El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, dijo ayer que «toda la sociedad está con la Ley del Agua porque la región necesita tener agua con criterios de calidad, cantidad y sostenibilidad para garantizar el presente y el futuro de nuestro progreso». Precisamente, señaló, «para defender todos estos intereses, con la Ley en la mano, desde el Gobierno regional hemos promovido una proposición de Ley que ha contado con el apoyo de todos los organismos e instituciones representadas en la Mesa del Agua. Es una Ley basada en el principio de que no se le puede negar a ningún ciudadano español agua para beber. Si falta agua para beber hay que garantizarla».

Con estas declaraciones el consejero inauguró ayer las Jornadas que, bajo el título «Equilibrio entre recursos y necesidades en los planes hidrológicos. Situación en Castilla-La Mancha», se celebran en el Centro Regional de Estudios del Agua de Albacete.

Hizo referencia a «la política activa realizada por el Gobierno regional tanto de defensa de nuestros recursos hídricos, como de inversión en infraestructuras hidráulicas que aseguren el abastecimiento humano y el regadío y, por supuesto, garanticen el buen estado de este recurso natural que hay que cuidar y preservar».

Rosa Aguilar resalta la repercusión de la investigación científica y su aplicación tecnológica en el futuro de la agricultura

La Ministra ha destacado el papel que investigaciones premiadas juegan en la mejora de la competitividad del sector primario, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo humano y social

La Ministrade Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar ha participado hoy en la entrega de la XII edición del premio Fertiberia a la mejor tesis doctoral en temas agrícolas, donde ha destacado la decisiva relación de la investigación en el futuro de la agricultura y el importante papel que trabajos como los premiados juegan en la mejora de las prácticas agrícolas.

En este sentido, la ministra ha valorado la tesis ganadora centrada en el fertirriego en el olivar, señalando que esa investigación ha demostrado cómo se puede obtener el mismo resultado productivo reduciendo significativamente las dosis de fertilizantes nitrogenados y fraccionando al máximo estas dosis en el conjunto de riegos, con la consiguiente mejora en la eficiencia, tanto en lo relativo al ahorro económico para el agricultor como en los beneficios para el medio ambiente.

En esta misma línea ha resaltado los avances que, en materia de sostenibilidad, aporta el accesit premiado sobre la resistencia de las plantas al estrés producido por microorganismos como hongos y bacterias.

“Desde el Ministerio -ha subrayado Rosa Aguilar-, somos conscientes de la importancia de este tipo de investigaciones, ya que, sin duda, la agricultura del siglo XXI necesita de la investigación científica y su correspondiente aplicación tecnológica, para afrontar los retos que tiene planteados”.

Entre esos retos, la Ministra ha destacado la mejora de la competitividad del sector primario, ganando en calidad de los productos, en valor añadido y en captación de mercado, así como la necesidad de que la agricultura y la ganadería jueguen un papel importante en la conservación de la biodiversidad y en la lucha contra el cambio climático.

También ha resaltado Rosa Aguilar la repercusión que la agricultura debe seguir teniendo en el desarrollo humano y social, “garantizando la seguridad alimentaria y contribuyendo a la erradicación de la pobreza en el mundo”.

En relación con esos retos, la Ministra ha indicado que desde el MARM se están teniendo muy en cuenta en el debate que en el marco de la Unión Europea se está teniendo sobre la nueva PAC más allá de 2013, defendiendo una PAC fuerte con un presupuesto suficiente, donde permanezcan los dos pilares de las ayudas directas y el desarrollo rural y con mayor fortaleza de los instrumentos de gestión de mercados.

FENACORE atribuye este descenso a la pérdida de rentabilidad que han sufrido estos cultivos, especialmente en el último año, como consecuencia de la fuerte subida de las tarifas eléctricas, que representan ya el 30% de los costes de producción.

Madrid – Agrocope

La superficie de regadío en España registró un retroceso del 0,4 por ciento en 2010, situándose en 3,4 millones de hectáreas, rompiendo así el crecimiento imparable que venía protagonizando desde el año 2006, con el consiguiente perjuicio socioeconómico y medioambiental que se deriva para el conjunto del país, según datos del Ministerio de Medio Ambiente recogidos por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE).

