F. J. BENITO VALENCIA Un trasvase a contra reloj. El Gobierno central tendrá que devolver el próximo 31 de diciembre 120 millones de euros a la Comisión Europea, si en cinco meses no es capaz de llegar a un acuerdo con la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó para poner en marcha una infraestructura cuyas obras acabaron hace dos años, pero que no sirven para nada, por la negativa de los usuarios de Alicante a recibir el agua de Cullera, «inasumible desde el punto de vista del precio y la calidad», según denunció ayer Andrés Martínez. El trasvase costó 400 millones, de los que 120 se financiaron gracias a los fondos de cohesión y en diciembre finaliza el plazo dado por Europa para cumplir las condiciones. Tras dos meses de relativa calma tras un primer acercamiento entre los regantes y la nueva presidenta de la Confederación del Júcar, María Ángeles Ureña, todo ha vuelto a saltar por los aires después de constatar los usuarios la poca voluntad del Ministerio de Agricultura para solucionar el problema a corto plazo. La Junta se vuelve a mostrar inflexible, como lo hizo en su día con el Gobierno socialista, y la semana pasada, una delegación se plantó en Madrid y trasladó a Juan Urbano, director general del Agua una única y última propuesta.
Para Andrés Martínez es la única solución «para contar con agua de calidad para todos los usos y, por lo tanto, que la misma pueda ser comprada por los ayuntamientos». Los regantes aseguran, además, que tienen muy avanzada la financiación de los trabajos por lo que el importe no recaería en las depauperadas arcas públicas.

La Junta Central se ha plantado y ya no quieren oír ni hablar de una potabilizadora o una toma alternativa en Antella, opciones que se propusieron como mal menor. «No nos garantizan que el agua sea de calidad y por ello el precio asequible es imposible. Entendemos que la situación del Gobierno no está para alegrías económicas, por lo que hemos buscado financiación. Sólo falta la voluntad política del Ejecutivo», subrayó Andrés Martínez.

Demanda
Por otro lado, el Consell y la Confederación Hidrográfica del Júcar siguen sin solucionar la demanda por la que la CHJ reclama 37 millones de euros al Consell de Fabra por haber modificado, supuestamente, el punto de conexión del embalse de Villena donde llegará el agua del Júcar con las tuberías del postrasvase, cuya ejecución correspondió a la Generalitat. Proceso judicial que ha seguido su curso y que impide, por ejemplo, ahora mismo, el reparto de los 9 hm3 de agua que hay almacenados en el embalse de San Diego, y sobre los que sí existe un principio de acuerdo para su reparto para regar árboles frutales y cereal en la provincia.

Soluciones
Otra patata caliente para el presidente Mariano Rajoy
La indolencia demostrada por el Ejecutivo de Zapatero para resolver el problema del Júcar-Vinalopó dejó la solución a una reivindicación histórica de la provincia al gobierno que salió de las urnas el 20 de noviembre de 2011.  Los regantes comienzan, no obstante, a recelar del PP tanto como lo hicieron del PSOE. Mariano Rajoy nunca se ha mojado en el tema de los trasvases.

JOSE SIERRA VALENCIA La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha ordenado el inicio de una campaña de exploración en el embalse de Tous para comprobar si la invasión forzada de la cuenca del Júcar por el siluro (Silurus glanis) ha llegado hasta este embalse, lo que haría prácticamente imposible que la temible especie no se extienda por el Júcar, incluida la Albufera, e incluso el Turia a través del canal Júcar-Turia.

En lo que respecta al tramo de Fortaleny, donde el pasado 3 de junio fueron capturados en un concurso de pesca dos siluros de apenas 100 y 600 gramos, fuentes de la conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente recordaron que se trata de un espacio de pesca intensiva cedido a la Federación Valenciana de Pesca.

«Constantemente están pescando en Fortaleny para colaborar con la conselleria en sacar peces exóticos, concretamente lucio-percas, con las artes apropiadas para esa especie, que son las mismas que para el siluro».

