‘‘Cualquier reivindicación de Castilla-La Mancha es como una orden para el Ministerio de Medio Ambiente’’. Esta frase de tintes lapidarios salió ayer de los labios del conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, para referirse a la futura composición de la demarcación hidrográfica del Júcar, porque tal y como la ha diseñado la ministra Cristina Narbona, Castilla-La Mancha ganará protagonismo y poder de decisión sobre la cuenca del Júcar en detrimento de la Comunitat Valenciana.

No obstante, la representación que tenga la Comunitat en el consejo del agua de la futura demarcación del Júcar todavía va a ser mayoritaria. No obstante, la población de toda Castilla-La Mancha no llega a los dos millones de habitantes y la valenciana asciende a 4,5 millones.

García Antón reconoció que la representación valenciana será del orden ‘‘de dos tercios, entre un 60 o un 65% de representantes de la Comunitat y un 30 o 35% corresponderá a los castellano manchegos’’.

Actualmente la proporción es del 80% de valencianos y 20% de manchegos.

Esta representación es clave de cara a las decisiones que se adopten en la revisión del plan de cuenca del Júcar, que se iniciará en 2008 y, en teoría, debe de estar finalizada en 2009.

Esta revisión del plan de cuenca sólo se ejercerá en aquellos ríos de la actual Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que discurran por más de una comunidad autónoma, y el plan se abordará en el conjunto de estos ríos, no por separado, según declaró ayer el presidente de este organismo estatal, Juan José Moragues.

Cuencas intracomunitarias
Respecto a los otros ríos, los que nacen y mueren dentro del territorio valenciano, tendrá que asumir su gestión la Generalitat. ‘‘Evidentemente, no podemos planificar sobre estos ríos’’, indicó Moragues.

‘‘Hemos solicitado a la Generalitat hasta 20 veces por carta que se hagan cargo de sus cuencas pero no hemos tenido respuesta. También hay que entender que estos son malos momentos. Pasada la época electoral será cuestión de pocos meses’’, puntualizó el responsable de la CHJ.

‘‘No tenemos inconveniente en asumir nuestras competencias, pero antes, el Ministerio y nosotros tenemos que sentarnos y definir las cuencas y el litoral. El Ministerio tiene nuestras propuestas’’, contestó García Antón.

‘‘Es verdad que hay una sentencia del Supremo (dictada en 2005) que obliga a separar las cuencas intercomunitarias de las intracomunitarias. Pero el Ministerio de Medio Ambiente ha tenido tiempo de sobra para solventar los problemas legales con un decreto y no tener que separar la gestión de las cuencas’’, según afecten a una sola autonomía o a más de una. Cierto es que los ríos y barrancos que gestionará la Generalitat aportan poca agua.

Para preparar esos trabajos la CHJ ha juntado a 37 personas, con representación paritaria entre miembros de Castilla-La Mancha y la Comunitat. Su objetivo es preparar un plan de recuperación del río Júcar. Los documentos que preparen sobre calidad de las aguas, aumento de caudales, restauración de ecosistemas, protección frente a riadas y revalorización sociocultural, serán la base para debatir sobre el nuevo plan del Júcar.

El director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente (MIMA), Jaime Palop , resaltó ayer que la Comunitat Valenciana y Murcia siempre tendrán el mar, “una fuente de recursos infinita”, frente al interior del país, cuyo desarrollo dependerá únicamente del agua de los ríos y acuíferos.

En una rueda de prensa en Zaragoza con motivo de la celebración de la Mesa de Información del Plan Nacional de Restauración de Ríos y su aplicación en la Cuenca del Ebro, Palop agregó que, precisamente, las tensiones territoriales que se están produciendo por falta de agua son uno de los ejemplos que muestran la necesidad de dar un giro a la política de gestión de este recurso.

Recordó que todos los presidentes autonómicos plantean unos estatutos en los que se pone de manifiesto “una gran preocupación por el agua presente y futura”, e insistió en que a su juicio actúan “de buena fe”, con coherencia y con honestidad, porque “han de mantener el desarrollo” en su región.

“Defienden sus intereses” y esto es “algo legítimo en democracia”; es decir, “que cada uno levante la mano y diga lo que necesita”, agregó.