La Federación atribuye este descenso a la pérdida de rentabilidad que han sufrido estos cultivos, especialmente en el último año, como consecuencia de la fuerte subida de las tarifas eléctricas –que representan ya el 30 por ciento de los costes de producción- y la caída del precio de los productos agrarios, lo que ha hecho prácticamente inviable su subsistencia en algunas zonas.

Esta situación ha llevado a las comunidades autónomas con mayor extensión de superficie regada a abandonar muchos de los regadíos ya históricos –de mayor producción e ingresos- y sustituirlos por cultivos de secano, con el fin de aliviar los gastos energéticos que implican los nuevos sistemas de riego más eficientes, de menor consumo de agua, pero mayor demanda eléctrica.
 
Asimismo, las regiones donde más disminuyó la superficie de riego durante el pasado año coinciden con las regiones del arco mediterráneo, que basan su economía en la producción de cítricos y hortalizas. De esta forma, los cultivos de regadío retrocedieron un 6,8 por ciento en la Comunidad Valenciana, mientras que en Murcia cayeron un 3 por ciento en 2010.

Tras las regiones que conforman la «huerta mediterránea española», se situaron las dos Castillas, que se corresponden además con las comunidades que han realizado mayor esfuerzo en la modernización de sus regadíos con más sistemas de riego eficientes y, por tanto, más afectadas por el encarecimiento de la factura eléctrica.

De esta forma, Castilla-La Mancha y Castilla y León -donde los mecanismos eficientes se emplean en más del 20 por ciento de su superficie regada- perdieron un 2,4 por ciento y un 1,5 2,4 por ciento  de sus cultivos de regadío, respectivamente, durante el pasado año.

FENACORE alerta de que este retroceso de la superficie regada supone un grave perjuicio para la economía nacional, ya que si bien la agricultura de manera aislada representa el 2,4 por ciento del PIB, su peso junto con todo el sector agroalimentario asociado constituye más del 20 por ciento del PIB para algunas provincias españolas, y este PIB desaparecería con la agricultura, de manera que el Ejecutivo debería conferir al regadío el trato que se merece por su importancia económica y social.

En este sentido, los cultivos de regadío contribuyen a fijar la población al territorio, impulsando el desarrollo demográfico y económico del lugar, con el consiguiente beneficio para el medio ambiente. Así, los cultivos aportan oxígeno a la atmósfera y actúan como auténticos sumideros de CO2, contribuyendo a reducir el efecto invernadero. Además, reducen la erosión y la desertización del suelo; producen materias primas para biocombustibles y evitan el éxodo de población rural a los núcleos urbanos.

Por estos motivos, la Federación insiste en la necesidad de poner en marcha un paquete de medidas eficaces que promuevan la agricultura de regadío en España y permitan la modernización del más de un millón de hectáreas, cuya transformación estará en el aire hasta que no se aplique un sistema tarifario eléctrico acorde a la demanda energética del campo español.

Sólo en el último año el precio de la luz ha subido en más de un 60 por ciento y el término de potencia contratada en más de un 400 por ciento en los últimos tres ejercicios.

.752 corresponden a pagos con cargo al FEAGA y 982 millones al FEADER. En marzo, la cantidad ascendió a 227 millones y 101, respectivamente. Las mayores cuantías se reparten en ayudas directas, disociadas o no, competitividad y medio ambiente.

País Vasco – Agrocope

A 31 de marzo de 2010, los pagos realizados con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) se elevan a 5.734 millones de euros, sólo en el tercer mes del año la cantidad ascendió a 327,5 millones de euros, lo que supone el 78,05 por ciento de lo pagado en el ejercicio 2010, que comenzó el pasado mes de octubre, según los datos publicados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

La mayor cuantía se ha destinado a las ayudas directas desacopladas (4.223,2 millones de euros) y a las directas acopladas (282,5 millones de euros). También destaca el importante desembolso destinado al POSEICAN (112,9 millones de euros), la OCM del vino (45 millones de euros), al azúcar (16,7 millones de euros), y la OCM de frutas y hortalizas (24,2 millones de euros).

En el lado contrario, las ayudas a la apicultura (65.274 euros), el sector que recibió el menor presupuesto.

Por comunidades autónomas, Andalucía se pone a la cabeza en cuanto a cantidad percibida, con más de 1.691,5 millones de euros. Le siguen Castilla y León, con 1.049,3 millones de euros, y Castilla-La Mancha, con 852,4 millones de euros.

