El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, ha rechazado hoy los caudales mínimos fijados por el Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y ha expresado su sospecha de que éstos puedan esconder la intención de acometer un trasvase, posibilidad a la que el Govern se opone. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha propuesto en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro un caudal ecológico muy inferior al que se reclamaba para el tramo final del río Ebro desde las Tierras del Ebro, lo que ha provocado decepción en el territorio.

En concreto, la CHE, que depende del Ministerio de Agricultura, propone una media de 106 metros cúbicos por segundo, lejos de los 125 m3/s que habían reclamado desde la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) y la Generalitat para garantizar la supervivencia del Delta del Ebro.

Como novedad respecto a los caudales fijados en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro en 1998, en esta ocasión se ha presentado un caudal mínimo variable en el calendario, sujeto a las diferentes estaciones del año.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlament, Recoder ha afirmado que su departamento ha recibido como una «mala noticia» y una «desagradable sorpresa» estos caudales mínimos fijados por la CHE porque, ha argumentado el conseller, «contradicen claramente» las cifras aprobadas en su momento por la Generalitat y aceptadas por la comisión de sostenibilidad del río Ebro, así como las directrices marco de la UE en este ámbito.

El conseller ha añadido, además, que estos caudales mínimos fijados por la CHE, que ve como «muy mínimos», pueden esconder la intención del Gobierno de emprender un trasvase del Ebro.

«En ningún caso (estos caudales mínimos) pueden servir para justificar un trasvase del Ebro, cosa que nos tememos que pueda estar detrás», ha insistido el titular de Territorio y Sostenibilidad, para precisar que el Govern se opone «claramente» a esta posibilidad, porque al Ebro «no le sobra ni una gota de agua».

El delegado apuesta por un PHN que respete la preferencia de la cuenca cedente

ABC / GUADALAJARA

Día 27/04/2012

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, visitó ayer las obras de abastecimiento de agua a los municipios colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía para conocer in situ el estado de los trabajos de una obra en plena fase de ejecución.

Con esta visita, Labrador quiso manifestar la voluntad del Gobierno de España con unas obras que mediante los Presupuestos Generales del Estado se va a dotar de una cantidad de más de siete millones de euros «directamente aplicados a garantizar el suministro a los municipios ribereños», informó la Delegación en nota de prensa.

El delegado del Gobierno quiso destacar que en la provincia de Guadalajara son 28 municipios los que se van a beneficiar de esta inversión, aunque contando con la totalidad de pedanías y pequeñas localidades serán 60 núcleos de población a los que va a dar servicio esta infraestructura.

Jesús Labrador estuvo acompañado durante la visita por el subdelegado del Gobierno en Guadalajara, Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, por el alcalde de Pareja y diputado provincial, Francisco Javier del Río, y por el alcalde de Berninches, Jacinto Bravo.

En este contexto, el delegado del Gobierno se mostró a favor de establecer un Plan Hidrológico Nacional (PHN) que aporte soluciones de conjunto a los problemas de abastecimiento de agua, pero siempre que respete la preferencia de la cuenca cedente sobre la receptora.

Labrador recordó que el anterior Gobierno central del PP hizo una ley que contemplaba el Plan Hidrológico Nacional y que aportaba «solución a todos los problemas de abastecimiento de agua» del país. «Esa solución, tendrán otros que explicar por qué no fueron capaces de llevarla a cabo, por qué buscaron conflictos donde había soluciones y por qué crearon problemas cuando lo que necesitaban los españoles es que se cumplimentaran sus necesidades», puntualizó.

A su juicio, la apuesta por un Plan Hidrológico Nacional del PP pasa por que en él se contemple la preferencia de la cuenca cedente sobre la receptora, el abastecimiento suficiente y agua en cantidad y calidad.

Asaja de Albacete ha condenado «el posible asesinato» del agricultor y socio de esta organización agraria, el ex alcalde de La Gineta (Albacete), Marcial Hidalgo, hecho que, a su juicio, pone de manifiesto la inseguridad y el miedo del sector agrícola y ganadero en Albacete. En un comunicado emitido la tarde de este martes, Asaja ha condenado «este terrible hecho» que, en su opinión, muestra que los agricultores y ganaderos están «indefensos» ante los numerosos robos y han expresado su pésame a la viuda del fallecido y sus dos hijos.

