El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, indicó hoy que con el objetivo de «mantener las reservas» del pasado año hidrológico 2005/06, el suministro superficial destinado a regadíos será un 40 por ciento menor que el existente el año anterior, mientras que se mantendrá el 100 por ciento del suministro superficial para abastecimiento, es decir, que «está garantizado» este tipo de aportación para el consumo humano.

Moragues, que informó en rueda de prensa sobre los asuntos tratados en la Comisión Permanente de Sequía, destacó que con estas «fuertes restricciones» llevadas a cabo desde octubre -primer mes del presente año hidrológico- para «ajustar los suministros», se le han «ganado a la sequía» 20 hectómetros cúbicos (hm3). Además, destacó que estas medidas suponen la «garantía» de que, en caso de darse «el peor escenario» en el que la aportación fuera la misma que la registrada en 2006 porque «lloviera igual de poco», los suministros se mantendrían «exactamente igual», en 106 hm3.

Al respecto, el presidente de la CHJ remarcó que aunque sigan «habiendo restricciones fuertes, quizá superiores incluso a las del año pasado en el agua superficial para los regantes», éstas se intentarán «compensar» con «aguas subterráneas y aguas de reutilización, siempre que no haya problemas medioambientales», matizó.

Asimismo, manifestó que este año «está siendo tan seco como el año pasado», y consideró «lamentable» que hasta ahora suponga el «segundo más seco en los más de 60 años que se lleva estudiando el río», por detrás tan sólo del ejercicio anterior.

En este sentido, apuntó que las aportaciones acumuladas del Júcar en 2006/2007, de 109,67 hm3, «se mueven entre el primer y el segundo año de sequía», más cerca del segundo, el más seco -con 106,49 hm3-, por lo que los embalses de Alarcón, Contreras y Tous almacenan «sólo 3 hm3 más», lamentó. Así, estimó que el volumen embalsado del sistema del Júcar experimenta «una recuperación muy lenta» y presenta una «evolución ascendente pero no suficiente».

Moragues señaló que se mantiene el estado de emergencia en el río Júcar, mientras que el Turia y el Serpis se encuentran en alerta. En situación de prealerta, que requiere un incremento de las medidas de control, están los sistemas Cenia-Maestrazgo, Mijares-Plana de Castellón , Palancia-Los Valles, Marina Alta y Vinalopó-Alacantí, y finalmente, la Marina Baja presenta una situación de normalidad.

OPAD a regantes de C-LM

Por otro lado, resaltó que con el citado objetivo de garantizar el suministro, por primera vez se lanzó una oferta pública de adquisición de derechos (OPAD) a los regantes de Castilla-la Mancha para incrementar la inicial reducción de extracciones de 11,3 hm3 -un 20 por ciento-, que no veían «suficiente».

La OPAD, centrada en 28.000 hectáreas del entorno del río en el que tienen «algún efecto» las extracciones, requería otra renuncia voluntaria de 11,3 hm3 y ofrecía un volumen máximo del 60 por ciento con una reserva del 18 por ciento. Finalmente, según los resultados provisionales, el volumen total de solicitudes ascendió a 55,9 hm3, a los que se suman las dos reducciones de 11,3 hm3 mencionadas, y un volumen ofertado de 26,8 hm3, mientras que el volumen reservado fue de 6,5 hm3.

Fruto de esta operación, se redujeron las extracciones en 38,1 hm3 y se cifró el objetivo final de extracciones entre 260 y 270 hm3, además de lograr una «reducción de hasta un 40 por ciento» de las extracciones en los acuíferos de Castilla-la Mancha que conllevará un cambio de tipos de cultivo, de los actuales de verano a otros de primavera, lo que «es mejor para el caudal del río», incidió Moragues.

Precipitaciones y acuíferos

Respecto a las precipitaciones registradas en diciembre y enero, comentó que su incidencia fue relevante en la zona de la costa, en la que cayeron de 200 a 250 mm en diciembre y 100 mm en enero, pero tuvo escasa importancia a nivel general, dado que en la cabecera las lluvias fueron inferiores a 30 mm en diciembre y de 5 mm en enero, mes en el que el interior registró 20mm.

