Castilla-La Mancha es la segunda región más perjudicada por la desaparición de las tarifas especiales para regadío y el consiguiente encarecimiento de la factura eléctrica, según un estudio realizado por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore).

El estudio -hecho público a raíz de la manifestación contra la subida de las tarifas eléctricas que tendrá lugar el próximo sábado en Madrid- revela que las regiones que han transformado en mayor medida sus explotaciones hacia sistemas de riego más eficientes (aspersión y goteo) son las más afectadas por la nueva normativa.

En la actualidad, Castilla-La Mancha cuenta con 482.660 hectáreas de superficie regada (el 14,3% del total de la superficie regada nacional), de las que un 56,8% son abastecidas con sistemas de riego por aspersión que si bien permiten un mayor ahorro de agua, exigen también un mayor consumo energético.

El estudio muestra que el encarecimiento de las tarifas eléctricas puede frenar el proceso de modernización de regadíos e incluso provocar el cambio hacia otros cultivos que exijan menor consumo de agua y, por tanto, de energía. EFE

La Comisión de Agua de las Cortes regionales dio luz verde ayer al dictamen sobre el Proyecto de Ley por el que se crea la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.

PSOE y PP han alcanzado un «volumen importante de acuerdo», pero finalmente los populares decidieron mantener vivas ocho de las 34 enmiendas que inicialmente habían presentado.

En declaraciones a Europa Press, el diputado socialista José Molina, que será el diputado encargado de defender el dictamen en el Pleno de las Cortes, aseguró tener la «impresión» de que el Partido Popular ha querido mantener vivas estas ocho enmiendas porque no quiere dar la idea de que en Castilla-La Mancha se pueden alcanzar acuerdos.

Según indicó, la mayoría de las enmiendas presentadas por el PP no cuestionaban el objeto de la ley, «que es crear el germen, el embrión de la administración hidráulica de Castilla-La Mancha». A los socialistas, apuntó, «nos parecía importante que se pudiera llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición».

Por su parte, la parlamentaria del PP María Luisa Soriano considera que las ocho enmiendas que su Grupo ha decidido mantener vivas son «fundamentales» para el Proyecto de Ley. Los populares no están de acuerdo con que la Agencia del Agua se adscriba a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, tal y como dice el texto, y por el contrario propone que se adscriba a la Vicepresidencia Primera.

Sin embargo, los socialistas consideran esto una «barbaridad» pues «no existe en otra comunidad autónoma». No obstante, al PP le preocupa mucho este asunto pues opina que es un «error bastante grave» adscribir la Agencia a la Consejería de Ordenación del Territorio.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), ha anunciado, esta mañana, que el próximo día 21 de noviembre, 40.000 regantes se manifestarán en Madrid para protestar por la «subida indiscriminada de las tarifas eléctricas para regadío».

Dice que los agricultores atraviesan una situación «crítica» motivada, entre otros factores, por el encarecimiento de las tarifas para regadío, que, según denuncia la federación, han experimentado una subida cercana al 90 por ciento en el último año, haciendo «inasumible» los gastos energéticos de los nuevos sistemas de riego de mejor consumo de agua, pero de mayor demanda energética.

Se unen así a la manifestación convocada por las principales organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través del Presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias SEIASA de la Meseta Sur, Francisco Rodríguez Mulero y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de su Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luís Martínez Guijarro, han firmado hoy un Protocolo de colaboración para la financiación y ejecución entre ambas administraciones y junto con los regantes, de futuras obras de modernización de regadíos que serán contempladas en el marco de la nueva Estrategia Nacional para la modernización sostenible de los Regadíos Horizonte 2015.

Ambas administraciones han manifestado su máxima disposición para cooperar en la financiación conjunta de los proyectos, lo que permitirá reforzar y dar un mayor alcance al desarrollo de inversiones que completen las acciones ejecutadas hasta la fecha.

Las actuaciones en materia de modernización y consolidación de regadíos que se lleven a cabo en base a este acuerdo deberán haber sido declaradas como obras de interés general por parte del Gobierno de España.

Con la modernización de las instalaciones se pretende mejorar la utilización de agua en calidad y cantidad, consiguiendo una optimización del riego y la reducción del consumo y costes en las explotaciones.

Las futuras infraestructuras contribuirán además a evitar la contaminación de acuíferos por nitratos al disminuir la cantidad de fertilizantes aplicados por una distribución controlada del abono a través del agua de riego.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de SEIASA de la Meseta Sur, ha acometido ya obras de modernización de regadíos por valor de 45,6 millones de euros en Castilla-La Mancha, modernizando una superficie de 6.422 hectáreas y beneficiando a más de 1.782 regantes. Estas actuaciones permiten un ahorro de agua estimado en 6 Hm3 al año.

