El próximo gobierno del Partido Popular podrá acometer su propia política hidráulica sin la premura y el agobio con el que en el 2004 el gobierno socialista asumió el control de las confederaciones en plena sequía y con los embalses en caída libre. La situación, casi 8 años después, es radicalmente distinta: los pantanos se encuentran prácticamente llenos y con toda la primavera por delante y solo el escaso caudal en la cabecera de los ríos, no recuperados todavía del estiaje, plantea alguna sombra, aunque menor.

Según el informe semanal elaborado por la Confederación Hidrográfica del Júcar, los pantanos gestionados por este organismo acumulan a fecha 5 de diciembre 1.536 hm3 que sumados a los embalses que son propiedad de los regantes y de Iberdrola alcanzan la cifra récord de 1.689 hm3 . Este volumen representa 295 hectómetros cúbicos más que en 1979 y 57 más que el pasado año, cuando se batió el récord por primera vez.

Solo si se considera el denominado sistema Júcar -compuesto por los ríos Júcar, Cabriel y sus afluentes y regulado en Alarcón, Contreras y Tous-, y no el conjunto de ríos y embalses gobernados desde la sede de Blasco Ibáñez hay todavía un año, el de 1979, en el que las reservas eran superiores al actual, con 1.381 hm3 frente a los 1.170 actuales. Aquel año, solo el embalse de Alarcón alcanzó 1.045 hm3.

La única nota discordante en este balance es el volumen de las entradas a los grandes embalses de cabecera, ya que se encuentran por debajo de los del pasado año aunque lejos todavía de los que son habituales en periodo de sequía.

Así, en el embalse de Alarcón han entrado del 1 de octubre al 5 de diciembre 19,3 hm3 frente a 25,4 hm3 del año pasado. En Contreras ocurre algo similar, co 11,4 hm3 frente a 25,6 hm3. Solo Tous mejora sus cifras respecto al año pasado con 62,6 hm3 de entradas netas frente a 49,1 hm3 de 2010.

Los registros de lluvia en las comarcas de Teruel y Cuenca próximas al Rincón de Ademuz presentan un notable déficit pluviométrico en lo que va de año que está empezando a pasar factura al Turia y en menor medida al Cabriel y al Mijares, cuyos afluentes aportan caudales por debajo de los de los últimos años.

La Ribera también tendrá su propio grupo de presión en defensa del agua. El germen de la nueva movilización ribereña lo lideran los regantes tradicionales, agrupados en la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), que cuenta con más de 80.000 usuarios, y busca convertirse en contrapeso del constituido en Alicante en plena campaña electoral, que aglutina a regantes, empresarios y políticos y que reclama el agua de mayor calidad del Júcar, la que discurre aguas arriba del embalse de Tous.»Si ellos tienen un lobby (término inglés que significa grupo de presión) nosotros tendremos otro; no nos van a dar ninguna lección sobre agua», dijo ayer el portavoz de los regantes de la Ribera, José Pascual Fortea. «Si ellos no cesan en su reivindicación nosotros tampoco. Ahora vuelven a la carga diciendo que el PP estudiará la nueva toma cuando bastante tiene el PP con la economía», lanzó el presidente de los regantes de Sueca, afiliado del PP, tras el informe elaborado por los regantes del Vinalopó que señala que la toma desde Cortes de Pallás costaría 60 millones de euros.Para ello, los representantes de USUJcon unos 80.000 usuarios que riegan de las concesiones de agua del Júcar, tienen previsto reunirse en unos días, tras el puente de diciembre para tratar sobre esta cuestión. Se trata de una primera toma de contacto en la que también participarán representantes de las empresas eléctricas, como Iberdrola, con intereses en los saltos de agua del Júcar y socios de USUJ al 50% en embalses como el de Alarcón. Ese encuentro pretende allanar el camino a una mesa de alcaldes de todos los partidos que reforzaría una plataforma comarcal como la que impulsó las manifestaciones de hace unos años en Sueca, la última en mayo de 2010.

