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La Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) ha denunciado que la regularización por parte de la Confederación Hidrológica del Júcar (CHJ) de centenares de concesiones de agua en Albacete agravará la sobreexplotación del acuífero de la Mancha oriental.

Según ha informado hoy la organización sindical a través de un comunicado, «estas regularizaciones suponen el traspaso de aguas privadas a concesiones públicas e implican un incremento del volumen de las mismas».

La sobreexplotación del acuífero ha provocado que desde hace varias décadas el acuífero desvíe caudales del Júcar llegando a secarlo y, de hecho, en 1995 se secaron 40 kilómetros del cauce del río en Albacete, han indicado.

Para el secretario general de USUJ, Juan Valero de Palma, «el exceso de extracciones afecta a todos los usuarios de las aguas superficiales del Júcar, además de provocar un deterioro medioambiental de todos los entornos hídricos vinculados al río».

«Desde 1999 el Plan Hidrológico del Júcar alertaba de los bajos niveles del acuífero y establecía la necesidad de elaborar un plan de explotación», han añadido desde el sindicato de usuarios.

En este sentido los únicos planes han sido elaborados directamente por la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, estableciendo niveles de extracción «muy por encima de la recarga natural».

La solución propuesta por USUJ pasa por reducir las extracciones a un volumen inferior a esta recarga natural, que «actualmente se sitúa en 238 hectómetros cúbicos, cifra que se ha superado ampliamente en la última década».

«Las regularizaciones promovidas por la Confederación Hidrográfica del Júcar sólo conseguirán acelerar el descenso del acuífero con el consiguiente perjuicio al medio ambiente», han concluido. EFE

Tanto a partir del agua, la tierra o el viento, lo que permitiría aprovechar recursos naturales existentes y contar con una mayor dotación de energía. Para ello, apuestan, entre otros, por los mini-parques eólicos o por aprovechar la fuerza del agua.

Madrid – Agrocope

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) ha urgido al Ministerio de Industria a que agilice los trámites burocráticos necesarios para que los agricultores puedan sumarse a la producción de energías renovables, contribuyendo así a paliar el déficit histórico de energía eléctrica que padece España y cuya dependencia del exterior se ha evidenciado en estas últimas semanas a raíz de las revueltas acontecidas en el mundo árabe.

De esta forma, los regantes reivindican su papel como productores de electricidad a partir del agua, la tierra o el viento, lo que permitiría aprovechar recursos naturales ya existentes y contar con una mayor dotación de energía que haga posible dar respuesta a las distintas necesidades de abastecimiento de nuestro país.

En primer lugar, FENACORE propone la adjudicación de «mini-parques eólicos» a aquellas comunidades de regantes que presenten un consumo significativo de energía eléctrica; plantean aprovechar la fuerza del agua que cae de los desniveles de las acequias para generar electricidad; o desviar parte del caudal del río mediante una presa (azud) y utilizar la presión de la caída del agua para la creación de energía.
 
La energía procedente de la luz solar es otra de las vías que los regantes consideran necesario «explotar» en mayor medida. Así apuestan por aprovechar los terrenos no cultivados propiedad de las comunidades de regantes –localizados junto a las balsas o canales- para la ubicación de placas fotovoltaicas, conformando «plantaciones» solares. Además, están dispuestos a ceder parte de sus derechos de uso del agua –tal y como contempla el artículo 67 de la Ley de Aguas- a las sociedades interesadas en poner en marcha plantas de energía termosolar, lo cual sería especialmente idóneo en comunidades como Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha por la amplia extensión de sus terrenos.

Los embalses que componen la cuenca del Júcar disponen de 1.846 hectómetros cúbicos (Hm3) de reservas de agua, equivalente al 55,3 por ciento del total, con un incremento de 330 hectómetros respecto al año anterior.

Según el informe hidrológico facilitado por la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, el año pasado por estas fechas había un 45,4 % de reservas, frente al 55,3 % actual, lo que supone 9,9 puntos porcentuales más.

