Las reservas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han aumentado 29,88 hectómetros cúbicos durante la pasada semana, situándose en 1.161,91 hectómetros cúbicos, lo que supone un 34,72 por ciento de su capacidad total.

Según han informado hoy en un comunicado fuentes de la CHJ, de los veintisiete embalses adscritos a la Confederación, dieciséis han incrementado su capacidad, siete la han disminuido y cuatro han mantenido el mismo caudal.

El embalse que ha registrado un mayor incremento de agua ha sido el de Alarcón que ha recibido 10,56 hectómetros cúbicos y alcanza los 206,05 hectómetros cúbicos lo que supone un 18,43 por ciento de los 1.118 hectómetros cúbicos de su capacidad.

El embalse de Contreras también ha aumentado su capacidad en 5,87 hectómetros cúbicos situándose en 189,71 hectómetros cúbicos, un 22,26 por ciento de su capacidad total, mientras que el de Tous-La Ribera ha registrado un incremento de 5,71 hectómetros cúbicos y se acerca, con 168,35 hectómetros cúbicos, al 45 por ciento de su capacidad, que se sitúa en los 378,6 hectómetros cúbicos.

Otros embalses que también han visto aumentada su reserva hídrica han sido los de Benagéber con 5,13 hectómetros cúbicos que lo sitúan al 77,85 por ciento de su capacidad, seguido del de Sichar que alcanza el 91,58 por ciento de su caudal tras el aumento de 1,4 hectómetros cúbicos que lo sitúa con 162,65 hectómetros cúbicos de agua almacenados.

También han aumentado su caudal los embalses de Arenos que, con 71,13 hectómetros cúbicos, alcanza el 51,95 por ciento de su capacidad; el de El Naranjero, que ha recibido 1,08 hectómetros cúbicos de agua y el de La Muela con 0,37 hectómetros cúbicos más de reserva hídrica.

Por otro lado, el embalse que ha sufrido un mayor descenso ha sido el de Cortes II que almacena 111,17 hectómetros cúbicos, 1,92 hectómetros cúbicos menos que la semana anterior, y por delante del de El Molinar que ha perdido 0,2 hectómetros cúbicos de agua y se sitúa al 54,23 por ciento de su capacidad.

Otros embalses que han perdido caudal han sido el de María Cristina (-0,16 hm3), y el de Guadalets, Escalona y Ulldecona, que han perdido 0,01 hectómetros cúbicos cada uno.

Los cuatro embalses que han mantenido el mismo nivel de reservas con respecto a la semana anterior han sido los de Bellús, el Algar, la Alcora y Almansa.

Por sistemas, el de Marina Baja/Serpis lidera el nivel de reserva hídrica al almacenar el 83,82 por ciento de su caudal, seguido del del Turia que está al 66,35 por ciento de su capacidad, del de Palancia/Mijares/Cenia al 61,50, mientras que el sistema del Júcar es el que menor porcentaje de agua alberga con un 27,87.