El hecho de “tener el agua justa” es algo en lo que coinciden Aragón, la Comunitat Valenciana, Murcia, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía y Castilla y León. No obstante, hizo hincapié en que no todas las comunidades se encuentran en la misma situación, porque en las regiones de Levante (en referencia a la Comunitat y Murcia) tienen el mar , “una fuente de recursos infinita”, y también “una tecnología al alcance de su mano” para producir la desalinización” y poner el agua “a disposición de usos económicos y del abastecimiento a poblaciones”.

“Tienen el mar al lado y una tecnología que abarata cada vez más el procedimiento”, insistió. Resaltó que en el interior, por contra, el agua sólo proviene de los ríos y de los acuíferos; en definitiva de la lluvia y del agua superficial

Juan Carlos Rodríguez Ibarra realizó el anuncio durante la presentación en Sevilla de un libro de cocina. Dijo que lo interpondrá cuando el nuevo estatuto andaluz se publique en el Boletín Oficial del Estado.

El presidente de Extremadura señaló que presentará el recurso “sin duda” porque el articulo 51 del nuevo texto estatutario “se apodera en exclusiva del río Guadalquivir”, que “es una falsa competencia exclusiva porque está redactado para que parezca una verdadera competencia, pero es falsa”.

El citado artículo 51 establece que la Comunidad Autónoma de Andalucía ‘‘ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra comunidad autónoma, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras públicas hidráulicas de interés general y de lo previsto en el artículo 149.1.22 de la Constitución”.

El presidente extremeño recordó que la Constitución recoge “taxativamente” que los ríos que discurren por varias comunidades autónomas “son competencia exclusiva del Estado”, y no dice “que si un río transcurre el 92 por ciento por un sitio y el 8 por ciento restante por otro su gestión sea competencia del primero”.

De este modo, Rodríguez Ibarra se acoge a la senda marcada por la Generalitat Valenciana, que ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, y su demanda ha sido admitida a trámite, el nuevo estatuto de Cataluña. El motivo del recurso del Consell es el mismo que en el caso de extremeños y andaluces: El Ejecutivo autonómico catalán blindaba el Ebro a los trasvases, a pesar de que ese es un río que atraviesa varias autonomías y a su cuenca pertenece incluso la comarca castellonense de Els Ports.

La Generalitat también está dispuesta a recurrir otros dos futuros estatutos: el de Aragón y el de Castilla-La Mancha. El primero, también por blindar el Ebro a los trasvases. El segundo por querer acabar con la transferencia Tajo-Segura.

La decisión de Rodríguez Ibarra evidencia, según declaró ayer el portavoz del PP en las Cortes, Serafín Castellano, “las contradicciones de la política hídrica del PSOE”. En esta línea, agregó que queda patente ‘‘el caos y los desequilibrios que la desastrosa política hídrica de Zapatero están provocando”.

El derogado trasvase del Ebro
Castellano argumentó que el actual Ejecutivo central “abrió la veda irresponsablemente con la derogación del trasvase del Ebro y ha provocado un efecto dominó que está comportando los desequilibrios, la insolidiaridad y que los propios socialistas impugnen ahora las cosas por la política de improvisación e incertidumbre que practica Rodríguez Zapatero’’.

‘‘Los socialistas están demostrando que su política hídrica es un auténtico fracaso que fractura la solidaridad interterritorial y los recursos naturales, ya que los ríos no son de una Comunidad o de otra, sino que son una competencia estatal que nadie puede arrogarse porque sí, como quieren hacer con el Ebro”, declaró Castellano.

Así, Serafín Castellano indicó que “los socialistas, por un lado en unas regiones, se dedican a blindar los ríos y negar el agua a las comunidades vecinas, como ocurre en Aragón, donde también pretenden recoger en su estatuto ese blindaje para el Ebro, y en otras se oponen a estas medidas”. Resaltó además que “eso es lo que ocurre cuando la política que promueve el gobierno central obvia los principios de solidaridad entre comunidades y cuando lo que se fomenta es el enfrentamiento y la crispación”.

Castellano señaló que a los populares “ya nos gustaría que los socialistas valencianos tomaran ejemplo y se opusieran al blindaje del Ebro que pretenden sus compañeros de partido en Aragón e hicieran cumplir el derecho al agua que recoge nuestro estatuto reclamando el trasvase del Ebro que Zapatero nos derogó”.

El secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV-PSOE, Francesc Signes, aseguró ayer que los diputados valencianos del PSOE “se opondrán a cualquier intento de ponerle fecha de caducidad al Tajo-Segura” votando en contra del Estatuto castellano-manchego en el Congreso.

