El PP valenciano mantiene el trasvase del agua del Ebro a la Comunitat Valenciana. El portavoz popular y número uno al congreso por Valencia, Esteban González Pons, marcó ayer un plazo máximo de diez años para la ejecución del proyecto en el caso de que Mariano Rajoy gane las elecciones generales del 9 de marzo.

Pero los agricultores no quedarán desamparados mientras se realizan las obras. En un acto público en Torrent y ante decenas de labradores, González Pons anunció que pedirá una línea especial de ayudas a la Unión Europea a través del Fondo de Medio Ambiente «para que la Comunitat no se convierta en un desierto».

González Pons señaló que la llegada del agua del Ebro se producirá después de haber cubierto todas las necesidades del Pacto del Agua con Aragón, «por lo que el agua que llegará será limpia».

Las palabras del número por valencia las ratificaron el también candidato Vicente Ferrer y el secretario regional del PP, Ricardo Costa. Ambos señalaron que el trasvase del agua del Ebro se realizará si Rajoy gana las elecciones del 9 de marzo. Costa en Benissa confirmó que este proyecto estará incluido en el programa electoral.

Durante su intervención ante los cerca de 200 agricultores que se dieron cita en Torrent, González Pons criticó las desalinizadoras que se incluyen en el Programa Agua del Gobierno de Zapatero. El candidato del PP apuntó que estas instalaciones son «las centrales nucleares del mar, por lo que el agua que sacan es sucia y mortal para los productos agrícolas». La línea de ayudas que pedirá el PP a la UE mientras se ejecuta el trasvase persigue que la Comunitat «no se convierta en un desierto».

Varios miembros del Foro Solidario por el Agua y el Medio Ambiente estuvieron presentes en el acto. Los integrantes de este grupo entregaron a González Pons varias garrafas llenas con agua del Ebro y del Bergantes. También trasladarán algunos de estos recipientes a La Moncloa para exigir al presidente Rodríguez Zapatero que ejecute el trasvase a la Comunitat.

González Pons añadió que la legislatura comenzó con la derogación del Plan Hidrológico Nacional por parte del Ejecutivo de Zapatero: «Y ahora, después de que se nos niega el agua, finaliza con un proyecto para llevar agua desalada a Barcelona desde la Comunitat Valenciana, Murcia y Almería». Una solución que el dirigente popular conoció el sábado por la noche a través de un programa emitido en TV3: «Incluso salió un mapa de por dónde se canalizará la llegada del agua desalada».

Antes de comenzar el acto, el número de la lista del PP por Valencia habló con el presidente del Tribunal de las Aguas, Víctor Fabián. «Me ha dicho que el agua de motor a riego cuesta 20 céntimos por metro cúbico, pero el agua de desalinizadora costará 70 céntimos». González Pons criticó que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero «haya proyectado veinte desalinizadoras» en territorio valenciana.

La defensa de la llegada de agua del Ebro a la Comunitat ha provocado una brecha en las filas del partido a nivel nacional. El PP de Aragón mostró su rechazó a la inclusión del trasvase en el programa electoral. Incluso su presidente, Gustavo Alcalde, amenazó con dimitir. Para hoy estaba convocada la junta directiva regional del partido en Aragón, pero finalmente se ha suspendido.

A pesar de las protestas de comunidades vecinas, el número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, aseguró que los trasvase del Ebro y del Júcar al Vinalopó «son inherentes a la victoria de Rajoy el 9 de marzo».

Cristina Narbona aprovechó ayer su visita relámpago a una desalinizadora en Alicante y a varias obras de su Ministerio en la Comunitat para reabrir la guerra del agua a pocas semanas de las elecciones generales. La ministra de Medio Ambiente defendió la utilización del agua desalinizada frente a la del trasvase, pese a la opinión de los expertos de su departamento, y acusó a los populares de tener un doble discurso.

La escenificación estaba perfectamente planificada. Narbona dio la rueda de prensa en la desalinizadora de Alicante ante una inmensa fotografía del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la entonces ministra de Medio Ambiente del PP, Elvira Rodríguez, bebiendo agua desalinizada tras la inauguración de la primera fase de la planta en 2003.

Ya en su primera parada de la gira valenciana, en la desalinizadora de Alicante, Narbona arremetió contra los críticos con la desalación. En la comparecencia ante los medios de comunicación, la ministra se aferró a la tesis de que el agua desalinizada tiene un precio bajo contradiciendo así la opinión de los expertos de su propio departamento.