La reserva de agua en la cuenca del Júcar ha aumentado esta semana un 21,8,% respecto a la del año pasado, y la cantidad de agua almacenada se ha incrementado en 20,1 puntos respecto a hace dos años y en 26,9 puntos en relación a la media de los últimos cinco años.

Respecto de la media de los últimos diez años, las reservas de agua son mayores en 26,2 puntos porcentuales. EFE

Los alcaldes de Peñas de San Pedro y Alcadozo, Antonio Serrano y Ángel Alfaro, junto con la teniente de alcalde de Pozohondo, Amparo Núñez, han solicitado una entrevista urgente con la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, con el fin de abordar las tarifas millonarias que el BOE les reclama, por unas obras hidráulicas realizadas en 2008. En rueda de prensa, los ediles denunciaron que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, les ha dejado«en la estacada».

Recordaron que las obras hidráulicas fruto de la tarifas multimillonarias conectan los municipios señalados con la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Albacete (ETAP), y se incluyeron dentro de un Plan de Emergencia de Abastecimiento a municipios medianos y pequeños de la provincia de Albacete, ejecutados por el Ministerio de Medio Ambiente, a instancia del presidente de la Junta, José María Barreda.

A la conclusión de estas obras, el Ministerio reclama unas tarifas por valor de 9 millones de euros a estos tres pueblos de entre 600 y 1.800 vecinos, si bien hay otros 19 municipios de la provincia de Albacete implicados, aunque con cantidades de menor cuantía. Los alcaldes no creen que deban costear unas obras de interés general, por un valor que supera las posibilidades presupuestarias de estos municipios. En concreto, el Gobierno de España reclama 2,5 millones a Pozohondo; 2,7 a Peñas de San Pedro; y 3,4 millones de euros a Alcadozo.

Desde 2008, Antonio Serrano, Ángel Alfaro y Amparo Núñez, han realizado numerosas gestiones, habiéndose entrevistado con el consejero de Obras Públicas de la Junta, Sánchez Pingarrón, en la Delegación de la Junta; han hecho lo propio con el presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues, en la Subdelegación del Gobierno. Estas reuniones, realizadas el pasado verano, no han dado el resultado esperado, si bien, todos ellos han dado la razón a los alcaldes de manera verbal. «Hemos llegado al absurdo de que todos nos dan la razón, tanto la Diputación Provincial, como la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Junta de Comunidades, pero nadie nos soluciona la papeleta, pues el BOE sigue reclamándonos las mencionadas cantidades. Agotamos el último cartucho con la ministra, que ha sido alcaldesa de Córdoba, y creemos que sabrá entender nuestra posición», señalaron.

Los alcaldes calificaron estas tarifas como «tarifazo» e «impuesto revolucionario», pues hacen las obras «para colgarse las medallas y luego nos pasan a nosotros la receta». Hemos agotado todos los recursos para resolver este grave problema por la vía del diálogo, recalcaron, y agotamos este último cartucho, —una entrevista con la ministra Rosa Aguilar—, «antes de tomar medidas más drásticas que no le van a gustar a nadie», apostillaron.

En la entrevista concedida a ABC, el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, analiza la situación de la región en materia de agua. Con la noticia fresca de la toma en consideración —el pasado jueves— en las Cortes Regionales de la Ley de Agua para su tramitación en el Congreso de los Diputados, asegura que las reivindicaciones del Gobierno regional son razonables. «Cualquiera que estudie esta ley dice que es una posición razonable, son cosas de sentido común».

—¿Qué futuro augura a esta Ley del Agua cuando vaya al Congreso?

—El objetivo es aprobarla en las Cortes y después remitirla al Congreso. Buena parte de los artículos ya habían pasado por la ponencia constitucional y tenían el visto bueno; en este caso, no sé que hará el PP. No se puede dejar de insistir, de trabajar. La defensa de la reforma del Estatuto hizo que calara en Madrid el discurso de la defensa del agua en Castilla-La Mancha, y eso fue ya un éxito. Sólo con que cale ese discurso conseguiríamos un avance importante.

—¿La mayoría socialista en el Congreso tiene claro ese discurso?

