El ministro español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que ha mostrado su «preocupación» por la «intransigencia» del comisario europeo, señaló que el reajuste de pagos directos entre agricultores dentro de un país, conocido como convergencia interna, «condicionará totalmente» la posición de España sobre la Política Agrícola Común (PAC). «Para España, la posición, el sistema que se dé a la convergencia interna, condicionará totalmente nuestra posición sobre la reforma», destacó Arias Cañete en un debate público junto a sus colegas comunitarios durante un Consejo de Ministros de Agricultura que se celebra en Luxemburgo. Los ministros comunitarios abordan los avances de la negociación a tres bandas o «trílogo» (de la que ya se han celebrado seis sesiones) entre los Estados miembros, la Comisión Europea (CE) y la Eurocámara sobre la reforma de la PAC que se aplicará entre 2014 y 2020.

    Cañete valoró positivamente «el intensísimo trabajo de la Presidencia irlandesa» de la UE para poder lograr un acuerdo final el próximo junio y se mostró dispuesto a «tener flexibilidad».

     Precisó también que «tenemos una preocupación mayor, sobre todo después de haber oído al comisario, que ha puesto encima de la mesa una intransigencia absoluta respecto de la convergencia interna».

     La CE propuesto una transición hacia una tasa plana para los pagos directos a los agricultores a nivel nacional en 2019.

    El comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, insistió en su intervención en que se trata de «una evolución necesaria para garantizar la equidad» del reparto de ayudas dentro de los países y entre agricultores.

La comisión no va "a transigir en este punto"

     «La Comisión no va a transigir en este punto, y tengo la impresión de que el Parlamento Europeo (colegislador en esta materia) también será firme», dijo.

     España y otros países como Italia piden contar con mayor flexibilidad para aplicar los pagos directos entre regiones y explotaciones.

     «Para nosotros, éste es el punto clave de la reforma, y pedimos a la presidencia que defienda las proposiciones del Consejo con la flexibilidad necesaria pero con la energía necesaria», apuntó Arias Cañete.

     En su opinión, «no comprendemos cómo se puede defender a rajatabla una convergencia hacia una tasa uniforme por región que en un país como España, con una diversidad productiva, va a producir unos efectos devastadores sobre muchos cultivos».

"No comprendemos cuando las cosas no se fundamentan"

    «No comprendemos cuando las cosas no se fundamentan en razones agronómicas ni económicas ni sociales, como se dice que no va a haber ninguna flexibilidad. Creo que todos debemos hacer un ejercicio de flexibilidad», añadió el ministro español.

     Por otra parte, los ministros europeos discutieron sobre las medidas transitorias necesarias para que los agricultores puedan recibir los pagos directos correspondientes durante 2014, ya que los Estados miembros no tendrán tiempo para incorporar esas nuevas normas de la futura PAC hasta 2015.

     Esas medidas afectarán a los pagos de base, las medidas «verdes» o las ayudas a los jóvenes y pequeños agricultores, que la Comisión quiere que sean obligatorias en todos los países.

Aseguran que es una «tomadura de pelo» para la región y recurrirán a Bruselas

Como una «tomadura de pelo» para Castilla-La Mancha calificaron ayer los responsables de las Plataformas del Tajo y del Alberche y de la Asociación de Municipios Ribereños, el borrador del Plan de Cuenca del Tajo, presentado por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

El presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, Antonio Luengo, y los portavoces de las plataformas en defensa del Tajo en Toledo y en Talavera de la Reina, Alejandro Cano y Miguel Ángel Sánchez, respectivamente, quisieron mostrar su desacuerdo con este plan de forma conjunta y anunciaron que recurrirán a Bruselas para que «el río no desaparezca».

Indicaron que lejos de que se haya acabado la guerra del agua con las comunidades del Levante, lo que se pretende con el plan es blindar el trasvase y todo el borrador está pensado para el abastecimiento a las cuencas del Júcar y el Segura.

Describieron un panorama desolador para Castilla-La Mancha si este plan de cuenca sale adelante y reclamaron al PP y al Gobierno regional que se dejen de triunfalismos con lo conseguido porque «la guerra va a continuar».

Aunque reconocieron que no conocen los detalles del memorando firmado por Valencia y Murcia con el Ministerio, los responsables de las plataformas aseguraron que es «muy peligroso» porque establece una cesión definitiva de derechos del agua a los regantes del Levante, que ha sido una de sus aspiraciones, y porque «abre al mejor postor» el agua del Tajo.

Tampoco están conformes con el caudal ecológico asignado al río a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera, ni con la reserva mínima de 400 hectómetros cúbicos en los embalses de cabecera, y reclaman 1.000 hectómetros cúbicos.

Incluso criticaron a las organizaciones agrarias, como Asaja, que han considerado positivo este plan, al considerar que lo hacen po

«Poco sensato»

Después de conocer estas denuncias de las plataformas, el portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, aseguraba que era «poco sensato» que los municipios ribereños y las plataformas de defensa del Tajo estudien denunciar el borrador del plan de cuenca de ese río porque sería «recurrir contra los intereses de Castilla-La Mancha».

