Los regantes alicantinos se resisten a dar por perdido el trasvase Júcar-Vinalopó, pese al —al menos, en apariencia— escaso interés que viene mostrando el Gobierno central por rentabilizar una infraestructura en la que ha invertido 303 millones de euros y que no cuenta, a día de hoy, con usuarios.

Según ha podido saber este periódico, la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí ha hecho llegar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) una propuesta técnica y legal para salvar el obstáculo de la mala calidad del agua en la toma —en el Azud de la Marquesa, al final del cauce del Júcar— sin tener que

Negociación directa

Esta fórmula permite a las comunidades de regantes el intercambio y la cesión directas de derechos sobre el agua de regadío que tienen asignados. Así, una comunidad con excedentes de agua puede negociar la cesión de sus sobrantes a otra con déficit, a un precio convenido entre las dos partes.

De esta forma, los regantes alicantinos podrían utilizar el agua de la toma en el Azud de la Marquesa —a través de un convenio, todavía inexistente, con la CHJ— cuando los niveles bacteriológicos lo permitiesen, y recurrir a la compra de agua a los regantes del Júcar (no solo de Valencia, sino también de Albacete) a través de la toma en Cortes de Pallás en caso de necesidad.

Búsqueda de consenso

No es la primera vez que los regantes alicantinos proponen al Gobierno soluciones alternativas para permitir que el agua del Júcar-Vinalopó pueda destinarse al riego. No obstante, ninguna de ellas ha recibido respuesta hasta la fecha. La apuesta por los «bancos de agua» está sobre la mesa del Ministerio de Medio Ambiente desde el pasado 25 de julio, según ha podido saber ABC.

No obstante, las fuentes consultadas se muestran esperanzadas en que la nueva alternativa sea finalmente tomada en consideración. En este sentido, calculan que el más que previsible cambio en el Gobierno central el próximo 20-N y la voluntad del PP de recuperar el consenso del Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001 —parcialmente derogado por el PSOE— podrían hacer prosperar su iniciativa.

En cualquier caso, los potenciales usuarios del Júcar-Vinalopó consideran que la solución de la toma adicional en Cortes de Pallás precisa también del visto bueno del PSPV, para no reeditar el enfrentamiento territorial abierto en el año 2005 entre regantes alicantinos y valencianos —y alentado por los socialistas— a cuenta del nuevo trazado propuesto por Narbona.

Sin sobrecoste

Los usuarios del Vinalopó consideran que su propuesta cuenta además con otro punto a su favor: al contrario que la potabilizadora prometida por el secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, y nunca proyectada por la falta de consignación presupuestaria, la toma adicional supondría un coste mínimo para obtener agua de la misma calidad.

En este sentido, cabe recordar que cuando Narbona paralizó las obras del trasvase original, la toma en Cortes de Pallás y parte de su canalización estaban ya terminadas. Así, solo restaría conectarla al trazado actual. Asimismo, el envío de agua desde el interior de Valencia implica menos estaciones de bombeo que desde Cullera, lo que abarataría el coste energético del caudal trasvasado.

En cuanto a la cuestión legal, la misma propuesta establece un protocolo de actuación que prima la toma del Azud de la Marquesa, al final del río, y establece que solo se tomarían sobrantes —y, en el caso concreto de Cortes de Pallás, cuando se alcanzase un acuerdo con los regantes del Júcar propietarios de los derechos—. Para ello, los usuarios alicantinos proponen crear una comisión de explotación específica entre la CHJ y el Ministerio.

(Extremadura) AGUA | > AREA:

15-09-2011 / 17:20 h

Madrid, 15 sep (EFE).- La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha instado hoy a los presidentes autonómicos y al Defensor del Pueblo a interponer recursos de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley de Aguas, según ha informado esta organización en un comunicado.

Para ello, ha iniciado una ronda de contactos políticos con el objetivo de que se interpongan recursos de inconstitucionalidad contra el apartado 2 del artículo 94 de la Ley de Aguas, que reconoce el traspaso a Andalucía, Aragón y Cataluña de las competencias sobre el Dominio Público Hidráulico (DPH).

Tras conocerse hoy la convalidación en el Congreso del Real Decreto por el que se reforma el texto refundido de la Ley, la Federación ha confirmado que hará extensiva esta apelación a los parlamentos autonómicos, así como a un centenar de diputados y senadores.

En relación al proceso seguido para la aprobación de la reforma, ha apuntado que se ha realizado con «alevosía» e incluida en un paquete de medidas para que «pasara desapercibida ante la opinión pública y conseguir sacarla adelante antes de que concluya esta legislatura».

