Del mismo modo indicó que la norma recoge que en demarcaciones hidrográficas en las que coexisten más de una cuenca hidrográfica (caso del Júcar y Segura) es necesario que se delimiten correctamente las cuencas hidrográficas que conforman la demarcación. Y en tales casos, los balances de recursos y demandas se han de hacer no por sistemas de explotación, sino por cuenca hidrográfica.

Respecto a las infraestructuras de abastecimiento, cuya gestión asumirá el Gobierno autonómico, explicó que a la entrada en vigor de esta Ley se iniciará el proceso de traspaso a Castilla-La Mancha de la titularidad de todas las infraestructuras hidráulicas que está ejecutando el Estado, cuya gestión nos corresponda.

El presidente también explicó que dicha norma hace alusión a la lámina estable de agua en los embalses de cabecera, así como a la dotación suficiente para garantizar el caudal ecológico del río en todos sus tramos.

La Ley del Agua de Castilla-La Mancha también hace alusión a los llamados «pozos de sequía» (Segura) y para evitar el abuso injustificado de los mismos se establece que la ejecución y explotación de este tipo de sondeos por parte de Confederaciones Hidrográficas, incluso en situaciones excepcionales, requerirá informe preceptivo de Castilla-La Mancha.

Entre otras cuestiones Barreda se refirió a la prioridad para el abastecimiento del río Júcar en Albacete. Se aprobarán, en el ámbito del Júcar, las normas de explotación que garanticen que el abastecimiento es, en todo caso, el uso prioritario, sin que se le pueda exigir al Ayuntamiento de Albacete compensación económica alguna en favor del regadío o cualquier otro uso de menor prioridad.

Tras la explicación del contenido de esta norma, José María Barreda agradeció a todos los miembros de la Mesa del Agua, organizaciones agrarias, Cámara de Comercio, Universidad de Castilla-La Mancha, sindicatos, empresarios, la importancia de estar unidos en esta reivindicación y seguir haciendo pedagogía política para que la población tome conciencia de que se trata de un recurso importante para el crecimiento y desarrollo y que «tenemos nuestros derechos y los exigimos».

Barreda señaló que la nueva Ley del Agua de Castilla-La Mancha deberá ser apoyada por todas las fuerzas políticas, ya que aborda una cuestión que «debe estar por encima de los intereses electorales».

Apoyo de la Mesa

Los integrantes de la Mesa del Agua mostraron su apoyo al borrador de la Ley del Agua y coincidieron en la necesidad de que la región tenga garantizada el agua que necesita para su desarrollo.

El secretario regional de Asaja, José María Fresneda, defendió la oportunidad de que la futura ley sea aprobada en las Cortes generales, al igual que se aprobaron en su momento normas como las del «concierto vasco» o la de la deuda histórica de Andalucía. Fresneda expresó el apoyo de Asaja al borrador de la Ley del Agua «porque la necesita» el medio rural de la región y aseguró que «no es justo que tengamos poco que decir en las confederaciones hidrográficas». En similares términos se expresó la secretaria de UPA de Toledo, Elena Escobar, que aludió a la «situación histórica injusta» que ha tenido la región en materia de agua, para justificar su apoyo al borrador.

COAG-IR destacó en un comunicado que la Ley de Agua es una «manifestación clara de las aspiraciones de los castellano-manchegos en materia hídrica» y un «mensaje claro al Gobierno» de que sus derechos en relación con el agua, con el desarrollo y con el medio ambiente, «no están por debajo de los de otras regiones».

También manifestó su apoyo el secretario regional de UGT, Carlos Pedrosa, para quien la aprobación de la ley es «un paso imprescindible» para el desarrollo de la comunidad autónoma. El director del Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), José María Tarjuelo, dijo que para que la ley se desarrolle es preciso «ganarnos la complicidad de toda la sociedad».

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, presidirá hoy la reunión de la Mesa del Agua en la que se va a presentar el borrador de la Ley de Agua que recoge las pretensiones de la región en materia hídrica. En el borrador se incluyen las reivindicaciones de la región que no salieron adelante al ser retirado el proyecto de reforma del Estatuto.

