La ONG WWF ha urgido a España a terminar con el uso ilegal del agua en la agricultura, con ocasión de la Conferencia que sobre políticas europeas de agua en la agricultura se ha inaugurado hoy en Bélgica.

España tiene más de 500.000 pozos ilegales, la mayoría dedicados al regadío, ha denunciado esta organización en una nota de prensa, difundida hoy en Madrid.

Para WWF, los pozos ilegales en España están amenazando no sólo la supervivencia de zonas de alto valor ambiental, sino el abastecimiento a poblaciones o a las actividades socioeconómicas tradicionales, «y hay dos casos que llaman especialmente la atención: Daimiel y Doñana».

Según la ONG, el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, un humedal de importancia internacional, se está secando por la presión de los más de 20.000 pozos ilegales que lo rodean, dedicados en gran parte al regadío del viñedo, un cultivo tradicional de secano.

Sobre Doñana afirman que hay más de 1.000 pozos ilegales y no existe un plan de extracciones de las aguas subterráneas que regule lo que sacan los pozos legales, y esta situación, añaden, ha desencadenado que las marismas de este otro Parque Nacional «reciban un 80% menos de agua de los aportes naturales del acuífero».

A partir de la experiencia española, WWF España recomienda reorientar las ayudas públicas hacia aquellos agricultores y ganaderos que generan bienes públicos (como la conservación de zonas húmedas o la lucha contra la contaminación de las aguas).

Asimismo aconsejan exigir el uso legal y eficiente del agua como requisito previo para obtener cualquier etiqueta de calidad;y la clausura inmediata de los pozos ilegales e imposición de las correspondientes sanciones.

Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, ha asegurado que hace años que el Ministerio de Medio Ambiente dio el dato de los 500.000 pozos ilegales en España y que «son escasos los movimientos por parte de la administración para cerrarlos».

WWF recuerda además que un 13% del regadío en España obtiene el agua de acuíferos sobreexplotados y que un 12% del territorio nacional está declarado como Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos de Origen Agrario, lo que, a su juicio, pone en «serio peligro» el abastecimiento de agua en cantidad y calidad suficiente.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha reclamado hoy que se refuercen las competencias estatales en materia de aguas para que la administración central se encargue de planificar todas las cuencas del territorio español y garantice los intereses generales.

Así lo ha indicado en un comunicado el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, a raíz de la divulgación del documento «Gestión sostenible del agua. Hacia un gran pacto social», elaborado por el grupo parlamentario socialista.

El texto presentado por el PSOE, que propone crear un «Ente Gestor Global dependiente de la Administración General del Estado que coordine todas y cada una de las demarcaciones hidrográficas», asegura que la gestión del agua no se hará atendiendo a «fronteras territoriales», sino que existirá una «gestión única e integrada de las demarcaciones por cuencas geográficas naturales».

Del Campo ha subrayado que la petición de reforzar las competencias estatales del agua no es «nueva» para los regantes, que insisten en la necesidad de combatir la «territorialización» de la gestión del agua, después de que los estatutos catalán y aragonés plantearan el «blindaje» del Ebro.

En este sentido, ha hecho hincapié en que la Constitución Española dicta que la administración de las cuencas que discurren por más de una Comunidad corresponde en exclusiva al Estado.

Para Del Campo, es «inconcebible» que se fracture el principio de unidad de cuenca para dar paso a un «modelo insolidario» que divide los ríos de forma «artificial» por tramos autonómicos y genera «guerras del agua» entre las comunidades.

Además, ha reiterado su respeto «absoluto» al principio de unidad de las cuencas y a las confederaciones hidrográficas como instituciones consolidadas en las que participan «sin extralimitarse en sus competencias» todos los usuarios y agentes interesados en la gestión del agua

EFE.- La Asociación Rural de Trabajadores Autónomos de Castilla y León (ARTACYL) y la organización agraria de la que depende, ASAJA, han pedido hoy, en un comunicado, que «la normalidad sea la tónica dominante» el próximo miércoles 29.

«Los sindicatos de clase UGT y CC.OO. nunca se han preocupado de los problemas del campo ni tampoco lo han hecho de los problemas del medio rural, lugar en el que ni han estado, ni están, ni se les espera», han criticado.

«El medio rural no les debe nada y no quiere ser cómplice de una convocatoria hecha más para justificarse en su papel que para solucionar problemas», han añadido.