—Dentro de la tramitación se fueron negociando asuntos, se hicieron ajustes y el Grupo Socialista en su momento votó a favor. Quien lo hizo en contra fue el Partido Popular. Antes tendrá que pasar en las Cortes Regionales por un periodo de enmiendas y el calendario permite que en marzo aún puedan celebrarse plenos y poder aprobarse definitivante.

—Una de las premisas de la Ley del Agua es que todas las obras que gestiona el Ministerio de Medio Ambiente se transfieran a la Comunidad Autónoma. ¿Puede asumir la región estas competencias?

—Es normal. Cuando se produjo el proceso de transferencia de competencias a la comunidad autónoma, todas las obras que estaban en curso se transfirieron, por supuesto, también la financiación para terminarlas. En la Ley pedimos que se produzca un nuevo traspaso. Todo el conjunto de obras que luego gestionaremos. Por ejemplo, la Tubería Manchega. La acabe el Ministerio o la Junta, está firmado que nos tienen que «dar las llaves» y pasará a ser gestionada por la Agencia del Agua, que para eso la hemos constituido. ¿Por qué lo pedimos?, porque estamos más cerca de las obras, más pendientes. El Ministerio tiene obras en toda España. A una obra como la Tubería Manchega dedicaríamos todos los esfuerzos, todos nuestros equipos de ingeniería estarían pendientes de que se cumplieran los plazos. No digo que el Ministerio lo haga mal, pero nosotros estaríamos más atentos.

—¿Significa eso que la coordinación es difícil con el Ministerio?

—Hay una Comisión de seguimiento de esta infraestructura y nos reunimos periódicamente, pero son distintas perspectivas.

—Los presidentes de Murcia y Valencia han vuelto a reivindicar estar en la cuenca del Tajo. ¿Qué le parece?

—Es tremendo. «Somos usuarios, luego tenemos derecho a decidir». Es algo indignante e intolerable que responsables públicos que no tienen nada que ver con la cuenca del Tajo, excepto un acueducto que están utilizando indebidamente y sin justificar los usos, quieran decidir su planificación. Su objetivo es que el Tajo se regule en Murcia, y eso es lo que tenemos que evitar.

—¿Cree que veremos el río Tajo alguna vez limpio?

—No solo lo creo, sino que trabajo intensamente para conseguirlo. El problema del río Tajo es que lo que entra cuando llega a Castilla-la Mancha es el agua de sus afluentes, que provienen de Madrid, porque los pantanos de cabecera no sueltan el agua suficiente para que, combinada con el que proviene de las depuradoras, conviertan el Tajo en un río limpio. De ahí que la principal petición de la Ley del Agua, que defendía el presidente Barreda y que queremos tramitar, es que se garantice un caudal ecológico. En estos momentos, a estas horas, está pasando más agua por el trasvase que por el río. Es inadmisible.

—Desde Madrid se amenaza con vertidos de otros ríos.

—A todos nos causa indignación que se quiera resolver el caudal ecológico poniendo una tubería que coja agua del Jarama y el Manzanares y se lance por encima de Aranjuez. El caudal a su paso por Aranjuez crecería pero sería con el agua depurada. No se puede hablar de esas cuestiones en la región si antes no se resuelve lo del trasvase. Es intolerable que se quiera hablar de esta alternativa, cuando la solución está dicha y vista. Y es soltar más agua en la cabecera para que entre agua limpia. Los abogados de la Junta ya están preparando todas las alegaciones a ese plan nacional de reutilización de las aguas que, en el caso del Tajo, no puede funcionar si no se resuelve antes el problema de la cabecera.

La confrontación y la bronca entre los diputados del PP y el PSOE se está convirtiendo en una práctica habitual en los últimos Plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha, y las acusaciones e insultos se disparan en ambos bandos estando por medio los temas «estrella» de esta legislatura: El agua y los asuntos económicos —CCM, déficit, plan de finanzas…—.

Hace quince días eran las acusaciones de despilfarro al Gobierno de Barreda lo que provocaban que el presidente de las Cortes, el socialista Francisco Pardo, impidiera hablar al diputado popular Marcial Marín.

