El Gobierno regional consensuará su postura sobre el futuro plan hidrológico de la cuenca Júcar con los usuarios y agentes sociales implicados, según dijo el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, en una reunión mantenida en Albacete con los regantes del Júcar.

Pingarrón, en declaraciones a la prensa tras esta reunión, subrayó que el objetivo del encuentro era establecer los criterios que debe contener el plan. Recordó que actualmente están en proceso de revisión los planes hidrológicos y calificó estos procesos de «muy importantes», ya que, «el resultado será crucial y determinante para los intereses de Castilla-La Mancha, en la medida que condicionará nuestro futuro y nuestra posición en materia hidráulica».

El consejero destacó que uno de los temas fundamentales que deben abordarse en el seno de este proceso de revisión es la elaboración de las normas de explotación en el sistema Júcar, y que una vez elaboradas y aprobadas es necesario que se cumplan.

Además, recordó que el proceso de revisión de los planes coincide con la aplicación de la Directiva Marco del Agua que ha supuesto un cambio en la forma de abordar la planificación hidrológica derivada de la necesidad de proteger, a largo plazo, las masas de agua a través de una gestión sostenible, asegurando el mantenimiento de los caudales ambientales.

Destacó que resulta «fundamental» elaborar el balance de recursos y demandas de la cuenca hidrográfica del Júcar «para ver si los recursos generados son suficientes para cubrir las demandas de la propia cuenca hidrográfica y qué sobrantes hay para atender las demandas de otros usos»

LOS acuíferos del Vinalopó siguen sobreexplotados. Nuestro déficit es estructural, y necesita de aportaciones externas como las del Júcar-Vinalopó, que después de casi 600 años está a punto de convertirse, como obra, en realidad. En breve tendremos una hermosa tubería que celebrar. Pero una tubería no soluciona el problema, la solución es la aportación de caudales, y todavía siguen pendientes de aclararse los tres temas básicos avalados por la última sentencia de la Audiencia Nacional: volumen, calidad y precio.

Sabemos que como máximo se van a trasvasar 80 Hm3 pero necesitamos unas Normas de explotación que pongan negro sobre blanco cómo y cuándo, con el máximo respeto a los actuales usos del Júcar. Desgraciadamente, nadie tiene prisa en confeccionar estas Normas. Respecto a la calidad, a pesar de minoritarios colectivos antitrasvasistas, el agua debe poder destinarse a regadío, abastecimiento e industria. Dependiendo del tratamiento que haya que realizar, sumándole los hasta cuatro bombeos que tiene el nuevo trasvase, obtendremos el precio final del metro cúbico. Seguro que el regadío no puede pagar el precio real; la duda es si con la compensación del precio del abastecimiento se alcanzará el equilibrio o será necesario implicar a la Administración.

Sea como fuere, no tenemos tiempo que perder. Exigimos la coordinación entre todas las Administraciones: el Ministerio de Medio Ambiente y la Conselleria. El agua no va a preguntar en qué lugar del tubo se encuentra, ni qué administración es la que lo hizo o dejó de hacer. Los administrados necesitamos el agua y la administración, toda, tiene la obligación de coordinarse para que así sea. Afortunadamente ahora existe un sólido puente de diálogo gracias a dos administradores con altas miras, Josep Puxeu y el desgraciadamente desaparecido José Ramón García Antón. Sus altas y nobles miras, continuadas desde la Generalitat por Juan Cotino, hacen posible que se vaya avanzando. Somos de Alicante y tenemos la fama de mirar hacia adelante. Damos gracias porque en breve contaremos con una tubería y seguiremos trabajando para conseguir llenarla de agua.

LA UNIÓ insta a los grupos parlamentarios del Congreso a aprovechar el proceso de reforma que han iniciado del actual Código Penal para cambiar la tipificación de los delitos en el campo, puesto que ahora se deja en la indefensión más absoluta a los agricultores y ganaderos. En este sentido, ha remitido un detallado informe a todos los grupos para que se tengan en cuenta las demandas del sector agrario valenciano a este respecto.

El Congreso de los Diputados acaba de constituir la ponencia de la Comisión de Justicia encargada de la reforma del Código Penal, cuya intención es concluir el trámite parlamentario antes de julio. Esta reforma se centra fundamentalmente en el endurecimiento de las penas a los terroristas, la creación del delito de piratería y permitir que las personas jurídicas asuman responsabilidades penales; pero se olvida de la gravedad de los robos para el sector agrario muy castigado ya por los bajos precios que se perciben.

