Cuando el PSOE llegó al Gobierno de la nación en marzo de 2004 tomó una decisión que iba a cambiar el rumbo de la política del agua en la Comunitat los siguientes años: la derogación del trasvase del Ebro. Pero no es tan conocido que, pese a que todavía no se habían iniciado las obras y el proyecto ni siquiera estaba acabado, la recién llegada ministra de Medio Ambiente siguió adelante con otro trasvase del Ebro, pero a Cantabria.

Cuatro años después, las obras han finalizado y ha sido la misma ministra la que inauguró la transferencia hace unos días. Esta conducción permitirá garantizar el abastecimiento de agua a 350.000 vecinos de Cantabria. En un segundo proyecto se conectará esta tubería con otra que abastecerá a esa autonomía de este a oeste.

Llama la atención que Narbona justifique la financiación de este trasvase, al que llamó autovía del agua, en la presencia masiva de turistas en la costa cantábrica, donde en ningún caso se ha planteado la opción de construir desalinizadoras, como sí ha hecho en la costa de la Comunitat Valenciana y Murcia. La página web de la empresa Acuanorte, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, asegura que su finalidad es “llevar agua del Ebro, captada en el embalse de Reinosa, a la franja litoral, que padece un déficit de doble origen: la masiva afluencia de turistas en verano y la superpoblación por la emigración de ciudadanos vascos, que hace que en Castrourdiales residan en la práctica el doble de las 30.000 personas que tiene empadronadas”.

La oposición radical que desde el PSOE se ha mantenido con el trasvase del Ebro no se entiende ahora cuando se da a conocer que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no está radicalmente en contra de los trasvases, que ha mantenido e incluso financiado tras ganar las elecciones en 2004.

Además, el trasvase a Cantabria desde el Ebro sí ha contado con financiación europea. La mitad de los 109 millones de euros que cuesta el proyecto provienen de los Fondos de Cohesión europeos.

Red de 55 kilómetros
Las tuberías del trasvase, que integran una red de 55 kilómetros y que se encuentran ya completamente instaladas –las obras empezaron en el 2004–, pueden transportar 2,5 metros cúbicos por segundo. De funcionar todo el año, sería capaz de transferir 78,8 hectómetros cúbicos, volumen que supera al consumo urbano anual de Zaragoza.

En principio, ese caudal sería transportado a la franja costera “en los meses de estiaje” para ser devuelto a la cuenca del Ebro mediante transferencias desde los ríos de la cuenca cantábrica en los meses en los que estos son excedentarios “para conseguir un balance hidráulico anual nulo”. El proyecto incluye una red de estaciones de bombeo y conducciones para ese retorno.

La web de Acuanorte ofrece una curiosa explicación de este sistema. Según su versión, el embalse del Ebro se utiliza para almacenar los caudales sobrantes de las cuencas cántabras hasta el verano, cuando “toda el agua” circulante es “imprescindible” para mantener los ecosistemas.

En esa época se suspenden todas las captaciones, “incluidas las del abastecimiento”, para llevar a la red el caudal embalsado en invierno. “Todo ello sin necesidad de construir nuevas presas”, puntualiza la empresa pública.

Este proyecto es similar al del cercano trasvase Ebro-Besaya, que funciona desde 1982 y que también es de carácter reversible.

Pero hay otra objeción al proyecto que se acaba de inaugurar. Los embalses de la cuenca del Norte II, situado en Cantabria, están al 80% de su capacidad, el porcentaje más alto de todas las cuencas españolas. Ni qué decir tiene que los pantanos de las cuencas valencianas, el Júcar y el Segura, tienen menos reservas y están al 18 y al 13%, respectivamente.

Las condiciones de la UE
Fuentes conocedoras del proyecto apuntaron otros problemas a este trasvase. Su diseño final no respeta las condiciones impuestas por Bruselas. La UE limitó a 15 hectómetros cúbicos el volumen trasvasable desde el Ebro, mientras que el proyecto contempla la transferencia de 26 –casi el doble–, además de tener una capacidad cinco veces mayor.

