar el encauzamiento de las relaciones entre dos partes que están condenadas a entenderse.

Deslealtades institucionales al margen, que las ha habido con el boicoteo de la Generalitat tanto al nuevo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó como a la desalinizadora de Torrevieja, buena parte de culpa de esa falta de sintonía con los agricultores la ha tenido el Gobierno por su falta de mano izquierda, ya que el principal reproche que le han hecho es que no les han tenido en cuenta ni en una sola de las decisiones que les afectan.

En cualquier caso, si en los cuatro años que tiene por delante es capaz de poner a su disposición todo el agua que necesitan para mantener unos cultivos que, a diferencia de otros, son rentables sin estar subvencionados, lo de menos será cómo y de dónde viene. Mientras el agua sea de calidad y se ofrezca a un precio que los regantes puedan asumir, evitará de una vez por todas que la guerra del agua acabe siendo la de los cien años.

La fecha de llegada del AVE ha monopolizado el debate entre los dos partidos mayoritarios a pesar de llevarse buena parte de las inversiones en infraestructuras estratégicas. En los últimos cuatro años ha licitado todos los tramos -algunos ya en obras- salvo la estación Intermodal de Alicante, que dicho sea de paso, no es una cuenta pendiente menor.

Si desbloquea pronto y no surgen demasiados contratiempos, Zapatero estará en disposición de llegar en el AVE a Alicante en 2012, justo a tiempo para hacerse una foto impagable de campaña, si es que para entonces aún opta a la reelección como presidente del Gobierno.

Desde la Generalitat han hecho de este asunto uno de los caballos de batalla permanente, aunque en las últimas fechas también se ha sumado la reivindicación de duplicar el corredor mediterráneo para el AVE y las mercancías.

No obstante, la gran asignatura pendiente sigue siendo la modernización y el desarrollo de la red de Cercanías, pues la apertura de la línea Alicante-San Vicente no puede esconder que la inversión en este apartado deja mucho que desear. No en vano, las líneas Alicante-Murcia, Gandia-Dénia y Alcoy-Xàtiva han sido las grandes olvidadas.

El Consell quiere firmar de una vez por todas el protocolo con el Ministerio de Fomento que incluya las inversiones necesarias para el desarrollo y modernización de estas líneas como requisito indispensable para asumir su gestión.

También se pretende abordar el desarrollo de la línea de tren regional de velocidad alta que conecte Alicante y Valencia con un trazado paralelo al de la autopista AP-7. Esta nueva línea permitiría a Benidorm contar con una conexión ferroviaria de la que adolece, todo un agravio comparativo para una urbe de 200.000 habitantes que en verano supera los 500.000.

A falta de competencias para impulsar la red de Cercanías, la Generalitat sigue con la renovación y ampliación de la línea del trenet Alicante-Dénia, que se completará en 2009. Además, ha iniciado los estudios para implantar una red de bus guiado en diferentes núcleos de población como Elda-Petrer, Elche, Benidorm o la línea Alicante-El Altet-Torrevieja, si bien, tardará aún bastante tiempo en cristalizar.

Otro de los proyectos que va tomando forma es la ampliación de El Altet. Para que entre en funcionamiento la nueva terminal del aeropuerto, que permitirá duplicar su capacidad operativa, habrá que esperar como mucho dos años. Una vez que entre en funcionamiento, cumplirá con una de las reivindicaciones históricas de la patronal y el Gobierno autonómico, pero tendrá que lidiar con dos nuevos retos: la demanda de una segunda pista de aterrizaje y la pretensión del Consell de participar con el Ministerio de Fomento en la gestión de los aeropuertos de la Comunitat Valenciana con un modelo similar al que ya se aplica en la gestión de los puertos.

En materia de construcción de carreteras, el Gobierno tiene a su alcance una segunda legislatura más fructífera que la primera, en la que el hito más destacado fue la apertura de la nueva autopista de circunvalación de Alicante y las obras complementarias incluidas en la concesión como la ampliación del Camino de Castilla, la variante de El Campello o el tercer carril de la A-70 de Alicante a Elche.

Dentro de un año está previsto que acaben las obras que completarán la Autovía Central y el desdoblamiento de la N-332 en la Vega Baja. Otro de los grandes retos será avanzar en la tramitación y ejecución de la autovía que atravesará Villena y Font de la Figuera para unir Murcia y Valencia por el interior.

Medidas especiales de vigilancia y prevención durante Semana Santa ante el riesgo máximo de incendios forestales. Las escasas lluvias caídas durante los meses de invierno en la Comunitat y la posibilidad de fuertes rachas de viento, como las registradas en los últimos días, amenazan este año con multiplicar el peligro de que se originen fuegos. Por ello, la Generalitat ha establecido el nivel 3 de preemergencia -el más elevado- con vigilancia aérea y terrestre durante día y noche.