Según las fuentes, este es el motivo por el que se capturaron los ejemplares de siluro en este lugar, sometido a una enorme presión por los pescadores con la supervisión de la conselleria.

De momento, la conselleria de Medio Ambiente ha dado orden de que se siga pescando a diario en este tramo y espera que la detección «temprana» de esta especie permita controlar su expansión, aunque no existe un plan específico para evitar que se introduzca en la Albufera a través de las derivaciones de riego existentes aguas abajo de Fortaleny.

Tras su detección en el embalse de Forata (2009), en el de Sitjar, en el Mijares (2011) y en el cauce del Júcar el pasado 3 de junio, los expertos creen solo «cuestión de tiempo» que el siluro acabe colonizando todos los grandes río de la cuenca del Júcar y alcance en algunos embalses un desarrollo similar al que ha hecho internacionalmente famoso el embalse de Mequinenza en el Ebro.

Un problema añadido
El real decreto sobre especies exóticas e invasoras regula la pesca del siluro dentro del paquete destinado a evitar la introducción y fomento de especies exóticas. Los ejemplares que pudiesen capturarse no podrán devolverse a las aguas, «recomendando su sacrificio de forma inmediata», según la normativa.

Además, está prohibido trasladarlos a otros lugares o criarlos en cautividad.
Sin embargo, mientras la mayoría de los pescadores ven el siluro como una amenaza, muchos otros también creen que es una oportunidad para potenciar la caza y negocios asociados, tal como ocurre en el entorno de Mequinenza en el río Ebro. Los expertos creen que la aparición del siluro en Forata y en el embalse de Sitjar obedece «claramente» al traslado de unos pocos ejemplares procedentes del Ebro.
Todo apunta también a que los ejemplares capturados en Fortaleny son una reproducción, aunque existe una remota posibilidad de que el siluro estuviera colonizando el Júcar a través de los caudales enviados a Alarcón por el canal Tajo-Segura que atraviesa el citado embalse.

El alemán que trajo el siluro a España
No es un mito. La historia «oficial» que aparece en el catálogo de especies exóticas e invasoras de la Península Ibérica elaborado por el antiguo Ministerio de Ciencia y Tecnología asegura que el biólogo alemán Roland Lorkowsky, especializado en ecosistemas y peces de agua dulce, «declaró» que en el año 1974 introdujo 32 alevines de «Silurus glanis» del río Danubio en el río Segre (Ebro). Su intención era repoblar el embalse de Ribarroja para «controlar» la población de carpas. Desde entonces su expansión parece imparable. j. S. valencia.

La consellera de Agricultura, Maritina Hernández, eludió ayer pronunciarse sobre el borrador del Real Decreto que confirma la unidad de cuenca del río Júcar, mantiene los límites actuales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en la futura Demarcación Hidrográfica del Júcar (DHJ) incluye, en lo sustancial, las demandas planteadas por la Generalitat Valenciana en tiempos del conseller José Ramón García Antón.Sin embargo, existe, al parecer, una consigna dentro del Partido Popular que pasa por mantener con sordina el debate del agua para no molestar a sus agentes políticos, especialmente a la todopoderosa Maria Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha.Ayer, un portavoz oficial de la consellera aseguró que estaban «valorando» el contenido del real decreto desvelado en exclusiva por Levante-EMV. Por su parte, el director general del Agua, José Alberto Comos, tampoco quiso hacer una valoración sobre el documento.Tal como avanzó este diario en su edición de ayer, el Consejo Nacional del Agua ha recibido un borrador de Real Decreto por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar que mantiene el territorio actual del Júcar sin divisiones, reafirma el equilibrio del poder regional en los órganos de decisión e incrementa la representatividad de los regantes en los órganos de gobierno de la DHJ.Juan Valero de Palma, secretario general de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar aseguró ayer que se trata de «una gran noticia». «Hemos trabajado para que el Real Decreto sea como es, que la demarcación mantenga su ámbito territorial y la proporcionalidad en la representación de las administraciones y que refuerce el papel de los regantes en los órganos de gobierno, que pasan de cinco a siete representantes», declaró.»Solo el hecho de que no se trocee la C0nfederación Hidrográfica del Júcar es una gran noticia», concluyó.Por su parte, Graciela Ferrer, de Xúquer Viu, dijo que a falta de conocer en profundidad el texto del real decreto, su formulación aparenta ser «un nuevo parche para tratar de desbloquear a corto plazo la situación de la planificación en el río Júcar pero que ni resuelve la cuestión ni da garantías jurídicas al propio plan».

