El informe, elaborado por el eurodiputado británico George Lyon (ALDE), trata de definir la mejor manera de actualizar la política agrícola de la Unión, con vistas al nuevo periodo presupuestario plurianual. Entre los objetivos destaca la necesidad de crear políticas capaces de hacer frente a retos como el cambio climático, la seguridad y calidad alimentaria, la protección de la biodiversidad, la competitividad empresarial y los ingresos de los agricultores. El texto subraya que los fondos asignados a la financiación de la PAC deben mantenerse «durante el próximo periodo de programación financiera» a partir de 2013. Asimismo, hace hincapié en que esta política no debe «renacionalizarse» (es decir, que se vuelva a un sistema de control nacional), e insiste en que «las ayudas directas deben seguir siendo íntegramente financiadas por la UE» para evitar la cofinanciación por los Estados miembros, que pueden dañar la competencia leal dentro del mercado único europeo. Este informe recoge que el principio rector de la reforma de la PAC debe ser la «distribución equitativa de los fondos entre los agricultores de la UE», con el fin de «respetar la diversidad de la agricultura». El Parlamento pide criterios más objetivos para reducir las disparidades en los pagos directos, y considera que la actual «base hectárea» es insuficiente y no consigue reducir las desigualdades entre los Estados miembros.

Por otro lado, la Eurocámara insiste en que se debe compensar las exigencias de calidad, sostenibilidad, bienestar animal y legislación que se exige a los agricultores europeos. Asimismo solicita que se exijan los mismos criterios a los productos importados de terceros países respetando las normas de la OMC. Los diputados también piden mejoras en la trazabilidad para que los consumidores puedan estar bien informados.

Por otro lado, el Parlamento Europeo propone el fortalecimiento del papel negociador de los productores en relación a los minoristas y otros agentes dentro de la cadena de suministro de alimentos e insiste en mejorar la transparencia de los precios. Además, los eurodiputados exigen la creación de una red de seguridad que incluiría el almacenamiento público y privado y la intervención, apoyada por instrumentos diseñados específicamente para aumentar la estabilidad de precios.

La organización agraria UPA en Castilla-La Mancha informará a los agricultores de la región sobre este tipo de ayudas, cuyo plazo termina el 20 de julio, y el modo de acceder a ellas.

Se trata de unas medidas que beneficiarán especialmente a los viticultores que sufriesen heladas invernales en su viñedo. Dado que el actual sistema de seguros agrarios para el viñedo de vinificación cubre casi todas las adversidades climáticas, únicamente podrán acogerse a esta ayuda los agricultores que tengan parcelas de regadío que hayan sufrido heladas invernales en el estado fenológico A ( vid con la yema dormida).

Para la tramitación de las solicitudes los agricultores y ganaderos afectados deberán presentar su solicitud en el Registro de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), o en los registros de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

Para UPA este tipo de medidas representan una solución para contribuir a paliar las pérdidas ocasionadas a determinados agricultores ocasionadas por fenómenos meteorológicos como las heladas invernales.

El Tribunal de las Aguas de Valencia y el Consejo de Hombres Buenos de Murcia, los milenarios órganos de justicia al servicio de los regantes que defienden el buen uso y el reparto equitativo del agua, se han hermanado ante la UNESCO para recibir el título que les acredita como Patrimonio de la Humanidad.

La consellera de Cultura de la Generalitat Valenciana, Trinidad Miró, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, han entregado hoy a los presidentes de ambos organismos este diploma acreditativo en un acto «simbólico» en el que también ha estado presente el consejero de Cultura y Turismo de Murcia, Pedro Alberto Cruz.

Tras la tradicional sesión de los jueves del Tribunal de las Aguas ante la puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia, Miró ha recordado que ambas instituciones, en una candidatura conjunta, recibieron el reconocimiento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el pasado 30 de septiembre.

Miró, en declaraciones a los periodistas antes del acto, ha defendido que el premio da a ambos organismos «la categoría que se merecen y refuerza su trabajo», a la vez que ha destacado la importancia de que la UNESCO reconozca el mantenimiento de «unas tradiciones tan arraigadas en nuestra historia».