Así, la evolución de las precipitaciones respecto a la media histórica muestra síntomas de recuperación en la costa, incluido el Serpis, con una «ligera» subida respecto a la media, y un empeoramiento en las cabeceras del Turia, Mijares y Júcar, en las zonas de Cuenca, Teruel y Albacete. Por su parte, las comarcas de la Marina Alta y Baja se encuentran en buena situación.

En cuanto a los acuíferos, señaló que se produjo una «recuperación generalizada», especialmente en el Caroch Norte -zona más delicada por su valor ambiental, apostilló-, y que éstos mantienen «caudales razonables» con niveles «similares o más elevados» que el año anterior, y destacó que en la Albufera los niveles son normales con «clara recuperación» tras las lluvias, pero añadió que aún se encuentra en un «estado delicado que hay que mimar».

Los embalses volvieron a incrementar sus reservas y lo hicieron de forma notable. La Confederación Hidrográfica del Júcar detectó que durante los últimos siete días han incrementado las reservas en 13,4 hectómetros cúbicos, lo que ha permitido incrementar hasta el 16% el porcentaje de agua embalsada en las cuencas del Júcar, Turia, Palancia o Mijares. Es la mayor subida desde el pasado mes de marzo.

De los embalses dedicados al abastecimiento humano o al regadío, el que más ha incrementado sus reservas en la última semana ha sido el de La Toba, en la cuenca del Júcar, un pequeño pantano que está ahora a más del 60% de su capacidad. También Alarcón y Contreras, los más grandes del Júcar, han incrementado sus reservas alrededor de un hectómetro cúbico, como lo están haciendo en las últimas semanas. Sin embargo, se trata de una cantidad insuficiente debido a la grave situación de sequía que padecen. Pese al incremento de reservas, Alarcón está al 6,3% de su capacidad, mientras que Contreras no llega al 4,5%.

También el embalse de Tous tiene más agua que la pasada semana, aunque se ha ralentizado la entrada de un hectómetro cúbico diario que se registró durante la primera semana del mes de febrero.

En la cuenca del Turia, el pantano de Benagéber incrementó sus reservas en un hectómetro cúbico y se sitúa a un tercio de su capacidad, con 68,5 hectómetros, mientras que en el río Mijares, ya en Castellón, el embalse de Arenós está al 25% después de aumentar 1,3 hectómetros.

En la cuenca del Tajo sin embargo, las reservas de los embalses de la cabecera, Entrepeñas y Buendía, ha descendido en 9 hectómetros y es de 296 hectómetros cúbicos, con lo que se sitúan en el 11,96% de su capacidad total. Desde estos embalses se trasvasa al Segura.

Cuando se ha cuestionado desde la Comunitat Valenciana por qué otras autonomías, como Aragón y Castilla-La Mancha, se oponen a la cesión de agua y se reservan caudales por encima de sus necesidades, su respuesta ha sido que quieren asegurarse el suministro necesario para el desarrollo de necesidades futuras.

Habitualmente se ha comparado la situación de los aprovechamientos en unas y otras regiones en base a la rentabilidad socioeconómica de las respectivas agriculturas, porque la agricultura de regadío absorbe el 70% del agua consumida. Y en este planteamiento se llega al resultado de que los cultivos hortofrutícolas del litoral mediterráneo, que son los que se empezaron a regar hace siglos, son mucho más rentables, en términos económicos directos y de generación de empleo a su alrededor, que los cultivos de cereales y oleaginosas de las plantaciones extensivas que constituyen, en su mayoría, los nuevos regadíos de las regiones limítrofes.

La pregunta frecuente, por ejemplo, desde el Gobierno aragonés, para refrendar su total oposición al trasvase del Ebro, ha sido: ‘‘¿Por qué no podemos nosotros cultivar también lo que queramos, si tenemos el agua que pasa a pocos kilómetros?’’. En más de una ocasión ha llegado a decir el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, que también podrían plantar tomates. La contestación es fácil: para producir tomates además de terreno y agua, hace falta clima adecuado, y este se encuentra donde está, no se puede improvisar.