JOSÉ SIERRA VALENCIA
El Consejo Nacional del Agua se reunirá en los próximos días para aprobar, con toda probabilidad, el texto de un real decreto que mantiene la demarcación Júcar con la misma estructura territorial de la actual Confederación Hidrográfica del Júcar.
El texto elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente pretende resolver las controversias surgidas entre Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana en los últimos años y dar una salida a las diferentes interpretaciones del Tribunal Supremo sobre el reparto competencial del territorio Júcar.
La opción del ministerio consiste en trasladar la actual estructura territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar a la «demarcación» Júcar de modo que se privilegian los intereses valencianos al mantener una mayor representatividad -fruto de su mayor participación territorial y poblacional en la cuenca del Júcar- en detrimento de Castilla-La Mancha, que aspiraba a incrementar su poder en el río Júcar mediante la parcelación de la actual cuenca hidrográfica.
El real decreto abre la puerta a que tanto la Comunitat Valenciana asuma las competencias sobre sus cuencas internas, adscritas «provisionalmente» a la Demarcación Júcar que preside Maria Ángeles Ureña, aunque parece harto improbable ya que se trata de ramblas, barrancos casi sin agua y en el caso de Castilla-La Mancha de la cuenca endorreica de Pozohondo, sin cauces definidos.
En la práctica, el real decreto supone que la cuenca del Cenia se mantiene íntegramente dentro del Júcar y que la cuenca propia de la Albufera se integra también en el Júcar y no como una cuenca autónoma como pretendía Castilla-La Mancha. Tampoco se producirá la división del subsistema Vinalopó-l’Alacantí que incluían los borradores elaborados por el Gobierno Zapatero.
Esta distribución permite mantener 10 representantes de origen valenciano el Consejo del Agua de la Cuenca por 9 procedentes de otros territorios. En la Junta de Gobierno se amplia de 5 a 7 los representantes de los regantes lo que permitirá, probablemente, la entrada de los regantes de aguas subterráneas de La Mancha, actualmente «invitados». El nuevo real decreto facilitará la aprobación del nuevo Plan Hidrológico del Júcar.