Ha advertido de que, a falta de un mes para que finalice la encomienda transitoria que el Gobierno otorgó a la Junta para la gestión del Guadalquivir tras la sentencia del Constitucional, ambos trabajan a «contrarreloj» para encontrar el modelo adecuado que permita a Andalucía recuperar el control de la cuenca, obviando alas sentencias existentes.

La Federación recuerda que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional anularon este verano las competencias de Andalucía sobre el Guadalquivir reflejadas en su Estatuto de Autonomía, lo que pone de manifiesto que «cualquier pretensión de territorializar la gestión del agua a través de arquitecturas jurídicas o estrategias legales debe ser igualmente invalidada». EFE

El Pleno del Parlamento aprobó ayer por unanimidad de los grupos —PSOE, PP e IU— la toma en consideración de la Ley Orgánica para reclamar al Gobierno central la delegación de competencias del Guadalquivir, en respuesta a las sentencias del Constitucional y del Supremo que anularon tales atribuciones a Andalucía recogidas en el Estatuto. El PP prestó su apoyo, aunque muy condicionado, por respeto al espíritu de consenso que reinó durante la reforma estatutaria, y su presidente regional, Javier Arenas, anunció «multitud de enmiendas» durante la tramitación de la ley para conseguir un cambio «radical» del modelo de gestión en política de aguas, ya que a su juicio el trabajo desarrollado por el Gobierno andaluz en esta materia en los últimos años ha sido un «desastre».

De la defensa de la toma en consideración de la Ley Orgánica se encargó, en nombre del grupo proponente, el Socialista, su portavoz parlamentario, Mario Jiménez, quien en su segundo turno de palabra y pese al voto favorable anunciado por la representante del PP, Carolina González Vigo, descargó sobre el primer partido de la oposición una sarta de improperios por las críticas y las objeciones a una medida que los populares, en su fuero interno, consideran que se trata de una «farsa disfrazada de debate» de la que tendrá que dar cuenta unas Cortes «disueltas». Según González Vigo, la intención de los socialistas es «empezar a preparar la oposición» al próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Debate de gestión

Señaló la portavoz del PP que el debate real no es el de las competencias sino el del modelo de gestión, «que ha fracasado —dijo— estrepitosamente». Tras valorar que los restantes grupos aceptaran solicitar del Consejo Consultivo un dictamen sobre la legalidad de la iniciativa parlamentaria, se mostró partidaria de alcanzar un gran pacto para la administración del Guadalquivir con la participación de todos los colectivos vinculados al río, un nuevo modelo de gestión que, auguró, lo llevará a la práctica el futuro Gobierno de Javier Arenas en la Junta.

Arenas, precisamente, en una visita al municipio sevillano de Gelves anunció que su partido presentará «multitud de enmiendas» a la Proposición de Ley Orgánica para propiciar «un cambio radical» del modelo de gestión en política de aguas. ya que el seguido hasta ahora ha sido, aseguró, un «desastre».

Mario Jiménez defendió con vehemencia en su primer intervención las bondades de la iniciativa legislativa, ya que a su juicio respeta la sentencias de los altos tribunales y permite dar continuidad a las reclamaciones recogidas en el Estatuto con una gestión de «máximo» de las competencias del Guadalquivir.

Y tras escuchar el posicionamiento del PP, acusó a esta formación de mantener una «actitud refractaria» hacia el texto estatutario y de no haber estado «a la altura de las circunstancias». Esta «oportunidad perdida», destacó, es una «ofensa al Estatuto» y un intento de jugar «a la confusión». Según Jiménez, los populares pretenden constantemente «limpiar el pecado original» que supuso «la traición al Estatuto de Carmona. Digan si están con Andalucía o con el centralismo que siempre ha caracterizado a la derecha española», pidió.

La postura de IU, favorable a la iniciativa, la expresó el parlamentario José Antonio Castro, quien no obstante señaló que la tramitación de la Ley Orgánica se podría haber resuelto antes de las elecciones generales del 20 de noviembre si se hubiera planteado en primavera. De forma irónica manifestó que si los socialistas han sido capaces de modificar la Constitución de manera «express», también podrían haber resuelto antes del conflicto de las competencias del Guadalquivir y recuperar la gestión de la cuenca.

Los regantes auguran nuevos conflictos por la reforma de la Ley de Aguas estatal

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, advirtió ayer de que el Real Decreto por el que se reforma el texto refundido de la Ley de Aguas para ceder las competencias en materia de control y vigilancia del dominio público hidráulico «es perjudicial para todos los usuarios y, muy en particular, para los andaluces porque en lugar de defender los intereses generales responde a intereses localistas y políticos, lo que generará conflictos territoriales por la distribución de los recursos hídricos, sobre todo, en épocas de sequía». Fenacore considera que Andalucía debe acatar «en letra y espíritu» la sentencia del Alto Tribunal, por la cual se devuelve al Estado, a través de la Confederación Hidrográfica de su Demarcación, las competencias exclusivas que se atribuía su Estatuto de Autonomía sobre el río Guadalquivir.