Signes se pronunció de esta forma tan contundente el día después de que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, volviera a rechazar que el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha pusiera caducidad al trasvase y sugiriera que el texto será modificado durante su tramitación en el Congreso de los Diputados.

El portavoz del PSPV aseguró ayer que estas palabras de la responsable de Medio Ambiente “vuelven a poner en evidencia el discurso victimista de Camps”.

Para el dirigente socialista, la postura del Gobierno refleja que la discriminación de la Comunitat Valenciana “sólo existe en la mente de Camps, que la utiliza para ocultar sus errores y debilidades”.

De hecho, el portavoz socialista aseguró que Camps no ha sido capaz de enfrentarse a sus compañeros de partido en Castilla-La mancha para defender los intereses de la Comunitat. “Si fuiera por Camps, el Tajo-Segura ya tendría fecha de caducidad”, proclamó.

Signes consideró que ya han sido “muchas las cesiones del PP valenciano ante las pretensiones de Castilla-La Mancha” y recordó que ya lo hicieron con el AVE, con el Júcar y ahora con el Tajo-Segura.

Por todo ello, reclamó a Camps que “inste a Les Corts a realizar una declaración institucional rechazando cualquier fecha de caducidad para el Tajo-Segura”.

En el pleno de Les Corts celebrado en Elche, la Cámara ya aprobó por unanimidad una declaración de rechazo a que Castilla-La Mancha ponga fin al Tajo-Segura. Y el Consell ya ha anunciado que presentará un recurso contra el texto si incluye ala caducidad del trasvase.

Silencio
En la réplica, el secretario ejecutivo de Política Autonómica y Local del PPCV, César Augusto Asencio, lamentó que el PSPV “asuma el papel de único defensor del Tajo-Segura” cuando “ha estado tres años ignorándolo mientras el Gobierno valenciano y el PP han reivindicado hasta la última gota que corresponde a los alicantinos”.

Según Asencio, Signes “ha dado una nueva muestra de cinismo” ya que “nadie en el PSPV abrió la boca cuando la ministra Narbona aumentó el precio del agua de la Mancomunitat del Taibilla y programó una reducción en los de aportes del Tajo al Segura”.

“Sólo ahora que la ministra se ha pronunciado, se hacen eco de sus palabras” lo que demuestra que, “hasta que Madrid no respira, el PSPV no se moja”. Destacó que “si alguien ha defendido no sólo el trasvase Tajo-Segura sino el del Júcar-Vinalopó, el del Ebro y, en definitiva, la llegada de agua a la Comunitat, ha sido el PP y ha sido Francisco Camps”.

Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar han vuelto a experimentar esta semana una ligera subida en sus reservas, 17 hectómetros cúbicos, lo que deja los pantanos en 551 hectómetros, el 16,5% de su capacidad total.

Por primera vez, el pantano de Alarcón, el más grande de la cuenca del Júcar, se ha beneficiado de las últimas precipitaciones registradas en la cabecera del río. Sin embargo, todavía está a menos del 7% de su capacidad. También ha experimentado una subida destacable el pantano de Tous, con 3,6 hectómetros cúbicos. El embalse de Contreras, por su parte, ha incrementado el agua embalsada en 1,4 hectómetros.

Esta semana en cambio los embalses del Turia no han registrado cambios importantes, un hectómetro cúbico en total.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó ayer que la competencia de la estructura y la gestión de un trasvase entre cuencas “es del Gobierno de la Nación, y lo seguirá siendo porque así está claramente establecido en nuestra Constitución”. Narbona respondió así a la propuesta del Estatuto de Castilla-La Mancha que recoge la finalización del trasvase Tajo-Segura en 2015, y que se debatirá en el Congreso de los Diputados.

Narbona señaló que una cosa “son los proyectos de estatutos que hacen las comunidades autónomas y otra lo que sale del Parlamento de la Nación” y recordó que ya ha habido ejemplos de cómo “el Parlamento de la Nación ajusta esas propuestas al orden constitucional y al reparto de competencias”.

La titular de Medio Ambiente consideró “legítima” la reivindicación de Castilla-La Mancha en su estatuto, pero advirtió que en otros proyectos de estatutos ya ha habido “centenares” de modificaciones en el Congreso de los Diputados, y “España no se ha roto con el Estatuto de Cataluña”.

