Según explicó ayer la secretaria general de Medio Rural, Alicia Villauriz, el Gobierno está trabajando para que el sector agrario y las eléctricas lleguen a un acuerdo «en el plazo de unos dos o tres meses» sobre las tarifas eléctricas que entrarán en vigor el día 1 de julio, informa EFEAGRO.

Además recordó que el Ministerio de Medio Rural ya ha mantenido reuniones con organizaciones agrarias, regantes y el Ministerio de Industria, y que continúa negociando una prórroga -de hasta dos meses- para que los regantes negocien tarifas «más ajustadas a sus necesidades».

Así lo destacó Villauriz durante la asamblea general de la Federación Española de Productores y Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX), celebrada ayer en Madrid y que reunió al sector para analizar su evolución y las cuestiones que le afectan como la creciente competencia tanto intracomunitaria como de terceros países o el incremento de los costes de producción.

En este sentido, destacó la preocupación del sector por la por la negociación de acuerdos de la UE con terceros países, así como por el desarrollo normativo de la Organización Común de Mercado (OCM) de frutas y hortalizas.

Villauriz señaló el «importante» esfuerzo modernizador realizado por el sector hortofrutícola español e hizo un llamamiento para que éste saque «la parte positiva» de la apertura comercial, ya que tiene intereses en el exterior y «capacidad para desarrollar más estos mercados».

En la sesión plenaria de ayer se ha pedido al Gobierno, a través de una moción parlamentaria, que ha sido debatida y aprobada por el Pleno, una rebaja en la factura de la luz que pagan los ganaderos y agricultores y la prórroga de la tarifa especial eléctrica para el riego en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

La moción ha sido aprobada e insta al Gobierno a que inicie negociaciones en la Unión Europea para que las instalaciones ganaderas y los regadíos agrícolas puedan beneficiarse de un IVA reducido que proteja a estos sectores esenciales, así como a los consumidores finales de su producción.

Al texto original presentado por el PP se le ha unido una enmienda del Grupo de CIU, por la cual se supedita esta aplicación a la conformidad de la Comisión Europea.

Italia ya solicitó a la Comisión de las Comunidades Europeas aplicar un tipo reducido de IVA al suministro de electricidad para la explotación de instalaciones de regadío, bombeo y evacuación de agua. Esta solicitud fue aceptada mediante Decisión de la Comisión Europea de 30 de abril de 2007.

La secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, resaltó ayer la necesidad de crear un Plan Hidrológico Nacional y se mostró partidaria de la solidaridad entre comunidades autónomas y entre todos los españoles, ya que en materia de agua «es necesario llevar el agua de donde sobre hacia donde falte». Asimismo, defendió el principio de unidad de cuenca, el principio de solidaridad entre todos los españoles, el principio de preferencia de las cuencas naturales, y el principio de la necesaria sostenibilidad medioambiental de las cuencas hídricas y de las cuencas naturales por las que discurren los ríos, informa Ep.

La nueva número dos del PP hizo estas afirmaciones a los medios de comunicación tras visitar el Pabellón de España en la Expo de Zaragoza 2008, que ayer celebraba el Día de Castilla-La Mancha. De Cospedal transmitió la necesidad de que en España exista un Gobierno que asuma «con responsabilidad» los problemas del agua y que ponga en marcha un Plan Hidrológico Nacional, «algo que el PP siempre ha defendido y seguirá defendiendo». Reclamó políticas hidrológicas que no se circunscriban únicamente «en que las comunidades autónomas se enfrenten entre sí». «El Gobierno tiene que tomar decisiones y decir qué es lo que quiere hacer con la política hídrica de toda España», agregó. En definitiva, «tiene que tener un Plan Hidráulico para satisfacer las necesidades de agua de todos los españoles», remachó.