Así lo ha explicado a EFE el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, quien recuerda que el sector agrario constituye el segundo consumidor de electricidad en España, sólo por detrás del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Ha denunciado que, tras la supresión por parte del actual Gobierno de las tarifas especiales de riego en el verano de 2008, el coste en el término de potencia para los profesionales se ha incrementado un 450 %.

Se trata de un gasto fijo para el agricultor por potencia máxima instalada durante todo el año se riegue o no -recuerda Del Campo- y que no se ajusta a las necesidades de flexibilidad y costes asumibles que reclaman los productores.

La irrigación de los campos se generaliza coincidiendo con los meses de verano, más calurosos y con ausencia pluviométrica, aunque los agricultores riegan desde marzo o abril hasta septiembre y octubre en el Norte y Centro de España, mientras que en Levante y área meridional debe hacerse casi todo el año.

Por su parte, el alza de las tarifas eléctricas propiamente dichas ha subido entre el 70 y el 80 % de media desde entonces, aunque en algunos territorios el incremento alcanza el 150 %.

De momento, estas tarifas representan ya entre el 25 y el 30 % de los costes de producción de los agricultores, según Fenacore.

Los elevados gastos han provocado ya el abandono del regadío en algunas zonas para introducir cultivos de secano, como los cereales o el girasol.

«En 2010, por primera vez en la historia, se redujeron en alrededor de 16.000 las hectáreas de regadío», detalla Del Campo.

Según los datos de Fenacore, el regadío retrocedió un 6,8 % en Comunidad Valenciana (hasta 304.624 ha), un 3 % en Murcia (hasta 162.791 ha), un 2,4 % en Castilla-La Mancha (478.712 ha) y un 1,5 % en Castilla y León (hasta 394.219 ha).

Según la Federación, en la primera fase del Plan Nacional de Regadíos se han transformado miles de hectáreas de cultivo para introducir riegos localizados más eficientes, lo que ha implicado aumentar la factura energética que, en un contexto de precios agrícolas bajos en muchos casos, impide una adecuada rentabilidad a los agricultores.

En su opinión, el «bárbaro» encarecimiento de la electricidad que utilizan los regantes para impulsar el agua hasta las fincas hace necesario «rediseñar» en el futuro algunos proyectos de modernización para adaptarlos a las nuevas condiciones de mayores costes energéticos.

Por otra parte, Del Campo ha defendido la importancia del regadío para producir más en el campo y una nueva Política Agraria Común (PAC) que fomente la productividad con el objetivo de aumentar la disponibilidad de alimentos en un 43 % antes de 2030 y en un 70 % para 2050 para evitar hambrunas, como la que padece ahora el Cuerno de África.

En su opinión, la PAC actual se ha visto afectada por el «fundamentalismo ambiental» que ha desprestigiado la actividad agraria y fomentado el abandono, de tal forma que ahora sólo un 6 % de los productores son jóvenes -menores de 35 años- frente al 40 %, que tiene más de 65 años.

Según Del Campo, sin agricultores «no habrá desarrollo rural, ni turismo rural ni calidad ambiental» y, si se abandonan zonas regables, los territorios se convierten en desérticos, como ha ocurrido en zonas de Murcia, Levante o Aragón. EFE

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la cantidad de agua embalsada en esta cuenca se ha incrementado un 88,2 por ciento sobre la media de los últimos diez años, con lo que ha multiplicado en 3,2 veces el incremento del 27,2 por cien experimentado en el conjunto de España.

Así, los pantanos del Júcar disponen de 29,8 puntos más de agua embalsada que en la media de los últimos cinco y diez años.

En cambio, la diferencia entre la reserva de agua almacenada ahora y la de hace dos años se ha situado esta semana en 32,7 puntos porcentuales. EFE

EFE.- La posición común, presentada hoy por el presidente de dicha Comisión Mixta, Miguel Arias Cañete (PP), ha sido redactada de cara a la reforma de la PAC, que discute la UE y cuya negociación se acelerará a partir de otoño, cuando la Comisión Europea (CE) haga público su proyecto legislativo.

Arias Cañete ha declarado, en rueda de prensa, que el objetivo de este acuerdo entre los parlamentos de los dos principales países agrícolas de la UE, es reclamar a sus Gobiernos «presentes o futuros» que defiendan que esta política «siga siendo potente».

