El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (Marm), a través de la dirección general del Agua, ha adjudicado la contratación de servicios para la red de vigilancia de la calidad de las aguas, mediante índices bióticos, en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Según ha informado el Ejecutivo central en un comunicado, la empresa adjudicataria ha sido la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Laboratoris Vidal y Eptisa, Servicios e Ingeniería por un importe de 1.138.746 euros.

Esta actuación tiene como principal objetivo la explotación de la red de control biológico en ríos y lagos, dentro del ámbito territorial de la CHJ, en aplicación de la Directiva Marco del Agua.

Los trabajos a realizar por esta asistencia técnica incluyen la vigilancia en lagos de interior a través de 14 estaciones de control en la red de vigilancia provisional de lagunas interiores.

Dichas estaciones corresponden a seis lagunas y tres complejos lagunares, y en todas ellas se deben medir todos los elementos de calidad biológicos.

Además, en todos los puntos con profundidad suficiente se elaborarán perfiles físico-químicos, se medirá la profundidad de disco de Secchi y se tomarán muestras para análisis físico-químico y biológico.

Por otra parte, también se prevén 21 estaciones de control en nueve lagunas someras costeras y el control de 29 embalses en tres puntos como son presa, zona media y cola, siempre que la superficie inundada permita ubicar las tres estaciones.

La gestión del Guadalquivir, que el Estatuto andaluz aprobado en 2007 otorgaba en exclusividad a la Junta, se complica ahora con una nueva sentencia, esta vez del Tribunal Supremo, que se suma a la que dictó el pasado mes de marzo el Constitucional. Entonces, los once magistrados que integran este Tribunal consideraron por unanimidad que el artículo 51 del Estatuto, precisamente el que atribuye «competencias exclusivas» a la Junta sobre las aguas del Guadalquivir, era inconstitucional. La noticia supuso un tremendo varapalo para el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, quien desde entonces no ha parado de repetir que el Guadalquivir es un «río andaluz». Sin embargo, los tribunales de Justicia y hasta el propio PSOE federal han cuestionado esta afirmación.

El Guadalquivir, es cierto, es un río fundamentalmente «andaluz». Más del 90% de la cuenca discurre por Andalucía, mientras que el resto se distribuye entre Castilla La Mancha, Extremadura y Murcia. Este hecho lo tuvieron muy en cuenta los ponentes del PSOE cuando se comenzó a redactar el nuevo Estatuto de 2007, que apostaron desde el principio por encomendar a Andalucía las competencias exclusivas sobre el río.

Esta pretensión, sin embargo, chocaba con la doctrina jurídica seguida hasta entonces por el Estado, donde se ponía el acento en el concepto de cuenca hidrográfica y en el viejo principio de unidad de cuenca, es decir, que cuando un río discurra por varias comunidades la gestión no puede recaer en exclusiva en ninguna sino en el Gobierno central.

Debate estatutario

Por esta razón, el artículo 51 del Estatuto, el que anuló el Constitucional, fue uno de los más controvertidos y que generó más debate en la tramitación del Estatuto, tanto en el Parlamento andaluz como en el Congreso. De entrada, la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se oponía a la pretensión andaluza. Además, el PP no se sumó al consenso en ese artículo hasta que el texto llegó al Congreso, donde el Grupo Socialista en esa Cámara rebajó las pretensiones de sus compañeros andaluces e introdujo, por recomendación de los populares, numerosas referencias a la Constitución.

A pesar de ello, la Junta de Extremadura, paradójicamente gobernada por el mismo partido que la andaluza, planteó un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto. El Tribunal Constitucional anuló el pasado marzo el polémico artículo que atribuía competencias exclusivas a Andalucía sobre la cuenca, por contradecir la Ley de Aguas y el artículo 149.1.22 de la Carta Magna.

Este último atribuye de forma clara al Estado «la competencias exclusiva» sobre «la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma».

Ante este fallo, Gobierno y Junta se apresuraron a pactar una gestión transitoria del río que se formalizó a través de una encomienda que estará vigente hasta que se pacte una normativa definitiva. De esta forma, ambas administraciones se daban un tiempo para tratar de resolver el revés producido por la sentencia, aunque quedan varios interrogantes abiertos.

En primer lugar, el propio PSOE federal aprobó el pasado 20 de septiembre de 2010 un informe en el que se seguía apostando la unidad de cuenca a través de unidades de gestión del Estado, ya que se han «demostrado como las más eficaces» para la gestión del agua.