En el otro extremo, Baleares, con 24,3 millones de euros y La Rioja con 38,7 millones de euros.

FEADER

En cuanto a la relación con el gasto público total contemplado en los programas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para el período 2007-2013, los pagos realizados, a 31 de marzo, alcanzaron los 982 millones de euros, lo que representa un 47,05 por ciento de la previsión media para el periodo (2.087,3 millones de euros/año). Sólo en marzo, la cantidad fue de 100,7 millones de euros.

Por ejes, destacan los pagos correspondientes al 1 (competitividad), con 380,9 millones de euros, y al eje 2 (medio ambiente y entorno rural), con 466,9 millones de euros. Menor cuantía va para los pagos destinados al eje 3 (vida y diversificación), con 37,3 millones de euros, al eje 4 (LEADER), con 73,3 millones de euros y a la asistencia técnica (26,9 millones de euros).

En este caso, hay que subrayar los pagos realizados a la comunidad autónoma de Castilla y León con 168,6 millones de euros, Andalucía con 167,6 millones de euros, Galicia con 103,8 millones de euros, Asturias con 93,8 millones de euros, Aragón con más de 89 millones y Castilla-La Mancha con 76,6 millones de euros. Les siguen Extremadura (60,3 millones de euros), Cataluña (52,5 millones de euros), Comunidad Valenciana (43,2 millones de euros) y Murcia y Navarra con poco más de 25 millones de euros respectivamente.

En el lado contrario, Baleares (2,8 millones de euros), Madrid (3 millones de euros) y País Vasco (3,5 millones de euros).

La secretaria general del PP y candidata a la Presidencia de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se ha comprometido hoy a «trabajar» para conseguir un Plan Hidrológico Nacional que lleve y garantice el agua en todas las comunidades autónomas.

En declaraciones a «Gestiona Radio» recogidas por Efe, Cospedal ha subrayado que el problema del agua se ha agudizado en Castilla-La Mancha porque no se hizo «ninguna infraestructura» ni se desarrolló una política hidráulica en los últimos treinta años.

«En 30 años no se ha hecho absolutamente ninguna infraestructura para asegurar que podamos disfrutar del agua que pasa por Castilla-La Mancha», ha subrayado, antes de lamentar que haya pasado tanto tiempo sin una política hidráulica en esta comunidad.

Para la número dos del PP, la política hidráulica en los últimos años «ha consistido exclusivamente en enfrentar a unas comunidades autónomas con otras», lo que ha derivado en que, al final, «la región más perjudicada haya sido Castilla-La Mancha, que no tiene ni por un lado ni tiene por el otro».

«Basta ya de demagogia, hay que ponerse a trabajar. Hay que invertir en infraestructuras hidráulicas y hay que hacer un Plan Nacional del Agua que permita tener agua para todos», ha enfatizado la número dos del PP.

Ha recordado que había uno, el Plan Hidrológico Nacional, que garantizaba el agua a Castilla-La Mancha y que lo eliminó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con los votos de los socialistas de la región.

Preguntada sobre si reclamaría, en caso de ser presidenta de Castilla-La Mancha, el fin del trasvase Tajo-Segura, ha dicho que lo primero que haría es ponerse a trabajar y «dar ejemplo de lo que se puede hacer cuando de cada cuatro litros de agua que pasan por la región, uno se pierde por la deficiencia de infraestructuras».

Ha insistido en que la política del agua «no se puede diseñar» únicamente desde una comunidad autónoma, pese a que haya alguno al que «se le olvide siempre cuando llegan las elecciones», en alusión al presidente José María Barreda, ha apostillado. EFE

En un año, los precios de los productos agrícolas y ganaderos han experimentado importantes oscilaciones tanto al alza como a la baja. Las frutas y hortalizas ponen los peores datos. La mayor caída la sufren el pimiento verde italiano y los tomates. Los productores han pasado de recibir 199,34 euros por 100/kg, en la semana del 4 al 10 de abril de 2010, a 66,68 euros 100/kg, en la misma semana de 2011, lo que supone un descenso del -66,5 por ciento. Lo mismo para el tomate que pasa de 98,71 euros/100 kg a 39,22, según los datos del último informe semanal de coyuntura del Ministerio de Medio Rural.