LA UNIÓ denuncia que en la actualidad la mayoría de los robos de cosechas, pozos y motores de riego, cobre, etc., que se cometen en el campo son considerados por el actual Código Penal como una mera falta de hurto que únicamente se castiga con una pequeña multa. Para que la sustracción en el campo merezca la consideración de delito de hurto, castigado con penas de prisión de uno a tres años, el valor de lo sustraído tendría que superar la cantidad de 400 euros. Por tanto, se pueden robar varias toneladas de productos agrícolas o el cobre de los motores de riego para al final quedar impunes tras pagar una pequeña multa administrativa, o ni tan siquiera eso.

El actual Código Penal califica como falta, y no delito, cualquier robo cuyo valor no exceda de la cantidad de 400 euros, lo que supone en la práctica una indemnización equivalente a lo sustraído con pena de 4 a 12 días o multa de uno a dos meses. Lo que sucede al final es que “los amigos de lo ajeno” se declaran insolventes para indemnizar por las cantidades sustraídas. En cuanto a la pena, cada día de multa se sanciona con entre 3 y 300 euros pero lo cierto es que se suele fijar una cantidad de entre cuatro y seis euros por día. Una multa por un mes saldría al infractor por una módica cantidad e incluso se le ofrecen facilidades para aplazar y fraccionar el pago.

El Código Penal tampoco castiga la reincidencia en el campo y de este modo un presunto delincuente podría cometer en el plazo de un año hasta cuatro robos y ser tipificado no obstante sólo como una falta siempre que la cuantía económica no supere esa cantidad de 400 euros. La picaresca por tanto funciona y esa cantidad actúa como apoyo para seguir reincidiendo.

Josep Botella, Secretario General de LA UNIÓ, cree que “es el momento oportuno para modificar el Código Penal por lo que se refiere a los robos de cosechas, porque lo que ahora tenemos nos deja en la más absoluta indefensión a los agricultores”.

La reunión en Madrid entre representantes del ministerio y de las organizaciones agrarias para hablar sobre las "tarifas eléctricas y los costes energéticos", dentro del plan de choque en favor del sector agrícola ha sido "muy positiva y ha avanzado bastante bien", según Puxeu.

Dentro de las medidas del plan de choque del Gobierno para ayudar al sector agrario a recuperarse de la crisis, está pendiente aún la mejora de tarifas eléctricas.

Por otro lado, Puxeu ha resaltado que el próximo jueves se firman actuaciones en el ámbito del desarrollo rural, con la presencia de bancos y cajas de ahorros.

Además, ha señalado, el Ministerio se reunirá este miércoles con representantes del sector del vino, con el que comenzará una serie de citas sectoriales, también en el contexto de ese plan de choque.

Puxeu ha intervenido hoy en el III Foro Europeo para la Agricultura, organizado por la asociación que agrupa a propietarios europeos de explotaciones agrarias (ELO, en sus siglas en inglés).

En este Foro, los participantes han debatido cómo se debe adaptar la agricultura a los nuevos retos de la sociedad y al cambio climático.

Entre los desafíos, Puxeu ha enumerado la seguridad alimentaria, la mejora de la competitividad, el agua, el avance en las tecnologías y el reto de mantener una política activa para preservar los suelos.

Asimismo, ha abogado por "despejar las incógnitas" sobre lo que ocurrirá con la Política Agrícola Común (PAC) más allá de 2013 (año en que acaba el actual presupuesto comunitario).

"Esos retos son afrontables por el sector siempre que haya voluntad y políticas activas", ha agregado Puxeu.EFE

En un comunicado, la edil popular se ha pronunciado así respecto a la elaboración del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar y ha defendido la creación de un "frente común" para reivindicar el uso del río.

"Desde el Ayuntamiento de Valencia no podemos permitir estos planteamientos, que son del todo inadmisibles y antidemocráticos y por tanto, creemos que es necesario crear un frente común para defender y reivindicar nuestro uso del río Júcar", ha afirmado.

Según ha explicado Ramón-Llin, el plan contempla, entre otras medidas, la apropiación de la práctica totalidad de los recursos hídricos del Júcar por parte de Castilla-La Mancha, además de una reducción de los caudales disponibles para los regantes valencianos.

Igualmente, ha resaltado que "propone un planteamiento excluyente contra el Parque Natural de La Albufera o el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Valencia".

En este sentido, ha anunciado que el Ayuntamiento de Valencia requerirá a la CHJ la necesidad de mantener el ámbito actual del Sistema Júcar, "el cual no es un capricho, sino consecuencia de la unidad hidrogeológica de la zona baja del Júcar".

"Todos sabemos que cuando el Júcar se desborda, sus aguas llegan al mar a través de La Albufera y que el lago recibe aportes freáticos del río, el agua de los "Ullals" proviene del Júcar y sin sus aguas, se provocaría un desastre ecológico sin precedentes", ha advertido.

