La Generalitat de Cataluña ha sacado a exposición pública su Plan de Gestión de Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña, equiparable a un plan hidrológico para los ríos catalanes en el que, sin embargo, se incluyen medidas que afectan al Ebro e incluso al río Sènia, actualmente integrado en la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Pese a que el documento reconoce en todo momento las competencias del Estado en los ríos del territorio catalán incluidos dentro de la cuenca del Ebro, el Plan incluye un «Plan de Medidas» que abarcan a toda la comunidad y unas «Propuestas al Plan de Gestión del Ebro» que suponen condicionar la gestión de este río y la del Sènia, hasta el punto de que por la vía de fijar el caudal ecológico de los grandes afluentes pirenaicos del Ebro y el que debe regir en el Delta, el documento condiciona cualquier uso futuro de las aguas de este río, incluido un hipotético trasvase.
El documento incluye también la creación de un sistema de gestión denominado Sistema Sud, en el que se establece, para la atención de demandas futuras, una conexión entre todos los abastecimientos de la zona y los recursos suministrados a través del minitrasvase del Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT). De este modo, se mantiene la propuesta de conectar el CAT —que tiene estatus de trasvase—con sistemas de gestión situados más al norte y que en caso de déficit pueden abastecerse de la desaladora de Foix. Se trata, en definitiva, de reforzar una conexión entre dos cuencas que administrativamente son distintas— Cuenca del Ebro y Cuencas Internas de Cataluña— recuperando, sin decirlo expresamente, el fallido trasvase de emergencia del Ebro planteado hace dos años en plena sequía y que finalmente fue abortado cuando llegó la lluvia y se terminó la desaladora de Foix.
Finalmente, la planificación hidrográfica propuesta por Cataluña incluye como propios acuíferos que son compartidos con otras demarcaciones como la del Ebro o la del Júcar (Sènia).

Preocupación
El proyecto del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro recoge una reserva de 40 hm3/año para Castilla-León; 128,75 hm3 para Rioja, y 32 par los regadíos de Navarra. Además, a solicitud del Gobierno de Aragón y de acuerdo a su Pacto del Agua, se recoge la asignación de 6.550 hm3/año que posteriormente se incluyó en el Estatuto de Aragón concretada en 4.260 hm3/año para los usos actuales y 1.440 hm3/año para «nuevos desarrollos».

Caudales ecológicos
En su Plan Hidrológico, la Generalitat afirma que «tales asignaciones y reservas pueden poner en riesgo el cumplimiento de los caudales ecológicos que propone Catalunya». Recuerda que el Plan Hidrológico Nacional vigente incluye un caudal de protección del Delta «que obliga a fijar un régimen hídrico que permita el desarrollo de las funciones ecológicas del rio, del Delta y del ecosistema marino próximo.
«Se entiende —afirma la Generalitat— que las reservas y asignaciones establecidas en el Proyecto de Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro deben supeditarse a los caudales ecológicos propuestos para el río, los cuales han de estar garantizados de forma prioritaria en el plan».
«En tanto esas reservas impidan o mediaticen los caudales ecológicos han de ser suprimidas», concluye el documento elaborado por la Generalitat de Catalunya.

En pleno debate sobre el agua, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, aseguró ayer en Riola que si los recursos hídricos con los que cuenta en la actualidad el sistema de almacenamiento del Júcar se usan con moderación, el agua está garantizada para todos los usos al menos para las cuatro próximas temporadas, tanto para uso industrial, el abastecimiento de las poblaciones y el riego. Moragues aseguró que a la CHJ le salen las cuentas «para los próximos tres o cuatro años siempre que hagamos un uso razonable del agua del Júcar aunque dependerá también de cómo sean los próximos años si son muy secos o no. Este está siendo muy bueno en cuestión de agua e incluso los regantes de la Ribera Baixa nos dicen que les sale agua por todos los lados en los campos de arroz», dijo Moragues.
Las últimas lluvias han recargado los acuíferos y han llenado los embalses hasta cotas que los regantes del Júcar no recordaban en décadas e incluso han permitido alcanzar registros históricos como ha ocurrido esta misma semana en el pantano de Tous. Moragues se refirió a la presa de la Ribera, que alcanzó el lunes el máximo de su capacidad histórica desde su inauguración en 1996 al superar el 60% con 244 hectómetros cúbicos. La presa de Tous se sitúa en lo que técnicamente se conoce como el segundo escalón de carga, una prueba que se realiza en el embalse para tratar de identificar fugas o filtraciones de agua. El presidente de la CHJ aseguró que el embalse de Tous «está funcionando correctamente. La idea es tenerlo a 244 hectómetros cúbicos tres semanas y después comenzar a desembalsar agua de forma controlada y a una velocidad muy limitada para comprobar cómo responde». c. alosalzira