Además, ha destacado que, «en los últimos tiempos, estos delitos se están agravando con brutales ataques a los propietarios o trabajadores de las explotaciones y que, en muchas ocasiones, tienen un final dramático como el ocurrido ayer».

Marcial Hidalgo, que fue alcalde de La Gineta con Alianza Popular y después con el Partido Independiente por Albacete (Pipa), que actualmente presidía, fue hallado este martes muerto en su finca de Casas de Benítez (Cuenca), con dos disparos, según ha detallado a Efe el alcalde de La Gineta, también del Pipa, José Paulino Lozano, quien ha incidido en que Hidalgo «no tenía armas».

Desde Asaja, se viene demandando la modificación del Código Penal para endurecer las penas por robo y hoy han pedido que se refuerce la seguridad en el ámbito rural «ante este tipo de hechos de extrema gravedad».

Hidalgo fue enterrado esa tarde, en La Gineta, en un multitudinario funeral.

El techo máximo de las ayudas, los pagos verdes o los fondos Feader de desarrollo rural son algunos de los aspectos de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) sobre los que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente (Magrama) ha consultado a las Comunidades Autónomas. A través de este cuestionario, al que ha tenido acceso Efeagro, busca identificar los elementos que plantean dificultades y requieren la actuación del Ministerio para impulsar modificaciones en la propuesta, según explicó ayer el Magrama a través de un comunicado.

El Ministerio y responsables de las comunidades autónomas mantuvieron ayer en Madrid la primera reunión de trabajo del Grupo de Análisis para la Reforma de la PAC, un proceso en el que España se juega el futuro de 7.500 millones de euros de ayudas al campo.

El citado cuestionario recaba la opinión autonómica sobre el marco financiero, los criterios de convergencia, el modelo de pagos directos o las cuestiones relativas a la Organización Común de Mercado única.

Así, pregunta a las comunidades autónomas si estarían de acuerdo en proponer a Bruselas un aumento de la tasa máxima de cofinanciación de fondos Feader de desarrollo rural para las regiones en transición al 75 % para aquellas que salen del objetivo de convergencia y al 60 % para el resto.

Esta cuestión es de especial relevancia para Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia.

Con la actual normativa comunitaria verían reducido el porcentaje de cofinanciación de los programas Feader a partir de 2014 (del 75 % al 50 %), puesto que ya no serán consideradas regiones cubiertas por el objetivo de convergencia, sino como «comunidades en transición».

También reflexiona sobre la forma en la que podría evitarse una reducción de la ayuda media a las explotaciones agrarias en el caso de que se añadan superficies adicionales con derecho a subvenciones.

Otras de las cuestiones que señala son la posibilidad de defender un período transitorio más amplio entre el actual modelo y el nuevo -a partir de 2013-, y si deberían integrarse nuevos perceptores de sectores altamente competitivos al régimen de pago único.

La exclusión o no de la definición de «agricultor activo» a las personas jurídicas que no tengan como objeto social la actividad agraria es otro de los asuntos incluidos en el cuestionario.

Respecto al pago «verde» o greening -que podría movilizar el 30 % de los fondos de la nueva PAC y que exigirá prácticas agroambientales, rotación de cultivos y mantenimiento de pastos para cobrar las ayudas-, plantea si se adapta a la diversidad española y si afectará a la productividad de las explotaciones agropecuarias.

También alude al «capping» o límites en los pagos directos a los agricultores, a si debería permitirse a los Estados miembro que destinen los fondos generados por esta aplicación en función de sus necesidades y a la conveniencia del mantenimiento de los sistemas actuales de limitación en la producción en los sectores azucarero, lácteo y vitivinícola.

En el comunicado del Magrama se subraya que la secretaria general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina cree «una prioridad» para el Gobierno configurar «una posición común de consenso para la defensa de los intereses agroalimentarios españoles en el debate de la reforma de la PAC».

«Se trata de una reforma de gran alcance y compleja, al coincidir con el debate del presupuesto de la UE para el periodo 2010-2020, con incidencia en la PAC», ha subrayado.

Respecto a las medidas de mercado, en la reunión de ayer se constató «un amplio consenso» en la necesidad de mejorar el funcionamiento y eficacia de los mecanismos de gestión de mercado.