Según la ministra, el agua desalinizada «cuesta 500 veces menos que un litro de agua embotellada» y recalcó que la desalación es «la única tecnología que permite garantizar agua llueva o no llueva», según la agencia Efe.

La opinión contrasta abiertamente con la del Comité de Expertos contra la Sequía del Ministerio de Medio Ambiente, plasmada en el libro La sequía en España. Directrices para minimizar su impacto, presentado la pasada semana en Valencia.

Tal y como señalan en la conclusión 17, escrita con el consenso de todos los autores del estudio, «la desalación, a pesar del considerable progreso que ha tenido en los últimos años, continúa siendo una fuente de agua no convencional (…). En la actualidad, esta técnica es todavía muy cara como para convertirse en la fuente principal de agua dulce, a lo que se añaden una serie de retos sociales, ambientales y tecnológicos que todavía hay que superar».

Pero la ministra mantiene inamovible su argumentación. «Lo más importante es que el coste de producir agua cada vez es menor; hoy es la mitad de lo que era hace diez años, porque el principal coste de producir agua a partir del mar es el necesario consumo de energía, y el consumo de energía se ha reducido en diez años a la mitad», afirmó.

La titular del departamento se refirió al informe de los expertos y resaltó que la intención del Ministerio es que quieren que la tecnología de desalación «vaya a mejor» y para ello «escucha a los expertos independientes y cuyas sugerencias son oídas por el Gobierno para seguir mejorando en esta tecnología».

Además, Narbona consideró «fundamental» que los ciudadanos «conozcan con detalle las propuestas que hacen los expertos, no sólo de oídas o a través de los medios de comunicación», sino que pueden consultar a través de la página web del Ministerio de Medio Ambiente el informe del Comité de Expertos de la Sequía.

«Igual que estarán colgados en la página web, a disposición de todo el mundo, los informes de la Fundación Nueva Cultura del Agua de los que se ha hablado estos días, y que efectivamente reúnen, entre otros, a expertos de la Comunitat Valenciana», afirmó la ministra.

Anunció que el Gobierno va a publicar esos informes para que todo el mundo «los conozca y pueda apreciarse cuál es el contenido real de los comentarios y de la valoración hecha por los miembros de la Fundación Nueva Cultura del Agua».

«Guerra del agua»
La ministra aprovechó su visita a Alicante para avivar la guerra del agua. Narbona recordó que la planta fue inaugurada por Camps y Rodríguez en septiembre de 2003. En ese sentido, se preguntó si una desalinizadora es «buena o mala dependiendo de quién gobierne» y afirmó que en España «es necesario más rigor, más sensatez y menos manipulación al hablar de agua».

Narbona, además, no dejó pasar la ocasión para intensificar sus ataques al Consell, al que culpó de que la ampliación de la desalinizadora de Alicante todavía no esté funcionando. Aún le falta recibir la autorización ambiental integrada que otorga la Generalitat.

La ministra mostró su confianza en que para el próximo mes de marzo «la planta pueda estar ya produciendo agua», con una capacidad de 24 hectómetros cúbicos al año, lo que equivale al consumo de 350.000 habitantes.

La titular de Medio Ambiente especificó que en la planta ya se ha producido un avance tecnológico. «Por la tecnología que se aplica, esta planta es ya más eficiente desde el punto de vista energético que la anterior», explicó.

La ministra se desplazó posteriormente a Elche para inaugurar la exposición Vive el Júcar y firmó un convenio con la Asociación de Usuarios de Agua Subterránea. Además, presidió la inauguración del IX Simposio Nacional de Hidrogeólogos. Posteriormente, acudió a la Vega Baja, donde activó el primer pozo de sequía con el sistema de telemando y telecontrol.

Narbona pidió a los usuarios de acuíferos que adopten «un enfoque de responsabilidad en el medio y largo plazo» en el empleo de estos recursos y que entierren «el corto plazo».

Críticas
En apoyo de la ministra salió ayer el candidato socialista al Congreso por Valencia Joan Calabuig, quien afirmó que el programa electoral con el que el PSOE concurrirá a las elecciones no apuesta por los trasvases porque son una solución al déficit hídrico «claramente superada» por «las decisiones que se están tomando» y por las opiniones de «todas las organizaciones internacionales y los expertos que hablan de uso y gestión sostenible del agua».