El Consell de la Generalitat Valenciana aprobó ayer la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra un Real Decreto del Gobierno central que permite a las autonomías que tengan asumidas las competencias hídricas ejercer labores de policía sobre el Dominio Público Hidráulico. La norma, que supone una modificación de la Ley de Aguas, tenía como objetivo mantener determinados aspectos de la gestión que normalmente realizan las confederaciones hidrográficas en manos del gobierno andaluz después de que el propio Tribunal Constitucional rechazara el traspaso a de las competencias sobre el Guadalquivir a la Junta de Andalucía.
La Generalitat cuestiona ahora- el Real Decreto se aprobó en agosto- la constitucionalidad de este cambio legislativo pues considera que otorga a las comunidades autónomas capacidad para gestionar cuencas hídricas que exceden de su ámbito territorial, labor que está limitada al Estado según el artículo 149.1.22 de la Constitución Española.
En este sentido, el Consell cree que se está quebrantando el carácter indivisible de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión, según lo que recogen los artículos 14 y 16 del texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA).
La nueva norma permite a Andalucía, Aragón y Cataluña, y también a la Comunitat Valenciana si lo demandara-el Estatut incluye las competencias hídricas- , «el control, la vigilancia, la sanción de las obras y de los aprovechamientos de regadíos y otros concesionarios». Sin embargo, el Consell cree que esta gestión, en las cuencas compartidas por varias comunidades autónomas, «no pueden separarse de la revisión, tramitación y otorgamiento de las concesiones, puesto que genera inseguridad en la gestión de los recursos públicos ya que se fraccionan los procedimientos administrativos y se duplican los órganos que los administran».
También los regantes agrupados en la Federación Nacional de Comunidades de Regantes han pedido a los parlamentos autonómicos que recurran la norma.

Apoyo de Camps en el CJV
El Consell Jurídic Consultiu (CJC) considera en un informe que «procede » la interposición por la Generalitat de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley de agosto que introdujo una modificación en la ley de Aguas sobre el sistema de gestión de las cuencas intercomunitarias.
Así lo recoge el dictamen del CJC aprobado en su pleno del jueves por unanimidad de todos los consejeros, incluido Francisco Camps en su condición de miembro nato del organismo consultivo.
El dictamen del CJC recuerda que el decreto ley se aprobó después de que el Tribunal Constitucional declarara la inconstitucionalidad del artículo del Estatuto de Autonomía andaluz que atribuía a esta autonomía competencias exclusivas sobre aguas de la cuenca del Guadalquivir, al ser una cuenca hidrográfica intercomunitaria.
La consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Maritina Hernández, solicitó al CJC que dictaminara con urgencia sobre el borrador de recurso de inconstitucionalidad contra la disposición primera de esa real decreto, que introdujo una modificación en la ley de Aguas.

J. SIERRA VALENCIA El número exacto de hectáreas de regadío que existen en la Comunitat Valenciana se ha convertido en los últimos meses en el penúltimo motivo de enfrentamiento entre la Generalitat y el Gobierno central. Ni uno ni otro parecen capaces de ponerse de acuerdo sobre algo que debería ser cuantificable con relativa facilidad gracias a los recursos de la propia administración y al uso de modernas tecnologías, incluidos los satélites.

Sin embargo, las cifras que manejan la Generalitat Valenciana y la Confederación Hidrográfica del Júcar están muy alejadas y difieren también de las que figuran en el censo agrario del Instituto Nacional de Estadística y de las admitidas por los propios regantes.

La discusión no es baladí. En el fondo no importan tanto las hectáreas como los derechos de éste regadío a recibir agua. Pese a que nadie ha planteado una revisión concesional— a cada hectárea de regadío le corresponde una dotación teórica de agua, dependiendo del tipo de cultivo y cuyo suministro debe garantizar el Estado—, en el fondo se trata de tomar posiciones en el reparto de caudales que debe figurar en el próximo plan hidrológico y sirve también para determinar los balances de recursos y demandas que, de ser negativos, podrían utilizarse para reclamar trasvases desde otras cuencas hidrográficas.

Descenso
Según el Censo Agrario elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a a 1999, dentro de la superficie agrícola utilizada había 301.413 hectáreas de regadío de las que no se regaban ya 17.848 ha.

En contra de lo que pudiera pensarse, ni la expansión urbanística ni la crisis de la agricultura parecen haber hecho excesiva mella en el regadío. Según el censo actualizado de 2009, cuyos datos definitivos se cerraron hace unos meses, la superficie regable era de 289.949 hectáreas, lo que supone un descenso de 11.464 has. (3,8%).

