El incremento de agua en los embalses del Júcar ha sido de un 52,1% respecto a hace un año, y hay un 87,9% más de agua que la media de los últimos diez años, según el Informe Hidrológico de Tendencia que ha hecho público la Delegación del Gobierno.

El agua embalsada en el conjunto de España se ha incrementado un 33% sobre la media de los últimos 10 años, un incremento significativamente inferior del experimentado en la cuenca del Júcar, de un 87,9%.

El porcentaje de la cuenca del Júcar es el segundo mayor incremento de todas las cuencas de España, solo superado por la Cuenca del Segura, y además en la actualidad en la cuenca del Júcar, se disponen de reservas por un total de 1.885 hectómetros cúbicos (3 menos que la semana anterior).

La cifra de 1.885 hectómetros cúbicos equivale a un 56,5% total de la reserva (para uso consuntivo e hidroeléctrico), con un incremento de 646 hectómetros cúbicos respecto al año anterior.EFE

El Pleno de la Diputación de Toledo aprobó ayer, con el apoyo del PSOE y el voto en contra del PP, una moción presentada en defensa del río Tajo con motivo de la manifestación en este sentido que acogerá Talavera de la Reina el próximo sábado, 19 de junio. El portavoz provincial, José Gutiérrez, mostró el apoyo incondicional del Equipo de Gobierno de la Diputación de Toledo en esa manifestación, alegando su trascendencia para el desarrollo de la provincia y de la región, y su importancia para la industria, el turismo, la agricultura y la ganadería y los pueblos.

Por su parte, el portavoz popular Jaime Ramos se mostró contrario a apoyar esta moción al considerar que la convocatoria es «una gran farsa que solo busca el ventaja política». «El PP no va a participar en su farsa, el PP estará defendiendo al Tajo y al Alberche con el resto de la Plataforma», afirmó.

Ante estas críticas, Gutiérrez señaló que a la manifestación acudirá la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, las organizaciones empresariales, sindicatos, organizaciones agrarias, comunidades de regantes, mancomunidades, grupos de Acción Local, ayuntamientos y asociaciones de jóvenes y vecinos. Sin embargo, para el PP «el único objetivo de la moción que trae el PSOE es hacer política con el agua». «Al día siguiente del fracaso del Estatuto, les faltó tiempo para irse a Talavera a anunciar la gran movilización y el manifiesto en defensa del Tajo, que no soluciona nada pero permite ventaja electoral», dijo.

El texto aprobado defiende la solidaridad de los castellano-manchegos con las carencias en materia hídrica de otras comunidades desde 1979 siempre que se utilice para beber, «y no para mantener instalaciones de ocio y privilegio para unos pocos», según informó la Diputación en nota de prensa. Por otro lado, los organismos y asociaciones participantes en el acto denominado «Toledo Joven en Defensa del Tajo» han acordado fijar una nueva fecha para éste, tras la suspensión del mismo el pasado sábado, por la lluvia, de tal forma que el acto se celebrará el sábado, 3 de julio, a las 12 horas.

600 colectivos lo apoyan

El vicesecretario general del PSOE de

Talavera de la Reina, Miguel Perantón, señaló ayer que son más de 600 los colectivos que han mostrado su apoyo al manifiesto en defensa del agua que se leerá el próximo sábado en la concentración que ha organizado la Ejecutiva Provincial socialista en esta localidad. En un acto que tuvo lugar hoy junto al río Tajo y al que asistieron varios representantes de distintas asociaciones y colectivos de la ciudad, Perantón explicó que uno de los párrafos del manifiesto refleja la labor que hizo la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche para sacar adelante con éxito la manifestación del 20 de Junio de 2010.

En ese sentido, dijo que «se reivindica agua para nuestra región, lo que supondrá nuestro desarrollo y por eso es fundamental el apoyo de todos y todas, in

cluso de aquellas formaciones políticas que indistintamente tengan o no representación en ayuntamientos o Cortes», y valoró como «muy positiva» la adhesión de 90 colectivos de la ciudad al manifiesto.

Lapresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo ayer que Castilla-La Mancha «no puede apropiarse de ninguna manera» del agua de la Cuenca del

Tajo porque, a su entender, «el agua es algo que no es susceptible de apropiación en el territorio por el que pasa». Aguirre se pronunció así en una entrevista concedida a esRadio, recogida por Europa Press, al ser preguntada por si estaba de acuerdo con la política que el PP ha impulsado en Castilla-La Mancha en relación al agua.