Cereales y oleaginosas
En ese argumento ya se veía una intencionalidad evidente de que ‘no quiero cederte a tí lo que tengo yo (el agua) para que no puedas hacer lo que quiero producir aquí’. Así que quedaba claro que las reservas y blindajes de caudales tienen un fuerte valor estratégico, aunque no fuera sólo para producir tomates.

Los cultivos que predominan en los nuevos regadíos aragoneses y manchegos, y en los nuevos proyectos en ciernes (como Los Monegros), son cereales y oleaginosas, que son producciones aparentemente excedentarias en la UE (hasta ahora), muy extensivas y mecanizables (poca generación de empleo) y sometidas a un régimen proteccionista de subvenciones.

Es lo que permite el suelo y el clima, y los resultados de las comparaciones socioeconómicas siempre han sido, evidentemente, muy favorables a los planteamientos de la Comunitat Valenciana y de Murcia, para justificar sus demandas del Ebro, en el caso de Aragón, así como, por lo que respecta a Castilla-La Mancha, la permanencia del Tajo-Segura y la exigencia de que no se quede mayor parte del Júcar de la que le corresponde.

¿Cómo se puede mantener que el agua se emplee en producir alimentos excedentarios, poco rentables y muy subvencionados, cuando, encima, la actual filosofía de la Política Agraria de la UE va por caminos contrarios?

Biocarburantes salvadores
El panorama ha cambiado. Producir ahora grandes cantidades de maíz, cebada, trigo, girasol, remolacha o colza, entre otras cosas, cuenta con el renovado interés de abastecer de materia prima a las nuevas fábricas de biocombustibles y no sólo la alimentación humana.

Los biocarburantes que están en boca de todos para salvarnos del presunto cambio climático son, básicamente, el alcohol etílico (bioetanol) y aceites (biodiésel). El primero se obtiene de vegetales con altos contenidos en azúcares o almidón (cereales, remolacha…) y el segundo de oleaginosas (girasol, colza, palma…)

El problema es que su cultivo, para alcanzar altos rendimientos que sean rentables, necesita mucha agua, incluso puede resultar caro, según algunos expertos, en términos de consumo de agua, porque donde no llueve de forma abundante y regular, se necesita regar mucho para alcanzar productividades competitivas, y este esel caso de España.

En nuestro país hay un centenar de fábricas de biocarburantes, entre las que ya funcionan y las que están en construcción. Por lo que se ve ahora mismo, prefieren traer las materias primas de fuera, porque son más baratas, pese al transporte, y las organizaciones agrarias ya presionan al Gobierno para que imponga un cupo de abastecimiento nacional, al menos del 25%.

Todo ello quiere decir que la fiebre de los biocarburantes se ha convertido en un filón estratégico para territorios que pueden producir materias primas y tienen agua. La cuestión es cómo podrán competir con producciones más baratas de Brasil, Argentina, Indonesia… De momento, la política europea les apoya en esto y ya han aparecido también las primeras disputas entre la agricultura comestible y la energética: el precio de los cereales ha subido un 30% en el último medio año y, con ellos, el de algunos alimentos.

Entre tanto, la Generalitat Valenciana se ha sumado a la tendencia ‘anti CO2’ con su propuesta de obtener alcohol de las naranjas, que también precisan garantías de agua.

El sur de la Comunitat, donde la sequía es más acuciante, fue el escenario escogido por los tres grupos parlamentarios para consensuar una propuesta en favor de la llegada de agua de otras cuencas. El pleno de Les Corts que se celebró ayer en Elche, y al que el presidente Francisco Camps no asistió e Ignasi Pla sólo a intervalos, mostró su rechazo a la pretensión de las Cortes de Castilla-La Mancha de poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura. El Parlamento manchego quiere fijar en su futuro Estatuto que la compuerta para que llegue agua del Tajo al sur de la Comunitat se cierre en 2015.

El socialista José Antonio Godoy defendió la propuesta de su grupo, que es el que había presentado la proposición no de ley. El PP había anunciado en una de las últimas juntas de portavoces que daría su apoyo al punto del PSPV. Tras comenzar el debate en el auditorio del rectorado de la Universitat Miguel Hernández de Elche, el consenso comenzó a perder el equilibrio. Un último esfuerzo permitió a todos los grupos transaccionar una enmienda en defensa del trasvase Tajo-Segura.

