Las reservas de los embalses de la CHJ aumentan 1,12 hm3

Las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han aumentado en 1,12 hectómetros cúbicos durante la última semana y se han situado en 584,88 hectómetros, lo que supone un 17,48 por ciento de los 3.346,6 hectómetros cúbicos de capacidad total.

Según informaron hoy fuentes de la CHJ, de los veintisiete embalses adscritos a la Confederación, doce han aumentado el nivel del agua almacenada, doce lo han disminuido y tres lo han mantenido.

El embalse que ha registrado el incremento más importante ha sido el de Cortes II, que ha recibido 2,90 hectómetros cúbicos, con lo que se sitúa al 94,14 por ciento de sus 118 hectómetros cúbicos de capacidad total.

También aumentaron los niveles del embalse de Tous-La Ribera, con un incremento de 1,77 hectómetros cúbicos; el de Arenós, con un incremento de 1,18 hectómetros cúbicos, y el de Alarcón, que creció 1,08 hectómetros cúbicos.

Los descensos más significativos se han registrado en el embalse de La Muela, que ha perdido 4,92 hectómetros cúbicos, y en los de Sichar y Benagéber, que han reducido su caudal en 2,06 y 0,59 hectómetros.

Los embalses que no han sufrido variaciones han sido los de Onda, que está al 38,85 por ciento; Almansa, al 11,50 por ciento, y Algar, que sigue completamente seco.

Por sistemas, el de la Marina Baja/Serpis está al 48,18 por ciento de su capacidad; el del Júcar se encuentra al 14,83 por ciento; el del Turia está al 28,23 por ciento y el sistema de Palancia/Mijares/Cenia se encuentra al 27,07 por ciento de su capacidad total.

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Una sequía como la peor del siglo XX

El Instituto Nacional de Meteorología advertía el jueves pasado de que el 96% del territorio valenciano está sufriendo la sequía meteorológica desde hace dos años y medio, con precipitaciones que se sitúan un 20% por debajo de la media. Pero no sólo esta situación se circunscribe a la Comunitat. En Teruel y Cuenca, en las cabeceras de los principales ríos valencianos, también sufren el prolongado estiaje, con nieves escasas durante el invierno y lluvias mínimas en el resto del año.

La cuestión meteorológica ha tenido un rápido traslado al estado de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar hasta el punto que el organismo de cuenca ha decretado la situación de emergencia por la sequía. Los embalses del Júcar están al 14% y los del Turia embalsan la mitad del agua que el año pasado. Los agricultores van a sufrir restricciones. Aquellos que dependen del Júcar y del Turia serán los grandes damnificados, puesto que los primeros recibirán entorno al 30% del agua a la que históricamente tienen derecho y los del Turia obtendrán la mitad de la que tuvieron el año pasado, pese a que en 2006 también se abrocharon el cinturón.

La gran diferencia entre la situación de hace una docena de años y hoy en día estriba en las aguas subterráneas. Las lluvias de este invierno, si bien no afectaron a las cabeceras de los ríos, sí contribuyeron a rellenar los acuíferos subterráneos. Al menos los de la cuenca del Júcar. En la CHJ esperan que también se de la misma situación en la cuenca del Turia.

El organismo de cuenca ya está preparando los 105 pozos de sequía del área del Júcar y la treintena que hay en el Turia para ponerlos en marcha a mediados de esta primavera y el verano. Aunque hay regantes, como el presidente de la Real Acequia de Moncada, Francisco Romeu, que teme que los pozos de sequía se agoten en agosto si se abusa de ellos.

Pero esto no es nuevo. La última gran sequía fue un poquito peor, de momento que la actual. Las cifras se están acercando. Y no hace tanto tiempo. De aquella está documentado cuándo se inició y cuándo terminó. De la actual sólo sabemos que la estamos sufriendo desde el año 2005 pero desconocemos cuándo finalizará.

La gran sequía del siglo XX tuvo su inicio en 1992. Aquel año de la gloria olímpica de Barcelona y de los fastos de la Expo de Sevilla, culmen del felipismo político, empezaron a detectarse los primeros síntomas en el mes de marzo, hace nada menos que 15 años, y eso que los embalses de la CHJ se encontraban al 44,5%. Pero no entraba suficiente agua en los pantanos y salía tanta como en años anteriores, hasta el punto que en seis meses las reservas se redujeron al 29,9%. En España ya se hablaba claramente de sequía.

Pero la etapa dura estaba por llegar. ‘‘No nos encontramos al límite, pero la zona del Vinalopó lo puede tener muy mal’’, advertía a mediados de enero de 1993 Josep Carles Genovés, presidente de la CHJ a la sazón.

Se dispara la alarma en 1992
El embalse de Alarcón, convertido por los regantes del Júcar en la gran reserva hídrica de la Comunitat, empezaba el año hidrológico (octubre de 1992) con 211 hectómetros cúbicos y finalizaba agosto con 76,7 hectómetros, al 6,9% de su capacidad. La CHJ aseguraba que el escaso volumen de agua embalsado ‘‘empieza a ser alarmante’’.