Pero además, el trasvase ha sido eximido de ser sometido a evaluación de impacto ambiental por el Ministerio de Medio Ambiente, a pesar de que comunica una cuenca con presencia de mejillón cebra –aunque no ha sido detectado en el embalse de Reinosa– con otra en la que no ha sido detectado.

Las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han disminuido 17,78 hectómetros cúbicos durante la última semana y se han situado en 580,50 hm3, lo que supone un 17% de su capacidad total.

El descenso más significativo se ha producido en el embalse de Alarcón, con 6,60 hectómetros cúbicos menos, lo que lo sitúan al 6,99% de los 1.118 hectómetros cúbicos de su capacidad total. El pantano de Contreras también ha experimentado un descenso de sus reservas, que esta semana están al 5,8%.

Los embalses de Tous, en la cuenca del Júcar, y de Benagéber, en el Turia, también han disminuido sus reservas, debido a que los agricultores se encuentran en campaña de riego. En la cuenca del río Mijares, en Castellón, los embalses de Arenós y Sichar han registrado descensos en sus reservas de poco más de un hectómetro cúbico.

Por sistemas, los embalses del Júcar se encuentran al 12,20% de su capacidad; los del Túria tienen un 33,78% de agua embalsada. En Alicante, el sistema de la Marina Baja/Serpis dispone del 49,29% de agua. La cuenca del Mijares se encuentra al 48,91%.

Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se encuentran al 19,03 por ciento de su capacidad y almacenan 26,74 hectómetros cúbicos (hm3) de agua más que la semana anterior, ya que en total albergan 637,01 hectómetros cúbicos de los 3.346,6 de que disponen, según los datos facilitados hoy por este organismo.

Por sistemas, los embalses del Júcar se encuentran al 13,80 por ciento de su capacidad; los del Túria tienen un 34,90 por ciento de agua embalsada; en Alicante, el sistema de la Marina Baja/Serpis dispone del 54,95 por ciento de agua, mientras que en Castellón, el sistema Palancia/Mijares/Cenia se encuentra al 51,63 por ciento de su capacidad.

En el sistema de la Marina Baja, el embalse de Amadorio tiene un 57,77 por ciento de agua almacenada, mientras que el de Guadalest está al 74,82 por ciento. En el Serpis, el pantano de Beniarrés tiene el 43,74 por ciento de su capacidad cubierta. En el sistema Júcar-Turia, La Toba está en el 44,96 por ciento, el de Alarcón un 9,05 por ciento y el de Contreras en 6,62 por ciento.

En el complejo de Cortes, El Molinar está en un 78,08 por ciento de su capacidad, Cortes II en un 93,32 por ciento, La Muela en un 53,54 por ciento, y El Naranjero al 78,43 por ciento. En el Bajo Júcar, el de Tous-La Ribera se encuentra al 14,02 por ciento; Escalona al 4,43 por ciento; y Bellus, al 9,30 por ciento. En el sistema del Magro, el pantano de Forata está al 12,69 por ciento de su capacidad.

En el Túria, el embalse de El Arquillo de San Blas está al 74,91 por ciento, Benagéber al 36,66 por ciento, Loriguilla al 17,51 por ciento y Buseo al 40,61 por ciento. En el sistema del Palancia, el de Regajo se encuentra al 72,94 por ciento de su capacidad y el Algar, al 0,00 por ciento.

En el sistema de Mijares, el de Alcora tiene almacenado un 66,63 por ciento; Arenós un 40,59 por ciento; María Cristina un 18,69 por ciento y Sichar el 84,06 por ciento. En el Cenia, el de Ulldecona está al 84,31 por ciento de su capacidad, mientras que en otros sistemas, el embalse de Almansa está al 0,00 por ciento y el de Onda al 67,20 por ciento.

