J. Sierra | valencia El Gobierno retiene desde hace al menos 15 días el Plan Hidrológico del Júcar pese a que el retraso en su elaboración, junto al de otros planes polémicos como el del Segura, representa una sanción de la Unión Europea a España de 200.000 euros al día (seis millones al mes y 72 millones al año). A estos importes hay que sumar los 100 millones pagados por el retraso de planes que deberían estar aprobados desde 2009, en aplicación de la Directiva Marco del Agua.

Después de meses de arremeter contra la «herencia recibida» en materia de planes hidrológicos, en los que el Gobierno Zapatero acumuló importantes retrasos, Miguel Arias Cañete está tropezando con la misma piedra: los intereses contrapuestos de cada comunidad autónoma y su distinto «peso» en el seno del Gobierno y del partido que lo sustenta.

Ya con Arias Cañete en el ministerio se retrasó durante meses la delimitación de la cuenca hidrográfica (Decreto de Demarcación). Cuando finalmente lo aprobó, se recurrió a una fórmula de compromiso, amable con Castilla-La Mancha, donde gobierna la secretaria general del PP, Mª Dolores de Cospedal, y discutible desde el punto de vista legal. La Generalitat Valenciana entiende que perjudica sus intereses y lo ha recurrido, así como al menos cuatro organizaciones de regantes de la Comunitat Valenciana.

La publicación en el BOE del Decreto de Demarcación permitió aprobar el Esquema de Temas Importantes, en el que se basa el borrador del Plan Hidrológico hecho por técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

«A finales de junio»
El Gobierno, a través de la CHJ, hizo saber a regantes, ecologistas y otros usuarios, incluido el Consell, que el borrador del nuevo plan se presentaría a finales de junio para dar paso al periodo de exposición pública-seis meses- y aprobarlo así antes de fin de año.
Sin embargo, el plazo ha pasado y el borrador, según fuentes solventes, está «retenido» en Madrid» sin que se haya facilitado una explicación oficial sobre los motivos.

Xúquer Viu tiene previsto denunciar hoy el nuevo retraso en la elaboración del Plan Hidrológico del Júcar durante el «Mulla’t pel Xúquer» que se celebra en Antella. Según Paco Sanz, portavoz de este colectivo, es «muy probable» que el «bloqueo» del plan se prolongue hasta octubre.
«Mientras el Estado Español paga 200.000 euros diarios de multa de nuestros dineros por este incumplimiento, que acumula ya 100 millones de euros en sanciones, el Júcar continua sin caudales ecológicos, con los acuíferos sobreexplotados, con un deterioro progresivo y constatable de nuestras masas de agua, ríos acuíferos y zonas húmedas», concluyó.

salva vives alzira Xúquer Viu lanzó la voz de alarma ayer en Antella y avisó de que el nuevo retraso en el Plan de Cuenca del Júcar afectará a una posible concesión de agua del río para la Ribera, una de las principales reivindicaciones que ya avalan todas las fuerzas políticas ribereñas, incluido el Partido Popular.
Según el portavoz de la plataforma, Paco Sanz, el hecho de que el Ministerio de Medio Ambiente «retenga» el borrador del nuevo plan, a pesar de que ya ha sido finalizado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), provocará que no se publique hasta septiembre o octubre, cuando las previsiones eran que se hiciese en junio. Sin embargo, Sanz expresó sus dudas de que el documento contemple una concesión administrativa de agua del Júcar para los pueblos de la Ribera. Además, advirtió no sólo de las consecuencias ambientales que la demora puede acarrear, sino incluso las de carácter económico.
El también concejal de l’Alcúdia participó este sábado por la mañana junto a más de un centenar de personas en una nueva edición del «Mulla’t pel Xúquer» en la localidad de Antella en el marco del Día Europeo del Baño en los ríos. En el acto, Xúquer viu volvió a pedir el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, que contempla lograr un buen estado ecológico de los ríos, los acuíferos y las zonas húmedas para el año 2015. Un objetivo que la plataforma ecologista considera «no será posible» alcanzar en el caso del Júcar debido al mencionado retraso en la aprobación desde 2009.