Ayer el protagonista fue Leandro Esteban que tachó a Barreda de «cobarde», después de que el presidente regional hubiera acusado a los diputados del Partido Popular de «traicionar a esta tierra». El calificativo del diputado popular al jefe del Ejecutivo regional fue considerado como un insulto grave por el presidente de las Cortes, quien instó a Esteban a disculparse. Lejos de hacerlo, el portavoz popular insistió en su argumento, lo que le valió que la presidencia del parlamento le retirara la palabra, tras advertirle hasta en tr

Estrategia preconcebida

Inmediatamente subió al estrado José María Barreda, ante lo cual, todos los diputados del PP, encabezados por María Dolores de Cospedal, salieron del salón de plenos. «Esto es una estrategia preconcebida para que el escándalo sea la noticia y no que, una vez más, Cospedal no defienda el agua de Castilla-La Mancha», indicó el presidente. El mismo argumento que utilizó el portavoz del Grupo Socialista, José Molina, quien lamentó el nuevo «espectáculo» de los diputados del PP «para evitar que la noticia no sea que Cospedal ha estado callada y no ha querido intervenir en la tribuna cuando se estaba debatiendo una ley tan importante para nuestra comunidad autónoma».

Posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación, Esteban insistía en que no iba a tolerar que «Barreda llame traidores a todas las personas que formamos parte del Partido Popular ni, por supuesto, a quienes nos han dado su confianza para que estemos en estas Cortes, los ciudadanos».

Aseguró el secretario de Acción Parlamentaria del PP que Barreda «aburre» con el tema del agua porque desde que es presidente, «lo único que hemos hecho ha sido perder diez años, una financiación que garantizaba el Plan Hidrológico Nacional, el consenso que reinaba en estas Cortes regionales y perder el acuerdo que resolvía el problema del agua en el ámbito nacional. Y todo lo ha hecho él solito».

Texto alternativo

Esteban anunció que el Partido Popular va a presentar un texto alternativo a la Proposición de Ley presentada por el PSOE relativa al agua, «porque creemos en nuestra tierra, porque queremos agua para Castilla-La Mancha, creemos en el derecho preferente de nuestra tierra a utilizar su agua, de manera que genere riqueza para nuestro territorio, porque queremos hacerlo desde el respeto a la Constitución y el acuerdo con los ciudadanos, algo que ya fue posible con el Partido Popular».

También puso en duda las intenciones del PSOE con esta proposición de ley para tramitar en el Congreso, cuando los diputados socialistas por Castilla-La Mancha en la Cámara Baja no han realizado ninguna propuesta sobre este asunto en toda la legislatura, por lo que consideró todo «un engaño».

La aberración de Murcia

El presidente de Castilla-La Mancha fue el encargado de defender la propuesta de Proposición de Ley relativa al Agua para su remisión al Congreso de los Diputados, con alusiones directas a la presidenta del PP, María Dolores de Cospedal, a la que acusó de callar lo que piensa, porque «se pliega a los intereses de su partido y a los intereses de los que mandan en agua que son Camps y Valcárcel».

Precisamente, Barreda consideró «inaceptable» que el Gobierno de Murcia pretenda sentarse en el Consejo del Agua de la cuenca del Tajo y participar como uno más en la elaboración del Plan de cuenca. «Murcia no tiene nada que decir en la planificación y elaboración del Plan Hidrológico del Tajo». Y explicó que no se va a considerar que las aguas del Tajo son también del Segura porque «es aberrante desde el punto de vista ambiental, territorial y político».

También fue crítico con el Partido Popular por comparar las obras de la tubería manchega con el trasvase Tajo-Segura. «Es lamentable que desde dentro de Castilla-La Mancha no se tengan estas cosas claras y no se defiendan los intereses del conjunto de todos los territorios». E insistió en que el agua que llegue a la llanura manchega será para consumo humano, aunque también reivindicó el derecho de los castellano-manchegos a utilizar este recurso para otros fines.

