Expertos en sequía coinciden en Murcia en la necesidad de consensuar un indicador universal que mida el nivel de gravedad de una sequía para que las autoriades políticas se comprometan en adoptar medidas que contribuyan a paliar la situación socioeconómica que se crearía, según informó a EFE el represante de la oficina de planificación de la CHS Adolfo Mérida.

En el encuentro, auspiciado por la Organización Meteorológica Mundial, se ha puesto como ejemplo el Plan de Actuación en Situaciones de Alerta y Evantual Sequía en la cuenca del Segura (2007), que es uno de los principales documentos que hay en España en el manejo de una sequía, y en el que se determina objetivamente su aparición con una serie de indicadores.

La reunión de la citada organización, celebrada en Nebraska (Estados Unidos) llegó a firmar un documento, conocido como «Lincol», en el que se llega a la conclusión que las autoriades tienen que tomar conciencia del problema, para lo que habría que consensuar unos indicadores «objetivos» que midan el grado de sequía.

Los expertos españoles han puesto el ejemplo de las cuencas del Júcar y del Segura, esta última hasta hace poco en estado de «emergencia», en el que ha estado desde julio de 2005.

El indicador español que marca los diferentes estadios de sequía resulta de una fórmula matemática en la que se barajan diferentes datos hidrológicos y que en las gráficas va desde un número 0 al 1, siendo una situación de normalidad a partir del valor 0,5; de prealerta, a partir de 0,35; de alerta, desde el 0,2, y de emergencia, del 0 al 0,12.

El artículo 27 del Plan Hidrológico Nacional estableció que para la gestión de sequías era obligatorio elaborar Planes Especiales, cuyo objetivo era minimizar los aspectos ambientales, económicos y sociales de eventuales situaciones de sequía.

Los expertos de la ONU han reconocido la dificultad de relacionar la sequía con otros factores a diferencia de otros fenómenos naturales como los huracanes y las inundaciones, donde mueren personas en el mundo cada año, y se está viendo en Murcia la dificultad de llegar a corto plazo a consensuar un indicador que satisfaga a todos los países debido a las diferentes circunstancias que concurren en cada caso.

La experiencia española con los planes de sequía ha resultado de interés en los expertos extranjeros, así como el sistema de medición por satélite de la situación de cultivos y arbolado.

Adolfo Mérida, que intervino en el encuentro, dijo a EFE que le llamó la atención el sistema de recepción de datos que poseen los centros meteorológicos de algunos países en vías de desarrollo, con una serie histórica importante. EFE

La Comisión Europea abrió hoy un procedimiento de infracción contra España y otros once países de la UE por no haber presentado aún ante Bruselas sus planes hidrológicos de cuenca como exigía la legislación comunitaria en materia de agua.

El Ejecutivo comunitario ha enviado un carta de emplazamiento a todos los países afectados y les ha dado dos meses de plazo para responder.

Si la respuesta no es satisfactoria la Comisión continuará con el proceso y en última instancia podrá elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los planes debían ser presentados antes del 22 de diciembre del año pasado, nueve años después de la entrada en vigor de la normativa de la UE, recuerda la CE en un comunicado.

Bruselas aclara que estos planes son la «piedra angular» de la directiva europea de agua y resultan «cruciales» para alcanzar el objetivo de la UE de lograr que las aguas europeas estén en «buen estado» en 2015.

Además de España, han sido expedientados Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Irlanda, Lituania, Malta, Polonia, Portugal y Rumanía.

El comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, destacó que aún faltan planes hidrológicos para un cuarto del territorio de la UE e instó a los países que aún no lo han hecho a tomar medidas rápidamente, concluir sus consultas públicas y presentar sus planes.

La Comisión hizo hincapié en que la tardanza en la elaboración de los planes «pone en peligro la consecución de los objetivos de la directiva».

La directiva del agua entró en vigor en 2000 y establece un marco para la gestión hidrológica integrada de las cuencas de toda la Unión Europea.

Obliga, por otro lado, a los países «a proteger y recuperar todas las masas de aguas superficiales y subterráneas (ríos, lagos, canales y aguas costeras) para conseguir un buen estado de las mismas en 2015 a más tardar».

Bruselas estudia en estos momentos los planes de los países que sí ha recibido y tiene previsto publicar un informe sobre la aplicación de la normativa en 2012. EFE

La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, ha defendido hoy la consecución de un pacto del agua en cada cuenca hidrográfica, en un marco determinado por la imposibilidad de cumplir con medios convencionales con todas las demandas que se plantearán en el futuro.