Más zonas de baño autorizado
Otra de las reivindicaciones realizadas por Xúquer Viu ayer a través de Sanz fue la habilitación de más zonas de baño autorizadas en el interior. Actualmente, sólo hay 3 en toda la Comunitat Valenciana y ninguna de ellas se encuentra en la Ribera.
Ni siquiera el popular y concurrido azud de Antella cuenta con los permisos para ello del Ministerio de Sanidad. «Tienen las playas fluviales de interior abandonadas y son tan importantes como las de la costa», señaló Sanz en declaraciones a este diario.

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J. S/Europa press valencia El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Santi Vila, anunció ayer que la Generalitat acudirá a la Comisión Europea (CE) si no se rectifica el «deplorable» Plan Hidrográfico del Ebro, que prevé limitar el caudal del tramo final del río a 3.200 hectómetros cúbicos anuales.
Según Vila este límite de caudal «pone en riesgo» la preservación del Delta del Ebro y fomenta la salinización del tramo bajo del río, un fenómeno que ya ha empezado a afectar el agua que abastece a Tortosa.
Tras su aprobación por el Consejo del Agua de la Cuenca el pasado jueves, el Plan Hidrológico del Ebro recibió ayer de nuevo el respaldo del representante de la Generalitat Valenciana en el Comité de Autoridades Competentes. Todas las comunidades autónomas con la excepción de Cataluña apoyaron el texto.
El representante de la Generalitat de Cataluña en el Comité, el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, dijo que hay una «discrepancia relevante» respecto a la posición mayoritaria sobre los caudales del Delta del Ebro, pero también en la delimitación de las masas de agua, las zonas de protección ambiental y la interpretación de la Directiva Marco del Agua.

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Los regantes de Albacete no reconocen la primacía de los regadíos tradicionales y reclaman un trato "igualitario" en el nuevo Plan Hidrológico

08.07.2013 | 00:43

Los nuevos usuarios. La apertura de pozos para el regadío de extensas áreas del secano de Albacete introdujo un nuevo usuario en las aguas del Júcar, tradicionalmente utilizadas en exclusiva por los regantes valencianos. En los ochenta, las hectáreas de maíz crecían mientras las aguas del Júcar menguaban. Se hizo evidente que había que llegar a una acuerdo que el Plan Hidrológico de 1998 solo aplazó.