ASAJA y ARTACYL han demandado que «se respete el derecho de los trabajadores a trabajar y de los empresarios agroalimentarios a tener abiertas sus plantas fabriles».

Por ello, esperan que transcurran «con normalidad» las campañas agrícolas propias de la época, como la recogida de la patata, de la uva o de hortalizas, «y particularmente la recogida y procesado de la leche y otros productos ganaderos que son perecederos».

España podrá abonar a partir del 16 de octubre hasta el 50% de las primas correspondientes al régimen de «pago único», mientras que la mitad restante llegará a los agricultores en diciembre, fecha en la que se abonan habitualmente. La decisión ha sido aprobada por el Comité de Gestión de Pagos Directos de la UE -formado por expertos de los Veintisiete- y responde a una petición del Gobierno español que, según las fuentes, fue el primero de los países comunitarios en solicitar ese anticipo. El adelanto beneficiará a 800.000 agricultores y su ejecución corresponderá a las comunidades autónomas. Andalucía ya ha anunciado que anticipará el pago de más de 600 millones de euros de ayudas de la PAC a unos 250.000 beneficiarios, según informó la consejería andaluza de Agricultura. El Ministerio del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino solicitó pagar con antelación las ayudas en la actual campaña, con el fin de que los agricultores pudieran hacer frente a pérdidas en el sector en los últimos meses y a la crisis económica. Por otra parte, el Comité ha dado autorizaciones similares para ocho países comunitarios (Francia, Grecia, Hungría, Italia, Irlanda, Letonia, Lituania, Rumanía y algunas zonas de Bélgica).

Los embalses de la cuenca del Júcar ha acumulado esta semana hasta 1.639 hectómetros cúbicos de agua, lo que representa un incremento del 151,6 por ciento respecto a la media de los últimos cinco años.

Según un comunicado de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la cantidad de agua embalsada este mes en la cuenca del Júcar es un 73,4 por ciento superior a la del mismo periodo de 2009 y un 130,5 por ciento más que la media de los últimos diez años.

Esta cifra contrasta con la experimentada en el conjunto de España, ya que en la actualidad los embalses del país contienen un 45,9 por ciento más de agua que el promedio de la década anterior, un porcentaje «significativamente inferior» al registrado en la cuenca del Júcar.

Actualmente, los embalses del Júcar disponen de reservas por un total de 1.623 hectómetros cúbicos, lo que equivale al 48,7 por ciento de la reserva (agua destinada al consumo y al uso hidroeléctrico), con un incremento de 687 hectómetros cúbicos respecto a 2009.

Esta cifra supone un aumento en la reserva de 27,5 puntos porcentuales respecto a hace dos años y de un 29,4 por ciento respecto a la media de los últimos cinco años. EFE

El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, volvió hoy a proponer la creación de un «gran banco del agua» que actúe como «organismo único», por medio del cual se puedan producir intercambios de agua entre todas las cuencas de España.

«Si hay quien dispone de agua y está dispuesto a venderla porque no la necesita», dijo Valcárcel, entonces «por qué no generar un organismo único, una especie de banco, a través del cual las diferentes regiones nos pongamos de acuerdo para efectuar esos intercambios de agua», agregó.

El presidente matizó que «si ese intercambio es entre distintas regiones, es interterritorial o interregional, entonces debería ser el Estado el que regulara ese organismo», y que en el caso de que una región dispusiera de más de una cuenca, podrían ser las propias comunidades autónomas, los propios gobiernos regionales los que se hicieran cargo del mismo».

La idea, según Valcárcel, sería encontrar «fórmulas mixtas entre lo privado y lo oficial, en referencia también a las comunidades de regantes, porque en definitiva -remarcó el presidente- estamos en un libre mercado, pero siempre atendiendo a la normativa europea y a nuestra legislación nacional».

El jefe del Ejecutivo regional indicó que «todo está inventado y que la cuestión es poner voluntad, imaginación y tomar decisiones» sobre la distribución de los recursos hídricos en España, algo que, dijo, «ya hizo el Partido Popular cuando propuso el Plan Hidrológico Nacional», derogado por el Partido Socialista. EFE