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La secretaria general de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejerina, defendió ayer la apuesta por la competitividad del sector en la propuesta de Presupuestos Generales del Estado, que han suscitado las criticas de los grupos de la oposición por sus recortes, especialmente en desarrollo rural.

Durante su intervención en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, García Tejerina ha precisado qué partidas del presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente corresponden a su secretaría, dotada con 7.895,6 millones de euros, el 75% del presupuesto total del Magrama.

Ha destacado la inversión destinada a las industrias agroalimentarias, vinculadas a los programas de desarrollo rural de las autonomías, con más de 20 millones de euros; el mantenimiento de los laboratorios agroalimentarios de referencia, con 2 millones de euros; y la promoción y apertura de nuevos mercados, con más de 4 millones de euros.

Ha insistido en que el presupuesto del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) «mantiene su dotación con 5.994 millones de euros» y que las ayudas directas en el marco de la Política Agraria Común se mantienen al nivel del año anterior, con 5.130 millones de euros, que suponen el 24 % de la renta agraria.

A pesar del compromiso expresado por el Ministerio con la competitividad, los grupos parlamentarios de la oposición han considerado que ese objetivo se contradice con el recorte del 37 % en la partida de competitividad y calidad de los productos agrícolas y ganaderos, y del 22 % para el fomento del asociacionismo agrario para concentrar al oferta, que detalla la propuesta presupuestaria.

Por otra parte, García Tejerina ha hecho hincapié en el apoyo al desarrollo rural, con una dotación presupuestaria un 48 % mayor que el año pasado para los Programas Feader cofinanciados por la Unión Europea (UE), aunque la aportación del Gobierno central se ha recortado un 33 %, con casi 30 millones menos, tal y como le han recriminado los grupos parlamentarios de la oposición.

En su alocución, el diputado del PSOE Felipe Sicilia ha preguntado por la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, aprobada en la pasada legislatura y que ha sufrido un recorte del 86 %, debido, según ha indicado García Tejerina, a que las comunidades autónomas no están en disposición de aportar la parte que les corresponde por sus elevados niveles de endeudamiento.

El portavoz popular de Agricultura, José Cruz Pérez Lapazarán, ha recordado que el Senado «tumbó la ley por mala» y que en estos momentos la única autonomía que está en condiciones de poner en marcha su plan de zona y de aportar los fondos que le corresponden es La Rioja «y quizá Galicia».

La portavoz de Agricultura del Grupo Mixto, Olalla Fernández (BNG), ha reconocido que las autonomías también deben hacer un esfuerzo para que entre en vigor la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, pero ha criticado al Gobierno por «desatender» el mundo rural, un entorno «muy castigado por la sequía y el aumento del precio de los combustibles».

Desde Izquierda Plural, Laia Ortiz, ha lamentado «la casi total desaparición» de los fondos para este partida, con recortes que afectan especialmente «a la mujer, a los jóvenes y a los programas de formación para la competitividad del sector agroalimentario de las zonas rurales», así como la disminución en un 20 % de la dotación para agricultura ecológica.

La renta del agricultor subió un 6,5% en la Unión Europea (UE) en 2011 con respecto al año anterior debido a los ingresos del sector, mientras que en España registró una caída del 0,4%, según el último informe anual de la Agricultura en los Veintisiete publicado este lunes

más que 2011 fue un año excepcional para el comercio de productos agrícolas, en el que la UE obtuvo un excedente de cerca de 7.000 millones de euros por segundo año consecutivo.

El informe indica que, según las últimas estadísticas, la producción de carne de vacuno aumentó un 1,8% en 2011, mientras que el incremento fue del 1,7 % en el caso de la carne de cerdo.

El incremento de la producción fue más moderado para la carne de ovino y de pollo (0,4% en ambos casos).

Por otro lado, los precios de los productos lácteos se siguieron recuperando en 2011 gracias al incremento de la demanda, con aumentos del 15% en el caso de la mantequilla y de algunos quesos, lo que se vio acompañado de una subida del precio de la leche.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió ayer a invertir en esta legislatura 578 millones de euros en el almacén temporal de residuos (ATC), que se instalará en la localidad conquense de Villar de Cañas, y a inaugurar este mismo año el tramo de la A-40 entre Talavera de la Reina y Toledo. Así lo dijo la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, después de entrevistarse con Rajoy en el Palacio de La Moncloa, donde el jefe del Ejecutivo le trasladó que es una prioridad para el Gobierno la construcción del parador nacional de turismo en Molina de Aragón.

