La disposición del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, a «flexibilizar» las exigencias que se recogen en la reforma del Estatuto de Autonomía en materia de agua y de financiación si se logran pactos de Estado provocó ayer la críticas del PP. Así, su secretario regional, Vicente Tirado, acusó a Barreda, de traicionar a los ciudadanos y lo pactado en la reforma del Estatuto y prometió defender «a capa y espada» los intereses hídricos de la Comunidad tal y como aparecen reflejados en esa propuesta legal. Asimismo lamentó que, cuando llega «la hora de la verdad», aparece un presidente regional «asustadizo» y al que «le tiembla la mano» a la hora de defender lo pactado en el Estatuto que, en materia de agua, plantea la caducidad del trasvase Tajo-Segura en el año 2015.

Tirado, junto al secretario segundo de las Cortes, Leandro Esteban, dos de los encargados de negociar la reforma estatutaria, arremetió de esta forma contra Barreda por su disposición, manifestada en una entrevista con Efe, a «flexibilizar» las exigencias hídricas y de financiación recogidas en el texto si se logran pactos de Estado al respecto. Leandro Esteban, que quiere que el Gobierno dé explicaciones urgentes en las Cortes de Castilla-La Mancha por este nuevo planteamiento, ha prometido que el PP dará «lo mejor de sí» y no escatimará esfuerzos para defender el agua para la región tal y como se acordó de forma unánime en la propuesta de reforma del Estatuto. Asimismo, recalcó la voluntad de su partido de mantener la unidad de los ciudadanos y de los partidos en la defensa del agua a pesar «de los deslices» del Ejecutivo. Esteban planteó que la fecha de 2015 para el final del trasvase no es «un capricho» ni «una imposición a nadie», sino el cumplimiento de las directivas comunitarias y «el grito de socorro» de Castilla-La Mancha, pues, o se toman medidas, o en esa fecha «no habrá trasvase porque ya no habrá río».

Mientras, el PSOE regional salió en defensa de Barreda al defender ayer un posible pacto de Estado en materia de agua porque si es «aceptado por todos», también por esta Comunidad, significa que en ese acuerdo «se están recogiendo nuestras demandas». «¿Por qué vamos a plantearnos lo fijado en el Estatuto si ya está recogido en ese pacto nacional del agua lo que nosotros planteamos?», se preguntó Caballero.

La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha convocado el próximo sábado a los consejeros responsables del área del agua de las 17 Comunidades Autónomas para abordar la extensión del «ministrasvase» del Ebro a Tarragona hasta Barcelona, según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio.

Antes, el Consejo de Ministros previsiblemente dará luz verde este viernes al decreto que permitirá abastecer el área de Barcelona con agua del Ebro.

Espinosa se reunirá con los consejeros regionales el sábado por la mañana en Madrid para explicarles la medida acordado esta semana entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña para paliar los problemas de suministro de agua de boca al área metropolitana en Otoño, si persiste la sequía.

Espinosa intentará paliar los problemas de suministro de agua de boca al área metropolitana en Otoño

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, pidieron este jueves al Gobierno central que el jueves, el Consejo de Ministros apruebe recuperar la «totalidad» del trasvase del Ebro y advirtieron de que en caso contrario presentarán un recurso al Tribunal Constitucional en defensa del principio de igualdad que reconoce la Constitución.

La medida de «emergencia» finalmente pactada entre el Gobierno y la Generalitat consiste en extender la conexión de la cuenca del Ebro a Tarragona hasta Barcelona mediante una tubería de acero de un metro de diámetro y 62 kilómetros de longitud, que transcurrirá soterrada en paralelo a la AP-7, entre Tarragona y la depuradora de Abrera, en Barcelona. A través de esta infraestructura se trasvasarán 50 hectómetros cúbicos.

El coste de las obras, que tendrán una duración de seis meses, se estima entre los 170 y 180 millones de euro, que irán a cargo de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Cataluña, lo que supone que la sufragará el Gobierno.

