La CHJ pide máximo control en el consumo de agua para evitar restricciones

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, anunció ayer en Extremadura que se redactará un nuevo Plan Hidrológico Nacional que «garantice el principio de solidaridad entre toda España. Y para otros las peleas y la demagogia, vamos a hacer que el agua cree riqueza en toda España», sentenció Cospedal en el XI Congreso del PP de Extremadura, donde además dio «la bienvenida a la medida aprobada el viernes por el Consejo de Ministros para que el Gobierno central recupere las facultades sancionadoras en las cuencas «porque es verdad que el agua es un bien de todos».

Cospedal se une así al discurso del Gobierno, muy próximo a las tesis del Ejecutivo valenciano. Precisamente, el pasado martes el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, dio un paso más allá en su discurso de defender la solidaridad entre cuencas y dijo en Zaragoza que «habrá un gran pacto nacional sobre el agua», sin descartar un hipotético trasvase del Ebro, derogado por el anterior Gobierno de Zapatero y que dio al traste con las aspiraciones de las regiones de Valencia y Murcia de conseguir una infraestructura que garantizara el agua para las próximas generaciones.

En este sentido, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, habló del «compromiso de elaborar un Plan Hidrológico Nacional basado en la solidaridad y en que el agua es un bien común que irá de donde sobre a donde falte». No se atrevió Sánchez de León a nombrar el trasvase del Ebro, pero sí parece recuperar el espíritu que permitió elaborar el proyecto antes de ser derogado a la llegada de los socialistas al Ejecutivo. Por eso, Sánchez de León cree que para el presidente Mariano Rajoy «el agua no es un elemento de confrontación entre territorios, sino de unión, y como tal asume su responsabilidad con sentido de Estado, lejos de la instrumentalización política que practicó el anterior Ejecutivo».

La delegada del Gobierno también se refirió a la decisión de recuperar para el Estado competencias que los socialistas habían cedido a algunas comunidades, zanjando cualquier duda sobre qué administración tiene encomendada por la Constitución la gestión de las cuencas intercomunitarias. Fue tras las sentencias del Constitucional, que negó la posibilidad de que los Estatutos de Autonomía de Andalucia o Castilla y León se arrogaran las competencias en materia hídrica del Guadalquivir o del Duero cuando los socialistas se plegaron a los andaluces para darles parte de la gestión, una decisión que fue precisamente recurrida por el Gobierno de la Comunitat Valenciana el pasado mes de noviembre.

Trasvase Tajo-Segura

La decisión de centralizar toda la gestión en el Estado, además de anunciar un Plan Hidrológico Nacional que garantice la solidaridad hídrica, permitirá la pervivencia del trasvase Tajo-Segura, una infraestructura que el Ejecutivo del socialista Barreda puso en serio peligro al intentar poner fin a los desembalses a partir de 2015. No llegó a prosperar, pero creó en Castilla-La Mancha una corriente contraria al trasvase que permite dar de beber a decenas de municipios de la costa de Alicante y Murcia.

Tampoco han sido las desalinizadoras la solución. El alto coste del agua desalada, así como las dificultades para ponerlas en marcha, han planteado la posibilidad de privatizarlas, para que al menos se pueda rentabilizar una inversión millonaria de un programa Agua que sirvió de excusa al Ejecutivo de Zapatero para eliminar de un plumazo el trasvase del Ebro. Además, el Ejecutivo de Rajoy ha eliminado de los presupuestos las dos desalinizadoras que todavía quedaban por construir en Alicante.

¿Significa que se puede recuperar el trasvase del Ebro? La crisis económica será quizás el gran escollo que se encuentre esta infraestructura en el camino, en el caso de que el Ministerio de Arias Cañete pretenda recuperarlo, sobre todo por su alto coste. Sin embargo, la posibilidad existe, y lo demuestra el hecho de que en las autonomías por las que atraviesa la cuenca del Ebro, como Aragón o La Rioja, ya han mostrado su preocupación por la recuperación de un proyecto al que se opusieron radicalmente durante el Ejecutivo de Aznar.

La reserva hidráulica en la cuenca del Júcar se encuentra al 52,8% de su capacidad total con 1.761 hectómetros cúbicos de agua embalsada, 13 más que la semana anterior, según el Ministerio de Medio Ambiente. En el total de cuencas hidrográficas la reserva de agua está al 61,8% de su capacidad con 34.350 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que representa una disminución de 46 hectómetros cúbicos con respecto a los niveles de la semana pasada.