Importantes también han sido los retrocesos de los limones (-46,2 por ciento) y la patata (-44 por ciento). Además, aunque en la mayor parte de frutas y hortalizas bajan los precios encontramos datos positivos en la cebolla ( +33,7 por ciento), la manzana (+4,4 por ciento) y la judía verde (+1,06 por ciento).

El aceite presenta a la salida de la almazara datos al alza para el de girasol (+38,08 por ciento), para el aceite de orujo (+8,4 por ciento) y para el de oliva lampante (+0,2 por ciento). Sin embargo, cae el aceite de oliva virgen de 0,8 a 2 grados (-3,5 por ciento.

Los datos positivos los ponen los cereales y el vino. Sube la cebada pienso un +77,4 por ciento; el maíz (+59,5 por ciento) el trigo blando panificable (+58,6 por ciento); el arroz de cáscara (+35,3 por ciento); y alfalfa (+7,02 por ciento). El vino por su parte sube un +7,02 por ciento el blanco sin IGP y un +15,17 por ciento el tinto sin IGP.

En el caso de los productos ganaderos encontramos subidas generalizadas salvo para los huevos, tanto de clase M (-28,9 por ciento) como de clase L (-19,5 por ciento). Por su parte el porcino sube una media del +22 por ciento, el pollo un +12 por ciento y el conejo un +0,5 por ciento.

EFE.- Fuentes del MARM han subrayado a Efeagro que se trata de casos «en los que la Comisión Europea considera que los controles realizados por las autoridades españolas no eran lo suficientes» o no reflejaban «todos los extremos recogidos en la normativa comunitaria» o incluso existen «diferencias de interpretación de la normativa».

Han recordado que estas correcciones financieras de la CE «son menos del 1,1 % de los gastos anuales» y que «si se consideran como un indicador de calidad de los pagos realizados, podemos decir que la práctica totalidad de los pagos se vienen realizando correctamente».

«Los ciudadanos pueden confiar en que su dinero está debidamente controlado», han remarcado.

En el caso de la ayuda a la producción del aceite, en el que la CE exige la devolución de 70,9 millones, han afirmado que «se trata de un régimen de ayuda que concluyó en la campaña 2004/2005 y ya no existe, y que los errores del extinto SIG Oleicola no se han repetido en el actual Sigpac (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas)».

Las mismas fuentes han señalado que en las ayudas a las frutas y hortalizas, en las que pide la devolución de 37,2 millones, «es una cuestión de interpretación normativa (relativa a envases reciclables) sobre la que España y la Comisión no han llegado a un acuerdo», y sobre la que se ha interpuesto un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En cuanto a las primas ganaderas, han indicado que corresponden a «las solicitudes de ayuda de los años 2003 y 2004, cuyas deficiencias en los controles ya han sido subsanadas».

Fuentes del MARM han recordado que los beneficiarios finales de las ayudas «no se ven afectados por estas correcciones financieras».

La Comisión Europea (CE) exigió hoy a España la devolución de 115,7 millones de euros por irregularidades en la gestión de los fondos agrícolas europeos, según informaron fuentes comunitarias.

Bruselas aprobó una «liquidación de cuentas» por la que reclama a España y a otros nueve países más el reembolso de dinero por considerar que ha habido «incumplimiento de las reglas o un control inadecuado» de las dotaciones de la Política Agrícola Común (PAC), según las fuentes.

La intención del Ejecutivo comunitario es armonizar los impuestos especiales sobre hidrocarburos lo que supondría la equiparación de gasóleo agrícola y convencional supondría una subida de al menos 30 céntimos/litro para el sector primario.

Madrid – Agrocope

El objetivo teórico de la Comisión Europea es armonizar los impuestos especiales sobre hidrocarburos y eliminar la condición especial del gasóleo agrícola, que es más barato que el de automoción al estar menos gravado con impuestos. En esencia, la Comisión propone eliminar el artículo 15 de la directiva del año 2003, por el cual se permite que los países miembros puedan aplicar un tipo impositivo cero a los productos energéticos y la electricidad utilizados en «labores agrarias, hortícolas, piscícolas y forestales» y en todo caso, permite un nivel impositivo a los carburantes utilizados en este tipo de actividades productivas.

La medida, explica UPA, eliminaría el carácter fiscal especial del gasóleo utilizado en agricultura y equipararía su precio al gasóleo convencional, lo que, a juicio de UPA «sería el fin de muchos agricultores, que apenas pueden ya llenar el depósito del tractor«. Asimismo, supondría, según los servicios técnicos de la organización, una subida mínima de 30 céntimos por litro de gasoil.