La declaración -firmada por las Cortes Generales españolas, la Asamblea Nacional de Francia y su Senado- insiste en que la producción alimentaria debe ser un «objetivo estratégico» para la UE.

Ambos parlamentos insisten en que la dotación asignada actualmente a la agricultura (para el período 2007-2013), no debe verse reducida.

En este punto, Arias Cañete ha mencionado la última propuesta presupuestaria de la Comisión Europea (CE), que plantea congelar los fondos agrícolas en 2014, lo que según el diputado, significa en la práctica rebajar «un 11 % los pagos directos y bajar el 5 %» el dinero para desarrollo rural.

Los parlamentarios españoles y franceses han solicitado que los países tengan «cierto margen de flexibilidad» para aplicar la PAC y la distribución de sus apoyos.

Además, la posición común alude a la necesidad de aplicar medidas eficaces para reforzar el poder del agricultor en la cadena de producción alimentaria.

Los parlamentos de España y de Francia defenderán actuaciones para regular los mercados, financiadas totalmente por la UE, para garantizar una «red de seguridad» y de estabilización de precios en situaciones problemáticas, como la reciente «crisis del pepino».

También promoverán que los acuerdos comerciales que firme la UE con países terceros incluyan cláusulas para garantizar que las importaciones al mercado europeo respetan las mismas normas de seguridad alimentaria que las exigidas a los productos comunitarios.

El documento alude a la conveniencia de fomentar la incorporación de las mujeres al mercado laboral y la modernización de las explotaciones agrícolas.

El portavoz socialista en el Comisión Mixta Congreso-Senado, Juan Moscoso del Prado, ha destacado el consenso entre todos los partidos políticos para impulsar esta iniciativa en defensa de una PAC fuerte, porque se trata de un sector que afecta a «millones de españoles.

Ha indicado que esta política necesita «recursos, fondos y un marco estable».

Los Parlamentos de España y de Francia enviarán esta propuesta al comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, a la Eurocámara y están contactando con Cámaras de otros países para tratar de adherirles a esta iniciativa.

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la cantidad de agua embalsada en esta cuenca ha crecido un 86,1 por ciento, con lo que ha multiplicado en 3,4 veces el incremento del 25,4 por cien experimentado en el conjunto de España.

Así, los pantanos del Júcar disponen de 26,6 puntos más de agua embalsada que en la media de los últimos cinco años, mientras que si se hace un promedio de la última década la cifra desciende hasta los 26,5 puntos.

En cambio, la diferencia entre la reserva de agua almacenada ahora y la de hace dos años se ha situado esta semana en 22,8 puntos porcentuales. EFE

El presidente de la CHJ, que ha visitado las obras de acondicionamiento del Júcar a su paso por Cuenca, ha dicho a preguntas de los periodistas que también está en una buena situación este río, que tiene el segundo máximo valor de los contabilizados en estos 60 años.

Moragues ha adelantado que, «si todo va razonablemente bien», la Confederación del Júcar cerrará el año con más de 1.100 hectómetros cúbicos de agua embalsada, una cantidad diez veces superior a lo almacenado en los años 2006 y 2007.

El embalse de Contreras se encuentra por encima de los 400 hectómetros cúbicos y se pretende que finalice el año con un volumen embalsado de 390 ó 400 hectómetros cúbicos «para tener una reserva de seguridad» en caso de que el próximo invierno sea lluvioso, ha señalado Moragues.

A su vez, el embalse de Alarcón registra unos 700 hectómetros cúbicos de agua embalsada, mientras que el embalse de Tous, dedicado a la protección de avenidas en la ribera baja del Júcar, se quedará «con el máximo nivel que la seguridad nos permite que es de 70 hectómetros cúbicos», ha añadido. EFE 1011121

El Gobierno ha aprobado una nueva subida de las tarifas eléctricas que entró en vigor el pasado 1 de julio y que afecta a todos los que tienen contratados menos de 10 kilovatios; o sea, que se encuadran en las tarifas TUR, reguladas por el Gobierno, lo que es el caso de muchos regantes.

En concreto, el mayor aumento es el que se ha producido en el término de energía, en el periodo llamado «valle», que es el más utilizado por los regantes, al suponerse que es el más barato, pero que en esta ocasión se ha incrementado en un seis por ciento. Este trimestre el Gobierno ha optado por congelar el coste fijo de la factura eléctrica —coste de la potencia contratada— para los usuarios de las tarifas TUR —menos de 10KW— y por elevar el coste variable —el de la energía consumida—, que sube en un 1,60 % para los que tienen una tarifa plana, que son la mayor parte de los consumidores de energía; es decir, en el recibo doméstico.