El Tribunal Constitucional se reunió ayer en Valencia -la primera vez en 30 años que lo hace fuera de Madrid- y abordó un asunto relativo a la Comunitat. En concreto, el Pleno admitió dos recursos de la Generalitat y Les Corts contra un Real Decreto que, en resumen, permite a las comunidades autónomas tener más competencias y capacidad de decisión sobre las cuencas intercomunitarias, que son aquellas que atraviesan diferentes autonomías, como la del Ebro o la del Júcar. Esto se podría hacer siempre que esta posibilidad estuviera recogida en los respectivos estatutos de autonomía (Cataluña o Castilla La mancha). El Gobierno valenciano entendió que esto supondría mermar los derechos de la Comunitat, en el sentido de que Castilla tendría más capacidad de decisión sobre las aguas del Júcar o del Ebro, imposibilitando futuros trasvases como el del Ebro y reduciendo las aportaciones en el caso de Tajo-Segura.

El Constitucional comunicará ahora al Congreso y al Ministerio de Justicia la admisión de los dos recursos para que puedan presentar las alegaciones que consideren. Estos dos procedimientos se podrían acumular junto a otro por el mismo motivo que presentó la Región de Murcia.

No fue el único acuerdo que alcanzó ayer el TC, reunido en una sala del Tribunal Superior de Justicia. Por un lado, rechazó el recurso presentado por IU contra la reforma de la Constitución que establece la obligación de la estabilidad presupuestaria en la gestión de todas las administraciones públicas. IU entiende que la modificación de la Carta Magna exigía la convocatoria previa de un referéndum.

Otra de las cuestiones que solventó el alto tribunal en su Pleno en la capital del Turia fue el rechazo del recurso que presentaron los 322 controladores aéreos de AENA contra la prórroga del estado de alarma declarado por el cierre del espacio aéreo. El Gobierno tomó esta decisión como consecuencia de que estos profesionales abandonaran sus puestos de trabajo en el puente de la Constitución de 2010.

El Gobierno valenciano aprueba hoy ela supresión de una decena de fundaciones de la Generalitat, entre las que se encuentra Agua y Progreso, la entidad creada en 2005 y que tenía entre sus objetivos el de la ‘defensa de una política hídrica adecuada a las necesidades de la Comunitat Valenciana’. El acuerdo se enmarca en el anuncio realizado por Alberto Fabra de recortar a la mitad el número de fundaciones de la administración valenciana, dentro del plan de ajuste del Consell dirigido a aumentar el control del gasto público.

Agua y Progreso ha sido, de esta decena de fundaciones, la que ha mantenido una labor más activa desde su creación hace seis años. De hecho, durante los años de mayor virulencia de la batalla hídrica, la mencionada fundación jugó un papel protagonista en defensa de los trasvases de agua, y de modo particular, el del Ebro y el Tajo-Segura. Agua y Progreso también jugó un papel determinante en la campaña del Agua para todos, una iniciativa con la que el Consell abanderó la defensa de la solidaridad hídrica frente a las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo central, a raíz de la derogación del Plan Hidrológico Nacional.

La decisión que adopta el Consell, señalaron a este diario fuentes conocedoras de la decisión, no significa abandonar el objeto social y la labor de estas entidades. De hecho, sus objetivos y funciones pasarán a ser desarrollados e impulsados por otras entidades con objetivos similares.

Entre las fundaciones que se extinguen figuran las tres que venían dedicándose al control de calidad de la administración: El Instituto para la Acreditación y Evaluación de las Prácticas Sanitarias (Inaceps), la Fundació Qualitat Educació (Educación) y la Fundación Valenciana de la Calidad (Economía). La labor de control de calidad pasará a ser ejercida por la Agència Valenciana de Avaluació i Prospectiva (Avap), creada en su día con ese objetivo de control de calidad en la prestación de servicios públicos.

También desaparece la Fundación ‘Costa Azahar Festivales’ creada con el objetivo de promocionar, divulgar, fomentar, estimular y desarrollar la cultura, el arte, el ocio en la provincia de Castellón.