Votar en contra de la propuesta hubiera sido muy complicado de explicar después. Además, los tres grupos partían de la misma premisa: una comunidad autónoma no puede interferir en una competencia que es exclusiva del Estado. El trasvase Tajo-Segura lo gestiona el Gobierno, como así dice la Constitución. El nuevo Estatuto manchego incorpora varios artículos en los que se autotransfiere la gestión de la cuenca del Tajo.

El PP cede
Tanto PP como l’Entesa presentaron dos enmiendas a la iniciativa socialista. Los populares fueron los que más cedieron. El portavoz Rafael Maluenda subió a la tribuna con un argumento de ataque directo al Gobierno central que los socialistas rechazaron. La enmienda del PP pedía a Les Corts que realizaran un llamamiento al Gobierno “para que renuncie a la política de oposición a los trasvases”. El PSPV no quiso ni escuchar la propuesta.

A pesar de que los populares no colaron su texto, Maluenda subió a la tribuna a defender el trasvase del Ebro y el del Júcar-Vinalopó desde Cortes de Pallás. Objetivo cumplido. El portavoz adjunto del PP, tras dar su apoyo a la proposición socialista, reiteró que le “sabía a poco” el contenido de la iniciativa, “pero más vale poco que nada”. De paso, apeló a que en situaciones similares los grupos de la oposición también apuesten por el consenso.

El que sí rascó en la negociación de la enmienda fue l’Entesa. El diputado Joan Antoni Oltra mostró sus cartas desde el principio: el urbanismo. En el segundo punto de la transaccional, Les Corts manifiestan su voluntad de que toda la política urbanística futura “se base en criterios de sostenibilidad ambiental y económica”. Un concepto muy amplio para el PP.

El socialista Godoy subió a la tribuna con el objetivo de pactar. Es el discurso del agua que ahora maneja el PSPV. Ya lo dijo Pla tras sus vacaciones navideñas. “Estoy dispuesto a estudiar esta propuesta”; “hay que apostar por el acuerdo y el pacto” y “es una proposición no de ley suscribible”, fueron algunas de las frases pronunciadas por Godoy allanando el camino para lograr el consenso. Godoy volvió a insistir en los minitrasvases del Ebro a Castellón.

Por otro lado, el vicepresidente segundo y portavoz de la Junta de Castillla-La Mancha , Emiliano García-Page, reconoció ayer que la decisión de recurrir el último trasvase del Tajo al Segura, que aprobó el viernes el Consejo de Ministros, “tiene bases” y en este sentido, el Gobierno regional lo llevará a cabo “en el mismo momento” en que los servicios jurídicos definan “las causas que son posibles” porque además, ya está avanzado.

Los agricultores alicantinos tendrán que apañárselas un mes más con el agua que les caiga del cielo o con las famélicas reservas de sus balsas. Los regantes del trasvase Tajo-Segura cerraron el pasado mes de diciembre un acuerdo con la Comunidad de Riego de Estremera, en el Alto Tajo, para comprarles 31 hectómetros cúbicos de agua que pagarán a 0,21 euros por metro cúbico.

El acuerdo ya está firmado, pues los términos son similares al convenio que rubricaron el año pasado y que supuso el primer intercambio de agua entre cuencas hidrográficas, una compra-venta de caudales que constituye el embrión de los bancos de agua que el Ministerio de Medio Ambiente quiere potenciar.

Sin embargo, la llegada de esos caudales, prevista para estas fechas, tendrá que esperar al menos hasta marzo. “Pensábamos que al tratarse de la renovación de un convenio no serían necesarios esos trámites, pero hasta que no tenga el visto bueno de la Confederación del Tajo no podremos recibir el agua”, confirmó ayer el vicepresidente de los regantes del trasvase, Manuel Richarte.

“Necesitamos el agua ya”
La transferencia no peligra y sólo falta concretar la fecha en la que se desembalsarán los 31 hectómetros cúbicos. Tampoco peligran los 11 hectómetros que el Gobierno se comprometió a trasvasar desde el Tajo hasta los regadíos del Segura a lo largo del primer trimestre del año, aunque tampoco está claro cuándo lo va a autorizar.

