La escasez de precipitaciones de este invierno en las cabeceras de los ríos ha provocado que los agricultores valencianos afronten la temporada fuerte de riegos con un 25% menos de agua en los pantanos que abastecen la Comunitat que en 2006, según los datos que maneja la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Si hace un año por estas fechas las reservas de los embalses de la CHJ eran de 772 hectómetros cúbicos, las de este son de 579, prácticamente 200 hectómetros cúbicos menos.

El presidente de la CHJ, Juan José Moragues, ya aseguró el pasado 15 de febrero que 2006 fue el de mayor sequía de los últimos 60 años. Este ejercicio, por lo que a las reservas de agua superficial se refiere, es mucho peor que el precedente.

Así las cosas, los responsables de la CHJ y los de los regantes valencianos se reúnen hoy para establecer qué cantidad de agua disponible hay y cómo se repartirá.

Pero antes de realizar el reparto entre los agricultores se asignará a Valencia y su área metropolitana el agua que los ciudadanos necesitan. También se fijará una cantidad para que, en caso de que persistiese la sequía, el abastecimiento urbano esté asegurado el año próximo.

Los agricultores valencianos del Júcar sufrirán, muy probablemente, restricciones mayores del 50%. Al menos eso es lo que esperaban hace un mes. Ahora ruegan al cielo que llueva para que, al menos, puedan recibir una cantidad de agua ‘similar a la del año pasado. ‘‘¿Restricciones? ¡Ojalá fueran como las del año pasado! Plantaremos lo que podamos’’, reconoció ayer un destacado dirigente de la Federación de Comunidades de Regantes.

No sólo en el Júcar habrá problemas. Las reservas del Turia se han reducido más de un 50% respecto al año pasado. El 13 de marzo de 2006 los pantanos de Benagéber, Loriguilla y Buseo disponían de 171,5 hectómetros y ahora tienen 83,7 hectómetros. Son síntomas de alarma.

Hay que tener en cuenta que la ciudad de Valencia se abastece, en teoría, con 6 metros cúbicos por minuto, 3 procedentes del Turia y otros tantos del Júcar. Eso supone que de abril a septiembre, ambos incluidos, la capital consumirá 46,6 hectómetros del Turia, más de la mitad de las reservas de las que dispone actualmente este río.

Y eso implica que si los agricultores de esta cuenca dispusieran de los 37 hectómetros que quedaran, los embalses del Turia estarían secos el 1 de octubre. Pero eso no sucederá. Las restricciones para los regantes en este caso también ‘‘serán fuertes’’, como anunció hace un mes el presidente de la CHJ.

Esta situación derivará en que los agricultores que utilizan agua de superficie se vean forzados a usar agua de pozos para completar la que no les llega de los ríos.

Las reservas hídricas de la Comunidad aumentan en cuentagotas: 4,46 hectómetros en la última semana, con lo que almacenan 579,45 hectómetros y están al 17,31% de capacidad. Alarcón y Contreras, los de mayor capacidad de todos los embalses de la CHJ, han aumentado 3,1 hectómetros, aunque se encuentran al 8,1 y 4,9% de sus capacidades. Los del Turia, por contra, han perdido un hectómetro.

Mientras, las reservas del Ebro aumentaron en 41 hectómetros y las de la cabecera del Tajo aumentaron en 7 hectómetros cúbicos y se sitúan en 361 hectómetros, 121 por encima del nivel mínimo para poder trasvasar hacia el Segura.

El Gobierno autonómico de castilla-La Mancha reiteró ayer que recurrirá al Tribunal Supremo el último trasvase del Tajo al Segura aprobado por el Ejecutivo central el pasado 2 de febrero. Ese acuerdo gubernamental autorizaba a enviar 11 hectómetros cúbicos para destinarlos al regadío alicantino y murciano.

El consejero delegado de Acua Júcar, empresa pública dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ha interpuesto un recurso de alzada contra la resolución de la Conselleria de Economía que denegó a esa sociedad estatal el acceso al expediente de un millón de euros concedido por la Generalitat a la Junta de Usuarios del Vinalopó.

Ese dinero estaba destinado a afrontar el pago de las obras del trasvase Júcar-Vinalopó que debían afrontar los usuarios alicantinos.

El recurso solicita que sea revocada la decisión de la Conselleria de impedir el acceso al expediente, y que se reconozca el “legítimo derecho” de Acua Júcar para acceder a esa documentación, indicó José María Marugán, consejero delegado de la entidad.