El consejero ha señalado que dicho criterio tendrá efectos retroactivos y, por tanto, se aplicará también a las facturas emitidas a partir del 1 de noviembre de 2008, razón por la que las compañías deberán refacturar de oficio y abonar a sus clientes la parte correspondiente de las facturas calculadas con diferentes criterios del establecido por el Ministerio. Así, la primera factura emitida a partir del 1 de marzo deberá contener información sobre cómo se estima el consumo, así como reflejar el abono correspondiente tras los cálculos de refacturación. En concreto, el borrador de resolución del Ministerio establece que, a partir de la fecha mencionada, el consumo estimado se calculará tomando el consumo real de aquel periodo del año anterior que incluya el periodo a facturar y prorrateando el número de días. Posteriormente, en las facturas con consumo real se procederá a la liquidación de la diferencia entre la facturación basada en el consumo real y las cantidades facturadas con base en consumos estimados. Unificar criterios Asimismo, el titular de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente ha subrayado que “no se trata de un expediente sancionador”, sino de “unificar criterios”, ya que, hasta ahora, cada compañía ha aplicado su propio criterio de estimación, debido a que el Ministerio no especificó este punto en la disposición que aprobó a finales del pasado año y que establecía que, a partir del 1 de noviembre de 2008, la facturación pasaría de ser bimensual a mensual, aunque la lectura de los contadores continuara realizándose cada dos meses. Por tanto, el consejero considera que “gran numero de las reclamaciones se deben a que el Ministerio no especificó cómo había que hacer las estimaciones correspondientes a los consumos de los meses en los que no procedía la lectura de los mismos”. No obstante, el responsable de Industria ha recordado que todas las Comunidades Autónomas están “a la espera de la investigación de la Comisión Nacional de la Energía, por si se detectan irregularidades en la facturación de las eléctricas”. Pequeñas devoluciones Después de analizar un supuesto práctico sobre un caso hipotético, Navarro ha señalado que “las devoluciones serán realmente muy pequeñas” y que se resolverán determinados casos, entre los que se encuentran los recargos por consumo excesivos que no corresponden con las facturaciones reales. Sin embargo, otras circunstancias específicas, como las de los propietarios de casas deshabitadas, deberán ser reclamadas por los interesados directamente a la empresa contratada o a través de organizaciones de consumidores. Finalmente, el consejero ha explicado que el Ministerio ha enviado a todas las Comunidades Autónomas el borrador en el que está trabajando y que “Andalucía se ha adelantado” en aprobar su propia resolución, similar a la normativa del Gobierno estatal, que, no obstante, contempla entrar en vigor el 16 de marzo. Por tanto, “Andalucía deberá aplicar antes la resolución del Ministerio”, ha señalado.

UPA- Según avanza la campaña y se empiezan a conocer los datos de siembras, UPA confirma un importante descenso de la superficie nacional dedicada al cultivo del cereal, que previsiblemente redundará en una caída de la producción de grano.

Las primeras estimaciones de nuestra organización están en consonancia con los datos que ha publicado el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) y que prevén una caída de la superficie nacional de cereales de otoño-invierno (trigo, cebada, avena y triticale) cercana al 10% respecto a la campaña pasada.

Nuestra organización estima que el descenso más importante, con los datos que actualmente se barajan, se producirá en Castilla y León, que por otra parte es la región donde se produce en torno al 45% de la cosecha nacional. En esta región, UPA estima que habrá una caída de la superficie de cereal del 19%, porcentaje superior al que en principio estima el Gobierno regional.

Para otras comunidades autónomas con gran producción de grano cerealista como son Castilla-La Mancha y Andalucía, las estimaciones de siembras de cereales de nuestra organización también son negativas, ya que apuntan a un descenso del orden del 5% respecto a la superficie cultivada en el pasado año.

CAE EL CONSUMO DE FERTILIZANTES

Por otro lado, tal y como UPA viene denunciando desde el comienzo del otoño, el aumento espectacular e injustificado del precio de los fertilizantes está provocando una fuerte reducción de su uso, como constatan los datos sobre consumo mensual de fertilizantes que publica mensualmente el propio MARM.

A este respecto, UPA quiere denunciar que si se comparan los datos de noviembre 2008 (últimos datos publicados) con los del mismo mes de 2007 se observa a nivel global un descenso del consumo superior al 67%.

De nuevo, de todas las comunidades autónomas cerealista la que más está notando los efectos de la reducción del uso de fertilizantes es Castilla y León, donde el consumo se ha reducido en casi el 80% con respecto a noviembre de 2007.

No obstante, en el resto de CC.AA. los descensos se mueven entre el 92% de Cataluña, el 74% de Castilla-La Mancha, el 67% de Aragón o el 41 % de Andalucía.