Los regantes no confían demasiado en ese recurso, si bien, Serrano insistió ayer en que “necesitamos el agua ya, porque el fruto está en esta época madurando en los árboles y si no se riega no va a tener el tamaño suficiente para su venta” y recordó que muchos de los cultivos que dependen del trasvase son invernaderos que recogen el agua de lluvia.

La Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura recomendó ayer al Consejo de Ministros –que se reúne hoy– que autorice un trasvase de 22 hectómetros cúbicos este mes, once para abastecimiento humano y otros tantos para riego desde los embalses de la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura.

Así lo anunció el director general del Agua, Jaime Palop, quien insistió en que, a pesar de las precipitaciones y nevadas caídas en la última semana, la sequía persiste, por tercer año consecutivo, en la cabecera del Tajo y en las cuencas del Júcar, Segura y Almanzora.

El director de Desarrollo Rural, Francisco Amarillo, reconoció que gracias a las últimas lluvias “en estos momentos no hay apremio” en las necesidades de agua en la agricultura, aunque a finales de febrero o principios de marzo “vamos a necesitar diez hectómetros cúbicos” para el mantenimiento del arbolado y su capacidad de producir.

El Consejo de Ministros autorizó ayer un trasvase de 22 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo al Segura, 11 para abastecimiento humano y otros tantos para riego. El envío de agua se realizará a finales de febrero.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, recordó que desde el 19 de mayo de 2006 no se había autorizado ningún trasvase para regadío, “dada la delicada situación de los embalses de cabecera del Tajo”.

Para justificar la decisión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta se refirió a la solidaridad entre las regiones y al equilibrio de sus intereses, un argumento similar que utilizan tanto desde el Ejecutivo autonómico de Murcia como desde la Generalitat Valenciana para reclamar el trasvase del Ebro.

Reconoció que estas decisiones “no son fáciles” y agregó que en ellas siempre “primaremos el interés general y lo armonizaremos en equilibrio con los intereses de los territorios”.

El consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, por su parte, anunció que los servicios jurídicos de la Junta estudiarán el proceso a seguir de cara a presentar un posible recurso contencioso-administrativo.

El consejero recordó que no sería la primera vez que se gana y se da la razón a Castilla-La Mancha , aunque lo que suele pasar, indicó, es que se da la razón a la región cuando han pasado años. Guijarro cree antes de llevar agua a Murcia o Valencia, debería ir a Las Tablas de Daimiel.

Según la referencia del Gobierno, la humedad actual del suelo permite disponer de un margen temporal para enviar el agua con destinos agrícolas, que sería necesario que estuviera en destino entre finales de este mes y principios de marzo.

Con la decisión tomada, se garantiza el abastecimiento a la población de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (2,5 millones de personas de 79 municipios de Murcia, Alicante y Albacete) y a numerosos municipios almerienses.

La referencia del Consejo afirma que, a pesar de las últimas lluvias, los embalses de la cabecera del Tajo se sitúan cerca de los 306 hectómetros cúbicos, cifra superior a los 240 establecidos como límite en el Plan Hidrológico Nacional, por debajo de la cual está prohibido trasvasar.

De “dramáticas” calificó ayer el director general de Desarrollo Rural del Ministerio de Medio Ambiente, Francisco Amarillo, las condiciones de los agricultores que dependen del agua del trasvase Tajo-Segura para poder regar sus cultivos. Sin embargo, el director general del Agua, Jaime Palop, aseguró que “no hay apremio” en las necesidades de agua en los regadíos del sur de la Comunitat, tras la celebración de la reunión de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura.

Esta entidad, que depende del Ministerio de Medio Ambiente y donde están representados los usuarios, recomendó ayer al Consejo de Ministros que se reúne hoy que autorice 11 hectómetros cúbicos para abastecimiento humano y la misma cantidad para riego, “para que lleguen a destino 10”.

Palop calificó la situación actual como “simétrica a la del pasado año” ya que los pantanos de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, tienen almacenados 305 hectómetros cúbicos, la misma cantidad que en enero de 2006.