La gran subida se produce para los que tienen contratada una tarifa con dos periodos —punta y valle—, caso de la mayor parte de los regantes que están en tarifa TUR. En este caso, la energía en horario punta sube un 2,30% y la energía en horario valle, el que más usan los regantes en su intento de ahorrar costes, lo hace en un 6%, con lo que se convierten en los usuarios más castigados por este incremento, según afirma el técnico de Asaja Sevilla, Carlos Mesa, que explica que la mayor parte de los regantes contratan la doble tarifa y tratan de ajustar sus riegos a los horarios valle, más económicos, aunque a veces no les quede más remedio que regar también en horario punta.

Acumuladas

Este «estirón» se suma a los anteriores aprobados este mismo año por el Gobierno que ya suponían un aumento del 7 % en el recibo eléctrico de los regantes, frente al ejercicio anterior. En la anterior subida, el coste de la energía se elevó también en el término de potencia que es un coste fijo, se gaste más o menos electricidad.

Carlos Mesa explicaba a ABC que un estudio de la Comisión Europea muestra que en toda Europa los costes energéticos de los agricultores han crecido un 223% en el periodo comprendido entre 1980 y 2010, mientras que los precios percibidos por los agricultores lo han hecho sólo en un 50%. En el caso de España, esa subida ha sido mucho más elevada, entre otras razones, porque había una tarifa especial de riego que ha sido suprimida.

El técnico de Asaja Sevilla afirma que estas subidas se están produciendo cada trimestre sin que el Gobierno esté dando respuestas al sector que le viene demandando una solución para que los riegos modernos, que ahorran agua y son por tanto mucho más sostenibles, no se hagan inviables. En este sentido, recuerda que el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió con las organizaciones agrarias a propiciar un acuerdo que solventara el problema. De hecho, las organizaciones agrarias y los Ministerios de Agricultura y de Industria estuvieron negociando la posibilidad de que los agricultores pudieran gozar del «trato de temporada», de forma que tuvieran una tarifa durante todo el año para los servicios corrientes de la explotación y otra sólo para la temporada de riego, con lo que esta última se pagara sólo cuando se usa. Sin embargo, estas negociaciones quedaron truncadas y, pese a las reiteradas peticiones del sector, el Gobierno no las ha retomado.

La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) ha aprobado personarse en el procedimiento judicial abierto por las competencias del Guadalquivir, para exigir la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anuló la transferencia a Andalucía de la gestión de dicho río.

Así lo ha acordado hoy la junta de gobierno de Feragua, con los informes favorables de los servicios jurídicos de esta federación, con el objetivo de «evitar que se demore más una solución definitiva para el Guadalquivir», que, según precisa en una nota la asociación, pasa por devolver todas las competencias de gestión al Estado.

Feragua dice que ha decidido instar la ejecución de la sentencia del TS, que el pasado 13 de junio declaró la nulidad del traspaso de la gestión del Guadalquivir a la Junta al estimar el recurso de Castilla-La Mancha, tras percibir en los representantes de ambas administraciones «algunos indicios que parecen mostrar una actitud de resistencia ante el pronunciamiento de los altos tribunales».

Según esta asociación de regantes de Andalucía, también parece existir «un empeño a toda costa de lograr que la Junta de Andalucía acapare el máximo de competencias, situación incompatible con el orden constitucional y el principio de unidad de cuenca».

Para «forzar el vencimiento de esas resistencias, y haciendo valer los procedimientos que arbitra el ordenamiento para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva», Feragua se va a personar en dicho procedimiento para exigir la ejecución «de lo ya juzgado por el Tribunal Supremo» en esa sentencia del pasado 13 de junio.

A ésta le siguió días después otra del TS en los mismos términos, que estimaba un recurso de la Junta de Extremadura, y, según Feraga, dicha ejecución «debería producirse a principios de septiembre, pues la ley concede diez días para el acuse de recibo de las sentencias firmes y dos meses para llevar a efecto la condena».

Esta asociación de comunidades de regantes también ha anunciado que la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha admitido a trámite su recurso contra la encomienda de gestión sobre el Guadalquivir, que el Gobierno otorgó el pasado abril por un periodo de seis meses a la Junta.

Feragua recuerda que recurrió por considerar la encomienda como una «maniobra política dilatoria» ante la anterior sentencia del Tribunal Constitucional, que en marzo anuló el artículo 51 del Estatuto de Autonomía que asumía las competencias sobre el Guadalquivir, y que «exigía claramente la devolución de las competencias de gestión» al Estado.