A finales de ese año, cuando las presas debían de encontrarse en plena recarga, el pantano de Alarcón estaba al 8,6% de su capacidad, Contreras al 12%, Benagéber, el mayor del Turia, al 23,8% y Loriguilla al 17,4%

Y llegó 1994. El año se inició con una nevada en los Montes Universales turolenses, insuficiente como para paliar mínimamente la sequedad de los cauces y rellenar los exhaustos pantanos. Alrededor de 90 hectómetros cúbicos tenía Alarcón durante marzo y abril de ese año. Se incrementó ligeramente hasta los 99 hectómetros el 1 de junio. Pero ya se denotaba una reducción del nivel de los acuíferos subterráneos y un aumento de la salinización y de los nitratos en el agua de pozo.

Pero en dos meses la gran reserva de la Comunitat alcanzaba un mínimo histórico: estaba al 3% de su capacidad, con 34 hectómetros. Casi vacío.

El conjunto de embalses de la CHJ se hallaban a poco menos del 15% y en pleno mes de julio el obispo de Segorbe-Castellón pedía rogativas a los fieles para que lloviera.

Fue a finales de julio cuando empezaron a sacarse peces del embalse de Alarcón para que no murieran y contaminasen la poca agua que quedaba.

Y mientras las miradas se centraban en Alarcón, Contreras, el segundo mayor embalse del Júcar, se vaciaba. Acababa septiembre al 1,75% de su capacidad, con 15,3 hectómetros embalsados. Benagéber, en el Turia, finalizaba el año hidrológico al 4% y Loriguilla al 7%.

Le costó reaccionar a la CHJ. A finales de 1994 el organismo de cuenca anunciaba la puesta en marcha de medidas para ahorrar 70 hectómetros cúbicos de agua con la construcción de pozos de sequía y reutilización de aguas residuales. Se anunciaba una inversión de 1.500 millones de pesetas.

El 8 de diciembre de 1994 Pedro Marco, entonces jefe de la oficina de planificación hidrológica, hoy secretario autonómico de la Conselleria de Infraestructuras, declaraba que la situación ‘‘es bastante peor que la del año pasado, que ya fue de por si bastante malo’’. La cuenca del Júcar arrastraba un déficit de 120 hectómetros y de 35 la del Turia.

El 7 de enero de 1995 el Gobierno que esta era la peor sequía del siglo en Valencia.

En marzo de 1995 los pantanos se habían recuperado mínimamente. Embalsaban 466 hectómetros y estaban al 14,79%. La presa de Tous, que entra en servicio tras su destrucción en 1982, embalsaba 35 hectómetros, 89,7 Alarcón, 45,4 Contreras y 44,17 Benagéber. Los pozos de sequía empiezan a explotarse y en mayo de 1995 empezaron a acusar fuertes descenso de su nivel. La sequía también había afectado a las reservas hídricas subterráneas.

Con la llegada de junio y julio se repite la operación del año anterior. La escasez de agua en Alarcón, que se halla a menos del 4% de su capacidad, aconseja la extracción de peces, en especial carpas. José Bono, presidente de Castilla-La Mancha, se opone, pero tras hacerle entrar en razón, el 7 de julio un grupo de pescadores de Nazaret dejan el mar y se van a echar las redes al pantano de Alarcón.

El objetivo, como el de 1994: evitar una gran mortandad de peces en el embalse que pueda contaminar el agua del Júcar y no sirva para beber. Se extraen de julio a octubre 53 toneladas de carpas.

A finales de agosto empieza a obrarse el milagro. Las tormentas de verano, que afectan a la Comunitat, Cuenca, Teruel y Albacete, empiezan a paliar la situación. Septiembre finalizaba y con él el año hidrológico. ‘‘Pese a la sequía, queda más agua embalsada que hace un año’’, titula LAS PROVINCIAS el 26 de septiembre de 1995. Los embalses de la CHJ disponen de 265 hectómetros de reservas y están al 8,42%.

Ese invierno tampoco llovió demasiado, pero la cosa empezó a cambiar en la primavera y el otoño de 1996. Acabó la sequía. A día de hoy los embalses de la CHJ disponen de un poco más de agua que en 1994 y 1995.

Alarcón no ha llegado a un nivel tan bajo como en 1994, pero en septiembre pasado llegó a estar al 4,33% de capacidad y Contreras al 3%, cifras que recordaban las del verano de aquel bienio negro para el agua.

En la sequía actual las restricciones se iniciaron en el Júcar en la primavera de 2005 y en el Turia las sufrirán este año. El resto de cuencas están mejor que en la peor sequía del siglo XX.

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Camps dará a un regante el puesto del Consell en el Consejo del Agua

La Comunitat Valenciana tendrá un regante en el Consejo Nacional del Agua ocupando el puesto del conseller de Agricultura. Ese es el compromiso lanzado ayer por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tras arremeter con la futura ley de Aguas que deja a los principales usuarios de los recursos hídricos de España, los regantes, al margen de cualquier toma de decisión.

Camps señaló que la nueva ley de Aguas que prepara el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es “una mala sorpresa que pretende bajar el peso de los regantes en el Consejo Nacional del Agua” y por ello lanzó ayer ese compromiso que calificó de “acción límite”.

Por este motivo, “esa silla no es del Gobierno de la Generalitat, sino de los regantes valencianos”, apostilló el presidente Camps.