En su posterior discurso, ha recordado que Valencia y Murcia están «unidas geográficamente» y también en el «espíritu» de ambos tribunales, a los que ha calificado de «guardianes de una tradición cultural viva».

«Son el testimonio vivo de que se puede hacer un uso eficaz del agua», ha defendido Miró, para quien ser reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad «es un paso más en la protección y difusión del patrimonio cultural».

La alcaldesa de Valencia ha manifestado que el acto de entrega de los diplomas «estrecha los lazos históricos de dos regiones vecinas y fraternas, que hoy tienen su más fiel reflejo en el solidario y equitativo reparto del agua».

Según ha dicho, el título de la UNESCO «reconoce la enorme importancia» que los valencianos dan al agua, «conscientes de que su buen uso garantiza riqueza, paz y prosperidad» y ha defendido que el Tribunal de las Aguas «representa el triunfo de la justicia y el alto grado de madurez del pueblo valenciano».

A su juicio, el Tribunal de las Aguas y el Consejo de Hombres Buenos «son la mejor demostración del buen hacer a través de los siglos y el mejor argumento para desmontar la demagogia utilizada para negarnos el agua que necesitamos».

El consejero de Cultura y Turismo de Murcia ha asegurado que el diploma de la UNESCO supone «un paso importante en el reconocimiento a la tradición que va ligada a la huerta y a la cultura del agua en todo el arco mediterráneo y un aliciente para salvaguardar todo el patrimonio material e inmaterial vinculado a estas tradiciones».

Según ha resaltado, ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad supone «el reconocimiento a nivel global de una de las tradiciones más excepcionales que existe en Europa», por su forma «paradigmática de auto-organización y de cómo la justicia en el caso de estos tribunales depende de la experiencia de haber acumulado conocimiento y de vivir y experimentar una realidad diaria».

El presidente del Tribunal de las Aguas de Valencia, Vicente Nácher, ha defendido la importancia de su «labor de intermediación» entre los regantes de la huerta y ha achacado su supervivencia a lo largo de los siglos a que «ha sabido adaptarse a los tiempos».

Su homólogo en el Consejo de Hombres Buenos de Murcia, Sifredo Hernández, ha resaltado que el título de la UNESCO reconoce los «más de mil años de trabajo en defensa de la huerta y el buen reparto del agua», así como de la «mediación» entre regantes y ha asegurado que les da «más fuerza» para seguir trabajando y ser «más exigentes y ecuánimes» en las sentencias. EFE mc/ct

El Ministerio contempla abrir el proceso de información pública del borrador del plan de cuenca del Tajo «en las próximas semanas o meses» para recibir durante un período obligatorio de seis meses todas las alegaciones, muchas de las cuales espera que puedan ser «contrapuestas».

Así lo ha explicado hoy a Efe en Toledo la directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Marta Moren, que ha dicho que «la autoridad hidráulica» es la responsable de fijar lo que considera que el plan de cuenca debe contener «aún teniendo en cuenta que las alegaciones irán en todos los sentidos» y pueden ser contrarias.

Antes de aprobar el plan de cuenca -tanto del Tajo como de los demás ríos- hay que tener el esquema de temas importantes, un documento en el que se fundamenta el plan de cuenca y que, a su vez, debe estar informado por el consejo de agua de la demarcación.

Estos consejos de agua de la demarcación son órganos de nueva creación en España, cuya constitución está «alargando» la aprobacion de los planes de cuenca desde el punto de vista administrativo, ya que aún no está tramitado su reglamento, según la directora general.

En tanto, para conseguir aprobar los esquemas de temas importantes sin tener aún constituidos los consejos de agua de la demarcación el Ministerio ha decidido que el consejo de agua de la cuenca emita un informe preceptivo, aunque no vinculante, de estos esquemas de temas importantes.

Marta Moren ha asegurado que teniendo en cuenta que el borrador del plan de cuenca está «casi ultimado» y es «bastante completo», en las próximas «semanas ó meses» empezará el proceso de información pública durante un período de seis meses según obliga la directiva marco.