Por su parte, el presidente de la Comunidad, José María Barreda, aprovechó el momento para airear la reivindicación de que en 2015 debe expirar el trasvase Tajo-Segura, informa Efe. Así lo reiteró, con prolijas exposiciones de motivos, en una rueda de prensa matinal y tras un encuentro con el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, e, incluso con más énfasis, ante el ministro de Sanidad, Bernat Soria, quien representaba al Gobierno en el acto institucional central.

Con los gancheros

«El río que nos llevan», parafraseó Barreda a José Luis Sampedro añadiendo una ene final que le cambia el sentido al título de la obra que el escritor catalán dedicó a los gancheros -portadores de mercancía sobre troncos en el Tajo-, en presencia de un grupo de éstos.

Estos gancheros, con sus lanzas en ristre, dieron un toque tradicional al evento, al estar rodeados de varios centenares de diputados, alcaldes y representantes del tejido socioeconómico regional desplazados desde Castilla-La Mancha para celebrar el día dedicado a la Comunidad en la Expo.

El ministro no aludió directamente al trasvase Tajo-Segura, pero en su discurso previo al de Barreda intercaló elogios para la responsabilidad y la solidaridad que ha mostrado Castilla-La Mancha con el agua.

Bajo un sol de justicia y a ritmo de silbatos, cencerros e infinidad de cánticos como «Zapatero, el campo es lo primero» o «si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra», miles de agricultores y ganaderos -20.000 según la organización convocante ASAJA y cerca de 10.000 según la Policía Nacional- han lanzado gritos de desesperación para pedir «soluciones ya» porque «Zapatero, Solbes y Espinosa a ver si os enteráis, los tractores no funcionan con gaseosa».

Sus problemas ya son conocidos por todos y sin embargo el Gobierno continúa impasible ante una situación que «nos está arruinando» han comentado a AGROCOPE los manifestantes.

Y es que la situación es estremecedora, ya que el sector es cada vez más mayor y los jóvenes no quieren trabajar para perder dinero y, por si fuera poco «cada día va a peor». Para Aurelio Cervera, un agricultor de 70 años de Cuenca, el problema, es que «todo el mundo se mete por medio para sacar tajada» y lo que no entienden es que si el campo desaparece «el país se va al carajo».

La manifestación, que ha provocado esta mañana el caos circulatorio en el mítico Paseo de la Castellana, ha transcurrido de forma pacífica hasta el Ministerio de Economía y Hacienda, pero cargada de simbologías.

Con coronas de flores, un féretro y un sacerdote, agricultores y ganaderos extremeños han llorado y enterrado el campo, ahogado por los costes de producción y los bajos ingresos.

Pero sin duda, una de las imágenes más sobrecogedoras de la jornada se ha producido con el desparrame de miles de tomates y cebollas por el suelo, como muestra de que les da igual vender que tirar su producción.

Para Pedro Barato, presidente de ASAJA, el Gobierno puede hacer «y mucho» por el sector y por ello ha reclamado un gasóleo profesional, la implantación del impuesto de hidrocarburos, la rebaja del IVA que grava el combustible del 16 por ciento al siete por ciento o un plan de reestructuración para la ganadería.

Ha denunciado la «pasividad» del Gobierno que se mantiene impasible mientras «el gasóleo o los fertilizantes se encarecen un 50 por ciento. Por ello, Barato ha advertido de que si no hay soluciones «ya veremos que pasa».

Lo que está claro es que ni agricultores ni ganaderos van a dejar que les roben porque «el campo es productor y consumidor» y por eso no solo piden precios justos para ellos, sino para todos.

El Ministerio de Industria remitió ayer a la Comisión Nacional de Energía (CNE) la propuesta de orden ministerial que determina la subida de la luz a partir de julio. El planteamiento acordado por el equipo que dirige Miguel Sebastián consiste en ajustar el incremento de la tarifa eléctrica a un 5,62% para los hogares. Para los grandes consumidores industriales que todavía están sujetos a un precio regulado, el aumento se limitará al 4,7%, de acuerdo con el IPC adelantado del pasado mes de mayo.