La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, prácticamente muda durante todo el debate sobre el Estatuto de Castilla-la Mancha y el debate sobre caducidad del trasvase Tajo-Segura, tomó partido finalmente ayer para dar su apoyo al fallido estatuto, al que elevó a la categoría de pilar en el que el Gobierno pretendía basar un «pacto» nacional del agua.
Elena Espinosa, afirmó ayer en Toledo que el Ministerio «ha tratado de hacer un gran pacto por el agua, que empezaba con el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que no ha sido posible porque no hemos contado con el apoyo del PP».
Espinosa asegura que el departamento que dirige sigue dispuesto a alcanzar un acuerdo en materia de agua, «pero los demás también tienen que estar abiertos a esta colaboración, y al gran pacto que necesita España por el agua».
«Quiero que entiendan que más allá de un tema concreto, y me da igual si estamos hablando de campos de golf, de una refrigeración de una empresa, o de la necesidad de agua para consumo humano, en este país el compromiso tiene que ir más allá, y no sólo ha de ser del Gobierno de España, sino de los partidos políticos para que sea posible», insistió la ministra.

Tensión
La portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, confirmó que la Junta está estudiando con su departamento jurídico una posible demanda por el uso indebido del agua del trasvase Tajo-Segura en base a las conclusiones del informe del Centro Regional de Estudios del Agua (CREA).
El anuncio sobre la posible presentación de una demanda por via judicial ha enturbiado y añadido tensión a las relaciones entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Región de Murcia.
La portavoz del Gobierno murciano, María Pedro Reverte, aseguró que «son los castellano manchegos los que deberían llevar a su presidente, José María Barreda, a los tribunales para ver si ante los jueces da respuesta, de una vez por todas, sobre cuál ha sido el destino del dinero -unos 110 millones de euros- que han pagado los regantes por el agua del trasvase Tajo-Segura y que deberían haberse invertido en infraestructuras hídricas en esa comunidad».
La portavoz calificó de «sorprendente» que «el único problema que tiene en la agenda el Consejo de Gobierno de Barreda en pleno sea insultar cada día a los murcianos».

El embalse de Contreras, terminado en 1974 , nunca había alcanzado el nivel que ofrece estos días. Acumula ya 443 hectómetros y suma y sigue. Se construyó para albergar 874 hectómetros, casi el doble de lo que almacena ahora, pero nunca llovió lo suficiente y cuando en 1977 el agua del pantano , que tiene dos presas, la principal -de Contreras- y la del Collado, comenzó a lamer esta última, todas las alarmas se dispararon al detectarse movimientos inusuales. Se echó el freno en el llenado cuando el pantano alcanzó un nivel similar al actual y comenzó el seguimiento de la presa. Fue entonces cuando se fijó un máximo nivel de embalse en 444 hectómetros cúbicos que no se había vuelto a alcanzar oficialmente hasta este fin de semana.
«Las eternas dudas sobre la estabilidad de las margas sobre las que se apoya la presa del Collado», son, admite el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, las que impiden llenar «alegremente» el embalse y las que aconsejan abrir las compuertas y dejar que el Cabriel escape aguas abajo, hasta Tous, que ha alcanzado también su máximo nivel histórico.
«Hay unos informes del CEDEX muy exhaustivos sobre el Collado y lo cierto es que tenemos ya 16 metros de columna de agua por encima de lo que es la base de la cimentación de la presa sin que se haya detectado nada anormal. Lo que hemos hecho es ampliar y recuperar los piezómetros y la red de inclinómetros de esa ladera para, conforme vaya subiendo el agua, ir tomando decisiones sobre si mantenemos ese límite histórico …o lo superamos, pero con gente a pie de presa midiendo filtraciones, presiones intersticiales, etc.»
«No podemos jugar con algo así, pero tampoco queremos que se pierda ni una gota de agua, de modo que si podemos almacenar 20 o 30 hectómetros cúbicos más seguiremos subiendo mientras los caudales del rio y la presa lo permitan», apostilló Moragues.