La visita de la ministra recogió las críticas del vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, quien acusó a la ministra de «fundamentalismo» por su defensa de la desalinización. Según Rambla, la estancia de Narbona «es una muestra de la poca vergüenza que la acompaña».

El conseller de Medio Ambiente y Agua, José Ramón García Antón, calificó de «intolerable» que Narbona «venga a la Comunitat a darnos lecciones cuando lo que tiene que hacer es garantizar el agua para la agricultura a un precio asequible». Insistió en que la desalación debe ser «complementaria» para abastecer algunas zonas con déficit hídrico, «así lo hemos justificado siempre, nunca puede ser la solución global».

García Antón recordó también que el Ministerio «no tiene usuarios para el agua desalada porque el precio para los regantes resulta inasumible» y añadió que «los agricultores de la Comunitat tendrán hoy (por ayer) los pelos de punta por las declaraciones de Narbona.

El cabeza de lista del PP por Valencia al Congreso, Esteban González Pons, manifestó que Narbona «está intentando convertir» a la Comunidad «en las fábricas sucias de agua» para otras autonomías e insistió en reclamar a la ministra que renuncie a instalar «centrales nucleares del mar» y se comprometió a luchar contra las desalinizadoras «esté donde esté».

El Comité de Expertos contra la Sequía del Ministerio de Medio Ambiente, integrado por catedráticos de universidad e investigadores, reconoce en un estudio presentado ayer en Valencia que el agua desalinizada «es todavía demasiado cara» para su uso generalizado.

La presentación del libro La sequía en España. Directrices para minimizar su impacto, realizado por el comité de expertos, estuvo protagonizada, entre otros aspectos, por la posible viabilidad de la desalinización en la lucha contra la escasez hídrica.

Los investigadores concluyen que la desalación, pese al avance técnico de los últimos años, «continúa siendo una fuente de agua no convencional, excepto en las regiones de alto nivel de vida y con déficits de agua significativos» (….) y «es todavía muy cara como para convertirse en la fuente principal de agua dulce, a los que se añaden una serie de retos sociales, ambientales y tecnológicos que todavía hay que superar».

La conclusión, recogida en una de las 28 propuestas presentadas para luchar contra la sequía, contrasta con la política practicada por el Ministerio a través del Programa Agua, uno de cuyos ejes es la construcción masiva de desalinizadoras en la costa mediterránea.

El catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, Enrique Cabrera, coordinador del libro junto al asesor del Ministerio Luis Babiano, señaló ayer que, en principio, no tenía «nada en contra de ningún trasvase ni desalinizadora» y señaló que lo principal es «gestionar bien el agua y racionalizar los consumos» y después se pueden aplicar otras soluciones. «Lo importante es prepararse para la sequía antes que llegue» y los posibles trasvases no son la respuesta a un problema concreto en el tiempo.

Ante las matizaciones realizadas por los expertos a una política de desalación masiva, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, recordó en la clausura de la jornada que la solución al problema hídrico «no es un debate sobre trasvase o desalación» y afirmó que el agua es una cuestión «que levanta pasiones», por lo que hay que alejarla de la política, ya que entonces «no se aportarán remedios».

Moragues aprovechó para asegurar que Valencia está «muy lejos» de la situación de Barcelona, donde se prevé llevar agua desalinizada con barco desde la planta de Carboneras (Almería). Clarificó que ahora no hay ningún sistema «alrededor de Valencia en situación de emergencia» que precise medidas tan extraordinarias. El presidente de la CHJ realizó estas afirmaciones un día después de que LAS PROVINCIAS publicara que el coste de este procedimiento es cinco veces más alto que el actual.

Recordó que la situación del Júcar ha experimentado «una mejoría muy clara» en la costa. Pero en el interior y en los embalses de cabecera el problema es grave.

Precio del agua
«En cualquier caso, el precio del agua en España deberá multiplicarse por cuatro en los próximos años». La frase aparece recogida en el capítulo redactado por Enrique Cabrera «La tarificación, herramienta esencial en la gestión sostenible del agua», donde sostiene la necesidad de incrementar el coste para reducir el consumo.