José Sierra valencia El Júcar nace en los Montes Universales, en Cuenca. Lo dice la Espasa, la Britannica y la Wikipedia, pero en Valencia todos los regantes -Iberdrola también, no en vano forjó un imperio turbinando las aguas- saben que el río Júcar engorda, se hace caudaloso y extremadamente seguro en sus caudales, incluso en verano, a su paso por la Mancha albaceteña, donde drenan más de 100.000 hectáreas de uno de los acuíferos -literalmente una esponja-con más capacidad de captar agua de España.
Según los datos de la Acequia Real del Júcar-basados en datos oficiales de la Confederación Hidrográfica del Júcar-, antes del lugar en el que hoy se levanta la presa de Tous, el río dejaba 1.366 hectómetros cúbicos de media al año en la década de los cuarenta y 1.759 hm3 en los sesenta. Es lo que se llama el «régimen natural». Después vinieron las sequías, el cambio climático, quizá, y los pozos de la Mancha, tan reales, y el río pasó a arrojar unos caudales medios en Tous de 905 hm3 en los noventa y de de 873 hm3 en la primera década del siglo XXI.
Los pozos crecieron, los campos de maíz se multiplicaron y los caudales menguaron. Había que dar paso a los nuevos usuarios y «poner orden» para que los regantes «tradicionales» no salieran perjudicados. El Plan Hidrológico de 1998 lo intentó, aunque en el fondo solo supuso una tregua que dejó las espadas en alto.
La regulación que se haga de las aguas del Júcar en este tramo y la asignación de sus recursos son la piedra angular que determinará la viabilidad del Plan Hidrológico que se está elaborando. El acuífero de la Mancha es también el núcleo del enfrentamiento entre los gobiernos de Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana y un quebradero de cabeza para el Gobierno Central.
La ficha incluida en el Esquema de Temas Importantes (ETI), antesala del futuro Plan Hidrológico del Júcar (PHJ), sobre la «Explotación Sostenible del Acuífero de la Mancha Oriental» admite que la «importante explotación a la que está sometida» el citado acuífero «ha producido un apreciable descenso» en los niveles del acuífero «que ha tenido efectos sobre el caudal aportado al tramo medio del Júcar y el resto de masas de agua asociadas».
La ficha elaborada por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) alude a los episodios de 2004, en los que el río Júcar se secó a su paso por Albacete, pero no establece claramente la responsabilidad sobre lo sucedido de las extracciones de los pozos como exigen las alegaciones presentadas desde Valencia. Dice la CHJ que los descensos en el acuífero «han reducido» sus aportaciones al río» y con ellos «los recursos superficiales del sistema», pero añade a continuación que «no es sencillo cuantificar la reducción de garantía que ello podría acarrear» para los usuarios (valencianos) situados aguas abajo.
Afirma también que los niveles del agua subterránea se encuentran ahora «estabilizados» en las zonas cercanas al río o en aquellas áreas en las que los bombeos han sido sustituidos por aguas superficiales del río, tal como preveía al PHJ en vigor.
La ficha esta plagada de «eufemismos», según los ecologistas, y no recoge la gravedad ni la magnitud real del problema, según los usuarios valencianos del Júcar (USUJ).
Para los regantes de Albacete, agrupados en la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo), con 112.000 hectáreas regables, el tratamiento que se hace los problemas de la cuenca no es homogéneo. Indican que para la Mancha Oriental existe «una gran preocupación medioambiental» que no aparece , por ejemplo, cuando se habla del Vinalopó, el Túria o el Palancia.
Para estos regantes, es necesario con carácter previo a la elaboración de un nuevo Plan Hidrológico del Júcar «realizar un análisis crítico» del desarrollo del plan de 1998. En su opinión, este plan no se ha ejecutado ni cumplido, sobre todo en un apartado que consideran clave: la sustitución de bombeos (pozos) por aguas superficiales del Júcar.
Los regantes de Albacete han exigido que no se les atribuya una «responsabilidad directa» sobre la bajada de caudal medio en el Júcar ocurrida en 2008, que atribuyen, al igual que la aparición de tramos secos en el río en 1994-1995 «a una gestión incorrecta de los desembalses» y a un «inadecuado control y seguimiento» sobre los regadíos tradicionales del Júcar medio, que es tanto como culpar a la CHJ de lo ocurrido.
En general piden igualdad de trato a la hora de realizar los balances, fijar la redotación de los regadíos, establecer prioridades, etc. De hecho identifican en el ETI, decenas de disposiciones que interpretan como un agravio derivado de un trato diferencial entre los distintos usuarios y sistemas de explotación.

La visión valenciana
USUJ no cree en los datos sobre recursos hídricos disponibles y demandas de agua vigentes que aporta la CHJ, especialmente en el Júcar, y consideran «inadecuado utilizar balances teóricos a sabiendas que distan de la realidad».
Sobre la»sobreexplotación» de la Mancha Oriental, que se niega en Albacete, los regantes valencianos exigen que se certifique oficialmente, creen necesario «reducir la superficie de regadío en esta zona o reducir las dotaciones por hectárea». En su opinión se está incumpliendo el PHJ al extraerse por encima de los 320 hm3 autorizados y más allá de la recarga natural del acuífero, por lo que su recuperación, que devolvería los manantiales que alimentan el Júcar, es imposible. Añaden que nuevas sustituciones de pozos por aguas superficiales del Júcar no resuelven ningún problema y argumentan que ampliar estas tomas en 65 hectómetros cúbicos como se prevé es inviable porque la presunta solución se basa en el uso de recursos «que no existen»
Denuncian que pese a la prohibición expresa de nuevas captaciones que figura en el PHJ, en 2002 se autorizaron cinco nuevos pozos y exigen la elaboración de un informe sobre rentabilidad socieconómica del uso del agua en los regadíos. Creen que en la comparación con los de Albacete saldrán como ganadores. Y por goleada.
Por último defienden un caudal «ecológico» desde Alarcón-que en ocasiones se ha utilizado para mantener un hilo de agua en el río a su paso por La Mancha- de entre 0,6 y 2 metros cúbicos por segundo. Consideran que «no es aceptable que se desembalse agua para evitar que se seque el río por la sobreexplotación del Acuífero de la Mancha Oriental».
Regantes de uno y otro lado se enfrentan en los papeles pero, por detrás, políticos de uno y otro lado juegan sus bazas en los despachos de la calle Génova y en el del ministro Arias Cañete. La solución, o un nuevo parche, en 2014.