Un lujo inusual
La CHJ está planificando ya una campaña inusual, tan rebosante de agua que tan solo unos pocos veteranos de la casa recuerdan algo similar. Sin embargo, los criterios siguen siendo los de máximo ahorro. Nunca nadie sabe cuando volverá la sequía,solo que vuelve.
A partir de esta semana, la CHJ dejará salir hasta 23 metros cúbicos por segundo de Contreras que circularan por el Cabriel y el Júcar hasta quedar retenidos en Tous. Una buena oportunidad para hacer «rafting» y disfrutar del río Cabriel.
La suelta se hará probando alternativamente todas las válvulas y desagües, incluido el gran desagüe intermedio construido hace unos pocos años y que no se había podido probar por falta de agua. También se pondrán a prueba las nuevas turbinas de Iberdrola en Contreras.

Pruebas en Tous
Una vez en Tous y después de producir millones de kilovatios en Cortes y Millares, el agua será utilizada para hacer un nuevo «escalón de prueba» en el embalse de la Ribera. Las presas tienen que llenarse poco a poco, año a año, sobre todo si se trata de diques de núcleo de arcilla y materiales sueltos como Tous. El año pasado se llenó hasta el nivel de 200 hectómetros cúbicos y todo fue bien. «Este año ya tenemos algo más de 210 hm3 y toca hacer el siguiente escalón de carga, el penúltimo, para llegar a 235 hectómetros», explica Moragues.
Una vez alcanzado ese nivel se mantendrá durante 20 días. Se observarán movimientos en la presa, filtraciones. Es posible incluso que el agua, al subir, encuentre un conducto calizo y escape para salir quien sabe dónde, algo que también puede ocurrir en Contreras. Si ocurre, habrá que sellar las fugas inyectando hormigón.
Veinte días de intensas mediciones y llegará el momento de soltar agua para el arrozal y los riegos. «Con lo que habrá en Tous- antes de que finalice septiembre solo puede tener 70 hectómetros para recibir posibles riadas- y las aguas fluyentes del Júcar y sus afluentes, creemos que podemos estar muy cerca de completar las necesidades de la campaña. Sólo si hiciera falta entonces volveríamos a sacar agua de Contreras», concluye Moragues.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, advirtió ayer que » a partir de ahora vamos a luchar todavía con más fuerza, con más gana y más energía», y a «elevar el tono de nuestras reivindicaciones cuenca a cuenca, río a río, palmo a palmo», mediante la defensa de los planes hidrológicos, actualmente en revisión y entre los que se encuentra el del Júcar.
«Castilla-La Mancha tiene 80.000 kilómetros cuadrados en el centro de la península y por ella transcurren los ríos más importantes, lo cual demuestra nuestra importancia estratégica estrategia. Eso es lo que ha cambiado ahora porque antes no existíamos y por lo tanto no había ninguna fuerza política que se articulara y organizara para defender nuestros intereses», declaró Barreda.
Las declaraciones de Jose María Barreda se producen en un momento delicado para el nuevo Plan Hidrológico del Júcar, del que Castilla-La Mancha cuestiona incluso la distribución territorial propuesta por el Gobierno Central con el objetivo de tener la mayoría territorial en la nueva Demarcación Hidrográfica del Júcar y mayor peso en sus órganos de decisión.

Riesgo «disipado»
El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, aseguró ayer que con el anuncio de la convocatoria de un pleno de las Cortes castellano-manchegas para la retirada de su estatuto, queda «definitivamente disipado todo riesgo y peligro sobre la integridad, continuidad y mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura».
Alarte reivindicó que desde hace más de un año, los socialistas valencianos han mantenido «con firmeza, rigor y seriedad» su «inamovible compromiso de defensa del Trasvase Tajo-Segura, de los intereses de los alicantinos y alicantinas y en defensa, en definitiva, del interés de la Comunitat Valenciana».
El PP resucita el trasvase del Ebro
El pleno de las Cortes valencianas aprobó ayer, con los únicos votos del PP, instar al Consell a «continuar realizando los esfuerzos necesarios para impedir que se establezca reserva hídrica alguna que no esté contemplada o legitimada en un Plan Hidrológico Nacional».
El texto, presentado por los populares, también emplaza al Gobierno a mantener el trasvase Tajo-Segura «conforme a las leyes que regulan en la actualidad esta transferencia hídrica» y a retomar y ejecutar el derogado trasvase del Ebro para la «consolidación de los usos implantados en las cuencas del Segura y del Júcar».
La oposición criticó la iniciativa del PP por «mezclar una serie de cuestiones de forma premeditada» e impedir así el consenso y propuso sacar la parte relativa al Tajo-Segura para llegar a un acuerdo. El diputado socialista Adolf Sanmartín rechazó el texto presentado por el PP por ser un «panfleto que mezcla toda una serie de cuestiones de forma premeditada» .