Asimismo, la concejala ha recordado que el ámbito del Júcar alcanza poblaciones como Torrent o Silla, al norte de La Albufera, la cual es propiedad patrimonial del Ayuntamiento y por tanto, abarca quince municipios del Área Metropolitana, incluida una franja de diez kilómetros del sur del término municipal de la ciudad.

Ha recordado que pedanías como Perelló, Perellonet, Palmar o El Saler están íntegramente en el Sistema Júcar, por lo que "bajo ningún concepto se puede calificar como ‘trasvase entre cuencas’ la infraestructura del Canal Júcar Turia".

"Las aguas del Júcar en él se transportan dando suministro a zonas del propio Sistema Júcar tanto para riegos como para suministro de agua potable a la tercera área metropolitana de España", ha argumentado al respecto. EFE

El informe "Agua y empleo: El trasvase del Ebro", dirigido por el profesor de la Universidad de Alicante Joaquín Melgarejo, ha sido realizado mediante un convenio suscrito por la patronal autonómica valenciana Cierval y la Fundación Agua y Progreso.

El estudio, que ha tenido un coste de 25.000 euros, será trasladado al Gobierno central y a los grupos parlamentarios de las Cortes y también a las comunidades autónomas referidas al tratarse de un análisis sufragado con fondos públicos valencianos, según ha indicado el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, que ha participado en la presentación.

La realización del proyecto "habría suavizado notablemente las consecuencias de la crisis económica sobre el mercado de trabajo autonómico -valenciano-" ya que habría conllevado un total de 233.580 empleos, 60.000 de ellos procedentes de la ejecución del trasvase, otros 29.580 en la agricultura y 144.000 en la industria y los servicios generados.

Ello supone el 45% de los puestos de trabajo totales que habría supuesto el trasvase, según Melgarejo, que ha explicado que las estimaciones de datos del informe se han hecho a partir de extrapolaciones de fuentes oficiales.

De los 514.135 empleos generados por el trasvase en el conjunto de las comunidades de su ámbito de cobertura, 85.092 corresponden a la ejecución de la obra, 345.604 a industria y servicios y 83.440 a agricultura.

Por demarcaciones hidrográficas, los empleos generados con los recursos del trasvase en los sectores del agua, industrial y de servicios habrían sido de 113.530 puestos en la del Júcar; de 62.721 en la del Segura; y de 169.353 en la de Cataluña.

El sector industrial habría recibido el 59% de esos empleos, los servicios el 40,5% y el sector del agua el 0,5%.

De los 29.580 empleos estimados para el sector agrícola en la Comunitat Valenciana, algo más de 4.000 corresponde a cultivos hortícolas, 313 a cultivos ornamentales, 1.900 a otros cultivos herbáceos, 12.900 a cítricos y 10.300 a frutales.

En Murcia, los 42.668 empleos agrícolas se distribuirían en 15.000 para cultivos hortícolas, otros 15.000 para frutales, 10.000 para cítricos, 2.000 para cultivos herbáceos y 200 para ornamentales.

En Almería la creación de empleo agrícola habría supuesto 11.190 puestos, de los que 8.700 habrían sido en cultivos hortícolas y 1.500 en frutales.

El estudio detalla el aumento del empleo agrario en las cuencas receptoras si se hubiera realizado el trasvase y, así, adjudica un crecimiento del 4,6% en la Comunitat Valenciana, del 18,4% en Murcia y del 33,9% en Almería.

Melgarejo ha manifestado que la falta de agua puede contraer la actividad productiva en territorios "de gran dinamismo" como el litoral mediterráneo.

El presidente de la patronal valenciana, Rafael Ferrando, ha defendido una red mallada de cuencas españolas como ocurre con la red eléctrica, idea en la que ha coincidido el conseller tras asegurar que el agua sobrante del Ebro "enriquece a mucha gente y genera empleo". EFE im/jc/br

En una reunión presidida por la ministra Elena Espinosa El MARM y las organizaciones agrarias alcanzan un acuerdo para la financiación del sector agrario

Según ha señalado el Subsecretario del MARM, Santiago Menéndez de Luarca, supondrán una inyección de liquidez para agricultores y ganaderos próxima a los 2.400 millones de euros.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha alcanzado un acuerdo con las Organizaciones Profesionales y Cooperativas Agrarias para la financiación del sector agrario, en el transcurso de una reunión celebrada este jueves y presidida por la ministra Elena Espinosa.

Según ha señalado el Subsecretario del MARM, Santiago Menéndez de Luarca, al término del encuentro, las medidas que el MARM va a poner en marcha mediante una Orden Ministerial de próxima publicación en el BOE suponen una inyección de liquidez para el sector agrario de cerca de 2.400 millones de euros.

Las medidas suponen la participación del MARM en la línea ICO liquidez con la que se aportarán 1.300 millones de euros, así como a través del Convenio con SAECA, la prórroga del Plan de Estimulo a la Inversión o la moratoria de 2 años en la Línea de Poyo al sector ganadero 2008-2015.