Francisco Camps realizó estas declaraciones durante la clausura de una jornada sobre el ahorro y la eficiencia en el uso del agua, celebrada en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA).

En el acto recordó que el Consell ‘‘continuará exigiendo al Gobierno el trasvase de agua del Ebro, el dinero que corresponde al campo valenciano, así como la solidaridad del resto de España’’ El presidente Camps señaló que es “fundamental” trabajar en común “en la defensa del campo y del regadío valenciano, reivindicando aquello que es necesario para el futuro”.

Por ello, además de brindar el apoyo del Gobierno valenciano, dijo que los agricultores tienen en la Generalitat a su “principal aliado”, para afrontar juntos los problemas y las soluciones.

Camps aseguró que el compromiso inversor de la Generalitat continúa con los 4.000 millones de euros que se han destinado a materia de agricultura, agua e infraestructuras para la modernización del regadío valenciano. Y desglosó los datos. En la última década se han invertido 1.500 millones de euros en infraestructuras hidráulicas, se ha incrementado un 84% el número de depuradoras y el volumen de agua tratado es del 70%, llegando a los 500 hectómetros anuales

‘‘La Comunitat se sitúa como líder en la modernización de regadíos. De hecho, en esta legislatura se han modernizado cerca de 60.000 hectáreas a riego localizado. Por tanto actualmente hay 212.000 hectáreas modernizadas a riego localizado, lo que supone el 75% de la superficie de regadío colectivo’’, recordó el jefe del Consell. Esto ha supuesto que los agricultores hayan ahorrado un 14% de agua y el objetivo es llegar al 20%.

La Comunitat, dijo Camps, reutiliza 175 hectómetros cúbicos anuales de agua, ‘‘25 más de los que exigía el PHN’’. El objetivo es alcanzar los 350 hectómetros.

Afirmó el presidente Camps que su Gobierno apuesta por el cultivo en común, y la comercialización “con líneas que ya están abiertas y plataformas de venta”.

Anunció, asimismo, que se van a estudiar las rentas mínimas de las personas que trabajan en el campo ‘‘con el objetivo de que todo el sector agrario tenga las mismas opciones de futuro en la Comunitat Valenciana’’.

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Armados para paliar los efectos de la sequía

Las cuencas hidrográficas de España se arman con medidas preventivas para combatir la sequía, una situación que en el caso valenciano es especialmente grave. De hecho, el Turia aportará a los regantes la mitad de agua que el año hidrológico anterior. En un caso parecido está la cuenca del Júcar. Las aguas subterráneas y los “pozos de sequía” podrían ayudar a solventar esta situación calificada de “emergencia”.

Cada año la situación en las principales cuencas hidrográficas valencianas, las del Turia y el Júcar, va a peor. El primero de estos dos ríos aportará a los regantes la mitad de agua que el año hidrológico anterior, es decir, se pasará a suministrar entre 70 y 80 hectómetros cúbicos. Casi con toda seguridad, se harán necesarias las restricciones de agua que no fueron necesarias el ejercicio anterior, porque en 2006 ya se redujo la aportación en un 50 por ciento respecto a 2005.

El Júcar, por su parte, seguirá con las restricciones que ya sufrió el año pasado, y se reducirá su aportación de los 350 hectómetros cúbicos en 2006 a los 240 en 2007, entre un 30 y un 40 por ciento menos. Para garantizar el abastecimiento, y según se recoge en el Plan Especial de Alerta y Eventual Sequía (PES) del Ministerio de Medio Ambiente, habrá que recurrir a aguas subterráneas, a las reutilizadas y a los denominados ‘pozos de sequía’.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, calificó esta situación de “emergencia”, y apuntó que “puede empeorar”, dependiendo de cuánto y dónde llueva en los próximos meses. Los dos ríos están “en el último rango de medición, en la zona de peor, de más sequía”, añadió el responsable de la cuenca del Júcar.

La situación no es exclusiva de los ríos valencianos, pero es especialmente dramática ya que, al parecer, y según Moragues, “difícilmente” se van a poder abrir nuevos pozos en la campaña actual para paliar la sequía. “En esto no ocurre como con los Reyes Magos”, señaló Moragues, que añadió que, ante una eventual petición masiva de apertura de pozos, los 105 del Júcar y los 35 del Turia no podrán estar operativos durante esta campaña.

Vigilancia y seguimiento
El informe remitido por el Consejo del Agua de cuenca, que es una de las actuaciones planteadas en el PES, ha contado con las participación de representantes de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, usuarios, organizaciones profesionales y ecologistas.

En este informe se ha plasmado todo lo que se está haciendo en la actualidad para gestionar la sequía. Se trata, en definitiva, de acciones de vigilancia y seguimiento ambiental, ahorro, búsqueda de recursos adicionales como los pozos de sequía o reutilización de agua.

Para llevar a cabo el proceso se establece a través del PES un sistema de indicadores que permite identificar en qué situación se encuentra un sistema para adoptar una serie de medidas predefinidas, según la gravedad de la situación, que va desde la normalidad a la prealerta, alerta y emergencia.