«Vamos a reforzar las labores de vigilancia en un invierno seco y con condiciones meteorológicas de mucho viento. Hemos decretado el nivel de preemergencia 3 para anticiparnos y reaccionar de la manera más efectiva posible ante cualquier conato», explicó ayer el conseller de Gobernación, Serafín Castellano.

Ante el mayor riesgo de incendios forestales -la ausencia de lluvias hace que la superficie de tierra cada vez esté más seca-, el Plan Especial de Vigilancia y Prevención contará este año con más de 4.000 efectivos y 800 vehículos. La cifra supone 2.500 personas más que las destinadas para la misma labor el año pasado durante Semana Santa y Pascua.

Otros 60 agentes de la Policía de la Generalitat realizarán rutas de vigilancia preventiva en los parajes de mayor valor ecológico y que registren más afluencia de gente como la Sierra Calderona, el Montgó, el parque natural del Hondo, las Lagunas de la Mata o el desierto de las Palmas. En ellos y en el resto de espacios forestales de la Comunitat Valenciana, se establecerán labores de vigilancia aérea y terrestre, estas tanto de día como de noche. Tres aviones semipesados Air Tractor realizarán rutas de vigilancia aérea en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón.

El refuerzo de este año también incluye que las brigadas helitrasportadas de la Generalitat «alargarán una hora más su jornada laboral», explicó Castellano.

El dispositivo, que se pondrá en marcha el próximo 20 de marzo y se prolongará hasta el día 31, establece otras medidas especiales, como la prohibición de quemas durante ese periodo. «No se podrá hacer quemas agrícolas ni llevar a cabo actividad de riesgo en terreno forestal o al menos a 500 metros de una masa forestal», comentó Castellano. Y todas las autorizaciones que pudieran existir, quedarán anuladas.

Las medidas preventivas no incluyen, en cambio, restricciones en el uso de fuego en lugares recreativos y autorizados. Al menos, siempre que la alerta meteorológica decretada no sea de nivel 3. Si es así quedará prohibido hacer fuego incluso en las áreas recreativas autorizadas.

Durante estas fechas se incrementa la afluencia de gente a espacios naturales por lo que el conseller de Gobernación hizo un llamamiento a los valencianos. «Que utilicen y disfruten de nuestros espacios medioambientales desde el respeto, la prudencia, la responsabilidad y cumpliendo las indicaciones de preemergencia que hemos establecido», pidió Serafín Castellano.

Y es que, como explicó el conseller de Gobernación, «el nivel naranja de estos días con viento y el invierno sin lluvias indica que no bajemos la guardia y estemos siempre en tensión para anticiparnos y para reaccionar ante cualquier incendio en la Comunitat».

Por último, el servicio del 112 incrementará un 11,6% el personal durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Los mayores refuerzos se darán en la noche del jueves 20 de marzo así como en la mañana del lunes 24 donde el incremento será del 100%, coincidiendo con la operación salida y retorno.

Esas dos jornadas trabajarán 34 operadores, 11 coordinadores y tres supervisores, lo que suma un total de 48 personas -frente a las 29 que lo hacen un día normal-.

Embalses
Pese a las escasas lluvias registradas durante los meses de invierno, la semana pasada las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ganaron 5,72 hectómetros cúbicos. De los 27 embalses, 13 han aumentado el nivel de agua almacenada, 10 lo han disminuido, dos han mantenido el mismo caudal y otros dos no contienen agua.

«El embalse que ha registrado el incremento de agua más importante ha sido el de Tous-La Ribera, en el sistema Júcar-Turia, que ha recibido 6,71 hectómetros cúbicos, situándose al 34,16% de los 378,6 hectómetros cúbicos de su capacidad total», explicaron fuentes oficiales de la CHJ.

El descenso más significativo se ha registrado en el embalse de Cortes II, que ha perdido 4,83 hectómetros cúbicos, y queda al 92,53 por ciento de su capacidad, de 118 hectómetros cúbicos.

Por sistemas, el de la Marina Baja/Serpis se encuentra al 85,46% de su capacidad, el de Palancia/Mijares/Cenia al 60,70%, el del Turia al 41,89% y el de Júcar, que está al 16,27%.

Una superficie de 821 kilómetros cuadrados de la Comunitat Valenciana forma parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, lo que supone el 0,97% de su extensión total. La cuenca del Ebro es la más grande de España al incluir ocho comunidades autónomas.

Cada año el caudal del Ebro recibe una cantidad de agua, que oscila según la pluviometría, entre los 50 y los 80 hectómetros cúbicos de procedente de la Comunitat a través del río Bergantes, que nace en la comarca castellonense de Els Ports con una longitud de apenas 60 kilómetros.