«En unos meses no se hablará de sequía»

El presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, expresó este jueves su confianza de que «en unos meses» ya no se hablará tanto sobre agua en Catalunya porque se habrá solucionado el déficit hídrico que sufre el territorio ante la falta de precipitaciones de los últimos tiempos, como ha ocurrido con la crisis de Cercanías de los últimos meses, que coincidió con las incidencias que provocaron en la red ferroviaria de ancho ibérico las obras de la llegada del AVE a Barcelona.

Ni ahora, ni más adelante, los catalanes tendrán problemas de agua

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, Montilla indicó que los catalanes «pueden estar tranquilos» ya que el Govern está «trabajando, tiene proyectos y tiene soluciones para solventar este problema de sequía excepcional y para garantizar agua para todos, los 7,5 millones de habitantes» que residen en dicha comunidad autónoma. Montilla aseguró que «es falso» que la interconexión de redes sea un proyecto impuesto por el Gobierno central, y la definió como «una solución trabajada conjuntamente» por los ejecutivos catalán y español y recordó que, en cualquier caso, el suministro con agua del Ebro a las comarcas de Catalunya que se abastecen con agua de los ríos del Ter y Llobregat será «temporal y coyuntural», a la espera de la puesta en marcha de la nueva desaladora en El Prat de Llobregat (Barcelona) que, según las previsiones oficiales, se inaugurará en la primavera de 2009. Recordó que la sequía no es únicamente un problema que afecte a la ciudad de Barcelona, sino a todo el país, e indicó que «ni ahora por la sequía ni más adelante, a medio plazo, los catalanes tendrán problemas de agua».

La reunión celebrada ayer en Valencia por los presidentes de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, para abordar la discriminación hídrica de sus regiones ofreció las primeras concreciones: la posibilidad clara de ponerse a la cabeza de aquellas movilizaciones que reclamen «agua para todos» y la determinación de recurrir en amparo al Constitucional ante «la quiebra del principio de igualdad» representada por la decisión de Rodríguez Zapatero de autorizar un trasvase del Ebro sólo para Cataluña.

Camps y Valcárcel, no obstante, todavía ayer aguardaban que el Ejecutivo incluyera en el Consejo de Ministros una rectificación del proyecto consistente básicamente en la recuperación «en su integridad» del trasvase del Ebro.

De lo contrario, el «frente común» Valencia-Murcia-Almería se aplicará con decisión a la vía judicial y está también dispuesto a apoyar, y a encabezar, aquellas protestas motivadas por la falta de agua y, sobre todo, por la desigualdad en su reparto.

Si bien ambos explicaron que no serán sus Gobiernos regionales los «promotores» de eventuales movilizaciones, también aseguraron que «estaremos allí donde las haya, como hemos hecho hasta ahora». Hay que situarse «al lado de la gente», se justificaron.

En este sentido, la elección de Madrid como lugar de estas acciones parece inevitable: es, dijo Valcárcel, el escenario «perfecto» para acoger una de estas manifestaciones en defensa de los derechos hídricos de las cuencas mediterráneas más deficitarias después de que, en años pasados, Alicante y Murcia hayan registrado protestas multitudinarias.

Bancos de agua

El flanco judicial se plasmará en un recurso que elaboran los servicios jurídicos de ambas regiones y que podría presentarse ante el Constitucional con carácter inminente si es que no hay variación en el rumbo de las conversaciones, hasta ahora prácticamente nulas, con el Ejecutivo, y que tendrán continuidad en una reunión convocada para mañana por la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, con todos los consejeros autonómicos con responsabilidades en materia hídrica.

Ambos Gobiernos autonómicos también acordaron ayer exigir el mismo derecho a utilizar los derechos de agua adquiridos por los usuarios del Ebro y se mostraron favorables a la creación de los denominados bancos de agua.

Camps acusó a Zapatero de actuar «a escondidas y con mucha vergüenza» en la decisión de autorizar un trasvase a Barcelona que ha venido negando desde que llegó a La Moncloa a Murcia, Comunidad Valenciana y Almería.