Y argumentó que en ese borrador se ha conseguido una reserva estratégica del doble de hectómetros cúbicos, hasta los 400, además de devolver el río a Talavera y establecer nuevos caudales ecológicos o aumentar los existentes, algo que hasta ahora no se había logrado.

Y lamentó el consejero que sea ahora cuando muestran sus protestas y no lo hicieron antes cuando el río tenía menos caudal y las reserva estratégica era la mitad.

El nuevo reglamento de Desarrollo Rural en el marco de la Política Agraria Común (PAC) permitirá dar un impulso a la modernización de regadíos, según ha manifestado la secretaria general de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Isabel García Tejerina. García Tejerina ha clausurado en Madrid una jornada organizada por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) sobre la importancia del regadío en la nueva planificación hidrológica, en la que también ha participado la directora general de Agua, Liana Ardiles. Ha subrayado el esfuerzo del Gobierno para que, si todo «va según parece», desde la nueva PAC se financien actuaciones en esta materia que puedan conseguir hasta un 10 % de ahorro de agua, frente al 25% de ahorro mínimo exigido que planteó la Comisión en la primera propuesta y que dejaba fuera a muchas de las intervenciones de las que se realizan en España.

    García Tejerina ha defendido un programa de desarrollo rural nacional que conviva con los autonómicos en el que se puedan incluir asuntos como las intervenciones para ahorro de agua de riego.

    Ha querido aclarar que, en la nueva programación de la PAC, el desarrollo rural de España recibirá 8.291 millones de euros, lo que supone un aumento del 3 %.

    Además de destacar el papel de las comunidades de regantes en la gestión eficiente del agua, ha insistido en que los retos se centran en que el uso el agua de riego coexista con otros y en garantizar el buen estado de todas las aguas afectadas.

    El problema de la escasez del agua es mundial y se agrava con situaciones como el calentamiento global y el aumento de la población del planeta, ha indicado.

    No obstante, ha enfatizado que los esfuerzos por conseguir un uso más eficiente del agua deben hacerse «sin perder productividad y poner en riesgo el empleo en el sector agrícola».

    Por su parte, el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, ha informado a Efeagro de que la organización ha puesto en marcha una central de compras para ahorrar hasta un 14% en su factura eléctrica anual.

    Del Campo ha precisado que, por el momento, hay 30 comunidades asociadas, y que a partir del próximo año «serán muchos más», porque se trata de una medida positiva, como «todo lo que suponga un ahorro energético».

    Según las estimaciones de Fenacore, el ahorro potencial que el sector agrario puede obtener en términos absolutos con esta medida asciende a 59 millones de euros anuales, ya que su consumo actual se sitúa en torno a unos 5.400 millones de kilowatios por hora.

    Ha recordado que, después de la modernización del riego, se pasó de un sistema de irrigación en superficie, donde el uso del agua es más eficiente pero requiere un coste energético, que unido a la liberalización del mercado puede «hacer inviable la supervivencia de algunas explotaciones». Por ello, han solicitado al Gobierno unas tarifas «acordes con las necesidades de riego».

    Sobre planificación hidrológica, ha insistido en el problema que está ocasionando para los regantes el retraso en los planes hidrológicos, una demora que a su juicio se debe a que «cada comunidad autónoma está legislando por su cuenta y atribuyéndose competencias que son de la administración central».

    Ha definido la situación como la «contaminación política del agua», por lo que han pedido al Ministerio que «ponga y orden y cordura para que puedan salir los planes hidrológicos», que sería el precedente para un Plan Hidrológico Nacional «fundamental para los usuarios».

    También ha participado en la jornada el presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias, Fernando Marcén, quien ha abordado la oportunidad que suponen las futuras leyes de cadena alimentaria y de concentración de la oferta, ya en trámite parlamentario.

    En declaraciones a Efeagro, Marcén ha afirmado que espera que estas normas supongan «el principio del cambio necesario en España, porque las cosas no pueden seguir así y hace falta un equilibrio de verdad».

    La situación actual «sólo nos lleva a enfrentamientos y, sobre todo, a que muchos productores no sepan si seguir produciendo o si pueden invertir porque se vende incluso por debajo de coste», mientras que el consumidor vive con la inseguridad de no saber «si lo que está comprando tiene el precio que debería de tener».

    En cuanto a la Ley para la integración de la oferta ha resaltado que ayuda a las empresas y cooperativas a poder «de manera conjunta hacer empresas que compitan mejor en el mercado».

http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=88872

(Comunidad Valenciana) PARTIDOS | > AREA: Política

11-03-2013 / 15:40 h EFE

EU pedirá la creación de una comisión mixta de las consellerias de Agricultura y Sanidad y de los ayuntamientos de los municipios de la Ribera para que «actúen» ante la contaminación del agua, y que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) obligue a que el suministro para el consumo humano provenga de aguas superficiales del río.

Según informa esta formación en un comunicado, la coordinadora de EUPV en Les Corts, Marga Sanz, y el diputado de EUPV-Los Verdes en el Congreso, Ricardo Sixto, se han reunido hoy mañana con los concejales de los grupos municipales de esta formación en la comarca de la Ribera para estudiar diversas iniciativas parlamentarias, que trasladarán al parlamento valenciano y al Congreso.

