La tramitación del nuevo Plan Hidrológico del Júcar está plagada de cesiones y compromisos para intentar contentar, o al menos apaciguar, a los usuarios del río. Y no es fácil poner de acuerdo a regantes y administraciones de la Comunitat, Castilla-La Mancha o Aragón en una cuestión tan conflictiva como el reparto del agua en una cuenca deficitaria, por no hablar de las sensibilidades opuestas que hay en cada región. En clave valenciana el ejemplo más claro es el trasvase Júcar-Vinalopó, que queda muy protegido en el documento.

En la redacción final, la que se remitirá a Madrid para su aprobación, se ha incluido una matización en el artículo que versa sobre recursos excedentes. Aunque el borrador anterior ya apuntaba que podrán aprovecharse «para paliar la sobreexplotación de acuíferos y el déficit de abastecimiento del área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja», ahora se añade una frase para apuntar que también se incluyen en esta categoría, y por tanto son susceptibles de ser trasvasados, los ahorros derivados de la modernización de regadíos del la Ribera del Júcar.

Precisamente, estas obras de mejora empezarán a acometerse este mismo año después de que el Gobierno se haya comprometido a impulsar un crédito extraordinario de 46 millones para ejecutar la mayor parte de la infraestructura pendiente, que hay que recordar debía estar lista desde 2009. La dotación presupuestaria debe concretarse antes del próximo día 29 y fue fruto de la negociación mantenida en los últimos días con los regantes de la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (Usuj). Su secretario general, Juan Valero de Palma, explicó ayer que las inversiones previstas permitirán acabar la mayoría de los sectores de riego pendientes en el horizonte de 2018, lo que implicará un ahorro de unos diez hectómetros cúbicos. «La única manera de que hayan excedentes es completar las obras de modernización porque el Júcar es deficitario, sólo así se puede llevar agua a otras zonas», dijo en relación a esta modificación.

Los trabajos señalados no sólo acumulan un retraso significativo, sino que al depender de varias administraciones, fundamentalmente de la Generalitat y del Gobierno, no siempre han avanzado de manera coordinada, lo que ha provocado que haya zonas con las obras terminadas que no se pueden poner en marcha porque hay tramos no ejecutados que impiden llevar el agua hasta las parcelas. Esto ha provocado numerosos robos, hasta el punto de que Usuj habilitó un sistema de videovigilancia en los cabezales de riego y otras infraestructuras que ha dado buenos resultados.

La modificación en la normativa ha sido muy criticada por la plataforma Xúquer Viu, que agrupa a partidos de izquierda, sindicatos y asociaciones ecologistas y ciudadanas con especial implantación en la Ribera. Su portavoz, Paco Sanz, lamentó que se permita que los excedentes generados se deriven a Alicante mientras los abastecimientos de los municipios ribereños deberán seguir pagando por el agua a los regantes mediante permutas. También recordó que este mecanismo se había eliminado en la redacción anterior al Consejo del Agua del viernes, aunque en el último momento volvió a ser incluido. Eso sí, tal y como queda el apartado que regula la asignación para las localidades también se prevé que no sea necesaria la compensación «en función de las disponibilidades del sistema». Es decir, se plantean las dos posibilidades.

Otro cambio respecto al trasvase es que se abre la puerta a derivar 12 hectómetros a Alicante y la Marina «aguas abajo de Tous». Es decir, en un punto distinto al azud de la Marquesa, situado en el tramo final del río. Es una aspiración de los regantes alicantinos, que piden agua de más calidad que la que se acumula en la toma de la infraestructura.

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El Consejo del Agua de la Demarcación del Júcar dio ayer su visto bueno al borrador del nuevo plan hidrológico, el último que falta por cerrar en España. La reunión comenzó una hora tarde como consecuencia de las negociaciones que se han estado produciendo los dos últimos días entre el Gobierno, la Comunitat, Castilla-La Mancha y distintas asociaciones de regantes para conseguir los mayores apoyos. Sobre el papel se alcanzó el objetivo al obtener 56 votos a favor, aunque la suma de las abstenciones (15) y los posicionamientos en contra (8) da a entender que el plan avanza hacia su aprobación final sin un consenso total. Por comparar, el de 1998 no tuvo oposición y registró un par de abstenciones.