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El Consejo del Agua de la Cuenca del Ebro, en el que está representada la Generalitat Valenciana, aprobó ayer el nuevo plan hidrológico de la demarcación del Ebro, que prevé una inversión de 600 millones de euros a partir de que se apruebe definitivamente.
Así lo anunció el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Xavier de Pedro, quien se felicitó por el «amplísimo consenso» que ha logrado el texto, con 74 votos a favor, 9 en contra de Chunta Aragonesista (CHA), Generalitat de Cataluña y ecologistas y cinco abstenciones de Izquierda Unida (IU), empresas hidroeléctricas y asociaciones sindicales.
A su entender, «los votos en contra no pueden ensombrecer» el acuerdo suscitado, teniendo en cuenta que es «difícil buscar el equilibro».
El nuevo plan incluye la necesidad de fijar caudales ecológicos. Además, se recoge un caudal mínimo para el Delta del Ebro de 3.200 hectómetros cúbicos al año, que se ha aumentado respecto a la situación anterior, cifra que «con toda seguridad» será mayor habitualmente, si bien ha precisado que la cuenca sufre de forma periódica sequías por lo que no se podía aceptar la petición de la Generalitat de Cataluña de que el caudal fuera de 7.000 hectómetros cúbicos anuales en años secos.
El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Santi Vila, ha avanzado que el Gobierno catalán planteará una «posición frontal» contra el Plan Hidrológico del Ebro. Hoy ofrecerá una «declaración pública detallada y exhaustiva para que finalmente este plan no se apruebe».

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carlos alós alzira La comarca de la Ribera ya tiene una voz unánime en defensa de la inclusión de una reserva de agua del Xúquer en el nuevo plan hidrológico, cuya publicación es inminente. Los populares de la Ribera Alta acordaron por unanimidad en su reunión del pasado lunes apoyar la reclamación a la Generalitat y al Gobierno.
Unos 80 cargos del partido, entre miembros de la ejecutiva, presidentes, secretarios locales y alcaldes, a excepción de las alcaldesas de Alzira y Carcaixent, Elena Bastidas y Lola Botella, participaron en la votación, que acordó reclamar una concesión de 31 hectómetros cúbicos anuales del Xúquer para abastecimiento humano de la Ribera.
Incluso, los populares lamentaron que no se les invitara formalmente a la manifestación del pasado viernes ante el Ayuntamiento de Alzira convocada por la Plataforma per l’Aigua y que reunió a unas 200 personas, en su mayoría cargos públicos de PSPV, Compromís, EUPV y sindicatos.
Los populares defienden que es el momento de reclamar la concesión de agua superficial para toda la comarca, no sólo para los 13 municipios afectados por la presencia de pesticidas y nitratos en sus aguas de consumo, sino como medida de previsión para todas las poblaciones que en el futuro pudieran necesitarla.