Los embalses de la cuenca del río Júcar están al 29,8 por ciento de su capacidad total, lo que supone 994 hectómetros cúbicos según un informe hecho público hoy por la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Además, la reserva ha aumentado en 8,8 puntos respecto al mismo periodo de 2008, cuando los embalses se situaban al 21 por ciento de su capacidad total.

Los embalses del Júcar disponen de un 9,5 por ciento más de agua que la media de los últimos cinco años y un 9,9 por ciento más que en la media de los últimos diez años.

Hace un año, las reservas hídricas almacenaban 703 hectómetros cúbicos y ahora son 994, es decir un 41,4% más.

AVA-ASAJA denuncia el “abuso” y la “clara con­­­­­­cesión recaudatoria a las eléctricas” que supondrá la aplicación de la orden que obliga a to­­­­­das las viviendas a instalar antes del 1 de enero de 2010 los llamados ICP (los in­te­rrup­to­res que saltan y cortan el suministro cuando los aparatos enchufados superan la potencia ins­­­­talada). El conflicto está surgiendo en infinidad de ‘casas de pueblo’, con instalaciones eléc­­­­tricas antiguas cuyo BIE (Boletín de Instalación Eléctrica) no permite contratar la poten­cia requerida y que tendrían que afron­tar por ello costosas reparaciones. En caso de no mon­tarse el citado ICP en el plazo da­do, los pre­cios por ‘potencia contratada’ se dispararían entre un 600% y un 1.200%. “Es lamentable que, sin mejorar el servicio ni el bienestar de los ciu­dadanos y sólo para satisfacer el afán de negocio de las eléctricas, el Gobierno nos com­plique la vida de esta manera”, advierte el presidente de esta or­ganización agraria, Cristóbal Aguado.

Las eléctricas están remitiendo cartas a los usuarios advir­tién­­doles de que instalen di­cho dispositivo. Si no se atiende el primer requerimiento, a los 20 días tales empresas envían una segunda misiva advirtiendo que –si transcurridos otros 20 días natu­rales no se ha procedido a su colocación- modificarán unilateralmente la factu­ra­­ción. Los usuarios que pudieran verse en tal situación verían elevada la facturación de la potencia a 20 Kw, con independencia de que tuvieran contratada una potencia menor. Así, un consumidor que tu­vie­ra, porque no ne­ce­si­tara más, 3 Kw de potencia, pasaría de pagar 4,96 euros/mes a 29,7 euros (un 600% más) y alguien que tuviera 5,5 Kw asumiría esta misma cantidad por lo que antes sólo le costaba 9,09 euros/mes (+326%). “El Gobierno, con la excusa de averiguar las necesi­da­des rea­les de potencia, está provocando gastos desor­bitados a multitud de agri­cul­to­res con casas vie­jas que no necesitan instalarse más potencia. La contratación debía aten­der a la necesidades de los consumos medios reales, no aplicar los máximos para así facturar más”, denuncia Aguado.

Efectivamente, en la inmensa mayoría de los casos, la potencia instalada en estos ho­gares se sitúa entre 3 y 5 Kw y para garantizar el perfecto funcionamiento de todos los electro­­do­­mésticos en casi ningún caso se requeriría de más de 10 Kw.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Andrés del Campo, ha manifestado que la subida de dos puntos porcentuales del Impuesto sobre el Valor Añadido para julio de 2010 colocará al sector agrario en «una situación límite».

Ha recordado que, hace poco, los regantes han tenido que hacer frente a un encarecimiento en la factura de la luz motivado por la desaparición de las tarifas especiales.

Todo ello, ha advertido, pone en peligro la viabilidad del sector y los procesos de modernización en curso. Además, ha apuntado, los agricultores, al contrario que  las empresas, no compensarán la subida en la venta, ya que están supeditados al precio de mercado y no pueden repercutir la subida en el precio.

Con este panorama, FENACORE ha solicitado una reunión con la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, con el fin de aplicar un IVA reducido en el suministro eléctrico para los regadíos.

En este sentido, Del Campo ha advertido que si las conversaciones no llegan «a buen término se avecina un otoño caliente con movilizaciones generalizas en toda España».

El consejero de Ordenación del Territorio de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrón, ha dicho hoy que el «ansia devoradora de agua del Levante español no tiene límites» y, pese a que «se les han puesto plantas desalinizadoras, parece que no cubren lo suficiente».

El consejero se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa, sobre el año hidrológico que termina mañana y las peticiones de agua del trasvase Tajo-Segura que se vienen haciendo pese a que en el área mediterránea se ha registrado un cierto superávit.

El año hidrológico, que va desde el 1 de octubre de 2008 a 30 septiembre de 2009, ha registrado en España un déficit hídrico del 15 por ciento respecto al año anterior, pero con diferencias notables entre el área mediterránea, que presenta un cierto superávit, y la vertiente atlántica, con un déficit de precipitaciones que supera el 25 por ciento.