Pérez Rubalcaba ha anunciado estos planes al responder al senador popular Miguel Ángel Arauz, quien le había dicho que el Gobierno debería tomar nuevas medidas para la «situación insostenible» que viven los agricultores españoles, que «no aguantan más» ante los numerosos robos que sufren. A raíz de unas conversaciones con asociaciones de agricultores de Andalucía, Pérez Rubalcaba, según ha explicado en la Cámara Alta, ordenó a la Guardia Civil que hiciera «un estudio de inteligencia» sobre este tema, en el que participaron las 16 comandancias más vinculadas a este tipo de asaltos. Fruto de dicho trabajo han sido los nuevos planes puestos en marcha este mismo mes y que abordan desde el robo del cobre, «el más usual en los campos», ha reconocido Rubalcaba, a otros como el que se produce en la época de la recogida de la aceituna. También ha recordado que desde hace seis años hay un plan estratégico para aumentar la plantilla de la Guardia Civil. En la actualidad trabajan 84.000 agentes, 15.000 más que los que había cuando gobernaba el PP, ha destacado Rubalcaba, quien ha subrayado los 211 puestos principales que se han creado en este Cuerpo, cuyos miembros trabajan durante las 24 horas del día. Antes Arauz había reclamado al ministro un total de once medidas para frenar los robos, entre las que incluía trasladar guardias civiles y policías desde la ciudad al campo, así como habilitar a los policías locales, agentes de medio ambiente, guardas forestales y de cotos de caza para colaborar en la vigilancia de los campos. Además, ha propuesto una reforma del Código Penal por la que se considere delito el robo en una cuantía de 100 euros y no de 400 como hasta ahora. El senador popular ha asegurado que hay un sentimiento de «indefensión y rabia» entre la gente del campo, ya que solo se recupera el 24 por ciento de lo robado y ello hace que únicamente denuncien el 10 por ciento de las personas afectadas. «Estamos trabajando con planes específicos y confío que esa alarma pronto se disipe», ha insistido el ministro del Interior.

La reserva de agua de los embalses que componen la cuenca del Júcar ha aumentado un 64,5% respecto al año anterior, según el último informe hidrológico de tendencia hecho público hoy por la delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana.

En la actualidad, en la cuenca del Júcar se disponen de reservas por un total de 1.624 hectómetros cúbicos, cifra equivalente a un 48,7% del total del agua embalsada y con un incremento de 637 hectómetros cúbicos respecto al año anterior cuando el porcentaje de agua se situaba en un 29,6%.

Además, el incremento del agua embalsada registrado ahora en la cuenca del Júcar supone un 118,3% más que la media de los últimos diez años, una cifra «sensiblemente» superior al 39,2% de aumento que han experimentado las reservas de agua en el conjunto de España como media de la última década.

El Gobierno considera que la Comunitat Valenciana no sufre ningún problema de abastecimiento y tiene el agua asegurada para atender las necesidades de la población, la industria y el turismo.

Así responde el Ejecutivo a una pregunta escrita formulada por el senador del PP Pedro Agramunt sobre el suministro de agua a la Comunitat Valenciana ante los «retrasos» en la construcción de desalinizadoras.

En su respuesta, el Gobierno precisa que esta región ha recibido importantes recursos adicionales de agua desde el año 2004.

Así, se ha ampliado en una tercera parte (seis hectómetros cúbicos) la producción de la desalinizadora de Alicante I y se ha puesto en servicio la de Alicante II (veinticuatro hectómetros cúbicos).

También se han puesto en funcionamiento, con una producción de 48 hectómetros cúbicos de agua, las desalinizadoras Antonio León Martínez-Campos y San Pedro del Pinatar II, físicamente ubicadas en Murcia pero que abastecen a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (que proporciona agua al 50 por ciento de la provincia de Alicante, incluida su capital).

