La Confederación Hidrográfica del Júcar prevé la aparición de problemas para ajustar la oferta y la demanda de agua en el nuevo plan hidrológico del Júcar, condicionado, entre otras razones, por el descenso en las aportaciones de aguas superficiales, las «limitaciones» que tienen los planes de modernización de regadíos a la hora de liberar recursos, y el cumplimiento de los criterios medioambientales, que será obligatorio incluso en regiones como la valenciana donde existe un déficit estructural de agua.
Aunque se trata todavía de borradores pendientes de ser ajustados en el proceso de debate sobre el «esquema de temas importantes» -paralizado hasta que se delimiten las cuencas hidrográficas que son responsabilidad exclusiva de la Generalitat Valenciana-, los trabajos previos realizados por la Confederación Hidrográfica del Júcar destacan como «cuestiones clave» a tener en cuenta en el futuro plan la «probable reducción de recursos hídricos renovables».
La CHJ maneja dos escenarios distintos derivados del uso de la serie estadística larga -1940-2006- y la corta -1980-2006-, con reducciones de hasta el 40% en la infiltración por lluvia en las zonas de Cuenca, Teruel y Albacete, donde ganan su caudal los ríos Júcar, Cabriel y, en menor medida, el Turia.
Los estudios constatan una variación «espacial» de las precipitaciones-llueve más en la costa y mucho menos en el interior- y una disminución global de las aportaciones, muy acusada en los últimos 25 años.
Con estos parámetros, el recurso renovable disponible se quedaría en 3.294 Hm3 anuales, una cantidad que puede ser menor si se acrecientan los efectos del cambio climático. «Hay menos agua disponible, puede haber todavía mucha menos de lo que ahora se estima y además ya no pueden ignorarse los requerimientos medioambientales», apuntan desde la Confederación.
Así, el recurso a las aguas subterráneas estará condicionado por la necesidad de mantener el equilibro entre el recurso disponible y las extracciones. El índice de explotación «k», resultado de dividir las extracciones por el recurso disponible no puede ser mayor de 0,8, lo que deja en el límite de la explotación sostenible a decenas de acuíferos valencianos. Como restricción medioambiental deben de mantenerse todas las descargas de los acuíferos a la red fluvial, lo que limita todavía más la gestión del recurso.
Respecto a la demanda previsible, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha hecho ya decenas de proyecciones, aunque existen todavía grandes incertidumbres, especialmente en lo relativo al consumo de agua para uso de boca.
Demanda en crecimiento
En la actualidad, la demanda se sitúa en torno a los 551 Hm3/anuales y se prevé que en 2015 ascienda a 679,1. La incógnita crece para los años posteriores y la CHJ maneja para el 2007 un horquilla de consumo entre 738 y 903 hectómetros, excesivamente amplia a la hora de hacer una planificación. Respecto al regadío, la CHJ admite un incremento de casi 100.000 hectáreas desde 1982 a 2004, la mayoría en Castilla-La Mancha. Aunque la tendencia parece estabilizada, la CHJ recoge en sus informes la existencia de una demanda bruta muy elevada todavía, con 2.505 hectómetros cúbicos anuales. En 2015, la modernización de regadíos habrá finalizado y la demanda bruta se situará en 2.294 hm3, con un ahorro de 211 hm3 respecto a la situación actual. En este sentido, la CHJ, atendiendo a la necesidad de mantener caudales medioambientales aguas abajo de los primeros regadíos y fijar un nivel de recarga en los acuíferos costeros suficiente para evitar la intrusión salina, invita a ser «prudentes» en la estimación de los ahorros derivados de la mejora de la eficiencia en el riego
Compensar el déficit
Por último, la CHJ destaca la «importancia» pero también las «limitaciones» de las escasas actuaciones proyectadas para incrementar la oferta. Dentro del ámbito de la demarcación Júcar, y excluida por ello la amplia zona del sur de Alicante abastecida por el Segura, la CHJ preve un incremento de la reutilización de aguas depuradas.
Sin embargo, también aquí se pronuncia con cautela. Así, el volumen total depurado asciende hoy a 524 hm3/año y el reutilizado 151 hm3. Sin embargo, en 2015 se estima una reutilización real de la mitad de lo depurado actualmente, sin superar los 248 hectómetros cúbicos.
Por último, las desalinizadoras tan solo aportarán en 2015 97 hm3 ya que las más importantes se situan en el ámbito de la cuenca del Segura, donde existe una mayor necesidad de caudales. No existe, de momento un balance oficial que confronte los recursos propios disponibles en el interior de la cuenca y las demandas previsibles, pero las calculadoras echan humo.

El presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte, anunció ayer que pedirán, «de manera inmediata», una entrevista con la titular de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM), Elena Espinosa, para aclarar aspectos relacionados con la revisión del Plan Hidrológico del Júcar.
Los regantes han tenido acceso a los borradores del nuevo Plan Hidrológico del Júcar en el que se establecen los límites de la nueva «Demarcación Júcar» que sustituye al ámbito territorial de la actual confederación hidrográfica.
La nueva distribución territorial, que incorpora la división entre ríos intracomunitarios-cuya gestión debe asumir la Generalitat- y los extra comunitarios, cumple con la sentencia del Tribunal Supremo y con el Estatut de Autonomía. Además, supondría mantener una mínima mayoría de representantes procedentes de la Comunitat Valenciana en los órganos de gestión del Júcar.
Por el contrario, Belmonte cree que el texto pretende eludir el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de por la que se anularon varios artículos del Plan Hidrológico del Júcar vigente.
Desde la óptica de Castilla-La Mancha cumplir la sentencia pasa por desgajar la cuenca del Júcar de la del Turia, Vinalopó, Mijares, así como a la Albufera.
Además de la manipulación geográfica que supondría desgajar la Albufera del Júcar, de cuyas aguas se nutre, la Administración Estatal entiende que no puede crearse una demarcación independiente para cada río intercomunitario. Para la CHJ, el Mijares y el Turia, por razones obvias, pero también el Palancia y el Vinalopó son intercomunitarios.
Esta sustancial modificación, en opinión de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, perjudicaría a los usuarios de Castilla-La Mancha, al tener que repartir los recursos con los de la amplia zona que surge de esta nueva clasificación, y una manera de vulnerar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo.
«Mayoritariamente valencianos»
Los regantes quieren que la ministra escuche «otras opiniones, además de la de los altos cargos del Ministerio, que curiosamente son mayoritariamente valencianos, o han pasado por las instituciones valencianas», manifestó el presidente de los regantes manchegos.
Por último, aseguró que están dispuestos «a ir a Bruselas y lo que haga falta, siempre de manera pacifica», y añadió que esperan contar con el apoyo de las autoridades regionales.

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que gobierna el PP a través de la alcaldesa de Alzira, Elena Bastidas, ha impedido que el Ayuntamiento de Valencia, principal población que se suministra de aguas del Júcar, se quede fuera del «Comité de Autoridades Competentes», en lo sucesivo CAC, a quien la nueva legislación en materia hídrica otorga el máximo poder de influir en la planificación hidrológica del Júcar (PHJ) que marcará la gestión de las aguas de este río en las próximas décadas.
La elección del edil de Benicarló, Antonio Cuenca, del PP, no solo deja fuera al Ayuntamiento de Valencia, el candidato «lógico» a formar parte del Comité, sino que puede ser impugnada en cualquier momento por Castilla-la Mancha, lo que dejaría a los intereses valencianos en minoría dentro del CAC.
El Ministerio de Medio Ambiente invitó a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y a su homóloga en Castilla-La Mancha a que nombrarán representantes dentro del CAC. Castilla-la Mancha situó al concejal de Albacete Ramón Sotos y la valenciana optó por Antonio Cuenca, de Benicarló.
Sin embargo, el texto que regula la elección del CAC especifica que en él estarán representados «los entes locales, cuyo territorio coincida total o parcialmente con el de la demarcación hidrográfica…».
En este sentido, además de la renuncia a tener en el CAC representantes del máximo nivel político, Benicarló no es una ciudad situada dentro de la futura demarcación de la Cuenca del Júcar, de modo que el nombramiento de Antonio Cuenca sería ilegal y cualquier decisión que tomase o asunto en el que participase también.
Una sentencia del Tribunal Supremo y el propio Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana obliga a la Generalitat a tomar el control competencial sobre las cuencas internas formadas por rios que nacen y desembocan en la Comunitat Valenciana.
Fuentes de la Administración del Estado dijeron que el hecho de que la Generalitat todavía no haya asumido esas competencias no condiciona el contenido de la ley ni la regulación que hace de la demarcación hidrográfica del Júcar de la que Benicarló «queda un poco lejos».
Sobre las razones de esta decisión que «debilita» los intereses valencianos en un órgano vital para el futuro hídrico de la Comunitat, tan solo cabe especular, según las fuentes, que apuntaron no obstante la posibilidad de que haya existido «descoordinación», «desinterés» o que se trate de una estrategia para buscar nuevos conflictos con el Gobierno central.

