Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se encuentran al 23,99% de su capacidad y almacenan 6,43 hectómetros cúbicos (hm3) de agua más que la semana anterior, 802,77 hectómetros cúbicos de los 3.346,6 de capacidad.

Los embalses del Júcar se encuentran al 18,67% de su capacidad; los del Túria tienen un 39,84% de agua embalsada; en Alicante, el sistema de la Marina Baja-Serpis dispone del 69,28% de agua, mientras que en Castellón, el sistema Palancia-Mijares-Cenia se encuentra al 55,25%.

El embalse de Amadorio tiene un 65,19% de agua almacenada, mientras que el de Guadalest está al 89,87%. En el Serpis, el pantano de Beniarrés tiene el 61,77% de su capacidad cubierta. La Toba está en el 65,3%, el de Alarcón en un 12,8% y el de Contreras en 8,38%.

En noviembre de 2004 el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana publicaba un documento muy crítico sobre la situación del urbanismo en la autonomía. Ahora, el último informe la defensora del Pueblo manchega, Henar Merino, dedica un capítulo especial a abordar esta cuestión que cada vez tiene más importancia en esta región ante el fuerte desarrollo que experimenta.

La expansión urbanística no se ha quedado sólo en la costa, sino que afecta ya a la práctica totalidad de regiones españolas. Según un informe de Ecologistas en Acción, que no ha sido negado por la Junta de Castilla-La Mancha, pese a que LAS PROVINCIAS trató de conocer en varias ocasiones sus puntos de vista, en el horizonte de 2030 se habrán construido un millón de viviendas más en esta autonomía, el doble de las que existen en estos momentos. Además, están proyectados unos 25 campos de golf, una cifra que la asociación ecologista llega a situar en 50.

Este notable desarrollo urbanístico tiene una directa incidencia en la Comunitat Valenciana, ya que estas viviendas van a ser abastecidas con el agua de los ríos Tajo y Júcar, con lo que disminuirán los cauces que aportan a Valencia. También terminarán de sobreexplotar los dos principales acuíferos de la región, ya en peligro.

Informe
El informe de la defensora del Pueblo no utiliza términos tan tajantes como el del Síndic de Greuges de 2004, pero describe una situación muy similar. El Síndic de Greuges, entonces Bernardo del Rosal, advirtió de que la Administración no suministraba información suficiente a los vecinos sobre las actuaciones urbanísticas.

Además, resaltó la escasa participación de los vecinos en la planificación urbanística. Pero, sobre todo, hizo hincapié en la “pasividad municipal y autonómica ante la comisión de infracciones urbanísticas”.

El informe de la defensora del Pueblo manchega podría considerarse una copia de las líneas básicas expuestas por Del Rosal en 2004. Merino denuncia, en primer lugar, la “pasividad de las entidades locales” ante las presuntas infracciones denunciadas y señala que no se están tomando las medidas correctoras adecuadas por parte de las autoridades pertinentes.

Además, recuerda las conclusiones de las Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo celebradas en octubre de 2006 en las que se conminaba a las Administraciones autonómicas a aplicar sus competencias sancionadoras para acabar con las infracciones, algo que parece no se está haciendo en Castilla-La Mancha.

Merino llama la atención sobre el número de quejas planteadas por los ciudadanos ante las dificultades de acceso a la información, que llega a calificar de “opacidad informativa” lo que, en su opinión, genera “una acusada sensación de indefensión”. Una queja muy similar a la planteada por el Síndic contra muchos ayuntamientos y la Generalitat.

Es más, también critica a la Junta, presidida por el socialista José María Barreda, y a los ayuntamientos por permitir que modificaciones del planeamiento general “que implican importantes cambios demográficos en los municipios” se hagan al margen de los planes generales. Esta es una de los principales argumentos utilizados por el PSPV para criticar el urbanismo valenciano, mientras que sus compañeros de partido lo permiten en una región vecina.

El informe de Merino reconoce que hay ayuntamientos que han otorgado licencias indebidamente tanto de construcción como de urbanización.

La comparación entre ambos informes pone en evidencia que la situación del urbanismo en estas dos comunidades no es tan diferente. Pero la Comunitat Valenciana ha sido objeto de tres visitas de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, mientras que Castilla-La Mancha no ha recibido ni una sola crítica y su fuerte desarrollo constructivo está pasando prácticamente inadvertido.

