J. SIERRA VALENCIA La adaptación de los sistemas de gestión del agua del Júcar al nuevo escenario marcado por el cambio climático tendrá un coste millonario difícil de evaluar. Sin embargo, no hacer nada tiene un sobrecoste definido: 107 millones de euros. Al menos ese es el cálculo del «análisis hidroeconómico» realizado por Alvar Escrivà i Bou como trabajo final del Master en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).
El autor ha utilizado el estado de conocimiento más actual sobre el previsible impacto del cambio climático a nivel regional desarrollando una metodología propia para definir y analizar posteriormente posibles estrategias de adaptación.
Nadie discute, y así se recoge en el trabajo, que se van a producir «importantes disminuciones de los recursos en las cuenca mediterráneas, con importantes impactos ambientales, económicos y sociales». La novedad del trabajo estriba en el cálculo de los resultados que tendrá el coste de la escasez de recursos asociado a los déficits de demanda en entornos de gran importancia económica y social como la producción hidroeléctrica en el Júcar, la economía agrícola asociada a los regadíos tradicionales de la Ribera, al canal Júcar-Turia y al abastecimiento de Valencia y Sagunto.
En los tres escenarios temporales: el corto (2011 – 2040), el medio plazo (2041 – 2070), y el largo plazo (2071 – 2100), el cálculo mes a mes arroja un significativo descenso de las garantías para atender las que han sido las demandas históricas de este río y las estimadas para ese periodo. Este descenso de las garantías, con algunos altibajos en el medio plazo, es especialmente acusado en el largo plazo, cuando alcanza entre un 40 y un 50 por ciento. Dicho de otro modo, un de cada dos meses no habría recursos suficientes para atender la demanda actual. Caería el volumen de agua almacenada en los embalses y el caudal turbinado en las centrales hidroeléctricas.
En el corto plazo, el coste de la escasez alcanzaría un valor promedio anual de 30,6 millones, de los que las demandas hidroeléctricas representan 22,4 millones.
A medio plazo aumenta el coste de escasez hasta 45,514 millones, siendo los regadíos y los abastecimientos, por este orden, los más perjudicados. A partir del año 2071-el largo plazo- los costes de la escasez se dispararían hasta alcanzar una cifra próxima a los 107,3 millones de euros (90,6 si no se incluyen los usos hidroeléctricos). Algunos regadíos como el canal Júcar-Turia, serían prácticamente inviables si tienen que asumir esos costes.
Entre las estrategias de adaptación, la investigación propone como más eficaces una mejora en la eficiencia en los riesgos tradicionales del Júcar, una disminución de la demanda en la Mancha Oriental, el cambio en la asignación de prioridades y los mercados del agua.

La Asociación AEMS Ríos con vida de Valencia está preparando varios expedientes para presentarlos ante la Conselleria de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Júcar con el fin de que tomen cartas en el asunto acerca de la captación de aguas que está desecando diez kilómetros del río Palancia entre las localidades de Teresa y Viver. Así lo comunicó ayer a Levante de Castelló el portavoz de la organización, Pere Merino, quien apuntó que, después de haberlo denunciado ante el Seprona, la asociación trabaja ahora en evitar que la situación actual «continúe como hasta ahora y que las administraciones públicas vean que no podemos seguir como hace 50 años». En este sentido, desde AEMS Ríos con Vida lo que se pretende es que desde las instituciones públicas se revisen este tipo de concesiones y canalizaciones «supuestamente legales» que, con el paso de los años, están contribuyendo a acabar con gran parte del ecosistema y el medio natural. Este sería el caso del tramo del río Palancia, totalmente desecado por la canalización realizada entre los términos de Teresa y Viver y que hace «que no se pueda desarrollar la trucha común autóctona y otras especies ictícolas de interés que constituyen un ecosistema fluvial singular en la zona». Y es que, para Merino, de no poner solución y no dejar que el río fluya por su cauce, las consecuencias, a largo plazo, podrían llegar a la «desaparición de la especie en esta zona» y hasta del bosque de ribera. Es por ello que desde la asociación han querido alertar sobre la situación y «pedir explicaciones de si esto va a continuar así, porque la situación sabemos que no es la primera vez que se da». «Entendemos que se esté hablando de que esta canalización se realizó por una concesión al sindicato de riegos de Sagunt, con el fin de asegurarse el agua de riego, pero consideramos que lo más importante es conservar y preservar esta zona actualmente muy afectada, por lo que instamos a realizar la revisión de estas concesiones», matizó Merino.