La última semana ha sido especialmente beneficiosa para los embalses del Júcar, cuya reserva hidráulica ha aumentado en 25,17 hectómetros de agua. Sin embargo, por encima de esta cifra se encuentra el hecho de que por primera vez en mucho tiempo los embalses de Alarcón y Contreras, y también el de Benagéber, ha registrado incrementos significativos debido a que las últimas precipitaciones, al contrario con lo ocurrido hasta ahora, sí han afectado a las comarcas del interior donde nacen los ríos Júcar, Cabriel y Turia.
Así, Alarcón ha ganado 3 hectómetros en una semana mientras que Contreras ganaba 4,97 hectómetros y Benagéber 4,89.
Cabe señalar que estos tres embalses son los de mayor capacidad de la cuenca del Júcar y se encontraban ayer al 9,26%, el 14,39% y el 49,41% respectivamente.
Mientras tanto, los embalses situados en la costa siguen prácticamente en equilibrio entre las entradas y salidas de caudal para no superar la curva de reserva en previsión de alguna riada tardía.
En las últimas semanas, los pantanos de la Confederación Hidrográfica del Júcar han aliviado millones de litros de agua ante la incapacidad de almacenarlos sin poner en riesgo a las poblaciones situadas aguas abajo.
Especialmente significativos han sido los desembalses en Tous, que han acabado oxigenando La Albufera, y en el sistema Mijares, donde se han abierto las compuertas de Sichar en arias ocasiones y pese a ello se encuentra al 74,59% de su capacidad.
En el conjunto de la cuenca hay almacenados 791,8 hm3 que supone el 25,17% de la capacidad teórica de embalse.

Un nuevo capítulo de la batalla hídrica entre comunidades que lleva años enquistado en España. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, se mostró ayer muy crítico con el Gobierno de España y mostró cierta distancia ante el presunto giro que parece haber emprendido hacia posturas más favorables respecto a los trasvases.
Cabe recordar que Barreda, junto a la número dos del PP María Dolores de Cospedal, es el principal defensor del estatuto de Castilla-La Mancha, que pretende acabar con el trasvase Tajo-Segura en 2015, una infraestructura vital para la economía de Alicante.
Barreda opinó en una entrevista en el el diario La Razón, que «resulta intelectualmente repugnante aceptar un trasvase desde la cabecera (en referencia al Tajo-Segura, que tiene su toma en La Mancha) y negar otro desde la desembocadura(refiriéndose al Ebro)».
El presidente manchego respondía así a las declaraciones de los últimos días del secretario de Estado de Medio Ambiente, Josep Puxeu, quien reconoció el «error» que supone «gestionar el agua desde los dogmas» -el no por sistema a los envíos de agua entre cuencas.
Barreda afirmó: «Decir que hay que gobernar sin dogmas es una evidencia. Yo suscribo eso, en esto y en todo lo demás: no se puede ser dogmático, pero hay que ser coherente. No se trata sólo de hacerlo allí donde hay más debilidad política, menos habitantes o menos diputados. Esa no es la coherencia hidrológica. Eso sería otra coherencia, pero si sacamos pecho para los trasvases, ¿nos olvidamos definitivamente del Ebro?». El presidente manchego, del PSOE, insinuaba con estas afirmaciones que la defensa que hace el Gobierno del Tajo-Segura y la negativa del obra del Ebro atiende a intereses estratégicos. «Todavía no he encontrado a nadie que me haya podido justificar un caso sí y otro, no. Desde la lógica de la planificación hidrológica, no; desde otras, a lo mejor. Pero, entonces hablemos con claridad», argumentó.
Retirada del estatuto
José María Barreda, además, aseguró que «mantiene» la postura inicial respecto a la tramitación en las Cortes Generales del Estatuto de Castilla-La Mancha y si los intereses de su autonomía «no mejoran sustancialmente», el texto será retirado del proceso.

La Confederación Hidrográfica del Júcar debe aprobar en breve la nueva delimitación de la frontera entre el Júcar y el Guadiana. Aparentemente se trata de un tema menor pero se arrastra desde hace decenas de años y debe ser resuelto antes de continuar con la elaboración de los nuevos planes hidrológicos.
La divisoria de las cuencas hidrográficas del Júcar y del Guadiana se encuentra en plena llanura manchega, sin apenas relieves que permitan identificar ambas vertientes. Tanto es así que el Guadiana tenía una raya y el Júcar otra. Eso en lo que afecta a aguas superficiales; en las subterráneas aún era más difícil. Al final el Gobierno encargó un estudio al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), que ha actuado de árbitro. Al final, tras varias reuniones, informes, análisis de aguas subterráneas y superficiales se ha llegado a un acuerdo que apenas cambiará nada: pequeñas explotaciones agrarias pasarán del Júcar al Guadiana.