Situación generalizada
España es un país en el que la sequía se produce por ciclos. Cada 10 años, el índice de lluvias se desploma y las zonas más secas del territorio sufren con mayor intensidad las consecuencias de la falta de agua. La última gran sequía tuvo lugar en la primera mitad de los 90. El fenómeno de la falta de agua se produce paulatinamente, pero se soluciona de golpe, con un periodo largo de abundantes lluvias. De esa situación se aprendió la importancia de la prevención. De ahí el establecimiento del PES, que ahora, con una nueva situación de falta de líquido elemento, se pone a prueba.

Así son numerosas las cuencas españolas que se arman para prevenir una primavera poco generosa en lluvias. La situación de sequía cumple en 2007 su tercer año consecutivo y el Tajo, el Segura, el Guadalquivir, así como el Turia y el Júcar ya tienen en marcha las medidas oportunas.

En el caso del Tajo, se ha enviado al Ministerio de Medio Ambiente, porque así lo indica en el PES, una serie de protocolos y organización en la toma de decisiones, así como medidas de vigilancia y control de riesgos para minimizar la frecuencia y la intensidad de las situaciones de escasez de recursos.

El río Guadalquivir se encuentra en la misma tesitura que el Tajo y el resto de ríos. Con la misma filosofía de minimizar el impacto de la sequía se ha remitido desde su Confederación Hidrográfica el preceptivo informe para añadirlo al PES, que se revisará de nuevo en el año 2009.

El Segura, en emergencia
El caso del Segura es tal vez el más grave de España. Este río sufre una paulatina reducción en sus recursos hídricos desde hace 25 años, según ha comentado estos días el presidente de su Confederación Hidrográfica, José Salvador Fuentes Zorita. Los pantanos de esta cuenca se reducen cada temporada y también en este caso se califica la situación como de emergencia.

Al igual que en el resto de cuencas, la del Segura ha aportado al PES una serie de mecanismos para prevenir y detectar situaciones de sequía, fijar umbrales de gravedad progresiva y definir medidas para minimizar los efectos negativos de la falta de agua en el abastecimiento urbano.

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El Gobierno refuerza su control sobre los ríos, excluye a los regantes y no aclara el futuro del Júcar

El borrador de la reforma de la nueva ley de Aguas, que hoy debatirán las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial, introduce un cambio en la política de gestión de los ríos españoles basada, según resaltó ayer el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, en “un enfoque” donde el “medio ambiente aparece como un usuario más del agua”.

Palop explicó que una de las principales características de la reforma es que el Estado se reserva el control de la gestión de los ríos que atraviesan varias autonomías (con el 51% de los votos) y deja el resto a comunidades y ayuntamientos. Las confederaciones hasta ahora eran un órgano dependiente del Gobierno.

El director general recalcó que así se potenciará el papel de las autonomías en la gestión de los ríos en proporción a su territorio y población y aumentará la participación ciudadana en la política hídrica.

Pero las asociaciones de regantes denuncian que la nueva ley les excluye de la gestión de la política hídrica. Hasta ahora tenían un papel relevante en la dirección de las confederaciones y ahora, según la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), “se nos margina”.

Control del Gobierno
La reforma modifica la denominación de las cuencas, que pasarán a llamarse demarcaciones. Estas estarán gestionadas por un Comité de Autoridades Competentes formado por el Gobierno, las autonomías y los ayuntamientos. Usuarios y regantes se quedan fuera.

La nueva composición será determinante en la futura elaboración de los planes de cuenca que establecerán los usos de las aguas y los caudales ecológicos de cada cauce.

Los regantes, de esta forma, ven reducida su participación en beneficio de las asociaciones ecologistas. Sólo estarán presentes en la Junta Directiva y en el Consejo del Agua de la demarcación que únicamente tiene un papel consultivo. Los usuarios tendrán en este organismo el 50% de la representación. De ese porcentaje, el 20% será para los ecologistas, otro 20% para las asociaciones agrarias y regantes y el 10% para otras entidades.

Los principales usuarios del agua son relegados a un órgano consultivo con el mismo peso que las asociaciones ecologistas ante la elaboración del Plan Hidrológico de cada demarcación, documento base para definir cualquier actuación futura que se vaya a realizar en los ríos.

El Gobierno aumenta sus competencias en detrimento de las autonomías gracias al artículo 24 y a la ampliación del dominio público de los ríos (con las definiciones de cauce y ampliación de las zonas de protección).

El artículo 24 permite a los órganos de cuenca, entre otras facultades, la aprobación de los estatutos de las comunidades de usuarios, el control de los caudales, de las aguas subterráneas y continentales o tomar las medidas necesarias para la conservación medioambiental. Además, controlará la “policía de aguas”.

Los órganos de cuenca tendrán mayor control sobre los planes urbanísticos, ya que estos deberán incluir un informe en el que se valore su incidencia sobre el dominio público y sobre las zonas de servidumbre de los ríos y zonas inundables

La nueva ley introduce dos impuestos. Una tasa dirigida a recuperar el coste de la gestión que supondrá 0,2 euros por cada mil metros cúbicos, una vía que puede abrir la puerta a nuevos aumentos en el precio del agua. La segunda será de 300 euros por las presas y embalses.