. J. BENITO El Consell y la Confederación Hidrográfica del Júcar acercan posturas para salvar el Júcar-Vinalopó. La llegada de María Ángeles Ureña a la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no sólo ha servido para iniciar la normalización de las relaciones con los regantes del Vinalopó y l´Alacantí, sino que en las últimas semanas Consell y CHJ vuelven a trabajar juntos, como lo demuestra el hecho de que el Ministerio estudie la retirada la denuncia que presentó a principios de 2011 en un juzgado de Valencia contra la Conselleria de Infraestructuras por las obras del postrasvase del Júcar-Vinalopó. En concreto, la demanda por la que la CHJ reclama 37 millones de euros al Consell de Fabra por haber modificado, supuestamente, el punto de conexión del embalse de Villena donde llegará el agua del Júcar con las tuberías del postrasvase, cuya ejecución correspondió a la Generalitat. Este proceso judicial ha seguido su curso e impide, por ejemplo, ahora mismo, el reparto de los 9 hm3 de agua que hay almacenados en el embalse de San Diego, y sobre los que ya existe un principio de acuerdo para su reparto para regar árboles frutales y cereal en la provincia. Acuerdo que, en el fondo, significa un paso adelante de los propios agricultores alicantinos para aprovechar el caudal y, además, solucionar una situación complicada para la CHJ. La evaporación y las filtraciones de agua en un embalse cuya base se construyó con arcillas compactadas, lo que ha provocado que en dos años se hayan perdido 3 hm3 de recursos hídricos, tres mil millones de litros de agua y en plena sequía.El Ministerio de Medio Ambiente reclama todavía al Consell una indemnización de 37 millones de euros e, incluso, logró que un juez paralizara las obras de conexión (un tubo de siete metros de largo y tres de diámetro) del postrasvase con el Júcar-Vinalopó, al considerarse perjudicado por el traslado del cambio de toma de la conexión en Villena. La empresa pública Acuamed alegó en su denuncia que la decisión le perjudicaba porque, según la empresa pública, no podría aprovechar el caudal que llegue desde Cullera para producir la energía prevista con el agua que deberá circular entre Villena y Elche por la margen derecha del Vinalopó. Algo que, según denunció en su día la Conselleria de Medio Ambiente nunca figuró en ningún proyecto del trasvase -ni en el original ni el modificado-, pero que terminó provocando el enésimo contencioso que, ahora, bloquea, además, la posible puesta en marcha de un obra en al que se invirtieron 400 millones de euros. Ciento veinte millones financiados por la UE y sobre los que sigue pesando la amenaza de la devolución, porque a día de hoy continúan sin cumplirse las condiciones exigidas por Bruselas para financiar una obra que, no obstante, ya ha pagado. La tubería de la discordia tiene un diámetro de dos metros, porque así hay más capacidad para repartir el agua. Y el caso es que la tubería del Consell está a tres metros del punto de la conexión pero nunca se recibió el permiso.Por otro lado y aunque la retirada de la denuncia presentada en un juzgado de Valencia resulta clave para poder repartir el agua embalsada en Villena, falta todavía por resolver el tema principal: precio y calidad de los caudales que se quieren bombear desde Cullera a la provincia de Alicante. En el Azud de la Marquesa han seguido apareciendo restos de insecticidas y productos tóxicos, por lo que el camino no se antoja muy fácil. Ayer, el presidente de la Junta Central de Usuarios de Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez se mostró rotundo. «No podemos aceptar agua que no sirva para regar y beber y, además a un buen precio».

Un caudal para regar árboles frutales, viñedos y cereales
La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó llegó el mes pasado a acuerdo con el Ministerio de Agricultura para tratar de desbloquear el trasvase que lleva acabado más de un año y sin uso, por el conflicto que mantenían regantes y la Confederación Hidrográfica del Júcar por la calidad del agua. La primera medida será la distribución de los 9 hm3 de agua almacenados más de un año en el embalse de San Diego (Villena), y que se repartirán durante 25 semanas para el riego de árboles frutales, viñedos y cereales. El caudal sirve para estos cultivos, que no para el riego de las hortalizas. El embalse costó 15 millones de euros pero se le han detectado filtraciones por la falta de mantenimiento y defectos en la ejecución de la obra, según ha admitido el Ministerio.

La nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Maria Angeles Ureña, anunció ayer la convocatoria del Consejo del Agua de la Demarcación Júcar «antes de las vacaciones del verano» con objeto de informar el Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI), antesala del futuro Plan Hidrológico del Júcar.
La convocatoria obligará a los representantes de Castilla-La Mancha y de la Generalitat Valenciana a pronunciarse sobre el plan y especialmente sobre los límites de la Demarcación Júcar. Ambas comunidades han mantenido hasta ahora posiciones enfrentadas y en algún caso en las antípodas sobre qué parte del territorio debe seguir formando parte del Júcar, dentro de una administración única, y que unidades de gestión formarían las cuencas de competencia autonómica, independientemente de que se transfieran o no.
El Estado, que es quien tiene que tomar una decisión, ha evitado pronunciarse, lo que ha contribuido a retrasar todavía más la aprobación del Plan.
Ayer, Mª Ángeles Ureña, que ya se ha reunido con los representantes de Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana, gobernados ambos por el Partido Popular, al igual que el Ministerio de Agricultura, no desveló si ha habido una aproximación de posturas en las últimas semanas. La presidenta dijo que uno de sus mandatos es el de cumplir los compromisos con la Unión Europea, «superar los retrasos» y disponer de un plan para el Júcar a finales de 2013.
La convocatoria del Consejo, para la que no hay fecha concreta, «es un pequeño paso, pero no podemos pararnos si queremos cumplir los plazos», añadió.
Ureña defendió «el diálogo», también en Vinalopó, donde negocia dar una salida al agua almacenada en Villena y terminar las conexiones con las redes de distribución autonómica (post-trasvase).
Temas polémicos durante la era Zapatero, como las desaladoras o el número de hectáreas de riego en la Comunitat Valenciana, habrían dejado de serlo tras el triunfo del PP en las elecciones generales. Sobre las desaladoras subrayó la necesidad de «integrar» en la gestión todas las fuentes de suministro, incluidas estas instalaciones. En referencia a la superficie regada, dijo que el EPTI había «aclarado» y diferenciado qué es la «superficie efectivamente regada», la «regable» y la que tendría derechos de riego. El conflicto solo fue un malentendido.

J.SIERRA, VALENCIA Un 7,14 % de los acuíferos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se encuentra en una ‘mala’ situación después de que el último año, que no ha sido especialmente lluvioso, apenas haya contribuido a la renovación de las aguas subterráneas. Sin embargo, si se compara el índice de estado de los acuíferos valencianos en marzo con el que tenían el año pasado en la misma fecha puede constatarse una ligera mejoría.
Los que se encuentran en peor situación representan el 7,14 %, el mismo porcentaje que en 2011. Sin embargo, la proporción de acuíferos que están en situación ‘deficiente’, un escalón por debajo de los que están en peores condiciones, ha disminuido en relación al año anterior, pasando de ser un 16,77 % a representar el 8,33 %.

Por el contrario, los que se encontraban en situación ‘moderada’ han aumentado desde el 25 % al 36,9 % y los incluidos en una ‘buena’ situación han disminuido desde el 51,19 % al 44,05 %, según el informe elaborado por la CHJ.

Los acuíferos con alguno de sus piezómetros en ‘mala’ situación son los de la Sierra de Crevillent, Requena, Tibi y Ontinyent, y los de Albacete y Tarazona de la Mancha en la Mancha oriental.

La situación es menos optimista si se analizan individualmente los resultados obtenidos en los piezómetros y se comparan con los del año pasado. Amplias zonas de la Comunitat Valenciana y de la Mancha Oriental han empeorado significativamente (más del 5 % de reducción en el índice de estado) pese a que su estado en muchos casos no es todavía ‘malo’ o ‘deficiente’. En general, solo los acuíferos de la Marina y la Safor han tenido una evolución positiva en este año.

El informe se basa en los niveles observados en la Red Básica de Piezometría, que dispone de unos 90 puntos de control (pozos) en los que se realizan lecturas mensuales.

Para cada uno de estos piezómetros, donde existen lecturas que se remontan al menos a una década atrás, se ha calculado un índice de estado (Ie), que compara el nivel que existe en este momento respecto a la media de la serie histórica obtenida en ese mismo pozo del que se elimina mediante un tratamiento estadístico la componente estacional.

