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Los regadíos y las renovables buscan colaborar para producir energía

(Navarra) SECTORES-EMPRESAS | > AREA: Economia, negocios y finanzas

16-11-2011 / 10:50 h

Pamplona, 16 nov (EFE).- El sector de las energías renovables y el de los regadíos analizan en Pamplona una posible integración de iniciativas ante el encarecimiento que la energía ha experimentado y que, según la presidenta navarra, Yolanda Barcina, ha puesto a las explotaciones agrarias «en el límite de su viabilidad económica».

Para analizar fórmulas de colaboración, expertos de ambos sectores se reúnen durante dos días en la Comunidad Foral en el I Congreso Nacional de Regadíos y Energías Renovables, organizado por el centro Nacional de Energías Renovables (CENER) y el Gobierno foral a través de la división de riegos de la empresa pública INTIA.

En representación de ésta, Miguel Horta ha señalado que se trata de explorar los puntos de conexión que puede haber entre el mundo agrario y el de las energías renovables, donde ya hay alguna pequeña experiencia en marcha.

Como ejemplos ha citado la posibilidad de que los instaladores fotovoltaicos puedan disponer de terrenos agrícolas para implantar sus parques, que los productores de energía eólica puedan regular la producción, acumulando el agua en balsas propiedad de las comunidades de regantes, y que en los terrenos agrícolas se puedan cultivar plantas que permitan la producción de biodiesel, bioalcohol o biomasa.

En su opinión, «el campo de colaboración es muy amplio y el Congreso pretende dar un vistazo general a todas las posibilidades para que en el futuro tanto las comunidades regantes como los promotores de energías renovables en sus diversas facetas puedan llevar a cabo sus proyectos».

Al respecto, en la apertura del Congreso, la presidenta Barcina ha subrayado que en los últimos 5 años las tarifas energéticas para el riego han sufrido un incremento superior al 80 por ciento, una evolución y una dependencia que, ha dicho, «está en nuestra mano cambiar».

Tras recordar que Navarra ha apostado por crear nuevos regadíos y modernizar los existentes como «un activo estratégico», porque «mantiene vivos los pueblos» y «permite potenciar una poderosa industria agroalimentaria», Barcina ha destacado que el CENER ha «detectado la necesidad» de desarrollar nuevas fórmulas de producción energética en el sector agrario y en especial en los regadíos, consumidores del 2 % de la energía eléctrica de toda España.

«Se trata de que puedan integrarse armónicamente» las necesidades de los regadíos y las nuevas tecnologías de producción de energía renovable para la «sostenibilidad» y «rentabilidad» de los primeros y la disminución de la producción de CO2, ha puntualizado.

Y por ello ha animado a las empresas presentes a concretar soluciones técnicas que permitan una mejora del balance energético, y con él de la viabilidad de las explotaciones agrarias, y a las comunidades de regantes a valorar si sus productos se adecúan a las necesidades del mercado y si pueden ofrecer terreno para el desarrollo de proyectos energéticos a los que puedan suministrar materia prima.

«Donde hay una comunidad de regantes hay suelo para construir, tierras agrarias productivas, vías de comunicación, líneas eléctricas y agua», ha comentado, y ha añadido que también hay legislación agraria para «reordenar propiedades» mediante concentraciones que faciliten la ubicación de aprovechamientos energéticos y posibilidades de «financiación de infraestructuras de interés general» que reduzcan el consumo energético.

Para Barcina, hacerlo «es una auténtica necesidad que beneficiará a ambos sectores, agricultura e industria, abriendo líneas de colaboración mutuas» que reporten «nuevas oportunidades de negocio para ambos». EFE

La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, reiteró ayer en Bruselas el rechazo de España al pago base propuesto en la reforma de la PAC y ha asegurado que el nuevo modelo de ayudas propuesto por la Comisión Europea plantea «grandes incertidumbres y problemas en cuanto a su aplicación». «Tiene un encaje muy difícil en nuestro modelo productivo, caracterizado por la gran diversidad y riqueza de las producciones», ha aseverado la ministra.

