El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, calificó de muy positiva la decisión tomada por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura de modificar las normas que rigen el trasvase, pues a partir de ahora el «Tajo estará en el Tajo».

Además señaló, en una comparecencia en Ciudad Real, que considera «crucial» que se hayan revisado las normas y que ahora los demandantes de agua tengan que justificar el uso que van a darle y demostrar que la han utilizado para ello.

«Hemos dado un salto hacia delante en nuestra filosofía de agua para todos, sí, pero agua para todo no«. Además, aplaudió que, por primera vez, se tiene en cuenta a la cuenca cedente, ya que hasta el momento bastaba con una mera petición formulada.

Después de las reacciones a favor (desde el Levante) y en contra (en Castilla-La Mancha) por la petición de los regantes de un nuevo trasvase de 230 hectómetros cúbicos hasta final de año desde la cabecera del Tajo al Segura, la reunión de la Comisión Central de Explotación del trasvase Tajo-Segura, celebrada ayer, parece que ha dejado contentos a todas las partes; y es que se aprobó la derivación de agua, pero con un cambio de reglas significativo.

El Ministerio de Medio Ambiente, según un comunicado remitido ayer, aseguró que atenderá todas las demandas «justificadas» de agua solicitadas a través del trasvase Tajo-Segura, y dada la situación de normalidad de reserva de agua, se establecerá una programación para los dos próximos trimestres del año hidrológico.

Además, la Comisión Central de Explotación del trasvase Tajo-Segura decidió someter a estudio la revisión de las normas de explotación que rigen este trasvase del Tajo-Segura. Según el Ministerio, se ha constatado que la situación de reserva de agua tanto en la cuenca cedente como en la receptora es de absoluta normalidad, por lo que se ha decidido establecer una programación para los dos próximos trimestres del año hidrológico.

Programación quincenal

Así, se acordó aprobar una disponibilidad en cabecera de hasta un máximo correspondiente a las demandas solicitadas para los diferentes usos. El volumen de agua disponible se mantendrá en la cabecera del Tajo y se trasvasará en función de la demanda real. Las demandas se programarán quincenalmente y se servirán en función de esas demandas reales, llevando a cabo un control a posteriori. El Ministerio realizará un seguimiento técnico de control para atender las demandas «de manera motivada y razonada».

Estas decisiones fueron valoradas muy positivamente por el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ya que a partir de ahora «el agua del Tajo estará en el Tajo, en los pantanos de cabecera y no en los del Talave-Cenajo», indicó.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, en Ciudad Real, el presidente aseguró que los castellano-manchegos «hemos dado un gran salto hacia delante en nuestra filosofía de agua para todos, sí pero agua para todo no» ya que «no era justo que el agua del Tajo no se regulara en el Tajo, sino en el Segura».

Consideró «crucial» que se hayan revisado las normas y aplaudió el hecho de que, a partir de ahora, los demandantes de agua tengan que justificar no sólo qué uso van a darle, sino también demostrar que la han utilizado para dicho fin.

«Sólo cuando se justifiquen las necesidades reales de la cuenca receptora se considerará trasvasar el agua», apuntó Barreda, que advirtió que las peticiones decaerán si no se justifican, informó ayer la Junta.

También se mostró muy satisfecho porque, por vez primera, se tienen en cuenta las existencias de la cuenca cedente y las necesidades reales de la cuenca receptora, lo que demuestra un importante «cambio de mentalidad» pues, recordó, hasta ahora bastaba con la mera petición formulada desde la cuenca receptora para que se considerara y se planteara como un derecho de los regantes.

«Hasta ahora, la estrategia de Murcia era regular las aguas del Tajo no en los pantanos de la cabecera, sino en el Segura, y en cuanto había agua en los pantanos de Entrepeñas y Buendía, independientemente de sus necesidades, pedían un trasvase para tener ellos el agua», indicó.

Según el presidente, esta situación que consideró «injusta e irracional», no garantizaba una lámina de agua estable y permanente en la cabecera del Tajo, por lo que, reiteró, este cambio de mentalidad es fundamental para conseguir este objetivo.

«Hemos dado un paso muy importante», apuntó el presidente, que reiteró que la valoración es fundamental por lo que tiene de cambio de filosofía, de orientación, y por lo que va a ocurrir a partir de ahora en relación con las normas de explotación.

Aseguró que la situación de indefensión que Castilla-La Mancha sufría hasta ahora, en la que sólo la petición de agua de los regantes de Murcia provocaba que se hiciera efectiva sin ningún tipo consideración, ha cambiado.

El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante (COIAL) ha presentado sus consideraciones al Esquema provisional de Temas Importantes dentro del proceso de Participación Pública del Plan Hidrológico de Cuenca de la demarcación hidrográfica del Júcar, han informado fuentes de la entidad.