También crea los Bancos Públicos del Agua, en los que se podrán realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de usos del agua. La reforma garantiza a todos los españoles un mínimo de agua de 60 litros por habitante y día. Otra novedad son las demarcaciones mixtas, como la del Júcar, para coordinar la gestión de los ríos de competencia estatal y autonómica.

Se incorpora al dominio público el agua desalada, se crea un registro de presas y se establece la obligación de crear un Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.

Situación del Júcar
La reforma remite su desarrollo a futuros decretos con lo que se introduce cierta ambigüedad sobre el futuro de la política hídrica en la que el Gobierno se reserva la última palabra.

Para el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, “la nueva legislación resta peso a la Generalitat en la gestión del Júcar”, con lo que cuestionó el supuesto aumento de las competencias autonómicas en el control de los ríos. Fuentes de la Generalitat explicaron que el documento lo recibieron el 15 de marzo, al igual que los regantes, con lo que no han tenido tiempo para su estudio.

Con la reforma, que el Consejo de Ministros aprobará en abril y entrará en vigor esta legislatura, según indicó ayer la titular de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el Gobierno tiene en su mano establecer el caudal ecológico del Júcar, que decidirá la posibilidad de trasvasar y los usos del agua.

Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, está continuamente incrementando el consumo del agua del Júcar para sus regadíos y se opone al trasvase al Vinalopó. Una política concertada con el Ejecutivo podría dañar los intereses de la Comunitat.

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Fenacore rechaza el nuevo impuesto sobre el agua y advierte de que es un atentado contra la competitividad

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha rechazado la implantación del nuevo impuesto sobre el agua que pretende establecer el Ministerio de Medio Ambiente y advierte que, de llevarse aefecto, será un nuevo atentado contra la competitividad agraria, precisamente en unos momentos muy delicados para la economía del sector rural, por la crisis de bajos precios y por la grave sequía.

Andrés del Campo, presidente de Fenacore, ha explicado que la nueva “tasa por prestación de servicios de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua”, que incorpora el borrador de reforma de la Ley de Aguas, supondrá un coste anual de más de 30 millones de euros para el regadío español duran te el primer año, y considera que se trata de una nueva denominación, un “eufemismo”, para rescatar la “controvertida ecotasa’’ que ya pretendió implantar el Gobierno tiempo atrás.

Del Campo criticó la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente de gravar a los regantes con un nuevo canon de 0,0002 euros por metro cúbico de agua consumido al año, cuando, en realidad, esta tasa ya está incluida dentro de los costes del organismo de cuenca. Asimismo lamentó la potestad que se arroga el Gobierno de modificar los precios del agua periódicamente en los Presupuestos Generales del Estado, por considerar que genera “inseguridad jurídica” para los usuarios y pérdida de competitividad para el regadío español, ya que la Administración podrá hacer oscilar “arbitrariamente” los precios en función de sus propios intereses y “afán recaudatorio”.

Además, el responsable de los regantes españoles señaló que el borrador de reforma de la Ley de Aguas carece de una evaluación económica que permita conocer los criterios económicos empleados para fijar esta tasa por prestación de servicios, así como los efectos en términos de coste/beneficio que su aplicación tendrá sobre el regadío. Andrés del Campo asegura que el gobierno está incumpliendo su compromiso de no aplicar un nuevo canon del agua o ‘ecotasa’ al menos hasta 2010, tal como establece la Directiva Marco de Aguas de la UE. Afirma que es ‘‘inoportuno’’ y que se incumple el principio de recuperación de costes.

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Los embalses de la CHJ se encuentran al 17,44% de su capacidad

Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se encuentran al 17,44 por ciento de su capacidad y almacenan 4,31 hectómetros cúbicos (hm3) de agua más que la semana anterior, ya que en total albergan 583,76 hectómetros cúbicos de los 3.346,6 de que disponen, según los datos facilitados hoy por este organismo.

Por sistemas, los embalses del Júcar se encuentran al 14,71 por ciento de su capacidad; los del Túria tienen un 28,47 por ciento de agua embalsada; en Alicante, el sistema de la Marina Baja/Serpis dispone del 48,46 por ciento de agua, mientras que en Castellón , el sistema Palancia/Mijares/Cenia se encuentra al 27,60 por ciento de su capacidad.

En el sistema de la Marina Baja, el embalse de Amadorio tiene un 44,15 por ciento de agua almacenada, mientras que el de Guadalest está al 68,89 por ciento. En el Serpis, el pantano de Beniarrés tiene el 41,16 por ciento de su capacidad cubierta. En el sistema Júcar-Turia, La Toba está en el 63,10 por ciento, el de Alarcón un 8,34 por ciento y el de Contreras en 5,04 por ciento.

En el complejo de Cortes, El Molinar está en un 19,30 por ciento de su capacidad, Cortes II en un 91,69 por ciento, La Muela en un 82,28 por ciento, y El Naranjero al 63,70 por ciento. En el Bajo Júcar, el de Tous-La Ribera se encuentra al 26,83 por ciento; Escalona al 4,39 por ciento; y Bellus, al 9,03 por ciento. En el sistema del Magro, el pantano de Forata está al 10,74 por ciento de su capacidad.