«Este período significa tener la posibilidad de comentar con todos los sectores, y esperemos que nos dé muchas opiniones que habrá que responder y motivar adecuadamente», ha indicado.

Una vez se hayan recibido todas las alegaciones y consultas, se integrarán en un «borrador definitivo» que se someterá al informe del consejo de agua de la demarcación (para entonces se habrá formado) y a la aprobación final del Consejo de Ministros. EFE

COAG IR CASTILLA LA MANCHA- Marín, que no termina de entender que la rentabilidad de las explotaciones no figure entre los pilares básicos de futura Política Agraria Comunitaria (PAC), considera que ésta es imprescindible para Castilla-La Mancha, una región en la que el sector primario, pese a su gran peso específico, no tiene garantizada su renta mínima.

No obstante, ha subrayado que el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, está estudiando la posibilidad de poner en marcha un seguro que garantice un mínimo de ingresos económicos al agricultor y al ganadero «si, como en la actualidad, el coste de producción es superior al que percibimos en el mercado”.
Además de esta media que ya se está aplicando en Canadá y Estados Unidos, en su primer encuentro con el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Marín y los miembros de la nueva junta directiva de la organización agraria, analizaron la situación actual del sector y le entregaron un documento en el que se recogen sus principales inquietudes, entre las que destaca el Plan Estratégico Vitivinícola.

Para COAG-IR, los objetivos del plan no se deberían desvirtuar concentrándose únicamente en mejorar la situación del mercado del vino, sino que ésta repercuta también en una mejora proporcional de los ingresos de los viticultores mediante los precios de la uva. Entre las reivindicaciones de COAG-IR figura también la necesidad de instar al Consorcio del Plan Especial del Alto Guadiana y a la Confederación a que lleve a cabo el proceso de regularización, a acelerar el funcionamiento del programa de adquisición de derechos, y a definir y poner en marcha el programa complementario de reforestación.

Asimismo, la organización agraria ha vuelto a pedir que se inste al Ministerio a que autorice el almacenamiento privado del aceite ,en la conveniencia de mantener el Control Integrado de Olivar como otra opción más para los olivicultores de la región y en la indefensión de los productores de leche frente a la industria.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, ha avanzado hoy que será posible cerrar el año hidrológico con más de 1.000 hectómetros cúbicos en los embalses de la cabecera del río, siempre que «el agua se utilice de manera eficiente».

Moragues ha hecho estas declaraciones en la inauguración de obras de emergencia del trasvase Tajo-Segura en los regadíos de Los Llanos de Albacete.

En respuesta a los periodistas, el presidente de la CHJ ha planteado el reto de «demostrar que la sequía se resuelve cuando tenemos agua», y ha avisado que, «si los agricultores derrochan una gota de agua, no la van tener mañana».

Sobre el estado de los embalses de la demarcación, Moragues ha indicado que será posible cerrar el año hidrológico (30 de septiembre) con unos 600 hectómetros cúbico en el embalse de Alarcón y unos 420 en el embalse de Contreras.

En cuanto a Tous, se embalsarán 60 o 70 hectómetros cúbicos tras el verano, «el máximo volumen de seguridad para cumplir su función de prevención de avenidas».

Respecto al río Júcar, se espera cerrar el año «en torno a los 1.100 hectómetros cúbicos, a poco que la hidrología se comporte de forma normal».

El presidente de la Confederación también se ha referido a la elaboración del nuevo Plan de Cuenca del Júcar, donde se están estudiando las alegaciones presentadas, «miles de páginas que estamos leyendo», y ha reclamado «una definición territorial exacta» de la delimitación de la cuenca «para saber sobre lo que tenemos competencias y sobre lo que no».

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó ayer el decreto por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. La Agencia del Agua es el organismo administrativo que aglutinará las competencias en materia de agua que ostenta la Junta, con el objetivo de agilizar las acciones desarrolladas en todos los temas de agua y ganar contundencia en la defensa de los intereses hídricos de la región, según el Ejecutivo autonómico.