«Solidaridad» con Cataluña

Para sus artífices, la reivindicación del derecho de sus territorios al agua del Ebro no es en ningún modo incompatible con su «comprensión» hacia las urgencias hídricas de Cataluña. Tanto Camps como Valcárcel fueron rotundos al expresar su «solidaridad» con los catalanes y aseguraron que respaldan el trasvase a Barcelona hasta el punto de desear que éste sea «permanente y de 180 hectómetros cúbicos». En su opinión, la demanda que ahora tiene Barcelona no es coyuntural, sino «estructural».

Reparos del PSOE de Aragón

El PSOE añadió elementos que cimentan los argumentos de que el trasvase del Ebro sólo a Barcelona pactado por Gobierno y Generalitat no será una vía de emergencia este año por la sequía, sino que su carácter será permanente, lo que provocó el malestar de los socialistas aragoneses. Tras una reunión con líderes socialistas de Aragón, Valencia, Murcia, Cataluña y La Mancha para medir las consecuencias de este acuerdo, Ferraz reconoció que el trasvase será permanente, y lo justificó por los eventuales fallos de la futura desalinizadora de El Prat (Barcelona), que entrará en funcionamiento previsiblemente en junio de 2009. Un argumento, aseguran en el PP, perfectamente válido para toda la España seca para reclamar un trasvase. La desaladora de Barcelona, por otra parte, tardará muchos años en estar a pleno rendimiento, por lo que el trasvase, aseguran los expertos, se utilizará de forma permanente, desmintiendo así las explicaciones del PSOE.

Mientras tanto, la Generalitat ha hallado la fórmula para tapar la boca a algunas de las voces críticas con el trasvase del Ebro a Barcelona, las de los regantes. El consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, anunció que el Real Decreto que recogerá el proyecto de prolongar el minitrasvase del Ebro a Barcelona contemplará la posibilidad de que la Generalitat compre los derechos de agua de los regantes de toda la cuenca catalana del Ebro, no sólo los del Delta. Baltasar no aclaró quién costeará la compra de estos derechos, aunque espera que sea el Estado. De ser así, faltaría por ver si iría a costa del montante del Estatuto.

Los presidentes de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, respectivamente, darán carta de naturaleza mañana a un frente reivindicativo común dirigido a denunciar en las instituciones la decisión del Gobierno de trasvasar agua sólo para Cataluña y a exigir la recuperación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) como la única vía posible de desarrollar una política hídrica «realmente solidaria» a escala nacional.

La creación de este frente común, que incluye el recurso a la vía legislativa, supone una acción complementaria al calendario de movilizaciones que ambas comunidades autónomas diseñan contra la decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de autorizar para Cataluña lo que niega al resto del Levante español.

Igual que hace cuatro años

Si en 2004 los presidentes valenciano y murciano se sorprendieron de la derogación del trasvase del Ebro, en un pacto a hurtadillas de Rodríguez Zapatero con sus entonces socios de ERC previo a las elecciones generales, ahora, en 2008, han vuelto a quedar atónitos al ver cómo ese trasvase se hará pero sólo hacia Barcelona.

Semántica aparte (trasvase, transferencia, conducción…), lo cierto es que el agua del Ebro irá al área metropolitana de Barcelona por un procedimiento que ya pidió Valencia a finales del año 2006 y le fue denegado. Como también pasó luego con la propuesta de utilización del agua del río Bergantes, afluente del Ebro que discurre por el norte de la provincia de Castellón.

El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, explicó ayer en este sentido que el Ministerio de Igualdad debería iniciar su trabajo garantizando la igualdad de los españoles en materia de agua, para evitar que se produzcan discriminaciones en el abastecimiento por razón de residencia.

Una reunión con la ministra

El clima de crispación que ha generado la decisión del recién estrenado Gobierno de Zapatero no ha cerrado las puertas al diálogo y así el Ejecutivo valenciano mantiene la mano tendida y ya ha solicitado una reunión con la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa.

Hasta la fecha nunca han podido celebrarse reuniones entre el Ejecutivo de Camps y la titular de Medio Ambiente que precedió a Espinosa en el cargo (Cristina Narbona), por lo que en el Gobierno valenciano tienen la íntima convicción de que la nueva ministra será más receptiva con las peticiones de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.