En el Túria, el embalse de El Arquillo de San Blas está al 44,57 por ciento, Benagéber al 31,12 por ciento, Loriguilla al 15,57 por ciento y Buseo al 30,91 por ciento. En el sistema del Palancia, el de Regajo se encuentra al 75,23 por ciento de su capacidad y el Algar, al 0,00 por ciento.

En el sistema de Mijares, el de Alcora tiene almacenado un 68,10 por ciento; Arenós un 29,97 por ciento; María Cristina un 6,86 por ciento y Sichar el 18,06 por ciento. En el Cenia, el de Ulldecona está al 41,51 por ciento de su capacidad, mientras que en otros sistemas, el embalse de Almansa está al 11,50 por ciento y el de Onda al 39,02 por ciento.

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Narbona presentará el 22 de marzo los Planes Espaciales de Sequía

El próximo 22 de marzo, Día Mundial del Agua, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona presentará los Planes Especiales de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía, además de las conclusiones del Comité de Expertos en Sequía.

En la presentación, que tendrá lugar en la sede del Ministerio, en Madrid, participarán el subdirector general de Planificación y Uso Sostenible del Agua, Teodoro Estrela y los presidentes de las Confederaciones Hidrográficas del Tajo, Júcar y Segura, José María Macías, Juan José Moragues y José S. Fuentes, respectivamente.

Los Planes Especiales de Sequía, cuya creación está recogida en la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001, están elaborados para mejorar la gestión de los recursos hídricos durante este fenómeno cíclico y propio del Mediterráneo y proponen medidas consensuadas entre todos los agentes sociales para afrontar las situaciones de escasez de agua en cada Confederación Hidrográfica.

Los Planes pretenden la minimización de los efectos de las sequías sobre el abastecimiento de las ciudades y las actividades económicas así como garantizar la disponibilidad de agua. Asimismo, su objetivo es proteger y recuperar los ecosistemas dependientes del ciclo del agua, en especial el mantenimiento de los caudales ecológicos.

Comité de expertos
Durante este acto, el primero de los que conformarán el Foro Internacional sobre la Sequía, que se celebrará en Sevilla del 17 al 20 de junio, también tendrá lugar la presentación de un avance y resumen de las conclusiones del Comité de Expertos en Sequía. Se trata del informe La sequía en España. Directrices para minimizar su impacto , un encargo del Ministerio de Medio Ambiente que servirá como documento de referencia y guía en la política de gestión del agua y de la lucha contra la sequía.

El director del Instituto Tecnológico del Agua en la Universidad Politécnica de Valencia, Enrique Cabrera, y el presidente de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, Luis Guijarro, serán los encargados de presentar estas conclusiones.

El libro oficial con los trabajos finales del Comité de Expertos en Sequía, órgano consultivo en el que participan especialistas independientes, se hará público durante la celebración del Foro Internacional sobre la Sequía, en Sevilla.

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El Congreso apueba el Estatuto aragonés, que pone trabas al trasvase del Ebro

El Consell sostiene que la nueva redacción se somete a la planificación hidrológica del Estado y que los informes para denegar la llegada de agua no son vinculantes

El Consell sostiene que la nueva redacción se somete a la planificación hidrológica del Estado y que los informes para denegar la llegada de agua no son vinculantes

Derechos del agua

Artículo 19.3

Corresponde a los poderes públicos aragoneses, en los términos que establece este Estatuto y de acuerdo con el principio de unidad de cuenca, la Constitución, la legislación estatal y la normativa europea aplicables, velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hisdrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras.

Aguas

Artículo 72.3

En este sentido, y para la defensa de los derechos relacionados con el agua contemplados en el artículo 19, la Comunidad Autónoma emitirá un informe preceptivo para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio. El Gobierno de España deberá propiciar de forma efectiva el acuerdo entre todas las comunidades autónomas que puedan resultar afectadas.

El Congreso de los Diputados aprobó ayer, con los únicos votos en contra de la Chunta Aragonesista, el Estatuto de Aragón que pone trabas el trasvase de agua del Ebro a la Comunitat Valenciana. Los artículos 19 y 72, que no han sufrido modificaciones significativas tras el debate de las enmiendas parciales, blindan el agua del Ebro.

El artículo 19 establece en su apartado tercero que corresponde a los poderes públicos aragoneses “en los términos que establece este Estatuto y de acuerdo con el principio de unidad de cuenca, la Constitución, la legislación estatal y la normativa comunitaria aplicables, velar especialmente para evitar la transferencia de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la comunidad autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras”.

Con una redacción diferente al artículo original –el fondo es el mismo-, la Carta Magna aragonesa intenta controlar la salida de agua de sus ríos hacia otras comunidades autónomas.

Otro de los artículos que se refieren directamente a la posible llegada de agua a la Comunitat es el 72.3, del que no se ha tocado ni una sola coma respecto al texto inicial que se registró en el Congreso de los Diputados.

Este apartado se refiere a la necesidad de elaborar un informe por parte del Gobierno autonómico para autorizar el trasvase de agua: “En este sentido, y para la defensa de los derechos relacionados con el agua contemplados en el artículo 19, la Comunidad Autónoma emitirá un informe preceptivo para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio. El Gobierno de España deberá propiciar de forma efectiva el acuerdo entre todas las Comunidades Autónomas que puedan resultar afectadas”.