Otro tanto ocurre con la Fundación Generalitat Valenciana-Iberdrola, creada en 1997 y encargada de destinar los rendimientos que genere el importe de las fianzas depositadas por Iberdrola para fines sociales de interés común. Y también se suprime la Fundación Pro Esport de la Comunitat Valenciana, creada en 2004 para ‘elevar el nivel de los deportistas y clubes valencianos para que mejoren sus resultados en las diferentes competiciones internacionales’.

Los socios electorales con los que Compromís se presenta en coalición en la Comunitat, Equo, apuestan por la eliminación del trasvase Tajo-Segura. La discrepancia ha llevado a miembros de las dos formaciones a mantener una acalorada discusión en Twitter. En concreto, Equo Ciudad Real asegura en su cuenta de la conocida red social que «en el programa de EQUO dice que debemos cumplir la Directiva Marco del Agua y abandonar los trasvases. En Compromís parece q no quieren». De hecho, llegan a cuestionar que comunidades con clima mediterráneo tengan cultivos de regadío.

La candidata de Compromís por Alicante Aitana Mas es una firme defensora de la llegada de agua «de manera puntual y temporal» del Tajo-Segura «una infraestructura ya hecha» a la provincia que representa, algo que le ha costado las quejas de sus compañeros de coalición, que le han pedido incluso rectificaciones por defender la llegada de agua. «No vamos a permitir que tomen decisiones programáticas unilaterales sin contar con nosotros, compañeros de coalición», le decían desde Equo a Compromís, la pasada semana. Además, recordaban que en Equo son partidario de eliminar los trasvases y en Compromís no quieren. Incluso llegan a hacer sorna con la falta de agua en la Comunitat. «Si en Compromís quieren agua de Castilla -La Mancha pueden ir a comprar una botella a un súper de Albacete».

Las críticas no han caído bien en la formación valenciana, que no ha dudado en contestar también vía Twitter. La propia Aitana Mas y el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Ribo, han llevado la iniciativa.

Ribó aseguró que, después de leerse la parte correspondiente al Agua, en el programa de Equo, no había encontrado ninguna alusión al fin de los trasvases. Desde Equo Ciudad Real lo tilda de «cínico y chulo». «Si quieren conseguir votos van a tener que cambiar de táctica en Compromis. Con el agua de Castilla-La Mancha no se juega», avisaron en un ‘tuit’. Eso sí, aseguran que lo sienten por los agricultores alicantinos porque están convencidos que ese agua dejará de viajar a la Comunitat «enseguida».

El rifi rafe ha levantado gran curiosidad en la red social, ya que Compromís y Equo se presentan en una misma candidatura en la Comunitat. Pero los de Equo ya avisan: «Plantaremos cara a nuestros socios. Así son las coaliciones, qué le vamos a hacer».

El director de la Fundación Agua y Progreso, José Alberto Comos, ha destacado este jueves que «sin el trasvase Júcar-Turia, más de un millón y medio de habitantes de Valencia y su área metropolitana no tendrían agua para beber».

   En su opinión, no se puede prescindir de ningún recurso al alcance del hombre, incluido los trasvases, ya que, la única solución posible a la escasez de agua es la suma de todas las posibles soluciones.

   Comos ha realizado estas declaraciones durante su intervención en un taller del programa de educación ambiental ‘El agua: de dónde viene y adónde va’, impulsado por la Fundación Agua y Progreso, en el que han participado niños y niñas de quinto y sexto de Primaria del CEIP Gregori Mayans, de Mislata (Valencia), según ha informado la entidad.

   Para el director de la Fundación, el trasvase Júcar-Turia es «vital» para la ciudad de Valencia y su área metropolitana, ya que, de cada cuatro litros que se beben en la capital, tres proceden del Júcar y tan sólo uno viene del Turia.

   Por ello, considera que «los trasvases siguen siendo necesarios y estratégicos para el desarrollo de la Comunitat y no podemos prescindir de ellos, puesto que la desalación no está indicada para el regadío de la mayoría de cultivos, y tampoco puede llegar a zonas del interior».

   En opinión de Comos, «se trata de conjugar todos los recursos a nuestro alcance y ver cuál es la mejor respuesta a cada problema concreto». Así, ha indicado que «no se puede pretender implantar una solución única con la instalación masiva de plantas desalinizadoras, porque hay que tener en cuenta que solo pueden abastecer a zonas costeras, además del terrible impacto ambiental que ocasionan y el elevado coste de producción que conllevan».