En todo caso, la ofensiva institucional seguirá teniendo una de sus patas en el Parlamento autonómico. Para ello, el grupo popular en las Cortes Valenciana ha presentado una proposición no de ley para que el legislativo refrende el «informe Camps» aprobado por el Comité de las Regiones (CdR) de la Unión Europea y que sea remitido al Gobierno central para que rectifique su política hídrica.

García Antón y el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, presentaron la iniciativa parlamentaria, que reclama al Ejecutivo de Zapatero que cumpla con los principios de solidaridad, igualdad y no discriminación ejecutando de nuevo el trasvase del Ebro a las cuencas del Júcar y el Segura.

El consejero recordó que el uno por ciento de la cuenca del Ebro son tierras valencianas, por lo que a la Comunidad le corresponden 180 hectómetros cúbicos de agua de ese río.

El documento que votarán los diputados recoge un apoyo explícito al proyecto de trasvase de aguas del Ebro para abastecimiento humano de la ciudad de Barcelona. El portavoz popular destacó que el «informe Camps» refleja la filosofía del PP en materia de agua y afirmó que el documento es «coherente, solidario y plantea soluciones globales».

Esperanza Aguirre, el lunes

A este eje que hará frente a la política hídrica de Zapatero se sumará el próximo lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien mantendrá una reunión en la capital de España con el propio Francisco Camps. Aguirre reactivará así el llamado «eje de la prosperidad» (Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares) con Camps y también pedirá la solidaridad en el tratamiento de la sequía para todas las regiones españolas.

En medio de la polémica por la caducidad del trasvase Tajo-Segura, demandada desde la Junta de Castilla-La Mancha y rechazada por los gobiernos de Valencia y Murcia, el Ministerio de Medio Ambiente ha adjudicado las obras para dotar de agua del Tajo a los regadíos de la localidad murciana de Pliego. Esta actuación es la única que quedaba por ejecutar para dar por completado el postrasvase Tajo-Segura en la Región de Murcia y, por tanto, en la Cuenca del Segura.

Las obras para la «Dotación de los recursos del trasvase Tajo-Segura a los regadíos del término municipal de Pliego» habían sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en diciembre del pasado año, por parte del Ministerio, que ahora ha adjudicado estos trabajos a la mercantil Ferrovial Agroman SA por un importe de 6.595.000 euros.

El plazo de ejecución está fijado en 14 meses, según informó la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en un comunicado.

Esta obra -añade el comunicado- supone «otra muestra más del compromiso del Gobierno por asegurar el correcto funcionamiento y la buena gestión de esta infraestructura, además de corregir el agravio comparativo que, años tras año, han venido sufriendo los agricultores de Pliego».

Pero mientras el Gobierno de Zapatero adjudicada obras para asegurar los regadíos de Murcia a través del acueducto Tajo-Segura, el Ejecutivo presidido por el socialista José María Barreda sigue reclamando que el agua de la cabecera del Tajo se utilice en Castilla-La Mancha. En este sentido, el viceportavoz socialista en las Cortes, José Manuel Caballero, exigió ayer a la presidenta del PP regional, María Dolores de Cospedal, que aclare si apoya el «informe Camps» aprobado el jueves en el Comité de las Regiones y si está en contra del trasvase para abastecer a la Llanura manchega.

«Silencio vergonzante del PP»

Caballero reclamó a Cospedal que rompa su silencio «vergonzante» en relación con el denominado «informe Camps», un documento no vinculante contra la sequía que defiende la política de trasvases que fue aprobado el jueves en el Comité de las Regiones con el rechazo de Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña, informa Efe. Al respecto, el diputado socialista preguntó si «la lideresa» del PP castellanomanchego va a llamar a los presidentes de Murcia y de Valencia, Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps, respectivamente, para trasladarles su oposición a dicho texto, o si, por el contrario, «tiene miedo a enfrentarse a sus compañeros del PP».

El dirigente socialista también exigió explicaciones a Cospedal por las declaraciones realizadas por la portavoz parlamentaria del PP, Ana Guarinos, en las que pidió al presidente de la región, José María Barreda, que aclare si su oposición a la política de trasvases incluye también un rechazo al trasvase del Tajo a la Llanura manchega. Caballero acusó a Guarinos de «cuestionar» esa obra -una «reivindicación histórica» de la Comunidad a través de la cual se dará de beber a más de medio millón de manchegos- al compararla con el trasvase Tajo-Segura.