La sociedad estatal argumenta su petición en el principio de “transparencia administrativa”, y en los “reiterados incumplimientos” de pago a Acua Júcar por parte de la Junta de Usuarios.

Marugán dijo que están “dispuestos a llegar hasta el final de este turbio asunto”, y por ello han presentado el recurso. “Si nos lo continúa negando iremos a los tribunales”, afirmó.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo ayer “creer firmemente” en la desalinización como solución para paliar la falta de agua en la región de Murcia y la Comunitat Valenciana, ya que permite “autonomía” en los momentos de escasez.

“Es un agua segura, con cada vez menos coste y que no depende de nadie”, afirmó el presidente del Gobierno, que al mismo tiempo apostó por el diálogo entre territorios para solucionar los problemas hídricos.

Sin embargo, Rodríguez Zapatero matizó sus elogios a la desalinización como fórmula ideal de acceder a recursos hídricos al añadir que hay que seguir buscando fórmulas para abaratar los costes del proceso.

Zapatero hizo estas declaraciones tras recorrer ayer las instalaciones de la desalinizadora de San Pedro del Pinatar, en Murcia, capaz de producir 48 hectómetros cúbicos de agua dulce al año. Esta planta, que comenzó a funcionar en octubre, abastecerá a 34 municipios del sur de la Comunitat, integrados en la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

En su visita a la desalinizadora, que son dos fases que ahora trabajan al unísono, el jefe del Ejecutivo estuvo acompañado por el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

El jefe del Ejecutivo defendió sus decisiones en materia hídrica y consideró que lo último que debe hacerse ante el problema del agua es desarrollar una “política de crispación” y de confrontación política y territorial. “Todos debemos coincidir en el camino del entendimiento, del diálogo, del acuerdo entre territorios y entre gobiernos”. Añadió que es el camino “más eficaz y más seguro para algo que podemos hacer y que vamos a hacer, que es la garantía del agua suficiente para todos los territorios de España en función de sus necesidades presentes y futuras”, añadió.

La planificación hidrológica nacional que desarrolla su gabinete, dijo el presidente del Gobierno, es que el Estado “tenga la responsabilidad principal, con pleno respeto a la Constitución, teniendo siempre en cuenta el principio de solidaridad y fomentando el entendimiento entre autonomías”.

Aseguró que tan legítimas son las aspiraciones de los agricultores y ciudadanos de una región como de otra y, por ello, se mostró convencido de que es posible una política del agua que respete los principios de suficiencia y solidaridad y que aleje “combates estériles. Crispación –aseveró– ni con el agua”.

Cuando el presidente realizaba la visita a la Planta II, hubo un ligero incidente, que no pasó de las palabras, entre dos grupos que se habían congregado a la entrada.

Uno de ellos, formado por una treintena de personas, simpatizantes del PSOE, trataba de impedir que una docena de personas desplegara una pancarta con el lema Agua para todos, que al final lograron abrir.

La construcción de la planta de San Pedro del Pinatar II se ha realizado en tiempo récord, ya que fue declarada obra de emergencia por el Ministerio en febrero de 2005. En este sentido, fuentes de Medio Ambiente aseguraron que la rápida actuación es una demostración de que la anticipación es “la mejor arma ante el fenómeno cada vez más recurrente de la sequía”.

La planta ha supuesto una inversión de 89 millones de euros y forma parte de las desalinizadoras previstas por el Gobierno dentro del Programa Agua del Ministerio de Medio Ambiente. La nueva instalación capta el agua de mar mediante un túnel de 1,7 kilómetros de longitud, conducción que también sirve para verter la salmuera al mar.

El Ministerio de Medio Ambiente, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunitat Valenciana se acusaron ayer mutuamente de romper el consenso en torno a la política del agua y de generar un clima de “insolidaridad e ingobernabilidad”.

El director general del Ministerio, Jaime Palop; el consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá; la responsable de Obras Públicas de Castilla-La Mancha, María Encina Álvarez, y su homólogo valenciano, José Ramón García Antón, protagonizaron en el Club Siglo XXI de Madrid un agrio debate acerca de las políticas hidrológicas estatal y comunitarias.

Así, los consejeros valenciano y murciano, ambos del PP, acusaron al Gobierno y a las comunidades socialistas, de practicar una gestión hidrológica “insolidaria”. García Antón incidió en que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha permitido que sean las comunidades las que “digan qué se puede hacer y qué no” respecto a la gestión hidrológica. “Se ha creado una dinámica de apropiación del agua, lo cual genera insolidaridad.El agua está llegando a cotas de ingobernabilidad”, afirmó.