Según las alegaciones de COIAL, la previsión de reducción de la actividad agraria que contempla el plan «es una mera especulación», pues el periodo estudiado «no es lo suficientemente amplio para ser significativo».

Esta circunstancia, según los ingenieros agrónomos, conlleva «una menor dotación hídrica para el sistema agrario y limita sus posibilidades en pleno cambio del modelo productivo, lo que imposibilita la regeneración de la actividad agraria, que hasta el momento disponía de una dotación hídrica mayor».

Además, la reducción de la dotación hídrica para la agricultura «impide que el modelo agrario se ajuste a la demanda, que es lo deseable para el incremento de la competitividad y viabilidad del sector».

Según el Colegio de Ingenieros Agrónomos, «si la agricultura emplea el 80% de los recursos hídricos de la demarcación hidrográfica», los estudios agronómicos base para la determinación de la dotación hídrica «deben ser más precisos, pues existe «tecnología, medios y conocimiento técnico para poder ajustar con mucha más precisión el cálculo de las dotaciones por cultivos y por zonas agroclimáticas».

Indican también que los cálculos, realizados a partir del censo agrario, «pueden llevar a resultados imprecisos», por lo que un pequeño error en las estimaciones «supone una variación muy significativa en términos absolutos del volumen de agua asignada».

Los ingenieros agrónomos aprecian también «una tendencia a la inversión de los recursos hídricos para la renaturalización de los sistemas fluviales».

En su opinión, esta actuación tendrá como consecuencia «una desnaturalización del sistema agrario, que forma parte del medio ambiente, contribuye a fijar CO2, crea y mantiene suelo fértil, crea paisaje y ecosistemas de alto valor ecológico, mantiene puestos de trabajo, fija población en el medio rural y es la base de la seguridad alimentaria». EFE

Las cuencas de los dos principales ríos de la Comunidad Valenciana, el Júcar y el Segura, cerraron el ejercicio 2009 en estado de prealerta por riesgo de restricciones, según el informe «El medio ambiente y el medio rural y marino en España 2009» elaborado por el Ministerio que dirige Elena Espinosa.

No obstante, las lluvias caídas durante esta primavera han permitido corregir parcialmente la situación. Según el último Informe Hidrológico redactado por el Ministerio, la semana pasada el Júcar alcanzó un caudal de 1.222 hectómetros cúbicos, más del doble que en las mismas fechas de 2009 (cuando la reserva era de 579 hectómetros cúbicos).

Del mismo modo, el caudal actual del Segura alcanza los 685 hectómetros cúbicos, más del doble que el año pasado en estas fechas, cuando sus reservas eran de 326 hectómetros. No obstante, se trata de una situación coyuntural provocada por las abundantes precipitaciones que han descargado sobre la Comunidad Valenciana en los últimos meses y que en junio llegaron a causar inundaciones en la provincia de Alicante.

Inversiones amenazadas

Unos chaparrones que, en cualquier caso, no resuelven el déficit hídrico de la región a largo plazo. Mientras tanto, seis años después de la derogación del trasvase del Ebro, la Comunidad Valenciana carece aún de una solución definitiva para alejar la amenaza de sequía estructural.

El Gobierno anunció el Plan AGUA del Ministerio de Medio Ambiente como alternativa a los recursos hídricos que iban a llegar desde el Ebro, pero ahora las inversiones de este programa también se están viendo afectadas por el tijeretazo decretado al presupuesto público.

En la actualidad, se está ejecutando las obras de la desaladora de Torrevieja y el trasvase Júcar-Vinalopó, que deberían entrar en funcionamiento este mismo año. En cambio, están pendientes de iniciarse las plantas de Guardamar del Segura y Denia, así como las obras complementarias de la desaladora de Muchamiel-El Campello.

En el caso de Denia, el cambio de ubicación de la desaladora —el emplazamiento anunciado inicialmente por el Ministerio de Medio Ambiente provocó un gran rechazo social— ha obligado a reiniciar el proceso y adaptar el proyecto. Fuentes del Ministerio han admitido la posibilidad de que se retrase la licitación de las obras que aún no se han iniciado, a causa del recorte presupuestario impuesto a todos los departamentos del Gobierno.

La desaladora de Muchamiel, que empezó a construirse hace ya más de un año —en junio de 2009—, debería entrar en funcionamiento en la primavera de 2011, aunque el retraso en las obras complementarias, como los colectores, podría demorar aún más la fecha de puesta en servicio.

De esta forma, siguen en el aire los 73,5 hectómetros anuales que debían generar las tres plantas que aún están pendientes de construcción: 17,5 la de Muchamiel, 40 la de Guardamar, y 16 la de Denia.