Durante el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha el portavoz en materia de agua del Grupo Parlamentario Socialista, José Molina, pidió al PP de Castilla-La Mancha y a su presidenta, María Dolores de Cospedal, que se pronuncien en contra del dictamen de la Unión Europea a favor de una política trasvasista y lamentó que a los populares «se les llene la boca de palabras contra los trasvases».

Molina hizo estas declaraciones ayer, tras conocerse la resolución del pleno del Comité de Regiones de la Unión Europea, donde se aprobó el informe del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que aboga, entre otras soluciones, por el recurso a los trasvases para paliar la escasez de agua y la sequía en Europa. Así, en su opinión, ayer también se demostró que «los que realmente pintan en el PP» están a favor de los trasvases, mientras que aseguró que la representación de Castilla-La Mancha enmendó el texto con el apoyo de todo el PSOE europeo, a pesar de lo cual el dictamen fue aprobado.

Por su parte, el PP regional rehusó hacer declaraciones tras conocerse la resolución europea y se remitió a la comparecencia de su portavoz en la Cámara regional, Ana Guarinos, durante el Pleno celebrado ayer en las Cortes regionales.

«Nosotros pedimos, y así consta en el Estatuto de Autonomía, que el trasvase Tajo-Segura, tal y como está concebido actualmente, tiene que desaparecer» aseguró la portavoz del PP, quien lamentó que Castilla-La Mancha sea «la única región que está hipotecada en materia de agua».

Finalmente, Guarinos, que calificó de «contradictoria y oportunista» la postura del PSOE en política de agua, recordó la existencia de un trasvase interno destinado a abastecer a la Llanura Manchega y retó a Barreda a que aclare si está también en contra de esos trasvases.

Fue el portavoz socialista, Santiago Moreno, quien contestó a Guarinos asegurando que el abastecimiento a La Mancha con aguas de la cabecera del Tajo sólo servirá para dar de beber a los municipios de esa zona y ha asegurado que jamás discurrirá por la tubería manchega agua para regadíos, desarrollos industriales o campos de golf.

Municipios ribereños

Durante el pleno de ayer, las Cortes aprobaron una resolución por la que instan al Gobierno central a que preserve una lámina mínima de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía para garantizar la actividad socioeconómica de los municipios ribereños de esos pantanos.

Este fue el único punto en el que estuvieron de acuerdo ambas formaciones, puesto que el Partido Popular propuso -a través de una resolución que fue rechazada con los votos en contra del PSOE- revisar el Plan Especial de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, para retirar del mismo las actuaciones ya realizadas o previstas, así como crear una oficina de seguimiento del documento.

El diputado socialista José Molina, aseguró que el principal problema de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía «son los propios embalses», porque desde la creación de los mismos, «se ha trasvasado de manera excesiva».

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, reclamaba ayer que en la política hidrológica nacional haya «coherencia» en todas las cuencas para que la estrategia y filosofía de esta política general del agua sea la oposición a los trasvases.

Hacía esta valoración durante la habitual rueda de prensa para dar a conocer los acuerdos del Consejo de Gobierno, y preguntado por la petición de Calatuña para que se realice un trasvase del río Segre. Según Lamata, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha dejado claro que rechaza cualquier trasvase desde el Ebro. Dijo que el único trasvase «vivo» de importancia que existe en España es el del Tajo-Segura y volvió a reiterar su caducidad.

Además, señaló que en la cabecera del Tajo «no hay agua ni la habrá» para trasvases, porque si aumentan las reservas, «Castilla-La Mancha necesitará ese agua para su desarrollo».

Volvió a insistir, como en otras ocasiones, que hay otras alternativas al trasvase para las regiones que dependen de esta cuenca, como el uso de las desaladoras.

Estabilidad en el empleo

En cuanto a los acuerdos del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo regional destacó la aprobación de una instrucción sobre el fomento de las estabilidad en el empleo y otras medidas de tipo social y medioambiental que deben cumplir las empresas que quieran establecer contratos públicos con la Junta de Comunidades.