Durante el encuentro, Cospedal le expresó la voluntad de su Gobierno de colaborar en la planificación hidráulica nacional y le agradeció la puesta en marcha del programa para el pago a proveedores, que en Castilla-La Mancha servirá para abonar más de 600.000 facturas, por valor de 2.510 millones de euros. Cospedal resaltó el conocimientoque tiene Rajoy de los asuntos de Castilla-La Mancha y ha subrayado que la reunióm ha sido «muy fructífera y satisfactoria».

También celebró las ayudas que recibirá su región para la transformación y reconversión del viñedo, que suponen 30 millones más que lo atribuido por el anterior Gobierno socialista. Para abastecimiento de agua, subrayó los 37 millones consignados en los presupuestos generales del Estado para obras en Ciudad Real y los 13 para Toledo, que se dedicarán a infraestructuras muy necesarias para el «reequilibrio hídrico en la región».

Recordó que en el plan de infraestructuras del Gobierno para el periodo 2012-2024 están incluidas otras carreteras de interés para la región, como las autovías Linares-Albacete, Ávila-Cuenca-Teruel, Ciudad Real-Puertollano, la que unirá las comunidades extremeña y valenciana y la Tarancón-Guadalajara.

Respecto al AVE, resaltó los 150 millones previstos en la provincia de Albacete, dentro de la línea Alicante-Murcia, y ha reiterado el deseo del Gobierno de unir Madrid y Lisboa por alta velocidad, un proyecto al que no renuncia pese a la negativa transitoria del Ejecutivo luso.

El parador, una prioridad

Rajoy se comprometió con Cospedal a construir durante esta legislatura el Parador de Molina de Aragón, proyectado tras el incendio sufrido por la zona en 2005 en el que murieron once personas. Según desveló Cospedal, este parador es la prioridad del Ejecutivo para esta legislatura junto al de Muxía (A Coruña). «Hay otros en cartera, pero en crisis hay que establecer prioridades», reconoció la presidenta castellano-manchega.

Según recordó, esta infraestructura es una obra «muchas veces prometida y nunca puesta en marcha» y servirá para revitalizar una zona «de gran belleza y tradición cultural», además de un valor medioambiental que hay que recuperar tras el incendio. Además, el presidente del Gobierno también se comprometió con la líder del PP en Castilla-La Mancha a que antes de que finalice 2012 acudirá personalmente a inaugurar el tramo de autovía entre Talavera de la Reina y Toledo, una infraestructura «muy deseada».

En el plano de infraestructuras, la presidenta de Castilla-La Mancha recordó que la comunidad ocupa «una parte importante «del centro de la Península, por lo que «además de destino final es un cruce muy importante de caminos». Por ello, insistió en la importancia de potenciar las comunicaciones de esta región «con un gran potencial y posibilidades» y ha puesto como ejemplo los 150 millones previstos para inversiones en Albacete para la línea de alta velocidad entre Alicante y Murcia.

Una parte muy importante del encuentro estuvo centrada en el tema del agua, respecto al que Cospedal reconoció a Rajoy la «preocupación» de Castilla-La Mancha sobre la situación hidrológica nacional y mostró su compromiso con un plan nacional que garantice el agua para todo el territorio. La presidenta castellano-manchega sostuvo que en España existe agua «suficiente» pero «no bien distribuida» y apostó por desarrollar un plan estructurado que no tenga como «eje vertebrador» el «enfrentamiento» entre comunidades autónomas. «Estoy convencida de que somos capaces de hacerlo y de pactar con el PSOE si usamos menos demagogia y nos podemos a trabajar», defendió.

Cospedal reconoció que también es necesario un reequilibrio hídrico dentro de Castilla-La Mancha y en este sentido están orientadas las infraestructuras previstas en los Presupuestos Generales del Estado, que prevén obras hidráulicas para derivar agua del Tajo al cauce del Guadiana, entre otras. «Castilla-La Mancha es una comunidad en la que su Gobierno durante 30 años apenas apostó por una planificación hidrológica y obras para aprovechar el agua», censuró antes de poner como ejemplo que, de cada cuatro litros de agua que pasan por la comunidad, uno se pierde. «Cuando alguien se posiciona totalmente en contra de los trasvases también tiene que pensar que sin ellos no llegaría agua del Tajo a Toledo o del Guadiana a Ciudad Real», sostuvo.