Esta situación ha sido criticada por el PP que acusó a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de tener una “doble vara de medir”. El vicesecretario regional del PP, Ricardo Costa, lamentó que Cristina Narbona “dé la callada por respuesta para denunciar actuaciones que se desarrollan en comunidades socialistas y que afectan a la valenciana”.

Las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han aumentado en la última semana 37,88 hectómetros cúbicos (hm3), con lo que el agua almacenada en los pantanos se sitúa en 796,34 hm3, lo que representa el 23,80 por ciento de sus 3.346,6 hectómetros de capacidad total.

De los veintisiete embalses de la CHJ, veinticuatro han aumentado sus reservas en la última semana, siete la han disminuido y otros dos no han variado su nivel, según informaron hoy fuentes de esa entidad.

El embalse que ha registrado un mayor incremento ha sido el de Sichar, que ha aumentado 7,31 hectómetros y se sitúa al 79,56 por ciento de su capacidad.

También han aumentado sus reservas los pantanos de Tous-La Ribera, con 6,52 hectómetros cúbicos; el de Alarcón, con 6,18, y el de Arenos, con 4,90 hectómetros.

Por otra parte, los embalses que han reducido sus reservas son el de Cortes II, que ha perdido 5,11 hectómetros cúbicos; el de Onda, que pierde 0,27; el embalse de Regajo, con una perdida de 0,08 hectómetros cúbicos; La Toba, que pierde 0,08 hectómetros cúbicos; el de Escalona, que pierde 0,03 hectómetros cúbicos y el embalse de El Naranjero y Alcora que han perdido 0,01 hectómetros cúbicos cada uno.

Los embalses que no han variado su nivel son los de Algar que sigue seco y el de Almansa, que sigue con 11,50 por ciento de su capacidad.

“La ministra de Medio Ambiente tiene doble vara de medir cuando se trata de defender el medio ambiente”. Así lo denunció ayer el vicesecretario regional del Partido Popular de la Comunitat, Ricardo Costa, quien lamentó que Cristina Narbona “dé la callada por respuesta a la hora de denunciar actuaciones que se desarrollan en comunidades socialistas y que afectan a la valenciana”.

Costa se refirió así a la situación llevada a cabo por el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha “al promover la construcción de un millón de viviendas que sobreexplotarán el agua del Tajo y del Júcar”, como publicó ayer LAS PROVINCIAS. “La ministra viene a la Comunitat a dar lecciones de ahorro cuando dirigentes de su partido están encabezando actuaciones que afectan a los dos ríos que tienen que trasvasarnos agua”.

El vicesecretario regional del Partido Popular señaló que esta actuación “pone en evidencia “la doble moral de Narbona porque no tiene reparos en secar un territorio como el valenciano y en hacer la vista gorda en un territorio socialista

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo rechazó ayer la petición de la Generalitat de modificar el trayecto del trasvase del Júcar-Vinalopó, diseñado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

“El debate ya no necesita ser reabierto, al estar encauzado el problema y existir un proyecto en marcha que resulta más satisfactorio que el anterior”, según consideró en su conclusión la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.

El Consell, por el contrario, afirmó que dispone de nuevos informes científicos que desaconsejan el nuevo trazado, por considerarlo inviable, además de las peticiones de los usuarios y regantes, que a su juicio también lo rechazan.

El conseller de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, anunció una batería de preguntas a la Comisión Europea pidiendo explicaciones. “Vamos a seguir dando la batalla, porque no entendemos que la Comisión se desentienda para dar satisfacción a un determinado grupo político”, manifestó García Antón.

“El grupo socialista está presionando para que no se vuelva a hablar del asunto, a pesar de que sabe que este proyecto no es viable”, agregó. Para el conseller, los socialistas aplicaron “el rodillo” para crear una mayoría de votos contrarios a que se reabra la denuncia que presentó el Consell contra el nuevo trazado.

Tanto el Parlamento Europeo como la Comisión manifestaron su apoyo al nuevo trazado elaborado por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y justificaron su apoyo porque entienden que respeta la normativa europea y disminuye el impacto ambiental.

“Aunque aún se deben cumplir algunas normativas comunitarias, consideramos que el nuevo proyecto limitará los daños medioambientales del trasvase al situar la toma en el estuario del río y no en la mitad de su curso, además de que evitará la sobreexplotación actual de los acuíferos”, señaló el representante de la Comisión, Giorgios Peroulakis.