Para Cabrera, la aplicación del principio de recuperación del agua que recoge la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea (DMA) «incentiva doblemente el ahorro». La DMA establece que, tanto para el consumo urbano como agrícola, los usuarios tienen pagar el valor real del agua que consumen (incluyendo la construcción y mantenimiento de infraestructuras) y por tanto no puede estar subvencionada como todavía se hace en España.

Ante ello, el catedrático de la Politécnica considera que el precio hará que el usuario no malgaste el agua y que la empresa que gestiona el servicio haga lo mismo, ya que sabe que recobrará en pocos años el coste de las inversiones que pueda hacer para mejorar la red o la reutilización de los recursos. España, resalta Cabrera, sólo recupera en el recibo el 25% de los costes.

Cabrera cita como ejemplo a la ciudad de Valencia, en la que el precio del agua bajó un 45% entre 2003 y 2004. Ante ello el experto apunta a que el recibo debe incluir el pago de las últimas infraestructuras construidas como la presa de Tous, el Canal Júcar-Turia, la depuradora de Picassent, los colectores de la depuradora de Pinedo o los emisarios submarinos.

El libro realiza 28 recomendaciones al Ministerio de Medio Ambiente aprobadas con el consenso de los expertos. Según Cabrera, son ideas «por desarrollar y ahora es el turno de los políticos». En ellas se mantiene la necesidad de incrementar el precio del agua, aunque de forma más matizada que en el capítulo del catedrático de la Politécnica, y recomienda establecer «una política tarifaria coherente con la Directiva Marco del Agua, incluyendo en ellas costes medioambientales, (…), contribuirá a racionalizar el gasto y muy probablemente propiciará el uso de recursos no convencionales».

Los expertos rechazan utilizar los cortes de agua a las ciudades en época de sequía, ya que el agua puede llegar a dejar de ser potable y «el índice de roturas en las tuberías de la red aumenta» con los cambios de presión, con lo que no se soluciona el problema sino que «se agrava».

Otras medidas recogidas en el libro apuntan la necesidad de reducir la superficie de regadío y el agua destinada a la agricultura, basándose en criterios de productividad y apuestan por efectuar «cambios notables en la cultura del uso del agua».

El estudio apuesta por la prevención para afrontar las sequías. Moragues resaltó que hay que estar preparados «para gestionar periodos de escasez, ya que los de abundancia serán cada vez menos frecuentes».

Acaba la legislatura y empieza el momento de los balances. El 6 de julio de 2004, pocos días después de derogar el trasvase del Ebro, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se comprometió solemnemente en Valencia a que en 2008 con las desalinizadoras y otras medidas incluidas en el Programa Agua llegarían a la Comunitat 400 hectómetros cúbicos de agua.

Han pasado casi cuatro años desde que el PSOE gobierna y la realidad no parece responder a las expectativas de la ministra. Sólo una de las siete nuevas desalinizadoras finalmente previstas en el Programa Agua para la Comunitat está en obras a sólo mes y medio de las elecciones. Además, la primera de estas siete no entrará en funcionamiento al menos hasta 2010.

A estas siete nuevas plantas (Torrevieja, Vega Baja, El Campello, Dénia, Sagunto, Oropesa y Moncofa), hay que sumarle, dentro de las actuaciones anunciadas por el Gobierno, la ampliación de las de Alicante, a punto de inaugurarse, y Xàbia (en proyecto) y la conexión de la desalinizadora de San Pedro del Pinatar con la Vega Baja, que ya está funcionando.

Sólo dos (Torrevieja y Vega Baja) tendrán capacidad para abastecer el riego agrícola, pese a que supone un 80% del agua que se consume en la Comunitat. Con ello, el principal problema hídrico que sufre el campo valenciano deberá aún esperar para tener una solución definitiva.

Desalinizadoras previstas
La ampliación de la desalinizadora de Alicante (Aguamarga) está a punto de inaugurarse. Tras ella, la que más avanzada se encuentra es la de Torrevieja, la mayor de Europa. Acuamed, la empresa dependiente del Ministerio que construye la planta, asegura que estará en funcionamiento a fines de este año.

Un plazo que parece difícil de cumplirse si se tiene en cuenta que la planta se encuentra pendiente de un recurso ante el Constitucional y aún no cuenta con todos los permisos. Además, ha estado paralizada varias semanas. De hecho, la de Carboneras (Almería), con una capacidad de producción un 50% inferior a la de Torrevieja, funciona al 15% tres años después de su inauguración. Los futuros usuarios, los regantes del Tajo-Segura, no están dispuestos a pagar el coste del agua desalada, ya que consideran que no podrán soportarlo.