El Gobierno regional, en un comunicado, afirmó que así se cumple el compromiso del presidente regional, José María Barreda, de crear una administración hidráulica en la región sin aumento de gasto en los presupuestos de la comunidad autónoma. A propuesta de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, se ha dado el visto bueno al borrador de Decreto por el que se aprueba la Norma Técnica de Planeamiento. Servirá para homogeneizar el contenido de la documentación de los planes municipales, lo que facilitará su redacción, tramitación, divulgación y acceso, organizando también su información para que pueda difundirse por medios telemáticos e integrarse en la Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla-La Mancha (IDE-CLM) que ofrecerá la información geográfica de la región a todos los ciudadanos a través de Internet.

Asimismo, el Ejecutivo regional ha aprobado el borrador del Decreto por el que se modifica el reglamento de suelo rústico para mejorar la normativa urbanística, garantizar el desarrollo sostenible y dar más seguridad jurídica a los ciudadanos y a las administraciones, como recoge la «Declaración de Toledo» que la pasada semana firmaron en la capital regional los ministros de Vivienda y Desarrollo Urbano de la UE.

A propuesta de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, el Consejo de Gobierno dio luz verde a la tercera convocatoria de ayudas del programa HITO (Haciendo Investigación Tecnológica Orientada) a través de la cual se inyectarán 3 millones

de euros al tejido empresarial de la región para el desarrollo de proyectos de investigación orientados a aumentar la competitividad de las empresas y crear empleo de alta cualificación. Estas ayudas se podrán solicitar hasta primeros de septiembre.

Por último, a propuesta de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, se ha autorizado la contratación de los trabajos de mantenimiento, explotación, control, seguimiento y desarrollo de la red de vigilancia atmosférica de Castilla-La Mancha para los años 2010 y 2011, con una inversión prevista de 1,1 millones de euros. Esta red cuenta en la actualidad con un total de doce Estaciones de Control y Vigilancia de Calidad del Aire en toda la región, cinco de ellas en las capitales de provincia y también en Talavera de la Reina (Toledo), Azuqueca de Henares (Guadalajara) e Illescas (Toledo). Asimismo, en Puertollano (Ciudad Real), por sus características especiales en cuanto a concentración de actividades industriales existe una red propia integrada por cuatro estaciones que forman parte de la red regional.

En la primera mitad de 2010 no ha habido decisiones legislativas ni negociaciones importantes en materia de agricultura, pero la presidencia española ha dado empuje a debates para sentar mejor las bases sobre el futuro de este segmento económico, en cuestiones como la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) o su propio presupuesto. Además, la UE concluye el semestre con un ambiente y una orientación más «pro ayudas de la PAC» que lo empezó, pues el cambio del equipo de la Comisión Europea (CE) ha supuesto que el cargo de comisario del ramo lo ocupe el rumano Dacian Ciolos, con un perfil muy opuesto a su antecesora, la liberal danesa Mariann Fischer Boel. Sobre todo, la ministra española del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha insistido, como logro de la presidencia, en la importancia de que en la llamada Estrategia 2020 para el crecimiento económico y el empleo de la UE, ratificada por los líderes europeos, se refleje el papel de la política agraria. En el texto inicial, la agricultura no figuraba y aunque sólo se trate de unas líneas, en el devenir legislativo de la UE estas referencias son fundamentales cuando las declaraciones se traduzcan en negociaciones para el reparto del presupuesto comunitario. Por otra parte, los ministros de Agricultura de la UE han conseguido aprobar conclusiones con ideas para incrementar la competitividad en el sector agroalimentario (esta semana) y para mejorar los mecanismos o medidas de ayudas en los mercados, contra la volatilidad de los precios (en marzo). Espinosa ha subrayado también el impulso de los debates sobre la situación específica de la mujer rural, con una conferencia en Cáceres (en abril) y «por primera vez» una discusión especial en el Consejo de ministros de la UE en Bruselas (en mayo). Durante el semestre, la CE ha iniciado una consulta pública para recabar ideas con el fin de reformar la PAC y presentar propuestas a final de año, aunque hasta 2011 por lo menos no se harán públicos los textos legales que harán arrancar la verdadera negociación entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo. Pero este comienzo ya es innovador, pues el comisario Ciolos ha optado por abrir a internet un debate sobre la PAC, antes de que el Ejecutivo comunitario dé a conocer sus primeros textos sobre un tipo de reforma que habitualmente hace temblar al sector. Durante la primera mitad de 2010 también se ha oído hablar de precios, especulación y desigualdades entre los márgenes de beneficios de la cadena alimentaria (productores, industria y distribución) y especialmente en el caso del sector lácteo. En este sentido y a un nivel más técnico, el grupo de Alto Nivel de la UE -formado por expertos de los Veintisiete- ha concluido sus trabajos, con ideas como una regularización de los contratos, para dar más poder de negociación al ganadero ó excepciones a las reglas de la competencia. El comisario tendrá en cuenta todas estas ideas en las medidas en favor del sector lechero que presentará a finales de año.