Según UPA, un elemento más para la incertidumbre es la iniciativa comunitaria de incrementar la imposición a los carburantes más contaminantes: gasóleo y carbón. En este sentido, y a expensas de confirmar que el gasóleo agrícola no se viera afectado, supondría un incremento notablemente superior al anteriormente indicado por lo que las consecuencias que tendría sobre el sector agrario podrían ser definitivas.

UPA ha motivado el inicio de conversaciones entre el sector y los ministerios de Economía y de Medio Rural para conseguir consensuar una posición «clara, rotunda y firme» que evite mayores subidas el gasóleo agrícola que supondría aumentar aún más unos costes de producción «completamente desbocados». «En un contexto donde el propio Gobierno admite que la situación del sector agrario español es tan precaria que se hace necesario la devolución total del IEH no se entendería que se aplicaran estas iniciativas».

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (TS) ha declarado la legalidad de un trasvase de aguas del Tajo al Segura para la supervivencia de las plantas leñosas y se ha negado a plantear la cuestión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, como le había pedido la Asociación de Municipios Ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, indica que la citada asociación recurrió el acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de enero de 2009 por el que se decidió trasvasar veinte hectómetros cúbicos de agua de la cabecera del Tajo al Segura con destino a un riego de socorro.

En su reclamación, los demandantes señalaron que «los trasvases alteran el nivel de los embalses y tienen una importante repercusión ecológica desde el punto de vista de la supervivencia de determinadas especies y desde la perspectiva del paisaje».

Por ello pidieron al Alto Tribunal que elevara el asunto a los tribunales europeos al entender que «no puede resolverse el conflicto planteado únicamente aplicando la legislación nacional, que no recoge protección ambiental alguna y entendemos que contradice las directivas comunitarias en materia de medio ambiente».

Al rechazar este extremo del recurso, la Sala de lo Contencioso indica que la propuesta es «improcedente», y añade que las directivas europeas en la materia han sido incorporadas ya a la legislación española a través, entre otras, de la Ley de 2006 que «introdujo importantes cambios para dar cumplimiento a las exigencias comunitarias y clarificar y racionalizar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental».

En cuanto a la necesidad de que estos trasvases deban contar previamente con el informe previsto en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha, el tribunal reitera su jurisprudencia de que las normas autonómicas no son de aplicación en el caso de los trasvases de cuencas intercomunitarias.

El TS rechaza la interpretación que hace la citada Asociación, y afirma que las leyes autonómicas deben interpretarse «únicamente conforme a la Constitución, de modo que quedan proscritas aquellas interpretaciones que supongan una vulneración de la misma, que es lo que sucedería si en los trasvases relativos a las diferentes cuencas se hiciera tabla rasa de la diferenciación entre cuencas intercomunitarias e intracomunitarias».

La sentencia señala también que el trasvase es concebido en la Ley del Plan Hidrológico Nacional, de 2001, «como un importante instrumento vertebrador del territorio, evitando que zonas con déficits estructurales de recursos hídricos vean estrangulado y amenazado su desarrollo económico y social por la incertidumbre del suministro de agua».

Afirma también la Sala que con el desembalse acordado por el Gobierno para este riego de socorro no se rebasó el límite de los 240 hectómetros cúbicos previsto por la Ley como volumen a partir del cual no se podrá trasvasar.

El recurso, que no ha prosperado ante el Tribunal Supremo, contó con la oposición del la Generalidad Valenciana y del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, con sede en Murcia.

Los embalses de la cuenca del Júcar disponen de un total de 1.980 hectómetros cúbicos de agua, lo que representa el 59,4 por ciento de la reserva, según un comunicado de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Esta cifra supone un incremento de 15 hectómetros respecto a la semana pasada y de 7,5 puntos en relación al año pasado por estas fechas.

Respecto a hace dos años, la reserva de agua ha aumentado en 20,6 puntos, y sobre la media de los últimos cinco años ha aumentado en 27,9 puntos.

El agua embalsada en el conjunto de España ha aumentado un 29,2 por ciento sobre la media de la última década, un incremento «significativamente» inferior al experimentado por la cuenca del Júcar. EFE