El borrador de la citada disposición normativa, al que ha tenido acceso ABC, fija en el 1 de noviembre el inicio del año eléctrico, una fecha que debe marcarse en rojo dentro del calendario porque servirá para abordar las futuras y más vertiginosas subidas de la luz. No en balde, el Gobierno tiene hasta finales de año para reestructurar los llamados costes de acceso del sistema eléctrico, que son los que componen el principal caballo de batalla en las relaciones con las empresas generadoras. Dicho de otro modo, será a partir de noviembre cuando se desencadene la verdadera ofensiva sobre la tarifa eléctrica, de la que dependerá el incremento para el año 2009.

Hasta entonces, y con arreglo a la subida del próximo 1 de julio, el Ministerio de Industria va a tener que admitir un nuevo déficit de tarifa de 2.500 millones de euros entre el pasado abril y el próximo octubre. A esta cifra hay que añadir otros 1.300 millones de «agujero» acumulado durante el primer trimestre del año.

Exención del 5%

El déficit en cuestión es producto de un incremento de tarifa que queda situado muy por debajo del 11,3% propuesto inicialmente por la CNE. La subida media del 5,6%para los consumidores finales se produce gracias a la aplicación de un mínimo de consumo exento de 25 kilowatios por hora al bimestre. Se da la circunstancia de que el consumo medio en el sector residencial y de oficinas (unos 22 millones de puntos de suministro) está cuantificado en 272 kilowatios por hora al mes, lo que supone 544 kilowatios por hora al bimestre. En consecuencia, los 25 kilowatios por hora de consumo mínimo gratuito vienen a suponer una exención del 5% para la mayor parte de los consumidores españoles.

La orden ministerial de Industria incluye como anunció Miguel Sebastián la adopción de la futura tarifa social de aplicación a suministros domésticos en baja tensión contratados por personas físicas y solo para su residencia habitual, no para las segundas viviendas. Dicha tarifa social podrá ser solicitada por un total de 3,6 millones de hogares y para acceder a ella será necesario firmar una declaración jurada en la que se acredite el cumplimiento de unos requisitos básicos. Dichas condiciones se resumen en la obligación de disponer de una potencia contratada inferior a los 3 kilowatios.

La tarifa social se traduce básicamente en que sus beneficiarios no tendrán que pagar el denominado término de potencia o coste fijo y, en consecuencia, sólo deberán afrontar los costes variables de sus respectivos consumos.

Para compensar al sistema eléctrico de todos estos ajustes a la baja, el planteamiento del Ministerio de Industria incluye un incremento de las penalizaciones que ahora se establecen por los denominados consumos excesivos. Hasta la fecha, el consumo excesivo se estimaba a partir de los 1.100 kilowatios por hora al bimestre, prácticamente el doble del consumo promedio que, como queda dicho, es de 544 kilowatios por hora.

A partir de ahora, el límite del exceso de consumo se determina en los 1.000 kilowatios por hora al bimestre y a partir de esta cuantía los consumidores pagarán penalizaciones del 25% del consumo de energía básico establecido en la tarifa 2.0.1, que es la que comprende una potencia contratada de entre 1 y 2,5 kilowatios.

Próximo calendario

La orden ministerial fue ayer distribuida a los comités consultivos afectados por la subida de la luz, que se reunirán el próximo lunes con la Comisión de la Energía que preside Maite Costa. A partir de este encuentro se espera que el miércoles día 25 el organismo regulador aborde en su consejo la propuesta del Ministerio de Industria con el fin de trasladar su informe preceptivo al Gobierno. Los plazos administrativos culminarán el viernes 27 con la aprobación del nuevo recibo de la luz por parte del Consejo de Ministros. En consecuencia con este calendario, la subida de la tarifa eléctrica entrará en vigor el próximo 1 de julio.