Los regantes que dependen del agua del Tajo propondrán al Ministerio de Medio Ambiente que se cambie el sistema de regulación de los desembalses que se autorizan periódicamente, con el objetivo de que los caudales no se transporten en su totalidad a la Regin de Murcia y a Alicante, sino que se envíen conforme se vayan necesitando. Esto supone que el agua se almacenará y reservará en los pantanos de origen Entrepeñas y Buendía y no en los de destino.

El beneficio para los municipios ribereños de la cabecera del Tajo sería inmediato, puesto que dispondrían durante más tiempo de estos caudales para sus fines económicos y recreativos, sobre todo en verano.

Este posible cambio ha sido avanzado por José Manuel Claver, presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase, que lo someterá a la consideración de la Comisión Central de Explotación del acueducto. Claver explica que se trata de una muestra de buena fe. «Lo importante para nosotros es que la Comisión apruebe los desembalses cada vez que proceda, de acuerdo con las reglas de explotación, y que el agua llegue después a nuestros campos conforme se vaya necesitando cada mes. Debe quedar claro que el desembalse se autoriza la primera vez, y que no hará falta nuevos permisos para transportar el agua. Los caudales se almacenarán en los pantanos de cabecera, como si estuvieran aquí, subrayó.

Hasta ahora, el agua de la cabecera del Tajo se transporta por el acueducto de una tacada. A mitad de camino se puede regular en el embalse de Alarcón, pero lo habitual es que llegue hasta la cuenca del Segura y se deposite en los pantanos de Talave, Camarillas, La Pedrera, Algeciras y Mula, principalmente. Ahí queda para su distribución entre las comunidades de regantes, a la vez que se computa entre los recursos en este caso prestados que administra la Confederación Hidrográfica del Segura.

El Sindicato de Regantes piensa proponer más cambios. Siempre que la situación lo permita, solicitarán desembalses cada seis

meses, en lugar de tres como hasta ahora. Piensa hacerlo el mes que viene, con motivo de la reunión de la Comisin Central de Explotación. «Mientras que haya recursos suficientes en la cabecera se puede hacer una previsión semestral de las necesidades para los cultivos», indicó Claver. Esta propuesta enlaza con la anterior, ya que el acueducto tiene un límite para el transporte de agua y los pantanos del Segura otro para poder almacenarla.

Los regantes podrían solicitar unos 200 hectómetros cúbicos del Tajo para cubrir sus demandas hasta enero.

LA sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, conocida este lunes, no ha cambiado el discurso del Consell. «Lo que es Consititucional para Cataluña también lo es para la Comunidad Valenciana». Una frase que resume el sentir del Ejecutivo autonómico. La decisión del Tribunal que preside María Emilia Casas ha supuesto una purga al norma catalana, pero deja dentro del límite de la Carta Magna aspectos especialmente sensibles para los intereses valencianos.

El Estatuto catalán «blinda» en una de sus disposiciones adicionales cuestiones como las inversiones estatales en aquella región o la propia financiación autonómica. Asimismo, se atribuye competencias sobre los ríos, entre ello el Ebro, que transcurren por su territorio.