Para Rosa Aguilar, «el nuevo modelo de pagos directos que se establezca deberá dar respuesta a las necesidades de las distintas orientaciones y sistemas productivos de la agricultura y ganadería española, elemento que compartimos con los estados miembros mediterráneos». La titular del MARM ha expresado además su preocupación por los impactos a los que puede conducir la aplicación de esa reforma «tanto a nivel sectorial, como territorial e individual, ya que condiciona la viabilidad futura de muchas de las explotaciones agrarias de nuestro país produciendo desequilibrios territoriales y sectoriales». La ministra ha explicado que las inquietudes de España se concentran en los dos elementos fundamentales del nuevo modelo de ayudas: el pago de base y el llamado «componente verde». Respecto al pago de base, el reglamento propone el establecimiento que es inaceptable para España, de una tasa o pago uniforme a nivel de región o de Estado Miembro, en el año 2019 a más tardar. Con respecto al pago adicional para prácticas beneficiosas con el medio ambiente y el clima, el componente verde, Aguilar ha coincidido con los objetivos aunque ha explicado que es «imprescindible tener en cuenta que la agricultura europea, que los agricultores y ganaderos, ya cumplen con todo un conjunto de disposiciones y exigencias medioambientales recogidos en nuestro ordenamiento, que hacen que nuestra agricultura sea sostenible». En este sentido, Rosa Aguilar ha defendido que la aplicación del componente verde debe estar vinculada a «una simplificación real y efectiva de las normas». «Las medidas que se apliquen dentro de dicho componente verde han de ser sencillas, fácilmente aplicables y generalizables, y en ningún caso podrán suponer una pérdida de competitividad ni de productividad a las explotaciones europeas», ha abundado la ministra, quien ha rechazado que el incumplimiento de las obligaciones de este componente verde afectara a los pagos de las ayudas a los agricultores. Además, y buscando la mejora de la competitividad de las explotaciones europeas, el Gobierno de España entiende que habría que revisar a la baja el porcentaje del 30% de los pagos directos dispuesto para dicha ayuda verde. Por otro lado, desde España, ha afirmado la Ministra, no puede aceptarse la falta de adecuación de las medidas propuestas «hacia algunas de nuestras producciones más representativas», tales como el olivar, el viñedo, la producción frutícola, los sistemas productivos en regadío o las producciones ganaderas de las zonas de montaña, entre otras. Ante este nuevo escenario planteado por la Comisión Europea, la Ministra ha considerado «fundamental» aumentar los recursos disponibles para el componente de ayudas acopladas y flexibilizar su aplicación, al tiempo que ha subrayado «la importancia de la incorporación de jóvenes» dado el fuerte grado de envejecimiento de los activos del sector y la necesidad de fomentar el relevo generacional, así como «la incorporación de la mujer como elemento activo prioritario» en los sectores agrícola y ganadero.

Vuelta a la idea original. A falta de presupuesto para construir una potabilizadora que convierta en viable el trasvase Júcar-Vinalopó, el PP apuesta por recuperar en los próximos meses la toma original de la transferencia, en Cortes de Pallás. El proyecto, presentado por los regantes del Vinalopó —potenciales usuarios del trasvase, aunque ninguno ha suscrito aún el convenio con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para recibir agua—, prevé la coexistencia de las dos tomas: la de Cortes de Pallás (que se abandonó en 2005) y la actual, en el Azud de la Marquesa.

La conexión de la transferencia, totalmente terminada desde finales del pasado año, con la toma original —descartada por la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona— tendría un coste cero para las arcas públicas, dado que las obras ya estaban finalizadas cuando se cambió el trazado de la tubería. Así, frente al desembolso económico que suponía la potabilizadora prometida por el PSOE (y que nunca se llegó a presupuestar), la propuesta que estudia el PP no implica sobrecostes.

Según la propuesta de los regantes —respaldada por la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor— el protocolo de uso establecería la preferencia de la toma actual, al final del río, siempre que los niveles de calidad del agua permitiesen usarla para riego. Para vencer la resistencia de los regantes del Júcar, el proyecto que estudiará el PP contempla destinar la toma de Cortes a un «banco de agua», es decir, el agua trasvasada desde el curso medio del Júcar sería vendida por los regantes valencianos a los alicantinos, y no enviada por orden del Ministerio.

«Giro» en la CHJ

La doble toma para el Júcar-Vinalopó es solo uno de los «giros» que el PP plantea a la política hídrica desplegada por el PSOE en la Confederación del Júcar. Si los populares ganan el próximo domingo, como apuntan las encuestas, controlarán todas las instituciones con presencia en el consejo de gobierno de la cuenca —el Ministerio, la Generalitat, el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Valencia—.