En sus alegaciones al Esquema Provisional de Temas Importantes del Plan Hidrológico de la Demarcación Júcar, la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana asegura que la superficie regada es de 350.000 has. Además, se rechaza como «no aceptable» que en los cálculos que figuran en el Esquema de Temas Importantes, antesala del nuevo plan hidrológico del Júcar, «no se reconozcan las superficies que figuran en los expedientes de concesión de aguas».

Dicen que calcular la Unidad de Demanda Agrícola «atendiendo exclusivamente a la superficie realmente regada es contrario al estudio de la demanda porque niega la posibilidad de que se use el derecho al uso de las aguas en su totalidad…». Es decir, los regantes quieren que el plan les asigne el máximo teórico necesario para regar todas sus superficies, al margen de si se riegan ya o no. El excedente podría derivarse así hacia campos de golf, para los que los propios regantes piden un estatus similar al del regadío, en intercambios con otros usuarios o para atender futuras ampliaciones de las zonas regables.

La Generalitat Valenciana cuestiona también las cifras del Ministerio de Medio Ambiente. La CHJ solo ha incluido 261.000 hectáreas en sus planes para la Demarcación Júcar mientras el plan de cuenca vigente situaba la superficie regada en 300.940 has y la Generalitat calcula una superficie total de 318.995 has y que es , dice, «la que se ha de considerar».

El caso del Vinalopó
Solo en el Vinalopó-Alacantí, donde algunos caudales para la agricultura acaban en los abastecimientos urbanos, la disparidad es brutal. Según la CHJ, la superficie regada es de 30.488 has. El Instituto Interuniversitario de Geografía sostiene que trabajos de campo, fotointerpretación y encuestas directas realizadas en 2006 «confirman» la existencia de una superficie regable con derechos de uso reconocidos que supera las 85.000 has. No obstante, admite como superficie «regada» la de 70.699 has, muy lejos todavía de la considerada por la Confederación Hidrográfica.

A. TERUEL VALENCIA El Tribunal Supremo ha rechazado la segregación del Júcar del resto de cuencas hidrográficas de la Comunidad Valenciana. La sentencia, que da la razón a un recurso interpuesto por la Generalitat, anula la modificación de los límites de la demarcación correspondiente a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), para excluir de ella a los ríos que discurren íntegramente por el territorio autonómico valenciano. Esta alteración se recogía de forma expresa en un apartado de un Real Decreto del año 2007, que ahora ha sido anulado por el tribunal.
El citado texto legal, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 3 de febrero de 2007, recoge expresamente que de la demarcación hidrográfica del Júcar «quedan excluidas las cuencas intracomunitarias de la Comunidad Valenciana». Sin embargo, el tribunal sostiene que no hay motivos que justifiquen esa decisión, y que, aun en caso de que los hubiera, el Gobierno no los ha aportado. En este sentido, señala que, al contrario, se hace mención a otra sentencia del Tribunal Supremo, del año 2004, que «en absoluto impide que la Demarcación Hidrográfica del Júcar incluya las cuencas intracomunitarias».
La resolución judicial recuerda también que el territorio adscrito al río Júcar incluye también varias cuencas endorreicas -sin salida al mar- existentes en La Mancha, y que, siguiendo el mismo criterio, también deberían haber sido excluidas de la demarcación hidrográfica. En este caso, para que su tutela se traspasara a Castilla-La Mancha. En cambio, el Real Decreto no hace mención alguna a estas cuencas, algo en lo que la Generalitat fundamentó una parte del recurso que ha prosperado.
Desde la Conselleria de Agricultura se felicitaron ayer por esta sentencia que «rectifica» al Gobierno para «poner orden en la caótica y errática política hidráulica nacional de los últimos años».
Fuentes del departamento recordaron que el recurso de la Generalitat «se basa en el trato discriminatorio» que suponía el texto derogado, así como su «falta de justificación». Por ello, destacaron que «se echa por tierra la pretensión del Gobierno de fragmentar la demarcación hidrológica».