El valor obtenido €índice de estado€ va desde 0, que corresponde al mínimo valor histórico, y 1, que sería el máximo histórico. Según explican fuentes de la CHJ un Ie de entre 0 y 0,15 responde a una situación ‘mala’ o de ‘nivel rojo’; de 0,15 a 0,3 se incluiría en ‘nivel naranja’ o ‘deficiente’; de 0,3 a 0,5 sería una situación de ‘nivel amarillo’ o ‘moderada’ y de 0,5 a 1 se hablaría de un nivel ‘verde’ y una situación ‘buena’.

J. SIERRA VALENCIA ­El Real Decreto ley de 4 de mayo de medidas urgentes en materia de medio ambiente facilita al Gobierno la tutela sobre los acuíferos que se encuentran en riesgo de no alcanzar «el buen estado» cuantitativo y cualitativo de sus aguas» y permitiría en la práctica la adopción de medidas que podrían ser traumáticas como restringir la extracción de agua en el acuífero manchego del Júcar o la de obligar a los regantes del Vinalopó a utilizar las aguas del trasvase Júcar-Vinalopó en lugar de seguir explotando sus pozos.

En nuevo real decreto amplia los poderes del Estado y simplifica los trámites que durante décadas dificultaron la declaración de «acuíferos sobreexplotados» pese al evidente deterioro y los continuos descensos del nivel de las aguas en lugares como la Mancha Oriental o el Vinalopó.

No obstante, entre los regantes existe el convencimiento de que la administración hidráulica, pese a reforzar su capacidad de intervención y dotarse de nuevos y simplificados argumentos legales, intentará antes el consenso.

«Masas en riesgo»
El Gobierno ha facultado a las Demarcaciones Hidrográficas a declarar oficialmente las masas de agua subterránea «en riesgo» de no alcanzar un buen estado cuantitativo o químico en los plazos marcados por la Directiva de Aguas. El cambio afecta tanto a los órganos de la administración que hacer esta declaración— que sustituye a la de los acuíferos sobreexplotados vigente en la Ley de Aguas— como a los plazos y alcance de las medidas.

El nuevo real decreto hace que sea la Junta de Gobierno de la Confederación— sin necesidad de consulta al Consejo del Agua—el órgano que puede declarar una masa «en riesgo».

Respecto al plazo para la puesta en marcha de planes de actuaciones para la recuperación del acuífero amenazado los reduce a un máximo de un año .

Mientas se aplican estos programas, el Gobierno puede limitar las extracciones, sustituir las captaciones individuales por otras comunitarias, sustituyendo los títulos individuales por colectivos, y «prever la aportación de recursos externos a la masa de agua subterránea».
En la práctica, el Gobierno podría forzar a los regantes del Vinalopó a hacer uso del trasvase que ahora desprecian y limitar las extracciones tanto en este acuífero como en de la Mancha Oriental.

La justificación del nuevo régimen introducido por el real decreto permitirá, según el Gobierno, «reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en las masas de agua subterráneas así como una mayor flexibilidad para gestionar las disponibilidades de agua en las masas que cuentan con un plan de actuación».

Según el Esquema de Temas Importantes de la Demarcación Júcar, pendiente de aprobación, tanto el acuífero de la Mancha Oriental como el del Vinalopó están muy lejos de alcanzar el «buen estado» del que habla la ley de Aguas y la directiva marco. Sin embargo, los sucesivos gobiernos se han resistido durante décadas a forzar la declaración de estas masas de agua como acuíferos sobreexplotados, pese a evidencias como los descensos acumulados del nivel freático de más de un centenar de metros.

El Real Decreto parece flexibilizar también el principio de recuperación de costes, de modo que podría eximirse a los regantes alicantinos de pagar íntegramente el coste real de bombear y llevar el agua al Vinalopó—haciendo que el uso de las aguas del trasvase sea asequible para sus economías—, y permite redistribuir los costes de la gestión del agua, incluidos los medioambientales, entre los diferentes usuarios.