Por otra parte, la ministra de Medio Ambiente indicó que el precio del agua debe “ayudar a avanzar en su uso eficiente”.

Así, la modificación legislativa contemplará “una modificación del régimen económico y financiero”, pero no cuantificará el incremento en el recibo del agua. La ministra aseguró que se tendrá que analizar “cuenca a cuenca y cultivo a cultivo en el caso de la agricultura”, y el efecto de este cambio legislativo será “distinto en función de los distintos usuarios del agua y en particular de la agricultura, y distinto en las ciudades, ya que el recibo de agua en unas ciudades no tiene nada que ver con el recibo de otra ciudad”. En Valencia, así como en otras ciudades como Madrid o Barcelona, los precios del agua “están bastante cerca de cubrir los costes totales de abastecimiento y saneamiento”, según Narbona, por lo que el debate se centrará en “cómo se distribuyen los costes entre los distintos usuarios del agua dentro de una ciudad de acuerdo con la eficiencia en el consumo del agua”. Narbona puntualizó que son los Ayuntamientos los que se ocupan “de la correcta distribución del agua para su uso en la ciudad y del saneamiento”.

El Tajo y el Júcar, para Barreda
Y hablando de ríos y embalses que están a caballo entre la Comunitat y Castilla-La Mancha, el presidente de esta última autonomía, José María Barreda, pretende acaparar el Tajo y el Júcar para él sólo.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, anunciaba que compraba agua a los agricultores de Albacete –habrá que ver cuánta adquiere finalmente, porque no están obligados a vender– para que no extraigan tanta agua de sus pozos y no desequen el Júcar. También anunciaba restricciones de agua para los agricultores valencianos –que serán, a buen seguro, de más del 50% y muy superiores si no llueve en las cabeceras de los ríos– sin que estos reciban un euro a cambio. Al mismo tiempo, Barreda hablaba ante las Cortes de Toledo.

El presidente castellano manchego no se atragantó ante sus parlamentarios autonómicos. ‘‘Vamos a aumentar el uso y el consumo responsable del agua de las cuencas del Júcar y el Segura”, afirmó sin tener en cuenta ni los derechos históricos adquiridos sobre ese río por los regantes valencianos –tienen la potestad de consumir 750 hectómetros anuales– ni el hecho de que se encuentre en la actualidad en situación de emergencia, dada la grave sequía que azota las regiones mediterráneas españolas.

De hecho, lo que llevamos del actual, es el segundo año más seco de la historia en el ámbito de los ríos que abastecen la Comunitat Valenciana.

El conseller García Antón achaca los sueños de Barreda –que se convertirán en pesadillas para los intereses valencianos si sus ideas calan en la Moncloa mientras el presidente del Gobierno guarda silencio– al fruto de la ‘‘política insolidaria y desvergonzada del Gobierno de Zapatero y de Narbona’’.

El tercer año consecutivo de sequía y el segundo peor de la historia por falta de agua va a pasar factura no sólo a los agricultores de Albacete, a los que la Confederación Hidrográfica del Júcar quiere reducirles un 40% la aportación hídrica, pagándoles el 20% del agua. A los valencianos les va a salir la cuenta todavía más cara.

Las primeras tomas de contacto entre los responsables y técnicos de la Confederación Hidrográfica y los agricultores valencianos que se abastecen del Júcar han concluido con que las restricciones serán superiores al 50%.

Eso será así siempre y cuando llueva desde ahora hasta finales de abril o principios de mayo, que es cuando se inicia la temporada alta de riegos, como es el caso de la inundación de los campos de arroz que envuelven la Albufera. Si no llueve la restricción será mayor.

La decisión sobre el recorte en el uso del agua de riego se adoptará en la comisión de sequía que se celebrará a mediados de marzo, según indicó el pasado jueves el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues.

Moragues no concretó qué cantidad de agua dejarán de recibir los regantes valencianos, porque todavía no se ha cerrado la negociación con los usuarios del Júcar, aunque sí confesó que el montante será ‘‘equiparable al del año pasado’’.

De momento, según fuentes de los usuarios del Júcar, todavía faltan en los embalses de Alarcón y Contreras ‘‘108 hectómetros cúbicos para estar como el año pasado’’.