Las reuniones han dado frutos. En el caso de los regadíos tradicionales del Júcar agrupados en la Unidad Sindical de Usuarios (Usuj), su no oposición al documento se fundamenta en que conseguirán prioridad absoluta para acometer la modernización de los sistemas de riego pendiente desde hace años. Tal y como explicaron las fuentes consultadas, existe el compromiso del Gobierno de aprobar un crédito extraordinario de 46 millones que permitirá, en 2014 y 2015, finalizar obras en la Acequia Real del Júcar en las zonas agrícolas con redes de distribución hasta los cabezales de riego que no pueden aprovechar el agua debido a que no está lista la infraestructura para llevarla hasta las parcelas. También habrán mejoras urgentes para los regantes de Escalona y Carcaixent.

Las actuaciones con cargo a esta cuantía se prolongarán hasta el 2018, y se prevé que entonces se hayan acometido la mayor parte de las obras de modernización, aunque todavía quedará alguna actuación por ejecutar en 15 de los 45 sectores que componen la Usuj. En el pacto también se incluye a Castilla-La Mancha, que obtiene la misma prioridad para la sustitución de pozos en el acuífero de la Mancha Oriental en favor de recursos superficiales del Júcar.

La idea es que esta inversión extraordinaria se concrete antes del próximo día 26, cuando el Consejo Nacional del Agua se reunirá para elaborar su informe preceptivo antes de la elevación del plan hidrológico al Consejo de Ministros. Los diferentes representantes de Usuj decidieron abstenerse en la votación de ayer, aunque con toda probabilidad habrían formulado un voto contrario de no haber obtenido esta contrapartida, teniendo en cuenta la reducción de asignaciones que se les aplican y los beneficios que consigue Castilla-La Mancha, que incluso podrá extraer recursos del acuífero de la zona oriental «para el posible desarrollo de nuevos regadíos», según informó Xúquer Viu en base a la última modificación realizada en el borrador.

La abstención de Usuj también se fundamenta en un cambio de última hora en relación al trasvase Júcar-Vinalopó. Se mantiene la idea de que el volumen transferible sea de 80 hectómetros cúbicos, aunque se añade que de estos «al menos 12 procederán de recursos superficiales no asignados generados en afluentes del río Júcar aguas abajo de Tous».

Desde Xúquer Viu señalaron que «se abre la puerta» a una nueva toma de agua distinta a la del azud de la Marquesa, o lo que es lo mismo, en el tramo medio del río y con mejor calidad, por lo que puede ser destinada a consumo humano. Incluso llegaron a aventurar que podría tratarse de recursos a derivar desde Antella o Cortes de Pallás «en favor del lobby del agua de Alicante». Es precisamente lo contrario a lo que han defendido los ecologistas y Usuj. En este último caso siempre se ha pedido que el trasvase sea de sobrantes desde el tramo final. Por su parte, Juan Valero, secretario general de la citada entidad, dijo que el cambio puede provocar problemas al no concretar de dónde se derivarán estos caudales.

Otra variación significativa, según Xúquer Viu, es que en la redacción final los municipios de las comarcas de la Ribera deberán pagar a los regantes por el agua consumida a través del sistema de permutas vigente. Y eso que hasta ayer habían obtenido una asignación directa sin contraprestaciones.

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El nuevo Plan Hidrológico del Júcar (PHJ) supondrá un agravio comparativo entre Albacete y decenas de municipios valencianos que beben del agua del río a través del embalse de Alarcón, pues el primero no tendrá que pagar coste alguno en el caso de tener que utilizar recursos del pantano en épocas de sequía, una excepción que no afecta al resto de usuarios que también pueden acogerse a esta posibilidad. Es lo que sucede con Valencia y su área metropolitana, Sagunto y otras localidades de Alicante, entre ellas la propia capital o Elche.

Además, el plan no prevé acelerar todas las obras de modernización pendientes en los regadíos tradicionales del Júcar, pues algunas no se finalizarán hasta 2027 pese a que los primeros plazos preveían su puesta en marcha en 2009. También se incluye una mejora de la dotación de recursos del río para regar las parcelas agrícolas de la parte oriental de Castilla-La Mancha y no se limitan a corto plazo las extracciones del acuífero situado en la zona para evitar que se saque más agua que la que se recupera a través de su ciclo natural. Era una petición de la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (Usuj), al entender que las tomas restan caudales que deberían acabar en el río.