Zonas «ignoradas» de Castilla-La Mancha
La Conselleria de Agricultura hizo hincapié, a la hora de valorar esta sentencia, en que el artículo anulado del Real Decreto no aludía a las cuencas endorreicas de Castilla-La Mancha adscritas al Júcar. Una circunstancia que, según la Generalitat, «ha sido ignorada sistemáticamente de manera injustificada e interesada por los gobiernos de Barreda y Zapatero».
Además, recordaron que, sin este recurso, se hubieran «dividido sistemas consolidados como el del Vinalopó-Alacantí», o separar del ámbito del Júcar «territorios costeros donde sólo hay cauces secos».

 El último indicador de sequía elaborado por la Confederación Hidrográfica del Júcar a fecha 31 de agosto de 2011 no refleja una situación preocupante para ningún sistema de explotación en la Comunitat Valenciana, Albacete y Cuenca. Todas los grandes sistemas, incluidos los del Túria, Júcar y Mijares tienen un indicador «verde» de normalidad y solo la Marina Alta con indicador «naranja» de alerta y el Vinalopó-l´Alacantí en «amarillo» de prealerta rompen la tendencia imperante en cuenca.

Los citados indicadores, que forman parte del Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía (PES), se elaboran mensualmente. En su definición se utilizan más de 34 parámetros en distintas localizaciones de la cuenca que incluyen: el volumen almacenado en los embalses, el nivel piezométrico de los acuíferos, las aportaciones de los ríos en régimen natural y la pluviometría de los últimos meses.

En este sentido, fuentes de la Confederación Hidrográfica creen que todavía es «prematuro» hablar de sequía aunque preocupa, sobre todo, el descenso en los caudales de los ríos.

El retraso en la aparición de las lluvias ha tenido ya una incidencia directa sobre los caudales de los ríos, muy disminuidos, y resecado la capa más superficial del territorio, con un descenso en la producción agraria —olivar y frutos secos— que la Unió de Llauradors ha valorado ya en nueve millones de euros. En este contexto, la imagen de pequeños embalses resecos—casi balsas— comienza a ser frecuente en algunos medios de comunicación mientras la inminencia de las elecciones permite también a las fuerzas políticas recuperar la exigencia de trasvases.
Según Alfonso Calera, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha y director de la Sección de Teledetección y SIG, desde donde se monitoriza la evolución de la cuenca del Júcar, «los satélites están indicando una pérdida de humedad casi absoluta en los niveles superficiales, con consecuencias directas sobre las cosechas y una mayor demanda de recursos en las zonas regables».

El verano ha sido cálido y con un 30 % menos de precipitación de lo normal en la Comunitat valenciana. En septiembre, cuando suelen comenzar las precipitaciones, las cosas no han ido mejor, con un 60 % menos de lluvias de lo que se considera normal y con una temperatura media de 1,5 grados superior a la habitual.

Anticiparse a la falta de agua
El ciclo de sequía que se inició en 2004 provocó la adopción por parte del Gobierno de una serie de estrategias y medidas para paliar los efectos de estos episodios recurrentes en España y en especial en el área mediterránea. En 2007 se aprobaba el Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía en la Confederación Hidrográfica del Júcar. A través de diversos indicadores de situación que incorporan también tendencias previsibles y la experiencia acumulada, ha sido posible definir unos umbrales de sequía que obligan a adoptar medidas de prevención específicos para cada sistema fluvial en la cuenca del Júcar.