A finales de febrero
El director general del Agua aseguró que no hay prisa para trasvasar agua a la agricultura, y a continuación dijo que a finales de febrero o principios de marzo “vamos a necesitar 10 hectómetros cúbicos” para el mantenimiento del arbolado y su capacidad de producir. Es decir, no ve urgencia en el trasvase para riego, pero advierte que dentro de un mes habrá que autorizarlo para salvar el arbolado de los cultivos del sur de la Comunitat.

Será el Consejo de Ministros el que tome la decisión en la reunión que se celebra hoy. Además, tendrá que discutir si aprueba el trasvase de 11 hectómetros cúbicos más para el abastecimiento humano, diez para la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que suministra a 32 municipios alicantinos.

Según Palop, a pesar de las precipitaciones y nevadas caídas en la última semana, la sequía persiste, por tercer año consecutivo, en la cabecera del Tajo y en las cuencas del Júcar y del Segura. El director general del Agua señaló además que la decisión de petición del trasvase estuvo presidida por “el principio de la prudencia”.

Los regantes ya no confían en el agua que les debería llegar del trasvase. El vicepresidente del Sindicato Central de Regantes de Trasvase Tajo-Segura, Manuel Serrano Richarte, aseguró ayer que el agua de la conducción “la necesitamos ya”. Justificó esta demanda porque el fruto está en esta época madurando en los árboles y si no se riega no va a tener el tamaño suficiente para su venta. Además, recordó que muchos de los cultivos que dependen del trasvase son invernaderos que no pueden aprovecharse del agua de lluvia.

Serrano lamentó que desde el Ministerio de Medio Ambiente no crean que haya urgencia en el trasvase para riego porque los 31 hectómetros cúbicos que han comprado a la comunidad de regantes de Estremera, en Castilla-La Mancha, no llegarán hasta principios de marzo. “Nos hubiera venido muy bien un poco de agua para regar los campos este mes”, dijo el representante de los regantes.

La compra de agua a otras comunidades de regantes, principalmente del Tajo, se ha convertido en algo habitual. Los agricultores que dependen del suministro hídrico que llega desde la conducción del trasvase Tajo-Segura ya no confían en ella. Hace casi un año que los regantes no reciben ninguna trasferencia de agua desde la cabecera del Tajo y por ello han tenido que recurrir a la adquisición de derechos de agua.

Francisco Amarillo sí reconoció “el esfuerzo enorme para economizar agua” que están llevando a cabo los agricultores valencianos y murcianos que dependen del trasvase. Palop también se refirió a ese esfuerzo realizado para ahorrar agua por parte de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y al empleo eficaz del agua que se autoriza trasvasar. Sin embargo, aseguró que se va a poner en marcha una campaña de concienciación ciudadana para que los alicantinos ahorren más todavía

La batalla por el agua entre Castilla–La Mancha, la Comunitat Valenciana y Murcia no ha hecho más que empezar. El nuevo Estatuto manchego, pactado por el PSOE y el PP, se prepara para iniciar su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde populares y socialistas valencianos esperan que se modifique en lo que respecta a la fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura. Si no es así, el PP valenciano y el Gobierno murciano ya han advertido de que podrían presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el texto.

Pero los responsables de la reforma ya han advertido de que, por mucha apelación al Tribunal Constitucional, no van a modificar su nuevo Estatuto. De hecho, defienden su plena constitucionalidad y justifican la decisión sobre el fin del canal Tajo-Segura en que eso es lo que quieren los ciudadanos de Castilla–La Mancha.

Además, como afirmó ayer el presidente de la Comunidad, esperan que las Cortes Generales (Congreso y Senado) respeten el texto que salió el lunes del Parlamento castellano-manchego. El socialista José María Barreda aseguró que la extinción del trasvase en 2015 no es un “capricho”, sino la voluntad de la ciudadanía aprobada por unanimidad de PP y PSOE.

Barreda señaló que el Tajo tiene “hipotecas” a favor del Segura, pero insistió en que, en un año de sequía como éste, se pone de manifiesto que el agua no sobra. En este sentido, reafirmó que Castilla–La Mancha tiene prioridad en el disfrute de los recursos del Tajo porque es la cuenca cedente.

El presidente castellano-manchego justificó la fecha de 2015 en que, de aquí a entonces, las Comunidades del “Levante” ya habrán previsto sus alternativas, como las desaladoras, y les instó a hacer un “esfuerzo” para estar preparadas en esa fecha.