Sánchez Pingarrón ha señalado que desde Murcia y Valencia «siguen exigiendo agua del trasvase, pero tienen que tener claro que el agua del Tajo la necesita Castilla-La Mancha para crecer».

Por eso, les ha recomendado que busquen «fuentes autónomas y alternativas para abastecerse, porque el Tajo no puede abastecer como ha hecho hasta ahora la cuenca levantina, ya que se necesita para Castilla-La Mancha».

De hecho, el consejero ha dicho que las obras de abastecimiento y las inversiones que se están haciendo en la región hacen que cada vez se dependa menos de cómo sea el año hidrológico, «porque tenemos garantía de abastecimiento desde distintas fuentes».

Por ejemplo, la conexión con el sistema de Picadas de más de cuarenta municipios de Toledo; o la tubería manchega, que se encuentra en construcción y que beneficiará a 59 localidades. EFE

El responsable de la elaboración del Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001, Francisco Cabezas, ha asegurado que su derogación en 2004 por parte del Gobierno central «ha traído consigo el surgimiento de una tensión territorial por la propiedad del agua».

Según un comunicado de la Fundación Agua y Progreso, el también director del Instituto Euromediterráneo del Agua de Murcia se ha expresado hoy así durante su intervención en el seminario «Agua y Gobernanza», que organiza la Fundación junto a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Valencia.

En su ponencia, ha aseverado que «no se puede ignorar el problema de desequilibrio de los recursos hídricos; hay que resolverlo», y ha apuntado que la situación «no se resuelve con una simple tubería, sino con una adecuada y eficaz ordenación administrativa de los recursos públicos».

En este sentido, ha explicado que el PHN era «más que la simplicidad de una obra hidráulica», ya que se trataba de «un plan de ordenación jurídico administrativa para la recuperación de los equilibrios perdidos, para ordenar lo que estaba desordenado».

«El PHN se derogó sin un mecanismo alternativo, con lo que la falta de ordenación persiste hasta hoy», ha lamentado Cabezas, quien ha añadido que «esto ha provocado consecuencias que van más allá de la mera sustitución de infraestructuras».

Así, ha explicado que «actualmente hay una sensación de mutua desconfianza entre usuarios, comunidades autónomas y Estado, lo que dificulta que se alcancen acuerdos que son muy necesarios» y ha destacado «la importancia de reconsiderar la ordenación hidráulica para corregir desequilibrios».

Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat (Fecoreva), Andrés Martínez, ha destacado el papel de las entidades de gestión del regadío en la gestión del agua, que desarrollan un «juego de equilibrios» entre los diferentes intereses.

Además, el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante Antonio Manuel Rico, ha lamentado «la dejadez» del Gobierno central, «que no es capaz de ejercer una adecuada política en materia de agua». EFE

La portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, aseguró ayer que si exigir los recursos y el agua para los castellano-manchegos es «ser extremista, se puede considerar que lo somos».

Rodríguez contestó así a las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente -que el lunes dijo que se estaban empezando a superar posturas extremistas en relación al agua- y aseguró que el Gobierno regional seguirá luchando para reclamar estos derechos, aunque dijo que no busca ningún tipo de confrontación con otras regiones.

Por otro lado, Rodríguez explicó el recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto el Ejecutivo contra el convenio suscrito el pasado 27 de mayo entre la Confederación Hidrográfica del Segura y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (Scrats), sobre la explotación de 24 sondeos y el aprovechamiento para el riego del agua extraída.

Lo que dijo el TS

Entre los argumentos que baraja el Ejecutivo para interponer este nuevo recurso, se considera que el convenio no tiene en cuenta el fallo emitido por el Tribunal Supremo en enero de 2009, por el que se anulaba -a raíz de otro recurso planteado por el Gobierno regional- el Real Decreto 1265/2005 de medidas excepcionales en determinadas cuencas hidrográficas, entre ellas la del Segura, «y además que se han omitido trámites esenciales como el de información pública o informes autonómicos, entre otros».

Además, Scrats no es una administración pública y por ello no se le pueden encomendar este tipo de gestiones, a lo que se añade la «aberración» medioambiental que supone la extracción de esos 30 hectómetros cúbicos de agua. De ellos, explicó Rodríguez, unos 18 están situados en territorio de Castilla-La Mancha, concretamente en la comarca albaceteña de Hellín, donde existen zonas sostenibles que se ven afectadas por las extracciones de agua, así como en la cuenca del río Mundo.

Finalmente, lamentó que el PP «pase del Estatuto» y dijo estar sorprendida por «la dispersión geográfica de algunas que dicen que el asunto está en el Congreso de los Diputados y sin embargo pretenden solucionarlo en Valencia y Murcia», añadió.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Ana Guarinos, reprochó al presidente regional, José María Barreda, que «no levantara la voz» en el Comité Federal del PSOE del pasado sábado en defensa del Estatuto de Castilla-La Mancha.