Los Reyes presidirán hoy, a las 21:00 horas, la ceremonia inaugural de la Expo, a la que están invitadas 5.000 personas. Desde mañana, esta muestra estará abierta al público: tres meses por delante para conocer las propuestas de 105 países, de todas las comunidades autónomas, de organismos internacionales, compañías y organizaciones no gubernamentales, con el agua como argumento. El espectáculo «Iluminar» será el protagonista de la ceremonia inaugural. Estará compuesto por la pirotecnia dirigida por Christophe Berthoneau, y los hinchables de Plasticiens Volants.

Los Reyes estarán acompañados por los Príncipes de Asturias, los Duques de Palma y la Infanta Elena, así como por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, varios de sus ministros, el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, y el alcalde de la ciudad, Juan Alberto Belloch.

La apertura de la Expo pone fin a una carrera que arrancaba hace nueve años, cuando Zaragoza, con el respaldo del Estado, se lanzó como candidata a organizar esta muestra.

«Agua y desarrollo sostenible»

Comienzan tres meses de exposición y de un concentrado programa de actividades culturales y espectáculos. En el recinto, el visitante se encontrará con 60.000 metros cuadrados de pabellones expositivos, en los que se funden propuestas en torno al lema de la exposición, «Agua y desarrollo sostenible», pero también oferta turística y divulgación.

Todo ello, acompañado de más de 4.500 espectáculos de teatro, música y danza. Además, unas 32.000 personas participarán en la Tribuna del Agua, un foro de debate en el que intervendrán, entre otros, Mijail Gorbachov, Rigoberta Menchú o Federico Mayor Zaragoza.

A las 25 hectáreas del recinto, levantado en el Meandro de Ranillas, se añaden las 120 hectáreas del Parque Metropolitano del Agua en ese mismo espacio natural, el Meandro de Ranillas y su entorno labrado por el Ebro. El parque consta de un jardín botánico de 13 hectáreas y un sistema de canales, acueductos y balsas de navegación.

2.250 millones de inversión

El Estado ha sufragado la mayor parte de las inversiones, a las que también han contribuido el Gobierno aragonés y el Ayuntamiento de Zaragoza, junto a socios y patrocinadores privados. En total, 700 millones de euros dedicados a construir el recinto de la Expo y otros 1.550 millones del denominado Plan de Acompañamiento, para infraestructuras complementarias en Zaragoza.

Durante los tres meses que permanecerá abierta, la Expo espera recibir 3,6 millones de visitantes. Como algunos entrarán varias veces al recinto, el cómputo total de visitas que se han marcado como objetivo asciende a seis millones y medio. Y los organizadores se muestran optimistas, porque hasta el momento ya hay garantizadas más de tres millones de visitas con las entradas y pases que se han vendido antes de la inauguración.

Entre tanto, el alcalde de Zaragoza emitió ayer un bando en el que llama a la colaboración de los vecinos de la capital para que expresen su «mejor disposición» y hagan que la ciudad muestre «su mejor cara». «Nos queda un último esfuerzo», dice Belloch en su bando: «Ser los mejores anfitriones para nuestros visitantes».

Las declaraciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al periódico «Financial Times», en las que afirma que España no construirá más centrales nucleares por los costes que generan, pero también porque un país vulnerable a las sequías no tiene suficiente agua para refrigerar los reactores, han provocado, cuanto menos, incredulidad y sorpresa entre el sector eléctrico y la industria nuclear.

Fuentes consultadas por este periódico han recordado que las centrales nucleares necesitan grandes cantidades de agua, pero que el 98% se devuelve al medio del que se toma, sea un río, un embalse o el mar, después de enfriarse. El resto, se evapora.

Hay que subrayar que el agua que se utiliza sólo se destina al circuito de refrigeración de la instalación, por lo que nunca puede contaminarse.

Cada central nuclear tiene una concesión de consumo de agua. Una instalación tipo de 1.000 MW, tiene un consumo de entre 15 y 20 hectómetros cúbicos al año, según el Foro Nuclear.

Además, todas las centrales de generación eléctrica que emplean turbinas de vapor, como las que utilizan carbón y gas natural, también necesitan grandes cantidades de agua como refrigerante para producir la condensación del vapor que, al expansionarse en la turbina, mueve el generador y produce la electricidad.