Inversiones

Contestando a las críticas del PP de que no ha hecho nada en política hidráulica, el jefe del Ejecutivo explicó que desde que es presidente en Castilla-La Mancha se han invertido 2.000 millones de euros en infraestructuras hidráulicas, que ya han sido ejecutados o están en ejecución. Así concretó que, 679 millones de euros se han destinado a saneamiento y depuración de aguas y a los regadíos 174 millones de euros. «Un volumen al que sumando también el abastecimiento nos da los 2.000 millones de euros».

En cuanto a la proposición de Ley que se pretende llevar al Congreso de los Diputados, explicó que contiene todas las disposiciones legales que en materia de agua tenía la reforma del Estatuto de Autonomía, con es la reserva estratégica para atender las necesidades de Castilla-La Mancha de 4.000 hectómetros cúbicos. También incluye el cambio de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura por lo que no se podrán autorizar trasvases sin la previa acreditación de que se han optimizado los recursos en la cuenca del Segura, por lo que deberá justificarse, previamente en cada caso, las demandas.

La norma recoge que mientras subsista el trasvase, Castilla-La Mancha participará con voz y voto en los órganos de decisión. Respecto al caudal ecológico, indica que el Plan Hidrológico del Tajo concretará la dotación suficiente para garantizar el caudal ecológico del río en todos sus tramos. A tal efecto se insta la modificación de las disposiciones del PHN elevando la cifra mínima (240 Hm3) por debajo de la cual no se pueden aprobar trasvases. Otra de las premisas de la Ley es que el Plan Hidrológico del Tajo garantizará la existencia de una lámina estable y permanente de agua en los embalses de cabecera de Tajo que permita desarrollar actividades económicas.

Indica la sustitución del Trasvase por los recursos procedentes de la desalinización. Es decir la nueva Ley establece que los recursos que procedan de la desalinización deben restarse de los recursos del trasvase. Actualmente podrían disponer de unos 380 hectómetros cúbicos poniendo en marcha las plantas construidas.

La Ley también hace alusión a otras cuencas como las del río Júcar y Segura, y advierte que es necesario que se delimiten correctamente las cuencas hidrográficas que conforman la demarcación. Y en tales casos, los balances de recursos y demandas se han de hacer no por sistemas de explotación, sino por cuenca hidrográfica.

La respuesta de Valcárcel

El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que se reunió ayer en la capital murciana con Francisco Camps, respondió casi al instante que los usuarios del Tajo tienen no solo el derecho, sino también la obligación, de estar en la elaboración del plan de este río, en referencia a los beneficiarios de las aguas del Trasvase, «porque esas tomas de decisiones afectan a todos los murcianos. Esto molesta, por lo visto, a quien no entiende que la democracia es participación y que la Constitución que es una norma hecha para ser cumplida y nunca vulnerada», afirmó.

Con tono firme y el apoyo de Camps, Valcárcel quiso reiterar que «el Tajo es un río español porque dice la Constitución que esos recursos son de todos los españoles y nadie puede arrogarse su propiedad. No vamos a dar un paso atrás ni para dar impulso», sentenció Valcárcel. Asimismo, criticó que muchos vecinos de los pantanos de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, «sigan sin disponer de agua potable, a pesar de que parte del dinero que los regantes del Segura pagan por el agua de riego tiene como uso finalista las obras de mejora en las infraestructuras hidráulicas de esos pueblos».

El consejero Antonio Cerdá tachó de «aldeana y de campanario» la política del agua del presidente de Castilla-La Mancha con su obsesión de controlar los ríos.

Valcárcel y Camps, que ayer presidieron la reunión del Patronato del Instituto Euromediterráneo del Agua en Murcia, defendieron el Plan Hidrológico Nacional y criticaron la política del Gobierno de Zapatero, «que se cae a pedazos y a trozos, también porque su política hídrica no ha estado a la altura», según Camps. El presidente valenciano dijo estar convencido de que llegará el día «en que el agua que se va al mar y no aprovecha nadie», en clara alusión al río Ebro, «regará los campos de Murcia, Valencia, Almería y de España».