Los regantes también mostraron su indignación. La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Alacantí y Consorcio de Aguas de La Marina Baja lamentó el rechazo del Parlamento Europeo y manifestó que su decisión se apoya en “argumentos única y exclusivamente demagógicos”. Explicaron que se ha comprobado “cómo las razones técnicas, económicas, medioambientales y sociales aportadas no han sido tenidas en cuenta”. La nueva documentación que ha aportado la Junta Central de Usuarios es un informe de más de 600 páginas elaborado por cuatro universidades y coordinadas por la de Alicante.

El secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, calificó de “bofetón al PP” la decisión de la Eurocámara de no reabrir el examen sobre el trazado y dijo que esta resolución supone un “fracaso” para la Generalitat. Esta decisión es “la culminación del despropósito más grande en la historia de la Comunitat, que es intentar que la UE no financie el trasvase”, dijo.

El delegado del Gobierno en la Comunitat, Antoni Bernabé, manifestó que la UE “ha vuelto a apoyar el trasvase Júcar-Vinalopó y a respaldar la política hídrica del Gobierno de Rodríguez Zapatero”.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, dijo hace unos días que el problema del urbanismo no es sólo de la Comunitat . Los datos de un informe de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha parecen confirmar las afirmaciones de la titular de Medio Ambiente.

Según esta asociación conservacionista, la comunidad castellano- manchega tiene previsto construir un millón de viviendas en el horizonte de 15 ó 20 años y doblar el parque actual que se sitúa en un millón. “Y creo que nos quedamos cortos”, según Miguel Ángel Hernández, uno de los redactores del informe.

El parque de viviendas de Castilla-La Mancha en 2005 era de 1.072.000. Los datos del propio gobierno manchego apuntan a que se producirá un crecimiento de 132.000 nuevos inmuebles hasta 2010, con una población, según el censo, de 1,9 millones de habitantes.

La asociación ecologista va mucho más allá y estima en el informe Urbanismo y depredación del territorio en Castilla-La Mancha que el crecimiento urbanístico seguirá a un ritmo imparable hasta 2030.

A estas previsiones hay que sumar los campos de golf que se van a construir asociados a las nuevas urbanizaciones. Hasta el momento se han presentado 25, aunque los ecologistas afirman que se superarán los 50.

Los ecologistas se preguntan de dónde saldrá el agua para abastecer a estos inmuebles. El Tajo y el Júcar son las dos fuentes principales de recursos. Ambos ríos han sufrido la sequía que azota España. Pero, además, Miguel Ángel Hernández explica que el principal acuífero subterráneo de La Mancha (que abastece las Tablas de Daimiel) está sin agua y el de la Mancha Oriental presenta fuerte presencia de nitratos.

Ante esta afirmación, la Junta ha optado por no dar una respuesta directa. El vicepresidente primero del Gobierno manchego, Fernando Lamata, se limitó a afirmar que el crecimiento en la autonomía se hará “con arreglo a las disponibilidades de suelo, agua y recursos naturales y con el respeto al medio ambiente”.

Frente a ello Ecologistas en Acción expone una larga lista de proyectos que se están presentando y tramitando en los diferentes ayuntamientos castellanos.

Ejes de crecimiento
Las principales causas de este crecimiento, según el informe, se deben al “desborde del crecimiento urbanístico de la Comunidad de Madrid” hacia las provincias aledañas. Otra de las razones que destaca el documento es el desplazamiento en las preferencias de la tipología de vivienda de plurifamiliar a unifamiliar y la apetencia por disponer de segundas residencias.

El informe destaca que una de las zonas de crecimiento ha sido y será el área inmediata de influencia de Madrid. El documento destaca que el Corredor de Henares alcanzará entre los 425.000 y 565.000 habitantes en el horizonte 2017-2030. Esta zona tiene 33 municipios de la provincia de Guadalajara donde se construirán, según las estimaciones, 175.000 nuevas viviendas.

En la comarca de La Sagra, también en la zona de influencia de la capital de España, se prevé llegar a los 624.000 habitantes. El área abarca 40 municipios de Toledo y se edificarán hasta 2030 unas 150.000 nuevas viviendas. Los ecologistas calculan que el consumo de agua en esta zona casi se triplicará al pasar de 23 a 70 hectómetros cúbicos.

Otro foco de crecimiento, según se encarga destacar el informe, será el entorno de las principales ciudades castellano-manchegas. Albacete está desarrollando en estos momentos un nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM).