Así, explicó que la línea del PP en esta materia ha consistido en la «no aprobación de un estatuto de autonomía que pretendía que Castilla-La Mancha dispusiera de 6.500 hectómetros cúbicos de agua que pertenecen por igual a Madrid que a Castilla-La Mancha». Tras manifestar que el agua para los madrileños es «fundamental», indicó que en Madrid viven 6,4 millones de personas que se «nutren» de la Cuenca del Tajo. «Por lo tanto, de ninguna manera puede Castilla-La Mancha apropiarse de la Cuenca del Tajo; es como si yo cojo el Tajo de Aranjuez y decido que el agua del Tajo es para Madrid», dijo la presidenta madrileña, quien consideró que esta opción no ha partido de María Dolores de Cospedal.

Tras reunirse con el Ministerio de Industria y con asesores de Medio Rural para tratar el Real Decreto sobre las tarifas eléctricas, las organizaciones agrarias han definido el encuentro, en declaraciones a AGROCOPE, como «regular» y «poco fructífero».

Así lo expone el director de los servicios técnicos de ASAJA, José Carlos Caballero, que tacha de «tajante» la actitud de Industria, ante el Real Decreto que regulará las tarifas eléctricas, cuyo borrador final será enviado la próxima semana a las OPAS y a la Comisión Nacional de Energía para su revisión.

En la misma línea se muestra el responsable del Departamento de Economía Agraria de COAG, Felipe Medina, que afirma que la sensación que tiene es que desde hace «dos meses se ha frenado mucho y se han producido pocos avances» en este ámbito, algo que fue transmitido durante el encuentro. 

A pesar de este aspecto, Medina considera que la prioridad, en este caso, ha sido que el texto entre en vigor cuanto antes para que pueda favorecer a los agricultores en la campaña 2010, por  eso «Industria tendrá el borrador final la próxima semana«.

Por su parte, Ignacio Senovilla, secretario de Agricultura de UPA, afirma que la demanda principal de los regantes de una contratación temporal de hasta 8 meses para que el agricultor pueda elegir los meses de riego se «cumple el Real Decreto», aunque considera «que todavía es necesaria la clarificación de algunos conceptos» en el texto.

La Unión señala que aparte de un plan de financiación insuficiente y con una dotación ridícula, con un presupuesto de auténtica miseria de apenas 36,5 millones de euros, no se conocen otras medidas emprendidas ya para paliar la más grave crisis por la que atraviesan los agricultores y ganaderos en los últimos tiempos. El plan de choque sólo se ha concretado al final en bonificar avales a nuevos préstamos, la ampliación del periodo de amortización de los préstamos para los ganaderos suscritos con anterioridad y la carencia especial de dos años para préstamos de las ayudas para la modernización y mejora de las explotaciones y a las primeras instalaciones de jóvenes. 

Por ejemplo, el sector no dispone aún de un gasóleo agrícola profesional pese a las promesas, las reducciones fiscales aprobadas han sido básicamente para adversidades climatológicas como sucede todos los años y las tarifas eléctricas son más caras ya en pleno periodo de riegos.

La Unión cuestiona el silencio y la connivencia del resto de organizaciones profesionales agrarias y cooperativas que se sientan a negociar con el Gobierno a través de numerosas reuniones que han servido para poco; ‘más preocupadas al parecer por salvar su sillón e ingresos, por salir bien en la foto, que por defender los intereses de los agricultores y ganaderos’.

La Unión destaca que el escaso apoyo mostrado desde el Gobierno Central hacia el sector agrario contrasta con el fuerte respaldo que han recibido otros sectores económicos, como los más de 13.000 millones de euros que se han asignado para las distintas fases del Plan E o los apoyos que se han dado a sectores como el automovilístico a través de distintas líneas de ayudas.

La Unión pide a las diferentes Administraciones Públicas que hagan un esfuerzo real de apoyo a las miles de explotaciones agrícolas y ganaderas que se encuentran al borde del cierre como consecuencia de una alarmante falta de rentabilidad que, además, les está llevando a un endeudamiento continuado. En este sentido, es básico que se articulen las ayudas directas que el sistema de minimis permite, tal y como ya están haciendo una parte importante de los países de la Unión Europea pero que aquí se niegan a las mismas.