J. SIERRA VALENCIA
A la Comisión Europea se le ha agotado la paciencia. Lo que antes del verano era una amenaza es ahora una denuncia concreta contra el Reino de España por el incumplimiento de la Directiva Marco del Agua (DMA) en especial por el retraso en la elaboración de los Panes Hidrológicos de Cuenca como el del Júcar, atascado por la posición inamovible hasta ahora de los gobiernos autonómicos de Valencia y Castilla-la Mancha.
Según el calendario europeo, España debería haber presentado antes de diciembre de 2009 los Planes Hidrológicos de Cuenca. Tras una primera petición de explicaciones, el Gobierno respondió en abril de 2010 admitiendo que no había terminado ningún plan.
Tras varias comunicaciones y el envío de cartas de emplazamiento, España confirmó el pasado mes de abril que no disponía de la mayor parte de los planes de cuenca por lo que la Comisión ha decidido interponer una demanda ante el Tribunal de Justicia Europeo en la pide la imposición de sanciones a España.
Fuentes de Xúquer Viu subrayaron el caso de la Demarcación Hidrográfica del Júcar como «especialmente grave , debido a la indefinición del ámbito territorial de la demarcación intercomunitaria del Júcar y de la demarcación de cuencas internas de la Comunitat Valenciana, y la consiguiente indefinición de autoridades competentes y órganos de participación pública». Se trata, recuerdan, de cuestiones que deberían estar resueltas desde diciembre de 2003, según el calendario de la Directiva Marco, y que se cerraron «en falso» en febrero de 2007 mediante un Real Decreto que establecía el ámbito territorial de las demarcaciones intercomunitarias.
«La ausencia de voluntad política mostrada durante estos últimos cuatro años por parte de los responsables del Ministerio de Medio Ambiente y de los gobiernos autonómicos implicados -principalmente Comunidad Valenciana y Castilla-la Mancha-es la principal razón del fracaso de la política del agua en la Demarcación Hidrográfica del Júcar», destacó Graciela Ferrer, portavoz de Xúquer Viu.
«No ha habido interés en solventar esta cuestión institucional y avanzar en la aplicación de la DMA en nuestros ríos, acuíferos, lagos, zonas húmedas y aguas costeras para conseguir el objetivo de alcanzar un buen estado ecológico de estos ecosistemas en «, añadió.
La portavoz destacó que en el caso del Júcar ni siquiera se ha podido finalizar el trámite administrativo de aprobación de Esquema de Temas Importantes, cuya consulta pública finalizó en junio de2010 , y que es necesario para abordar la consulta pública del borrador del nuevo Plan Hidrológico del Júcar.

El discurso «pactista» de la responsable de la política hídrica de Castilla-La Mancha en el nuevo gobierno de Maria Dolores de Cospedal, manifestado por la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, ha sonado a música celestial en el Gobierno de la Generalitat y en otros estamentos del PP, que ayer saludaban con indisimulada satisfacción el regreso al «espíritu de consenso».
La consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Maritina Hernández, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fueron las responsables de verbalizar su satisfacción con el contenido y el tono empleado por la consejera manchega en las cortes de esta región.
Hernández considera positiva la propuesta para «volver» al consenso del Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001 y el rechazo a la «politización». Para la consellera es especialmente importante que en C-la Mancha se hable de «necesidades reales» de los regantes y que se plantee la «política de agua» como «una política de cohesión territorial y no de diferencias».
Más allá de la retórica política, la intervención parlamentaria de la consejera castellano-manchega sorprendió al eludir la exigencia de reservas «estratégicas» de cientos de hectómetros cúbicos de agua sobre caudales del Júcar o el Tajo que hacen prácticamente imposible el acuerdo, tal como planteaba el gobierno de José Maria Barreda.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que se reunió ayer con Hernández, manifestó la «mutua satisfacción» por las declaraciones hechas ayer desde el Gobierno de Castilla-La Mancha en la línea de que el agua «vuelva a ser un elemento de cohesión y no de hostilidad».

«Sentido común»
Para Maritina Hernández se trata trata de unas declaraciones «muy importantes que devuelven el sentido común y el criterio de cohesión territorial que nunca se debió perder», así como el de «consenso» en «la planificación de los recursos hídricos en España».
En este clima favorable al acuerdo, que deberá concretarse en propuestas para los planes hidrológicos del Júcar y el Tajo, el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, aseguraba que que una vez los populares ya gobiernan en casi todas las Comunidades Autónomas, y con Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno, «el problema del agua dejará de ser un problema».

Ley de Aguas
En un tono mucho menos conciliador, Maritina Hernández denunciaba que un decreto aprobado por el Gobierno a finales de agosto «modifica» la ley de Aguas, «rompe el principio de unidad de gestión de las cuencas» y refleja la falta de voluntad para «afrontar la cuestión del agua desde una perspectiva nacional y con soluciones justas».
Tras reunirse con el presidente de la Acequia Real del Júcar, José Manuel García de la Cuadra, la consellera manifestó que la nueva norma «fragmenta las competencias de las demarcaciones hidrográficas» y puede afectar a la racionalidad y eficiencia de la administración.