Los ministros de Agricultura celebran hasta mañana, en Bélgica, su reunión informal semestral, centrada en la reforma de la PAC, a menos de dos meses de que la Comisión Europea (CE) presente sus primeras propuestas. Los titulares agrícolas mostraron hoy opiniones divergentes, que ponen de manifiesto cada vez más, la complejidad de dicha reforma, que también vendrá marcada por las discusiones generales presupuestarias en las que siempre surge el temor de un recorte en el gasto agrícola. La reforma que está en juego se aplicará en 2014, fecha en la que acaba el actual marco presupuestario de la UE. El debate se ha animado con una posición conjunta publicada recientemente por Alemania y Francia, en la que defendían una PAC fuerte más allá de 2013 y se oponían a cualquier «nacionalización» de esta política. La PAC es la política que más absorbe, la mitad del presupuesto comunitario (58.000 millones de euros previstos para 2010), con España como segundo receptor (7.083 millones en 2008), sólo superada por Francia. La ministra española del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, declaró a Efeagro, que esa postura refuerza las tesis españolas a favor de una política con una partida adecuada para los productores, y aún más ante la volatilidad de los precios. Dentro de la postura franco-alemana es novedoso que Alemania, uno de los principales contribuyentes a las arcas de la UE, rechace nacionalizar las ayudas. Según varias fuentes, Francia y Alemania desearían mantener con pocos cambios la PAC. Pero otros aliados habituales de la posición francesa, como Polonia, han tomado el documento como un amenaza, según afirmó hoy el ministro polaco, Marek Sawicki, quien calificó esa posición como una «forma de ejercer presión». Y es que Polonia critica especialmente otra de las razones que en la reforma de la PAC puede provocar discrepancias: el mantenimiento de criterios históricos para el reparto de las ayudas ó un cambio para conseguir la igualdad entre los nuevos y los antiguos Estados miembros. Por otra parte y en una línea más radical, el secretario de Estado de Agricultura británico, Jim Paice, remarcó que es «inevitable» el fin de los pagos directos. El Reino Unido defiende que no se den subvenciones que no estén vinculadas a la compensación por «un servicio» como podrían ser ahora los fondos que van al desarrollo rural. Entre las ideas que circulan figura la de dar una prima por hectárea, que podría «completarse» si el productor o ganadero cumple ese servicio, según ha defendido hoy también el titular de Dinamarca, Henrik Borge Hoegh. Los ministros de Irlanda, Lituania y Eslovaquia reivindicaron una PAC con un presupuesto fuerte y como nota curiosa, el titular eslovaco Simon Zsolt, cuestionó que haya que modificar muchos los criterios de reparto de subvenciones, tal y como quieren otros estados que, como este país, ingresaron en la UE después de 2004. El comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, no quiso desvelar ideas sobre la propuesta que habrá pública el día 17 de noviembre; los primeros proyectos legislativos serán presentados en 2011, momento en que arrancará la negociación final. Los ministros terminarán mañana la reunión informal semestral, que se celebra en Bélgica, con una sesión de trabajo en La Hulpe.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la modificación del Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto de 6 de julio de 2007, con el fin de facilitar y agilizar el proceso actualmente en curso.

Esta modificación ha sido aconsejada ante la complejidad de la articulación competencial en materia de aguas para poder evitar que la dilación en la constitución de los Consejos del Agua de la demarcación retrase el proceso de planificación, tal y como se recoge en el citado Reglamento.

Por esta razón, y con el fin de evitar demoras adicionales en el proceso de planificación, se establece esta medida transitoria sin que sufra menoscabo alguno el procedimiento de participación pública en el proceso de planificación hidrológica, ha indicado en un comunicado el ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y marino (MARM).

La modificación establece que «si con ocasión de la necesidad de informar sobre el esquema provisional de temas importantes en materia de gestión de las aguas, conforme al artículo 79.6 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, no estuvieran todavía constituidos los Consejos del Agua de las demarcaciones correspondientes, el citado informe será emitido por los actuales Consejos del Agua de la cuenca o, en su defecto, por la Junta de Gobierno del organismo de cuenca y, además, se requerirá la conformidad del Comité de Autoridades Competentes. En todo caso, el correspondiente Informe se completará con las alegaciones recibidas en el proceso de consulta pública».

Estos documentos de Esquema de Temas Importantes han tenido un proceso de participación pública de seis meses en el que todas las partes involucradas han tenido la oportunidad de manifestar su opinión para su análisis y consideración.

Ahora se trata, añade el ministerio, de que las partes puedan estudiar la propuesta final del documento y emitir su conformidad con el mismo o plantear nuevas objeciones para que pueda continuar el proceso de planificación hidrológica en las Demarcaciones Hidrográficas con cuencas intercomunitarias.