Sin agua del Ebro

La negativa del Ejecutivo a trasvasar caudales del Ebro a las tierras del sur, mientras sí acepta trasvases temporales a varias locales de Cataluña, ha llevado a que al río Ebro vierta más de seis mil hectómetros cúbicos al mar en tan sólo en los cinco primeros meses de 2010, una cantidad equivalente a diecisiete trasvases anuales a la Comunidad Valenciana. Todo ello, seis años después de que el Gobierno decidiera anular el proyecto del trasvase del Ebro en 2005, en el comienzo de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

La frecuencia de las subidas del recibo de la luz están a punto de multiplicars, al menos, por dos. El Ministerio de Industria reconocía ayer que ha enviado a la Comisión Nacional de la Energía una propuesta de real decreto que le permitirá revisar la tarifa de la luz «cuando las circunstancias especiales así lo aconsejen», esto es, en cualquier momento, como adelantó ayer ABC. No obstante, intentó enviar un mensaje tranquilizador a los indignados consumidores asegurando que, aunque se reserva tal potestad, en realidad sólo pretende revisar la factura eléctrica cada tres meses, en lugar de cada seis meses como sucede ahora, con lo que, al menos, se duplicará la frecuencia de actualización del recibo. En esta línea, el cambio normativo abre la puerta a que el Gobierno aplique una subida de la luz el próximo 1 de octubre.

Las revisiones se realizarán en el tramo del recibo que corresponde a las tarifas o peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de la electricidad. Este capítulo supone el 50% de la factura para los casi 27 millones de hogares y pequeñas empresas que pueden acogerse a ella. La última propuesta de Industria, paralizada por el acuerdo entre el Gobierno y el PP, hubiera supuesto un incremento de casi el 10% para los hogares en este tramo. En el trasfondo de la medida se sitúa el déficit de tarifa —la diferencia entre lo que pagan los consumidores y lo que cuesta la energía— que existe en el sistema eléctrico español y que acumula una deuda de 20.000 millones con las compañías del sector. La medida estaría encaminada a rebajar el agujero ajustando los costes a los ingresos, es decir, a la factura de la luz.

Consumidores encendidos

Un punto que se contradice con las negociaciones que mantiene Industria con el Partido Popular y que tienen el objetivo de «hacer una revisión profunda del sistema eléctrico» para eliminar los gastos superfluos, de tal forma que lo que pagan las familias por la luz sea

suficiente para cubrir los costes de generación y transporte.

La tramitación de este real decreto, que ya espera el informe preceptivo de la CNE, ha quedado al margen de las reuniones que Sebastián mantiene con los populares para intentar llegar a un Pacto de estado de Energía. Fuentes del PP reconocían que no conocen el texto ni tienen constancia de él, pero que siguen en conversaciones con el Gobierno «al que han pedido que haga el esfuerzo de tomar medidas para que no se incremente el recibo de la luz».

Tampoco tenían conocimiento del texto las asociaciones de consumidores. La portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Iliana Izverniceanu, declaraba a este periódico que «la medida refleja que la política energética del Gobierno es un despropósito». La OCU se mostró en desacuerdo con el contenido porque «primero dicen que van a congelar la subida de la luz y poco después descubrimos que sólo la aplazan hasta octubre, o sea que le dan dos meses a los usuarios. Esto demuestra que el pacto está hecho de cara a la galería y que hay una improvisación total en un servicio básico para los hogares».

La presidenta del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general de esta formación a nivel nacional, María Dolores de Cospedal, considera que es muy importante que exista un proyecto «ambicioso» para el mundo rural de la Comunidad autónoma y lamenta que «desde que José María Barreda es presidente de Castilla-La Mancha 9.000 explotaciones agrícolas y ganaderas han desaparecido en la región».

«No nos lo podemos permitir», aseguró ayer Cospedal en Manzanares (Ciudad Real) durante la visita a la Feria Regional del Campo y de Muestras de Castilla-La Mancha (Fercam), al tiempo que manifestó que Castilla-La Mancha no puede quedar reducida a ser una tierra desértica de sólo grandes urbes. «Tenemos que cuidar de lo nuestro, tenemos que ser una región productora, cuidar de nuestra industria agroalimentaria tradicional, y tenemos que fomentar que cada vez haya más puestos de trabajo también en el campo y en el mundo rural», señaló.

Cospedal considera «necesario buscar alternativas de empleo para todas aquellas personas que quieren vivir en pequeños municipios de la región o vivir en el mundo rural y a veces no saben cómo hacerlo porque los servicios no llegan a todas partes», concluyó.