Así se desprende de la redacción del documento, que regula la utilización de los recursos de la demarcación del Júcar para los próximos años y que hoy pasará por el Consejo del Agua territorial antes de ser elevado al nacional para su posterior aprobación en el Consejo de Ministros. Aunque el plan reconoce el derecho histórico de los regantes del Júcar a tener prioridad en la asignación de recursos y mantiene la prerrogativa que marca el convenio de Alarcón de que los regantes de Usuj reciban una compensación de los municipios que utilicen recursos del embalse cuando el nivel está por debajo de una curva de reserva, es decir, en época de sequía, esta exigencia no afectará a Albacete, que nunca ha llegado a pagar el millón de euros que adeuda a Usuj por recurrir a este mecanismo entre los años 2005 y 2007.

La nueva normativa dice que «en atención a la mejora ambiental que para la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental supone el abastecimiento de Albacete y su área de influencia con recursos superficiales del río Júcar» será la Administración General del Estado la que asumirá estos costes para compensar a Usuj. Para el resto de municipios que también pueden acogerse a esta opción no hay ninguna excepción, y por lo tanto, pagarán los ayuntamientos. En la sequía anterior, Sagunto, Valencia y las localidades alicantinas sí abonaron el canon correspondiente.

Otra de las mejoras del plan para los intereses de Castilla-La Mancha se refiere al mismo municipio, que tendrá una mayor disponibilidad de los recursos superficiales del río para su abastecimiento en periodos normales. Además, se permite extraer mediante pozos 320 hectómetros cúbicos de agua al año del acuífero de la Mancha Oriental para consolidar extensiones de regadío en la zona y se derivarán otros 80 de recursos superficiales del río para evitar más presión sobre la masa de agua. Para ello, Usuj había solicitado reducir las concesiones de agua.

Obras al 50% de ejecución

En cuanto a obras de modernización de regadíos, se ha aceptado alguna petición de la entidad de adelantar inversiones para poner en marcha el riego por goteo en varias zonas de la Acequia Real del Júcar, aunque se posponen hasta 2027 varias actuaciones en otros ámbitos de los regadíos tradicionales que debían estar en funcionamiento desde 2009. En la zona geográfica que cubre Usuj las obras están ejecutadas sólo al 50%. En cuanto a la Ribera, los municipios consiguen una asignación fija sin necesidad de recurrir a permutas y pagos a los regantes.

El Consell, a través del vicepresidente José Císcar, dijo ayer que apoyarán «lo que digan los regantes» afectados. Por su parte, el PP de Castilla-La Mancha tildó la nueva redacción del plan de «hito histórico».

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El Gobierno de Castilla-La Mancha que preside María Dolores de Cospedal también ha presentado alegaciones al borrador del nuevo Plan Hidrológico del Júcar (PHJ). Aunque desde la Consejería de Fomento prefirieron no facilitar las alegaciones, sí confirmaron que se basarán en los argumentos expresados por la responsable del departamento, Marta García, en una reciente intervención en las cortes regionales. Entonces dijo que el Ejecutivo defenderá que los albaceteños no tengan que pagar un coste adicional por el abastecimiento de agua, una situación que tildó de «injusta» y que se deriva del plan de 1998 y del Convenio de Alarcón. También reiteró que los habitantes de la ciudad «no tienen por qué pagar ningún concepto distinto al resto de españoles». En otras palabras, se dio un apoyo expreso al mantenimiento de los impagos.

La misma estrategia, pero a la inversa, se ha adoptado por parte del Gobierno Valenciano. Desde la Conselleria de Agricultura, integrada en la de Vicepresidencia, explicaron que en las alegaciones presentadas asumen las reivindicaciones de los regantes de Usuj ante el conflicto. Concretamente, piden que se incluya en articulado del futuro plan de cuenca «la obligatoriedad del cumplimiento del Convenio de Alarcón y las sentencias del Tribunal Supremo que las interpretan».

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Los regantes del Júcar han conocido en apenas cuatro meses dos nuevas sentencias del Tribunal Supremo que reafirman su derecho a ser compensados cuando otros usuarios toman agua del río, en época de sequía, a través del embalse de Alarcón. El conflicto no sólo perdura desde el último ciclo de escasez, cuando el Ayuntamiento de Albacete se negó a satisfacer los pagos aprobados por disponer de estos caudales, sino que las posturas, asumidas por los respectivos gobiernos regionales, parecen irreconciliables.