El diputado de la Chunta Aragonesista (CHA), José Antonio Labordeta, reclamó que el informe relacionado con la autorización de posibles trasvases fuera vinculante. Una petición que al final no fue atendida por la Cámara Baja. El Gobierno valenciano mostró su satisfacción por el hecho de que la petición de Labordeta no prosperara definitivamente.

Reserva de agua
En el debate parlamentario también se ha modificado íntegramente la disposición adicional quinta, que hace referencia a la reserva de agua del Ebro para Aragón

En la propuesta inicial, las Cortes se reservaban para uso exclusivo de los aragoneses 6.550 hectómetros cúbicos de agua. Con la nueva redacción aprobada ayer, la disposición adicional quinta adopta un estilo mucho más suave.

El Estatuto acepta la planificación hidrológica, habla del principio de prioridad en el aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca del Ebro, “considerando que la resolución de las Cortes de Aragón de 30 de junio de 1992 establece una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550 hectómetros cúbicos de agua”.

El Consell acepta la nueva redacción de la disposición adicional quinta ya que abandona el estilo imperativo en favor de una mayor planificación. Además, la reserva de los 6.550 hectómetros cúbicos de agua ya se encontraba incluida en el Plan Hidrológico Nacional gracias al Pacto del Agua.

Este proyecto estatutario se convierte en la quinta reforma autonómica apoyada por la Cámara Baja durante esta legislatura, tras las de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Baleares.

Satisfacción
La propuesta fue aprobada con los votos a favor de los dos partidos mayoritarios de la Cámara. Los diputados valencianos del grupo popular, que lidera Eduardo Zaplana, también dieron su sufragio afirmativo a la propuesta a pesar de las menciones a los trasvase de agua del Ebro a la Comunitat Valenciana. Los parlamentarios no le dieron especial trascendencia a los artículos referidos al trasvase.

La nueva redacción de la Carta Magna aragonesa también produjo satisfacción en el seno del Gobierno valenciano. Fuentes del Consell consideraron ayer que con el actual texto ya no se impide el trasvase de agua del Ebro a la Comunitat Valenciana.

Las mismas fuentes destacaron que, a través de la disposición adicional quinta, la planificación hidrológica corresponde al Estado. Además, se incluye una referencia a que será el marco constitucional el que ejecute la aplicación de la norma. Desde el Ejecutivo autonómico se apuntó también que se ha vaciado de contenido el rechazo al trasvase que se incluia en la redacción inicial y que el informe al que se alude en el artículo 72 ya no es vinculante.

La redacción del Estatuto de Aragón –comunidad gobernada por el socialista Marcelino Iglesias– había generado una gran polémica entre el ejecutivo aragonés y el valenciano. El Consell anunció que recurriría el Estatuto aragonés si este mantiene el veto de los trasvases del Ebro a otras autonomías. Además, la Generalitat planteó la posibilidad de participar en la Exposición Universal que se celebraré en Zaragoza en 2008 con un stand en defensa de la llegada de agua a la Comunitat.

La inclusión en los estatutos de artículos relativos al derecho al agua han provocado la presentación de recursos por parte de comunidades autónomas vecinas. Castilla-La Mancha y Aragón recurrieron la Carta Magna valenciana porque en su artículo 17 garantizaba el derecho de los valencianos a disponer del abastecimiento suficiente de agua y se reconocía el derecho de redistribución de sobrantes de cuencas excedentarias.

Tras el visto bueno del Congreso, que rechazó las enmiendas al texto que mantenían vivas Chunta Aragonesista, PNV, CiU, ERC e ICV, la reforma aragonesa deberá someterse a su último trámite parlamentario en el Senado. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, después del debate de la propuesta, expresó su “enhorabuena” a los aragoneses por este nuevo Estatuto que es “un instrumento más de progreso” para la comunidad autónoma.

Acuerdo importante
La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, durante su intervención en el Pleno, destacó que esta “excelente” reforma “diseña un marco muy potente para el desarrollo de la autonomía” de Aragón .

De la Vega manifestó, además, que contempla “un amplio y moderno elenco de derechos” y resaltó el “importantísimo acuerdo alcanzado en materia de agua”. En el mismo sentido se expresó el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, quien aseguró que a partir de ahora Aragón “ya no tendrá ninguna razón para sentir más complejos”.

El diputado del PP Ángel Pintado, durante el debate, destacó el “valor del consenso” alcanzado en torno a esta propuesta, que se erige como una de las “grandes virtudes” de este proyecto, pero que no supone un “cheque en blanco” a la acción del Gobierno autonómico. Frente a estas opiniones, José Antonio Labordeta (CHA), tildó el texto de “pacato” y “timorato”, tras lo que denunció que PSOE, PP, PAR e IU “no han querido invitar a participar” a la formación nacionalista. En opinión de Labordeta, la reforma “constata la asimetría que tanto gusta a los que quieren mantener sus privilegios”.

El líder de Coalición Valenciana, Juan García Sentandreu, anunció ayer que presentarán un recurso contra el texto estatutario por su oposición a los trasvases.