Nueva señalética en Segorbe
El Ayuntamiento de Segorbe ha señalizado una nueva senda en la ribera del río Palancia desde lo alto del pozo Morón hasta el puente del Borrego. Se han colocado dos paneles con el trayecto, que se ha marcado con pintura de color verde y blanco.

El robo de contadores de agua ha pasado de los enclaves agrícolas a la ciudad. El pasado lunes robaron 19 contadores de agua de tres fincas ubicadas en la avenida Doctor Peset Aleixandre para sorpresa de unos vecinos que, cuando regresaron por la tarde a sus domicilios, se percataron de que la falta de suministro no se debía a una avería, sino a un robo en toda regla.
Los ladrones actuaron a primera hora de la tarde y accedieron a los patios identificándose como técnicos cualificados que iban a realizar una revisión rutinaria. De una finca sustrajeron 4 contadores de agua, de la contigua, 9 y de la de enfrente, 6. Nadie se dio cuenta de nada. Tan solo un vecino aseguraba ayer que se cruzó con los ladrones «porque eran las 16 horas y el chico se fue por el otro lado en cuanto me vio. Yo no sospeché nada porque vestía de azul (como muchos operarios,) y llevaba unos guantes en el bolsillo trasero del pantalón».
Los afectados alertaron a la policía y a Aguas de Valencia, que repuso el suministro casi de inmediato con el envío de una brigada de urgencia, a la espera de que los vecinos abonen los 115 euros que cuesta un nuevo contador que, eso sí, cubre el seguro del inmueble.
«Es muy inusual que se roben los contadores de agua de una finca porque se trata de sucesos que se suelen registrar en zonas agrarias, pero no en las ciudades», explicaron ayer fuentes de Aguas de Valencia, que instan a los vecinos a revisar la documentación «cuando un técnico quiere acceder al patio para realizar cualquier trabajo. Nuestros operarios siempre cuentan con la documentación oficial que les acredita». Pero, además, la empresa quiere recordar a los usuarios que «las revisiones se notifican con antelación porque es el protocolo que hay que seguir. En el procedimiento, el primer paso es el aviso».
Según las mismas fuentes, la cuantía por al venta de un contador de agua viejo es irrisoria. «Se vende como chatarra. A peso. Un contador de agua de segunda mano no tiene valor». Sin embargo, parece que, después del robo de cable de cobre, los contadores de agua están en el punto de mira de los ladrones.

La sociedad estatal Acuamed, comenzará en febrero las obras de rehabilitación del embalse regulador del Júcar-Vinalopó ubicado en Villena. Una presa (San Diego) que tendrá que estar un año cerrada y sin poder almacenar agua para poder localizar y tapar las filtraciones que provocaron la pérdida de millones de litros de agua antes de realizar el primer trasvase el pasado septiembre. Costó 20 millones de euros en 2009, pero no se impermeabilizó.

Los defectos en su construcción –no se llegó a impermeabilizar el vaso central– dejarán inutilizado el embalse hasta, al menos, 2016, año en el que se estima que podrá volverse a regar con el caudal del Júcar bombeado desde Cullera, si no se llega antes a un acuerdo entre los regantes alicantinos y valencianos para activar la toma de Cortes de Pallás. La única que garantiza que el agua sirva para riego y consumo urbano y, por tanto, que el trasvase sea viable desde el punto de vista económico.

Los trabajos que sufragará la empresa del Ministerio de Agricultura costarán 6 millones de euros. Un coste que demuestra el pésimo diseño de una presa que fue declarada de categoría A por la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía entonces Cristina Narbona.

El embalse, ubicado entre La Font de la Figuera y Villena, es el punto final del trasvase Júcar-Vinalopó, tanto si la toma del agua se hiciera en Cortes de Pallás como en la actual de Cullera. Puede almacenar más de 20 millones de m3 de aguas procedentes del curso bajo del río Júcar, caudal suficiente para regar 10.000 hectáreas de cultivo. Y lo que es más importante, en épocas de bonanza, podría llenarse hasta cuatro veces al año, siempre que se hubiera construido sin deficiencias.