La Confederación Hidrográfica no ha asumido aún la tutela de las zonas costeras y de las aguas litorales que establece la actual directiva marco europea

José Sierra Millán Millán, director ejecutivo del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo desde su fundación, que Europa «casi nunca legisla teniendo presente la realidad mediterránea. Hay que recordársela constantemente». Un buen ejemplo se encuentra en el apartado dedicado a las aguas costeras y de transición, a las que la Directiva marco del Agua, además de atribuir una enrevesada definición, asignó competencialmente a los organismos de cuenca como la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Lo que en Europa, tierra de grandes estuarios y deltas, tiene sentido resulta algo más complicado de encajar en el Mediterráneo. Sin embargo, la idea, además de lógica- el litoral, las zonas de marjal y los ríos están funcionalmente unidos- representaba un nuevo factor de protección. Se abría paso, según los teóricos de la Nueva Cultura del Agua, a un nuevo enfoque basado en el «ecosistema costero» y se desterraba el concepto de que «el agua que no se aprovecha, se pierde», para cambiarlo por el de «el agua que se aprovecha hoy no debe poner en peligro el futuro».

«La aplicación de la DMA a las aguas costeras y de transición será la primera iniciativa que se llevará a cabo en el dominio costero y marítimo con el nuevo enfoque de gestión medioambiental», señalaba hace unos años Jordi Salat, del Institut de Ciències del Mar (CSIC) Barcelona. Sin embargo, al nuevo concepto le cuesta arrancar, como evidencia el Esquema de Temas Importantes de la Demarcación Júcar, previo al Plan Hidrológico, donde los apartados dedicados a las aguas «costeras y de transición» tienen, de momento, un papel residual.

La ficha «Protección de la funcionalidad física y natural de la Comunidad Valenciana» diagnostica los problemas de la costa valenciana, aunque sin profundizar ni apuntar soluciones. El documento es , por lo demás, heredero de otras sensibilidades medioambientales más propias de la época de Cristina Narbona que de la ley de Costas impuesta por el actual ministro Miguel Arias Cañete.

Sólo así se entiende que el ETI afirme cosas como que «las mayores vulnerabilidades de la demarcación Júcar frente al retroceso de la línea de costa están asociadas a la ocupación urbanística del litoral, donde se preven retrocesos medios de unos 15 metros en las playas para el año 2050» o que identifique como «el segundo ámbito litoral especialmente vulnerable» en la demarcación «las zonas inundables (cordones, dunares, humedales y albuferas) cuyo grado de ocupación urbanística es el más elevado de todo el litoral español».

«Mea culpa»
El «principal generador» de la regresión de la línea de costa en la demarcación, es»la presencia de embalses en la cuenca que regulan los caudales y retienen los sedimentos», aunque también «infraestructuras portuarias y obras marítimas que suponen una barrera física para el transporte de sedimentos.

Para el primer apartado ya se han desarrollado algunos proyectos de «lavado» de embalses para liberar sedimentos atrapados. Derribar espigones y puertos deportivos es otra cosa.

La ficha del ETI, «insuficiente» a la hora de proponer medidas, según Xúquer Viu y confusa en la delimitación de competencias según la Generalitat Valenciana, sitúa los principales problemas de erosión costera entre el Puerto de Burriana y el Puerto de Sagunto, «con una regresión media de la línea de costa de 1,5 metros al año» atribuíbles a la barrera que supone el puerto «borrianenc», que supone «una barrera total al transporte litoral» de arena.

Existe también una gran erosión en la cara sur de deltas como el del Mijares, donde los embalses retienen los sedimentos que hicieron posible el propio delta, y una regresión de la línea de costa en los marjales de Peñíscola y el Prat de Cabanes. Al sur destaca el informe «la erosión al norte del Puerto de Valencia, entre la Pobla de Farnals y la Malvarrosa».

El diagnóstico identifica con carácter general las afecciones de los puertos de Vinarós, Castelló y Burriana —sorprendentemente obvia el puerto de Valencia (Xúquer Viu subraya el «olvido» en sus alegaciones)— y sigue destacando la existencia de obras de protección de la costa «poco eficientes» en lugares como Chilches, Moncófa, Nules y Santa Pola, además de los situados al sur de la desembocadura del Júcar que afectan a las playas de la Safor.

El informe vaticina que la variación del perfil de playa «a lo largo del litoral de la Confederación Hidrográfica del Júcar» puede provocar «graves problemas asociados a las edificaciones construidas cerca de la costa…ya que la cota de los terrenos en la mayor parte del litoral, apenas superan los 1,5 metros sobre el nivel del mar».