Ninguna de las otras plantas está en obras. La ampliación de la desalinizadora de Xàbia depende de un acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ministerio que tras cuatro años de conversaciones aún no ha llegado.

La planta de la Vega Baja aún no tiene una ubicación definitiva, aunque se baraja Guardamar del Segura, y producirá entre 20 y 40 hectómetros cúbicos anuales. Las desalinizadoras de El Campello, Dénia, Sagunto, Moncofa y Oropesa están adjudicadas, pero no en obras, y tienen un plazo de año y medio.

El director general de Acuamed aseguró ayer en una visita a Castellón que la planta de Oropesa podrá funcionar en el segundo semestre de 2009.

El PSOE tiene un nuevo objetivo desde hace una semana: Manuel Pizarro. El fichaje estrella de Mariano Rajoy ha escocido en las filas socialistas y desde que se conoció que sería el número 2 del PP por Madrid en las generales, el PSOE aprovecha cualquier oportunidad para atacar. Ayer el turno le tocó a María Teresa Fernández de la Vega, cabeza de lista de los socialistas por Valencia.

De la Vega participó en la presentación de las candidaturas del PSOE en la Comunitat en un acto celebrado en el Jardín Botánico de Valencia. Su discurso se dividió en tres ejes: la promesa de hacer una campaña limpia, la crítica al discurso y candidatos del PP y el cumplimiento de las promesas del Gobierno con la Comunitat. En este último apartado es donde salió a relucir el nombre de Pizarro y precisamente lo hizo ligado a un tema espinoso que ha enfrentado a Gobierno y Consell a lo largo de toda la legislatura: el agua.

La candidata socialista afirmó que a los valencianos «no les ha faltado nunca el agua en estos cuatro años, mientras que en los anteriores, con Aznar y Rajoy, muchos tuvieron que dejar cerrados los grifos». «Por cierto» -se preguntó De la Vega- «Habrá que preguntar al PP si piensan traer mucho a Pizarro por aquí para que explique a los valencianos por qué se ha opuesto siempre al trasvase del Ebro». Las risitas entre el resto de candidatos se hicieron evidentes como muestra de que se habían apuntado un tanto.

En efecto, Pizarro, nacido en Teruel, siempre se ha mostrado contrario a la obra que sí defiende su nuevo partido -se afilió al PP hace unos días-. El ex presidente de Endesa afirmó hace unos días que siempre defenderá el llamado Pacto del Agua, aprobado en las Cortes de Aragón y contrario al trasvase.

De la Vega entró así de lleno en la batalla por el trasvase del Ebro de la que también es protagonista. El PP, de hecho, no ha dejado de recordar desde que es candidata, que fue De la Vega quien firmó el decreto de derogación del trasvase del Ebro y ahora se presenta por Valencia.

La postura de Pizarro, contraria a la de su partido, no es sin embargo, única. Y es que en las mismas filas del PSOE hay quien ha apoyado la obra hídrica a pesar de que va en contra de lo establecido por su partido. Así, Jordi Sevilla llegó a señalar que el trasvase del Ebro era una obra «que reivindicaría hasta el final», mientras que Josep Borrell apostó por la obra hasta un mes antes de su derogación, en 2004.

De la Vega se mostró convencida de que el PP no incluirá el trasvase del Ebro en su programa electoral, aunque desde el PP valenciano se hayan dado garantías de que sea así.

La cabeza de lista del PSOE también habló de infraestructuras para señalar que, «pese al victimismo triste e injusto del PP, la Comunitat Valenciana ha avanzado». De la Vega señaló que se han invertido 1.000 millones de euros en carreteras y se han construido 125 kilómetros de autovías. «Hemos hecho mucho por Valencia, como demuestran los aeropuertos y los puertos, que hoy acogen a más pasajeros y mercancías gracias a las inversiones del Gobierno de España», añadió.

Y para terminar con este capítulo, otro tema polémico: el AVE. Según la vicepresidenta del Gobierno, el PP sólo puso la primera traviesa de la obra y será el PSOE quien traiga la alta velocidad a la Comunitat. Sin especificar fechas para Alicante y Castellón, De la Vega sí confirmó que la conexión Madrid-Valencia estará operativa en 2010. «No les gusta oírlo, pero esa es la verdad», dijo.

