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Albacete, 31 ene (EFE).- El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, ha destacado hoy que el río Júcar tiene hoy la mayor cantidad de agua embalsada de los últimos 40 años, concretamente 1.224 hectómetros cúbicos, uno más de la tasa más alta desde que se mide esta cantidad.

Así lo ha destacado Moragues durante la inauguración de la muestra con motivo del 75 Aniversario de la constitución de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que esta tarde se ha inaugurado en el edificio de la Fundación CCM en Albacete y que se podrá visitar hasta el próximo 7 de febrero.

A preguntas de los periodistas sobre el hecho de que las peticiones han ayudado a esto, Moragues ha destacado que «la cuenca está muy bien» y ha precisado que «este año ha llovido pero no es el que más ha llovido desde el año 74, como todos saben».

Así, ha subrayado que «algo habremos hecho que no se estaba haciendo para que tengamos este récord» cuando, además, ha apostillado, «desde el año 1974 hasta ahora el consumo ha aumentado».

Moragues ha considerado que «lo que hemos hecho que no se hacía es algo fundamental: concienciar a los usuarios de que el agua del Júcar es para todos los usuarios del Júcar, que todos estén convencidos de que la administración gestiona el agua para los usuarios y que si usan el agua de forma eficiente, la que no usen este año la tendrán el año que viene».

El responsable de la CHJ ha insistido en que los usuarios se han concienciado de que «vale la pena usar todos los años bastante agua, que no utilizar un año mucha y otro año poca, éste es el mayor logro», ha sentenciado.

En la inauguración de la exposición han acompañado a Moragues el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-la Mancha, Julián Sánchez Pingarrón, y la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, entre otros representantes institucionales.

http://www.vegamediapress.es/noticias/index.php?option=com_content&task=view&id=15293&Itemid=1

El Consejo de Ministros ha acordado hoy sancionar a la Comunidad de Regantes Riegos y Servicios con 300.600 euros por la extracción de aguas subterráneas sobrepasando el volumen máximo permitido.

Según informa el Gobierno, la Comunidad deberá indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico en la cantidad de 211.141,50 euros.

La sanción se impone por haber extraído aguas subterráneas sobrepasando el volumen máximo concedido para el año hidrológico 2008/2009 por la Confederación Hidrográfica del Segura e incumpliendo las prohibiciones establecidas en la inscripción de la que es titular, en el término municipal de Cieza.

http://www.abc.es/20110127/sociedad/abci-ultimatum-bruselas-espana-presentar-201101271303.html

La Comisión Europea ha lanzado un ultimátum a España para que presente los planes de gestión de sus cuencas hidrográficas, que Bruselas considera esenciales para lograr el objetivo que se ha fijado la UE de lograr una buena calidad de las aguas comunitarias de aquí a 2015.

El plazo para elaborar los planes vencía el 22 de diciembre de 2009, pero España sólo ha adoptado el «Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña» y tiene todavía pendientes otros 24, según Bruselas.

El ultimátum se ha enviado a través de un dictamen motivado, segunda fase del procedimiento de infracción. Si en dos meses las autoridades españolas no han completado los planes, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

Directiva Marco del Agua

La Directiva Marco del Agua dispone que los Estados miembros deben consultar a los ciudadanos y a todas las partes interesadas durante la elaboración de los planes, publicar los borradores iniciales y dejar un plazo de seis meses para posibles observaciones.

El hecho de que España no haya adoptado estos planes significa, según Bruselas, que «los ciudadanos no tienen todavía ninguna certeza sobre cómo se gestionarán sus recursos hidrológicos». Y considera que «pone en riesgo» el cumplimiento de los objetivos de la directiva.

La directiva marco del agua obliga a los Estados miembros a proteger y restaurar todas las masas de agua subterráneas y en superficie (ríos, lagos, canales y aguas costeras) para lograr como muy tarde en 2015 una buena calidad de las mismas.

Los planes de gestión de cuencas hidrográficas proporcionan una visión de conjunto sobre los problemas de cada cuenca y deben contener las medidas específicas necesarias para alcanzar los objetivos de calidad medioambiental fijados.

Después de que se retirara el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha de su tramitación en el Congreso de los Diputados el pasado 26 de abril de 2010, debido a que no se alcanzó un acuerdo entre el PSOE y el PP en materia hídrica, el Gobierno de José María Barreda sigue a la carga con este asunto y pretende que la nueva Ley del Agua se apruebe en las Cortes regionales a finales del mes de marzo.