Para nuestra organización, estos datos reflejan sin duda la enorme lección que durante esta campaña nos están dando los agricultores adaptando su explotación a la evolución de sus costes de producción, optimizando tanto los cultivos como las prácticas a las expectativas que les ofrece tanto su explotación como el mercado de cereales.

UPA considera absolutamente injustificado que el precio de los fertilizantes nitrogenados a día de hoy siga sin bajar a precios razonables, teniendo en cuenta el descenso continuo del precio del petróleo de las últimas semanas, así como de otras materias primas para su elaboración.

Por este motivo confiamos en que la investigación que está realizando la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a petición de UPA, llegue hasta las últimas consecuencias, puesto que dichas empresas podrían haber impuesto abusivamente de forma directa o indirecta los precios de los fertilizantes.

Desde el pasado viernes 6 de febrero los viticultores cuyo expediente de arranque de viñedo con ayuda haya sido aprobado, pueden consultar los datos básicos de la subvención dentro de la consulta de su ficha vitícola en el servicio SEICA (Seguimiento de Expedientes) de la página web de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. En concreto en el enlace http://www.jccm.es/agricul/seica/index.htm.

11/02/2009 (Noticia leida 96 veces)

GOBIERNO C.A. CASTILLA LA MANCHA- Como explicó el director general de Producción Agropecuaria, Francisco Martínez Arroyo, “a medida que se vayan resolviendo expedientes se irán introduciendo los datos de forma instantánea en este servidor”.

Martínez Arroyo recordó que la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural va a resolver positivamente 8.117 expedientes en la región que van a suponer el arranque de 31.084 hectáreas de viñedo en Castilla-La Mancha. Una cifra que en ningún caso pondrá en riesgo la capacidad productiva del sector vitícola de Castilla-La Mancha, ni de la industria agroalimentaria que sustenta.

En total significará una ayuda de casi 171 millones de euros para la región, dándose respuesta en la convocatoria de esta campaña de manera fundamental a los agricultores que solicitan arrancar toda su explotación. Creemos que es una compensación a la inversión que han hecho por su explotación durante estos años y lo van a poder hacerlo en esta campaña con ayudas públicas”, significó el director general de Producción Agropecuaria.

ASAJA de Castilla La Mancha ha hecho hincapié en la falsa liberalización del mercado eléctrico, con la desaparición de las tarifas especiales de riego que ello supone y que, en la práctica, no ha fomentado la competencia entre operadores sino que ha supuesto un aumento de los costes energéticos para los agricultores del 40 por ciento.

Al incremento de las tarifas eléctricas y los cambios de contrato hay que sumarles otros aspectos negativos como el nuevo modo de facturación de las compañías. A diferencia de como venía haciéndose, las facturas son mensuales, mientras que la medición de la energía consumida se establece cada dos meses. Esto supone que uno de los meses se cobra por estimación, sin ajustarse, en la mayoría de los casos, a la realidad.

Ante esta preocupación, el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha ha mostrado total interés y se ha comprometido a actuar dentro de las competencias asignadas para esta Institución.

No obstante, ASAJA C-LM ha transmitido otros constantes problemas que está sufriendo el campo en los últimos tiempos. Así, los robos en el campo, han pasado de pequeños hurtos a grandes delitos de bandas organizadas que tienen a los agricultores y ganaderos atemorizados.

La Organización Agraria también se ha referido al gran diferencial existente entre los precios en origen y lo que paga el consumidor. Este factor, junto con la coyuntura económica del momento, está llevando a la desaparición a un sector estratégico para la sociedad.

José Manuel Martínez Cenzano se ha interesado profundamente en los diferentes temas y se ha comprometido con ASAJA de Castilla-La Mancha a transmitir al Defensor del Pueblo de la Nación aquellas cuestiones que le competen, tales como el tipo de facturación de las tarifas eléctricas por estimación y los abusos existentes en el gran diferencial entre lo que se le paga al agricultor por producir y lo que paga el consumidor en las grandes superficies.