Al menos así se desprende de las alegaciones presentadas por las diferentes partes al borrador del futuro plan de cuenca, la normativa que regulará las demandas y usos del río más importante de la Comunitat, incluyendo también los mecanismos sobre cómo proceder en situaciones excepcionales para poder utilizar parte del volumen del embalse, construido por los regantes valencianos a través de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (Usuj).

Los fallos citados se suman al que en junio de 2011 ya desestimó el Alto Tribunal, y los tres van en el mismo sentido: las compensaciones son legales y están amparadas por la Ley de Aguas, que obliga a dar prioridad a los abastecimientos, el Plan Hidrológico del Júcar vigente (PHJ) y el Convenio de Alarcón, tal y como explicó el secretario general de Usuj, Juan Valero de Palma.

El último acuerdo es básico para entender el conflicto, pues marca las reglas de explotación del caudal que se acumula en el embalse, el más grande de la demarcación del Júcar. Firmado en 2001 por el Ministerio de Agricultura y Usuj, implicó la cesión de la gestión del pantano al Gobierno y permitió que usuarios distintos a los regantes valencianos pudieran disponer de recursos para regadío y abastecimiento sin coste alguno. A cambio, se conseguía un ambicioso plan de modernización de los sistemas de riego para los asociados de Usuj que, por cierto, no se ha culminado.

El convenio también fijaba una limitación para épocas de sequía, de manera que si el nivel acumulado estaba por debajo de una curva de reserva (entre 263 y 334 hectómetros cúbicos en función del mes) no podrían derivarse caudales a los nuevos beneficiarios. Eso sí, fue necesario fijar una excepción para dar cumplimiento a la norma que prioriza el abastecimiento de los núcleos urbanos sobre cualquier uso. Es decir, se daría agua a las ciudades y pueblos que la necesitaran, pero a cambio debían compensar económicamente a Usuj, dinero que serviría para cubrir el coste derivado de extraer caudales mediante pozos para atender sus regadíos. Era una indemnización por el caudal ‘perdido’.

La cláusula se activó en 2005, 2006 y 2007. El coste total a liquidar por el Ayuntamiento de Albacete asciende a 1,087 millones por este concepto, según los datos de Usuj, y es la única administración que se ha negado a pagar, pues el resto de municipios beneficiarios del agua durante la última sequía (más de medio centenar, entre ellos Valencia y Sagunto) sí abonaron el canon.

Rosa González, concejala de Medio Ambiente del consistorio manchego, dijo ayer que las sentencias del Supremo son «legales pero injustas», por lo que han iniciado nuevas acciones judiciales para evitar el abono de la deuda, como alegar que la reclamación de los pagos llegó fuera de plazo, además de otros problemas formales. «Tenemos que hacer valer el derecho de los ciudadanos al abastecimiento», señaló.

La polémica se ha trasladado a las alegaciones al borrador del nuevo PHJ. Su aprobación es inminente, mejora la disponibilidad de agua para Albacete y refleja la filosofía del convenio de Alarcón. Es más, cita expresamente la necesidad de pagar por las transferencias que se realicen cuando no se alcance la curva de reserva, o lo que es lo mismo, durante los próximos episodios de sequía. De hecho, parte de la tensión se debe a que el escenario a medio plazo no es halagüeño, con precipitaciones mínimas en el ámbito del Júcar y varios sistemas en prealerta, lo que hace prever un cambio de ciclo. Eso sí, los embales, sobre todo los principales, marcan niveles muy buenos, por lo que el suministro a corto plazo está garantizado.

En sus propuestas, Albacete plantea «la nulidad del convenio y que no haya ninguna referencia al canon que se fija para los regantes valencianos», según la edil, que añade: «los ciudadanos no deben pagar un canon distinto al resto de usuarios del Júcar». Usuj también es contundente al reclamar, ante la negativa de Albacete a reconocer el convenio, que se elimine la asignación para su abastecimiento si no cumple con la legalidad y con las sentencias. Es decir, plantea que vuelvan al sistema de suministro a través de pozos anterior al citado acuerdo.

AGUA PARA ALBACETE

Situación actual. Con el Plan Hidrológico vigente, la ciudad manchega tiene derecho a una reserva de 31,5 hectómetros cúbicos anuales del Júcar. Es decir, es agua embalsada cuya transferencia se debe solicitar y autorizar en función de las necesidades.