En el encuentro también se han acordado medidas relativas al apoyo a la exportación del sector agroganadero y de representatividad.

En un pleno de las Cortes regionales, Soriano ha preguntado al Gobierno de dónde obtiene datos de que las perspectivas son favorables para la agricultura este año, como ha dicho el consejero.

Martínez Guijarro, entre otras fuentes, le ha citado un informe de la Fundación Ceca que prevé un aumento del 1,8 por ciento en 2010 para el sector agroalimentario de Castilla-La Mancha.

El consejero ha dicho que se basa también en datos de los mercados agroalimentarios internacionales y en la mejora de las condiciones financieras.

Soriano, en cambio, cree que existe demasiada volatilidad en los mercados, lo que no augura nada bueno este 2010.

También Martínez Guijarro y Soriano han tenido una disputa sobre la interpretación del mensaje expresado este miércoles por los líderes regionales de organizaciones del sector (Asaja, Ucaman, UPA y Coag-IR).

Según la diputada del PP dijeron que el Gobierno regional «no está haciendo nada».

Y según el consejero, lo que dejaron de manifiesto es su «confianza» en el presidente de la Junta, José María Barreda, porque le ven «capaz de conseguir» avances para la agricultura regional frente al Gobierno de España.

Según fuentes de la Delegación del Gobierno, estos datos se desprenden del informe hidrológico de tendencia que analiza a día de hoy la situación de las reservas de agua en la cuenca del Júcar.

El agua embalsada en la actualidad en el conjunto de España se ha incrementado un 27,1 por ciento sobre la media de los últimos diez años, un aumento «significativamente inferior» -casi 2,4 veces menos- al 64 por ciento registrado en la Cuenca del Júcar.

Ese porcentaje referente al Júcar es el tercer mayor incremento de todas las cuencas de España, sólo superado por la Cuenca Mediterránea Andaluza (168,1) y la del Segura (418,6).

Además, la Cuenca del Júcar dispone de reservas de agua embalsada que suman 1.443 hectómetros cúbicos, cifra equivalente a un 43,3 por ciento total de la reserva -uso consuntivo más hidroeléctrico- con un incremento de 279 hectómetros cúbicos respecto del año anterior.

Expertos internacionales debatirán hoy y el viernes en Madrid sobre las herramientas disponibles en Europa para prevenir y mitigar las situaciones de carestía de agua en un escenario de clima cambiante en la ‘Conferencia Internacional sobre Escasez de Agua y Sequía: El camino hacia la adaptación al cambio climático».

   Además, las conclusiones que se extraigan de este encuentro internacional, que será inaugurado por la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, en el Palacio de Congresos de Madrid, serán remitidas al Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea.

   España es ‘co-líder’ del Grupo de expertos sobre Escasez de Agua y Sequías de la Estrategia Común de Implantación de la Directiva Marco de Agua y, aprovechando la «oportunidad» de la Presidencia española de la Unión Europea, quiere promover este foro de encuentro de expertos en la gestión del agua a nivel internacional, en el que se tratará de dar respuesta a las principales cuestiones sobre los posibles modelos de gestión de la sequía y de la escasez de agua.

   Las proyecciones del cambio climático prevén un descenso de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas en áreas tradicionalmente afectadas por escasez de agua, por lo que es de prever que el cambio climático aumente la intensidad y la frecuencia de estos episodios, así como las regiones afectadas por ellos.

   El ministerio que dirige Elena Espinosa, considera también que ante el reto del cambio climático y la sequía, es «de vital importancia» favorecer el desarrollo de una estrategia que proporcione las «herramientas necesarias» para evolucionar desde un sistema de gestión de crisis, centrado en la reacción inmediata ante las necesidades de un periodo de sequías, hacia una metodología basada en la prevención planificada de los períodos de escasez de agua y sequías.

     A ese respecto, los objetivos de esta Conferencia Internacional pasan por dar a conocer las principales consecuencias del cambio climático en relación con la disminución de los recursos hídricos y fomentar la inclusión de los conceptos de «prevención» de la escasez de agua y sequías en la planificación habitual de los recursos hídricos, apoyando la implantación de sistemas de indicadores y el desarrollo de planes de gestión y mapas de riesgos.

   Finalmente, con este encuentro se busca promover «soluciones alternativas o complementarias» para el ahorro de agua, sobre todo en situaciones de déficit hídrico; presentar las herramientas, metodologías y técnicas más innovadoras para promover el ahorro del agua; abordar los impactos ambientales, económicos y sociales de la escasez de agua; promover el uso racional del agua en el sector agrario; e identificar las mejores prácticas en la gestión de la sequía en el mundo.