Asimismo, el Defensor del Pueblo de la Región, protegerá los intereses de los usuarios y consumidores castellano-manchegos trasladando los problemas con los contratos energéticos y exigiendo una información transparente para los agricultores, ante la Administración Regional y, concretamente, ante la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente.

En total, el agua acumulada en las cuencas españolas alcanza los 29.137 hectómetros cúbicos, 5.481 más que el pasado año y 1.627 menos que la media de los últimos 10 años, según datos facilitados por el Ministerio de Medio Ambiente.

Los mayores caudales se encuentran en los embalses de las cuencas internas del País Vasco, al 90,5 por ciento de su capacidad; las del Cantábrico que están al 89,6 por ciento; Galicia Costa, al 82,3 por ciento;  Miño-Sil 75 por ciento; Cuencas internas de Cataluña al 74,9 por ciento; Ebro, al 74,1 por ciento y la del Duero al 60,9 por ciento.

Ya por debajo del 50 por ciento está el Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura), al 48,3 por ciento; la cuenca del Tajo que se incrementa al 48 por ciento; la cuenca Atlántica Andaluza, al 47,2 por ciento, la cuenca del Guadalquivir, al 41,7 por ciento de su capacidad total y la cuenca Mediterránea Andaluza, al 40,4 por ciento.

En situación más crítica permanecen la del Júcar, al 31,2 por ciento, y la del Segura, que está al 24,7 por ciento.

Los embalses de las cuencas españolas pueden acoger un total de 54.308 hm³, aunque la cantidad de agua embalsada es de 29.137 hm³. De éstos, 21.351 hm³ corresponden a las cuencas de la vertiente atlántica y 7.786 hm³ a las de la vertiente mediterránea.

Cuando el debate sobre la inclusión de una cláusula de caducidad del trasvase Tajo-Segura se halla más vivo que nunca, el Consejo de Ministros aprobó ayer la puesta en marcha de otro trasvase que tomará el agua desde la cabecera de esta infraestructura, en Cuenca, y la irá repartiendo por toda la Mancha hasta Puertollano (Ciudad Real).

La transferencia, conocida como «tubería manchega», cuenta con un presupuesto de 200 millones de euros, cifra similar al coste del trasvase Júcar-Vinalopó, y cuenta con el beneplácito -no en vano, son las impulsoras de la obra- de dos de las administraciones públicas más beligerantes con los trasvases en España: el Gobierno central y la Junta de Castilla-La Mancha.

Con la aprobación de la inversión, además, el Ejecutivo socialista evidencia una doble vara de medir. Mientras que la Junta amenaza con poner fin al Tajo-Segura en 2015 y el Gobierno central avisa que los trasvases al Segura irán reduciéndose con el tiempo -aunque ayer, coincidiendo con la del nuevo trasvase manchego, se aprobaron 24,5 hectómetros cúbicos para abastecimiento a poblaciones y 20 hectómetros cúbicos para el riego para Murcia y Alicante-, el Consejo de Ministros dio vía libre a una nueva transferencia, que se nutre de esta conducción.

El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, aclaró el pasado jueves esta contradicción: «La tubería manchega supone el fin del Tajo-Segura como se concibió, llevándose el agua sin dejársela a los castellanomanchegos». Es decir, que se dirija a la Mancha en detrimento de Murcia y Alicante.

El proyecto, que recoge 424 kilómetros de canalizaciones que se extienden a lo largo de cuatro provincias, se remonta al Gobierno de Felipe González. El plan permaneció congelado hasta que en 2005, la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, opositora acérrima de los trasvases entre cuencas hidrográficas, firmó con el presidente castellanomanchego, José María Barreda, el comienzo de las primeras obras -la canalización principal ya está, en parte, en marcha-. Y es que el Plan AGUA, que no incluyó el Trasvase del Ebro, recogía esta conducción.

