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Asaja pide la modificación del código penal para evitar los robos en el campo

Y que se endurezcan las penas de los delincuentes que comenten delitos y robos

Redacción | Madrid | 19/12/2011

El presidente nacional de la patronal agraria Asaja, el ciudadrealeño Pedro Barato, ha pedido públicamente la modificación del actual Código Penal para que se endurezcan las penas de los delincuentes que comenten delitos y robos en el campo. Barato ha hecho esta reflexión durante la celebración de la tradicional comida de Navidad que ha celebrado este fin de semana con algo más de 1.400 agricultores ciudadrealeños y en la que ha participado también la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.

El líder de la patronal agraria tuvo unas palabras de recuerdo para Pedro Fernández, el pastor que a principios de este mes murió tras la agresión de unos asaltantes que irrumpieron en la explotación agraria donde cuidaba del ganado. Barato ha dicho que no es posible que personas que supuestamente habían cometido con anterioridad más de cincuenta robos estuvieran impunemente en la calle. Además, ha considerado que es lamentable que por un botín de 40 euros y dos teléfonos móviles un hombre perdiera la vida y otro fuera brutalmente agredido. En este sentido, ha defendido la reforma del Código Penal que haga posible que los reincidentes en este tipo de delitos «si son de fuera sean expulsados a su país y si son de aquí acaben en la cárcel», aludiendo a extranjeros y españoles. El presidente nacional de Asaja ha pedido la derogación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) y ha pedido a la presidenta regional que inste al central a reformar las actuales Confederaciones Hidrográficas y en particular ha dicho: «en algunas como la del Guadiana, es mejor que no quede ni la fotocopiadora». A Cospedal ha reclamado Barato «instrumentos» que ayuden a mejorar la renta de los agricultores y un apoyo decidido al vino, para que «se acabe de hablar de política del vino y se hable de economía del vino». Para Barato es fundamental volver a contar con campañas de promoción del vino que permitan, incluso, que el vino pueda anunciarse en televisión y deje de ser considerado una bebida alcohólica.

(Comunidad Valenciana) REGIONES-AUTONOMIAS | > AREA: Política

15-12-2011 / 19:00 h

Valencia, 15 dic (EFE).- El Tribunal Supremo (TS) ha estimado el recurso de la Generalitat contra el artículo del Real Decreto del Ministerio de Medio Ambiente que delimita el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar por considerar que es «contrario a Derecho».

En una sentencia, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Alto Tribunal declara «radicalmente nulo» el artículo que circunscribe la demarcación del Júcar al territorio de las cuencas hidrográficas que vierten en el Mediterráneo entre la margen izquierda de la Gola del Segura en su desembocadura y la del río Cenia.

El artículo del Real Decreto, que entró en vigor en febrero de 2007, excluía de la demarcación del río Júcar las cuencas intracomunitarias de la Comunitat Valenciana, las aguas de transición a ella asociadas y las aguas costeras asociadas a la fachada litoral de las cuencas intracomunitarias de la autonomía.

El pasado día 2, el Supremo dictó otro fallo en el que rechazaba el recurso que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha presentó contra esta misma norma, y en especial en lo referido a los ríos Segura y Júcar.

La demanda del gobierno castellanomanchego solicitaba que se declarara la nulidad del artículo que delimitaba las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias y, en concreto, las relativas a los ríos citados.

El fallo del Supremo explicaba que el Estado fija la demarcación de los ríos en este Real Decreto «con carácter provisional respecto de las comunidades que hasta la fecha no han realizado los traspasos de servicios correspondientes».

Según el tribunal, esa temporalidad terminará cuando las comunidades autónomas afectadas «asuman de manera efectiva las competencias sobre dichas cuencas». EFE

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la Resolución de 18 de noviembre de 2011 de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua por la que se conceden ayudas por importe global de 96.567,79 euros para financiar la carencia especial para titulares de préstamos agrícolas. En concreto, estos créditos se acogieron a los reales decretos 613/2001 de 8 de junio y 204/1996, de 9 de febrero, según detalla esta resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) -con los que el Gobierno pretendía facilitar la liquidez a los profesionales del sector agrario-.