Durante la tarde de ayer, alcaldes y representantes del PP de varios municipios del Alto Vinalopó mantuvieron una reunión en Villena para tratar, entre otros asuntos, del trasvase del Júcar-Vinalopó.

El encuentro fue impulsado por la alcaldesa de Villena, Celia Lledó, quien pretende liderar un plan de acción conjunto para tratar de contrarrestar algunas de las decisiones tomadas por la Administración socialista y que afectan a localidades como Villena, Biar, Beneixama, Cañada, Campo de Mirra, Salinas o Sax.

Los representantes del PP presentarán tanto en los municipios que gobierna (Villena, Biar y Cañada) como en los que son gestionados por el PSOE (Beneixama, Sax, Campo de Mirra y Salinas, éste último en coalición con el PP), una moción en la que expresarán su negativa a convertirse en receptores de caudales de agua procedente del Azud de la Marquesa.

Esta propuesta fue tratada ayer por la Corporación villenense en la comisión informativa de Urbanismo y será aprobada en el pleno que se celebra la próxima semana. De esta forma, el Ayuntamiento de Villena será el primero en revocar el acuerdo suscrito por los anteriores gobiernos socialistas de la comarca, solicitando agua del Júcar para el baldeo de calles.

Primera piedra
Esta reunión coincide con el acto que se celebra hoy en Llosa de Ranes, donde se va a proceder a la colocación de la primera piedra de uno de los tramos de la nueva conducción Júcar-Vinalopó, con la presencia de destacados representantes de las instituciones gobernadas por el PSPV, como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues o el consejero delegado de AcuaJúcar, José María Marugán.

A la misma hora en que se coloca la primera piedra en Llosa de Ranes, los representantes de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’Alacantì y Consorcio de la Marina Baixa, encabezados por su presidente Andrés Martínez, tienen previsto visitar la sede de la Confederación Hidrográfica del Júcar en Valencia para hacer entrega de una extensa documentación en la que, entre otras cosas, se aportan informes contrarios a la toma desde el Azud de la Marquesa, elaborados por diferentes expertos de universidades españolas y valencianas. Esta postura es la que ha venido manteniendo la Junta desde que se conoció el nuevo trazado.

Las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han disminuido 16,84 hectómetros cúbicos durante la última semana y se han situado en 740,29 hectómetros cúbicos, lo que supone un 22,12 por ciento de los 3.346,6 hectómetros cúbicos que tienen de capacidad total.

Según informaron hoy fuentes de la CHJ, de los veintisiete embalses adscritos a la Confederación, seis han aumentado el nivel de agua almacenada -aunque cinco no han alcanzado el hectómetro cúbico de crecimiento-, cuatro han mantenido el caudal, y en los dieciocho restantes ha disminuido.

El embalse que ha registrado el incremento más importante ha sido el de Cortes II, que ha crecido 1,41 hectómetros cúbicos, con lo que se sitúa al 91,54 por ciento de su capacidad total, cifrada en 118 hectómetros.

También han aumentado los niveles en el embalse de Sichar (0,76 hectómetros cúbicos), en el de Naranjero (0,69 hectómetros cúbicos), en El Molinar (0,68 hectómetros cúbicos), La Toba (0,27 hectómetros cúbicos) y Loriguilla (0,25 hectómetros cúbicos).

Los descensos más significativos has sido los del embalse de Tous-La Ribera, que ha perdido 6,13 hectómetros cúbicos; el embalse de Alarcón, con 5,45 hectómetros cúbicos menos; y el de La Muela, cuyas reservas han descendido 3,38 hectómetros cúbicos.

Los embalses que no han sufrido variaciones han sido el de Alcora, que está al 69,95 por ciento de su capacidad; Almansa, que se encuentra al 11,50 por ciento; el de Onda, que se sitúa al 82,20 por ciento de su capacidad y el de Algar, que sigue completamente seco.