Espinosa, que hizo estas declaraciones en la clausura de la asamblea general de la Asociación Nacional de Constructoras Independientes (ANCI), ha explicado que en este momento se están elaborando los planes de cuenca como herramientas fundamentales de la planificación y la gestión de los recursos hídricos.

Estos planes, ha señalado, se están elaborando con una doble orientación: intentar aunar la voluntad de todas las administraciones y agentes económicos sociales y tener una planificación clara de las inversiones que se tendrán que llevar a cabo.

Ha dicho también que estas inversiones deben tener como primer objetivo «garantizar el uso del agua en todas las actividades y la conservación de los ecosistemas hídricos; queremos tener -afirmó- la responsabilidad de toda la sociedad en un recurso que cada vez es más escaso y que podamos asegurarlo a un precio cada vez más razonable bajo el principio de la recuperación de los costes».

La ministra ha destacado que «sin tener los planes cerrados a fecha de hoy, hay un dato clarísimo

Convocados por ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, los hombres y mujeres del campo han reclamado al Comisario de Agricultura y a los 27 ministros del ramo que a partir de 2013 haya una Política Agraria Común (PAC) fuerte y sólida, con presupuesto suficiente para garantizar el futuro de un sector estratégico como es el agrario, del que depende laseguridad alimentaria de los 500 millones de consumidores de la UE. Las organizaciones convocantes también han exigido precios justos para las producciones agrarias, ligados a los costes de producción, y una mayor participación del sector primario en la cadena de valor agroalimentaria, para luchar contra los abusos de poder que cometen las grandes cadenas de distribución alimentaria, aprovechando su posición de dominio del mercado. Igualmente, los agricultores y ganaderos han exigido una apuesta decisiva por la preferencia comunitaria, un férreo control de las importaciones, establecimiento de medidas de regulación de mercado, rediseño de los mecanismos de intervención y que los productos de terceros países se vean obligados a cumplir las mismas condiciones de producción y garantías sanitarias que los comunitarios, para evitar la competencia desleal.

Agricultores y ganaderos concentrados en Mérida

REIVINDICACIONES DEL SECTOR

1. Precios justos para ‘nuestros’ productos y regulación de los mercados agrarios:

-Garantizar que los agricultores puedan negociar precios mínimos ligados a costes de producción.

– Poner coto a la posición de dominio de la gran distribución.

-Asegurar la preferencia comunitaria para ‘nuestros’ productos.

– Exigir las mismas condiciones de producción y garantías sanitarias para los productos de terceros países como para los comunitarios

-Rediseñar los mecanismo de intervención de los productos agrícolas sobre la idea de que la agricultura y la ganadería son un sector estratégico para Europa y a necesidad de impulsar las energías renovables, verdaderamente sostenibles.

2. Costes.Conseguir mayor transparencia en los precios de los insumos agrarios

3. Establecimiento de una PAC sólida más allá del 2013:

– Defender un presupuesto suficiente para la única política común que actualmente tiene la UE, consolidando una PAC fuerte más allá del 2013.

– Establecer medidas de gestión de emrcado suficientes que garanticen la renta de los productores y la seguridad alimentaria. Mantenimiento de la perferencia comunictaria y mecanismos de intervención.

– Modificación de la OCM única, en cumplimiento del art. 33 del Tratado constitutivo de la UE, para permitir establecer medidas de gestión del mercado por parte de las interprofesionales y referenciación de precios ligada a costes de producción que permitan asegurar la renta del sector agrario.

4. Apoyo al sector agrícola y ganaedro de cara a la adaptación a las consecuencias derivadas del cambio climático.

5. Puesta en marcha de un plan de concentración de la oferta e integración cooperativa que permita evolucionar hacia un modelo de cooperativismo dimensionado y competitivo.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) destinará 1,3 millones de euros, a través de la Dirección General del Agua, a la contratación de servicios para la explotación de la red biológica de control de la calidad de las aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

A través de un comunicado, el MARM ha explicado que, en aplicación de la Directiva Marco del Agua, el objeto de esta asistencia técnica consiste en la actualización y explotación de las redes de control biológico de los ríos del ámbito territorial de la CHJ.

Este trabajo se realizará mediante la revisión de las redes existentes para la determinación del estado y potencial ecológico de los mismos y utilizará los indicadores de calidad establecidos por el MARM.

Los trabajos a realizar consisten en el establecimiento de una red de vigilancia en ríos con 105 estaciones de control, que medirán los elementos de calidad como macroinvertebrados, diatomeas, macrofitos y fauna piscícola.

Otra de las tareas consistirá en la puesta en funcionamiento de una red operativa en ríos que incluirá 95 puntos en los que se debe medir solo el elemento de calidad más sensible a la presión al que esté sometida la masa de agua.