Por otra parte, la desalinizadora de Torrevieja, que aportará otros 80 hectómetros cúbicos, está muy avanzada y se encuentra pendiente de determinados permisos de la Generalitat para su terminación y puesta en servicio.

El pasado verano, comenzaron las obras de las desalinizadoras de Sagunto (Valencia), Mutxamel-Campello (Alicante) y Cabanes-Oropesa (Castellón), que producirán conjuntamente 47,5 hectómetros de agua.

Además, se han adjudicado las obras de las desalinizadoras de Denia (Alicante) y Moncófar (Castellón).

Sólo las obras puestas en marcha desde el año 2004 y citadas anteriormente suman una nueva aportación de agua superior a 200 hectómetros cúbicos al año, a las que hay que añadir las instalaciones existentes con anterioridad, subraya el Gobierno.

Resalta que este conjunto de actuaciones puestas en servicio han posibilitado garantizar las necesidades de abastecimiento de la población, de la industria y del turismo en la Comunitat Valenciana.

Así lo ha manifestado el secretario general de ASAJA de Castilla-La Mancha, José María Fresneda, en las reuniones que ha mantenido con los representantes de los grupos parlamentarios de las Cortes Regionales (PSOE y PP) para tratar los presupuestos de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente para el ejercicio 2011. Además, Fresneda ha recordado que los profesionales del campo, a través de la comercialización y de las ayudas, son el sector que más liquidez está inyectando al sistema financiero que, a su vez, no es corresponsable con el sector agrario y, ni si quiera, la clase política se lo demanda a las entidades financieras. Los agricultores no tienen que pagar el efecto de una crisis que no han provocado.

Además, como viene siendo habitual, ya nos hemos encontrado con una enmienda a la totalidad que, lógicamente, impide que se puedan modificar el capítulo final y que jamás esta Organización ha entendido. Sólo una vez, no hubo enmienda a la totalidad, de tal manera que no se bloquearon las modificaciones y se pudo ajustar mejor el presupuesto a las necesidades de los agricultores.

Por otro lado, José María Fresneda ha subrayado a los grupos parlamentarios la importancia de establecer una posición común del conjunto de la sociedad de Castilla-La Mancha, incluidos los “partidos políticos”, para las negociaciones de la Política Agraria Comunitaria (PAC) después de 2013. En este sentido, ha recordado que hasta que la Comisión Europea realice las propuestas legislativas, estamos a tiempo para conseguir una postura como punto de partida en la negociación que, además, debe encaminarse a la priorización del agricultor activo- profesional.

En este sentido, ha pedido a ambos grupos parlamentarios, que las iniciativas presupuestarias vayan a favor de los agricultores activos-profesionales, a las políticas productivas y a medidas de apoyo a los mercados, es decir, en la misma línea que se está encaminando el futuro de Política Agraria Comunitaria.

Más específicamente, la Organización Agraria ha demandado una mayor apuesta por la incorporación de jóvenes a la agricultura y la modernización de las explotaciones, así como medidas que den transparencia al mercado y que garanticen que los precios de los productos estén por encima de los costes de producción.

Además, los presupuestos deben orientarse a garantizar a los agricultores y ganaderos la percepción de las ayudas, así como a poner a disposición del sector, todos los medios necesarios para conseguir una ganadería competitiva y una agricultura profesional.

También hay que apostar por la Estrategia Regional de la Ganadería con el fin de garantizar la viabilidad del sector ganadero de Castilla-La Mancha.

En relación a la Ley de Desarrollo Rural, debe convertirse en una herramienta de modernización socio-económica de los municipios de la región y, para ello, Fresneda ha recordado que es fundamental que se priorice a los agricultores, pues es de ellos de quien sale el presupuesto para aplicación de esta Ley.

Y, por último, en materia de agua, ASAJA C-LM ha indicado que para que se ejecuten los objetivos de reforestación establecidos en el Plan Especial del Alto Guadiana, es necesario que el Gobierno Central cumpla con su parte.