Por sistemas, el de la Marina Baja/Serpis está al 64,23 por ciento de su capacidad; el del Júcar al 16,51 por ciento; el de Turia que se encuentra al 38,73 por ciento y el del Palancia/Mijares/Cenia al 56,58 por ciento.

Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se encuentran al 23,04 por ciento de su capacidad y almacenan 9,97 hectómetros cúbicos (hm3) de agua menos que la semana anterior, ya que en total albergan 771,05 hectómetros cúbicos de los 3.346,6 de que disponen, según los datos facilitados hoy por este organismo.

Por sistemas, los embalses del Júcar se encuentran al 17,40 por ciento de su capacidad; los del Túria tienen un 39,62 por ciento de agua embalsada; en Alicante, el sistema de la Marina Baja/Serpis dispone del 69,93 por ciento de agua, mientras que en Castellón, el sistema Palancia/Mijares/Cenia se encuentra al 57,57 por ciento de su capacidad.

En el sistema de la Marina Baja, el embalse de Amadorio tiene un 66,52 por ciento de agua almacenada, mientras que el de Guadalest está al 83,23 por ciento. En el Serpis, el pantano de Beniarrés tiene el 59,33 por ciento de su capacidad cubierta. En el sistema Júcar-Turia, La Toba está en el 76,47 por ciento, el de Alarcón un 12,18 por ciento y el de Contreras en 8,00 por ciento.

En el complejo de Cortes, El Molinar está en un 76,30 por ciento de su capacidad, Cortes II en un 91,26 por ciento, La Muela en un 87,71 por ciento, y El Naranjero al 59,03 por ciento. En el Bajo Júcar, el de Tous-La Ribera se encuentra al 26,56 por ciento; Escalona al 4,52 por ciento; y Bellus, al 11,38 por ciento. En el sistema del Magro, el pantano de Forata está al 15,31 por ciento de su capacidad.

En el Túria, el embalse de El Arquillo de San Blas está al 87,08 por ciento, Benagéber al 42,51 por ciento, Loriguilla al 16,77 por ciento y Buseo al 43,99 por ciento. En el sistema del Palancia, el de Regajo se encuentra al 90,78 por ciento de su capacidad y el Algar, al 0,00 por ciento.

En el sistema de Mijares, el de Alcora tiene almacenado un 69,95 por ciento; Arenós un 46,63 por ciento; María Cristina un 29,74 por ciento y Sichar el 86,37 por ciento. En el Cenia, el de Ulldecona está al 90,84 por ciento de su capacidad, mientras que en otros sistemas, el embalse de Almansa está al 11,50 por ciento y el de Onda al 82,96 por ciento

Dos días han transcurrido desde que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, diera por concluida la sequía hasta que el director general del Agua, Jaime Palop, cargo que se sitúa en el segundo escalón del Ministerio, le haya desmentido.

En su intervención en la segunda jornada del Foro Internacional de la Sequía que se celebra estos días en Sevilla, Palop dijo que, a pesar de que en determinadas zonas ha llovido en abundancia, asegurar que el periodo de sequía ha terminado “puede lesionar la sensibilidad de sectores que lo están pasando mal”. En este sentido, hizo referencia a los agricultores de las cuencas del Júcar, Segura y Guadalquivir, que han tenido que ver reducidas las dotaciones de agua”, tal y como recoge Europa Press.

Su propio subordinado tuvo que salir al paso de las declaraciones de la ministra, que dijo el domingo que se podía dar por superada la sequía de hace dos años y que la situación prevista para 2007, desde el punto de vista de la disponibilidad de agua, es “muy buena”. A pesar de que Narbona sí hizo referencia a que autonomías como la Comunitat Valenciana, además de Murcia y Castilla–La Mancha, “todavía presentan una situación de escasa capacidad de agua almacenada”.

Hace escasamente un mes, justamente antes de las elecciones del 27 de mayo, el presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues, anunció que la cuenca del Júcar había salido de la situación de emergencia en la que se encontraba y pasaba a situación de alerta. Estas declaraciones coincidieron con un descenso de las reservas en los embalses situados en este río.