Las reacciones de las distintas comunidades autónomas implicadas en la «guerra del agua» al anuncio de un pacto nacional lanzado por la ministra de medio Ambiente, Elena Espinosa, no se han hecho esperar. Mientras las cuencas potencialmente receptoras aplaudieron el principio de «cambio» en las tesis del Ejecutivo, las que se convertirían en cedentes mostraron una vez más su oposición frontal.

Las dos regiones que comparten la cuenca hidrográfica del Segura -la más deficitaria de España-, la Comunidad Valenciana y Murcia, se felicitaron ayer por la intención del Gobierno de alcanzar un «gran Pacto del Agua», como lo definió Espinosa el pasado lunes.

Tanto el consejero de Agua valenciano, José Ramón García Antón, como su homólogo en la Región de Murcia, Antonio Cerdá, aplaudieron el cambio de postura del Ejecutivo -que durante la pasada legislatura vetó la posibilidad de debatir la interconexión de cuencas-. No obstante, se mostraron poco optimistas sobre las posibilidades del citado pacto, dado que Espinosa «ha excluido de entrada» el trasvase del Ebro al Levante.

Antes de participar en Alicante en unas jornadas sobre gestión de aguas organizadas por una asociación empresarial, García Antón admitió que la salida de Cristina Narbona del Ministerio dibuja un nuevo escenario tras la «etapa antitrasvasista», acentuado por el debate en torno a la derogada transferencia a Barcelona, y dijo que «gobiernan según la climatología».

«Criterios técnicos»

El consejero valenciano, que la pasada semana se reunió con el secretario de Estado de Agua, José Puxeu, confió en que la relación entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno «cambie» tras ese encuentro, en el que se limaron asperezas. En cualquier caso, recordó que la «radical» política de Medio Ambiente en los últimos cuatro años será difícil de cambiar «de golpe», por lo que se mostró cauto sobre su verdadero alcance.

En este sentido, afirmó -en relación a la negativa de Espinosa a debatir sobre el trasvase del Ebro original- que «si se veta algo, es que no hay un sincero deseo de pacto». Por ello, advirtió que «aunque estamos dispuestos» a formar parte de dicho acuerdo, «si empiezan con exclusiones, no podemos estar».

El consejero de Agua de la Generalitat Valenciana incluso retó a la ministra de Medio Ambiente: «Estamos dispuestos a admitir, si nos lo demuestran, que no tenemos razón al pedir el trasvase», dijo. Eso sí, pidió que el debate se centre en aspectos «técnicos, y no políticos». Así, consideró que el Ebro «nos recuerda cada dos meses -en relación a las crecidas del río- que tiene agua suficiente» para acometer la transferencia.

El consejero murciano, por su parte, se sumó al análisis de su homólogo. Cerdá dio la «bienvenida» al Pacto del Agua propuesto por la ministra, aunque advirtió que el trasvase del Ebro al Levante «tiene que estar sobre la mesa». El consejero advirtió que el Ebro «no es un río sagrado», y por tanto se trata de una opción a contemplar «como el resto».

Aragón, entre tanto, no quiere que se siga hablando de trasvase. La coalición PSOE-PAR ha estado a punto de tener que digerir un trasvase a Barcelona después de años arremetiendo contra el PP por el defendido para la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.

«Vacuna» contra el trasvase

A toro pasado, con el trasvase a Barcelona descartado gracias a las lluvias, el líder del PAR y vicepresidente del Gobierno aragonés, José Ángel Biel, exigió ayer que se le otorgue a esta Comunidad la gestión de 6.550 hectómetros cúbicos. Es el volumen que el Pacto del Agua de 1992 reconoce como necesaria para cubrir las necesidades hídricas de esta Comunidad, la misma cifra que incluyó el PHN del gobierno Aznar y la que, eso sí, sigue sin poder hacerse efectiva porque no hay embalses en los que guardar el agua. Embalses que fijaba en 1992 el mismo Pacto del Agua de Aragón.