Lamata destacaba que el Gobierno regional primará mediante cláusulas en los pliegos de contratación a aquellas empresas que tengan una mayor tasa de empleo indefinido y a las que se comprometan a transformar los empleos temporales en fijos. También se primará la contratación de discapacitados, mujeres, parados de larga duración y las medidas que fomenten la igualdad y la conciliación. El año pasado la Administración regional efectuó 5.882 contratos con empresas por importe de 1.700 millones de euros.

En total, el agua acumulada en las cuencas españolas alcanza los 25.315 hectómetros cúbicos, 7.378 hm3 menos que el pasado año y 9.590 hm3 menos que en la media de los últimos 10 años, según los datos facilitados esta mañana por el Ministerio de Medio Ambiente.

Por cuencas, la cuenca del Segura es la que más ha disminuido su reserva con 7 hm3 menos situándose al 17,8 por ciento de su capacidad, mientras que la cuenca del Ebro la ha aumentado en 428 hm3 hasta encontrarse al 53,7 por ciento de su capacidad total.

Los mayores caudales se encuentran en los embalses de la reserva del Norte III (que comprende el País Vasco excepto sus cuencas internas), que se sitúan al 90,1 por ciento; las cuencas internas del País Vasco que se encuentran al 85,7 por ciento; la cuenca Norte II (Asturias y Cantabria) que alcanza los 81,4 por ciento de su capacidad total; la Norte I (sur de Galicia y norte de León) que se sitúa al 58,5 por ciento; Galicia Costa que alcanza el 56,4 por ciento de su capacidad; la del Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) que está al 55 por ciento y la del Duero que se sitúa al 53,8 por ciento de su capacidad total.

Ya por debajo del 50 por ciento se encuentran la cuenca del Tajo que alcanza el 47 por ciento, la cuenca Atlántica Andaluza que baja al 37,9 por ciento de su capacidad total y la cuenca del Guadalquivir que se sitúa en el 36,1 por ciento.

En situación más crítica están la Cuenca Mediterránea Andaluza, que baja ligeramente en relación a los niveles de la semana pasada y se queda en el 29,2 por ciento; la cuenca del Júcar, que alcanza el 23,1 por ciento de su capacidad y las Cuencas Internas de Cataluña que se sitúan al 19,6 por ciento.

La capacidad total de las cuencas españolas es de 54.308 hectómetros cúbicos, aunque la cantidad de agua embalsada es de 25.315 hm3. De éstos, 19.915 corresponden a la vertiente atlántica y 5.400 a la vertiente mediterránea.

Las organizaciones ecologistas consideran que es necesaria la creación de un Ministerio de Medio Ambiente reforzado que profundice en los avances logrados en la anterior legislatura y que, sobre todo, pueda enfrentar con las competencias y recursos necesarios los principales retos en materia de política ambiental.

Así, las organizaciones, que el pasado 22 de enero presentaron el documento «Un Programa por la Tierra», con 84 propuestas para ser tenidas en cuenta por gobierno y oposición en materia de cambio climático y energía, transporte, biodiversidad y agua, entre otras, reclaman un Ministerio de Medio Ambiente capaz de:

• Reforzar la lucha contra el cambio climático y conseguir los objetivos de reducción de emisiones, teniendo para ello las competencias necesarias en materia de energía (eficiencia energética, reducción del consumo e impulso de energías renovables) y planificación del transporte.

• Detener la acelerada pérdida de biodiversidad, con mayores recursos para trabajar en coordinación con las Comunidades Autónomas en la protección de espacios y especies, y para una adecuada protección y gestión de la Red Natura 2000.

• Avanzar rápidamente en la protección del medio marino, influyendo en la definición de la política pesquera, integrando una Agencia del Mar que agrupe muchas de las competencias actualmente dispersas, y creando una Red amplia y representativa de Areas Marinas Protegidas.

• Poner en práctica y garantizar el cumplimiento de una política responsable de uso y gestión del agua que restaure los ecosistemas degradados y tenga en cuenta los escenarios de escasez de agua previstos con relación al cambio climático, ampliando sus competencias en la definición de las políticas de agricultura y desarrollo rural con el objetivo de hacerlas sostenibles.