El consejero de Agua, Antonio Cerdá, por su lado, advirtió que su región “no consentirá” la caducidad del trasvase Tajo-Segura fijado en el Estatuto castellano-manchego. Cerdá Cerdá situó el origen de la crispación que sobre el agua originan los agentes políticos en la derogación del trasvase del Ebro por el Gobiern

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) se ha visto obligada a recurrir a la compra de derechos de agua a los regantes de su propia cuenca para garantizar el abastecimiento humano y el caudal ecológico de los ríos Segura y Mundo. En la junta de Gobierno celebrada ayer, el presidente de la Confederación, José Salvador Fuentes Zorita, anunció que se van a destinar 700.000 euros para comprar esos derechos y poder abastecer a los municipios valencianos y murcianos hasta el próximo 30 de septiembre.

Este anuncio se produce el mismo día en que la Comisión del Trasvase Tajo-Segura recomienda no enviar agua para regadío y sólo para abastecimiento humano. Justamente ayer, el Ministerio dio además el visto bueno al envío de los 31 hectómetros cúbicos que los mismos regantes a los que la Confederación del Segura les comprará ahora los derechos de agua adquirieron en Estremera, en la cuenca del Tajo.

La CHS se hará con los recursos mediante una compensación máxima de 18 céntimos por metro cúbico y por la cantidad que todavía no hayan utilizado durante este año hidrológico que termina tras el verano. La Confederación Hidrográfica del Júcar ya realizó una oferta pública similar, en este caso localizada en Castilla-La Mancha, con el objetivo de disminuir los recursos hídricos destinados al regadío en esta región.

Con la compra de agua de Estremera, los regantes valencianos y murcianos pretenden no depender de las decisiones que tome el Consejo de Ministros respecto a la conveniencia o no de trasvasar agua de la cabecera del Tajo para regadío en el Segura. Precisamente ayer, la Comisión de Explotación del Trasvase anunció que va a recomendar al próximo Consejo de Ministros que desembalse 38 hectómetros cúbicos para abastecimiento humano en los próximos tres meses en la Comunitat y Murcia y nada para regadío.

El director general del Agua, Jaime Palop, justificó esta decisión por la “situación preocupante” de Entrepeñas y Buendía que, a día de hoy, tienen 340 hectómetros cúbicos, 100 por encima del límite (240 hm3) que impide ese trasvase. Palop aseguró que hay que contemplar el año hidrológico completo –hasta septiembre–, ya que recordó que a finales de septiembre del pasado año las reservas eran de apenas 250 hectómetros cúbicos.

La Comisión del Trasvase no atendió por tanto a las peticiones de los regantes, que solicitaban 40 hectómetros cúbicos para la agricultura. El director general del agua explicó que la prioridad es garantizar el abastecimiento e indicó que las predicciones que hay para Entrepeñas y Buendía son “justas para atender el consumo humano y hay que ser cautos con otros usos”.

Sin embargo, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Francisco del Amor, criticó esta decisión al entender que había “agua suficiente” en el Tajo. Señaló incluso que el Gobierno “debiera indemnizar” económicamente a los agricultores por el daño que la falta de agua supone para los cultivos.

Lo que sí decidió el Ministerio de Medio Ambiente ayer mismo fue exonerar de la cuota de utilización del acueducto a los regantes, según anunció la ministra Narbona después de reunirse con el secretario general del PSOE en Murcia, Pedro Saura. Explicó que los regantes del Segura van a disponer del agua comprada a Estremera “prácticamente gratis”.

También se decidió que tanto el trasvase de los 38 hectómetros cúbicos para abastecimiento como los adquiridos para regadío se va a realizar de forma “inmediata” y de una sola vez, porque en breve se inician unas obras de mantenimiento en la conducción del trasvase. Los trabajos se van a prolongar durante tres meses y su objetivo es evitar las fugas y pérdidas de agua en la red.

Palop hizo además un repaso de la situación de las cuencas. En la del Júcar, dijo, las aportaciones han sido de 157 hectómetros cúbicos, cuando la media es de 299, y el Turia, “el gran pulmón de la ciudad de Valencia, está en situación similar”.