En cuanto a las entidades que tramitaron estas ayudas financieras, destacan Banco Popular Español (22 préstamos por 55.452,11 euros), Banco de Sabadell (17 préstamos por 26.764,54 euros) y Banco de Valencia (cinco préstamos por 9.619,78 euros). En menor cuantía se situaron la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña (tres préstamos por 4.167 euros) y Banca March (un préstamo por 564,36 euros).

La Ministra Rosa Aguilar ha presidido hoy la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural en la que se ha acordado la territorialización de 74.104.800 euros, de los que 69.960.800 euros, procedentes de fondos comunitarios, se destinan a la línea de reestructuración y reconversión del viñedo, 2.644.000 euros corresponden a programas agrícolas y ganaderos y 1.500.000 euros a líneas de actuación de desarrollo rural.

La Conferencia Sectorial ha aprobado la asignación a las Comunidades Autónomas de 69.960.800 euros procedentes de fondos comunitarios para reestructuración y reconversión del viñedo, cantidad que supone el 80% del presupuesto destinado para 2012 a esta línea (87.451.000 euros). Esta asignación se ha realizado en atención a la urgencia de proceder a realizar pagos con cargo a este concepto. Las cantidades asignadas deben considerarse como anticipos de lo que pueda distribuirse con carácter definitivo en una nueva Conferencia Sectorial, sin que esta distribución prejuzgue los criterios de distribución ni las cantidades definitivas a asignar. Dentro del capítulo de programas agrícolas y ganaderos, se han destinado 1.400.000 euros a la mejora del sector de frutos de cáscara y las algarrobas. También se han distribuido 1.084.000 euros para la lucha contra plagas, concretamente para la erradicación y control de las poblaciones de mosca del olivo, mosca mediterránea de la fruta, langosta y otros ortópteros. Asimismo, se han destinado 160.000 euros para financiar programas de ensayo de variedades vegetales, que son necesarios para conocer la calidad del material vegetal comercializado en España y realizar un seguimiento del mismo, apoyando la transparencia del mercado. Por otro lado, la Conferencia Sectorial ha aprobado el Plan de Acción de España para asegurar el cumplimiento de la normativa de protección de gallinas ponedoras, elaborado por el MARM en colaboración con las Comunidades Autónomas. Dicho Plan tiene como objetivo aclarar las medidas que deben aplicarse desde el 1 de diciembre de 2011, y asegurar así que en toda España se adoptarán las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la norma de una forma coordinada y coherente, que asegure un tratamiento similar a todos los titulares de explotaciones que se encuentren en situaciones parecidas, se asegure un nivel equivalente para todos en el acceso al mercado, y se cumpla el objetivo final de mejorar la protección de los animales, garantizando el efectivo funcionamiento del mercado interior de los productos ganaderos. De los 1.500.000 euros correspondientes a los programas de desarrollo rural, se ha aprobado la distribución de 1.250.000 euros como aportación adicional de la Administración General del Estado. Los fondos proceden de remanentes no aplicados e inicialmente imputados a los planes de zona de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural que, de esta forma, se destinar a apoyar los programas de desarrollo rural, en el marco de la PAC, de las Comunidades Autónomas. Estas dotaciones, que complementa otras ya realizadas anteriormente, tienen la consideración de adelanto adicional a cada Comunidad Autónoma, para contribuir a cubrir la aportación de la AGE establecida en los PDR de las Comunidades Autónomas en sucesivos ejercicios de la actual programación (2007-2013). Estas aportaciones suponen asegurar los retornos correspondientes de fondos comunitarios con cargo al FEADER, derivados de la ejecución de los citados planes. Asimismo, en aplicación se han transferido 250.000 euros para la financiación adicional, e igualmente con el carácter de anticipo a regularizar con cargo a la distribución del ejercicio del 2012, de proyectos de Experiencias Innovadoras, en el marco de la Red Rural Nacional. De esta cantidad, 150.000 euros corresponden al proyecto “Huella Ecorural”, de la Comunidad Autónoma de Andalucía; y 100.000 euros para el proyecto “Creación de una metodología para el fomento de empresas de innovación rural”, de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Además, la Conferencia Sectorial ha aprobado las directrices para la puesta en marcha de la ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, aprobada por el Parlamento el pasado mes de octubre, con el objetivo de facilitar su entrada en vigor a partir del próximo 5 de enero de 2012, por parte de las Comunidades Autónomas.