Pese a que parte de los recursos se utilizarán para recargar los acuíferos de las zonas húmedas del Guadiana -entre las que se encuentra el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel-, lo que supone una intercambio entre cuencas, Narbona dio el plácet a la obra.

Otra faceta del proyecto aprobado radica en el ofrecimiento del Gobierno de Extremadura de un trasvase desde el Tajo medio al Tajo-Segura para satisfacer las necesidades hídricas de Murcia y Alicante. Se daría la paradoja que la conducción atravesaría toda la Mancha «regada» por la «tubería manchega».

Agua de más calidad

La razón por la que el Gobierno castellanomanchego no se plantea tomar los recursos hídricos por esta toma se hallaría en la calidad de sus aguas: en la cabecera del Tajo es notablemente mejor que en su curso medio -la que se ofrece a la Comunidad y a Murcia-, que ya ha recogido las aguas residuales de Madrid y su área metropolitana y de la que se duda que sea apta incluso para el regadío por su alta contaminación.

La planificación hidrológica nacional vuelve a dar un giro bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Desalación frente a trasvases fue la primera decisión de su Ejecutivo bajo la batuta de la defenestrada ministra de Medio ambiente, Cristina Narbona.

Esa radicalidad en el planteamiento segó de raíz el Pacto Nacional del Agua que se alcanzó con un consenso superior al 80% y que contemplaba, entre otras, la ejecución del trasvase del Ebro. La presión ejercida en esa primera legislatura por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que condicionó el apoyo a Zapatero en los presupuestos a la derogación del citado trasvase resultó definitiva.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, fue quien estampó su firma en la defunción -siquiera temporal- de esa conducción. Cuatro años después, la tortilla ha dado la vuelta casi por completo y el Gobierno socialista se presenta como valedor de los trasvases.

Vuelta al «interés general»

El motivo es obvio: la guerra del agua se ha extendido en este último lustro como un reguero de pólvora afianzando en los diferentes territorios autonómicos a sus gobiernos que realizaban encendidas defensas de sus derechos hídricos.

La vuelta al «interés general» es lo que auspicia este giro copernicano en la planificación del Gobierno de España. Marcelino Iglesias en Aragón, José María Barreda en Castilla-La Mancha, Francisco Camps en la Comunidad Valenciana, Josep Lluís Carod-Rovira en Cataluña y Ramón Luis Valcárcel en la Región de Murcia han protagonizado los principales duelos dialécticos entre territorios con cuencas excedentarias y deficitarias. Javier Arenasen Andalucía también ha levantado la voz con dureza para reclamar más recursos hídricos, algo que Manuel Chaves ha obviado, mientras que Esperanza Aguirre se sumaba en el último año a la solidaridad que pedía Camps y que también reclamó para el sistema de financiación autonómica.

El órdago de Castilla-La Mancha en su reforma estatutaria (analizada ahora en el Congreso de los Diputados) ha acabado por romper la baraja de los discursos nacionales de PP y PSOE en la materia. Primeros espadas de ambas formaciones como María Dolores de Cospedal o el propio Barreda se han visto involucrados en una guerra interna que las direcciones nacionales de Génova y Ferraz han querido cortar.

El consenso está más cerca -aunque en ningún caso es inminente- y se pretende no ahondar más en la herida del «agua para todos», pero la conclusión es que cinco años después Zapatero vuelve a ceder ante ERC y también ante su «compañero» de partido, el presidente catalán, Josep Montilla.

La presión de las fuerzas políticas catalanas ha sido suficientemente insoportable para el Gobierno de España como para obligarle a abandonar la idea del trasvase del Ebro y retomar «otro Tajo-Segura» en el curso medio del río a la altura del embalse de Valdecañas.

Extremadura, con su presidente Guillermo Fernández Vara a la cabeza, no pondrá tantas objeciones si obtiene alguna compensación económica (factible en la cercana reforma del sistema de financiación).