Presidenta de la confederación hidrográfica del Júcar

CARLOS ALÓS La primera cuestión que tendrá que resolver como presidenta será la del bloqueo del agua del Xúquer almacenada en Villena ¿Ya tiene pensada la solución?
Lo que tenemos construido en este momento es la infraestructura que permite la transferencia hídrica hasta el Vinalopó y en la actualidad el agua está almacenada en la balsa de San Diego y estamos pendientes de qué hacer con esa infraestructura y como utilizar el agua. Yo lo que digo es que esa infraestructura tiene que ponerse en funcionamiento, pero lo que pasa es que en todo el tema del agua hay una cuestión que es fundamental y que es que tanto la Administración que la gestiona como los regantes que la utilizan tenemos que estar de acuerdo porque si no hay consenso las cosas son muy complicadas. Los regantes del Vinalopó han pedido dos cosas: el precio y la calidad del agua y la Administración en este momento lo que tiene que hacer es partiendo de la base de que la infraestructura se tiene que poner en marcha decir: vamos a sentarnos, vamos a hablar y a recuperar el espíritu del consenso que permitió realizar la infraestructura. No podemos dejarla ahí e invertir un dinero y no dar solución a los problemas de los regantes.

¿Ya ha comenzado las negociaciones con los regantes del Vinalopó para solucionarlo?
Tengo ya convenidas las primeras reuniones para escuchar, que es lo primero que tengo que hacer escuchar a todo el mundo y ya me iréis conociendo: yo soy una persona que piensa que las cosas no se pueden hacer de hoy para mañana, que tienen su curso, pero no se tienen que parar porque si no se enquistan. La Administración del Estado cumplirá su labor y pondrá a cada uno en su sítio y dará una solución a todos, que yo creo que es posible. Pero para conseguirlo todos tienen que ceder un poco.

Otro tema clave es el plan de cuenca del Júcar ¿Cómo van a desbloquearlo?
Usted sabe que la CHJ se puso a trabajar en el esquema de temas importantes, pero es necesario revisarlo porque no pudo ser sometido a la aprobación del Consejo Nacional del Agua porque había cosas que limar. En eso ya está trabajando la oficina de Planificación y yo tengo el mandato del ministro Arias Cañete de que la planificación esté aprobada en 2013 y eso para el Júcar es correr mucho porque ha habido una paralización como usted dice, pero no estamos parados.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, eligió ayer Aragón como escenario de su primer gran acto en torno el agua. Pese a no descartar ninguna opción para resolver el déficit hídrico de las regiones deficitarias, volvió a mostrarse tibio con los trasvases y regresó a Madrid sin fechas ni plazos para la construcción de infraestructuras básicas a excepción de las del denominado Pacto del Agua en Aragón.
En rueda de prensa, tras presidir la comisión de seguimiento de las obras del Pacto del Agua, Arias Cañete recalcó que «hay dos nortes muy claros» para el Ejecutivo nacional, «respetar a rajatabla la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos para Aragón», recogida en el Estatuto de Autonomía, y «hacer las obras en función de los acuerdos que se hagan en Aragón».
En relación a los trasvases El ministro Miguel Arias Cañete, aseguró que se analizarán «todas las alternativas para que haya agua en todos los territorios» y ha abogado por «establecer un gran pacto nacional sobre el agua», del que se derivará un Plan Hidrológico Nacional.
El ministro no descartó el trasvase del Ebro aunque precisó que no estaba en condiciones de dar a conocer ninguna propuesta concreta «hasta conocer los datos de los ríos españoles», una vez que se hayan elaborado los planes de demarcación de las cuencas hidrográficas españolas.
«Lo otro serían ejercicios teóricos políticos», añadió.
«El Gobierno tratará de buscar un equilibrio» y «vamos a hacer un ejercicio técnico de responsabilidad de la mejor gestión del agua», además de buscar el «consenso político» mientras que ahora «sería un apriorismo por mi parte decir que vamos a hacer una cosa u otra», igual que por «un apriorismo político» hay quien dice «trasvase no, desalinizadoras sí».