Cuando la lámina de agua alcance su cota máxima, la superficie del embalse equivaldrá a 115 campos de fútbol. En marzo de 2009, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó el Plan de Emergencia de la balsa y en febrero de 2010, el Plan de Puesta en Carga de la balsa, al cumplir éste con todos los requisitos establecidos por el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses.

Sin embargo, los problemas comenzaron cuando el embalse de se llenó y, debido al contencioso abierto entre usuarios y ministerio, se detectaron filtraciones que terminaron provocando la pérdida de 7.000 millones de litros de agua (la mitad del agua almacenada)en Alicante, una provincia estructuralmente azotada por la sequía. Ahora la presa, que debe repararse de urgencia, dejar al Vinalopó sin recibir ningún tipo de caudales, ni para riego de socorro ni para consumo urbano.

 La diputación mantiene viva su reclamación de 90 hectómetros cúbicos de agua del Ebro pese a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que desestima el recurso del Consell contra la derogación del trasvase.
Fuentes de la institución provincial trasladaron a este diario que la sentencia del TC no altera la posición de la diputación, que está a la espera de que el Ministerio de Medio Ambiente responda al recurso interpuesto hace más de un año contra la negativa a un minitrasvase del Ebro a la provincia. La entidad que preside Javier Moliner insiste en que el caso de Castelló es singular, al formar parte de la cuenca y aportar caudales al Ebro. No concretaron, en cambio, si se abrirá la vía judicial en caso de que el Gobierno mantenga su posición y deniegue el minitrasvase.
En las alegaciones presentadas por la institución provincial se hizo especial hincapié a la vigencia de los artículos 12, 14, 15 y 20 del Plan Hidrológico Nacional en los que se contempla que podrán llevarse a cabo transferencias de recursos hídricos entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca. El recurso, además, admite que se requeriría una modificación legislativa, pero argumenta que el gobierno se encuentra perfectamente habilitado para realizarla. Otra de las alegaciones se centra en la situación del canal Segarra-Garrigues, que contempla transformar en superficie regable más de 72.000 hectáreas, siendo la mayor actuación hídrica de dicho tipo en todo el ámbito de la planificación hidrológica nacional. Dicha infraestructura se ha mantenido después de la modificación del Plan Hidrológico Nacional.
El argumento central de la diputación es que la provincia de Castelló aporta recursos y, por tanto, tiene derecho a beneficiarse de una transferencia hídrica. Un informe la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) señala que Castelló ocupa 851 kilómetros cuadrados de la cuenca del Ebro, lo que equivale aproximadamente al 1% del total, que es de 85.570 kilómetros cuadrados. La CHE aportó con carácter orientativo los datos registrados en una estación de aforos del río Bergantes (en la cuenca del Ebro) emplazada en Zorita, aunque advirtió de que no toda el agua que recoge la citada estación de aforos proviene de la provincia de Castelló, ya que hay una parte de la cuenca del Bergantes que fluye desde la provincia de Teruel. En todo caso, cifra la aportación de Castelló al Ebro, a través del Bergantes, en 32,5 hectómetros cúbicos anuales, según recogen los datos estadísticos de los últimos años. Por tanto, el volumen que pide la diputación no se corresponde con el peso de Castelló en la cuenca del Ebro. La entidad provincial reclama un trasvase anual de 90 hectómetros cúbicos, el triple de lo que aporta Castelló a través del río Bergantes.

El Gobierno valenciano reivindicará que el futuro Plan Hidrológico Nacional (PHN) incluya el trasvase de agua del Ebro a la Comunitat Valenciana si considerara que es la solución para que los agricultores y regantes valencianos obtengan los recursos que necesitan.
Así lo afirmó ayer a los periodistas el vicepresidente del Consell y conseller de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, José Císcar,
«Si hubo un momento en que el trasvase del Ebro podía entrar, y de hecho entró en el Plan Hidrológico Nacional y fue fruto del consenso, nada impide que en el próximo PHN se pudiera retomar el tema y volver a formar parte de ese consenso», afirmó.
El vicepresidente aseguró que el Ejecutivo valenciano hará «política activa para que el agua que necesita Comunitat Valenciana llegue sea de donde sea».
Preguntado por la decisión del Tribunal Constitucional de desestimar el recurso del Consell contra la derogación del trasvase del Ebro, ha afirmó que en aquel momento, el Gobierno valenciano «tenía la obligación de ir hasta el final en la defensa de los agricultores de la Comunitat y eso es lo que hizo».