En segundo lugar, la sentencia del Constitucional abre vía libre para la impugnación de buena parte de las actuaciones de la Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, que preside José Juan Díaz Trillo. Según alertó Asaja en un informe jurídico, la actual encomienda de gestión de la Junta puede devenir en un «caos administrativo», por cuanto ese informe advertía una probable «avalancha» de recursos a las actuaciones dictadas por la Agencia Andaluza del Agua que hayan sido negativos para agricultores y regantes.

La razón de esto: que pueden darse agravios comparativos entre diferentes municipios de la cuenca, porque en unos regirá la ley de agua estatal y en otros la andaluza, que plantea cánones que aquella no tiene.

Esta primavera la Europa seca está al norte. España ha duplicado sus reservas, en tanto Bélgica, Alemania o el Reino Unido viven su peor sequía

http://www.abc.es/20110612/sociedad/abcp-norte-europa-seca-mientras-20110612.html

España ha dejado atrás los duros años de la sequía y en la actualidad cuenta con unas reservas de agua que bien se podrían calificar de boyantes. Desde el 41,5% al que llegaron a estar los embalses peninsulares al comienzo de 2008, las condiciones meteorológicas han permitido prácticamente duplicar el volumen de agua almacenada y situarse en el 81% de la capacidad total de los pantanos. Si se mantienen unas condiciones normales de lluvia, «tendríamos agua para estar tranquilos durante dos campañas» de riego —que van de marzo a septiembre, aunque varían según las zonas—, asegura la directora general del Agua, Marta Morén. El dato es «muy bueno», dice, teniendo en cuenta que ya «nos encontramos en plena campaña de riego y tenemos todo el verano por delante».

Galicia, menos abundante

La abundancia es generalizada en las cuencas españolas. Solo la del Júcar, con el 60,9% y, curiosamente la del Miño-Sil, con el 65%, se encuentran por debajo del umbral del 70. Y cuatro de ellas están por encima del 90%, siendo la Cuenca Atlántica Andaluza, con el 91,6, la que se sitúa a la cabeza.

Con estos datos, se consolida la tendencia iniciada a principios de 2009, cuando España empezó a salir de uno de sus mayores periodos de sequía, que había empezado en 2004. En esos años, las restricciones para el uso de este líquido vital llegaron a extenderse de manera preocupante y las tensiones territoriales por la gestión de los recursos hidráulicos también alcanzaron altas cotas.

El sosiego que da contar con los embalses llenos es propicio para planificar sin las urgencias del momento las políticas para cuando llegue de nuevo la escasez. ¿Qué se está haciendo en la actualidad? Desde el Ministerio, se trata de agilizar la compleja redacción de los planes de cuenca, que deben adaptar la Directiva Marco del Agua de la UE y han de servir de base para las futuras actuaciones. Recientemente han salido a consulta pública los de las cuencas del Cantábrico y el Guadiana, y unos meses antes los del Duero, Miño-Sil y Guadalquivir, pero todavía faltan otros de gran envergadura, como los del Tajo, el Ebro, el Segura y el Júcar, que el Ministerio espera poder sacar en los próximos meses. Aunque la crisis ha afectado al presupuesto de obra pública en todos los departamentos del Gobierno, la directora general asegura que «no podemos descuidar nuestras obligaciones» y «todo lo posible, se hace, priorizando lo más importante».

El Ministerio no cree, pese a la tranquilidad de esta abundancia, que se deba ahora abordar el espinoso debate de los trasvases entre cuencas. «Estamos con los planes de cuenca, no en debates de trasvases» que, a su juicio, hay que plantear «de forma seria» y «global».

Entre tanto, la sequía que azota a varios países europeos, y sobre todo a Francia, ha saltado ya a la Comisión Europea fruto de la enorme influencia de este país en Bruselas. La posición oficial del comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, es que por el momento la situación no es lo suficientemente grave como para dar ayudas europeas a los agricultores afectados por la sequía. Bruselas no ha autorizado tampoco al Gobierno francés para que desbloquee las ayudas nacionales para los agricultores afectados por la falta de lluvia.

La cuestión es que si un país europeo, en este caso Francia, decide dar ayudas de manera unilateral a un sector productivo como el cerealista, alteraría las normas de libre competencia que rigen dentro del mercado interior europeo y, a la postre, corre serio riesgo de tener que devolverlas a las arcas comunitarias, como ya sucedió precisamente en el sector de frutas y hortalizas galas hace un tiempo.