El conocimiento de las distintas posturas se refuerza al tomar en consideración e incluir en el Informe final las opiniones recibidas en el proceso de consulta pública de los Esquemas de Temas Importantes.

En el procedimiento de elaboración de esta norma se ha consultado al Consejo Nacional del Agua, en el que están representadas las Comunidades Autónomas, municipios, usuarios y asociaciones interesadas. EFE

Los primeros argumentos en los que se basa la desestimación del Tribunal Constitucional (TC) del recurso de inconstitucionalidad planteado por el Consell al Estatut de Cataluña ya se van conociendo. Por áreas, el tribunal considera que ninguna competencia estatal en materia de recursos hidráulicos supracomunitarios resulta «invadida» por la gestión que el Estatuto de Cataluña establece sobre las aguas del río Ebro, por lo que no existe «vulneración ni menoscabo» de derechos de otras regiones como la Comunidad Valenciana.

La sentencia que se dio a conocer ayer íntegramente contesta así al recurso del Ejecutivo valenciano sobre el artículo 117.4 del Estatut, que atribuye al Gobierno catalán la capacidad de «emitir un informe preceptivo para cualquier propuesta de trasvase de cuencas que implique la modificación de los recursos hídricos de su ámbito territorial». El TC considera que este informe es «preceptivo pero no vinculante», por lo que se establece un «razonable mecanismo de colaboración entre Cataluña y el resto del España que se compadece con el principio de cooperación».

Otro de los aspectos del Estatut que recurrió la Generalitat es el relativo a la financiación, en capítulos como la Agencia Tributaria de Cataluña. La sentencia, por contra, establece que no se vulnera la distribución de competencias y los principios de solidaridad y redistribución de la riqueza consagrados en la Constitución.

Votos particulares

En este caso, sí se produjeron cuatro votos particulares discrepantes, correspondientes a los magistrados Ramón Rodríguez Arribas, Vicente Conde, Javier Delgado y Jorge Rodríguez Zapata. Entre las argumentaciones de estos magistrados destaca que Cataluña «no debe tener» una financiación diferente al resto de comunidades autónomas.

También rechazan que Cataluña tenga «capacidad normativa completa» sobre los tributos estatales cedidos a través de una norma estatutaria y no por ley del Estado, porque los convierte en tributos autonómicos y hace «irreversible» la cesión, con lo que se produce un «desapoderamiento del Estado en materia de Hacienda general». El Consell, probablemente, esgrimirá los votos particulares para fundamentar su recurso.

La secretaria de Comunicación del PSOE, Esther Padilla, aseguró que la secretaria general del PP y presidenta de la formación en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, no opina sobre la proposición de ley sobre agua que el Gobierno de Castilla-La Mancha llevará a las Cortes Generales por «cobardía» y para «no enfrentarse» a los presidentes autonómicos de la Comunidad Valenciana y de Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel.

En rueda de prensa en la sede del PSOE, Padilla respondía así a las declaraciones de la número dos del PP realizadas este fin de semana en Albacete, en las que cuestionaba que el Gobierno de España vaya a apoyar la proposición de ley de Barreda —que recogerá las demandas sobre agua que contenía el frustrado Estatuto de Autonomía— de la que «todavía no sabe qué contenido tiene».

Para Padilla, Cospedal «se esconde» tras el «desconocimiento» cuando tiene que opinar de agua, algo que considera «preocupante» en una dirigente política que aspira presidir Castilla-La Mancha.

«No me creo que ignore el contenido de la proposición de ley que se llevará a las Cortes. Sabe perfectamente cuál es su contenido», señaló Padilla, recordando que va en la línea de lo que pedía el Estatuto.

Así, Padilla se refirió a «los riesgos que corre» Cospedal si entra a opinar sobre agua debido a su doble cargo en el PP como secretaria general y presidenta del partido en Castilla-La Mancha. «No es desconocimiento, es cobardía para no enfrentarse a los presidentes Camps y Valcárcel y es una traición a los intereses de Castilla-La Mancha», subrayó.

En cuanto a la proposición de ley que Castilla-La Mancha llevará al Congreso, Padilla avanzó que la iniciativa hará hincapié en el cumplimiento de la Directiva Marco sobre agua que exige el mantenimiento de un caudal ecológico de los ríos, algo que, según ha apuntado, es «incompatible con los intereses del Levante y con los trasvases desde la cabecera de un río». En este sentido, dijo que se trata de garantizar el caudal ecológico de las cuencas.