Fue ayer el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, el que informó de este proyecto de ley en el que el Gobierno de Castilla-La Mancha lleva trabajando desde el 1 de septiembre, cuando se celebró el Debate del Estado de la Región y el presidente Barreda anunció la tramitación de la Ley del Agua, que contendría todas las situaciones y toda la regulación del Estatuto de Autonomía.

De este modo, el consejero destacó la situación de excepcionalidad de la región para justificar la Ley del Agua, pues es la única comunidad con un trasvase desde la cabecera de un río; periódicamente sufre sequías y por su territorio discurren siete cuencas hidrográficas, además de estar creciendo en población. Además, según explicó Pingarrón, el borrador de la ley ha recogido las sugerencias de nueve organizaciones, la mayor parte de las cuales, de carácter técnico, han sido aceptadas.

Ahora se presentará al grupo parlamentario socialista para su tramitación en las Cortes regionales antes de que termine el periodo de sesiones en marzo, para a continuación remitirlo a la Cámara baja, que será la que deberá aprobar la proposición de ley al regular competencias estatales. El consejero señaló que se trata de la «última oportunidad» del PP de colaborar en la aprobación de esta ley, pues se quiere que sea consensuada, y añadió que, por parte del PSOE nacional, se apoyará puesto que recoge las mismas cuestiones que fueron aceptadas en la tramitación, truncada por falta de acuerdo entre el PSOE y el PP, de la reforma del Estatuto de Autonomía.

En este sentido, Sánchez Pingarrón indicó que la Ley contiene todas las disposiciones legales que en materia de agua contenía la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, como la reserva estratégica de 4.000 hectómetros cúbicos. También contiene el cambio de las normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, por las que no se podrán autorizar trasvases sin la previa acreditación de que se han optimizado los recursos de la cuenca del Segura, por lo que deberán justificarse previamente las demandas hídricas.

Mientras subsista el trasvase, Castilla-La Mancha participará con voz y voto en los órganos de decisión del Acueducto Tajo-Segura; se garantizará el caudal ecológico del Tajo además de una lámina estable y permanente en los embalses de cabecera de Tajo, que permita desarrollar actividades económicas.

En demarcaciones hidrográficas en que coexisten más de una cuenca es necesario que se delimiten correctamente las cuencas que conforman la demarcación, para evitar el uso injustificado de pozos de sequía , se establece que la ejecución y explotación de este tipo de sondeos por parte de Confederaciones Hidrográficas, incluso en situaciones excepcionales, requerirá un informe preceptivo de Castilla-La Mancha.

http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=75538

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del pasado viernes un Real Decreto sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas.

Este real decreto tiene como finalidad establecer las normas de calidad ambiental (NCA) para las sustancias prioritarias (aquellas que presentan un riesgo para el medio acuático) y para otros contaminantes de riesgo en el ámbito europeo, así como para sustancias preferentes de riesgo (contaminante que presenta un riesgo significativo para las aguas superficiales españolas) en el ámbito estatal.

Además, incorpora las especificaciones técnicas del análisis químico y del seguimiento del estado de las aguas y fija el procedimiento para calcular las NCA de los contaminantes con el objetivo de conseguir el buen estado de las aguas.

Cabe destacar que el articulado del real decreto recoge un conjunto de definiciones relativas a la materia desarrollada en el texto. A continuación, se establecen las NCA para las sustancias prioritarias, las preferentes y para los contaminantes relevantes de la demarcación hidrográfica.

Asimismo, establece la posibilidad de que los órganos competentes puedan fijar NCA para los sedimentos o la biota (conjunto de seres vivos coexistente en un determinado ecosistema acuático) en determinadas categorías de masa de agua. También obliga a vigilar las tendencias en la concentración a fin de evaluar el impacto de la actividad antropogénica a largo plazo.

Además, el real decreto contempla que los órganos competentes podrán designar zonas de mezcla adyacentes a los puntos de vertido donde las concentraciones de los contaminantes podrán superar las NCA siempre que no se comprometa el cumplimiento de dichas normas en el resto de la masa de agua. Asimismo, elaborarán un inventario de las emisiones, vertidos y pérdidas de las sustancias prioritarias y otros contaminantes.

Con este real decreto se transponen todos los aspectos contenidos en la Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas de calidad ambiental (NCA) en el ámbito de la política de aguas. Su objetivo es establecer normas de calidad ambiental para las sustancias prioritarias y para otros contaminantes para conseguir el buen estado químico de las aguas superficiales.