Más energía hidroeléctrica

La existencia de reservas de agua también es una buena noticia para la generación de energía. Según los últimos datos del sector, la producción hidráulica acumulada anual del sistema ha sido de 14.727 gigavatios hora (GWh), un 6% mas del año medio, si bien es menor que el pasado año, ya que 2010 fue histórico.

Entre enero y marzo, Iberdrola generó 6.074 GWh, el 32% del total de esta compañía en España, mientras que la producción de Endesa, en este caso de enero a mayo, fue de 3.811 GWh, el 18,5% de la producción total de esta eléctrica.

EFE.- Representantes de las comunidades de regantes de Castilla-La Mancha han creado una comisión gestora que será la encargada de culminar el proceso de constitución de la Federación regional de Regantes que tiene por objeto defender sus intereses de manera conjunta y unida frente a terceros.

Los representantes de la mayoría de las comunidades de regantes de Castilla-La Mancha han acordado, en una reunión que mantuvieron en la sede del Consorcio del Alto Guadiana, crear una comisión gestora que será la encargada de culminar el proceso de constitución de una federación regional de regantes, según han informado hoy a Efe fuentes del Consorcio del Alto Guadiana.

Dicha comisión está compuesta por siete miembros, dos de la Cuenca Hidrográfica del Tajo, uno por Guadalajara y otro por la provincia de Toledo; otros dos de las cuencas hidrográficas del Júcar y del Segura, y los tres restantes representando a la cuenca del Guadiana, tanto de aguas subterráneas como de aguas superficiales.

Los miembros de la comisión gestora volverán a reunirse el próximo día 30 de junio, ya con los titulares de cada Cuenca Hidrográfica, con el propósito de comenzar a dar los pasos oportunos que permitan la creación definitiva de una federación castellanomanchega de comunidades de regantes.

Según ha explicado el director del Consorcio, Enrique Calleja, la idea es que la federación esté operativa antes que finalice el año y ha mostrado su satisfacción por el alto nivel de participación de los representantes de las comunidades de regantes en la reunión.

Ha destacado, además, el hecho de que todos están concienciados de que es necesario unirse y defender juntos los intereses de los regantes de la región.

Defensa de las agresiones externas, necesidad de crear una interlocución potente frente a terceros fuera de la región o independencia frente a planteamientos políticos fueron algunos de los argumentos más escuchados en el transcurso de la reunión.

En la reunión estuvieron representadas la Junta Central de regantes de La Mancha Oriental, la comunidad de regantes del Acuífero 23 y la del 24, la comunidad de regantes Canal Bajo del Alberche, la del Canal del Henares y la comunidad de la Torre de Abraham.

Bacete ha resaltado que España en su conjunto debe «lavar la imagen» con una campaña en todos los ámbitos, aunque «el daño ya esta hecho», porque la ‘crisis del pepino’ ha afectado «al consumo, especialmente de las frutas y hortalizas».

El portavoz de la organización agraria castellano-manchega, que ha estado presente en la entrega de premios del Sistema Integrado de Gestión de Envases Vacíos Fitosanitarios (Sigfito) a tres cooperativas regionales, ha reconocido que «el enfriamiento del consumo es generalizado», aunque en el ajo «ahora mismo, es pronto para hablar de problemas, porque llevamos sólo dos semanas».

Sí ha aclarado, no obstante, que la producción de ajo morado esta campaña puede reducirse por las últimas lluvias y que en el caso del vino y el aceite se han paralizado algunas exportaciones, en particular a Rusia, que ha cerrado su fronteras.

Tambien a preguntas de la prensa, ha sido tajante al asegurar que «Alemania debe indemnizar a nuestro país», tras una valoración de los daños ocasionados, porque «se tiene que dar una lección».

«Ni siquiera ha rectificado», ha lamentado Bacete, quien ha reiterado que «España tiene que cerrarse en banda y hacer publicidad de lo nuestro, que ofrece todas las garantías y es de calidad».

«No podemos permitir una campaña que venga de un país como Alemania, en la que puede estar implicada Francia», en alusión a su campaña para que no se consuman productos españoles por no ofrecer suficientes garantías, ha reforzado Bacete.

Según el dirigente de la organización agraria, hay «que lavar la imagen, entre todos, porque hemos hecho muchas cosas para presumir de nuestros productos» y no ha encontrado explicación sobre «como se puede hundir un sector en cuestión de una semana».