En este sentido, el MARM ha destacado que es imprescindible partir de los resultados de identificación de presiones y evaluación de impactos.

Durante el desarrollo del contrato, y en base a la experiencia y datos acumulados, el adjudicatario deberá proponer una red definitiva de control biológico en ríos.

El incremento de agua en los embalses del Júcar ha sido de un 49,1% respecto a hace un año, y hay un 84,2% más de agua que la media de los últimos diez años, según el Informe Hidrológico de Tendencia que ha hecho público la Delegación del Gobierno.

La reserva de agua sigue aumentando, el agua embalsada en el conjunto de España se ha incrementado un 31,7 % sobre la media de los últimos 10 años, un incremento significativamente inferior del experimentado en la cuenca del Júcar, de un 84,2 %.

El porcentaje de la cuenca del Júcar es el segundo mayor incremento de todas las cuencas de España, solo superado por la Cuenca del Segura, y además en la actualidad en la cuenca del Júcar, se disponen de reservas por un total de 1.894 hectómetros cúbicos (5 más que la semana anterior).

La cifra de 1.894 hectómetros cúbicos equivale a un 56,8 % total de la reserva (para uso consuntivo e hidroeléctrico), con un incremento de 624 hectómetros cúbicos respecto al año anterior

Los representantes de las organizaciones agrarias presentes en la Mesa del Agua han destacado que la Medalla de Oro que hoy han recibido les da «ánimos» y «fuerzas» para seguir defendiendo los intereses de la región y, muy especialmente, «de los agricultores castellanomanchegos».

Así se han pronunciado, en declaraciones a los medios tras el acto institucional que este mediodía se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Albacete, el secretario regional de ASAJA, José María Fresneda; el responsable regional de UPA, Julián Morcillo; el presidente de la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de la región, Ángel Villafranca; y el responsable comisión sectorial del agua de COAG-IR, José María Oñate.

José María Fresneda ha insistido en que «a todos nos tiene que unir un único mensaje, que no tenemos por qué ser menos que ningún otro territorio de España».

Y, en relación con la defensa del agua, ha pedido que «en esta unidad que existe en este momento en torno a un objetivo común se olviden todos de los matices, porque esto no tiene matices, formulaciones, textos alternativos».

«Esto solamente tiene un único mensaje; ya está sobrando ese trasvase de agua que pasa por Castilla-La Mancha», ha sentenciado.

Por su parte, Julián Morcillo ha destacado su compromiso de seguir luchando por el agua, tan necesaria «para las necesidades de los agricultores de la región».

Ángel Villafranca ha opinado que «hay que seguir trabajando con ilusión y ponerle al mal tiempo buena cara» y ha subrayado que, habituados a «una crisis muy endémica» en el campo, ahora que la crisis se ha extendido al resto de la sociedad, los agricultores han de ser «un ejemplo de la lucha».

Lucha en la que también cree José María Oñate, quien ha advertido de que Coag no cejará en el intento de que Castilla-La Mancha tenga éxito en sus reivindicaciones y ha añadido: «al final, vamos a ganar la batalla del agua, con toda seguridad». EFE 1010289

No es un brindis al sol, ni tampoco un gesto político para cubrir el expediente. El Gobierno de Extremadura va en serio con el estudio que ha encargado sobre «un hipotético» trasvase desde el embalse de Valdecañas, en Cáceres, al Levante. Detrás de ese estudio se encuentra el Ministerio de Medio Ambiente, que lo apoya y alienta desde un plano no visible, como complemento al acueducto Tajo-Segura. Quien se pronuncia en contra es la Comunidad de Regantes de Valdecañas, cuyos miembros están dispuestos a tomar medidas para que este proyecto trasvasista no se apruebe, según declara a La Verdad su presidente, Primitivo Gómez.

La adjudicación de los estudios coincide con la aprobación de una urbanización de lujo en un islote del pantano de Valdecañas. El Gobierno de Extremadura quiere saber si hay sobrantes de agua, antes de apoyar o rechazar ese trasvase, explicó un portavoz.

Este embalse, a mitad de camino entre Madrid y la frontera portuguesa, almacena estos días 1.400 hectómetros cúbicos y está al 90% de su capacidad total, lo cual demuestra a ojos del Ministerio y del Gobierno murciano que cuenta con excedentes para derivar a Ciudad Real primero y después a la cuenca del Segura.

