En total, el agua acumulada en las cuencas españolas alcanza los 23.175 hectómetros cúbicos, 1.466 menos que el pasado año y 2.328 menos que la media de los últimos 10 años, según datos facilitados por el Ministerio de Medio Ambiente.

Por cuencas, la del Ebro (-120 hm³) es la que más ha disminuido su reserva, situándose al 54,4 por ciento de su capacidad total.

Los mayores caudales se encuentran en los embalses del Norte II (Asturias y Cantabria), que están al 72,6 por ciento; las cuencas internas del País Vasco, al 76,2 por ciento; las del Norte III (País Vasco excepto sus cuencas internas), que caen al 66,2 por ciento; la Norte I (sur de Galicia y norte de León), que disminuye al 53,5 por ciento; Galicia Costa, que baja al 53,4 por ciento; las cuencas internas de Cataluña, que se sitúan al 54,2 por ciento y la cuenca del Duero, al 51,6 ciento.

Ya por debajo del 50 por ciento se encuentra la cuenca del Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura), al 44,6 por ciento; la cuenca del Tajo, al 41,9 por ciento; la cuenca del Guadalquivir, al 31,8 por ciento de su capacidad total; y la Cuenca Atlántica Andaluza al 30 por ciento.

En situación más crítica permanece la cuenca Mediterránea Andaluza, al 21,7 por ciento; la del Júcar, al 21,2 por ciento y la del Segura, que está al 14,5 por ciento.

Los embalses de las cuencas españolas pueden acoger un total de 54.308 hm³, aunque la cantidad de agua embalsada es de 23.175 hm³. De éstos, 17.646 hm³ corresponden a las cuencas de la vertiente atlántica y 5.529 hm³ a las de la vertiente mediterránea.

El titular de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, señaló ayer en Toledo que durante los próximos años “queremos dar un impulso fundamental a las políticas de desarrollo rural”, pues para el Ejecutivo autonómico es una prioridad absoluta el desarrollo del medio rural de una forma sostenible. Para ello, como explicó el consejero, ya estamos impulsando desde todos los departamentos del Gobierno el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Un plan que viene a ser la aplicación en nuestra Comunidad Autónoma de la Ley marco nacional de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y que desde esta región ya se está poniendo en práctica. “En Castilla-La Mancha estamos cumpliendo los deberes, hemos zonificado nuestra Comunidad Autónoma y hemos fijado los criterios para su aplicación concreta”, señaló el consejero. Martínez Guijarro hacía estas declaraciones durante su intervención en la inauguración de la jornada “Desarrollo Rural-Desarrollo Sostenible” organizada por Global Encuentros, donde destacó que para el Gobierno del presidente Barreda “el principal objetivo es frenar el despoblamiento que existe en algunos lugares de esta región”. En palabras del titular de la Consejería, para ello hay que trabajar en varias direcciones que han sido fijadas como principales ejes de este Plan: la mejora de las infraestructuras, de los servicios públicos del medio rural y el impulso de la creación de empleo. En cuanto a las infraestructuras, Martínez Guijarro recalcó el importante esfuerzo que se realizará tanto en infraestructuras de comunicación como de telecomunicaciones, “vitales para favorecer cualquier tipo de desarrollo socioeconómico”. Al mismo tiempo mejorar los servicios públicos que se prestan en el medio rural. “Desde este Gobierno estamos haciendo un esfuerzo muy importante para la mejora de las infraestructura tanto de servicios educativos, como de servicios sociales y sanitarios, y seguiremos en esta línea”, apuntó. En tercer lugar, la gran apuesta es la creación de empleo y especialmente el destinado a mujeres y jóvenes. En este sentido, destacó algunos sectores que tienen mucho potencial de cara a estos dos grupos de población como puede ser la atención a la dependencia, que puede llegar a convertirse en una oportunidad de desarrollo de estas comarcas, “ya que podemos atender a las personas mayores en su entorno y al mismo tiempo generar empleo”. También destacó el sector turístico, así como lo relacionado con la gestión de los espacios protegidos y la gestión ambiental. Como concluyó el consejero, ese es el objetivo que se ha marcado el Ejecutivo autonómico con el compromiso de aportar 11.000 millones de euros en el periodo de programación hasta el año 2013. Martínez Guijarro estuvo acompañado por el vicepresidente segundo de Fundación Rayet, Miguel Bernal, por la directora general de Desarrollo Rural, Ana Isabel Parras, y por el diputado nacional Alejandro Alonso, que participaron posteriormente en una mesa redonda.