Bacete, que ha defendido la máxima seguridad de los productos agroalimentarios españoles, ha subrayado que «hay que ir contra quien nos hace daño y beneficiar lo nuestro».

Por último, ha pedido una reflexión generalizada para que «no nos critiquemos unos a los otros, ni a cooperativas, ni a sindicatos, ni al Gobierno que mande» porque, se ha interrogado, «¿dónde está esa Europa común? ¿ese hermanamiento?».

Según el informe hidrológico de tendencia realizado por la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, las reservas de agua en esta cuenca superan en 4,3 puntos porcentuales las que había el año pasado durante este mismo periodo, cuando había acumulados 1.888 hectómetros cúbicos.

Asimismo, la reserva hidráulica de la cuenca del Júcar ha aumentado un 23,2 por cien respecto al agua almacenada que había en estas fechas hace tan sólo dos años, cuando apenas llegaba al 38 por cien.

Respecto a la media de los últimos cinco años, que se sitúa en un 32,8 por cien con 1.134 hectómetros cúbicos, el agua acumulada en la cuenca del Júcar se ha visto incrementada en un 28,1 por cien.

Desde octubre, los embalses de esta cuenca han recogido unas reservas de alrededor de 400 hectómetros cúbicos de agua, ya que el año hidrológico se comenzó con unos 1.600 hectómetros que alcanzaron su pico a mediados de abril con unos 2.050. EFE

El hasta ahora presidente regional José María Barreda, que pasará a ser presidente del Grupo Parlamentario Socialista en la oposición, será el encargado de defender la Ley del Agua de Castilla-La Mancha, una vez que el Congreso de los Diputados la tome en consideración, siempre y cuando el Partido Popular de la región, que no apoyó dicho texto, decida no retirar la Ley de la Cámara Baja, donde va a ser tramitada.

Así lo han confirmado fuentes socialistas, quienes han indicado que la Ley del Agua de Castilla-La Mancha, que incluía las demandas hídricas que recogía la modificación del Estatuto de Autonomía que finalmente no vio la luz por falta de acuerdo entre PP y PSOE, fue una iniciativa que surgió de las Cortes regionales, que son, en definitiva las «dueñas» del texto, y por tanto las que pueden aprobar su retirada. Esto se produciría, han precisado dichas fuentes, si el PP, que ahora tendrá la mayoría en la Cámara regional, presentara una iniciativa para retirar esta norma del Congreso para que no continúe su tramitación.

Y es que, dichas fuentes han asegurado que los socialistas no tienen ninguna intención de retirar el texto de la Cámara Baja, como ya ocurriera con el malogrado Estatuto de Autonomía, que el hasta ahora presidente regional, José María Barreda, decidió retirar, al entender que se había devaluado su contenido.

Por ello, si el Partido Popular, que estará al frente del Ejecutivo castellano-manchego y tendrá 25 de los 49 escaños que conforman las Cortes regionales, no retira el texto, será finalmente Barreda, como jefe de la oposición, el que defienda ante el Congreso de los Diputados esta legislación, que contiene las demandas hídricas de Castilla-La Mancha, según las entiende el PSOE. Después de dos plenos polémicos en las Cortes de Castilla-La Mancha, el PSOE regional consiguió que la Ley del Agua se registrase en el Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación. Fue el pasado 30 de marzo cuando José María Barreda, acompañado del hasta ahora presidenta de las Cortes, Francisco Pardo, entregaron el texto en el registro del Congreso de los Diputados.

Tan solo un día antes, el Convento de San Gil vivió una de las jornadas más tensas de la última legislatura, en la que la mayoría socialista, y ante la ausencia de la bancada ‘popular’, sacó adelante el texto. Previamente, el presidente de las Cortes tuvo que suspender el pleno, después de que los diputados del Partido Popular, entre los que no se encontraba su presidenta María Dolores Cospedal, mostraran pancartas, en las que acusaban a Barreda de impedir hablar de empleo, tal y como propusieron los «populares».

Búsquedas relacionadas

barreda,

defender,

agua,

retira

Entre las ayudas, la referencia del Consejo de Ministros desarrolla que se van a destinar 500.000 euros de la Agencia Estatal de Meteorología a la Agrupación de Interés Económico de los Servicios Meteorológicos Nacionales en Europa (EIG-EUMENET).