Entre las medidas para solucionar el problema se apunta al cumplimiento estricto de la Ley de Costas —la anterior a la reforma Cañete— y «la retirada estratégica del borde costero de forma controlada y planificada por los instrumentos urbanísticos existentes». Una medida «marca de la casa Narbona» cuya aplicación se antoja imposible por el Gobierno actual.

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El aluvión de recursos compromete la viabilidad del futuro Plan Hidrológico del Júcar – Además del gobierno valenciano han acudido ya a los tribunales los regantes del Turia, Riegos de Levante y los de la Junta Central de la Mancha Oriental

28.06.2013 | 02:31

josé sierra | valencia La Generalitat Valenciana ha presentado un recurso administrativo contra contra el Real Decreto 255/2013 de 12 de abril que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y por el que se modifican diversas normas relativas al ámbito y constitución de dicha demarcación hidrográfica y de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

El recurso, que cuestiona la ordenación del Júcar aprobada este mismo año por el ministro Miguel Arias Cañete y el Gobierno de Mariano Rajoyfavorable a los intereses de Castilla-la Mancha y a las tesis de su presidenta regional y secretaria general del Partido Popular, Mª Dolores de Cospedalse suma a los presentados ya por la Comunidad de Riegos de Levante (Alicante), la Junta de Usuarios del Túria y al de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Albacete).

La proliferación de recursos judiciales cuestiona la viabilidad real del Plan Hidrológico del Júcar (PHJ), actualmente en elaboración, en la medida en que eterniza y no resuelve el conflicto de la delimitación planteado por Castilla-La Mancha y se limita a esquivar el espinoso asunto manteniendo «provisionalmente» la delimitación actual.

Sin embargo, la «provisionalidad», un recurso para salir del atasco en el que se encuentra el PHJ, no gusta nada en Castilla-La Mancha mientras que el contenido del decreto de demarcación tampoco gusta en Valencia porque sienta las bases para una próxima hegemonía de la vecina región sobre las aguas del Júcar.

El Gobierno Rajoy mantiene «provisionalmente» dentro del Júcar todas las cuencas hidrográficas que van desde ribera norte de la desembocadura del Segura hasta el «riu de la Çenia». Sin embargo alude a cuencas o sistemas de explotación como el Vinalopó, l’Alacantí, Serpis, Palancia, etc. como espacios de gestión que deben formar parte en el futuro de las cuencas transferidas a la Comunitat Valenciana en cumplimiento de su Estatut de Autonomía.

En este contexto, derivado de un cumplimiento estricto del concepto hidrológico y no administrativo o de gestión de la cuenca hidrográfica,el Gobierno de Mariano Rajoy debería haber asignado también «provisionalmente» a Castilla-la Mancha las cuencas endorreícassin salida al mar de Albacete y Pozohondo que suponen casi la mitad de la provincia de Albacete. Sin embargo, el Real Decreto ignora la existencia de estas cuencas cuya administración por Castilla-La Mancha haría que se mantuviera el actual reparto territorial y de poder sobre las aguas del Júcar.

La existencia de numerosos recursos ya admitidos y otros que se podrían conocer en los próximos días puede hacer inviable el PHJ, extremadamente «vulnerable» desde el punto de vista jurídico al partir de una delimitación ya cuestionada.

Fuentes de la Generalitat Valenciana explicaron que «en la fase actual», el recurso no profundizaba en las razones del desencuentro con el Gobierno y que era «de momento, poco más de un papel», aunque eso sí, cargado de simbolismo.

«Una vez presentado el recurso, para lo que había un plazo ineludible, elaboraremos un informe con nuestra argumentación y lo incorporaremos a la causa», dijeron las fuentes.

«Se tratadijeron de conseguir un trato igualitario de las cuencas intracomunitarias de la Comunitat Valenciana con el resto de cuencas intracomunitarias del Júcar», en clara alusión a las cuencas endorreícas de Castilla-la Mancha.

«En su redacción actual, el Real Decreto de Demarcación acarrea una seria de ventajas y prioridades para Castilla-La Mancha que no son ajustadas a derecho y que es necesario recurrir para garantizar la igualdad».