Por primera vez, la población de la Región de Murcia y de Alicante necesita menos agua de la cabecera del Tajo debido a la progresiva puesta en marcha de las desalinizadoras. La contrapartida es que el agua saldrá cada vez más cara para las familias. La Mancomunidad de los Canales del Taibilla solicitó ayer 22 hectómetros cúbicos en la reunión de la Comisión Central de Explotación del Acueducto celebrada en Madrid. Este volumen, aprobado ayer, supone casi la mitad de las asignaciones trimestrales que ha venido necesitando la Mancomunidad para atender a una problación de 2,5 millones de personas. El nuevo debate que se abre ahora es si los caudales del Tajo que deje de consumir la población beneficiarán o no finalmente a los regantes del Segura.

La Comisión también aprobó una derivación de 2,5 hectómetros para los abastecimientos de Almería; así como un desembalse de 20 hectómetros para los regadíos del Segura, con el consiguiente enfado del representante de Castilla-La Mancha. Éste se negó en redondo a que se envíen excedentes para los cultivos.

La Comisión estuvo presidida por la directora general del Agua, Marta Moren. El director técnico de la Mancomunidad, Joaquín Salinas, explicó ayer que es la primera vez que solicitan una cantidad tan baja para el próximo trimestre. Se irá reduciendo más conforme se incremente la produción industrial de agua desalinizada. La asignación máxima del Tajo para la población es de 151 hectómetros en origen.

El secretario general del Sindicato Central de Regantes del Trasvase, José Manuel Clave consideró que la cantidad propuesta se queda corta a la vista de las existencias en los pantanos, que alcanzan los 311 hectómetros.

UPA- La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos UPA, exige al Gobierno coherencia con la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural apoyando y potenciando las instalaciones fotovoltaicas en los tejados agrícolas y ganaderos

En el último borrador de modificación del RD 661/2007 que regula la producción de energía eléctrica a partir de la tecnología fotovoltaica, establece una prima superior para las instalaciones en cubierta. Esta idea nosotros la compartimos. La discrepancia con el último borrador viene a la hora de definir lo que se considera instalaciones fotovoltaicas sobre cubierta: “aquellas que estén ubicadas en cubiertas o fachadas de construcciones fijas cerradas, hechas de materiales resistentes, dedicadas a usos residencial, de servicios, comercial o industrial, y que dispongan de referencia catastral”. Esta definición deja CONSCIENTEMENTE fuera a las instalaciones agrícolas y ganaderas.

Esto supone una discriminación intolerable respecto al sector agrario. ¿Porque en qué se diferencia un tejado de una nave agrícola o ganadera de una nave industrial o de una comercial?

Además si tenemos en cuenta la última Ley aprobada por el anterior gobierno, la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, podemos afirmar que la incumple totalmente. La ley habla explícitamente de desarrollar en el medio rural las energías renovables. En opinión de UPA difícilmente se van a desarrollar las energías renovables con proyectos de real decreto como el conocido que elimina la posibilidad de realizar instalaciones fotovoltaicas en los tejados de las naves agrícolas y ganaderas.

UPA considera una oportunidad la revisión del RD 661/2007 en lo que se refiere a la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica. De igual manera que la propuesta de modificación del RD conocida plantea una diferenciación de las tarifas reguladas correspondientes a las instalaciones del tipo I y II, UPA estima que es conveniente y necesario plantear una discriminación positiva a favor de las instalaciones en cubierta realizadas en el medio rural, siguiendo el espíritu y los planteamientos de la Ley 45/2007.