El profesor del Instituto Federal de Investigación Agrícola (FAL) de Brunswick (Alemania), Werner Kleinhanss, ha asegurado en su intervención que el nuevo marco financiero de la PAC estará condicionado por restricciones presupuestarias «relevantes». Kleinhanss ha explicado que hay «cargas financieras adicionales» que condicionarán el debate, como las ayudas de rescate a Grecia o el gasto para estabilizar el euro, que han costado 150.000 millones a Alemania -primer contribuyente neto-, y que existe escasa legitimación de los pagos únicos ligados a derechos históricos. Ha apuntado, por tanto, «algunas razones» para que se produzcan cambios presupuestarios, un «ajuste» de la PAC o «quizás una reforma importante». Según ha precisado, algunas corrientes liberales defienden que la PAC debe ser «reformada totalmente» y que países como Holanda abogan por una «salida progresiva» de los pagos directos en favor de ayudas «compatibles con el mercado», mientras que otros expertos franceses defienden «pagos contractuales». Un estudio encargado por el Parlamento Europeo, del que Kleinhanss es coautor, plantea un sistema «por etapas» que se inicia con un período de pagos transitorios para mejorar la renta de los productores, con cofinanciación obligatoria de los Estados. En una segunda fase, se pasaría a un sistema de pagos por la provisión de «bienes públicos» a través de unos contratos «sencillos, limitados en el tiempo y no transferibles», que podrían suscribir tanto agricultores como otros agentes y que les compensaría por su trabajo y por el cuidado del medio ambiente. En su alocución, se ha mostrado partidario de la cofinanciación en un porcentaje de entre el 25 y el 30 por ciento de las ayudas de la PAC, porque, en su opinión, existe el riesgo de «mala gestión» o decisiones «equivocadas» si la mayor parte de las inversiones las sufraga la Unión Europea. Kleinhanss ha afirmado que su apuesta personal pasaría por reducir en dos tercios el presupuesto del primer pilar, con un «pago básico» a los agricultores; una tercera parte se transferiría al segundo pilar, y un tercio se «sacaría del presupuesto agrícola» y se «ahorraría» para dedicarlas a otras actividades. Ha advertido, además, sobre otros aspectos negativos para el campo europeo, derivados de las políticas bionergéticas en la UE y EE.UU porque producirán «grandes variaciones» de precios agrarios y «un enorme impacto» sobre las cotizaciones de la tierra. Por su parte, el profesor de la Universidad de Córdoba José Emilio Guerrero Ginel ha explicado ante la Comisión Mixta que este debate está marcado por la crisis económica y financiera, la participación de más países en la UE y un recorte presupuestario que «cambiará las formas de hacer políticas públicas» y «obligará a repensar muchas cosas». Sobre la renacionalización o cofinanciación de la PAC, Guerrero ha defendido que existan «reglas comunes», pero que los Estados, regiones y municipios tienen «el deber y la oportunidad» de enfatizar algunas medidas en función de la singularidad de sus territorios. «Ese traje a la medida, probablemente tenga que ser cofinanciado», ha reconocido. Se ha mostrado partidario, además, de alcanzar «una nueva PAC» con una «reorientación» y «nuevas reglas» para responder a retos como la seguridad alimentaria, volatilidad de precios, mejora de la cadena de valor o el cambio climático. Ha defendido un «tránsito» de la PAC que implique un cambio «realmente importante» desde las políticas basadas en la oferta y la demanda hacia otras que apoyen los denominados «contratos territoriales». Los «pagos por objetivos» cobrarán más importancia, según Guerrero, en un escenario donde «lo superfluo se quitará» y se mirará más la legitimidad y la eficacia de las ayudas. Como factores positivos, Guerrero ha asegurado que la UE cuenta con un comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, «muy agrícola y muy de desarrollo rural», que defiende que la PAC es clave para la integración europea, el empleo, el crecimiento sostenible y la lucha contra el cambio climático. Ha recordado, además, que el Consejo Europeo de Primavera mostró la unanimidad de apoyar una PAC que contribuya a conseguir los objetivos de Estrategia de la UE 2020 y que la opinión pública europea, según los datos del último Eurobarómetro, apoya en un 83 por ciento la continuidad de las ayudas agrarias.

Ha puesto en marcha todas las medidas prometidas incluida la modificación de las tarifas eléctricas, para las que ha creado un RD que hoy ultiman OPAS, cooperativas e Industria. El problema, que las «peticiones se han ampliado», defiende Espinosa.

La ministra de Medio Rural, Elena Espinosa, defendió ayer en el Pleno del Congreso que el Gobierno ya ha puesto en marcha «prácticamente todas las medidas» que contemplaba el Plan de Choque de Zapatero del pasado mes de diciembre. Sin embargo, aclaró, el número de peticiones se «ha ampliado en este tiempo» y las «características de estas nuevas demandas nos exigen seguir trabajando por la viabilidad y el futuro del sector agrario».