Dos asuntos, el dinero y el agua, básicos en la estrategia política del Consell en aras de reforzar el sentimiento identitario de los valencianos y que explican el anuncio realizado ayer por el conseller de Gobernación, Serafín Castellano. La Generalitat convocará en breve a la Comisión de Expertos creada para analizar las consecuencias legales del Estatuto catalán. La reunión tendrá lugar cuando se notifique la sentencia, probablemente a comienzos de la próxima semana. Sobre la cita, naturalmente, planeará la posibilidad de activar la conocida como «cláusula Camps», para adecuar el Estatuto valenciano y evitar «discriminaciones» respecto al texto catalán.

Financiación y agua

Con todo, la intención inicial del Consell prevé la limitación de esas mejoras a aspectos como la financiación y la gestión hídrica. No se reclamará en ningún caso cuestiones avaladas por el Tribunal Constitucional como la inmersión lingüística o la creación de una Agencia Tributaria autonómica. Bajo la premisa de que «para defender lo nuestro no hace falta ser una nación», apostillada ayer por Serafín Castellano, el Consell no se desviará en ningún caso de su forma de entender el Estado autonómico en el proyecto común español.

Del modo que sea, la celeridad en la reacción del titular de Gobernación provocó un cierto desconcierto en la dirección nacional del PP, con la vista puesta en las elecciones catalanas del próximo mes de noviembre, que a esas horas de la mañana todavía no había fijado su postura oficial. Sin embargo, ni la declaración de Mariano Rajoy difiere en lo sustancial de las tesis que defiende el Consell sobre la lealtad institucional ni la posición de la Generalitat debe intepretarse en clave de desafío. El propio Camps ha validado una hoja de ruta que pasa invariablemente por conjugar «la lealtad con la Constitución» y los intereses de los cinco millones de ciudadanos de la Comunidad Valenciana.

Recursos pendientes

Además, el Estatuto catalán todavía está pendiente de seis recursos de inconstitucionalidad, entre ellos el planteado por el Ejecutivo valenciano el 19 de octubre de 2006. El recurso considera que la norma catalana supone un «importante atentado contra los valencianos y los derechos de los valencianos, en algo tan básico como la financiación o el tema del agua y un claro atentado a la solidaridad nacional y la Constitución Española». Una posición que no ha variado un ápice.

El Consell rechazó, además, la regulación del Archivo de la Corona de Aragón y, al igual que Murcia, recurrió también la gestión del Ebro que se concede a la Generalitat de Cataluña. Junto al de la Comunidad Valenciana todavía no se han resuelto los recursos planteados por La Rioja, Murcia, Aragón, Baleares y el Defensor del Pueblo.

Comparecencia en Cortes

Con las cartas destapadas desde ayer, el Consell esperará ahora al dictamen de la Comisión de Expertos. Si el dictamen de éstos se inclina por poner en marcha un proceso de reforma estatutaria, no se descarta la convocataria extraordinaria del pleno del Ejecutivo para fijar postura a través de una

declaración institucional. Serafín Castellano ya anunció ayer que solicitará su comparecencia en las Cortes Valencianas.

La finalización del periodo de sesiones llevaría a convocar la Diputación Permanente, probablemente en el mes de julio. Una posibilidad que, además, forzaría a los diferentes grupos parlamentarios a expresar su posición. Ayer, Compromís proclamó que la «reforma del Estatuto catalán obliga a reforma inmediatamente el valenciano».

Posición del PSPV

El PSPV, por su parte, calificó de «precipitada e inoportuna» la voluntad de acometer modificaciones en la Ley orgánica. La sentencia del TC ha divido a los socialistas entre la indignación que ha exhibido el presidente catalán, José Montilla, y la aparente satisfacción del Ejecutivo que lidera José Luis Rodríguez Zapatero.

En Blanquerías, su secretario general, Jorge Alarte, permaneció en silencio ayer. A la espera de que escampe, dejó la tarea sucia para el portavoz parlamentario, Ángel Luna, alineado con las tesis que consideran que el Constitucional no ha modificado de forma sustancial el Estatuto catalán y, por conseguiente, considera que una evental reforma del valenciano requiere «más sosiego».