Las fuentes citaron recientes declaraciones del vicepresidente José Ciscar y del propio President de la Generalitat, Alberto Fabra, comprometiéndose a estar «al lado» de los regantes.

Desmarcados
Por otra parte, el Gobierno valenciano podría estar interesado en demostrar su «independencia» de criterio respecto a los dictados del Partido Popular en Madrid y al propio Gobierno de Mariano Rajoy y el conflicto del Júcar: cuenta con el respaldo de todos los regantes sin excepciones y tiene el respaldo de las sentencias recientes del Tribunal Supremo avalando que el mantenimiento de la Cuenca Hidrográfica del Júcar en su configuración actual no sería ilegal ni contrario a la Directiva Marco del Agua.

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José Sierra | valencia La «consecución del buen potencial ecológico en l´Albufera de Valencia» figura con letras de molde entre las sensibilidades recogidas en el Esquema de Temas Importantes (ETI) del nuevo Plan Hidrológico del Júcar. Sin embargo, y en contra de lo sugerido por la historia reciente de este parque natural, no es la calidad del agua el problema más acuciante ahora, sino el probable descenso de los caudales que llegan al lago derivados del éxito en la modernización del regadío.

Según estimaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar, un 28% de los caudales derivados al lago„generalmente también los de mayor calidad„procede de los retornos de la Acequia Real del Júcar (ARJ) mientras el agua sobrante en el regadío y el arrozal de la Ribera Baixa supone un 23%.

«La modernización de los regadíos supondrá una disminución en los retornos que podrían reducirse desde los actuales 54 hectómetros cúbicos hasta 39», explica la CHJ, que admite la necesidad de «volúmenes adicionales» que formarían parte del caudal ecológico que requiere la Albufera. Aunque no parece mucha cantidad para un espacio que en los últimos años ha recibido hasta 300 hm3 de diversas fuentes, su sustitución hay que buscarla en el Júcar y en el Túria. Las depuradoras, pese a sus crecientes aportes (ver gráfico a la derecha), no son la solución, al menos si se quiere acelerar la recuperación del lago.

El misterio desvelado
Una parte de este conocimiento sobre el funcionamiento hídrico del lago de la Albufera es absolutamente nuevo. Hasta 2006, año en el que se colocaron caudalímetros en algunas acequias y en las golas, todo fueron estimaciones y modelos que arrojaban resultados muy divergentes en algunos casos. Ahora existe un mejor conocimiento de los volúmenes que llegan al lago y también, y no menos importante, de cuándo y por dónde llegan.

La conclusión primera, implícita en la ficha del ETI, aunque no manifestada en esos términos tan evidentes en el documento oficial, es que la Albufera podría mantenerse con aportes medios de 300 hectómetros que requerirían, en algunos momentos del año o en situaciones excepcionales de sequía, aguas del Júcar y el Túria ya que la calidad de estos aportes es esencial para recuperar definitivamente el lago.
La CHJ ha elegido la clorofila como indicador o elemento representativo de cómo evoluciona la calidad del agua para concluir que el estado del lago ha mejorado de una manera notoria en la última década, aunque sigue dando valores propios de una masa de agua eutrofrizada. Aguas cargadas de materia orgánica y de nutrientes como el fósforo o los nitratos acaban derivando en explosiones de fitoplancton, con picos en otoño y primavera, que reducen el oxígeno y dan al lago ese tono verde, tan poco natural.

La contrapartida está en los escasos momentos de «fase clara», cuando las aguas del lago adquieren la trasparencia que debería ser uno de los objetivos a alcanzar.

«Las medias anuales de clorofila siguen elevadas„admite la CHJ en su radiografía del lago„pero con tendencia a la baja». Lo mismo ocurre con el fósforo después de las grandes inversiones realizadas en saneamiento, aunque la CHJ advierte sobre los picos de nutrientes que se producen después de fuertes lluvias, probablemente por lavado del alcantarillado.

Persisten también problemas derivados de la elevada conductividad (salinidad en el agua) que se produce algunos años, habitualmente en periodos de sequía, cuando los arroceros de Sueca rebombean el agua para salvar su cosecha.