El futuro Gobierno de Mariano Rajoy estudiará la forma de hacer «viable» el Júcar-Vinalopó, un objetivo que prevé recuperar la conexión con la segunda toma en Cortes de Pallás —desechada por la ex ministra socialista Cristina Narbona—. Así lo aseguró ayer el cabeza de lista del PP al Congreso por Alicante, Federico Trillo, en una comparecencia para valorar los resultados del 20-N en la provincia.

El ex ministro confirmaba así la información adelantada por ABC el pasado 15 de noviembre, en el ecuador de la campaña, de que el PP recuperaría el trazado original de la conducción —derogado en 2005— si se imponía en las generales, para hacer llegar agua de calidad y a un precio asequible al interior de Alicante.

El proyecto, con un coste mínimo dado que la toma ya estaba construida cuando se anuló el trazado original, partió de los usuarios alicantinos, que lo hicieron llegar a la Confederación del Júcar (CHJ) como alternativa a la potabilizadora. Según esta propuesta, la toma en Cortes, donde los niveles bacteriológicos del agua son muy inferiores al Azud de la Marquesa —según los análisis de la propia CHJ—, se supeditaría a la toma actual cuando la calidad del agua permitiera destinarla a regadío, y se explotaría como un «banco de agua».

El diputado electo del PP por Alicante, que logró en su séptima candidatura el mejor resultado de la historia, garantizó ayer que el nuevo Ejecutivo apostará por los trasvases, tal como pidieron hace una semana patronal, sindicatos y regantes alicantinos. «Las reivindicaciones históricas de Alicante se convertirán ahora en acción de Gobierno», explicó.

El Tajo-Segura, a salvo

De esta manera, Trillo garantizó la permanencia del Tajo-Segura, tras recordar que fue el PP quien forzó al ex presidente socialista de Castilla-La Mancha José María Barreda a retirar su proyecto de Estatuto, que limitaba las transferencias a Murcia y Alicante. En cuanto al Júcar-Vinalopó, adelantó que buscarán la manera de «hacerlo viable», para lo que se «necesita» estudiar la segunda toma. Trillo evitó precisar el calendario de la actuación (si bien consideró que «no tardará»), al no conocer «las cifras».

El dirigente popular se mostró más cauto respecto a un eventual trasvase del Ebro, mucho más costoso que mantener el Tajo-Segura y modificar el Júcar-Vinalopó, pero insinuó que en el futuro podría estudiarse una conexión con el bajo del Delta del Ebro. También garantizó la llegada del AVE en el menor tiempo posible, y el Corredor Mediterráneo.

Madrid, 22 nov (EFE).- La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha instado a la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava, a interponer un recurso de inconstitucionalidad en el plazo de tres meses contra la reforma de la Ley de Aguas, según ha informado hoy esta organización.

Ha precisado, en un comunicado, que el recurso se fundamenta en que el Ejecutivo no ha acreditado la extraordinaria y urgente necesidad del Real Decreto por el que se ceden las competencias en materia de policía de dominio público hidráulico a Andalucía, Aragón y Cataluña.

A su juicio, esto evidencia que «se ha tratado de incorporar al ordenamiento acortando los plazos habituales del proceso ordinario de aprobación».

Según los regantes, el proceso de reforma acumula «una serie de irregularidades» que justifican declarar nula la disposición final primera de esta ley.

Entre estas, cita como ejemplo el hecho de que la modificación no haya sido llevada a consulta al Consejo Asesor de Medio Ambiente ni al Consejo Nacional del Agua, organismo que, en su opinión, «debería haber emitido un informe preceptivo al respecto, tal y como marca la propia Ley de Aguas en su artículo 20».