Pero los regantes de la zona no están de acuerdo. Su comunidad la integran 800 comuneros que tienen asignado un volumen anual de 29 hectómetros de Valdecañas para atender 6.000 hectáreas de regadíos. La pequeñez de este volumen en comparación con los 1.400 hectómetros de reserva en dicho pantano no es obstáculo para que Primitivo Gómez recalque que no sobra el agua. Matiza que en esa zona queda una parte de regadíos por crear. Aunque fuera el doble de superficie, no obstante, seguiría habiendo más de mil hectómetros de sobrantes.

«Ese trasvase no lo vemos viable. No hay excedentes. La media de agua almacenada en agosto es de 680 hectómetros. Por ahí se habla de trasvasar 600, con lo cual…». Son las cuentas, imprecisas, que hace esta comunidad de regantes. Sus previsiones y temores tampoco coinciden con las cifras que se barajan de entre 200 y 500 hectómetros máximos a lo largo de todo el año, y no en agosto.

Primitivo Gómez indica a renglón seguido que aún no hay nada sobre la mesa. «Hay muchos globos sonda y hemos llamado a la Confederación Hidrográfica del Tajo para expresar nuestro malestar y que nos aclare la situación». Añade que el agua de Valdecañas es de mala calidad porque recoge los residuos de Madrid, por lo que una extracción acentuaría ese estado. Advierte de que van a tomar medidas ante la posibilidad de que el estudio que se ha encargado sea favorable al trasvase. Opina que hay otras regiones, como Castilla-La Mancha y Madrid que también deben ser consultadas.

A su juicio, el Trasvase del Ebro no tenía que haber sido derogado. «Al menos, se tenían que haber calculado mejor las medidas alternativas. El Gobierno ha actuado a ciegas». Primitivo Gómez recuerda que la cuenca del Segura cuenta con desaladoras, aunque desconoce los resultados que están ofreciendo. Por principio, su comunidad rechaza los trasvases.

«Nuestros regadíos se montaron como compensación al Trasvase Tajo-Segura. Su desarrollo aún no ha acabado». Alude a la situación de la cabecera del Tajo. «La Alcarria, de donde parte del Tajo-Segura, sigue siendo una de las zonas más deprimidas de España. Si se queda sin agua, se corta el desarrollo».

Un portavoz del Gobierno de Extremadura resalta el criterio de su presidente, el socialista Guillermo Fernández Vara, «de hablar de todo». «A eso no nos negamos nunca. Los ríos no se pueden trocear. Hemos encargado los estudios porque, en el caso de que algún día se plantee un trasvase desde Extremadura, queremos tener un conocimiento previo de la situación para no ir a ciegas», explica.

Recuerda de dichos informes no conllevan ninguna toma de decisión. «Servirán para fundamentar nuestro apoyo o rechazo a ese trasvase, ya que primero deben quedar aseguradas nuestras necesidades para los próximos 50 años. Hoy puede haber excedentes, pero mañana no. Es un asunto delicado y queremos tener la mayor certeza», añade.

El Diario Oficial de Extremadura adjudicó el pasado día 19 los estudios sobre este hipotético trasvase a dos empresas de ingeniería, que ofrecerán sus resultados en nueve meses.

Al igual que existe la Tubería Manchega, como insiste en llamar el Gobierno de José María Barreda al trasvase Tajo-Guadiana, puede construirse otra tubería desde el otro extremo de la cuenca, mucho más abundante en recursos hídricos, opinan fuentes del Ministerio de Medio Ambiente.

El presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO), Francisco Belmonte, ha agradecido a la Junta de Comunidades la Placa al Mérito Regional que les ha otorgado pero cree que «sobran reconocimientos y actos y faltan hechos».

«Yo preferiría que, en vez de darme la placa, mi Gobierno regional me diera otros apoyos que estamos solicitando y de los que, de momento, no estamos teniendo contestación», se sinceró Belmonte en una entrevista con Efe con motivo de la entrega de distinciones en el Día de la Región.

Belmonte explicó que hace dos meses se reunió con el presidente de la Junta, José María Barreda, para plantearle «lo que para mí es parte de la solución de los problemas del mundo rural en general, ya no sólo de los regantes».

Apuntó que se refiere a que de la riqueza que generan las energías renovables «se beneficie el mundo rural» y no que «se la regalemos a grandes empresas que, además, pagan los impuestos fuera de la región y a media docenita de empresarios locales afines».

Lamentó que todavía está «esperando» una respuesta y añade que «el presidente me dijo que nos reuniríamos y hasta ahora», por lo que afirmó contundente que «entonces, yo cambio la placa por eso y con muchísimo gusto, además».