La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra el Reino de España por supuestos incumplimientos en la aplicación de la Directiva Marco del Agua. Entre los asuntos que las autoridades europeas creen que no han sido resueltos satisfactoriamente de acuerdo a la norma europea figura la delimitación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y con ella la de las Cuencas Internas de la Comunitat Valenciana, según informaron ayer fuentes de la organización ecologista WWF.
A partir de la notificación, España tiene un plazo de dos meses para corregir las deficiencias en el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua que ha motivado la apertura de un dictamen motivado de la Unión Europea tras la queja presentada por WWF.
El Ministerio de Medio Ambiente sigue sin aprobar definitivamente la delimitación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar que debe sustituir a la actual Confederación Hidrográfica. La distinta visión del territorio de la cuenca que tienen Castilla-La Mancha y la Generalitat Valenciana y la negativa del Consell a asumir las competencias sobre sus cuencas internas-ríos que nacen y desembocan en el mar en territorio valenciano- envenenan desde hace años el proceso mientras el ministerio retrasa la toma de decisiones para no provocar nuevas tensiones en su relación con los gobiernos autonómicos.
Según Alberto Fernández, responsable de Aguas Continentales en WWF, la CE está viendo que los criterios para la delimitación de las demarcaciones hidrográficas «no son correctos por mala aplicación de la definición de cuenca hidrográfica de la DMA.

Los regantes tradicionales del Júcar han roto momentáneamente el clima de colaboración con la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, a la que acusan abiertamente de ser cómplice del incumplimiento del Plan Hidrológico del Júcar (PHJ) y de actuar en beneficio de Castilla-La Mancha.
Los regantes de USUJ han decidido presentar un recurso contra la concesión de aguas superficiales del Júcar para Albacete en tanto que este ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Júcar, que tramita el expediente, no reconozcan que la concesión debe estar subordinada al cumplimiento del Convenio del embalse de Alarcón.
El citado convenio, contemplado en el artículo 24 del PHJ, permite el uso por terceros de las aguas reguladas en este embalse siempre que no se encuentre por debajo de la «curva de reserva» establecida en favor de los regantes valencianos, que construyeron y pagaron Alarcón.
Incluso por debajo de esa curva otros usuarios pueden disponer del agua de Alarcón siempre que indemnicen a sus propietarios-los regantes valencianos- por el coste que tienen extraer agua de los pozos en lugar de recibirla sin cargo alguno a través del río.
Este convenio, firmado por los regantes de USUJ y el Ministerio de Medio Ambiente en julio de 2001 no es reconocido ni por el Ayuntamiento de Albacete, ni por los regantes manchegos ni por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los regantes de USUJ y ha roto el ambiente de colaboración con la CHJ ha sido la «desaparición» del condicionante que vinculaba la concesión de Albacete al cumplimiento del convenio.
Según USUJ ha sido la Confederación Hidrográfica del Júcar quien «de oficio y sin oir a los interesados en el expediente», entre ellos USUJ, «ha eliminado» del expediente la propuesta de condiciones que figuraba en los documentos oficiales.
USUJ asegura que apoya el Plan Hidrológico del Júcar y todas las actuaciones incluidas, incluido el abastecimiento a Albacete, aunque condicionado al cumplimiento del convenio.

Confianza rota
Más allá del contenido del recurso, el escrito presentado por USUJ es un aviso dirigido a la CHJ y al Ministerio de Medio Ambiente. Afirman que «ante la territorialización del problema del agua, especialmente grave en Castilla -La Mancha, hemos querido confiar en una administración central fuerte y objetiva» pero «desde hace años» la Confederación Hidrográfica del Júcar y el Ministerio de Medio Ambiente «se están dejando arrastrar» por «la presión de los medios de comunicación que se hace desde Castilla-La Mancha».
Los regantes afirman que han denunciado en la CHJ «todos los incumplimientos del Plan Hidrológico del Júcar que se producen en Castilla-La Mancha con la colaboración de la propia Confederación Hidrográfica del Júcar».
USUJ asegura por último que el PHJ está siendo objeto «de graves incumplimientos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar» y «siempre en beneficio de los usuarios de Castilla-la Mancha».
«A partir de ahora-advierten- nos vemos obligados a utilizar los mismos instrumentos que Castilla-La Mancha y hacer una campaña permanente en los medios de comunicación con los temas de agua y nuestras reivindicaciones para intentar equilibrar la posición» de la CHJ y el Ministerio de Medio Ambiente.