También, aseguró, que ha cumplido con la petición de modificar las tarifas eléctricas para los regantes, para las que el Ministerio de Industria ha elaborado un Real Decreto sobre el que «quedan pequeñas alegaciones por resolver». Precisamente, según añadió, esta mediodía, a las 13:30 pm, está prevista una reunión entre las organizaciones agrarias, cooperativas y el ministerio de Industria.

En su disertación sobre los logros del MARM en política agraria, Espinosa recordó que España ha conseguido en su presidencia de turno de la Unión Europea, incluir la Política Agraria Común (PAC) en la Estrategia 2020.

Asimismo está llevando a cabo campañas de publicidad institucional en el sector agroalimentario, así como asuntos que implican a varios ministerios, «que tienen con horizonte de trabajo mucho más largo». En este sentido, recordó la creación del Grupo Interministerial sobre el sector agroalimentario (GISA), que «se reúne con asiduidad».

Además, añadió «estamos mejorando» en temas de fiscalidad, como demuestra la publicación de la Orden de módulos y «hemos llevado» a Europa las prácticas desleales o abusivas en la cadena alimentaria «que están siendo estudiadas conjuntamente, y a propuesta de España, por Agricultura y Competencia de la UE y que necesitan un espacio más dilatado de tiempo para su puesta en marcha«.

El pleno de las Cortes aprobará el jueves una resolución para dejar claro que Castilla-La Mancha tiene prioridad sobre la cuenca del Júcar, en contra de las pretensiones de la Comunidad Valenciana, que no delimita claramente la cuenca.

El portavoz socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Molina, ha explicado hoy que el texto que se apruebe se trasladará al Gobierno central a modo de alegaciones a la revisión del plan hidrológico de la cuenca del Júcar, cuyo plazo acaba el día 18.

Las alegaciones van dirigidas a dejar constancia de la prioridad de Castilla-La Mancha sobre otras poblaciones que están fuera de la cuenca, ha explicado el portavoz socialista, que se ha referido al abastecimiento a Valencia, Sagunto o los regadíos del Turia y Vinalopó.

También piden los socialistas de Castilla-La Mancha que Valencia acometa la modernización de regadíos, que liberarían 120 hectómetros cúbicos para uso de Castilla-La Mancha y poder usarlos, por ejemplo, en los regadíos de La Mancha Oriental y así sustituir los bombeos.

Castilla-La Mancha «no va a consentir» un plan hidrológico del Júcar que no asegure que la región tiene «prioridad» en el uso del agua del Júcar y «esa prioridad tiene que quedar perfectamente recogida en el texto del plan», ha dicho el portavoz socialista.

La resolución será presentada por el Grupo Socialista en el pleno del jueves mediante debate general.EFE.

El incremento del agua en los embalses del Júcar ha sido de un 50,4 por ciento respecto a hace un año, y un un 85,5 por ciento más de agua que la media de los últimos diez años, según el informe hidrológico de tendencias que ha hecho público la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Según fuentes de la Confederación, la reserva de agua sigue aumentando y el agua embalsada en el conjunto de España se ha incrementado un 31,3 por ciento sobre la media de los últimos diez años.

La cuenca del Júcar dispone en la actualidad de una reservas de 1.888 hectómetros cúbicos de agua, 6 hectómetros menos que la semana anterior, lo que supone el 56,6 por ciento de su capacidad total, y una cifra que supera en 633 hectómetros cúbicos la cantidad embalsada el año anterior.

La reserva del Júcar ha aumentando en 31 puntos respecto a hace dos años y según la media de los últimos cinco años el aumento ha sido de 28,9 puntos, una cifra superior al promedio de la última década que es de 26,2 puntos. EFE

El ex presidente del Gobierno de España José María Aznar ha considerado hoy que la derogación del trasvase del Ebro del Plan Hidrológico Nacional (PHN) por el PSOE, en 2004, fue un hecho «absolutamente imperdonable desde el punto de vista histórico en España».

Las manifestaciones de Aznar se han producido en un acto de Nuevas Generaciones del PP celebrado en Lorca para conmemorar el XXX aniversario de esta formación, al que han asistido 3.200 personas, entre ellas el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y diversos diputados y senadores populares.

El ex presidente del Gobierno ha dicho que el PHN, en el que se incluía el trasvase del Ebro al Segura, era «un proyecto de solidaridad» y también «una obra de justicia».

A su juicio, este trasvase «repartía el agua para todos, muy buenas condiciones», al tiempo que ha lamentado que el Gobierno socialista cancelara este proyecto, pese a que las obras ya se habían iniciado y contaban con financiación.