Situación futura. El borrador del nuevo plan es más favorable. Aunque se mantiene el volumen total, mejora su disponibilidad. Se fija una asignación de 24 hm3, por lo que su acceso no requiere trámihttp://www.lasprovincias.es/v/20140313/comunitat/tension-castilla-mancha-crece-20140313.htmltes previos, y una reserva de 7,5.

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A menos de 24 horas de que el Consejo del Agua de la Demarcación del Júcar se reúna para aprobar el texto definitivo del Plan de Cuenca, las partes asistentes a esta reunión no han tenido acceso al documento.

Este hecho ha sido criticado por Xúquer Viu, uno de los dos representantes en el consejo por parte de los colectivos ecologistas, que desconoce la contestación a las alegaciones que se realizaron hasta el pasado mes de febrero.

«Este reunión es muy importante porque se tomarán decisiones sobre la planificación hidrológica para los próximos años. Al no facilitar la información están vaciando de carácter democrático la gestión pública del agua», explica la portavoz de Xúquer Viu, Graciela Ferrer.

Y es que será mañana cuando se apruebe el nuevo Plan de Cuenca del Júcar, que llega con casi cinco años de retraso, y que servirá para determinar los usos del agua y las medidas a tomar en toda la demarcación. Un documento importante que ha recibido una gran cantidad de alegaciones y que al no facilitar la contestación, los interesados en este proceso apenas tendrán tiempo para valorar lo que van a votar.

«Por los rumores, podemos intuir que las cuestiones más importantes para nosotros, como la recuperación del río o las asignaciones, van a quedar prácticamente igual que en el borrador», adelanta Ferrer.

Según Xúquer Viu, esta forma de actuar incumple la legislación de las administraciones públicas que contempla que se debe dejar tiempo suficiente para estudiar los documentos. En este caso, además de no facilitar el nuevo Plan a sólo un día de su aprobación, la reunión se convocó con una semana de antelación.

«Todo esto lo pondremos de manifiesto porque es una situación irregular. No puede ser que por la desidia se recorten derechos», comenta la portavoz de Xúquer Viu.

Esta situación ha sido expuesta ante el diputado de Esquerra Unida en el Congreso, Ricardo Sixto, que se ha reunido con la plataforma ecologista y con representantes del partido de la Ribera Alta y Baixa para conocer la situación del río y la problemática del agua.

«La política de agua llevada a cabo por el PP ha sido oscura y errática porque se apostó por construir unos pozos que no cubrían las expectativas y que no han servido para nada y después se penaliza al consumidor por la contaminación. Además, la Generalitat no especifica cuanto va a costar el agua ni quien va a pagar las obras», apunta Ricardo Sixto.

Precisamente, el precio del agua preocupa mucho a la formación en la Ribera ya que se sigue sin saber la subida exacta por la puesta en marcha de la potabilizadora. «Lo que si que se ha notado en el recibo es que cuesta más y después de 2015 tendremos que pagar la infraestructura. Además, se ha quedado en el aire que hacer con los pozos contaminados», recuerda el portavoz de EU en Alzira, Ivan Martínez.

Todas estas cuestiones sin resolver han provocado que algunos municipios de la Ribera Baixa hayan rechazado adherirse a la potabilizadora y que siga sin conocerse como solucionar definitivamente el problema de la mala calidad del agua en la comarca.

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Madrid/Valencia, 11 feb (EFE).- Los embalses de la cuenca del Júcar se encuentran al 50,7 por ciento de su capacidad, ocho décimas más que la semana pasada, mientras que los de la cuenca del Segura están al 68,3 por ciento, 1,8 puntos más que hace siete días, según informa el Ministerio de Medio Ambiente.

Los embalses del Júcar son los tienen el menor porcentaje de agua embalsada de España, seguidos por los de la Cuenca Mediterránea Andaluza (66,2 %), Segura (68,3 %) Tajo (70,4 %) y Cataluña (77,8 %), todos ellos por debajo de la media española.

La reserva hidráulica está al 79,7 % de su capacidad, lo que representa un incremento del 2,8 por ciento con respecto a la semana anterior.