Castelló pide agua del Ebro y Tortosa la niega

El pleno de la Diputación de Castellón aprobó ayer con los votos a favor de PP y Bloc la moción que el grupo popular presentó para reivindicar el minitrasvase del Ebro a Castellón. El PSPV se abstuvo en la votación. El texto de la moción habla del «menosprecio del Gobierno central por las necesidades de Castellón en materia hídrica y el perjuicio económico ocasionado a la provincia …» .El presidente provincial, Javier Moliner, subrayó que si la reivindicación del minitrasvase volvía «de nuevo» al pleno de la institución es «porque hace seis años que el Gobierno aún no se ha dignado a responder a esta Diputación provincial».
Quien sí respondió a esta iniciativa fue el pleno del Ayuntamiento de Tortosa que aprobó, por unanimidad de todos los grupos, incluido el Partido Popular, una declaración institucional que rechaza la petición de un trasvase del Ebro que solicitan los diputados de Castelló argumentando que en el Ebro no existen sobrantes.

El Gobierno ignoró uno de los artículos que regulaba el convenio por el que los usuarios valencianos cedieron el uso del embalse de su propiedad

 J. SIERRA VALENCIA El Tribunal Supremo ha reconocido en un fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el derecho preferente de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) sobre las aguas reguladas en el embalse de Alarcón cuando el nivel del pantano se encuentra por debajo de la denominada curva de reserva.

A pesar de que este derecho preferente es la esencia del «Convenio para la utilización del embalse de Alarcón en la gestión optimizada y unitaria del Sistema Júcar», formalizado ahora hace 10 años – 23 de julio de 2001- entre el Ministerio de Medio Ambiente y los regantes y usuarios de USUJ, la Administración del Estado obvió este acuerdo desde poco después de su firma interpretando que la curva de reserva debía calcularse sumando el agua acumulada en Contreras, Tous y Alarcón y no sólo en este último embalse, como indicaba el convenio.

El 13 de junio de 2002, con el embalse de Alarcón por debajo de la curva de reserva vigente para ese mes, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar autorizó el suministro de hasta 12 hectómetros cúbicos de aguas del Júcar para la sustitución de bombeos en los Llanos de Albacete. USUJ recurrió y ganó su recurso en el TSJ de Valencia, pero el abogado del Estado presentó un recurso de casación que ha sido desestimado por el Tribunal Supremo.

La estipulación 4.ª del citado convenio -por el que USUJ, propietario del embalse, cedió al Estado el pantano de Alarcón- reconocía el derecho preferente de los regantes y usuarios valencianos sobre las aguas de Alarcón y concretaba la «efectividad» de este reconocimiento a las garantías que ofrece la curva de reserva.

En la fase negociadora, USUJ y el Gobierno estuvieron manejando distintas fórmulas, tanto centradas en Alarcón como en el conjunto del sistema Júcar. Sin embargo fue el Gobierno, presidido entonces por José Maria Aznar, quien descartó una curva de garantía en todo el sistema y sólo la aceptó en Alarcón.

Pocos meses después de la firma del convenio aplicó una política radicalmente contraria hasta el punto de que muchos usuarios valencianos del Júcar se sintieron engañados por el Gobierno. Habían entregado el embalse pero a la primera ocasión que tuvo y pese a la sequía, Madrid tiró mano del agua de Alarcón para el regadío albaceteño, con derechos recogidos en el Plan Hidrológico del Júcar.

Negociación
Juan Valero de Palma, secretario general de USUJ, admite que el convenio quedó entonces «desvirtuado». Ayer manifestó que la sentencia «reconoce que por debajo de la curva de reserva sólo cabe derivar agua para abastecimiento de poblaciones» e «interpreta que la curva de reserva sólo se puede calcular en Alarcón y no en el conjunto del sistema Júcar».
«Lo primero ahora es que se cumpla la sentencia, que se ejecute, y para ello estamos en contacto ya con la Confederación, pero además nos va a dar una posición de fuerza razonada para incorporar el Convenio de Alarcón como un plan de explotación para el sistema Júcar dentro de futuro plan hidrológico».