Desde 1999, los esfuerzos institucionales de esta región han dado prioridad a luchar contra el trasvase del Ebro. Ahora, la coalición PSOE-PAR subraya que esos embalses son imprescindibles para abastecer a Aragón, pero también como «vacuna» contra futuros intentos de trasvases, porque con 6.550 hectómetros cúbicos a gestionar, será más difícil que haya excedentes en el Ebro.

Para que esos embalses lleguen de una vez, Biel defiende que sea Aragón la que gestione la ejecución de las obras, que en cualquier caso han de ser financiadas con los presupuestos del Estado. Biel avanzó que así lo pedirán el próximo 7 de julio, en la comisión bilateral de coordinación Estado-Aragón. El vicepresidente aragonés afirmó que si esta Comunidad gestiona esa reserva estratégica de 6.550 hectómetros cúbicos y los embalses se hacen de una vez por todas, se habrá acabado con la «amenaza del trasvase para los próximos cien años».

El presidente catalán, José Montilla, reconoció ayer por primera vez la posibilidad de que se derogue el minitrasvase del Ebro a Barcelona, que a partir de octubre debía garantizar el agua de boca a los 5,5 millones de personas que dependen de las cuencas internas de Cataluña. Entre un Gobierno del PSOE fuertemente presionado tanto desde Aragón como desde el Levante español y unos socios antitrasvasistas con fuertes intereses políticos en Tierras del Ebro, Montilla reclamaba ayer «no precipitarse» por las imágenes del Ebro desbordado y la previsión de más lluvias, pero reconoció por primera vez que la obra de interconexión entre Tarragona y Barcelona puede replantearse si persiste la lluvia.

De hecho, la Agencia Catalana del Agua (ACA) trabaja estos días a marchas forzadas para cerrar la estimación del porcentaje de agua embalsada, sumada a la situación de los acuíferos y los pozos de las cuencas internas que permita garantizar el suministro de agua hasta la entrada en funcionamiento de la desalinizadora de El Prat de Llobregat, prevista para junio de 2009. Un cáculo al que la Generalitat quiere supeditar la decisión del Gobierno, que debería tomarse en el Consejo de Ministros de mañana.

Embalses insuficientes

El hecho es que los socios minoritarios del Gobierno catalán, ERC e ICV, dan por suficientes las lluvias caídas en el mes de mayo más lluvioso del último siglo y aseguran que el agua embalsada en estas semanas será suficiente para garantizar el suministro durante el próximo año. Sin embargo, lo cierto es que esos cálculos cuentan con mantener el resto de las medidas de excepcionalidad adoptadas por la Generalitat -explotación de acuíferos, recuperación de pozos, recurso a las aguas freáticas para determinados usos y reutilización de aguas depuradas-. Y confían en que las lluvias vuelvan en octubre.

Pero lo cierto es que en los últimos tres años las cuencas internas de Cataluña sólo han embalsado agua en los meses de abril y mayo de 2007 y 2008, tal y como muestra el gráfico. Mientras lo habitual es que se acumule agua entre los meses de octubre y mayo, en Cataluña, las lluvias han llegado con seis meses de retraso durante este tiempo, lo que pone en cuestión los cálculos de quienes dan por suficiente el caudal acumulado este último mes. Sin olvidar la escasa capacidad de los embalses de la cuenca interna catalana, cuya capacidad prácticamente equivale al consumo normal de la zona a la que abastecen.

En estas condiciones, la renuncia al trasvase es una apuesta política forzada especialmente por ERC e ICV, fuertemente presionados por el coste político que podrían pagar por la simple realización de la obra. En otras palabras, en unas condiciones de mejora parcial, la apuesta de republicanos y ecosocialistas es una decisión puramente política de suprimir la medida que más coste les supone.