Asimismo, destacó que desde el Gobierno regional se tienen que desarrollar «programas ambiciosos para agricultores y ganaderos» y se debe «cuidar de que las jóvenes generaciones que quieren tomar el relevo al frente de las explotaciones agrarias y ganaderas lo puedan hacer». Del mismo modo, defendió, hay que posibilitar que las mujeres que quieren vivir en el mundo rural y montar y llevar adelante pequeñas industrias agroalimentarias lo puedan hacer.

Por último, Cospedal hizo referencia a la prodecendia del campo de los castellano-manchegos. «En Castilla-La Mancha, para bien, y de esos estamos muy orgullosos, todos venimos del campo, todos tenemos un padre, una madre, un abuelo, una abuela, un tío o un primo que se dedican o están en el campo o que fueron agricultores o

ganaderos, y son nuestras raíces y es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro sentido y de nuestra forma de ser», declaró.

Plan del Alto Guadiana

Del mismo modo, la presidenta regional del PP considera que el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) es «un engaño más de los gobiernos nacional y autonómico» y cree que lo que está ocurriendo con él es «escandaloso». Cospedal subrayó que «es hora de que Barreda dé explicaciones de ese famoso plan que iba a traer mucho dinero a Ciudad Real y a Castilla-

La Mancha y que, al final, ni trae dinero ni agua y lo que hace es quitar hectáreas de regadío y que los agricultores no cobren por sus derechos de agua».

La presidenta regional del PP respondió así a las declaraciones del comisario de Aguas de la Confederación del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda, quien ha manifestado que el PEAG no se detendrá, aunque podrían ralentizarse algunas medidas como el programa de derechos de agua, que dependerá de la asignación presupuestaria que se consigne en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, ha respondido de forma tajante que no habrá un trasvase desde el Tajo pese a la inquietud en Talavera de la Reina por la ampliación de capacidad del embalse de Rosarito como primer paso para un trasvase futuro.

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha licitado, a través de la Dirección General del Agua, la contratación de servicios para la redacción del proyecto de nuevos diques laterales para aumentar el volumen embalsado y la capacidad de laminación del embalse de Rosarito, ubicado entre las provincias de Toledo y Ávila.

La Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche rechaza este proyecto por el daño a una zona de gran valor natural y porque pueda ser el inicio para plantear un nuevo trasvase desde el tramo medio del Tajo.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado, en declaraciones a los periodistas, que la Junta «va a impedir que exista un trasvase desde el Tajo medio» y ha añadido: «nos gustaría escuchar a todos los dirigentes políticos de la región en la misma línea».

Isabel Rodríguez ha destacado los logros recientes en relación al Tajo, entre ellos el compromiso de la Confederación Hidrográfica del Tajo para establecer un caudal ecológico en el río y la próxima instalación una estación de aforo para medir el caudal del Tajo a su paso por Talavera de la Reina. EFE

El informe, elaborado por el eurodiputado británico George Lyon (ALDE), trata de definir la mejor manera de actualizar la política agrícola de la Unión, con vistas al nuevo periodo presupuestario plurianual. Entre los objetivos destaca la necesidad de crear políticas capaces de hacer frente a retos como el cambio climático, la seguridad y calidad alimentaria, la protección de la biodiversidad, la competitividad empresarial y los ingresos de los agricultores. El texto subraya que los fondos asignados a la financiación de la PAC deben mantenerse «durante el próximo periodo de programación financiera» a partir de 2013. Asimismo, hace hincapié en que esta política no debe «renacionalizarse» (es decir, que se vuelva a un sistema de control nacional), e insiste en que «las ayudas directas deben seguir siendo íntegramente financiadas por la UE» para evitar la cofinanciación por los Estados miembros, que pueden dañar la competencia leal dentro del mercado único europeo. Este informe recoge que el principio rector de la reforma de la PAC debe ser la «distribución equitativa de los fondos entre los agricultores de la UE», con el fin de «respetar la diversidad de la agricultura». El Parlamento pide criterios más objetivos para reducir las disparidades en los pagos directos, y considera que la actual «base hectárea» es insuficiente y no consigue reducir las desigualdades entre los Estados miembros.

Por otro lado, la Eurocámara insiste en que se debe compensar las exigencias de calidad, sostenibilidad, bienestar animal y legislación que se exige a los agricultores europeos. Asimismo solicita que se exijan los mismos criterios a los productos importados de terceros países respetando las normas de la OMC. Los diputados también piden mejoras en la trazabilidad para que los consumidores puedan estar bien informados.

Por otro lado, el Parlamento Europeo propone el fortalecimiento del papel negociador de los productores en relación a los minoristas y otros agentes dentro de la cadena de suministro de alimentos e insiste en mejorar la transparencia de los precios. Además, los eurodiputados exigen la creación de una red de seguridad que incluiría el almacenamiento público y privado y la intervención, apoyada por instrumentos diseñados específicamente para aumentar la estabilidad de precios.