Diez años de convenio y una sequía de por medio
Los regantes del Júcar sostienen que la curva de reserva en Alarcón y el incremento de las garantías que representa no es sólo en beneficio de USUJ. «Si entramos antes en la curva de reserva, antes se ponen en marcha todas las medidas alternativas para intentar mantener el máximo volumen de agua en los embalses y eso es un beneficio de todos», declara Juan Valero de Palma. El secretario general de USUJ cree que el Convenio de Alarcon «ha permitido incorporar a la última sequía 243 hm3 de recursos alternativos sin los que el sistema hubiera quebrado», incapaz de atender todas las demandas si se hubiera seguido sacando agua de los embalses. Valero de Palma añade que el convenio ha ayudado a desarrollar el Plan Hidrológico del Júcar, «el suministro de agua potable a Albacete, la sustitución de bombeos en la Mancha Oriental o que el canal Júcar-Túria sólo tenga que recurrir a los caudales subterráneos cuando es estrictamente necesario». «El convenio ha sido bueno para todos los usuarios», concluyó Valero de Palma.

J. SIERRA VALENCIA El río Turia está arrojando miles de litros de agua al mar en plena temporada de riego a través del cauce nuevo sin que nadie se haga responsable de este dispendio, especialmente grave en una comunidad autónoma acostumbrada a sufrir sequías y cuyas autoridades reivindican constantemente el agua del Ebro.

El derroche de agua en el Turia es un hecho evidente y visible para miles de valencianos que a diario cruzan el puente de Quart-Mislata, el de Xirivella e incluso el de la CV-36 que une Valencia con Torrent y Picanya. Sin embargo, la estación de aforos del azud de la Cassola o del Repartiment no refleja el paso de este caudal. De hecho, la última vez que pasó agua por aquí fue, al menos oficialmente, en mayo de este mismo año.

La falta de aforos impide conocer el volumen exacto de agua que se desvía por el cauce artificial y que no tiene aprovechamiento de ningún tipo, ni siquiera medioambiental como sí ocurre en el tramo final del Júcar.
Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar explicaron que este organismo «se limita a facilitar los caudales que solicitan los usuarios», liberando en el pantano de Loriguilla una cantidad de metros cúbicos previamente acordada en la Comisión de Desembalses del Turia y acorde con la concesión.
«A partir de ese momento es responsabilidad de los regantes y el resto de usuarios el uso que hagan del agua», dijeron las fuentes.

Desembalses
Según la Confederación Hidrográfica del Júcar en los últimos 30 días se están desembalsando 9,5 metros cubicos por segundo. Entre Bugarra y Vilamarxant (Pueblos Castillo), el caudal desciende en unos tres metros cúbicos por segundo. Sin embargo, a la altura de la Presa de Aguas Potables, donde la ciudad de Valencia toma un metro cúbico por segundo para su abastecimiento, el caudal vuelve a situarse en torno a los 10 metros cubicos por segundo gracias a los retornos de riego. Finalmente, la CHJ tiene autorizados 4,2 metros cúbicos por segundo a la Real Acequia de Moncada y cinco a las disminuidas Acequias de la Vega. En teoría, a partir de la Cassola o Repartiment, toda el agua disponible en el Turia debería estar repartida y no circular por el cauce nuevo, aunque es obvio que circula. La observación directa indica a que no son grandes cantidades de agua, aunque la imagen ofrecida no se corresponde con la de un modelo eficaz en la gestión del agua.

La urbanización de l’Horta y Valencia hace caer la demanda
Fuentes consultadas por Levante-EMV apuntaron a la posibilidad de que no se esté tomando del río Turia toda el agua que se solicita a la Confederación Hidrográfica del Júcar. «Las acequias de la Vega han perdido mucha superficie de riego por culpa de la expansión urbana, Moncada también, y además tiene depuradoras conectadas que complementan la demanda», dijeron.

«A veces se pide agua más por tradición que por una necesidad real, como si no llegar al límite de la concesión pudiera volverse en contra del titular del derecho algún día». Además, explican las fuentes, «la modernización del regadío ha reducido las demandas y la lejanía del último lugar donde es posible regular el agua -el embalse de Loriguilla- a los campos donde se concreta la demanda- l’Horta Nord y el entorno de Valencia- impide ofrecer caudales con mayor flexibilidad. No es posible cerrar de noche y abrir de día».

El agua de Loriguilla es usada por la comunidad de los Pueblos Castillo a través de tres acequias: Vilamarxant, Benaguasil y Lorca. A la altura de Paterna y Manises se producen detracciones en la Presa para Aguas Potables de Valencia, en el azud de la Acequia de Moncada y el del Repartiment o la Cassola, donde se toma el agua para las acequias del Tribunal de las Aguas.