El Gobierno anunció ayer el inicio de las obras de la desaladora de Torrevieja, la mayor de España, pero reforzar y garantizar los caudales del Acueducto Tajo-Segura y el abastecimiento de decenas de municipios alicantinos y murcianos abastecidos por la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

El Gobierno valenciano había anunciado su intención de denunciar las obras en la Comisión Europea por invadir la «zona de influencia» del parque natural de la Mata y las Salinas de Torrevieja, aunque al cierre de esta edición no se tenían noticias de nuevas iniciativas destinadas a bloquear las obras.
Según explico ayer en Madrid el director de Acuamed, Adrián Baltanás, los regantes del Tajo-SEgura podrán disponer de 40 hm3 para regar sus 15.000 hectáreas plantadas , a un precio de 0,3 euros por metro cúbico a pie de planta. Por su parte, los usuarios de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que abastece a entre 1,6 y 2,3 millones de personas tendrán el agua desalada a 0,5 euros/m3.
Las obras han sido adjudicadas a Acciona por una inversión de 220 millones de euros, de los que 55 procederán de los fondos europeos Feder y su periodo de amortización es de 25 años.
Según Baltanás, «la desaladora de Torrevieja no tiene ningún impacto ambiental significativo, los recursos hídricos están garantizados llueva o no llueva, a un precio concertado con los usuarios y sin suscitar rechazo social, con lo que cumple las tres premisas de viabilidad ambiental, económica y social». Por otra parte, la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, Acuamed, ha sacado a licitación la desaladora de Mutxamel/Campello, con un presupuesto base de 59 millones y una producción de 18 hectómetros cúbicos, aunque estará preparada para una posterior ampliación a 30 hm 3 .
Su plazo de construcción es de 22 meses.

as reservas de agua de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han aumentado en 13,54 hectómetros cúbicos durante la última semana y se han situado en 564,57 hectómetros, lo que supone un 16,87% de los 3.346,6 hectómetros cúbicos de capacidad total.

De los 27 pantanos adscritos a la Confederación, 14 han aumentado el nivel del agua embalsada, nueve han disminuido de nivel y cuatro lo han mantenido.

El embalse que ha registrado el incremento más importante ha sido el de Alarcón, que ha recibido 6,79 hectómetros cúbicos, con lo que se sitúa al 7,51% de sus 1.118 hectómetros cúbicos de capacidad total. El de Alarcón es el principal embalse de todo el sistema del Júcar y junto al de Contreras y las presas del sistema del Turia, abastece a la ciudad de Valencia y su área metropolitana.

También aumentaron los niveles del embalse de Tous, con un incremento de 3,98 hectómetros cúbicos; el del Naranjero, con un incremento de 2,37 hectómetros cúbicos, y el de Arenós, que creció 1,30 hectómetros cúbicos.

Los descensos más significativos se han registrado en el embalse de Cortes II, que ha perdido 1 hectómetro cúbico, y en los de Loriguilla y El Molinar, que han reducido su caudal en 0,89 y 0,78 hectómetros

Los embalses que no han sufrido variaciones han sido los de Alcora, que está al 69,95%; Almansa, al 11,50%; Onda, al 39,18%, y Algar, que sigue completamente seco.

Por sistemas, el de la Marina Baja/Serpis está al 47,55% de su capacidad; el del Júcar se encuentra al 13,93%, una cifra muy baja que provocará que los agricultores sufran restricciones; el del Turia está al 29,20% y el sistema de Palancia/Mijares/Cenia se encuentra al 27,71% de su capacidad total.

El ex presidente de Castilla-La Mancha José Bono dijo ayer que los ríos “no son propiedad de ninguna comunidad autónoma, ni de grupos de regantes, ni de los usuarios”, pues, según agregó, “la ordenación de este recurso escaso que genera riqueza corresponde al Estado”.

Bono, quien participó en un acto político del PSPV-PSOE en Elche, respondió así a preguntas de los periodistas sobre la política hídrica incluida en las propuestas de reforma de los estatutos de Andalucía y Castilla-La Mancha.

Según Bono, “el agua no es de nadie en particular porque es de todos en general” y quien tiene más derecho al agua, agregó, “es quien más la necesita”. “Hay que hacer planteamientos solidarios y no electorales”, subrayó.

El también ex ministro de Defensa expresó su opinión “favorable” al programa AGUA del Ministerio de Medio Ambiente, el cual, según afirmó, “ha permitido que en un año de sequía haya habido menos necesidad de restricciones” que en años anteriores”. Según Bono, este programa va hacia delante y “cada vez hay menos argumentos” en su contra.