Un total de 158.944 euros se dedicarán a la Convención sobre la Conservación de las especies migratorias de animales silvestres del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente; 143.750 euros serán para la Organización Mundial para la Sanidad Animal, y 74.739 euros al programa de químicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

El Ministerio va a aportar 62.950 euros para la Conservación de Aves Acuáticas Migratorias Afroeuroasiáticas del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

También se dedicarán 58.200 euros a la Organización Internacional para el desarrollo de la pesca en Europa Oriental y Central de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

El Convenio sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la zona atlántica contigua del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente recibirá 55.847 euros.

En el caso del Acuerdo de Cooperación entre la Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, recibirán una aportación de 31.000 euros.

Un total de 13.118 euros se dirigirán a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico «Códigos y Sistemas Agrarios/Tractores»; otros 11.974 euros, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico «Códigos y Sistemas Agrarios/Semillas».

El Punto Focal Europeo de los Recursos Zoogenéticos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación recibirá 10.000 euros y la Comisión Internacional sobre Industrias Agrícolas y Alimentarias, 9.250 euros.

Por otro lado, 6.500 euros irán al Consejo Asesor de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; 6.483 euros para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico «Códigos y Sistemas Agrarios/Bosques»; un total de 5.500 a la Red Impel y 4.950 para la Organización Internacional de Ciencia y Tecnología de los Cereales.

Además, 4.000 euros se destinarán al Consejo Consultivo Regional de las aguas sudoccidentales y 3.700 euros al Consejo Consultivo Regional de las aguas noroccidentales.

El MARM aportará 3.150 euros al Consejo Consultivo Regional de las aguas del Mediterráneo y 2.933 euros al Comité Internacional para el Control del Rendimiento del Ganado.

La Organización Internacional de Lucha Biológica de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación obtendrá 2.000 euros y la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal, un total de 784 euros.

JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA.-Por ello, Julián Sánchez Pingarrón ha destacado el esfuerzo y la dedicación en aspectos relacionados con la prevención, la revisión periódica de cada una de las actuaciones desarrolladas y, por supuesto, la mejora continua y el seguimiento exhaustivo de la gestión de calidad de los servicios y del comportamiento ambiental de la Agencia de la Energía.

El consejero de Ordenación del Territorio, Julián Sánchez Pingarrón, ha recibido hoy de manos del delegado de AENOR en Castilla-La Mancha, Antonio Contreras, dos certificaciones que acreditan la calidad y la óptima gestión medioambiental en las actuaciones y proyectos realizados por el Gobierno regional, a través de la Agencia de la Energía de Castilla-La Mancha, en el desarrollo de iniciativas basadas en la sostenibilidad y el ahorro y la eficiencia energética.

En concreto, el consejero ha recibido la certificación de calidad UNE 9001:2008 y su correspondiente europea IQNET ISO; y la certificación a la gestión medioambiental UNE 14001:2004 y su correspondiente europea IQNET ISO.

“Este reconocimiento por parte de AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) pone una vez más a Castilla-La Mancha y a los profesionales de la Administración regional como ejemplo a seguir en cuanto a calidad, transparencia y respeto al medio ambiente en todos y cada uno de sus proyectos y actuaciones”, ha señalado.

Por ello, Sánchez Pingarrón ha agradecido al equipo de Agecam “su esfuerzo y dedicación en aspectos relacionados con la prevención, la revisión periódica de cada una de las actuaciones desarrolladas y, por supuesto, la mejora continua y el seguimiento exhaustivo de la gestión de calidad de los servicios y del comportamiento ambiental de la Agencia de la Energía”.

Entre las principales actuaciones reconocidas en estas certificaciones se encuentran las orientadas a reducir el consumo de carburantes, así como de emisiones de CO2 promoviendo entre sus empleados el uso del transporte público, el vehículo compartido o la bicicleta para acudir al centro de trabajo.

Además, se reconoce la reducción del consumo de recursos naturales como el papel, la energía de la oficina o la buena gestión de residuos, envases o toner.

Por otro lado, todas las ofertas que se solicitan desde la Agencia de la Energía han de ir acompañadas de un plan de gestión ambiental de las acciones sujetas al contrato, así como medidas concretas que garanticen la minimización de los impactos ambientales asociados.

Para todo ello, resulta fundamental realizar un control y una evaluación continua de los trabajos contratados para detectar y cuantificar las incidencias en el desarrollo de los trabajos y fomentar la solvencia, eficacia y agilidad en los resultados.