Por otro lado, Fenacore argumenta que esta reforma rompe los principios de unidad de cuenca y unidad de gestión establecidos en la legislación de aguas.

En su opinión, también se incumple la Directiva Marco de Aguas que establece que la gestión y planificación del agua debe hacerse por cuencas hidrográficas y con la participación de los interesados.

Además, los regantes han considerado que al margen de su inconstitucionalidad esta reforma es sobre todo «perjudicial para los usuarios porque en lugar de defender los intereses generales responde a intereses localistas y políticos, lo que generará conflictos territoriales por la distribución de los recursos hídricos», en especial en épocas de sequía.

Por todo ello, Fenacore ha trasladado la necesidad de interponer este recurso de inconstitucionalidad a un centenar de diputados y senadores, así como a los parlamentos autonómicos para «augurar un horizonte estable del agua en España» y evitar que se atente en «forma y fondo contra la Carta Magna». EFE

 21 nov (EFE).- El Parlamento valenciano ha aprobado hoy, a instancias del PP, interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra una disposición del decreto-ley que modifica la Ley de Aguas y que, según los promotores de la iniciativa, permitiría a Aragón gestionar los recursos hídricos que fluyen en la Comunidad.

La proposición, presentada por el grupo popular y que se ha aprobado con los votos a favor de PP y Compromís, el voto en contra del grupo socialista y la abstención de Esquerra Unida, afecta a la disposición final primera del decreto-ley, que regula las competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico.

El diputado popular David Serra ha afirmado que si no se actúa frente a esta reforma, «Aragón gestionará el control y la protección de las aguas que fluyen en territorio valenciano», y ha alertado de que en un futuro «podría pasar lo mismo con Castilla-La Mancha y Murcia».

A su juicio, el decreto ley «rompe la directiva marco en materia de agua, incumple la ley de Aguas afectando al principio de unidad de cuencas, no responde a una urgente necesidad y vulnera principios básicos como la solidaridad», además de demostrar «deslealtad» hacia la Comunitat.

«La competencia sobre legislación, ordenación y concesión de los recursos hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una comunidad autónoma las tiene el Estado», ha aseverado Serra.

Por su parte, el diputado socialista Francesc Signes ha afirmado que el recurso «no tiene ningún sentido» y se ha mostrado convencido de que «la única finalidad» de su presentación es «despistar ante la renuncia del PP a exigir el trasvase del Ebro».

Signes ha recordado que en la votación del mismo decreto-ley en el Congreso de los Diputados el grupo popular, «incluidos los diputados valencianos», se abstuvo y evidenció así «su doble discurso en materia hídrica».

Ha asegurado que los populares pretenden presentar un recurso «para no recibir una competencia que figura en el Estatuto de la Comunitat Valenciana» y les ha acusado de tener «poca voluntad de asumir responsabilidades en materia hídrica».

El diputado de EU Lluís Torró ha explicado que la abstención de su grupo se debe a que la propuesta de interponer el recurso «solo tenía valor propagandístico», si bien ha criticado que la modificación del decreto-ley por parte del Gobierno central se hizo «sin transparencia».

En la misma línea se ha expresado el diputado de Compromís Josep María Pañella, quien ha acusado al Ejecutivo de España de aprobar la modificación con «nocturnidad y alevosía», pero también ha recordado a los populares en Les Corts que ahora que su partido ha ganado las elecciones generales «tienen otro camino» que es «el legislativo» para tumbar la modificación.

El Consell, reunido en pleno el pasado viernes, también acordó presentar un recurso de inconstitucionalidad contra este decreto-Ley que modifica la ley de Aguas, al considerar que quebranta «el carácter indivisible de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión» y «fragmenta las competencias» en esta materia. EFE

http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=80920

Los ponentes de la segunda jornada del Congreso Nacional de Regadíos y Energías Renovables, que se celebra en Pamplona, han destacado las ventajas de establecer vínculos entre regantes y productores de renovables, así como las ventajas de plantas como la paulownia que se cultiva en Ciudad Real.

El congreso, organizado por el Gobierno foral y el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), ha valorado además los beneficios que ofrece la biomasa para la generación de energía, según han señalado en un comunicado los organizadores.