   Durante su intervención, José Alberto Comos ha recordado que la Asamblea General de la ONU adoptó el pasado año una resolución que reconoce el agua potable como «un derecho humano básico» e insta a que «se garantice su disfrute» a todas las personas que carecen de acceso a ese elemento esencial para la vida.

   Comos considera «necesario» inculcar en el aula valores de ahorro de agua y de consumo responsable, así como de respeto al medio ambiente, con el objetivo de que los niños «tomen conciencia de que se trata de un recurso limitado y transmitan a sus familiares y a su entorno esos mismos valores». Por ello, ha pedido a los alumnos que «colaboren en sus casas y no malgasten agua, la reutilicen en la medida de lo posible y, sobre todo, no contaminen».

José Ramón García Antón esbozaría una sonrisa de inmensa satisfacción si hubiera conocido el fallo del Tribunal Supremo antes de que falleciera una tarde de principios de agosto de 2009. Pero han tenido que transcurrir tres años más para que la Sala de lo Contencioso Administrativo se pronunciara en una sentencia que respalda absolutamente la política hídrica que él defendió incluso ante la Justicia: la unidad de gestión de las cuencas de hidrográficas dentro de la demarcación del Júcar.

Así lo deja claro el Supremo en una sentencia en la que le acaba de dar la razón a la Generalitat frente al empecinamiento del Gobierno central de separar la gestión de las cuencas intercomunitarias de las intracomunitarias.

El Alto Tribunal español deja sentado que las delimitaciones de la demarcación hidrográfica «debe basarse en límites hidrológicos y no administrativos». Esto supone dejar sin efecto una sentencia de octubre de 2004 por la que se anulaba el Plan del Júcar por no excluir las cuencas intracomunitarias y, por ende, se anulaban los trasvases, como el del Júcar-Vinalopó.

La sentencia del Tribunal, al permitir que haya una gestión y planificación conjunta de las cuencas intercomunitarias e intracomunitarias dentro del seno de la misma demarcación hidrográfica, rehabilita los trasvases entre una demarcación, como puede ser el del Júcar-Vialopó.

Romper la unidad de gestión y planificación de las cuencas del Júcar, la del Vinalopó, el Turia de la de los barrancos de Castellón, la de los cortos y bravos ríos de la Marina y los de la Safor era darle a la Generalitat «que gestione la miseria».

El Supremo cita expresamente el articulado de la Directiva Marco del Agua (2.15 y 3.1). La ley de Aguas, cita también el Tribunal, considera la demarcación hidrográfica como «la principal unidad a efectos de gestión de cuencas». Las demarcaciones hidrográficas son la nueva denominación que reciben las cuencas hidrográficas, que incluye también las aguas subterráneas y las costeras.

El Tribunal Supremo también cita que el Ministerio de Medio Ambiente, al recibir un requerimiento de la Comisión Europea, se comprometió a introducir las reformas legales precisas para que se integren en una demarcación las cuentas intercomunitarias y las comunitarias. El fin de esta decisión, a la que ahora obliga el Supremo, no sólo es que se pueda gestionar toda la demarcación, sino que también se pueda actuar en la planificación de manera conjunta y en la protección de las aguas de la demarcación.

La Sala de lo Contencioso del Supremo recuerda una sentencia suya, fechada el 20 de octubre de 2004, por la que anuló el Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar porque «no se ajustaba al criterio, entonces vigente, de planificación de cuenca hidrográfica e incluía cuentas intracomunitarias de la Comunitat y de Castilla-La Mancha. Pero ahora, advierte, ha cambiado.

Asegura el Supremo que «no es contrario a derecho que una demarcación hidrográfica incluya en su delimitación territorial cuentas intracomunitarias». Con ello rechaza los argumentos expuestos también por la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental.

Advierte el Alto Tribunal que excluir de la Demarcación del Júcar las cuentas intracomunitarias de la Comunitat Valenciana implica «un tratamiento desigual sin justificación razonable».

Y asegura el Supremo que sería procedente la exclusión de las cuencas intracomunitarias de la Comunitat «si así lo requiriesen razones ideológicas para una más racional planificación y gestión del agua». Pero no es el caso.