Igualmente, se incorporan al ordenamiento español los requisitos técnicos sobre análisis químicos establecidos en la Directiva 2009/90/CE de la Comisión, de 31 de julio de 2009, que establece los criterios mínimos que se deberán aplicar a los métodos de análisis para el seguimiento del estado de las aguas, sedimentos y seres vivos, así como las normas dirigidas a demostrar la calidad de los resultados analíticos.

La reserva de agua de los embalses que componen la cuenca del Júcar ha aumentado en 491 hectómetros cúbicos hasta los 1.763 hectómetros, que equivalen el 52,8 por ciento del total.

El último informe hidrológico de tendencia hecho público hoy por la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana señala que la reserva de agua en la cuenca del Júcar ha aumentado un 38,6% respecto al año pasado.

Los embalses de esta cuenca son los de mayor crecimiento de reserva de agua en los últimos diez años, solo por detrás de la cuenca del Segura.

Respecto a la media de los últimos diez años, la reserva es el 104,7% superior en la actualidad y ha aumentado en 23,8 puntos respecto a hace dos años.

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, se ha reunido hoy con representantes de la Federación de Regantes del Tajo (FERTAJO), a los que ha propuesto un IVA reducido y dos tipos de tarifas eléctricas, una para épocas de riego y otra para el resto del año.

Este colectivo, que representa a más de 25.000 familias y unas 80.000 hectáreas, ha expresado en días pasados su malestar por la «diferencia de trato» y «discriminación» que, a su juicio, les dispensa la Junta de Extremadura respecto a otros regantes a la hora de intermediar ante las confederaciones hidrográficas para conseguir una reducción de las tarifas de riego.

Según informa el PP en una nota remitida a Efe, los regantes reprochan al Ejecutivo extremeño que les «discrimine» con respecto a los regantes del Guadiana, «a los que sí les ha prometido apoyo para que la Confederación Hidrográfica del Guadiana modifique las tarifas».

«Parece evidente que la igualdad de trato tampoco se respeta en este caso», señalan los populares.

En el encuentro, Monago les ha manifestado que se debe elaborar un plan de viabilidad de regadíos «para saber a qué atenerse en el futuro» y ha abogado por hacer un esfuerzo para que los jóvenes tengan una alternativa laboral en el sector primario.

Para el líder del PP, es prioritario buscar alternativas para conseguir un abaratamiento de la energía eléctrica para riegos y, en este sentido, ha propuesto un IVA reducido y dos tipos de contratos, para épocas de riego y sin riego, junto a tarifas especiales del agua para regadíos.

Monago se ha comprometido a apoyar sus «justas» reivindicaciones y a presentar iniciativas parlamentarias, no sólo en la Asamblea de Extremadura, sino también en las Cortes Generales, «para defender a nuestra gente, a los extremeños, en sus problemas con las tarifas eléctricas y de riego que pone en peligro miles de hectáreas de cultivo de Extremadura».

El trasvase Júcar-Vinalopó ya es casi una realidad. De hecho, el agua empieza a acumularse en el embalse de San Diego, en Villena, al final de la conducción. Aunque el Gobierno confiaba en que entrase en funcionamiento a finales del año pasado, finalmente todo indica que será a lo largo de 2011 cuando la transferencia sea operativa. Al menos, sobre el papel, porque el trasvase no tiene aún ni un solo usuario.

El postrasvase —que ejecuta el Consell— estará terminado a finales de enero, según las previsiones del vicepresidente tercero, Juan Cotino. La puesta en servicio y mantenimiento de la tubería ya se adjudicó en marzo del pasado año, y el Gobierno ha empezado con las pruebas de llenado del embalse de San Diego, que debe acumular el caudal al que recurrirán los usuarios para el riego y el abastecimiento.

Sin embargo, la Junta Central de Usuarios del Vinalopó advierte de que el trasvase, tal como está concebido en la actualidad, es inservible. La escasa calidad del agua que está llegando al citado embalse desde la toma del trasvase, en el azud de la Marquesa (Cullera), la veta para la mayoría de cultivos del interior de Alicante y, sobre todo, para el abastecimiento urbano. Así, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no ha recibido aún una sola petición de caudal por parte de los presuntos beneficiarios de la infraestructura.

Ni rastro de la potabilizadora

La única fórmula para que el trasvase Júcar-Vinalopó resulte útil a los usuarios —agrupados en la Junta Central— y por tanto empiece a recibir peticiones de caudal es que se construya una potabilizadora. Largamente reclamada por los regantes y el Consell, la planta haría viable el uso del agua trasvasada para abastecimiento, y permitiría así reducir el precio del metro cúbico.

El secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, se comprometió con el fallecido conseller José Ramón García Antón a construir la citada planta, que sin embargo no aparece reflejada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011. Así, los regantes no conocen aún ni la calidad final del agua, ni su precio. El último contacto con el Gobierno se produjo el pasado mes de octubre, cuando se reunieron con la secretaria general de Agua, Marta Moré. De aquel encuentro salieron sin una sola certeza.

El Gobierno ha invertido 303 millones de euros en un trasvase que se ha terminado tres años después de lo previsto, y que hasta la fecha no cuenta con un solo usuario potencial que pague el coste de trasladar el agua del Júcar al Vinalopó.

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, ha afirmado hoy sobre la negativa por parte de Murcia a utilizar desaladoras que «ahora no vale decir no quiero, prefiero que me la den (el agua) del Tajo».

Ha justificado sus palabras en que «todos los españoles, con sus impuestos, han invertido mucho para la construcción de desaladoras en el Levante con el objetivo de solucionar sus problemas de agua», según ha informado la Junta en un comunicado.

«Nosotros instamos a Murcia a que utilicen los recursos autóctonos porque, entre otras cosas, el agua del Tajo se requiere en la cuenca del Tajo con carácter prioritario», ha matizado Pingarrón.

El consejero ha lamentado que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha echan de menos, «ante las constantes críticas recibidas desde Murcia a las reivindicaciones del Gobierno regional en materia de agua, poder contar, al menos en alguna ocasión, con el apoyo del Partido Popular en un asunto tan importante para el futuro de todos los castellano-manchegos».

Ha insistido en la necesidad de saber «qué opinión tiene» la presidenta regional del PP, María Dolores Cospedal, «sobre el cambio de las normas de explotación del acueducto Tajo-Segura o qué opina sobre lo que debemos hacer en el Plan Hidrológico del Tajo, ya que sólo hace referencia a generalidades en materia de agua».

Ha incidido en que «a nosotros ahora lo que más nos interesa es la gestión de nuestros ríos, los que afectan directamente al desarrollo de nuestra región».

Asimismo, y pese a la modificación desde el pasado año de las normas de explotación del acueducto Tajo-Segura, Sánchez Pingarrón ha señalado que «el Gobierno regional todavía no está satisfecho porque, entre otras cuestiones, consideramos necesaria más información y más transparencia sobre el uso que desde Murcia hacen del agua». efe 1010289

El Grupo Parlamentario Socialista va a presentar en breve la proposición de Ley del Agua en el que queden recogidas específicamente todas las competencias que la región debe tener en esta materia, según lo anunció ayer el portavoz socialista, José Molina. Esta iniciativa, según Molina, está previsto que entre en la Cámara regional al inicio del próximo periodo de sesiones —comienza el 1 de febrero— y la intención es que pueda ser aprobada antes de que acabe la legislatura, en marzo, y ser remitida al Congreso de los Diputados, que debe dar el visto bueno.

Según Molina, en esta Ley estarían recogidas las reivindicaciones más importantes de la región en materia de agua, y que no salieron adelante en el Estatuto al ser retirado por el presidente Barreda, como la reserva estratégica de 4.000 hectómetros cúbicos en todas la cuencas, una lámina estable en los embalses de cabecera o limitar «los mal entendidos pozos de sequía», indicó el portavoz socialista. Aprovechó su comparecencia Molina para criticar la falta de compromiso de la dirigente del PP, María Dolores de Cospedal «que sigue sin defender los intereses de nuestra región en materia de agua». Indicó que «todavía no sabemos qué opina Cospedal sobre el Plan Hidrológico del Tajo. No ha dicho ni media palabra sobre la reserva estratégica o sober la lámina estable, o sobre el caudal ecológico, ni tampoco ha dicho nada sobre las pretensiones de Murcia y Valencia pidiendo más agua del trasvase».

También el consejero de Ordenación del Territorio, Julián Sánchez Pingarrón, indicó que «desde el Gobierno de Castilla-La Mancha echamos de menos —ante las constantes críticas recibidas desde Murcia a las reivindicaciones del Gobierno regional en materia de agua— poder contar, al menos en alguna ocasión, con el apoyo del Partido Popular en un asunto tan importante para el futuro de todos los castellano-manchegos».

El consejero dijo tener la necesidad de saber «qué opinión tiene la señora De Cospedal sobre el cambio de las normas de explotación del Acueducto Tajo-Segura o qué opina sobre lo que debemos hacer en el Plan Hidrológico del Tajo, ya que sólo hace referencia a generalidades en materia de agua y a nosotros ahora lo que más nos interesa es la gestión de nuestros ríos».