El relevo del actual presidente de la CHJ, Juan José Moragues (nombrado por Narbona en 2004), será el primer paso para devolver la política hídrica del organismo de cuenca a los planteamientos anteriores a la llegada del PSOE al Gobierno central. Principalmente, mantener la unidad de cuenca —que se rompía con el Decreto aprobado por el Gobierno en 2009, y tumbado hace unas semanas por el Supremo—. Un criterio que facilita, precisamente, el trasvase Júcar-Vinalopó, que de otro modo se consideraría una transferencia entre cuencas distintas.

También se mantendrá la superficie de regadíos reconocida por la Generalitat en la Comunidad, y que el actual presidente de la CHJ pretendía reducir en 40.000 hectáreas. Así constaba en el Esquema de Temas Importantes (ETI), borrador del Plan de Cuenca, que ahora debe analizar el consejo del agua de la CHJ. De haberse aprobado dicha reducción —al convertir en terreno «potencialmente regable» parte del actual regadío—, se habrían revisado a la baja las necesidades de agua de Alicante.

Los ministros de Agricultura de la Unión Europea analizan hoy el sistema de pagos directos que plantea la propuesta de la Política Agrícola Común (PAC) que la titular española, Rosa Aguilar, prevé rechazar ante sus homólogos europeos. La Presidencia polaca de turno de la UE ha preparado un cuestionario para el intercambio de opiniones sobre la reforma propuesta por la Comisión Europea, que se centra en el modelo de pagos directos y la distribución de las ayudas directas entre y en los propios Estados miembros.

La propuesta que presentó la Comisión en octubre fue recibida con indignación tanto por el sector como por la mayoría de los gobiernos. La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha adelantado que rechazará en el Consejo de Ministros el modelo de pagos directos. España rechaza «el pago base» que propone la Comisión Europea, porque «no reconoce la diversidad de cultivo ni las zonas y métodos de producción». En su opinión, «pone en serio peligro la viabilidad de muchas explotaciones, precisamente las más eficientes con alto rendimiento pero también con importantes costes productivos». La ministra reiterará que el giro que se da a los pagos directos en la propuesta de reforma «no legitima socialmente a la PAC» y es «inaceptable» porque «generará importantes desequilibrios territoriales y productivos en nuestro país». En el almuerzo, los ministros abordarán el llamado incentivo verde o prima ecológica, en virtud de la cual se debe vincular un 30 % de las ayudas directas a compromisos medioambientales, otra de las propuestas incluida en la PAC que ha suscitado controversia. España está a favor de una PAC «más verde», pero lamenta que la Comisión abogue por poner en ese sentido «el reloj a cero». «Los agricultores están haciendo ya políticas medioambientales y eso ha de valorarse», dijo Aguilar a principios de mes en la Eurocámara, donde aseguró que es «un error no valorar lo que ya se hace en la realidad cada día para preservar el medio e impulsar el desarrollo sostenible de la agricultura». Se ha abierto además un debate en el seno de la UE sobre la prolongación de las cuotas de producción de azúcar más allá de 2015. Hungría lo pide y cuenta con el apoyo de Austria, Lituania, Francia y Rumanía, según fuentes diplomáticas, que han explicado que esta idea no figura en la propuesta de la Comisión Europea, pero algunos países han solicitado que se incluya. Los ministros evaluarán además el grado de aplicación en cada país de la directiva para la protección mínima de las gallinas ponedoras que entrará en vigor el 1 de enero de 2012 y que establece que éstas deben disponer de al menos 750 cm2 de superficie de la jaula, de un nido, de una yacija que permita picotear y escarbar, de un bebedero apropiado y de dispositivos de recorte de uñas. Algunos países han reclamado a la UE más tiempo para que sus explotaciones puedan aplicar la norma. España está todavía en el proceso de aplicación de la directiva. En la parte de Pesca del Consejo, los ministros mantendrán un debate sobre la dimensión exterior de la Política Pesquera Común. Aguilar pedirá a la UE «una posición más decidida» en materia pesquera para «impulsar y reforzar» los acuerdos con terceros países, los cuales deben garantizar que la actividad se desarrolle «según modalidades que sean satisfactorias para ambas partes». El debate girará en torno a la convenios de asociación con terceros países, los acuerdos bilaterales, los lazos con las organizaciones regionales de gestión de pesca y con las organizaciones internacionales de conservación, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En cuanto a los acuerdos de pesca bilaterales y con terceros países, España, Francia, Portugal, Italia y Grecia defienden la continuidad de esos convenios. También defienden una fuerte presencia de la Comisión ante las organizaciones regionales.