Los regantes valencianos piden a la alcaldesa una entrevista para acercar posturas antes de demandar al Ayuntamiento

24.10.11 – 00:40 –

J. BATISTA | VALENCIA.

EN CIFRAS

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La deuda hace referencia a la utilización por parte de Albacete de diez hectómetros cúbicos de agua durante la pasada sequía, exactamente entre los años 2005 y 2008. Otros 46 municipios también tomaron recursos superficiales almacenados en el pantano de Alarcón y pagaron las indemnizaciones correspondientes. Se trata de localidades situadas en la provincia de Valencia, la mayoría de ellas en el área metropolitana. Entre las más importantes están la capital de la Comunitat y Sagunto.

150

Con la firma del convenio de Alarcón Albacete tuvo acceso al agua del pantano en cualquier situación. Desde entonces ha utilizado 150 hm3, y de estos, sólo debe pagar por los diez que tomó durante la sequía.

La reclamación administrativa que el pasado julio envió la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (Usuj) al Ayuntamiento de Albacete, que solicitaba el pago la deuda pendiente por el uso del agua del Júcar almacenada en Alarcón durante la pasada sequía, ya ha obtenido respuesta, aunque no puede considerarse positiva.

La nueva alcaldesa del municipio, Carmen Bayod, ha mostrado su clara intención de no abonar los pagos pendientes, que ascienden a 1.087.430 euros. Al menos, es lo que se desprende de las declaraciones que formuló el pasado 11 de octubre, tras reunirse con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues. Entonces, la primera edil, preguntada por los impagos, dijo que «mientras quede una sola instancia para acudir, lucharé por solucionar esta injusticia para la ciudad de Albacete», tal y como se señala en la nota de prensa emitida por la localidad. Bayod se refería así al recurso de casación que interpuso Albacete a una sentencia emitida por el TSJCV que daba la razón a los regantes valencianos tras una denuncia del mismo municipio. De momento, el Tribunal Supremo no se ha pronunciado al respecto.

El conflicto data de la anterior sequía. Tal y como establece el actual Plan Hidrológico del Júcar y el convenio de Alarcón aprobado en 2001, los usuarios que toman recursos superficiales almacenados en el pantano del mismo nombre cuando el volumen está por debajo de la curva de reserva establecida -entre 263 y 334 hectómetros cúbicos en función del mes-, están obligados a pagar una indemnización a los regantes valencianos, que son los propietarios del embalse y disponen de derechos históricos para su aprovechamiento derivados de su construcción, financiada íntegramente por Usuj. Así, los pagos sirven para compensar los costes que soportan los miembros de la entidad, pues al compartir los recursos del pantano se ven obligados a extraer agua del subsuelo a través de pozos, lo que supone una carga económica añadida.

De esta forma, tanto el plan como el convenio cumplen con la legislación estatal en materia de aguas, que establece que los abastecimientos urbanos tienen prioridad en la utilización de los recursos frente a otros usos como los regadíos. Eso sí, en este caso la prevalencia llega mediante una expropiación de los derechos de Usuj.

Hay que recordar que la medida tiene un carácter temporal, pues sólo se aplica en épocas de sequía, es decir, cuando el volumen de Alarcón no supera la citada curva de reserva. En situaciones normales, tanto Albacete como otros 46 municipios de la provincia de Valencia, sin olvidar a varias comunidades de regantes, pueden utilizar el agua del pantano sin restricciones y de forma completamente gratuita.

Tras conocer las declaraciones de la alcaldesa, Usuj remitió una carta a Bayod en la que se le pide una entrevista con el objetivo de acercar posturas y «volver al clima de consenso que permitió aprobar el Plan Hidrológico vigente que todos debemos cumplir», según reza la misiva, firmada por el presidente, José Manuel García de la Cuadra. En caso de no llegar a un acuerdo, los regantes presentarán un contencioso exigiendo el pago.

Son muchas las comunidades de regantes de la provincia que se están planteando sustituir los contadores del riego por goteo que fueron sustraidos en los campos en la última temporada por otros iguales… pero de plástico. Y es que los constantes hurtos sufridos han hecho replantearse a los agricultores la búsqueda de un material que sustituya el latón y que, al mismo tiempo, no tenga tanto valor económico, con el fin de evitar las visitas de nuevos ladrones. Ayer, los regantes de Almassora se pusieron manos a la obra y ya están cambiando los contadores.