El Bergantes, que se forma a la altura de Forcall, punto donde se unen tres ríos diferentes, atraviesa Els Ports para desembocar en el Guadalope justo antes del embalse de Calanda en la provincia de Teruel. El río es el principal afluente de la margen derecha del Ebro.

La Comunitat, de esta forma, tiene derecho a recibir del Ebro cada año unos 180 hectómetros cúbicos de agua al estar integrada en la Confederación Hidrográfica. Una cantidad que supone prácticamente la mitad de la prevista en el trasvase del Ebro, derogado por el Gobierno socialista, para la Comunitat Valenciana.

El caudal medio anual del Ebro supera los 18.000 hectómetros cúbicos. Si prácticamente el 1% del territorio de la Confederación pertenece a la Comunitat, ésta tendría que recibir un porcentaje similar del agua que cada año discurre por el cauce. Algo que no se está produciendo en estos momentos.

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha aprobado la apertura de dos pozos de sequía en las localidades de Morella y Forcall, con una captación de 30 y 85 litros por segundo respectivamente, para abastecer a 8.000 habitantes de la comarca castellonense. La actuación es una de las pocas realizadas para que el agua que sale de la Comunitat también se utilice en ella.

Tras la aprobación por el Gobierno del PP del Plan Hidrológico Nacional (PHN) en 2001, se abrió lo que se ha conocido como la guerra del agua. El PSOE, desde el primer momento, se opuso al trasvase del Ebro.

Los socialistas valencianos secundaron la posición de Madrid, pero el entonces secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, propuso un minitrasvase entre las localidades de Xerta y Tàlig, en las provincias de Tarragona y Castellón.

La posibilidad abierta por Pla, que permitiría a la Comunitat aprovechar las aguas del Bergantes, ya no ha sido contemplada por el PSOE, ni tiene presente ninguna otra alternativa para que Valencia reciba la parte de los recursos que le corresponden por formar parte de la Confederación.

La situación con el río Bergantes es similar a la del Júcar. Los regantes históricos se encuentran en las comarcas valencianas de la Ribera y la Costera. Desde hace unos años, parte del agua destinada al riego está siendo utilizada por los agricultores de Albacete para cultivos muchos menos rentables que los valencianos. que se encuentran subvencionados en gran parte por la Unión Europea. Los trabajadores del campo albaceteños, integrados en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) reivindican que también tienen derecho a parte del agua del río que atraviesa su territorio.

El conseller de Medio Ambiente y Agua, José Ramón García Antón, sostiene la necesidad de que se reconozca el derecho de la Comunitat Valenciana a recibir agua de la cuenca del Ebro con dos argumentos. Por un lado, recuerda el aporte de recursos que se realiza desde Castellón y, por otro, sostiene que Valencia es parte de la Confederación Hidrográfica.

Agua del Ebro
Tras analizar los datos, se ha comprobado que desde el año 1940 el río Ebro vierte al mar Mediterráneo una media anual de 11.750 hectómetros cúbicos. Con esta cantidad, no solo se cubren las necesidades hídricas de Aragón sino que algo menos de la mitad serían sobrantes de agua que se podrían destinar a otras regiones de España que tenga un déficit estructural. La cantidad prevista por el PHN para la Comunitat Valenciana está cifrada en 350 hectómetros cúbicos.

El agua del Ebro debe cubrir las necesidades del Pacto del Agua de Aragón, ya contemplado en el PHN. En estos momentos, se están utilizando ya 3.600 hectómetros cúbicos y para atender las nuevas demandas se han destinado 2.100. A estas cantidades hay que sumar lo que se considera reserva estratégica (850 hectómetros cúbicos) con lo que se alcanzan 6.550 hectómetros cúbicos de los 11.750 que se vierten al mar.

Si además se le resta el caudal ecológico (calculado en unos 3.150 hectómetros cúbicos anuales) quedan como excedentes 5.200 hectómetros cúbicos que pueden ser utilizados para trasvasar en lugar de perderse cada año en el mar.

El trasvase previsto para la Comunitat Valenciana es de 350 hectómetros cúbicos, lo que supone el 7% del agua del Ebro que nadie utiliza y que cada año se vierta al mar.

La cantidad total de agua prevista para trasvasar del Ebro a las comunidades de Valencia, Murcia y Andalucía suma 1.050 hectómetros cúbicos anuales, únicamente el 20% de los recursos hídricos que cada año el río tira al mar. Más de 4.000 hectómetros de agua seguirían así llegando al mar y el impacto medioambiental que podría causar una transferencia sería, en todo caso, muy pequeño.