Mientras el ex ministro hacía estas declaraciones en Elche, en Valencia concluía el congreso internacional sobre La importancia estratégica del trasvase del Ebro para la Comunitat Valenciana. A la clausura de la jornada asistió el conseller de Agricultura, Juan Cotino, quien lamentó que el Ebro haya lanzado al mar “dos trasvases de agua que nosotros necesitamos”.

“Cuando hay gente que se ampara en viejos argumentos para rechazar el trasvase diciendo que el río se quedaría sin agua o que afectaría al Delta del Ebro. Eso, como se suele decir, supone marear los argumentos”, explicó Cotino.

En opinión del responsable autonómico, “lo que ocurre es que el partido Socialista no tiene una solución para el agua, y la única solución para el agua está incluida en el Plan Hidrológico Nacional”.

Coincidió con Bono en que el agua no puede ser propiedad de nadie, “el agua es de todos. Como es de todos, le corresponde al Estado español, que esperamos que nos defienda a todos, traer agua desde donde sobra hacia donde hace falta”, indicó.

Sobre las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, en las que señala que no tenía sentido suprimir el trasvase del Ebro, el conseller ha explicado que ahora mismo “estamos en una incoherencia total”, que en el caso de Zapatero se ha visto también en el caso del vino o en sus opiniones ante la situación del sector citrícola de nuestra Comunitat.

La diputada del PSPV en las Corts Josefa Andrés afirmó ayer que las declaraciones del conseller Cotino “carecen de todo fundamento”, y añadió que el Consell ha “despilfarrado” más de dos millones de euros en la Fundación Agua y Progreso.

Para Josefa Andrés “es inadmisible que la Fundación Agua, o lo que es lo mismo, el PP se apropiara en 2004 de 600.000 euros para su propio beneficio, dinero que, como todos sabemos, procede directamente de las arcas públicas de la Generalitat”.

Valencia consume un caudal de agua potable de 4,2 metros cúbicos por segundo procedente de los ríos Júcar y Turia, lo que supone un 56% de lo que realmente podría llegar a solicitar.

El concejal del Ciclo Integral del Agua, Ramón Isidro Sanchis, amplió las declaraciones de la alcaldesa apuntando que la ciudad y su área metropolitana tienen derecho a una cantidad de hasta 7,5 metros cúbicos, por lo que rechazó que el proyecto del Parque Central derive en un problema de abastecimiento.

El agua potable que se consume en la ciudad procede de ambos ríos. En la planta de Picassent se depuran 1,8 metros cúbicos, mientras que en la presa de Manises la cantidad es de 2,4.

La ciudad dispone de una concesión administrativa sobre parte del agua del Júcar por un plazo de 99 años (el acuerdo se plasmó en papel en 1974) y sobre parte del caudal del Turia, en este caso, sin fecha de caducidad y que se renueva automáticamente cada 99 años (ya se ha consumido el primer ciclo y apenas se han llegado a los cinco primeros años del segundo).

El concejal quiso destacar que mediante campañas de concienciación ciudadana se ha conseguido reducir el consumo. Igualmente, mediante la red de baja presión, se consigue aprovechar el agua procedente de ríos subterráneos (nivel freático), que pese a no ser apta para el consumo humano, permite que todos los trabajos de baldeo de calles, regado de plantas y jardines o actuaciones de los bomberos se puedan nutrir de los recursos procedentes de los 36 pozos que sacan agua del subsuelo de la ciudad.

“Para la expansión de muchos pueblos no se ha solicitado el informe sobre si existen recursos o no”, se quejó Sanchis, quien contraatacó con un nuevo dato: el 82% del agua que corre por la red se aprovecha. “Somos la ciudad que menos agua pierde por las fugas”, señaló. Según el concejal, la optimización de los recursos hídricos se consigue gracias a la revisión periódica de la red mediante aparatos de última tecnología que detectan las pérdidas de agua por pequeñas que sean. Los colectores transitables son revisados de forma manual.

El Ayuntamiento ha lamentado en las últimas semanas la falta de control sobre los vertidos en el Turia, lo que ha provocado 12 paradas en el proceso de depuración, debido a la necesidad de tratar ese caudal con mayor intensidad para conseguir que sea apto para el consumo humano.

“Realmente, a quien están perjudicando con toda esta polémica es a los vecinos del entorno del Parque Central al retrasarse el proyecto”, concluyó el concejal.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, aseguró ayer que no hay “ningún razonamiento intelectual que justifique la derogación del trasvase del Ebro previsto desde la desembocadura y, sin embargo, un trasvase que se hace desde la cabecera, como es el caso del Tajo, me parece una incongruencia enorme”.