El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, sabe que la caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015 contemplada en la propuesta de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha le brinda una oportunidad para reconducir la posición de su partido en política hídrica, asunto sobre el que el PP ha cimentado buena parte de su discurso identitario y patrimonializador de la defensa de los intereses valencianos. En presencia de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, Alarte se remitió a la moción que presentó en las Corts -a favor de mantener el trasvase y en contra de los artículos que limitan las transferencias hídricas- y recordó que el PP «tuvo que votar» esa propuesta de resolución. En este pulso entre populares y socialistas en el que ambas formaciones amagan para que el desgaste lo asuma otro, Alarte apuntó que el «problema es de la señora Cospedal, el señor Camps y el señor Rajoy porque todavía no nos han explicado qué es lo que la señora Cospedal les está ordenando».
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no reveló cuál va a ser la posición del Ejecutivo y dejó flotando en el aire unas palabras multiusos que igual se pueden interpretar de una forma como en sentido contrario. En el «modelo constitucional de reforma de los Estatutos -dijo- la primera palabra la tienen los parlamentos autonómicos y la última palabra el Parlamento de la nación». Acto seguido, aprovechó para proclamar que el agua «es un bien esencial y un derecho de todos los ciudadanos» y reivindicó la labor de un Gobierno que, apuntó, «ha trabajado y garantizado que en la última legislatura nunca ha faltado agua, que todos los ciudadanos hayan abierto el grifo en esta comunidad y hayan tenido siempre agua». El Ejecutivo central ha abordado un asunto que es «complejo» desde una «perspectiva multidisciplinar, utilizando todos los medios para llevar recursos para que los ciudadanos dispongan de ese agua de la manera más autónoma posible y siempre con todas las propuestas económicas, medioambientales y socialmente viables». Esta síntesis que del clásico discurso hídrico del Gobierno alimentó especulaciones en una triple dirección.
Alguno interpretó que simplemente aprovechó para meter una cuña reivindicativa de la política hidrológica en la Comunitat y otros sacaron la conclusión de que el Gobierno está por no enmendarle la plana al presidente castellano-manchego, el socialista Barreda, y subraya que pase lo que pase garantiza el agua. Hubo quien, desde la ejecutiva de Alarte pensó lo contrario, que en este caso Madrid les hará un favor y le aplicará un lifting acuático a la reforma estatutaria.

La estadística del último año hidrológico, desde el 1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre de 2008, confirma que en los últimos doce meses ha llovido un 23% más de media de lo que es habitual, según los datos recopilados por José Ángel Núñez, jefe del servicio de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Valencia. La comarca de la Marina Alta es la que mayor precipitación acumulada ha recogido en términos absolutos, «con cantidades superiores a los 1.400 litros por metro cuadrado». En concreto, los observatorios de Fontilles en la Vall de Laguar (1.654 litros por metro cuadrado), Orba (1.447 l/m2) y Barx, ya en la Safor, (1.403,4 l/m2) son los que han experimentado los mayores acumulados de los últimos doce meses.
En las comarcas de la Ribera Baixa (Sueca, Cullera.), la Marina Baixa y la Safor la anomalía de precipitaciones también ha superado entre un 60% y un 53% las precipitaciones habituales.
A pesar de este superávit existen zonas en la Comunitat Valenciana (el 7% del territorio) donde las precipitaciones han sido deficitarias. Es el caso de los observatorios de Ciudad Jardín y l’Altet en Alicante, la Laguna de Torrevieja y Orihuela.
Aunque el sur de Alicante no ha sido la única zona que ha sufrido las anomalías hidrológicas. Según el informe de Aemet, «las precipitaciones no han alcanzado los valores normales en algunas zonas de Els Ports (+1%) y el Baix Maestrat (7%), en el norte de Castelló, en el Rincón de Ademúz (-3%) y la Plana de Utiel-Requena (+10%), en el interior de Valencia, y en puntos de la Vega Baja y l’Alt Vinalopó en Alicante». Como dato curioso, en Alicante ciudad la anomalía es del 0% ya que si el valor normal es recoger 335 litros por metro cuadrado en el acumulado de un año, en los últimos doce meses apenas se han recogido 334,8 litros por metro cuadrado.
En las otras dos capitales de provincia, en Valencia ha llovido un 56% más de lo habitual (708 l/m2) mientras que en Castelló las precipitaciones han supuesto un 22% más de los valores normales (537 l/m2).