En la actualidad hay 44.090 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que representa un incremento de 1.569, el 2,8 %, con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre el descenso de nueve hectómetros cúbicos en la cuenca del Cantábrico y el aumento de 509 en el Tajo, ha informado hoy el Ministerio de Medio Ambiente.

Las precipitaciones han sido abundantes en toda la península. La máxima se ha producido en Santiago de Compostela con 188 mm (188 litros por metro cuadrado).

El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la capacidad total de embalse en hectómetros cúbicos, la actual y el porcentaje de agua acumulada:

Cuenca Capacidad Situación actual Agua embalsada

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Cantábrico 633 563 88,9 %

Miño-Sil 3.030 2.661 87,8 %

Galicia Costa 684 639 93,4 %

P. Vasco 21 20 95,2 %

Duero 7.507 6.452 85,9 %

Tajo 11.012 7.755 70,4 %

Guadiana 8.635 7.497 86,9 %

C.Atl.And 1.880 1.528 81,9 %

Guadalquivir 8.101 7.016 86,6 %

C.Med.And. 1.177 779 66,2 %

Segura 1.141 779 68,3 %

Júcar 3.337 1.692 50,7 %

Ebro 7.494 6.171 88,2 %

Cataluña.CC I. 677 527 77,8 %

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Los agricultores valencianos de la Ribera del Júcar reiteraron ayer su total oposición a que se realice una segunda toma, para enviar agua de este río a las comarcas alicantinas del Vinalopó, distinta a la que se construyó y funciona desde el Azud de la Marquesa, en Cullera.

El mismo día en que concluía el plazo para presentar alegaciones al proyecto de Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar, representantes de las comunidades de regantes de la Ribera, agrupados en Usuj, y de las organizaciones agrarias AVA-Asaja y La Unió de Llauradors, explicaron su firme voluntad de «no consentir» ninguna otra solución distinta a la ya existente, como pretenden insistentemente desde el Vinalopó, y lanzaron un «aviso» a la Generalitat y al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para que no defiendan «intereses políticos a corto plazo y se ponga en juego el futuro económico de miles de familias valencianas».

Juan Valero de Palma, secretario de Usuj y de la Acequia Real del Júcar, y Alberto Hervás, técnico de estas entidades, detallaron de forma resumida las razones argumentadas en sus alegaciones contra la pretensión de una segunda toma para el Vinalopó, tanto desde Cortes de Pallás como desde Antella, a la salida del embalse de Tous.

Indicaron que el Júcar es el río más regulado, solidario y explotado de España; que ya cede cuantiosos caudales para los nuevos regadíos en La Mancha (100.000 hectáreas), Canal Júcar-Turia, Sagunto y el propio trasvase al Vinalopó que funciona desde el Azud de la Marquesa, y que sufre un importante déficit estructural de recursos según los datos de la propia Confederación Hidrográfica.

Este déficit implica que con 927 hectómetros cúbicos (de media anual, pero con tendencia a la baja) que llegan hasta Tous se tienen que atender demandas que suman 1.100 hectómetros. Pero es a partir de ese punto del último embalse, en los 60 kilómetros que quedan de río hasta el mar, donde se cuenta con unos 268,4 hectómetros cúbicos sin posibilidad de almacenarse, por lo que si no se emplean acaban perdiéndose en el Mediterráneo.

Dicho caudal es utilizado en parte por las comunidades de regantes de la Ribera Baixa, pero queda un porcentaje de caudal sin aprovechar, y por eso se fijó ahí (en el Azud de la Marquesa, a 5 kilómetros de la desembocadura) el punto de captación para el trasvase al Vinalopó ya completado.

Los técnicos puntualizaron que con las obras ya hechas se pueden trasvasar 51 hectómetros al año y hasta 64 si se realizara una ampliación prevista. En cambio, con los datos de caudales oficiales en la mano, desde Cortes de Pallás sólo se podría haber enviado 1,67 hectómetros en cuatro ejercicios que tuvieron ese excedente, de los últimos 29 años. Desde Antella sólo hubieran sido 0,7 hectómetros en dos de esos años.

Los regantes valencianos del Júcar, y las organizaciones agrarias que les respaldan, tienen claro que cualquier afección de caudales aguas arriba del Júcar pondría en riesgo el abastecimiento de los usos tradicionales que utilizan este río desde hace siete siglos y medio, así como otros suministros que han ido desarrollándose en las últimas décadas en la provincia de Valencia, incluida la potabilizadora de la capital.