J. SIERRA VALENCIA El nuevo decreto que delimita el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar es «nulo de pleno derecho» y por tanto tan ilegal como el borrador presentado el pasado mes de Junio al Consejo Nacional del Agua, según un informe elaborado por Xúquer Viu.
El colectivo, que aglutina a organizaciones conservacionistas, sindicatos, alcaldes de municipios de la Ribera, movimientos ciudadanos, etc. Reivindica también una mayor presencia de este tipo de asociaciones y rechaza que el aumento del número de representantes en el Consejo del Agua de la Cuenca se haga exclusivamente incrementando la representación de los regantes.
Según Graciela Ferrer, portavoz de Xúquer Viu, la ficción jurídica que consiste en asegurar en el preámbulo del decreto que la futura Demarcación Hidrográfica no incluye cuencas intercomunitarias de competencia estatal y cuencas intracomunitarias de competencia autonómica es «nula de pleno derecho, pues constituiría una demarcación hidrográfica mixta, sin base en el ordenamiento jurídico actual».
«Las Comunidades Autónomas asumen sus competencias desde que sus Estatutos o leyes orgánicas de reforma se les atribuyen, aunque todavía no les hayan sido transferidos los correspondientes servicios», explica. Por lo tanto, la «adscripción provisional» de esas cuencas internas a la Demarcación Júcar son nulas de pleno derecho.
El Gobierno sostiene lo contrario pese a la existencia de sentencias y «doctrina» del Tribunal Constitucional utilizada por Xúquer Viu en su argumentación.

J. SIERRA VALENCIA El PSPV está dispuesto a apoyar la reforma del Estatut renunciando a la gestión de los ríos intracomunitarios si con ello garantiza los derechos de los regantes tradicionales del Júcar sobre las aguas de este río, según trasladó ayer el secretario general de los socialistas valencianos Ximo Puig al presidente de la Acequia Real del Júcar y de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, José Manuel García de la Cuadra, en una reunión celebrada en la sede de la ARJ.

Según fuentes socialistas, el partido ha abierto un proceso interno de debate que podría derivar en una «redefinición» de su política hídrica y en la que puede enmarcarse una reforma del Estatut que en su versión actual y en lo relativo al agua fue pactada por el secretario general socialista Joan Ignasi Pla y el expresidente de la Generalitat Francisco Camps.

Los regantes del Júcar y con ellos la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana (Fecoreva), han pedido abierta e insistentemente al Consell de la Generalitat que cambie el Estatut renunciando a estas competencias en favor del Estado. De este modo se garantizan, dicen, una gestión unitaria por parte del Estado de toda la cuenca hidrográfica del Júcar «ahora amenazada». El Consell se muestra reacio a esta posibilidad.

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, aseguró ayer que los valencianos «no vamos a perder nuestra capacidad de decisión sobre el Júcar». En este sentido destacó que «Cospedal está humillando permanentemente a Fabra y a la Comunitat Valenciana, algo que es intolerable, porque el agua de la que estamos hablando no es una cuestión que afecte únicamente a los regantes, sino a todos los valencianos».
«Por este motivo los socialistas no apoyaremos ninguna medida que nos quite capacidad de decisión sobre el Júcar», subrayó.

Puig, acompañado por el secretario de Agricultura y Agua del PSPV-PSOE, Francisco Rodríguez Mulero, añadió que el agua «no puede estar en la agenda política en función de los intereses partidistas del PP». En este sentido, apuntó que «durante mucho años, el agua fue una bandera fundamental de confrontación, una bandera de victimismo que no ha aportado nada positivo para acabar con el verdadero problema, que es tener agua asegurada para todos los ciudadanos y para nuestros sectores productivos para siempre, que es lo que los socialistas hemos pedido siempre».

La diputada de EUPV en las Corts, Esther López Barceló, manifestó ayer que el Real Decreto de Demarcación Hidrográfica del Júcar es una «auténtica chapuza totalmente recurrible». En su opinión, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, es un «irresponsable» por presentar un texto «fruto de la improvisación que incluye argumentaciones que ya les han tumbado los tribunales en ocasiones anteriores».