Competencia del Estado
El PP, que en la Comunitat y en Murcia ha sido el más beligerante contra la extinción del Tajo-Segura, se ha alineado en cambio con el Gobierno socialista de Castilla–La Mancha. La portavoz del PP castellano-machego, Carmen Riolobos, advirtió ayer a sus compañeros murcianos de que, pese a que están “en su derecho” de presentar recursos, los suyos van a defender “hasta el final” el cierre del trasvase porque es lo que quieren los ciudadanos.

Del mismo modo la presidenta del partido en la Comunidad, María Dolores de Cospedal, aseguró que su principal interés es el de defender los intereses de los ciudadanos castellano-manchegos y que, por eso, mantendrá su apoyo al final del trasvase Tajo-Segura en 2015.

Pero los castellano-manchegos encontraron ayer un nuevo frente contra la reforma de su Estatuto, el de los regantes. El presidente de la Federación Nacional de Regantes, Andrés del Campo, recordó que la planificación hidrológica es competencia “única y exclusiva” del Estado. Del Campo consideró un “error político” que los Estatutos pretendan regular esta competencia, que es estatal según la Ley de Aguas y la Constitución española.

Si en el anuario de 2005 ya había que referirse de forma obligada a la sequía, en 2006 la situación se ha agravado, debido a la falta de precipitaciones que aliviaran la escasez del año anterior. Desde el mes de abril, las escasas reservas de los embalses comenzaron a caer en picado, principalmente los situados en la cuenca del Júcar, Alarcón, Contreras y Tous y llegaron al mes de septiembre en una situación agónica.

Los agricultores de la Comunitat Valenciana han sido durante 2006 los grandes perdedores por la falta de precipitaciones y la escasez de reservas en los embalses. Los regadíos tradicionales de la provincia de Valencia tuvieron que sufrir restricciones de hasta el 60% en el uso del agua. En la provincia de Alicante, la situación de sequía ha impedido que muchos agricultores hayan regado sus campos en los últimos dos años y que arrancar árboles ya sea una actividad habitual.

Y como muestra de la interminable sequía, un ejemplo. El pantano de Contreras, uno de los que abastece a Sagunto, Valencia y su área metropolitana, acabó el verano a menos del 3% de su capacidad, una escasez que no se padecía desde la gran sequía de 1995, en la que los embalses acabaron el año con los peores registros de su historia.

Y no sólo se han visto afectados los agricultores. Las restricciones en el uso del agua del Júcar obligaron al Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, a echar mano de las reservas del Turia y de los pozos subterráneos para abastecer a Valencia. Los datos del Instituto Nacional de Estadística revelan que la Comunitat es la autonomía que mayor porcentaje de agua subterránea tiene que utilizar para poder abastecer a la población. La primera consecuencia ya la han notado los ciudadanos: la mala calidad del agua.

El coste de potabilización del agua es mayor y, según datos del Instituto Nacional de Estadística, la factura que tienen que pagar los valencianos es cada vez más abultada. En 2004, cada metro cúbico costó 1,20 euros, 37 céntimos más que el año anterior.

La escasez se nota más todavía más en los bolsillos de los alicantinos. El Ministerio de Medio Ambiente aprobó en diciembre un aumento del 18,2% en la tarifa del agua para el suministro de 32 municipios alicantinos.

Mientras, los parques naturales sufren estrés hídrico. Es un fenómeno que hace aumentar la erosión y debilita la vegetación haciéndola muy vulnerable a las plagas. La Sierra Calderona, la Sierra de Espadán y el Parc Natural de la Font Roja ya padecen esta situación.

Los humedales sufren todavía más la falta de agua. Es el caso de la Albufera, el Marjal Pego-Oliva o el Hondo Salinas de Torrevieja. Según Territorio, serían necesarios 300 hectómetros cúbicos de agua para aliviar la situación. En la Albufera, está en riesgo el futuro del cultivo de arroz y la presencia de algunas especies, como el samaruc, endémico de la Comunitat Valenciana y ya en peligro de extinción.