En esta ocasión, desde el propio Ministerio se ha contradicho y Palop expuso que tanto la cuenca del Júcar como la del Guadalquivir y el Segura se encuentran en una situación “delicada”. Previó incluso que en otoño “habrá que mirar de nuevo al cielo y esperar que llueva y en abundancia”.

El descenso de las reservas almacenadas en los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar vienen a confirmar las declaraciones del director general del Agua. En la última semana, los pantanos almacenan 10 hectómetros cúbicos menos que hace siete días. El embalse que mayor descenso ha experimentado ha sido el de Tous, debido a que los agricultores se encuentran en la campaña de riego. Las reservas de los embalses competencia de la Confederación están al 23% con 771 hectómetros almacenados.

No obstante, Palop se enorgulleció de que por primera vez en España la sequía no ha sido tan dura gracias a las políticas adoptadas que han permitido no tener que restringir el abastecimiento a la población.

El director general del Agua también hizo referencia al informe de Adena que critica la apuesta del Gobierno por las desalinizadoras por su impacto y el coste del agua. Palop recordó que cuentan todas ellas con declaración de impacto ambiental.

Garantizar agua de calidad para el abastecimiento de la población de Alicante es el objetivo de una nueva propuesta que ayer formuló el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón. Tras una reunión con el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez, García Antón propuso ejecutar una segunda toma en el trasvase Júcar-Vinalopó, compatible con la de Azud de la Marquesa. Las obras tendrían un coste de entre 20 y 30 millones de euros y serían sufragadas por la Generalitat.

García Antón se reunió con el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez, que se mostró dispuesto a “renunciar a Cortes de Pallás, a retirar contenciosos y a trabajar de forma constructiva con el Ministerio de Medio Ambiente”.

El conseller condicionó incluso las obras del post-trasvase, competencia de la Generalitat, que tienen como objetivo conectar el canal principal del trasvase con las ciudades, con la realización de la segunda toma. Incluso está dispuesto a “poner la máquina a toda marcha si se accede a esta propuesta”.

La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar. El delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, le contestó que en vez de hablar de segundas tomas, “el conseller debería ponerse a trabajar en las obras del post-trasvase”.

Ayer, 18 de junio, se cumplió el tercer aniversario de la derogación del trasvase del Ebro por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. García Antón calificó este periodo como “tres años perdidos para solucionar los problemas hídricos de la Comunitat”. Por su parte, Bernabé replicó que en ocho años de Gobierno de Aznar el PP “no ha sido capaz de traer una gota de agua”.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha sido calificada por el Defensor del Pueblo como “administración entorpecedora” en su Informe Anual de 2006.

La CHJ se ha convertido, de esta forma, en el único organismo dependiente del Gobierno que ha sido calificado como “administración entorpecedora” de la labor de la Institución en 2006.

El organismo presidido por Enrique Múgica, que ayer intervino en la Comisión Mixta del Congreso de Relaciones con el Defensor del Pueblo, calificó de esta forma a la CHJ tras requerirle cuatro informes, en tres ocasiones cada uno de ellos, sin recibir contestación alguna.

El Informe del Defensor recuerda que el 29 de mayo de 2006 solicitó un informe a la CHJ sobre la disconformidad por una concesión de aguas. Tres requerimientos no sirvieron para que la Confederación le contestara.

La situación se volvió a repetir de nuevo tras solicitar a la Confederación del Júcar información sobre unas obras en el Serpis y en el río Polop. Los tres requerimientos volvieron a quedar sin respuesta.

Un mes después, el Defensor del Pueblo insistió y pidió información ambiental. Y, nuevamente, tras tres requerimientos se quedó sin respuesta.

En un ejemplo de persistencia, el Defensor del Pueblo volvió a reclarma a la CHJ información sobre otro proyecto. El mecanismo se repitió. Tres requerimientos más sin respuesta.