Se trata de potenciar el desarrollo de este tipo de energía renovable en el medio rural, promovida por los agentes que habitan y desarrollan su actividad en el medio rural. Y por supuesto, no de dejar fuera a las instalaciones agrícolas y ganaderas. Una visión progresista debería apoyar la producción social de la energía fotoeléctrica evitando grandes concentraciones, como ha ocurrido hasta ahora, y propiciando una dispersión homogénea por el territorio alentando las instalaciones de pequeño y mediano tamaño.

La Ley establece una discriminación positiva en la acción de gobierno de todos los ministerios en favor del medio rural. Por tanto este proyecto va en contra de la Ley que más ha defendido el Presidente del Gobierno en la última parte de la anterior legislatura.

Fenacore advierte que unos costes energéticos “desorbitados” pueden frenar la modernización de regadíos y el ahorro de agua. Castilla-La Mancha y Castilla y León son las regiones más perjudicadas por la subida tarifaria.

25/09/2008 (Noticia leida 51 veces)

AFRE- La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) suscribirá acuerdos de colaboración con las principales compañías eléctricas – Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa- con el objetivo de obtener condiciones más ventajosas en la contratación de energía eléctrica que permitan hacer frente al fuerte encarecimiento experimentado por las tarifas de regadío desde este mes de julio. A cambio, los regantes se comprometen a desarrollar las acciones necesarias para garantizar el ahorro energético y el cuidado del medio ambiente.

De esta forma, la negociación para buscar una salida al encarecimiento de la factura eléctrica abandona el escenario político –donde los regantes, después de largas conversaciones, no han encontrado medidas concretas- para saltar ámbito empresarial privado donde las principales eléctricas parecen más predispuestas a ratificar una serie de convenios marco que faciliten a los regantes el acceso al mercado liberalizado en condiciones más favorables que las actuales.

Fenacore advierte que este encarecimiento de la factura eléctrica puede frenar el proceso de transformación de más de un millón de hectáreas hacia sistemas de riego más eficientes. Además, puede hacer inviable la modernización ya realizada en algunas comunidades de regantes, debido al incremento “desorbitado” de los costes energéticos no valorados previamente en los proyectos de modernización.

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, “al esfuerzo económico derivado del propio proceso de modernización con la transformación de los sistemas de riego por gravedad (de coste energético despreciable) a los nuevos mecanismos por presión (aspersión, goteo, etc.), habrá que añadir a partir de julio el sobrecoste adicional de la energía eléctrica que requieren estos nuevos regadíos, en contraste con los sistemas tradicionales que apenas precisaban de electricidad para su funcionamiento”.

En total, el agua acumulada en las cuencas españolas alcanza los 23.866 hectómetros cúbicos, 1.019 menos que el pasado año y 2.005 menos que la media de los últimos 10 años, según datos facilitados por el Ministerio de Medio Ambiente.

Por cuencas, la del Ebro (-131 hm³) es la que más ha disminuido su reserva, situándose al 57,6 por ciento de su capacidad total.

Los mayores caudales se encuentran en los embalses del Norte II (Asturias y Cantabria), que están al 78.2 por ciento; las cuencas internas del País Vasco, al 76,2 por ciento; las del Norte III (País Vasco excepto sus cuencas internas), que caen al 69 por ciento; la Norte I (sur de Galicia y norte de León), que disminuye al 58,2 por ciento; Galicia Costa, que baja al 57 por ciento; las cuencas internas de Cataluña, que se sitúan al 55,8 por ciento y la cuenca del Duero, al 53,9 ciento.

Ya por debajo del 50 por ciento se encuentra la cuenca del Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura), al 44,8 por ciento; la cuenca del Tajo, al 42,5 por ciento; la cuenca del Guadalquivir, al 31,7 por ciento de su capacidad total; y la Cuenca Atlántica Andaluza al 30 por ciento.

En situación más crítica permanece la cuenca Mediterránea Andaluza, al 21,2 por ciento; la del Júcar, al 21 por ciento y la del Segura, que está al 14,7 por ciento.