Aemet también facilitó ayer los datos climatológicos de septiembre que ha sido «un mes húmedo y algo más fresco que la media normal en la Comunitat Valenciana». Según el jefe de Climatología «ha llovido un 18% más de lo normal, aunque las lluvias han estado irregularmente distribuidas al superar los 400 l/m2 en la localidad de Sueca, a pesar de que el 45% del territorio ha sido deficitario en precipitaciones». Por último, «con 20,1ºC el mes de septiembre ha sido 0,3ºC más fresco que el promedio de los años 1971-2000». En los últimos veinte años el septiembre más cálido fue el de 1990 (22,1ºC) y el más fresco el de 1996 (18ºC).

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino mantiene los compromisos inversores del programa AGUA para la Comunitat Valenciana, donde su presupuesto en el área de Medio Ambiente crece respecto a 2008, aunque sin que aparezcan en el horizonte próximo nuevos proyectos, a excepción de los relativos a la depuración de aguas residuales que no se concretan en el documento.
En este sentido, el contenido del PGE es un calco del de años anteriores y se limita a cerrar los proyectos iniciados por la ex ministra Narbona y la propia Elena Espinosa a través de la Seiasa (modernización de regadíos).
El presupuesto de la Dirección General del Agua crece un 5,8%, al igual que aumenta el de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que pasa de 44,349 millones de euros a 49 millones (+10,6%).
Respecto a las desaladoras y otras actuaciones encomendadas a Acuamed, el presupuesto crece debido a que la programación plurianual fijaba en 2009 el grueso de la inversión. Así, se pasa de 133, 1 millones de euros a 451, lo que supone un aumento del 238,75%.
Por el contrario, la culminación prevista de las obras del trasvase Júcar-Vinalopó hace que su presupuesto pase de 143,7 millones a 57,6, lo que supone una reducción del 60%..
Por lo que respecta a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), que ha acometido el grueso de las obras de modernización de regadío, su presupuesto no superará en 2009 los 17,7 millones de euros cuando este año tenía una asignación de 42,45 millones, lo que supone un descenso de casi el 58%.
Señalar también la relevancia de las inversiones reales previstas en Costas que se llevan 24 millones de euros frente a 18,9 millones de 2008, lo que representa un aumento del 27%.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se reafirmó ayer en sus declaraciones del pasado viernes de apoyo al Estatuto de Castilla-La Mancha -que incluye el fin del trasvase Tajo-Segura- y eludió responder a las palabras del presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, asegurando que De Cospedal «juega con la ambigüedad» en este asunto.
En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, De Cospedal fue preguntada tanto por las declaraciones de Valcárcel así como si los dirigentes del PP tenían previsto mantener un encuentro para unificar posiciones en materia de agua.
El pasado viernes, De Cospedal y el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, acordaron defender conjuntamente, con «unidad y firmeza», el texto de la reforma del Estatuto de Autonomía pendiente de trámite en el Congreso. Esa reforma estatutaria incluye la eliminación del acueducto Tajo-Segura.
«No se ha hablado hoy y lo que tenía que decir lo dije el viernes pasado» señaló De Cospedal, quien coincidió con Valcárcel y Camps en la reunión que mantuvieron esta mañana con Rajoy todos los presidentes autonómicos y regionales para fijar una estrategia común ante la no concesión del anticipo de tesorería para financiación sanitaria.
Por su parte, ni Valcárcel ni el propio Camps realizaron declaraciones al respecto pese a que la posición de apoyo de De Cospedal al mantenimiento de una fecha de caducidad para el trasvase es cada día más sólida.
Ramón Luis Valcárcel ha defendido la continuidad de la infraestructura de la que beben 70 municipios alicantinos y con la que se riegan miles de hectáreas de regadío en la Comunitat Valenciana.
Sólo el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, ha terciado en la polémica al subrayar que el proyecto del Estatuto de Castilla-La Mancha, que recoge la caducidad del trasvase del Tajo-Segura en 2015, es «inconstitucional y, por tanto, no va a poder salir adelante».
Incrementos
Por otra parte, la reserva de agua de los embalses de la cabecera del Tajo (Buendía y Entrepeñas) ha subido dos hectómetros cúbicos y se sitúa ya en el 12,61%, con 312 hm3, 12 por encima de la cifra mínima para poder realizar los trasvases.
El Consejo de Ministros aprobó el 18 de julio un trasvase de 21,86 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura, de los que 18 van destinados a riego.El Gobierno de Castilla-La Mancha ha recurrido el trasvase para riego porque se produjo en un momento muy delicado para los embalses de la cabecera del Tajo.