Albacete ha obtenido el agua potable de pozos situados muy cerca de la ciudad. La explotación salvaje del acuífero ha hecho descender casi 70 metros el nivel del agua y empeorado notablemente su calidad. El ayuntamiento quiere ahora una concesión sobre las aguas reguladas en Alarcón que ya utiliza, pero sin reconocer previamente el Convenio que regula su uso. En 2005, 2006 y 2007, la sequía hizo que el agua almacenada en todos los embalses del Júcar fuera insuficiente para los usuarios tradicionales (USUJ). La CHJ liberó entonces de los embalses del Júcar 247 hectómetros cúbicos reservados a USUJ, de los que Albacete utilizó 29,3 hm3. En Valencia hubo que extraer agua de los pozos pagando una elevada factura eléctrica y se produjeron mermas de cosecha. La indemnización girada por la CHJ asciende a 1,09 millones de euros. El Ayuntamiento de Albacete no ha pagado y ni siquiera recurre la liquidación, simplemente la ignora. j. s.valencia

Albacete no reconoce el Convenio de Alarcón
Albacete ha obtenido el agua potable de pozos situados muy cerca de la ciudad. La explotación salvaje del acuífero ha hecho descender casi 70 metros el nivel del agua y empeorado notablemente su calidad. El ayuntamiento quiere ahora una concesión sobre las aguas reguladas en Alarcón que ya utiliza, pero sin reconocer previamente el Convenio que regula su uso. En 2005, 2006 y 2007, la sequía hizo que el agua almacenada en todos los embalses del Júcar fuera insuficiente para los usuarios tradicionales (USUJ). La CHJ liberó entonces de los embalses del Júcar 247 hectómetros cúbicos reservados a USUJ, de los que Albacete utilizó 29,3 hm3. En Valencia hubo que extraer agua de los pozos pagando una elevada factura eléctrica y se produjeron mermas de cosecha. La indemnización girada por la CHJ asciende a 1,09 millones de euros. El Ayuntamiento de Albacete no ha pagado y ni siquiera recurre la liquidación, simplemente la ignora. j. s. valencia

JOSÉ SIERRA VALENCIA ?Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha ratificado la legalidad de la reserva de caudales en el pantano de Alarcón en favor de los regantes tradicionales del Júcar y su derecho a ser indemnizados cuando el nivel de los recursos almacenados en el sistema descienden por debajo de de 263 hectómetros cúbicos en verano.
La compensación, que el TSJ-CV, entiende fundada en el texto reformado de la ley de Aguas y en el artículo 32 del Plan Hidrológico del Júcar, en el que incardina el Convenio de Alarcón, se justifica en que los regantes valencianos tienen que sufragar el coste energético de los rebombeos y de extraer agua del acuífero para que otros usuarios con menor derecho puedan disponer de agua de Alarcón en situación de sequía.

Una pretensión desactivada
La sentencia ratifica las liquidaciones giradas por la Confederación Hidrográfica del Júcar en nombre de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) contra el Ayuntamiento de Albacete, la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo) y el canal Júcar-Turia y desactiva en parte la pretensión de algunos usuarios castellano manchegos de ilegalizar cualquier uso del agua fuera del ámbito geográfico del río Júcar.
Así, el TSJ de la Comunitat Valenciana, rechaza el recurso de los regantes y ayuntamiento albaceteños contra la cesión de caudales del Júcar para la comunidad del canal Júcar-Turia (que incluye, entre otros usuarios, a la ciudad de Valencia) y para la mancomunidad de los Canales de Taibilla (Alicante) que anticipaban la posición -recurrir a los tribunales- ante los próximos envíos a través del Júcar-Vinalopó.
En su recurso aseguran que la Confederación Hidrográfica del Júcar es «incompetente» para autorizar estos envíos pues considera que está «ilegalmente constituida» -dicen en su recurso- con un ámbito territorial que comprende cuencas hidrográficas cuya gestión no es competencia del Estado, sino de la Generalitat. En consecuencia, según esta argumentación, también los órganos colegiados de la CHJ están integrados por representantes de organizaciones y entidades «ajenos al ámbito territorial» y los envíos de agua a Valencia y Alicante (Taibilla) son en realidad trasvases que debe decidir el Gobierno y no la CHJ.