Los embalses de las cuencas españolas pueden acoger un total de 54.308 hm³, aunque la cantidad de agua embalsada es de 23.866 hm³. De éstos, 18.096 hm³ corresponden a las cuencas de la vertiente atlántica y 5.770 hm³ a las de la vertiente mediterránea.

EFE– La comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, explicó ayer, en rueda de prensa, la agenda de los próximos meses dentro de la negociación de la revisión o en el argot comunitario «chequeo médico» de la PAC.

La PAC absorbe la mitad del presupuesto comunitario, 55.800 millones de euros al año (España el segundo receptor, con más de 6.900 millones para agricultura y pesca).

Los ministros de Agricultura de los Veintisiete comenzaron ayer una reunión no decisoria de tres días, en Annecy (Francia) en la que precisamente retoman los debates sobre la reforma de la PAC, con la crisis de los precios de los alimentos como telón de fondo.

Tanto en esta cita como en el Consejo de ministros comunitario de los próximos días 29 y 30 en Bruselas, la comisaria, la presidencia francesa de turno de la UE y los países van a celebrar reuniones bilaterales para acercar posiciones, ha señalado Fischer Boel.

Después, la CE y la presidencia prepararán un nuevo proyecto de compromiso, con el fin de dar un fuerte «empuje» a la negociación, para que en la reunión de ministros de Agricultura de finales de octubre, en Luxemburgo que será «decisivo» haya un avance notable.

Sin embargo, el Parlamento Europeo debe pronunciarse sobre la reforma y la negociación final se producirá en noviembre.

Fischer Boel ha citado entre los asuntos más complicados para conseguir un acuerdo la llamada «modulación», con lo que se conoce el recorte de subvenciones agrícolas directas para trasvasar ese dinero a otras políticas en el campo, las de desarrollo rural (cofinanciadas por la UE y los países).

Actualmente ya se aplica esa reducción al 5% de las ayudas y Bruselas pretende elevar el recorte hasta situarlo en el 13% para los productores que perciben subsidios por más de 5.000 euros.

La comisaria ha defendido hoy tal aumento de la modulación porque de lo contrario «no habrá dinero» para otras medidas necesarias en la agricultura, como por ejemplo las ayudas a adaptar a los ganaderos al final de las cuotas lecheras, que según Fischer Boel, deben salir de los planes del desarrollo rural

Otro punto en el que hace falta acercar posiciones, según Fischer Boel, es el relativo al futuro de las medidas de mercado.

Ha aludido así a la idea de la CE de convertir el máximo posible de apoyos en un pago por superficie o explotación, independiente de la cantidad producida, como ya ocurre en algunos sectores.

Respecto a los precios de los alimentos, la comisaria ha insistido en que las cotizaciones del cereal se han reducido en origen y esto debería traducirse en una bajada al consumidor, que no se ha producido.

Sin embargo, Fischer Boel ha indicado que «son los países los que deben vigilar» que la caída de precios en origen se traduce en productos menos caros para el ciudadano.

Es considerado por los representantes de los usuarios del agua en la Mancha Oriental, un punto de partida para posteriores negociaciones y acuerdos económicos y de otr concretos e individualizados.
19/09/2008 (Noticia leida 106 veces)

Junta Central de regantes de la Mancha Oriental- Tras la liberalización del mercado producido este verano y la desaparición de las tarifas específicas de precio regulado para regadíos, el coste energético para estos usuarios es prácticamente inasumible.

La Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental ha estado realizando gestiones con la finalidad de recabar las mejores ofertas por parte de las compañías de comercialización eléctrica para sus integrantes, ante una situación teórica de “liberalización del mercado”, que, de hecho, no se produce y ante una situación transitoria de fuertes penalizaciones –5% de subida mensual en la factura desde el 1 de julio- que presiona a los usuarios de regadío a suscribir las condiciones ofrecidas por las eléctricas, aun tratándose de tarifas caras y poco adaptadas a su actividad.