Soluciones
La CHJ trabaja ya en la definición de un régimen de aportaciones al lago que pueden proceder del Júcar, pero también del Túria, incluso de la depuradora de Pinedo, siempre que cuenten con calidad suficiente. «Pinedo puede contribuir claramente a la mejora de los tiempos de renovación del agua ya la reducción de las condiciones de salinidad en las épocas de sequía, pero sus aguas pueden, al mismo tiempo, llegar a empeorar las condiciones de eutrofización, por lo que es necesario un análisis conjunto del sistema».

La CHJ ha elaborado los primeros estudios sobre la cuantía y el origen de las aportaciones extraordinarias y establecido los corredores y las épocas más apropiadas para que las aguas limpias lleguen al lago.

Se trataría de definir «una estrategia de distribución preferente para los aportes hídricos de modo que puedan funcionar como contrapunto ante los blooms de clorofila en meses en los que el lago tiene habitualmente escasa renovación».

Existe un antecedente en 2008, cuando las lluvias elevaron los niveles de Tous por encima de los resguardos de seguridad que figuran en su sistema de explotación. Parte de estos caudales fueron derivados a la Albufera con el objetivo de efectuar, dice la CHJ, «un lavado rápido». Todos los parámetros de calidad del lago mejoraron tras esta experiencia que incluso puede ser más eficaz variando los puntos y las fechas de entrada del agua limpia al lago. El problema es que ese volumen de agua, 70 hm3 en 2008-2009, no está disponible todos los años y cada metro cúbico que se genera en el río, incluidos los ahorros en la modernización del regadío, generan una demanda en Castilla-La Mancha, en el Vinalopó o en la Ribera. Todos compiten y el lago ha estado hasta ahora en inferioridad de condiciones en la lucha, pero todo puede cambiar en el próximo Plan Hidrológico si se cumplen los objetivos medioambientales previstos por la Directiva Marco del Agua.

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En la estrategia de buscar el control sobre las aguas del Júcar, el Gobierno de Cospedal se olvida de la geografía

23.06.2013 | 05:30

josé sierra | valencia La Albufera es medioambiente, es conflicto de intereses y es también política, sobre todo si se trata de negar el vínculo hídrico entre el Júcar y la Albufera que justifica mantener la cuenca vertiente en el lago -casi 1.000 kilómetros cuadrados- dentro del Sistema Júcar. Cualquier geógrafo atestiguará que el Júcar es el responsable del nacimiento de la Albufera, tal como la conocemos, y que todavía hoy, cuando el Xúquer se sale de su cauce habitual, sus aguas buscan una salida en dirección al lago que, a través de acequias y barrancos, recibe también desde hace siglos aportes del Túria, formando un interfluvio indivisible.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha hecho saber a la Confederación Hidrográfica del Júcar que la Albufera y su cuenca tributaria «se debería excluir de la cuenca del Júcar al tratarse de cuencas hidrográficas internas».

Los regantes de Albacete agrupados en la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo), cuyas estrategias van habitualmente de la mano de la de sus gobiernos autonómicos, y viceversa, «solicitan que no se altere la realidad natural de las cuencas hidrográficas incluyendo la de la Albufera de Valencia en la Confederación Hidrográfica del Júcar…».

Agua «trasvasada»
«Existe-añaden los regantes albaceteños- un error de planteamiento ya que habría que diferenciar y estudiar dos aspectos del parque natural: El lago y su cuenca vertiente y el resto del parque. Según esto se debería realizar el balance de recursos propios y un plan de gestión de la cuenca antes que dotarla con recursos externos». Exponen en consecuencia que «el vínculo hídrico entre la cuenca de l’ Albufera y otras cuencas supone un trasvase y como tal debe ser regulado, en atención a las necesidades de las cuencas cedentes».

De prosperar esta visión, Castilla-La Mancha ganaría porcentaje de superficie y poder en la gestión del Júcar y tendría prioridad sobre las aguas de este río que ahora llegan y las que en el futuro tendrán que llegar al lago para mantener su buen estado ecológico.

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