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La Mesa del Agua de Alicante ha presentado alegaciones al proyecto de Plan Hidrológico del Júcar en las que solicita la recuperación de la toma de Cortes de Pallás para llevar agua hasta el Vinalopó.

Esta petición, en la que vienen insistiendo las organizaciones agrarias, de regantes y ciudadanas de la provincia de Alicante, cuenta con el total apoyo de la Diputación alicantina, gobernada por el PP, así como también por otros estamentos políticos regentados ahora por el mismo partido, aunque si las voces surgen con mayor proximidad aValencia, o desde la misma Valencia, se procura hacerlo con más discreción, porque también hay organizaciones agrarias, ciudadanas y de regantes valencianas que se oponen a dicha toma para el trasvase y piden que se quede el asunto como está construido, desde el azud de la Marquesa, en Sueca.

La Asociación Valenciana de Agricultores ha aprobado unas alegaciones al Plan Hidrológico del Júcar en las que se incluye también un apartado dedicado al trasvase al Vinalopó. En él se rechaza totalmente la posibilidad de conceder una segunda toma, desde Cortes o desde cualquier otro punto, exigiendo que todo se limite a la toma actual desde el referido azud de la Marquesa, en el tramo final del río, y que se limiten los envíos de agua a un máximo anual de 80 hectómetros cúbicos, dando preferencia además a los regantes históricos del río.

La controversia amenaza con hacer saltar muchos resortes socio-políticos y los esfuerzos de unidad regional que en los últimos tiempos se ha dado en llamar ‘vertebración’. Los agricultores valencianos temen que desde Alicante se demande agua del Júcar en exceso y para otros usos distintos del agrario. Los agricultores alicantinos y otras voces de la provincia apelan a la solidaridad y la sostenibilidad, mientras que desde La Ribera del Júcar replican que ya están siendo solidarios, porque están cediendo agua para el trasvase, y lo que no entienden es que se reclame agua más limpia, rechazando la que emplean los usuarios valencianos.

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El PSOE les ha hecho un guiño de acercamiento a los agricultores al ponerse a su lado y exigir al Gobierno rebajas en las tarifas eléctricas de instalaciones de elevación de agua para regadíos.

En un llamativo gesto hacia un sector que tradicionalmente cabe suponer en principio más próximo a postulados del PP, al menos en cierto porcentaje, los socialistas han registrado una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Agricultura del Congreso, con la que pide al Gobierno la aplicación del IVA reducido a los productores agrícolas de regadío, así como que puedan firmar con las compañías eléctricas contratos de suministro de temporada, más ajustados a sus necesidades, y consumir la energía eléctrica que producen en sus propias explotaciones.

La iniciativa, firmada por el portavoz parlamentario de Agricultura del PSOE , Alejandro Alonso, expone la «muy preocupante pérdida de competitividad» que está sufriendo la agricultura de regadío, afectada por los incrementos de los costes de la energía, entre otros, y por el «estancamiento» de los precios de venta de las producciones obtenidas.

«Los costes eléctricos son los que más preocupan», señala el diputado toledano, citando datos de la propia Federación de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), según los cuales las últimas modificaciones energéticas aprobadas por el Gobierno supondrán a este sector un sobrecoste de 100 millones de euros con una subida media en la factura del 16%.

Este sobrecoste se suma a los que han ido acumulándose en los últimos diez años, hasta representar encarecimientos por encima del 100% que resultan inasumibles por parte de los agricultores.

Atento a esta preocupación principal de los regantes, el principal partido de la oposición se sitúa a su lado, haciendo causa común frente a la pasividad del partido gobernante, y propone que se fijen unas tarifas eléctricas específicas para los regantes (como había antes) «que se ajusten a las particularidades del consumo estacional» del sector y que sean «más baratas que las actuales». Señala que para ello es necesario evitar que se penalice a estos consumidores con un aumento del término de potencia y que se facture sólo por la potencia real usada, según contador, y no por la teórica contratada.

Los socialistas plantean la necesidad de «fomentar el establecimiento de los contratos de temporada» que permitan a los agricultores de regadío disponer de diferentes potencias según la época del año con un mismo contrato: una mínima para el mantenimiento de los equipos y otra para los meses de más consumo, evitando así lo que ocurre ahora, que se pagan altas facturas durante medio año aunque no se consuma nada.

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