Consideró que, con las producciones de energías renovables, «los ayuntamientos, con deficiencias enormes actuales, también podrían tener unos fondos importantísimos, podrían mejorar los servicios de los pueblos y la gente no se iría de ellos, porque en los pueblos, con buenos servicios, se vive mejor que en la ciudad».

Destacó que, a la hora de abordar estas medidas que proponen, «los políticos tendrán que demostrar que les preocupamos y que les importamos».

Cuestionado qué esperaba del proceso del Plan de Revisión del Júcar, que es uno de los temas que más preocupan a los regantes y usuarios asociados en la JCRMO, Belmonte lamentó que «ya no esperamos nada, ya sé desde hace tiempo que no iba a haber plan hidrológico en esta legislatura; hace poco ya me lo confirmaron».

Reconoció que «cuando me enteré estuve a punto de marcharme, porque yo volví para eso, para revisar el Plan Hidrológico del 97, porque yo participé en su redacción y parecía lógico que los mismos que lo hicimos lo revisáramos».

Añadió que, sin embargo, «resulta que he vuelto para revisar el plan y no hay plan, aunque seguimos manteniendo reuniones», y asegura que «yo ya le he dicho al presidente que a más reuniones de “paripés” no voy».

Se mostró tajante al afirmar que «cuando haya un borrador de Plan Hidrológico encima de la mesa me sentaré a negociarlo y a discutirlo, como hice en el 95 y en el 96, que aquello no fue cosa de un día, tardamos dos años en llegar a un acuerdo, pero es que ahora no hay nada».

Belmonte criticó que «no hay Plan Hidrológico y, es más, ante la debilidad del Gobierno central, Valencia y Murcia se han envalentonado y están mucho peor que estaban en el 94/95».

Añadió que «en España, afortunadamente, tenemos una legislación de aguas bastante completa y se trata de respetar la ley de aguas y la constitución cuando se refiera al asunto, y las sentencias de los tribunales».

Por eso, recordó que «cuando me preguntaron cómo quería que fuera el Plan del Júcar solamente dije: “a ser posible legal”, tampoco pedíamos tanto».

Y destacó que la revisión se traduce simplemente en que «se trata de juntar a las comunidades implicadas delante del Gobierno central y decir: “esto es lo que hay que hacer y hay que hacerlo legalmente”, no hay más».

Denunció que esto no está siendo posible porque «en el tema del agua nos hemos dedicado a hacer demagogia, partidismo y ruido pero no le buscamos soluciones lógicas, sensatas y legales».

Sobre el elevado precio de las tarifas eléctricas, Belmonte explicó que «el problema ya no está tanto en la subida de las tarifas, porque yo estoy dispuesto a pagar el kilowatio como todo el mundo, pero es abusivo que nos obliguen a contratar todo el año una cuota de potencia que sabemos que no vamos a utilizar doce meses, sino entre 3 y 5 meses».

«Se trata de una cuota de potencia que ha subido un 480 por ciento en año y medio y ese sí es el atraco que hacen las eléctricas a los regantes, pero que la pistola y el horario se lo da el Gobierno», sentenció.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha incidido hoy en que el PP defendió que en el Estatuto de Castilla-La Mancha «no figurase ningún tipo de reserva o de caducidad» para el trasvase Tajo-Segura, que está «garantizado» ha dicho.

Camps se ha pronunciado así en la sesión de control de Les Corts al hilo de la fusión de la Caja Mediterráneo (CAM) y después de que el portavoz de Compromís, Enric Morera, haya denunciado que «le acaban de robar una Caja», con lo que se ha perdido un instrumento financiero importante debido a la «debilidad» de un Consell «que ve conspiraciones por todas partes».

El presidente le ha recordado que hace unas semanas Morera dijo que su «debilidad» iba a hacer que la CAM se fuera a Caja Madrid, y ha considera que no está «tan débil» cuando se ha conseguido que no se vaya a Caja Madrid y se ha puesto en marcha una SIP cuyo presidente es el presidente de la CAM.

Además, ha destacado que en esa SIP el director general de la CAM «tiene la parte de la dirección general más importante», y además «es imposible que se adopte ninguna decisión dentro de ese consejo de administración si no es con el acuerdo de la propia CAM», por lo que ha aseverado que no hay «debilidad».

Camps ha manifestado que ocurrió igual con el trasvase Tajo-Segura, en el que el PP fue el que defendió que en el Estatuto de Castilla-La Mancha «no figurase ningún tipo de reserva o de caducidad» para esa conducción.

«También defendimos el Tajo-Segura, y hoy tenemos una CAM fuerte y un Tajo-Segura garantizado», ha aseverado Camps, quien ha invitado a la oposición a que «lo de la debilidad» lo busquen «donde crean conveniente». EFE