Consideran que hace falta una actuación «urgente» sobre la presencia y el control de pesticidas en las aguas y sobre sus consecuencias en la salud de las personas, «que pueden haber sido envenenadas paulatinamente».

Los diputados de EU han acusado a la Generalitat, a los ayuntamientos, la CHJ y la concesionaria Aguas de Valencia de «suprema negligencia e irresponsabilidad».

Reclaman que el problema del agua en la Ribera «se solucione desde todos los ámbitos», y que se garantice que la potabilizadora se ponga en marcha lo más pronto posible para abastecer a los municipios de la comarca.

Según la coordinadora de EUPV, Marga Sanz, la Generalitat ha incurrido en «una dejadez sin límites», ya que «es incapaz de acabar la necesaria y urgente depuradora».

Exige asimismo al Consell que informe si dispone de una línea presupuestaria «y si no, que la establezca», ya que la salud de las personas es «prioritaria».

Sanz cuestiona asimismo que no se previniera a los municipios tras detectar el pasado mes de junio la primera contaminación del agua en Carcaixent, en septiembre en Llaurí y ahora en Alzira, «después de al menos un mes de consumo».

EU reclama que se cumplan las analíticas y los controles exhaustivos, y se adopten las medidas adecuadas a través de la comisión mixta de la Generalitat y los municipios afectados.

Por su parte, Ricardo Sixto ha anunciado que reivindicará en el Congreso el Plan de Cuenca del Júcar, y pedirá a la CHJ que «obligue» a la Generalitat a que el consumo de agua potable venga de aguas superficiales y no, como hasta ahora, de aguas subterráneas.

La secretaria general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha presentado los principales argumentos defendidos por España en el marco de las negociaciones de la Reforma de la PAC en relación con los pagos directos y la OCM única. Ha sido en su intervención en la mesa redonda sobre ‘La PAC después de 2013’ que se ha celebrado en el marco del IX Congreso Nacional del Maíz en Lisboa. García Tejerina ha recordado que, en relación con los pagos directos, la propuesta de la Comisión plantea sustituir el actual modelo histórico de pago único por un régimen de pago básico por hectárea admisible, con derechos de pago uniformes en 2019, tras un periodo transitorio. Un cambio, ha señalado la secretaria general, que en el caso español “podría provocar trasvases significativos de ayudas entre productores, sectores y territorios, y producir graves desajustes en las ayudas percibidas, poniendo en riesgo la viabilidad de d

   En este ámbito García Tejerina ha señalado cómo desde el inicio de las negociaciones España ha defendido la necesidad de establecer un mecanismo de convergencia interna por aproximación, más progresivo y limitado en el tiempo, para tratar de limar las diferencias entre lo percibido con el modelo actual y con el nuevo”. También ha destacado el interés de España “de limitar el número de hectáreas admisibles que pueden entrar en el sistema de pago básico, mediante el establecimiento de un periodo de referencia anterior a 2014”.

    En relación con otra de las propuestas de la Comisión, como es la introducción de un componente verde o ‘greening’ obligatorio, para apoyar diversas prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, la secretaria general ha subrayado que para España es esencial que la propuesta se ajuste, “para que se tenga en cuenta la diversidad de producciones y la realidad agraria de los países mediterráneos”.

    En este sentido, ha añadido que “se considera imprescindible flexibilizar la propuesta de la Comisión sobre la diversificación de cultivos y el mantenimiento de las superficies de interés ecológico ya que, en muchos casos, las medidas propuestas no son aplicables a una agricultura mediterránea como la española”. 

    Por otro lado, y con respecto al mantenimiento de las superficies de interés ecológico, García Tejerina ha explicado que desde la posición española se propone “un umbral mínimo de 20 hectáreas, que se reduzca el porcentaje del 7% al 3%, y que se incluyan dentro de esta categoría y se reconozca el valor ambiental intrínseco de ciertos tipos de producciones agrarias”. En este apartado se incluirían las superficies en zonas Natura 2000, los cultivos permanentes, los cultivos bajo agua, los cultivos como las leguminosas o las superficies acogidas a medidas agroambientales.

    En relación con la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo por el que se crea la OCM única, la secretaria general ha puntualizado que “es preciso avanzar hacia la creación de una verdadera red de seguridad de protección de los mercados, que atienda a todos los productos con problemática similar”. En ésta línea, ha destacado los cereales, indicando que se reclama el mantenimiento de la intervención pública para trigo duro y sorgo, así como la apertura obligatoria del mecanismo de intervención en caso necesario. 

    También ha abogado por un mecanismo de revisión y actualización de los precios de referencia para todos los sectores y, cara a la protección de los mercados, ha resaltado la necesidad de seguir trabajando en la ampliación de las medidas excepcionales propuestas a todos los sectores sin excepción. “Dichas medidas deberían poder contar con una dotación financiera adecuada y ser los suficientemente flexibles para poder hacer frente a cualquier situación de crisis”, ha subrayado.