(Castilla La Mancha) ELECCIONES | > AREA: Política

06-11-2011 / 18:10 h

(Corrige el titular de la previsión transmitida con clave tl7026)

Cieza (Murcia), 6 nov (EFE).- El presidente del Congreso, José Bono, ha dicho hoy en Cieza que si el agua que ha de ser trasvasada es sólo la del Tajo que «vayan cerrando las huertas de Murcia porque el Tajo no da para más», y ha añadido que «después de la que armó el PP con el trasvase del Ebro, ahora no dicen ni media palabra».

Bono, que ha participado en un mitin junto a Ramón Ortiz y María González Veracruz, ha advertido que el agua debe ir de donde sobra a donde falta, pero que el agua que sobra en España «no sólo puede mirarse en el Tajo, y eso no lo dice el ex presidente de Castilla-La Mancha, sino el plan de cuenca del Tajo, solo hay que ver como huele, que es un una inmensa cloaca».

«El PP les había dicho que el Ebro, y ahora piensan que ya tienen el voto ganado y en el bolsillo y les importan tres puñetas el agua», ha agregado.

Ha recordado que el PP movilizó, trasladó en autobús a Valencia muchos murcianos para pedir el trasvase del Ebro, «y en estos momentos no lo llevan ni en su programa electoral, como si hubiera desaparecido el Ebro y aquellas reivindicaciones al final da la impresión que mas que agua, lo que pedían eran votos».

«Es que acaso Murcia era el escudo y la presentación de la necesidad del agua y ahora es tierra quemada electoralmente y ya no precisan mas que el seguidismo del voto», ha añadido, para ironizar: «Hay especialistas en no mojarse aunque jarree agua del cielo».

Ha apuntado que el PP se ha hartado de hablar del Ebro en los últimos años, por lo que ha reclamado un mínimo de coherencia y a los ciudadanos de Murcia «un máximo de dignidad».

Por otra parte, ha afirmado que aquel político que en esta campaña electoral «quiera tumbarse a la bartola a lo mejor se lleva un chasco», y ha añadido que «es más fácil ganarle al PP que a algunas encuestas».

Bono, que ha venido a Cieza a arropar al número 1 al Senado por Murcia, Pedro Ortiz, y la número 1 al Congreso, María González Veracruz, ha recordado que cuando era candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha había un periódico que hasta en seis comicios publicó encuestas en las que daba ganador por mayoría absoluta al PP, y siempre ganó el PSOE.

«Yo me conformo con ganar en las urnas», ha agregado, y le dijo al director de ese periódico que él, en cambio, se conformaba con que ganara el PP en las encuestas que elaboraba ese medio.

Ha indicado que algunas encuestas «son de fogueo», pero sobre la última, publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), aún reconociendo que el PP saca una diferencia grande al PSOE, ha remarcado que en ese sondeo Alfredo Pérez Rubalcaba está mejor valorado que Mariano Rajoy y el porcentaje de indecisos es mayor que la diferencia entre ambos partidos.

De igual modo, ha señalado que en esa encuesta del CIS, a la pregunta de si el PP gobernase, los ciudadanos contestaron en su mayoría que estaríamos peor, por lo que ha considerado que en esta campaña electoral «hay motivos para luchar», ya que, a su juicio, «esto no está ganado ni perdido; depende de nosotros».

Ha reconocido que el momento que se vive es «difícil, de tempestad y crisis», necesitado «del mejor capitán que guíe la nave por esta mar de dificultades» y que el piloto es Rubalcaba. EFE

 El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado en el año 2000 por el Gobierno de Aragón contra un artículo de la Ley de Aguas, referente a la regulación de los contratos de cesión de derechos de agua.

En una extensa sentencia, el fallo del alto tribunal señala que desestima el recurso por la «desaparición sobrevenida de su objeto» al haberse derogado y modificado los artículos de la Ley de Aguas impugnados por la DGA.