La reserva de agua en los embalses de la cuenca del Júcar es un 19,1 por ciento superior a la media del año pasado y un 26,4 mayor que en la de la última década, según informa la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana en un comunicado.

Los embalses de este río disponen en la actualidad de unas reservas de 1.618 hectómetros cúbicos, lo que equivale a un 48,5 por ciento, cifra que el año pasado era del 29,4%.

En cuanto a las reservas de agua en el conjunto de España, éstas han aumentado un 41,1% respecto a la media del crecimiento registrado en los últimos diez años, un incremento «significativamente» inferior al experimentado en la cuenca del Júcar, donde esta cifra ha sido del 119,8%.

Por último, el incremento de agua en los embalses del Júcar ha sido un 64,9% superior al registrado el año pasado.

La intención del Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), de abrir los pozos de sequía ha provocado la airada reacción y una inusual oposición común de PSOE, PP e IU.

El alcalde socialista de Hellín, Diego García Caro, ha expresado hoy su «rotunda» oposición a que la CHS vuelva a abrir los pozos de sequía, y ha reivindicado el derecho del municipio a utilizar de manera prioritaria sus recursos hídricos.

García Caro ha llegado tan lejos como adelantar una posible rebelión contra su partido y con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, si la CHS se sale con la suya.

«La CHS depende del Ministerio del Medio Ambiente y éste a su vez depende del Gobierno de la nación, que a su vez dirige un socialista, Rodríguez Zapatero. Aunque tengamos muy cercano un proceso electoral, yo quiero dejar bien claro que, cuando llegué a la Alcaldía de Hellín no juré defender al PSOE ni mucho menos a Zapatero», ha afirmado García Caro en una rueda de prensa.

«Yo juré defender a mi tierra que es Hellín, y también a Albacete y Castilla-La Mancha, y lo tengo meridianamente claro. Si esto crea algún problema al PSOE, yo no lo he iniciado, lo han iniciado gente egoísta, llena de avaricia y codicia. Y si por defender a mi gente me tengo que enfrentar a mi partido, no tengan ninguna duda de que lo haré», ha asegurado.

El PP, que a nivel regional ha mantenido posiciones ambiguas sobre la política de trasvases a Levante, ha calificado de «canallada» la propuesta realizada por el Ministerio de Medio Ambiente de mantener abierto de manera permanente la batería de pozos de sequía ubicados en la comarca hellinera.

El concejal del PP, Antonio Callejas, en un comunicado público, ha destacado que llevar a cabo esta medida, incluso en los ciclos húmedos como el que estamos viviendo, «es lisa y llanamente un expolio y un atropello, una canallada medioambiental, social y política que los ciudadanos de Hellín no debemos consentir».

El PP de Hellín, añade la nota, reitera de forma pública «aquello que ya otras veces hemos dicho: no a los pozos de sequía, no al expolio del agua en nuestro subsuelo y, mucho menos, no a la arbitrariedad de la propuesta que el Ministerio de Medio Ambiente pretende cometer en nuestra comarca».

Callejas afirma que el Gobierno de España no puede ni debe favorecer a unas zonas, como la Comunidad de Murcia, gobernada por el PP, e hipotecar a otras «que, casualmente, son las más desfavorecidas históricamente».

El PP de Hellín concluye estar dispuesto «a trabajar de manera conjunta con el resto de las fuerzas políticas y sociales de la ciudad para intentar evitar este atentado contra la comarca de Hellín que pretende cometer el Gobierno de Rodríguez Zapatero».

La formación Izquierda Unida (IU) también se ha unido al coro de voces contra la propuesta de la CHS, que ha calificado de «atropello» a la comarca de Hellín y ha planteado la posibilidad de una moción conjunta de protesta de todos los grupos políticos.

IU ha expresado en un comunicado su sorpresa por esta decisión argumentando que tras el cambio de la presidencia de la CHS, no imaginaban este tipo de decisiones tan perjudiciales para este término municipal.