De este modo, Barreda puso ayer en entredicho una decisión adoptada por José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno y secretario general de su partido, el PSOE, y ejecutada por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el 18 de junio de 2004: la derogación del trasvase de 1.050 hectómetros cúbicos anuales de aguas del Ebro para la Comunitat Valenciana, Murcia, Almería y el área metropolitana de Barcelona, cuya construcción ya había iniciado el anterior Ejecutivo central.

Barreda, además, estudia “muy seriamente” sumarse a la “situación planteada” por el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el estatuto de Andalucía, por las competencias que se atribuye sobre el Guadalquivir.

Según Barreda, que hizo estas declaraciones en la emisora Onda Cero, las comunidades autónomas que tienen competencias exclusivas en agricultura, medio ambiente, urbanismo y vivienda y ordenación del territorio, deben de formar parte de los órganos de gestión y planificación del agua.

Contra el Tajo-Segura
Así, indicó que Castilla-La Mancha forma parte “de la España seca y por ello tenemos un problema estructural de falta de agua” y que en los años de sequía el trasvase Tajo-Segura se pone todavía más en evidencia.

El presidente de Castilla-La Mancha explicó que su Gobierno está estudiando “muy seriamente” sumarse a Extremadura en el recurso contra el estatuto andaluz, dado que un 7,13% de la cuenca del Guadalquivir se enmarca dentro de sus límites territoriales. En este sentido, Barreda indicó que la región “necesita también las aguas superficiales del Tajo, porque pronto vamos a ser dos millones de castellano-manchegos. Cuando se dice agua para todos, yo estoy de acuerdo, pero inmediatamente añado: también para Castilla-La Mancha”.

La decisión de Rodríguez Ibarra y el anuncio de Barreda de seguir los pasos del presidente autonómico de Extremadura ante el estatuto de su compañero de partido, Manuel Chaves, tienen, a juicio del conseller de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana, José Ramón García Antón una causa común: la política hídrica de Rodríguez Zapatero.

‘‘Ibarra va a recurrir al Constitucional el estatuto de Andalucía, Castilla-La Mancha parece que también. Cada autonomía va a recurrir, a defender sus intereses específicos y eso se debe a que se está practicando una política de autarquía con el agua’’, señaló el titular de Infraestructuras.

Para García Antón, el culpable de esta política de autarquía ‘‘es el Gobierno. No se puede dejar el agua en manos de cada comunidad autónoma. El agua es un recurso escaso y una cuestión de Estado. Recuerdo cuando en 1993 el PSOE defendía que era el único partido político de España que podía elaborar un Plan Hidrológico Nacional solidario y no lo hizo. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y este es el resultado’’.

El melón de la insolidaridad
El conseller García Antón abogó por una política de agua ‘‘nacional, de solidaridad, de gestión y de distribución’’.

El titular de Infraestructuras indicó que la derogación del trasvase del Ebro a las cuencas mediterráneas ‘‘abre el melón de la insolidaridad entre comunidades autónomas’’. Eso implica, a juicio del conseller, que se convierta en ‘‘imposible’’ cualquier política de cesión de recursos hídricos de una cuenca excedentaria a otra que no lo sea.

‘‘Con la derogación de la transferencia del Ebro se cargaron la vertebración, la política hídrica global. Se inicia en el Ebro, que fue la espoleta, y después se pone en cuestión el trasvase Tajo-Segura. Recordemos que la ministra Cristina Narbona ha dicho en más de una ocasión, aunque después rectificara, que la conducción Tajo-Segura tenía los días contados’’, afirmó García Antón.

Para el conseller de Infraestructuras y responsable de la política de aguas que desarrolla la Generalitat, el argumento del presidente de Castilla-La Mancha para exigir la extinción del trasvase Tajo-Segura es la anulación del trasvase del Ebro, ‘‘el ejemplo que Zapatero y Narbona han dado sobre la política de la insolidaridad’’.

El conseller, que acepta las políticas de desalinización de agua como un complemento a los trasvases entre cuencas, se mostró absolutamente disconforme con que esa sea la única solución del Gobierno central frente a la sequía, como propone el director general de Agua, Jaime Palop.

‘‘La desalinización masiva no soluciona el problema. Es inviable para los agricultores y condena a muerte la agricultura mediterránea. Al final tendremos que trasvasar agua del mar a Castilla-La Mancha’’, dijo.