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Restricciones para riego en el Turia y el Júcar

Los agricultores de la provincia de Valencia van a sufrir en sus campos, y sobre todo en sus bolsillos, más que nadie el tercer año consecutivo de sequía. No se hizo oficial ayer, pero la suerte está echada. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, reconoció que la situación de emergencia que sufren el Júcar y el Turia va a provocar una reducción drástica de la aportación de estos ríos sólo a los regadíos.

La restricción será de un 50% en el caso de los agricultores del Turia y entre un 30 y un 40% para los del Júcar. Esos porcentajes se aplicarán sobre las cantidades que se usaron el año pasado desde abril hasta septiembre, que ya habían sufrido restricciones de un 50%.

‘‘Las restricciones para el riego las veremos dentro de dos semanas en la comisión permanente de sequía’’, aseguró Moragues.

No obstante, Moragues, acabó dando cifras. ‘‘Se utilizará entre el 60 o el 70% del agua usada el año pasado’’, dijo. Si en la temporada fuerte de riegos en 2006 se emplearon 350 hectómetros cúbicos del Júcar, este año ‘‘serán unos 200’’.

Esto supone que los regantes valencianos del Júcar verán reducido en un 70% las aportaciones del río sobre las que tienen derechos históricos. Mientras, para los agricultores de la Mancha que también dependen del Júcar la restricción será del 40% y, además, el Gobierno les pagará el 20% del agua que no gasten, cuestión que no sucederá con los regantes de Valencia.

El recorte en el Júcar supondrá, muy probablemente, que los agricultores que dependen del canal Júcar-Turia no reciban este verano ni una gota del río de la Ribera y tendrán que seguir abasteciéndose de agua de pozo.

En el caso del Turia, si el año pasado la cantidad usada en los regadíos ascendía a 140 hectómetros, ‘‘este año la restricción será la mitad, el consumo estará sobre los 70 u 80 hectómetros cúbicos’’, afirmó el presidente de la CHJ.

La reducción de aguas superficiales intentará paliarse, en la medida de lo posible, con la puesta en marcha de los pozos de sequía, 105 en la cuenca del Júcar y unos 35 en la del Turia.

Pero Javier Ferrer, director de la oficina técnica de la sequía de la CHJ, teme que en el caso de los pozos de emergencia del Turia, ‘‘no estén todos operativos en la actualidad’’ porque hace al menos una década que no se usan y no se han mantenido de forma adecuada.

Si bien en la CHJ tienen constancia de que el nivel freático de los pozos de la Ribera poseen un nivel adecuado, puesto que se recargaron durante las lluvias de enero y febrero, desconocen la situación de las aguas subterráneas de la cuenca del Turia. Eso sí, esperan que su recarga sea similar a los del Júcar.

La grave situación de sequía que sufre el Turia ha derivado en una recomendación del presidente de la CHJ a los regantes del río durante la junta de desembalse celebrada ayer: que los agricultores no planten verduras, a no ser de que dispongan de agua de pozo garantizada, porque la prioridad será salvar el arbolado con el agua de superficie.

Valencia beberá del Júcar
Otra consecuencia de la grave situación del Turia afectará directamente al Júcar. Valencia y su área metropolitana volverá a abastecerse principalmente del Júcar. A partir de abril la aportación del Turia para Valencia será de alrededor de 1 metro cúbico por segundo y algo menos de 4 metros cúbicos llegarán por el canal Júcar-Turia desde el embalse de Tous. Esto lo reconocieron tanto dirigentes de los regantes del Júcar como del Turia.

El hecho de que en los últimos meses Valencia haya recurrido a las reservas del Turia para su abastecimiento es, a juicio de Benjamín Aparicio, del Sindicato Central del Turia, una de las causas de la crisis de este río, aunque antes que para la agricultura, el agua es para el abastecimiento urbano. ‘‘Desde 1994 los regantes del Turia hemos ahorrado más que nadie y los pantanos los teníamos bastante bien’’, dijo Aparicio.

El presidente de este sindicato de regantes se acordó ayer del derogado trasvase del Ebro, que hubiera servido ‘‘para paliar y prevenir’’ la grave situación que se vive ahora.

Francisco Romeu, presidente de la Real Acequia de Moncada, se mostró contrariado pero resignado con la restricción. ‘‘No lo veo bien, pero no hay más agua. Desde Puçol hasta Catarroja administraremos el agua que tengamos’’, dijo el responsable de la Real Acequia.

Por lo que respecta al Júcar, los 200 hectómetros con los que contarán los regantes valencianos de esta cuenca extrañaron al presidente de la Acequia de Sueca, José Fortea, que esperaba algo más. ‘‘Bueno, plantaremos arroz y regaremos como podamos. Nos apañaremos’’, aseguró Fortea.

En el Mijares, en principio, según su presidente, José Pascual, ‘‘no tenemos problemas. Desde hace 20 años gastamos el agua como si fuera azafrán en rama’’.

Por otro lado, el Consejo del Agua de la CHJ aprobó ayer el Plan Especial de Sequía con el voto en contra de los representantes de La Mancha, la abstención de la Generalitat y el apoyo de los regantes y la CHJ.

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