El Defensor del Pueblo acudió, en 2006 en cuatro ocasiones a la Confederación y en ninguna ocasión recibió contestación a los doce requerimientos que le remitió, por lo que ha optado por denunciar el entorpecimiento a su labor.

Como consecuencia de la falta de cooperación de la CHJ, el Defensor del Pueblo no tuvo más remedio que archivar los expedientes sin poder atender las quejas que le habían sido presentadas.

Informe anual
La comparecencia de Enrique Múgica ayer en la Comisión de las Cortes para dar a conocer el Informe de 2006 derivó en un debate sobre el Estatut de Cataluña por el recurso presentado ante el Constitucional por esta institución. Iniciativa per Catalunya y CiU llegaron a pedir su dimisión, aunque por la tarde se retractaron.

Las quejas presentadas al Defensor del Pueblo en 2006 aumentaron en todas las comunidades españolas excepto en la Comunitat Valenciana, Navarra y Cantabria.

En la Comunitat Valenciana, el número de reclamaciones presentadas disminuyó un 2,9%. Por provincias, en Castellón se redujeron un 13,3% y un 7,3% en Alicante. En la de Valencia, aumentó un 3,1%.

Entre las quejas presentadas por los ciudadanos de la Comunitat destacan las de los que durante 2006 quisieron apostatar de la Iglesia Católica pidiendo su eliminación del libro de Bautismo. El Defensor del Pueblo no las admitió a trámite. En el informe precisa que las iglesias, confesiones y comunidades religiosas “no tienen carácter de Administración Pública, por lo que no es posible intervención alguna”.

También resalta el “alto número” de quejas recibidas en contra de la “proliferación exagerada de actuaciones urbanizadoras”. El informe explica que las actuaciones objeto de reclamación suponen “duplicar e incluso triplicar” el número de habitantes de algunos municipios, crecimiento que “a todas luces parece incompatible con un desarrollo sostenible”.

Como ejemplo de la urbanización descontrolada, el informe cita las 15.000 denuncias que se han recibido en la Comisión Europea de pequeños propietarios. Asimismo, pone como ejemplo el “alto número” de peticiones que se han registrado para reclasificar casi 200 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha puesto a la Agencia Valenciana de Salud como ejemplo de la “insuficiente información” que dan algunos centros sanitarios a las reclamaciones de los pacientes al responder con “escuetas y lacónicas resoluciones”.

El secretario ejecutivo de Economía y Empleo del PP, Miguel Arias Cañete, afirmó ayer que la subida de las tarifas eléctricas no se habría producido si el Gobierno no tuviese que “hacer rentable las enormes inversiones” de Enel y Acciona para hacerse con Endesa.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha enviado la propuesta de Real Decreto a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en la que propone una subida media ponderada del recibo de la luz del 1,81% para los consumidores domésticos, que se aplicará a partir del próximo 1 de julio. Según Arias Cañete, en 2004 y 2005 la subida de tarifas acordada por el Gobierno fue inferior a la que tenía que haberse aplicado “para favorecer la compra de Endesa por Gas Natural”, lo que generó problemas en el sector, “especialmente el déficit tarifario”.

Desde el CiU, el portavoz de Economía, Josep Sánchez Llibre, afirmó que el incremento de las tarifas eléctricas perjudicará a las economías domésticas e introduce “una nueva incertidumbre en la economía española”.

En la propuesta de reforma de tarifas eléctricas, con una subida media a partir del 1 de julio del 1,8% (más en grandes industrias y menos en consumos domésticos), el Ministerio de Industria prevé aplazar de nuevo la desaparición de la tarifa especial para riegos agrícolas, conforme estaban demandando la sorganizaciones agrarias y comunidades de regantes. El nuevo aplazamiento es por un año, hasta el 1 de julio de 2008, y en los próximos meses se constituirá una mesa entre afectados, Administración y eléctricas para preparar un nuevo sistema.