• Avanzar en la investigación y concienciación pública sobre la importancia de un medio ambiente limpio y en buen estado, no por sí mismo, sino también por los beneficios que este tendría sobre nuestra salud para alcanzar una economía sostenible a largo plazo y para poder enfrentarnos al gran reto del cambio climático.

El consejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, propuso ayer que el Gobierno central retome el Plan Hidrológico Nacional y lo

reelabore con los gobiernos autonómicos para alcanzar la solución que no ha llegado en la pasada legislatura. «No me refiero al Plan que aprobó el PP, ni tampoco al Programa Agua, sino a otro nuevo», apostilló.

Cerdá se mostró convencido de que al final se construirá el trasvase del Segre al Llobregat que propone el Gobierno de Cataluña. «Si hace falta, se sacarán un decreto de debajo de la manga para construirlo», declaró antes de la conversación entre Narbona y el consejero catalán. Si se llega a ese extremo, Cerdá apunta que habrá que considerar de nuevo las aportaciones del Ebro para Valencia, Murcia y Almería. «No puede ser que en plena sequía el Ebro siga arrojando agua al mar. En los últimos años ha vertido 36.000 hectómetros cúbicos. El año pasado fueron 9.000. En el trasvase derogado sólo se pedían 460 para Murcia».

El consejero murciano denunció «el galimatías y el desorden» que ha provocado «la política de Rodríguez Zapatero». «Cataluña propone ahora trasvases del Ebro y Aragón dice que quiere prohibirlos. No hay quien lo entienda». A su juicio, el debate del agua «ha tomado viveza porque Cataluña necesita recursos para beber. Como esta región ha entrado en estado de emergencia, resulta que el problema del agua es ahora nacional, mientras que la agricultura de Murcia lleva años soportando trasvases cero».

Más «pozos» que un gruy_re

La situación a llegado a tal punto que en la actualidad más de 900 desalobradoras trabajan a toda máquina para combatir la sequía en Murcia.

Pozos y más pozos. El Campo de Cartagena se parece cada día más a un queso de gruy_re debido al vertiginoso aumento de las extracciones de agua para paliar la sequía. La mayoría de estos pozos aportan aguas de baja calidad y con un alto contenido de sal, lo cual obliga al continuo funcionamiento de pequeñas plantas desalobradoras instaladas dentro de las fincas. La Confederación Hidrográfica del Segura estima que hay unas 900 desalobradoras en esta zona.

No existe un censo oficial de estas instalaciones, ya que la mayoría son privadas. Haría falta un permiso para acceder a las propiedades y efectuar un registro, algo que el comisario de Aguas de la Confederación, Manuel Aldeguer, considera que no es necesario a menos que se produzca algún conflicto. Apunta, no obstante, que sí le gustaría conocer con detalle el número y su distribución. La única constancia que tiene ahora son los trámites para poner en funcionamiento otras 100 nuevas desalobradoras.

Estas pequeñas plantas captan aguas salobres de pozos para rebajar su contenido de sal. Después, estos caudales se suelen mezclar con aguas continentales de otra procedencia, entre éstas las que llegan del trasvase Tajo-Segura cuando se aprueba alguna derivación de la cabecera.

Manuel Aldeguer calcula que, en su conjunto, se están extrayendo unos 60 hectómetros cúbicos anuales en el Campo de Cartagena, lo cual no afecta al acuífero, ya que tiene una carga de reservas «muy somera». No obstante, cree que sí puede ser perjudicial para el medio ambiente si no se trata adecuadamente la salmuera. Los regantes cuentan con una desalobradora de mediana capacidad en San Pedro del Pinatar, que está proyectada para recibir el agua de rechazo del Campo de Cartagena y evitar que causen un problema medioambiental en la comarca si se deposita en las ramblas.

No hay censo oficial

La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena señaló a La Verdad que desconoce cuántas desalobradoras pueden estar funcionando, ya que son particulares y no hay censo oficial. «Nosotros nos limitamos a distribuir el agua que llega de la cabecera del Tajo».