Candidatos del pasado
Durante todo su discurso, la cabeza de lista del PSOE criticó al anterior Gobierno, «el de Aznar y el de Rajoy» y señaló que en un proyecto político las personas cuentan mucho. «No es lo mismo un proyecto liderado por Zapatero que otro con Rajoy, Acebes, Pizarro y Aguirre», con quienes el PP, señaló, ha fijado el rumbo «a la derecha más derecha y en lugar de avanzar han metido la marcha atrás».

Para De la Vega, los socialistas presentan un equipo con liderazgo que apuesta por el diálogo y por una economía fuerte. La candidata indicó que el objetivo de los socialistas es hacer que la Comunitat Valenciana sea «más próspera y pujante que nunca» y esté a la cabeza de la modernización del país y para conseguirlo tienen que convencer a los ciudadanos de que su mensaje es el mejor.

De la Vega también aprovechó el acto para que se escuchara, por primera vez de su boca, que está dispuesta a enfrentarse a un cara a cara con Esteban González Pons, número 1 del PP por Valencia. Aseguró que ya era hora de que el PP se prestara a hacer debates y dijo que habrá tantos como los ciudadanos quieran. Indicó que el propio Zapatero ha expresado a sus candidatos que deben salir a debatir para dar a conocer el proyecto del PSOE.

La candidata habló por último de su interés por hacer una campaña limpia y respetuosa. «La nuestra va a ser una campaña de propuestas y objetivos, alejada del insulto barriobajero, de la descalificación y de la injuria que solo practican los que no saben hacer otra cosa», añadió. La candidata se reunió después con los candidatos, a los que transmitió su confianza de cara a las elecciones. Según expresó, las encuestas indican que la Comunitat es la región en la que los socialistas más crecerán en las generales.

Las comisiones sectoriales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se reúnen esta semana en las terceras Jornadas de Participación, en las que, dentro del programa establecido entre los distintos usuarios y agentes sociales, abordarán los diferentes aspectos del Plan de Recuperación del río.

En un comunicado, el organismo ha explicado que este plan constituye una «pieza clave para articula un nuevo concepto del río», en sintonía con la Directiva Marco del Agua, incorporando aspectos como la conservación de la calidad biológica, los valores culturales y los valores paisajísticos.

Las mesas de trabajo están compuestas por usuarios, representantes institucionales, sindicales, empresariales y asociaciones medioambientales.

Las reservas de agua siguen muy bajas en los embalses de los ríos Júcar y Cabriel y los agricultores de la comarca valenciana de la Ribera, que se surten de ellos para regar, temen que el próximo verano se impongan serias restricciones, a no ser que mejore la situación en los próximos meses con lluvias extraordinarias en las cabeceras de las cuencas. Para intentar la salvación de sus cultivos, algunos productores intentan recuperar viejos pozos que han estado abandonados, pero las soluciones que plantean, que son posibles desde el punto de vista técnico, chocan con la actual legislación en materia de aguas. Probablemente van a tener muy difícil conseguir las autorizaciones necesarias.

Algunos agricultores de la Ribera ya han intentado legalizar sus viejos pozos y perforaciones ante la autoridad en la materia, la Confederación Hidrográfica del Júcar, y se han encontrado con la sorprendente respuesta de que no es posible resolverles sus casos, al menos como ellos desean, según informan los servicios técnicos de la Asociación Valenciana de Pozos de Riego, adscrita a la organización agraria AVA-ASAJA.

La respuesta oficial que les han dado a estos solicitantes consiste en que tendrían que renunciar a sus derechos de agua del río (que tienen como regantes de la Acequia Real del Júcar u otras comunidades a las que pertenecen) y seguir un largo camino para poner en marcha sus pozos con todas las de la ley, constituyéndose en comunidades aparte.

Pero lo primero que ocurre es que estos agricultores no quieren renunciar bajo ningún concepto a sus derechos de agua del río, naturalmente; sólo buscan aportar soluciones particulares de emergencia, para salvar esta época de aguda sequía y con sus propios medios, sin reclamar ayudas económicas.

El problema principal estriba en que la ley de aguas no contempla una peculiaridad muy propia del campo valenciano, donde muchos agricultores cuentan con alternativas para poder regar, y si falla una acuden a otra (de río y de pozo o de varios pozos), sino que la norma impone la obligación de contar con una única fuente.