El Ebro sigue en el horizonte

Zapatero busca también que uno de los principales ejes de reivindicación de los Gobiernos valenciano y murciano quede desactivado, ofreciéndoles igual cantidad de agua que la que llegaría del Ebro.

La realidad, no obstante, es que el trasvase del Ebro seguirá en los próximos años como un proyecto «irrenunciable» para el Consell, tal como ha asegurado su presidente en varias ocasiones. No se entiende la demonización de esta conducción para acabar haciendo otra en un lugar diferente del país con coste elevado.

La politización, pues, de la planificación hidrológica nacional dista pues mucho de solucionarse. Mientras, los regantes seguirán padeciendo dificultades si los años hidrológicos son tan secos como los últimos porque la alternativa de la desalación se desvanece -al menos en su condición masiva-por su elevado coste medioambiental y energético.

AVA-ASAJA denuncia la “mala fe” demostrada por el Mi­­nisterio de Industria que, presionado seguramente por las eléctricas y sin ad­ver­tirlo ni ne­go­ciarlo con las organizaciones agrarias, ha impuesto cam­bios de última hora en los horarios que marcan los precios de los riegos de alta tensión así como en las tarifas de baja tensión.

05/01/2009 (Noticia leida 232 veces)

AVA-ASAJA- Así lo re­co­gió, el 31 de diciembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la orden ITC/3.801/2008 de 26 de diciembre por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2009. “En 2008 hemos afrontado una falsa liberalización del mercado eléctrico que, en la práctica, no ha fomentado la competencia entre operadores sino que ha supuesto un aumento ‘se­mipactado’ de los costes energéticos para los agricultores del 40% y ahora, en la víspera de No­chevieja con nocturnidad y estoy por decir que también con alevosía, el Gobierno impone más modificaciones que seguro su­pondrán nuevas subidas”.

Los cambios en los horarios de riego que recoge el BOE se aplicarán sin haber de­jado margen alguno a las entidades de regantes para informarse y readaptarse a la nueva situación. De otro lado, la entrada en vigor de esta orden se producirá tam­bién sin que las eléctricas, que son las únicas que tienen acceso a los contadores de estas ins­ta­laciones, se hayan preocupado por adaptar sus contadores a la nueva disposición. AVA-ASAJA, que integra a más de un millar de entidades de riego valencianas y a varios mi­llares de ins­talaciones de goteo y explotaciones agrarias adheridas a ellas, ha remitido en la mañana de hoy y nada más tener cono­cimiento de la nueva disposición una carta a Iberdrola –la com­pa­ñía dominante en la Comunidad Valenciana- apre­miándola a que readapte sus contadores.

La organización agraria ad­vierte a este respecto que sus asociados -al tratarse de una circunstancia ajena al usua­rio, al que tam­poco se le ha informado en tiempo y forma- no se harán cargo de los nuevos incrementos en la factura eléctrica que se generen a causa de es­tos cambios hasta que los técnicos de las eléctricas no procedan al ajuste de los conta­do­res. “Acudiremos donde haga falta para evitar que se pa­gue un euro más de lo que fije el contador”, advierte Aguado.

Tras hacer desaparecer este año las tarifas especiales de riego y abo­car al sector a afrontar un mercado supuestamente liberalizado, el ministerio ha cam­biado hoy las franjas para el riego en horas ‘valle’ (en las que resulta más barato), ‘punta’ (más caro) y ‘llano’ (con un coste intermedio) para las líneas de alta tensión. Para las de baja, que son minoritarias pero que también afectan a algunas entidades de riego, se ha suprimido el sistema de franjas horarias para pasar a imponer el de periodos del año con tarifas ‘valle’, ‘punta’ y ‘llano’, plazos de tiempo en el que también se aplicarán tarifas más caras, con nuevos incrementos de hasta el 45% a sumar a los ya aplicados desde julio de en torno al 40%.