Según Barceló, el Real Decreto «solo aspira a mantener provisionalmente el status quo actual de la Demarcación del Júcar, sin dar respuesta a los conflictos». En su opinión, el Real Decreto «evita en todo momento discutir la delimitación de la demarcación, y establecer qué ríos son competencia autonómica de Castilla-La Mancha y cuáles del País Valencià» y que «ambos están obligados por la legalidad vigente a asumir sus competencias en sus ríos internos».

 El Consejo Nacional del Agua que hoy se celebra en Madrid no incluye en su orden del día la aprobación del real decreto que delimita la Demarcación Hidrográfica del Júcar, un texto legal que se ha convertido en el cuello de botella que impide continuar con el proceso de elaboración del nuevo Plan Hidrológico del Júcar.

La directora general del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Liana Ardiles, reconoció ayer en Valencia que el Consejo Nacional del Agua no abordará hoy el espinoso asunto y lo justificó en que el ministerio «está ultimado el texto» .

El pasado junio, el consejo incluyó en su orden del día un borrador del decreto de Demarcación que mantenía la actual estructura territorial de la cuenca del Júcar, tal como reivindicó la Generalitat Valenciana bajo el gobierno socialista y en contra del criterio de Castilla-La Mancha. Sin embargo, a última hora y sin explicaciones—fuentes consultadas por Levante-EMV lo atribuyen a las presiones del gobierno castellano-manchego—, el texto se «cayó» del orden del día.

En noviembre, el ministro Miguel Arias Cañete aseguró en Valencia que el real decreto estaría aprobado «antes de fin de año». El Consejo Nacional del Agua verá hoy los planes del Guadalquivir, Guadiana,Cantábrico Oriental y Cantábrico Occidental, además del Real Decreto de modificación del Dominio Público Hidráulico.

Liana Ardiles admitió que el texto legal es un «elemento esencial para avanzar en la planificación» y aseguró que «pase o no por el Consejo Nacional del Agua no significa que no vaya a estar» antes de final de año. «Son cosas completamente distintas»—añadió. «Que esté y lo tengamos completamente tramitado es la clave y estará antes de final de año. Esa es mi intención al menos», matizó.

Liana Ardiles, una técnico con amplia experiencia en agua, llegó a asegurar que el real decreto «está hecho», aunque evitó hablar de su contenido o de la razón de que no figure en el orden del día del Consejo Nacional del Agua.

«Hay que avanzar y llegar a consensos. No podemos permitirnos ahora nuevos retrasos» en la planificación de los planes de cuenca, aseguró en presencia de la presidenta de la CHJ Maria Ángeles Ureña. «Nos gustaría haberlo hecho antes y mejor», confesó, sin dejar de recordar que solo lleva «dos meses en el cargo».

Fabra y Císcar se citan con los regantes en Antella 
Cinco días después de que el núcleo duro del Consell asumiera la gestión del agua tras la salida de Maritina Hernández, el presidente, Alberto Fabra, y su segundo, José Císcar, nuevo responsable de Agricultura y Agua, reunieron en Antella a los dirigentes de la principales comunidades de regantes: Acequia Real del Júcar, Sueca, Escalona, Cullera y Carcaixent.

El encuentro se produjo en una comida de carácter privado, señalaron, tras una visita al azud y a la casa de compuertas. En ella, Fabra, según varios asistentes, anunció que impulsará el consenso y el diálogo en cuestiones hídricas para evitar enfrentamientos, pero no se refirió directamente a la pugna que mantienen los regantes alicantinos, que reclaman una segunda toma del trasvase Xúquer-Vinalopó que los usuarios de la Ribera rechazan.
Entre los representantes de los regantes existía incluso cierta incertidumbre ante una convocatoria realizada a instancias de Fabra justo en el estreno de Císcar como responsable de Agua, quien ya había mantenido contactos con los regantes alicantinos.

El jefe del Consell también pidió la colaboración de los regantes de la Ribera para poder sacar adelante el Plan Hidrológico de la demarcación del Xúquer. Ni Fabra ni Císcar realizaron declaraciones aludiendo al carácter privado de la reunión mientras los regantes valoraban «el gesto» de que este fuera el primer acto del nuevo conseller de Agricultura.