«Son muchos los años de castigo por parte de la CHS a la comarca de Hellín, en lo que podemos catalogar como un expolio del agua», dice la nota de IU, que muestra el rechazo de este partido ante este «nuevo atropello».

El alcalde hellinero ha asegurado que no van a permitir «bajo ningún concepto» que se intente sacar agua del subsuelo para llevarla a otros territorios, cuando «tanto se necesita» en la provincia de Albacete.

Para el regidor, causa sonrojo que la CHS pretenda abrir de nuevo los pozos de sequía «sin ninguna base legal», además cuando hay «700 hectómetros cúbicos de agua almacenados en los embalses de la cuenca del Segura, lo que significa más del 60 por ciento de su capacidad», y con el otoño y el invierno por delante, que son las mejores temporadas de lluvia, ha dicho.

García Caro ha criticado a los dirigentes de la CHS y los sindicatos de regantes murcianos y ha tachado su política de agua de «egoísta y avariciosa, con un afán trasvasista de abusar de los recursos de la provincia de Albacete».

«Lo que tienen que hacer es dejar de roturar montes para plantar árboles frutales que, claro, necesitan más agua», ha dicho.

Ha agregado que ante esta situación «abusiva» va a pedir ayuda a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la Diputación de Albacete, a las organizaciones agrarias y a los sindicatos, a los partidos de la oposición y a toda la ciudadanía, «ante este abuso de gente egoísta y avariciosa», ha afirmado.

Ocho de la mañana. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, recibe el primer «sms» del día. Son los datos sobre los principales delitos cometidos en las últimas horas: número de homicidios, casos de violencia de género, atracos… Y robo de cable de cobre. Lo que hasta hace unos cinco años era un tipo delictivo que apenas se alzaba a los titulares de alguna noticia se ha convertido, en muy buena parte gracias a la demanda de China en el marco de su apabullante proceso de industrialización, en un quebradero de cabeza tanto para el Cuerpo Nacional de Policía, como para la Guardia Civil.

En efecto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son conscientes de que este tipo de ladrones están cada vez mejor estructurados e, incluso, llegan a conformar mafias internacionales que provocan la siguiente paradoja: la empresa, normalmente de servicios, que sufre estos robos al final debe desembolsar una cantidad millonaria por comprar un material que proviene, precisamente, del reciclaje de lo sustraído. Por consiguiente, es un negocio redondo, en todos los sentidos: tanto para los delincuentes, que obtienen pingües beneficios, como en el círculo vicioso de instalación-robo-venta-reciclaje-instalación en que puede resumirse este fenómeno.

Micro y macro delincuencia

Los expertos coinciden en que el «modus operandi» tiene una doble vertiente: las minúsculas bandas que hacen pequeñas aprehensiones y las mafias organizadas y de carácter internacional. Unos y otros no sólo se diferencian en la cantidad de cobre que roban, sino en sus receptadores, pata fundamental del negocio

Los primeros suelen ser grupos pequeños de gitanos rumanos o españoles, estos últimos vinculados a otros menesteres poco recomendables, como el trapicheo de drogas. Su labor es bien fácil: localizan una subestación, centro de transformación, urbanizaciones, arquetas… En Madrid, por ejemplo, sus zonas preferidas son la M-40, M-45, M-50 y la M-31, aunque ya han pasado fronteras y es en el corredor de La Sagra, e incluso en toda la comarca La Mancha, donde siguen actuando.

Un cortafríos o, en todo caso, una radial son más que suficientes para pegar el corte, tirar del cable y, rápidamente, cargarlo en una furgoneta, camino del poblado. «Como se conocen la legislación, utilizan a los menores de edad de la familia, de 16 o 17 años, para conducir los vehículos, pues saben que no tienen tanta responsabilidad», explica la Guardia Civil.