El balance hídrico de 2006 presentado hace unos días por el Instituto Nacional de Meteorología habla de un año seco y extremadamente cálido. La precipitación media ha sido un 12% inferior a lo que se considera normal. Los mayores déficits, superiores al 25% se encuentran en las zonas ribereñas del Júcar, el Alto Vinalopó y el Bajo Segura en Alicante y Els Ports de Castellón.

El futuro no se presenta demasiado prometedor. Según los meteorólogos, el cambio climático ya está teniendo sus primeros efectos, con temperaturas más altas de lo que suele ser habitual y, principalmente, escasez de lluvias que convierten a 2007 en “el tercer año de la sequía más grave de la historia”, en palabras de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

El objetivo general de este convenio, dentro de la política de inversiones que viene aplicando la Generalitat en la materia y en los últimos años, es ahorrar agua y mejorar las condiciones de cultivo y de comodidad para los propios agricultores.

El acuerdo de ayer entre la Administración autonómica y los regantes fue firmado por los consellers de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, y de Agricultura, Juan Cotino, y 55 responsables de comunidades de regantes de ambas provincias (con Alicante ya se firmó un convenio similar el año pasado). El acto estuvo presidido por el president de la Generalitat, Francisco Camps.

La firma se enmarca en el compromiso marcado por el Consell para esta legislatura, consistente en modernizar 90.000 hectáreas de cultivos, que de esta manera dispondrán de riego localizado, lo que supondrá que el 85% de la superficie de regadío colectivo quedará ya modernizada.

Actualmente hay 200.000 hectáreas modernizadas (el 73% de la superficie de regadío colectivo) en la Comunitat Valenciana, donde la Conselleria de Agricultura tiene en marcha el Plan Millorar, que actúa en la modernización de regadíos en más de 400 municipios.

Ahorrar agua a toda costa
Según destacó Camps, el objetivo del Gobierno valenciano es ahorrar hasta un 20% de agua y abaratar el 28% del coste de la que se utiliza en los regadíos . En los últimos cinco años, con las inversiones de la Administración y los regantes, se ha producido un ahorro de agua del 14,2%.

En la actualidad, el ahorro de agua es de 130 hectómetros cúbicos al año y se pretende alcanzar los 215, mientras que el agua reutilizada es de 175 hectómetros en toda la Comunitat (120 en el caso de Castellón y Valencia) y Camps dijo que su compromiso es llegar a 350.

Las inversiones en reutilización de agua hacen que la valenciana sea la comunidad que más agua reutiliza “de toda España”, manifestó Camps, quien añadió que se va a reutilizar “tanta agua como la que reclamamos del Ebro y que se va al mar” y que las inversiones que se están haciendo en depuración y en los sistemas de regadíos así lo permitirán en los próximos años.

“Los valencianos, cuando pedimos agua, pedimos algo justo, y con nuestro trabajo la hacemos cada vez más justa, y más injusta la decisión de no trasvasar agua a la Comunitat Valenciana”, afirmó Camps.

En el mismo sentido se pronunció el presidente de los regantes del canal Júcar-Turia, Benjamín Aparicio Cervera, que es también alcalde de Losa del Obispo y que habló como portavoz de los regantes.

“Los regantes de la Comunitat exigimos el trasvase del Ebro, el del Júcar-Vinalopó y el del Tajo-Segura y cuantos trasvases hagan falta para que el agua llegue donde sea necesaria”, resaltó Aparicio.

CULTURA DEL AGUA

El presidente de la Comunidad General de Regantes del Camp del Túria, Benjamín Aparicio, que habló en representación de los usuarios, señaló que los regantes valencianos «no tienen que aprender nada de la nueva cultura del agua», porque «han crecido con la escasez» y «saben apreciar el valor de cada gota» de este recurso. Por ello, defendió que «tienen derecho a exigir» el agua que «sobra» en otras comunidades porque «han hecho los deberes» y reclamó «cuantos trasvases hagan falta para que el agua llegue donde sea necesaria».

Aparició señaló también que la Generalitat valenciana «ha invertido más que ninguna otra Administración» en esta matera, y expresó su agradecimiento por los «esfuerzos» realizados en favor de los regantes de la Comunitat por el presidente de la Generalitat, al que dedicó un poema.