Los regantes valencianos del Júcar, en su mayoría de las comarcas de la Ribera, indican que todavía es prematuro decir si habrá o no habrá suficiente cantidad de agua en los dos grandes embalses del Júcar. Por eso esperan que el cielo se pinte de nubes y llueva, especialmente en los cursos medios y en las cabeceras de los ríos.

Pero antes de tomar cualquier decisión en firme, y lejos de situarse en un escenario con climatología benévola que atempere la sequía, pertinaz por tercer año consecutivo, regantes y Administración de aguas se tienen que volver a sentar, observar y decidir sobre el escenario real.

Separar el agua de las ciudades
Ambos grupos verán de qué cantidad de agua se dispone para afrontar el verano, apartarán el volumen de agua que necesita Valencia y su área metropolitana y después decidirán cuánta pueden utilizar.

Decisiones que adoptarán, además, con la intención de que todavía queden 106 hectómetros cúbicos de reserva entre los pantanos de Alarcón y Contreras para garantizar los abastecimientos urbanos el año próximo.

La Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, posiblemente la organización de regantes y usuarios de agua más importante de la provincia de Valencia, tiene anualmente una concesión de 725 hectómetros cúbicos. El año pasado utilizó 316 procedentes del Júcar, porque, reservas al margen, no había más agua en el río. El resto de necesidades las suplieron con aguas de pozo y rebombeo de agua procedente de sobrantes de riegos.

Esto por lo que concierne al Júcar, un río que sufre un estado de emergencia de sequía, según la CHJ. El Turia también está sufriendo en sus cauces y embalses la falta de agua. Hace justo un año entre las presas de Benagéber y Loriguilla almacenaban 165 hectómetros. Ahora entre ambos no llegan a la mitad de esa cifra.

Esto supone un problema tanto a los usuarios del Turia como a los del Júcar por una sencilla razón: el abastecimiento de Valencia y su área metropolitana. La concesión de aguas de la que goza la capital es de tres metros cúbicos por segundo del Júcar y otro tanto del Turia. Si uno de los dos ríos flaquea, el otro cubre la escasez. Y si el Turia no da para más, como se ve venir, será el Júcar el que tendrá que suplirlo.

El canal Júcar-Turia
Eso provocará, según las fuentes consultadas, que se reduzca prácticamente hasta la eliminación la aportación del río Júcar a los regantes del canal Júcar Turia, que abastece a buena parte de los campos de l’Horta Sud e incluso en algunos términos municipales de la Ribera. Estos agricultores, muy probablemente, tendrán que recurrir a agua de pozo –algo a lo que están algo más que acostumbrados– para poder regar sus campos.

No obstante, en muchos casos se encontrarán con problemas de riego los usuarios de este canal, puesto que el continuado uso de esas aguas subterráneas ha provocado que las últimas lluvias no hayan contribuido a aumentar los niveles freáticos.

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, advirtió ayer de que, además de que el trasvase Tajo-Segura tiene fecha de caducidad “se pongan como se pongan”, también “vamos a aumentar el uso y el consumo responsable del agua de las cuencas del Júcar y el Segura”.

El sucesor de José Bono en la presidencia de la Junta dijo también que le “da igual lo que diga la señora vicepresidenta del Gobierno”, María Teresa Fernández de la Vega, quien afirmó que el Ejecutivo no es partidario de poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura.

Barreda , que intervino ante el pleno de las Cortes regionales para informar sobre la III Conferencia de Presidentes autonómicos del pasado 11 de enero, en la que se habló sobre políticas de agua, dejó claro que no comparte el planteamiento de Fernández de la Vega. “Estoy radicalmente en contra de esa posición”, dijo.

Recordó que la propuesta de reforma del estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha, aprobada de forma unánime en las Cortes regionales y a la espera de su toma en consideración en el Congreso, establece el fin del trasvase para el año 2015, y añadió que en Murcia y en la Comunitat Valenciana están cada vez más nerviosos porque “nos vamos abriendo paso y la vulnerabilidad del trasvase es cada vez más evidente”.

Barreda apuntó en este sentido que ya sabían que lo que han hecho no le gusta ni al Gobierno de antes ni al de ahora, ni al PSOE de Murcia ni al de la Comunitat Valenciana ni a los populares de estas comunidades autónomas, “ya sabíamos que era difícil”.

Explicó que en la Conferencia de Presidentes hubo unas dificultades “enormes y hasta insalvables” para llegar a algún acuerdo por el antagonismo de algunas comunidades autónomas.