Ciudad Real también tiene previsto construir unas 20.000 nuevas viviendas. Según las mismas fuentes el objetivo de la nueva planificación es edificar 20.000 viviendas, con lo que se duplicará la población actual. Guadalajara tiene unas previsiones de crecimiento de 45.000 viviendas, el doble de la población actual.

El nuevo POM de Toledo prevé la construcción de 49.000 viviendas hasta 2030. Talavera de la Reina, un municipio de tamaño medio, estima que edificará 46.691 inmuebles hasta 2020.

Infraestructuras
Otras áreas susceptibles de sufrir un crecimiento urbanístico desmesurado, según Ecologistas en Acción, se sitúan alrededor de las nuevas grandes infraestructuras de transporte. Según los ecologistas afectan, en su mayor parte, a espacios incluidos en la Red Natura 2000, protegidos por la Unión Europea.

En estas zonas se estima que se construirán 240.000 nuevas viviendas. Entre estas infraestructuras se encuentran la Autovía de Castilla-La Mancha, el AVE a la Comunitat, la autovía La Alcarria-Madrid, la A-3, o la unión con Alicante, entre otras.

Según el Plan Especial de Infraestructuras Terrestres (PEIT), hay cuatro autopistas en proyecto, dos autovías y al menos una decena de carreteras de alta capacidad. También se pasará de 1.000 a 2.790 kilómetros de vías de alta capacidad y de 300 kilómetros a 1.000 kilómetros de líneas de alta velocidad.

Junto a ello, hay que unir las grandes actuaciones singulares entre las que se incluye la construcción, según los ecologistas, de al menos 25 campos de golf y 85.000 nuevas viviendas.

En La Losilla (Chinchilla) se van a construir 2.000 chalets y un campo de golf. Hay programado un campo de golf de 27 hoyos en La Roda; 2.500 viviendas y un campo de golf en Montealegre del Castillo; 9.000 viviendas, 4.000 plazas hoteleras, tres campos de golf y un casino en el parque temático Reino Don Quijote de Ciudad Real, según estos informes.

A estos proyectos se suman las 5.000 viviendas y un campo de golf en Puertollano. En Zarza del Tajo, junto a un Lugar de Interés Comunitario (LIC), se van a construir 3.000 viviendas y un campo de golf. En la localidad de Yebes hay previsto edificar 9.500 viviendas y un campo de golf o 13.000 viviendas en El Quiñón (Seseña).

La expansión urbanística en Castilla-La Mancha empezó hace unos años. El Observatorio Español para la Sostenibilidad (OSE), entidad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ya lo ha detectado. El informe de este organismo entre 1987-2000 resalta que de las 18.972 hectáreas nuevas ocupadas en la región en el área de influencia de Madrid, se ubican Guadalajara con un crecimiento del 94% y Toledo, del 67%.

La mayor parte de la expansión corresponde a zonas urbanas (el 93%). El informe de Ecologistas en Acción resalta que el OSE destaca que el crecimiento de las superficies urbanas no tiene relación con el aumento de población, ya que ésta ha crecido un 16% y la población un 3,5% entre 1987-2000.

La propia Consejería de Urbanismo reconoce que desde el año 2000 se están reclasificando como promedio 3.500 hectáreas al año, de los que 30 millones de metros cuadrados son para uso urbano.

Las viviendas nuevas construidas entre 2001 y 2005 rondan las 20.000 ó 30.000 al año. El ritmo se ha incrementado el último ejercicio donde se han reclasificado 60.000 millones de metros cuadrados, 35 de ellos para las 45.000 nuevas viviendas anuales que se han edificado.

Los ecologistas consideran, de esta forma, que el parque de viviendas se duplicará en el horizonte de 2030 hasta alcanzar los 2.000.000. Y se caracterizarán por ser unifamiliares, asociadas a proyectos de construcción de campos de golf “y muchas veces dentro o en el radio de influencia de espacios naturales de gran valor ecológico”. La fiebre constructora en la Comunitat ha sido denunciada ante la UE.

El agua para las nuevas viviendas, según se encargó de recordar Miguel Ángel Hernández, uno de los redactores del informe de Ecologistas en Acción, procederá de los ríos Tajo y Júcar y de los acuíferos de la Mancha, que no se encuentran en buen estado tras los últimos años de sequía.