Hasta ahora, el PSC de Montilla había resistido esta presión, empeñado en una interconexión que los socialistas han defendido históricamente pese a su oposición al Plan Hidrológico Nacional, pero el presidente de la Generalitat tuvo que ceder terreno ayer, ante el peligro de verse enmendado de nuevo -como sucedió cuando el Gobierno aprobó el trasvase tras rechazar la apuesta catalana por el Segre- por el Consejo de Ministros del viernes.

Montilla, en una entrevista en Onda Cero, recordó que los embalses catalanes están al 45% de su capacidad, un 10% menos que hace un año, lo que no permite derogar en este momento el decreto para paliar la sequía. Pero avanzó que «habrá que replanteárselo todo» si sigue lloviendo en los próximos días y se incrementa la capacidad los embalses de las cuencas internas. «Puede darse el escenario de que no haga falta aportar agua y estaría encantado de renunciar a ella si se dan estas circunstancias», apuntó.

En este contexto, recordó que la sequía nada tiene que ver con el desbordamiento del Ebro, puesto que este río no abastece a la mayoría de la población catalana. En cualquier caso, pidió al Gobierno de Aragón que esté «tranquilo» y recordó que el Ebro es de los territorios por donde pasa, entre ellos Cataluña.

El presidente catalán advirtió, además, de que la derogación del trasvase no supondrá la renuncia a la interconexión de cuencas para unir el Consorcio de Aguas de Tarragona con el sistema Ter-Llobregat a partir de la conexión entre las futuras desalinizadoras de El Prat y Cunit.

Montilla hizo estas afirmaciones después de que su consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, anunciara que la Generalitat «está analizando la no materialización de la cañería y por lo tanto analizaremos como funcionaría el sistema con la derogación del decreto ley». De momento la Generalitat ya ha decidido no prorrogar la contratación de aguas para traerla a Barcelona, que se mantendrá hasta el 15 de agosto.

El cambio de postura del Gobierno catalán llegó después de que la portavoz de ERC en el Parlamento autonómico, Anna Simó, ironizara en la Cámara con respecto a quién «hace ruido» sobre el agua en el seno del gobierno tripartito, habida cuenta de que republicanos y ecosocialistas coinciden en la necesidad de derogar el trasvase. ERC e ICV insistieron además en eliminar lo.

Entre tanto, los grupos de la oposición -CiU, PP y Ciutadans- pidieron a Montilla que se mantenga «firme» ante sus socios y construya la tubería prevista entre Ol_rdola (Barcelona) y Tarragona, al tiempo que censuraron la falta de unidad en el tripartito.

El Ebro recela

La Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) recibió con cautela los indicios de que el Gobierno podría renunciar a la construcción de la tubería de la prolongación del minitrasvase del Ebro a Barcelona. Los portavoces de la plataforma añadieron que también se opondrán a la conexión de las desalinizadoras de Cunit y El Prat prevista por la Generalitat. Manolo Tomás, portavoz de la PDE, apuntó que «nos tememos que el Gobierno de Madrid tenga un as en la manga» y añadió, en referencia a la Generalitat, que «dentro de su obsesión por hacer la tubería, estamos seguros de que tienen un conejo en la chistera».

El sindicato agrario La Unió-Coag anunció ayer que va a exigir al Consell que creen una política del agua en clave autonómica para paliar » el déficit hídrico» que hay en la provincia de Valencia, pero «fundamentalmente» en la de Alicante.

Para ello propuso una serie de medidas entre las que destaca un minitrasvase del Ebro hasta Sagunto.  Según La Unió, «hay que ser realistas» y aunque están de acuerdo con el trasvase completo del Ebro, consideran que es «una utopía» que de aprobarse hoy tardaría 10 ó 12 años en traer el agua hasta la Comunitat.

Según su planteamiento, el trasvase hasta Sagunto sería «viable y razonable», porque se utilizaría parte de la infraestructura que ya existe «para cubrir las necesidades de la provincia de Castellón». Además, según sus cálculos, se liberarían alrededor de 30 hectómetros cúbicos (del canal Júcar – Túria) que podrían utilizarse a la comarca del Vinalopó.