En este sentido, Peter Kasamaki, de Vicedex, ha expuesto su experiencia en el cultivo leñoso de crecimiento rápido, en concreto de la Paulownia, para la generación de energía eléctrica.

Este cultivo que se lleva a cabo en las regiones de Cádiz y Ciudad Real aporta grandes ventajas gracias a su capacidad de regeneración y a sus bajas emisiones de dióxido de carbono.

Asimismo, ha destacado que, en cuanto a los regadíos, «los cultivos energéticos son una alternativa viable frente a los altos costes de la energía convencional», y que «es muy importante establecer vínculos con las comunidades de regantes para facilitar su labor de generación de biomasa».

Por su parte, según la información facilitada por los organizadores, Alberto Lafarga, de la División Agrícola de Intia, adscrita al Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, ha puesto de manifiesto la necesidad de impulsar la biomasa a partir de los residuos de cultivo para hacer frente a las necesidades actuales, aunque ha advertido de que «la eficiencia de este tipo de energía todavía es muy baja».

Además, ha señalado que «el coste de producción es el aspecto clave para su desarrollo» ya que éste determina que la parte de cultivo destinado para biomasa tenga o no espacio dentro de los campos agrícolas.

En lo que se refiere a los biocombustibles ha destacado que «los de segunda generación representan una oportunidad para la utilización de residuos y cultivos energéticos lignocelulósicos en la producción de etanol».

También Josep Turmo, de Abencis, ha señalado que «la búsqueda de un modelo eficiente de aprovechamiento y la reducción del coste de la biomasa es uno de los desafíos que se plantean en torno a la producción».

En este sentido ha expuesto que sus esfuerzos se centran «en la reutilización de maquinaria habitual aunque con nuevas aplicaciones como la siega de precisión por geolocalización o la generación de un sistema de compactación para su transporte».

Inés Echeverría, de Cener, ha dicho que «las previsiones indican que la demanda de biocombustibles para el transporte va a ir en aumento y con mayores exigencias de sostenibilidad».

Debido a esto «se va a requerir un desarrollo de los procesos productivos de segunda generación, para el empleo de biomasas lignocelulósicas y nuevos biocarburantes alternativos».

En lo referente a las experiencias prácticas, César Trillo, de la Comunidad de Regantes de Riegos del Alto Aragón, ha destacado «la sostenibilidad económica, medioambiental y social que suponen los saltos hidroeléctricos», los cuales, ha dicho, «son una fuente de ingresos para aliviar el incremento del coste del agua, derivado del incremento del consumo energético en los regadíos modernizados».

Además, ha señalado que «la minihidráulica es la energía cuyo aprovechamiento tiene el menor impacto ambiental asociado de entre todas las energías renovables».

Por último, Jesús García Ramos, de Aguacanal, ha expuesto experiencias de costes energéticos de explotación en la Zona Regable del Canal de Navarra como por ejemplo en el mantenimiento de estaciones de bombeo o en la utilización de telecontrol en la gestión del regadío. EFE

El Gobierno ha aprobado cinco nuevas cualificaciones profesionales agrarias, que se incluirán en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, para «promover y desarrollar la integración de las ofertas de la formación profesional», según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Real Decreto, que entrará en vigor mañana, establece cinco nuevas cualificaciones y sus correspondientes niveles. En concreto, «Cuidados y mantenimiento de animales utilizados para la investigación y otros fines científicos» y «Cuidados de animales salvajes, zoológicos y acuarios», ambas de segundo nivel.

Añade, de tercer nivel, «Realización de procedimientos experimentales con animales para investigación y otros fines científicos»; «Asistencia a la gestión y control sanitario de animales de granja y producción» y «Asistencia en los controles sanitarios oficiales en mataderos, establecimientos de manipulación de caza y salas de despiece». Según recoge el BOE, estas cualificaciones pretenden «acreditar las correspondientes competencias profesionales», así como su «evaluación y acreditación» con el objetivo de favorecer «el desarrollo profesional y social de las personas y que se cubran las necesidades del sistema productivo».