Sentencia de largo recorrido
Todos estos argumentos, basados en la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 que anuló algunos preceptos del Plan Hidrológico del Júcar, son rechazados por el TSJ-CV, que reduce los efectos de la citada sentencia a la anulación de los preceptos del PHJ en cuanto afectan a cauces intracomunitarios que debía gestionar ya la Generalitat Valenciana, pero no invalida ni la gestión ni los acuerdos adoptados por la CHJ en el ámbito de sus competencias territoriales actuales.
El Ayuntamiento de Albacete también incluyo en su recurso esta variante «política», además de recurrir el pago de las compensaciones.
Por su parte, el recurso del canal del Júcar-Turia, que suministra a miles de regantes valencianos y al área metropolitana de Valencia, se centra en los aspectos económicos-indemnizaciones a los regantes tradicionales- y afirma, entre sus argumentos, que el Gobierno debió de expropiar la propiedad de Alarcón asumiendo su coste y «no trasladarlos» ahora a otros usuarios.
El TSJ-CV defiende la legalidad de esta compensación que la CHJ recauda por cuenta de los regantes y dice que encuentra amparo en el Plan Hidrológico del Júcar y en el Real Decreto de 20 de julio de 2001 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, que faculta a las confederaciones a condicionar y limitar el uso del agua y a plantear indemnizaciones si se generan perjuicios a los titulares de concesiones que resulten afectados.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha contratado los servicios del Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), con el profesor Fernando Ortega, antiguo director general del Agua en esta comunidad, como investigador principal, con la misión de «apoyar» y «asesorar» a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda «sobre las pautas y criterios técnicos para la confección de los Planes Hidrológicos de las cuencas hidrográficas que afectan a Castillla-La Mancha».
Se trata, dice la Junta, de que los planes de cuenca en elaboración «recojan adecuadamente las necesidades y demandas de nuestra comunidad autónoma».
Para lograrlo, la Junta no escatimará recursos y destinará 200.000 euros mientras la universidad pública corre con el resto hasta 357.000 euros de presupuesto.
«Parte de la labor de asesoramiento del grupo de trabajo de la UCLM-añade la Junta-, al que se sumarán los equipos técnicos de la conselleria, consistirá en definir correctamente el ámbito territorial de las diferentes demarcaciones hidrográficas que afectan a Castilla-La Mancha, con especial interés en el Júcar y Segura».
En en el proyecto, cuyo plazo de duración es de 18 meses, colaborarán hasta 15 investigadores del CREA a los que se sumará el personal técnico de la conselleria.

Plan Hidrológico
El rearme de Castilla-La Mancha en defensa de sus intereses en el Júcar y el Tajo se produce en un momento «crítico» para la elaboración de los nuevos planes hidrológicos, en especial en el del Júcar, donde todavía no existe acuerdo respecto a la delimitación de la cuenca. Además y de forma significativa existe un profundo desacuerdo sobre el «diagnóstico» de la situación actual, cuales son las causas que han conducido a la notoria pérdida de caudales del Júcar y cuales serían las posibles soluciones.
En Castilla-La Mancha no ha sentado bien que la Confederación Hidrográfica del Júcar continué trabajando en el nuevo Plan Hidrológico sin cerrar antes el espinoso tema de la demarcación, ni que el borrador de Esquemas Importantes elaborado por la Confederación Hidrográfica del Júcar se proponga un balance hídrico que solo es posible cumplir con sustanciales reducciones de las extracciones en La Mancha del Júcar.
Paco Sanz, de Xúquer Viu, destacó también la personalidad del «investigador principal», cuyas intervenciones en la Comisión de la Sequía son todavía recordadas por la permanente reivindicación del control castellano-manchego sobre el río y la negación de cualquier responsabilidad sobre el decrépito estado del Júcar. «Quieren utilizar la Universidad de Castilla-la Mancha como garante de sus barbaridades y como patente de corso», añade.
«Lo grave-concluye- es que mientras del lado de Castilla-La Mancha hay un apoyo total a sus reivindicaciones, aquí estamos solos en la defensa del Júcar, pagando todo de nuestro bolsillo y dedicándole nuestro tiempo libre».