El propio Hernández reconoció a LAS PROVINCIAS que no es ajeno a los intereses políticos que se esconden detrás de la fiebre constructora que se ha desatado en Castilla-La Mancha durante estos últimos años.

El trasvase Tajo-Segura tiene fecha de caducidad. El nuevo estatuto manchego dice que se acabará en 2015. Pero si no se consigue aprobar este texto legal, los socialistas manchegos, según se desprende del informe ecologista, están dispuestos a aplicar la política de hechos consumados.

El trasvase entre los dos ríos únicamente se producirá si existen excedentes. Pero la política de expansión urbanística generará una importante demanda de recursos hídricos que se sumarán a la del aumento de regadíos en la Mancha Oriental. De esta forma, por mucho que las leyes permitan trasvasar, la política emprendida por la Junta de Castilla-La Mancha va dirigida a que no haya excedentes.

Al menos así lo sostienen los ecologistas de Castilla-La Mancha que, aunque no se posicionan sobre el trasvase, reconocen la política de hechos consumados que está llevando a cabo la Junta para evitar llevar agua a la Comunitat y Murcia.

Los regantes del Júcar creen que las abundantes precipitaciones del mes de abril permiten incrementar las dotaciones de agua para riego y reducir así las restricciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Júcar debido a la sequía.

Los embalses han recuperado los niveles de 2006, a pesar de que todavía se encuentran en situación de emergencia. Alarcón, Contreras y Tous han sumado en las últimas cuatro semanas 72 hectómetros cúbicos, casi un tercio de las reservas que tenían a finales de marzo.

Según explicó el secretario de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, Juan Valero de Palma, a pesar de que ya se están produciendo desembalses de Alarcón para regar los campos de arroz, las aportaciones son mayores y el pantano incrementa sus reservas.

Las restricciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Júcar preveían para este verano 250 hectómetros cúbicos de agua superficial para regar, cuando las asignaciones son de 725 hectómetros. “Habíamos previsto incrementar esa cantidad con recursos provenientes de pozos y agua depurada, pero creemos que es necesario reducir las restricciones porque no tenemos suficiente”.

Valero de Palma espera que la Confederación del Júcar decida en las próximas semanas incrementar la dotación de agua para riego. Sin embargo, habló de “prudencia” debido a que a pesar del incremento de caudales, las aportaciones todavía no son demasiado importantes y no permiten hablar, “ni mucho menos, del fin de la sequía” en la cuenca del Júcar.

Si las predicciones del Centro Meteorológico de Valencia se cumplen, se pueden registrar más precipitaciones en la cuenca que permitan incrementar el volumen de reservas. “Las lluvias han sido muy beneficiosas y en un mes excelente para la agricultura”, aseguró Valero de Palma

Las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han aumentado en la última semana 27,24 hectómetros cúbicos (hm3), con lo que el agua almacenada en los pantanos se sitúa en 723,62 hm3, lo que representa el 21,62% de sus 3.346,6 hectómetros de capacidad total.

De los veintisiete embalses de la CHJ, diecinueve han aumentado sus reservas en la última semana, cuatro las han disminuido y otros cuatro no han variado su nivel, según informaron hoy fuentes de esa entidad.

El embalse que ha registrado un mayor incremento ha sido el de Alarcón, que ha aumentado 8,52 hectómetros y se sitúa al 11,45 por ciento de su capacidad.

También han aumentado sus reservas los pantanos de Sichar, con 5,80 hectómetros cúbicos; el de Contreras, con 4,23, y el de Tous-La Ribera, con 3,89 hectómetros.

Por otra parte, los embalses que han reducido sus reservas son los de La Toba, que ha perdido 1,32 hectómetros cúbicos; el de Arenós, con 1,16 hectómetros menos; el de Cortes II, que se ha reducido en 0,59 hectómetros, y el de Escalona, con una disminución de 0,03 hectómetros.

Los embalses que no han variado su nivel son los de La Muela, que se encuentra al 63,92 por ciento de su capacidad; el de Alcora, que se mantiene al 70,19 por ciento; el de Almansa, con 11,50 por ciento, y el de Algar, que sigue seco.

Por sistemas, el de Alicante (Marina Baja/Serpis) se encuentra al 63,58% de su capacidad, el del Júcar al 17,58%, el del Turia al 36,15% y el de Castellón (Palancia/Mijares/Cenia) al 40,06%.