A las pocas horas, una nube de humo negro y apestoso corona ese submundo que es la Cañada Real (Madrid): es el primer paso de «limpieza» del cable robado. Eliminar el plástico que lo cubre es necesario, principalmente, por dos razones. Por un lado, porque ahí es donde el material lleva tatuado su ADN, los datos de procedencia; además, el cobre sin cubrimiento se paga mejor, aunque pese menos.

El London Metal Exchange (LME) es el organismo que regula el precio del cobre, que es muy fluctuante, aunque podemos situarlo en una media de 5.800 euros la tonelada, sin contar el plástico, que hace ascender el precio a un máximo de 9.000. El dato del LME es de referencia, pues el cobre puro casi no existe en el cableado, pero da una idea cercana de los beneficios que obtiene cada uno de los participantes en esta rueda delictiva.

Porque el destino del botín aquí se bifurca. Si ha sido objeto de un pequeño grupo, irá a manos de un chatarrero fantasma, ilegal. «Los legales saben generalmente cuándo el cable que les llevan es de procedencia ilícita. Piden el carné de identidad al vendedor, lo fotocopian y contabilizan la cantidad que les llevan, se aseguran de su origen. Si perciben algo extraño, avisan a la Guardia Civil o a la Policía», nos dicen desde la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), patronal del sector.

Beneficios por escalón

Pero puede que se la «cuelen» a alguno o que el ladrón tenga ya una agenda de compradores, que es lo más normal. El precio de compra suele ser de un porcentaje del original, y el chatarrero se lo vende a un mayorista, que lo clasifica y lo compacta: su beneficio suele ser del 10%. Luego, en lotes homogéneos de 25 toneladas, llega a una fundición, donde se tritura, se convierte en nuevo material de cobre y se vuelve a recubrir con plástico: el cable está de nuevo listo para entrar en el mercado. En definitiva, que de los 5.800 euros iniciales, el ladrón se puede llevar 1.500 o 2.000, otros tantos el chatarrero, 3.000 o 4.000 la fundición… Al final, a la empresa víctima del delito, la broma le sale por otros 9.000 euros la tonelada, pues lo compra ya con revestimiento plástico.

«Pero el 90% de lo que manejan las mafias es para China», indican en la FER. En este caso son robos al por mayor, de 25 y 50 toneladas, que pueden alcanzar los 300.000 euros. Incluso roban en las propias chatarrerías y centros de reciclaje o a camiones de estas empresas, cargados de material. Llevan el botín a Francia o Italia, y desde un puerto extranjero llega a China.

Allí les pagan 2.700 euros por tonelada y luego fabrican las consolas de videojuegos que disfruta Occidente. El círculo, por tanto, se cierra.

Robos en La Mancha

En Castilla-La Mancha son los propietarios de fincas agrícolas los que llevan meses dando la voz de alarma ante el incremento de los robos. Aunque el principal botín que buscan los ladrones es el cobre, una vez dentro de las explotaciones no hacen ascos a otros materiales de riego, maquinaria agrícola o tractores, sin olvidar los graves daños que ocasionan, en algunos casos, arrancando viñas.

Las organizaciones agrarias (Asaja, UPA y COAG) han denunciado en los últimos días la ola de robos que sufren los agricultores y ganaderos de la región en sus propiedades y denuncian la «falta de respuesta» de las autoridades para atajar los robos.

UPA de Ciudad Real ha exigido que se redoblen «de inmediato» las medidas de seguridad en la provincia ante la oleada de robos. Y es que son continuos los asaltos, destrozos, saqueos e incluso robo de ganado, «lo que está causando no sólo un grave perjuicio económico en las ya maltrechas economías de los agricultores y ganaderos, sino que también les está afectando a la salud aumentando su nerviosismo e intranquilidad», asegura la organización agraria.

Y mientras, desde la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha se asegura que se han reformado las medidas para prevenir los robos de cobre en las explotaciones. El delegado, Máximo Díaz-Cano, aseguraba hace unos días que había pedido a los subdelegados que, en lugar de esperar reclamaciones, visiten las zonas para establecer medidas de cooperación con las organizaciones agrarias y con los agricultores de las zonas más afectadas por este repunte de los robos.