Derechos entrecruzados
El objetivo que se busca es, presumiblemente, el de evitar despilfarros y promover el ahorro, pero resulta evidente que si un agricultor cuenta con derechos de agua de más de un sitio, y se los ha costeado de su bolsillo, no es una inversión que se haya hecho por capricho, ni con la intención de regar un mismo mampo ahora de una fuente y mañana de otra. A esto se ha llegado por la evolución natural de las cosas. Las sucesivas sequías han dejado exhaustos ríos y pozos y los agricultores, si han tenido alguna opción, la han buscado y la han pagado.

Por eso existen multitud de pozos, en zonas de huertas de las planas litorales y valles fluviales, de los que son propietarios agricultores y agrupaciones de regantes que normalmente riegan con agua de río, pero si esta falla, recurren al pozo. Y si un pozo falla, se recurre a otro. De ahí que sea habitual que muchos agricultores sean socios de más de un pozo a la vez. Algo que los funcionarios de la administración hidrológica no acaban de entender y que suscita innumerables problemas, hasta el punto de exigir que se evite lo que se denomina como ‘solapamiento’ de parcelas. Cada parcela se entiende que debe regar de una fuente única. Y si se han de poner soluciones de emergencia, ya lo hará la Administración.

De hecho, tanto la Confederación Hidrográfica como la Generalitat han aflorado en los últimos años innumerables ‘pozos de sequía’ para reponer parte de los caudales que escasean en los ríos. Sin embargo no se está a favor -por ahora- de reconocer la ayuda ejemplar de los agricultores que pretende recuperar con el misma finalidad sus viejos pozos olividados.

Como en las últimas décadas no hicieron falta estos pozos, nadie se preocupó de inscribirlos en el Catálogo de Aguas Proivadas. Ahora han pasado todos los plazos posibles. La única opción sería constituir nuevas comunidad de regantes, pero para eso deberían renunciar a pertenecer a las que encuadran actualmente a estos usuarios para emplear el agua del río, y eso no lo van a hacer. En ocasiones, la burocracia complica en exceso soluciones que a pie de campo se ven lógicas y fáciles.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, cifró ayer en 33 millones los daños producidos en sus infraestructuras por las lluvias del mes de octubre. La entidad ya ha invertido 9,8 millones en diversas reparaciones.

Señaló que los proyectos previstos son un «documento vivo» que es resultado de las reuniones mantenidas con alcaldes de los diferentes municipios, grupos medioambientales y asociaciones, que comprende «actuaciones de emergencia y reparaciones».

Moragues eludió la polémica sobre la relación entre la limpieza de los cauces y las inundaciones. Aseguró que la intensidad de las precipitaciones hacía difícil que en cualquier sistema «no se hubiera producido inundaciones tal y como estaba el territorio, sin echar las culpas a nadie».

Pero reiteró que los cauces «estaban extraordinariamente limpios», ya que las cañas y la vegetación «no tienen nada que ver con la limpieza». Es más, «el estado de los cauces minimizó mucho los riesgos de erosiones y desprendimientos de tierras».

Y añadió que, aunque él no es «nadie» para «meterse» en cuestiones urbanísticas, comentó que el territorio se está ocupando y «quizá las infraestructuras que tienen que ir parejas para defender los bienes contra las inundaciones siempre van un poco más retrasadas.»

Juan José Moragues anunció, por otro lado, que la CHJ va a elaborar un plan integral de defensa contra avenidas en las comarcas alicantinas de la Marina Alta y Baja, como ya tienen la Safor y el Júcar.

La Confederación ha abierto 80 expedientes de infracción por extraer más agua de la asignada del acuífero de la Mancha Oriental desde 2006. De ellos, 27 se consideran de carácter grave por lo que se han remitido al Ministerio de Medio Ambiente. Los infractores pueden ser multados con más de 300.000 euros.

Como medida especial, la Confederación avanzó, que al igual que se hizo el año anterior, la CHJ comprará derechos del acuífero de La Mancha Oriental a los regantes, aunque en esta ocasión, las condiciones serán distintas. Así, mientras en el curso pasado la adquisición de derechos suponía que los regantes que los vendían no podían regar, ahora sólo se reduce la cantidad de agua de la que pueden disponer, ya que el acuífero «está funcionando mejor», apostilló.