Esta semana el conflicto entre la Generalitat y el Gobierno ha dado un paso más. El Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado el conflicto positivo de competencias entablado por el Ejecutivo contra la decisión del Consell de paralizar las obras de construcción de una desalinizadora en Torrevieja en un parque natural.

El alto tribunal no se ha manifestado sobre el fondo del conflicto. Únicamente ha aceptado la petición del Gobierno, que se ha acogido a una prerrogativa especial para frenar la actuación de una comunidad autónoma. Ahora, el Constitucional ha proporcionado un plazo de tres semanas para que cada parte dé sus argumentos y tendrá que tomar una decisión en un periodo máximo de cinco meses.

La Generalitat lo tiene claro. Los servicios jurídicos del Consell trabajan ya para preparar una demanda civil y penal contra la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y contra todos aquellos que hayan contribuido a dañar el parque natural con las obras, un perjuicio que puede ser irreparable.

El Gobierno autonómico tomará esta iniciativa si el Tribunal Constitucional les da la razón, pero no descartan acometerla también si la decisión es contraria, ya que se trata de un posible delito contra el medio ambiente.

Argumentación
Los argumentos del Gobierno y la Generalitat son diferentes. El Ejecutivo defiende que es una obra de interés general, por lo que la autonomía no tiene competencias para paralizarla.

Medio Ambiente, a través de la empresa Acuamed, sostiene que tiene toda la documentación en regla para poder ejecutar las obras. En este sentido, destacaron que la Generalitat cuenta ya con toda la documentación pertinente.

Fuentes de Territorio sostienen que han actuado en este caso como contra cualquier otra infracción urbanística producida en un paraje protegido. Se ha abierto un expediente, impuesto una multa y exigido que se rehaga el mal causado. El Consell reitera que él es la autoridad competente para proteger un parque natural. Sólo en el caso de que Medio Ambiente justifique la inexcusabilidad para elegir ese lugar o no otro, esa infraestructura se podrá excluir. Sin embargo, esta semana los técnicos de la Conselleria de Territorio han dado un varapalo a Medio Ambiente al negar la “inexcusabilidad” del lugar escogido.

Acuamed presentó nueve propuestas alternativas. La Conselleria denuncia la falta de documentación y estudios detallados y afirma tajante que de la documentación sobre el proyecto “no se desprende la inexcusable ubicación de la planta territorial en el ámbito territorial propuesto”.

El informe es también desfavorable con los cuatro lugares elegidos por el Ministerio para verter la salmuera. Los técnicos de Territorio denuncian la falta de información para poder hacer un estudio serio sobre estas zonas. Por ello, las obras se han reiniciado sin todos los permisos exigidos.

En cualquier caso, el Gobierno ha optado por el enfrentamiento. Ha recurrido al Constitucional y tiene cinco meses para continuar con las obras. Un tiempo más que suficiente para avanzar en las obras sin que haya marcha atrás y el daño sea ya irreparable.

La Conselleria de Territorio ha cerrado prácticamente esta legislatura con la aprobación de tres proyectos emblemáticos que suponen más de 20.000 viviendas, la mayor parte de promoción especial.

Durante esta semana se ha reclasificado el estadio de Mestalla para la construcción de los edificios previstos, pero además, se ha dado luz verde a Nou Milen.ni en Catarroja. que supone la construcción de más de 11.500 viviendas , el 50 % de protección oficial.. En el caso del Gran Manises se ha aprobado 9.400 viviendas, el 69% de protección oficial.

Durante este semana el juzgado ha archivado la querella que el PSPV interpuso por prevaricación, malversación, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y ordenación del territorio contra el alcalde popular y dos miembros de su equipo de Gobierno por el PAI de Porchinos, donde se construirá la futura ciudad del Valencia.

Actuar contra los denunciantes
Ahora, le toca a los denunciados por el PSPV que pueden actuar contra los denunciantes, ya que el auto es muy duro contra los denunciantes al informar que no constan informes que sustenten la demanda.

Por otro lado, el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, aprovechó su visita a Castellón esta misma semana para lanzar una propuesta de elaborar una propuesta de plan general autonómico.

El objetivo de esta iniciativa es que de forma definitiva queden plasmados los terrenos protegidos y cuales podrán ser reclasificados y evitar así cualquier tipo de especulación. De esta forma, el Consell tomará la iniciativa en la ordenación territorial y creará el marco sobre el cual podrán actuar las administraciones municipales.