«Los artículos de la Ley 46/1999 objeto de impugnación, han sido derogados y sustituidos por ciertos preceptos del texto refundido de la Ley de aguas que son objeto del recurso de inconstitucionalidad», dice la sentencia conocida hoy.

El TC agrega que «la controversia en relación con los artículos recurridos de la Ley 46/1999 se traslada prácticamente en sus propios términos a las impugnaciones que son objeto del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Aragón contra los arts. 67 a 72 del texto refundido de la Ley de aguas».

«A resultas del razonamiento anterior hay que concluir que ha desaparecido de forma sobrevenida el objeto del recurso de inconstitucionalidad deducido contra el artículo único de la Ley 46/1999», dice la sentencia.

El recurso del Gobierno de Aragón aludía a tres apartados del artículo único de la Ley 46/1999 de modificación de la Ley de Aguas, según el cual permitía, entre otras cuestiones, la suscripción de contratos de cesión de agua en todo tiempo y no sólo para situaciones de sequía.

Asimismo, el Gobierno aragonés sostenía que resultaba «literalmente imposible» la tutela de la administración sobre los contratos por los escuetos plazos que otorgaba ante posibles perjuicios a terceros o medioambientales, entre otras consideraciones.

Advertía también de que el reconocimiento de la autorización por silencio administrativo positivo del contrato era «contradictoria con el régimen constitucional del dominio público».

El Gobierno aragonés exigió en su recurso que se configurara una autorización administrativa con un plazo suficiente para que el procedimiento regulado fuera real y efectivo y que, en ningún caso, el silencio administrativo pudiera ser de contenido positivo.

En el momento de presentar el recurso ante el Constitucional, el entonces presidente aragonés, Marcelino Iglesias, lo consideró «fundamental» para los intereses de Aragón y resaltó el hecho de que fuera admitido a trámite, porque ello indicaba que para el TC el recurso «tenía fundamento». EFE

(Castilla La Mancha) AMBIENTE-NATURALEZA | > AREA: Ciencia y tecnología

03-11-2011 / 17:00 h

Toledo, 3 nov (EFE).- La organización Ecologistas en Acción denuncia en su último informe sobre agua el retraso en los planes hidrológicos del Tajo, el Júcar y el Segura, así como la «permisividad» de la administración ante la construcción de pozos ilegales, particularmente, en el alto del Guadiana (Ciudad Real).

En el informe «Balance Gestión del Agua Legislatura 2008-2011», que ha hecho hoy público Ecologistas en Acción, la organización conservacionista advierte que la planificación hidrológica lleva «un retraso inadmisible».

Como muestra del retraso, Ecologistas en Acción pone el ejemplo de lo que está ocurriendo en la planificación hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), cuyo plan de cuenca debía haber estado vigente en diciembre del año 2009, como marcan las directrices europeas.

Del informe se desprende que en Castilla-La Mancha «no caben más embalses ni más trasvases» y, además, la asociación ecologista aboga por «revisar los ya existentes» entre el Tajo y el Segura y entre el Tajo y La Mancha.

Por otra parte, en el informe de Ecologistas en Acción se destaca que existen en España más de 500.000 pozos ilegales y que buena parte de ellos pertenecen a una zona sensible como el Alto Guadiana, en la provincia de Ciudad Real.

Para el grupo ecologista esta legislatura ha supuesto un «lamentable paso atrás» en materia de gestión del agua, por lo que ha calificado este periodo político como «el peor de los últimos 15 años». EFE

(Comunidad Valenciana) AMBIENTE-NATURALEZA | > AREA: Ciencia y tecnología

02-11-2011 / 18:11 h

Valencia, 2 nov (EFE).- Las reservas de agua en la cuenca hidrográfica del Júcar han registrado un pequeño incremento esta semana hasta acumular 1.607 hectómetros cúbicos, el 48,2 por ciento del total frente al 47,8 de la semana pasada, una cifra inferior a la media nacional, que se sitúa en el 59,4 por ciento.

Según ha informado el ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino en un comunicado, actualmente hay 33.032 hectómetros cúbicos embalsados, lo que representa un aumento de 99 hm con respecto a los niveles de la semana anterior.

Las cuencas que mayor oscilación han registrado son las del Duero, que ha perdido 25 hm y la del Ebro, que ha ganado 31 hm.