Durante su reunión con el presidente del Gobierno, Cospedal también tuvo oportunidad de agradecerle el plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno, para el que Castilla-La Mancha ha presentado facturas por valor de 2,510 millones de euros pendientes desde el año 2008.

La versión del PSOE

Como era de esperar, la versión del PSOE sobre el resultado de la reunión celebrada ayer en la Moncloa fue muy distinta. La portavoz de la Ejecutiva Regional del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, lamentó que la presidenta regional, María Dolores Cospedal, «sigue entregada a la consigna partidista, en vez de defender verdaderamente los proyectos que son importantes para los ciudadanos de la región».

La Comisión Europea (CE) quiere que todos los Estados miembros se comprometan a hacer obligatoria la concesión de ayudas a los jóvenes agricultores que ponen en marcha una explotación, como prevé la reforma de la Política Agrícola Común (PAC). El responsable de Agricultura de la CE, Dacian Ciolos, explicó hoy en una conferencia organizada por el Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores que hay quienes abogan por que esas subvenciones sean voluntarias y alertó de que «el objetivo político de la medida se vería gravemente debilitado si no fuera obligatorio para todos los Estados miembros». Los problemas que afectan a los jóvenes agricultores «no tienen fronteras», subrayó el comisario.

Dacian Ciolos advirtió que hacer la ayuda opcional «supondría de alguna manera aceptar que existen discriminaciones» por nacionalidad o lugar donde está ubicada la instalación.

El comisario animó a las organizaciones agrarias a hacer presión para que la reforma de la PAC, actualmente en negociación, garantice la concesión imperativa de esos pagos.

La propuesta de reforma de la PAC prevé «aumentar el nivel de pagos directos durante los cinco primeros años de actividad para los jóvenes agricultores que se instalen», explicó el comisario.

Dos tercios de los agricultores europeos tienen más de 55 años, una situación que preocupa a Bruselas, ya que en la última década la UE ha perdido más de 3 millones de empleos en el sector.

Las nuevas ayudas que plantea la Comisión, que permitiría obtener un pago complementario del 5 % durante cinco años, beneficiarían a los agricultores menores de 40 años.

La reforma de Bruselas propone subvenciones para las primeras instalaciones y para retomar las actividades de los agricultores que se jubilen, así como facilitar el acceso de los agricultores a préstamos bancarios.

El secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado que el Gobierno de María Dolores de Cospedal no defienda los intereses hidrológicos de la región, así como que no haya acuerdo entre los partido políticos de Castilla-La Mancha, y ha vaticinado que los próximos años serán «los más difíciles para el río Tajo y para las cuencas hidrográficas».

Así ha reaccionado el dirigente socialista a las declaraciones del presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Xavier de Pedro Bonet, quien ha aseguraba que «no es posible realizar un trasvase del Ebro por las necesidades de la cuenca».

En este sentido, García-Page ha afirmado tener «envidia sana» de que en Aragón los partidos políticos hayan llegado a un acuerdo sobre el Ebro y ha criticado la «ausencia absoluta de posicionamiento» del Gobierno de la región.

Según el socialista, en Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia «todo el mundo» se ha puesto de acuerdo sobre el agua, mientras que en Castilla-La Mancha no ha ocurrido lo mismo, por lo que ha señalado que en la región «alguien está faltando a su compromiso con la tierra».

«Aquí, o nos ponemos de acuerdo en un planteamiento sobre cómo debemos defender el río y qué cantidad de agua tenemos que tener o se lo seguirán llevando», ha asegurado

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, dijo al PSOE que no haga «demagogia» defendiendo ahora el agua para la región cuando «se cargó el consenso» que había en la Comunidad Autónoma en torno a este tema.

Así se ha manifestado Cañizares en el transcurso de una rueda de prensa sobre la resolución aprobada por el Comité Ejecutivo regional de los socialistas en la que proponen alcanzar «un gran acuerdo regional» en materia de agua.

Para Cañizares, lo que echan en falta es el reconocimiento por parte del PSOE y de su secretario regional de «cómo se cargaron el consenso que había en la región en el tema del agua». «Esa es la situación que ha provocado el PSOE y en eso es en lo que tienen que reconducir su posición», ha señalado el responsable popular.