COAG –   La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que la comunicación oficial sobre la reforma de la PAC presentado hoy por el Comisario Ciolos es ambiciosa en sus objetivos pero altamente decepcionante a nivel presupuestario y a la hora de concretar los mecanismos de regulación de mercados y medidas para corregir los desequilibrios de la cadena agroalimentaria.

Resulta novedosa la consideración, como primer eje estratégico, de la preservación del potencial de producción agraria en toda la UE, algo que se liga a la seguridad alimentaria de los ciudadanos que no puede darse por garantizada en Europa a largo plazo en tiempos de crisis. Un reconocimiento implícito al carácter estratégico del sector agrario. Saludamos además el elemento novedoso que supone la contribución de los agricultores a la lucha contra el cambio climático y en la respuesta a la crisis energética.

Asimismo, COAG respalda expresamente la idea de ligar el apoyo a los agricultores en activo, así como el establecimiento de un “techo” de ayudas por explotación para que las grandes fortunas no sigan aprovechándose de los recursos públicos. Creemos que el sistema de pagos directos debería pivotar sobre la actividad agraria que ejercen los agricultores y agricultoras profesionales y legitimarse básicamente en el empleo que generan las explotaciones.

Sin embargo, COAG considera muy decepcionante la propuesta a nivel presupuestario, ya que con una UE de 27 países en igualdad de condiciones y unos fondos de la PAC congelados desde 2003 y presupuestados para la Europa de los 15, difícilmente se podrán alcanzar los objetivos tan ambiciosos que se definen y dar respuesta eficaz a los retos que se plantean.

Asimismo, COAG crítica la escasez de medidas planteadas para regular los mercados. La UE debe cambiar su política de desregulación de los mercados y debe reinstaurar los mecanismos que eviten la fluctuación de los mercados agrícolas y garanticen unos precios a los agricultores que superen sus costes de producción (gestión y regulación, intervención, control de la producción, almacenamiento privado, cláusula de medidas excepcionales, control en frontera, precios de entrada, contingentes y calendarios, equilibrio en el poder de

negociación en la cadena agroalimentaria, etc.). “Se vuelve a fallar en lo fundamental: el mantenimiento de las rentas. No se hace una política que controle la volatilidad de los precios en el campo y al consumidor final y por el contrario se vuelve a dejar la alimentación en manos de un mercado especulativo”, ha puntualizado Miguel López, Secretario General de COAG, a lo que ha añadido que “el 70% de la renta de los agricultores españoles viene del mercado, por lo que las ayudas, por si solas, resultan ineficaces para resolver la crisis del sector agrario y garantizar las rentas”.

La única parte positiva dentro del apartado de medidas de mercado es el análisis que se hace sobre funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa, en la que se reconoce, sin medidas concretas, el desequilibrio del poder de negociación dentro de la cadena (a favor de la gran distribución) y el injusto reparto del valor, a la vez que se nombran algunos aspectos a abordar: transmisión de las señales del mercado, relaciones contractuales, reestructuración y consolidación del sector primario, transparencia y mercados de futuros.

Por otro lado, COAG también rechaza el enfoque de la Comunicación sobre política comercial que promueve una liberalización aún mayor del comercio internacional. “No podemos continuar con la hipocresía de aceptar importaciones de países terceros, sin ningún control ni exigencia en cuanto a las normas ambientales, sociales, laborales y de calidad y seguridad alimentaria que la Unión Europea impone a sus propios agricultores. Supone traicionar el principio de preferencia comunitaria”, ha subrayado López.

En cuanto a las medidas de desarrollo rural, COAG acoge favorablemente el mantenimiento de un segundo pilar de la PAC destinado a mejorar la eficiencia de las explotaciones agrarias y la gestión sostenible de los recursos naturales, pero rechaza que las herramientas de gestión de riesgos se introduzcan dentro de la política de desarrollo rural, ya que conceptualmente es una política ligada a la gestión económica de la explotación.