Esta semana las precipitaciones han sido abundantes, según las mismas fuentes, en toda la península, con una máxima de 126 litros por metro cuadrado en Vigo. EFE

Los representantes de las distintas comunidades generales de regantes han definido ya los estatutos que regirán la Federación de Regantes de Castilla-La Mancha, con lo que ya están listos para su aprobación. Según informó el Consorcio del Alto Guadiana, los regantes se reunieron la semana pasada en su sede tras varios meses de trabajo y dejaron perfilados los estatutos que regularán la futura Federación de Regantes.

A partir de ahora, todas las comunidades de regantes que forman parte de la Comisión Gestora han comenzado a informar de lo tratado en la reunión a sus respectivos miembros, para aprobar, en sus Juntas de Gobierno, los estatutos elaborados y el documento de adhesión que permitirán la constitución de la futura federación regional de regantes.

En esta federación de regantes estarán representadas las comunidades generales de regantes del Guadiana, Tajo, Segura y Júcar, junto con los responsables de las principales organizaciones profesionales agrarias.

El objetivo de esta federación será estructurar y coordinar una política de agua común para el regadío en todo el territorio de Castilla-La Mancha. En su último encuentro, los representantes de cada una de las comunidades de regantes de las distintas demarcaciones, el presidente de la comisión gestora, Francisco Belmonte, y la secretaria de dicha comisión, Araceli Olmedo, acordaron cuáles han de ser las normas que permitirán el funcionamiento de la que será la primera federación de estas características en Castilla-La Mancha.

(Comunidad Valenciana) AMBIENTE-NATURALEZA | > AREA: Ciencia y tecnología

27-10-2011 / 15:10 h

Valencia, 27 oct (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha planteado al Tribunal Supremo una cuestión de ilegalidad sobre un apartado de un artículo del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real decreto en 2003, referido al cálculo del canon de vertidos no autorizados.

La cuestión de ilegalidad, que ha sido admitida a trámite por el Supremo, se plantea a raíz de una sentencia del TSJCV de febrero de 2010 que plantea la posible anulación de ese apartado, para lo que sería competente el Tribunal Supremo, según han indicado a EFE fuentes del tribunal valenciano.

La sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJCV se refiere a un recurso interpuesto por una empresa de frío industrial de Santa Pola (Alicante) contra la aplicación por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de un canon, contemplado en ese reglamento, por el vertido de aguas residuales en el parque natural de Las Salinas.

En concreto, la empresa recurrió ante el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Valencia la liquidación de la CHJ del canon de control de vertidos de aguas residuales de 2004, por importe de 21.936 euros, si bien éste desestimó la reclamación, decisión de la empresa recurrió ante el TSJCV.

La sentencia del TSJCV anuló y dejó sin efecto el canon impugnado, «por ser contrario a derecho», y acordó plantear al Supremo cuestión de ilegalidad sobre el artículo del reglamento de dominio público hidráulico de la Ley de Aguas referido al coeficiente del canon.

La parte recurrente sostenía que el volumen de vertidos sobre el que se debió girar la liquidación del canon era de 30.412 metros cúbicos, según su declaración presentada en 2004, y no sobre 182.500 metros cúbicos que se determinaron mediante una estimación indirecta.

Tampoco consideraba aplicable el coeficiente de mayoración 4 -recogido en ese reglamento-, puesto que tenía solicitada la autorización de vertidos pero la Administración no le había contestado, por lo que se le debería haber aplicado el coeficiente corrector del 0’02%, teniendo en cuenta que su vertido no era contaminante, sino beneficioso para el humedal protegido.

La sentencia del TSJCV señala que el volumen de agua sobre el cual la Administración calculó la liquidación del canon no estaba «justificado», y «ni siquiera es explicable desde parámetros de razonabilidad», por lo que considera improcedente el coeficiente de mayoración 4 aplicado por la CHJ.

La causa de esa improcedencia, según la sentencia, es la aplicación hecha del artículo del reglamento, norma que «excede el mandato legal» y que «vulnera» un artículo de la Ley de Aguas que no establece para los casos de vertidos sin autorización que el coeficiente a aplicar sea el límite legal máximo de 4.

La Sala opina que ese precepto reglamentario «vulnera» el principio constitucional de reserva de ley, «viciando con ello de ilegalidad» el canon litigioso en el que se aplica el coeficiente de mayoración 4. EFE