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y la Universidad de Zaragoza inauguran mañana las XVI Jornadas de Derecho de Aguas tituladas «Agua y Agricultura», en la que expertos nacionales e internacionales debatirán sobre los problemas actuales del regadío y sus soluciones de futuro.

En esta edición, los debates girarán en torno a la nueva Política Agraria Común, el uso de las aguas subterráneas, la reutilización de recursos, los códigos de buenas prácticas agrarias y la problemática de la agricultura de regadío, todo enmarcado en el contexto de crisis económica, según ha avanzado hoy la CHE.

La conferencia inaugural correrá a cargo del catedrático de Derecho Administrativo y director de las Jornadas, Antonio Embid, y versará sobre «Las crisis del agua, de la agricultura y de las finanzas públicas: el papel del derecho», mientras que clausurará las sesiones, el viernes, el presidente de la CHE.

Mañana están previstas además las conferencias del catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, Alberto Garrido, sobre la «Agricultura de regadío en la PAC post-2013: distinguiendo lo posible de lo deseable», y de la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Silvia del Saz Cordero, sobre las «Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas».

El viernes intervendrán la investigadora de la Universidad del Aconcagua-Mendoza (República Argentina) Marcela Andino, quien hablará sobre «El régimen jurídico del uso de agua en agricultura en Argentina», y el profesor de Derecho Administrativo y de Derecho de Aguas de la Universidad Católica del Norte (Chile) Christian Rojas, quien disertará acerca de la «Gestión de las aguas y fomento en obras hidráulicas privadas subsidiarias por el Estado».

El programa incluye la mesa redonda «Problemática de la agricultura de regadío», que moderará el presidente de la CHE, Rafael Romeo, y reunirá al jefe de la Oficina de Planificación del organismo de cuenca, Manuel Omedas, y al del Departamento de Planificación del Abastecimiento de la Agencia Catalana del Agua, Jordi Molist.

En ella participarán además los presidentes de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Andrés del Campo, y de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón y de la Federación de Comunidades de Regantes del Ebro, César Trillo. EFE

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha adjudicado hoy el proyecto de reconstrucción del Azud de la Marquesa, en el término municipal de Cullera (Valencia), por un importe de 8,6 millones de euros a Rover Alcisa Construcción.

Estas obras, cofinanciadas con fondos europeos FEDER 2007-2013, mejorarán tanto el estado del propio azud como el del entorno del río Júcar, según ha informado el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) en un comunicado.

El Azud de la Marquesa se encuentra a 4,5 kilómetros de la desembocadura del Júcar, y su función es abastecer el trasvase Júcar-Vinalopó, permitir los riegos a las Comunidades de Regantes de Sueca y Cullera e impedir la intrusión salina en el cauce fluvial.

Las actuaciones previstas por la CHJ aumentarán la capacidad de desagüe del azud y protegerán el lecho del río, donde se realizará una escala de peces para eliminar el efecto barrera que tiene el propio azud en la dinámica fluvial del río, con efectos positivos en su funcionamiento ecológico.

La recuperación del entorno al azud incidirá tanto en sus aspectos geomorfológicos y funcionales como en los biológicos y paisajísticos, con el objetivo de restituir los hábitats que favorezcan la diversidad tanto de flora como de fauna.

Se han proyectado actuaciones de renaturalización de la morfología del terreno con la creación de sendas, tratamientos silvícolas, siembras, plantaciones e instalación de equipamiento rústico.

En la vegetación invasora se realizarán desbroces selectivos y se conservarán las especies autóctonas de la ribera, mientras que las sendas de uso peatonal se incorporarán a lo largo de las riberas del río y en las zonas de acceso a los embarcaderos.

Con las actuaciones previstas se impedirá «la intrusión marina» y se conservará el hábitat del tramo aguas arriba hasta el azud de Cullera, además de recuperar el entorno para uso y disfrute de la población.

El Azud de la Marquesa regula las aguas del propio río generando un miniembalse al que afluyen las aguas sobrantes de la acequia de Cuatro Pueblos (que nace en el Azud de Sueca). EFE