En el seno de los mencionados contactos, y a la vista que se frustraban las expectativas de que a finales de septiembre se pudiera llegar, a nivel nacional, a un acuerdo con las empresas comercializadoras que facilitaría la firma de contratos adaptados a la actividad agrícola de regadío, Iberdrola SA y la Junta Central de Regantes han firmado un Acuerdo Marco de Colaboración que es considerado por la Junta de Gobierno de la entidad como un medio para futuras negociaciones, ya que permitirá la interlocución preferente con la citada compañía para la realización de un análisis y la búsqueda de soluciones surgida en la actual situación, tales como la adaptación de las tarifas a los horarios agrícolas, contratación del término de potencia adecuado a cada caso, etc.

Por parte de la Compañía eléctrica suscribió este acuerdo Aitor Moso, Director Comercial de la misma, quien mantuvo una reunión con los representantes de los regantes, presididos por Francisco Belmonte Alfaro, quienes le trasladaron la problemática surgida con motivo de la modificación normativa que ha producido que el encarecimiento de la factura de la electricidad que sufren los agricultores sea muy superior a la aprobada para el resto de usuarios de energía eléctrica, ya que al incremento del precio del kw consumido y la potencia contratada, hay que añadir la disminución de las horas valle o “baratas” que lleva aparejada la necesidad de consumir en otro horario tarifario mucho más caro, todo lo cual supondrá un incremento de más de un 30% de media.

También se le manifestó al responsable de Iberdrola, la desinformación y ausencia de asesoramiento personalizado por parte de las compañías suministradoras ante los cambios de mercado producidos y las nuevas tarifas aplicables, teniendo en cuenta que la mayoría de los usuarios de nuestro ámbito reciben el servicio de esa compañía.

Los representantes de Iberdrola se comprometieron a enviar a personal técnico de la compañía a las oficinas de la Junta Central para que asesoren y ofrezcan el mejor contrato posible a sus integrantes, incluyendo su formalización, en su caso. Este servicio empezará a ser prestado la próxima semana y se prolongará hasta que se hayan atendido a todos los socios que así lo deseen.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio mantendrá las actuales tarifas eléctricas durante el último trimestre del año, según confirmó ayer el secretario general de Energía, Pedro Marín, remitiéndose a las recientes manifestaciones del ministro Miguel Sebastián.

En declaraciones a los periodistas, Marín dejó claro que la tarifa «no se va a cambiar hasta enero», aunque la Comisión Nacional de Energía (CNE) proponga una nueva subida a partir del 1 de octubre. El informe de este organismo regulador, que no es vinculante para el Ministerio, obedece a que la legislación establece la revisión de las tarifas cada trimestre. Así ocurrió en julio, cuando la subida media para los consumidores domésticos fue del 16%. En enero había subido otro 3,3%.

La integración de los agricultores por cuenta propia en el RETA dentro de un Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA) se produjo el 1 de enero del presente ejercicio, en cumplimiento de la disposición sexta del Pacto de Toledo de integración de regímenes, y tras el acuerdo del Gobierno con los agentes sociales y las organizaciones agrarias.

El Real Decreto publicado hoy en el BOE adapta a estos cambios cuatro reglamentos sobre encuadramiento y cotización a la Seguridad Social de los trabajadores agrarios, así como la colaboración que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional prestan en la cobertura de las contingencias profesionales y la incapacidad temporal.

En concreto, se modifica el procedimiento a seguir para la acreditación y comprobación del cumplimiento de los requisitos necesarios para el encuadramiento de los trabajadores agrarios por cuenta propia en el citado sistema especial.

Como ejemplo, los agricultores que contraten a hijos menores de 30 años no necesitarán presentar declaración conjunta en la que se acredite su condición de asalariados, aunque sí habrá que hacerlo un mes después de que cumplan dicha edad.

Asimismo, se actualizan los preceptos relativos a la cobertura de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales respecto de los trabajadores autónomos, en función del tipo de actividad que desempeñen, de las condiciones de su ejercicio y de si éste se simultanea o no con otras actividades que determinen su alta en el mismo o en otro régimen del sistema de la Seguridad Social.

El Real Decreto se compone de cuatro artículos que modifican los reglamentos generales sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores en la Seguridad Social; sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social; sobre recaudación, y sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.E.P.