De este modo, la nueva fórmula supondrá una reducción del 50% de las extracciones habituales de los regantes, así como «un cambio de producto hacia los cultivos de primavera, que requieren menos riego».

Juan José Moragues calificó de «seco» el inicio del año hidrológico, aunque matizó que las precipitaciones «prácticamente han doblado» a las de los meses de octubre y noviembre del curso anterior, por lo que la situación es «mucho mejor» y el suministro está «garantizado».

Moragues precisó que la media de precipitaciones en el conjunto de la CHJ se ha situado estos dos meses en 122 hectómetros cúbicos frente a los 55 del año pasado. No obstante, apuntó que las lluvias se han registrado de forma «absolutamente irregular».

Durante estos meses se ha producido una «recuperación importante» de todos los acuíferos de la costa. No obstante, las del interior y con ello las cabeceras de los ríos «sufren sequía y las precipitaciones están por debajo de la media histórica», concretó.

Juan José Moragues concretó que aunque no hay ningún río en situación de emergencia, el Júcar se encuentra en «alerta», mientras el Turia y el Serpis están en «prealerta».

Además, recordó que a partir del mes de enero el suministro a Valencia volverá a combinar las aguas del Júcar y del Turia, como en los últimos años, después de las obras realizadas para asegurar la calidad de las aguas procedentes del Turia.

Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se encuentran al 18,48 por ciento de su capacidad y almacenan 1,56 hectómetros cúbicos de agua más que la semana anterior, ya que en total albergan 618,48 hectómetros cúbicos de los 3.346,6 de que disponen, según los datos facilitados ayer por este organismo.

Por sistemas, los embalses del Júcar se encuentran al 13,22 por ciento de su capacidad; los del Túria tienen un 35,27 por ciento de agua embalsada; en Alicante, el sistema de la Marina Baja/Serpis dispone del 65,21 por ciento de agua, mientras que en Castellón, el sistema Palancia/Mijares/Cenia se encuentra al 47,31 por ciento de su capacidad.

En el sistema de la Marina Baja, el embalse de Amadorio tiene un 71,59 por ciento de agua almacenada, mientras que el de Guadalest está al 79,94 por ciento. En el Serpis, el pantano de Beniarrés tiene el 54,38 por ciento de su capacidad cubierta. En el sistema Júcar-Turia, La Toba está en el 40,48 por ciento, el de Alarcón un 6,06 por ciento y el de Contreras en 5,51 por ciento.

Los habitantes de la Ribera estarán más seguros ante el riesgo de las temidas inundaciones en el horizonte de 2013 ó 2014 según las previsiones que tiene la Confederación Hidrográfica del Júcar para las actuaciones en el Plan Global frente a las inundaciones de la comarca.

El director de esta ambicioso planeamiento, Pepe López, adelantó ayer en Algemesí, que si todo sigue su cauce norma, los proyectos de las presas de laminación de los ríos Sellent y Cáñoles en Estubeny y Montesa podrían estar acabados en el primer trimestre de 2008.

«Estas obras podrían comenzar en 2009 con una duración de unos tres o cuatro años», señaló. López también explicó que estos pantanos tendrían una capacidad de unos 40 ó 45 millones de metros cúbicos.

Pero, además de estas dos grandes obras, el plan global también tiene un eje muy importante en «conseguir un drenaje suficiente para el río Júcar» y esto se consigue con dos actuaciones más: una que iría desde Carcaixent hasta la AP-7 y otra en la margen sur del Júcar.

Estas dos actuaciones tienen una complejidad de tramitación más compleja y los proyectos podrían estar redactados a final de 2008. A partir de ahí ya se debe tener en cuenta la programación presupuestaria y de disponibilidad del Gobierno.

Por otra parte, además se van a encauzar barrancos como el Barxeta (causante de las últimas inundaciones en Rafelguaraf y Cogullada), Murta o Casella.

Para Pepe López, el objetivo es conseguir que el Júcar esté en condiciones de recibir toda el agua que llevan estos barrancos. «Si llegara una avenida de unos 2.200 metros cúbicos por segundo, algo que no es raro, se quedarían en 1.600 metros cúbicos al tener estas infraestructuras acabadas y, además lo más importante es que el agua tardaría menos tiempo en desaguar», dijo. También se actuará en el azud de la Marquesa para evitar la salinización del Júcar y otras actuaciones.