Los presidentes de la Generalitat y Murcia pretendieron que se firmara una declaración favorable al mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y “yo me opuse rotundamente”.

Argumentó también que Murcia y Valencia fueron contrarias a su propuesta de coparticipación de las comunidades autónomas en los órganos de gestión del agua porque “no quieren que participe Castilla-La Mancha, dado que ellos los han controlado siempre”.

La grave sequía que sufre la cuenca del Júcar, la segunda mayor de la historia, ha obligado al Gobierno a comprar agua a los regantes de Albacete para que el Júcar pueda subsistir este verano. La Confederación Hidrográfica comprará el 20% del consumo de los agricultores a cambio de que estos no utilicen otro 20%.

‘‘Este es el segundo año más seco de la historia’’. Así definió Juan José Moragues, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el actual periodo hidrológico, iniciado el pasado 1 de octubre.

Con este ya son tres años consecutivos de sequía –el pasado fue el más seco de los últimos 60 y el anterior fue el tercero– y por eso Moragues anunció que durante este ejercicio ‘‘seguirá habiendo fuertes restricciones para los regantes, que intentaremos compensar con el uso de aguas subterráneas y reutilización de aguas depuradas’’.

El único sistema hídrico que, según los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, se encuentra en un estado de normalidad es el de la Marina Baixa. El del Júcar se encuentra en emergencia por la sequía; el del Turia, en alerta, igual que el del Serpis mientras que el resto están en situación de prealerta.

Moragues dejó muy claro que la situación del Júcar es delicada y lo será mucho más durante la primavera y el verano, aunque aseguró que no habrá restricciones de agua para consumo humano.

La mala situación del Júcar se agravará en el estiaje si los agricultores de Albacete siguen extrayendo agua del acuífero de la Mancha Oriental. El Júcar puede ver interrumpido el caudal.

Eso ha motivado que la comisión de sequía de la Confederación Hidrográfica del Júcar acordara ayer, con el voto en contra de los representantes de Albacete, establecer medidas para que haya un ahorro de un 40% de agua en los acuíferos de la Mancha Oriental, que son fuentes de este río.

La cuestión que plantea la Confederación del Júcar es la compra del 20% de los derechos de uso de agua de los pozos de la Mancha Oriental a sus propietarios a cambio de que estos se comprometan a no utilizar otro 20%. La sobreexplotación de pozos en Albacete motiva que el río no obtenga las aportaciones de agua que debiera.

Los regantes de Albacete no se mostraron muy conformes con la decisión, ya que consideran que la solución planteada para mantener con vida el Júcar durante el estiaje no les compensa lo suficiente el bolsillo, que prefieren seguir plantando y sacando agua de sus pozos.

Si ayer le tocaba el turno a los regantes de Albacete, el 14 o 15 de marzo, dijo Moragues, se abordarán las restricciones para los regantes valencianos del Júcar. ‘‘Serán restricciones equiparables a las del año pasado, pero tenemos que estudiarlas’’, señaló Moragues.

Las lluvias registradas en el litoral en enero han propiciado la recarga de los acuíferos valencianos. ‘‘El año pasado se extrajeron unos 40 hectómetros de los pozos de sequía. Este año podría ser algo superior’’, indicó Javier Ferrer, director de la oficina técnica de la sequía.

Entre los pozos de sequía y la reutilización de aguas residuales depuradas, los agricultores recibirán una aportación de 100 hectómetros, puntualizó Moragues.

Crecida del Ebro
Y mientras esto sucedía ayer en Valencia unas horas antes, en Zaragoza, el Ebro experimentaba un aumento de caudal espectacular, multiplicando por ocho la media experimentada durante el pasado mes de enero, aunque es una cifra ‘‘dentro de lo normal en época invernal’’, indicaron fuentes del organismo de cuenca del Ebro.

En la madrugada de ayer el principal río de España experimentó una crecida que llegó a los 803 metros cúbicos por segundo debido a las escorrentías de las lluvias de los últimos días y del agua procedente del deshielo.

Desde la Confederación Hidrográfica del Ebro aseguraron ayer que lo extraordinario en un río como ese no es que experimente una ‘‘punta de crecida de 800 metros cúbicos por segundo, que suele suceder dos o tres veces al año, sino que su caudal medio en enero sea de 107 metros cúbicos por segundo’’.