La Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, informó a Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, sobre la situación hídrica de las cuencas hidrográficas más afectadas por la sequía.

Tanto el periodo de otoño como el de invierno se han presentado como los más secos de la serie histórica en todo el arco mediterráneo, cabecera del Tajo y cuenca del Guadalquivir.

Por el momento, se continúan implantando medidas de gestión como el fomento del ahorro de agua por parte de los ciudadanos y ejecución de infraestructuras necesarias en aquellos lugares donde no es posible resolver la situación exclusivamente con medidas de gestión.

A continuación se resume brevemente el estado hidrológico de las cuencas más afectadas por la sequía:

En la cuenca del Guadalquivir, la situación de las reservas es peor que la del pasado año hidrológico por estas fechas. Sin embargo, a día de hoy, no se esperan problemas en el abastecimiento a las poblaciones.

En las cuencas del Segura y Júcar, se prevén aportaciones incluso por debajo que las del año hidrológico 2005-2006, hasta ahora el pero año de sequía. Se esperan importantes restricciones en el caso del regadío.

En las cuencas Internas de Cataluña, la situación es muy delicada para todos los usos.

En la cuenca Mediterránea Andaluza, la situación de sequía que afecta al regadío dará lugar a restricciones importantes en las cosechas. En cuanto al abastecimiento a la población persiste la situación delicada en Málaga ciudad.

La derivación de 39 hectómetros cúbicos de agua recomendado por la Comisión del trasvase Tajo-Segura para su aprobación por el Consejo de Ministros no ha dejado satisfecho a casi nadie. Desde Murcia, se lamenta que se siga sin trasvasar una gota para los cultivos y se deje a suerte a la agricultura de la zona, mientras que en Castilla-La Mancha se duda de que el agua derivada se dedique únicamente al consumo humano.

En este sentido, el presidente regional, Jose María Barreda, fue contundente ayer. «Yo no seré el español que le niegue a otros españoles el agua para beber cuando la necesiten de manera apremiante. Ahora bien, ese trasvase funciona con tal opacidad que nunca sabemos a dónde va finalmente ese agua y nadie nos garantiza que va sólo para beber. No nos los garantiza el Ministerio de Medio Ambiente, ni la Confederación del Segura, ni los regantes de Murcia. Nadie».

Barreda también manifestó que le parece poco «coherente» que se defienda este trasvase y no el del Ebro. «No acpetoel discurso antitrasvasista en unos casos y que, en otros, se mire para otro lado. No lo acepto intelectualmente y, políticamente, lo rechazo frontalmente,», sentenció. También exige Barreda que, en cumplimiento de la ley del Tajo-Segura, se permita a la cuenca cedente tener prioridad sobre la cuencareceptora. «Quiero hacer uso de esa prioridad no por capricho sino por necesidad. Necesitamos el agua, no hay agua para ellos y nosotros; tenemos preferencia y tenemos que usar esa preferencia», subrayó.

Sacrificios y suicidos

«Mientras nosotros nos esforzamos, mientras nos niegan concesiones para algunos pueblos de Castilla-La Mancha y para regadío, que otros no hagan ningún sacrificio, no me parece razonable. Incluso están boicoteando las desaladoras, una alternativa de la que ellos disponen y nosotros no», añadió Barreda, postura que tildó de «un poco suicida».

Desde Murcia, la perspectiva es completamente distinta. De hecho, el secretario de Organización y diputado regional del PSOE, Francisco Javier Oñate, replicó ayer directamente a su compañero de partido Barreda al asegurar ayer que el trasvase Tajo-Segura «ha dado a España durante 25 años unos magníficos resultados»; motivo por el que consideró que «no cabe cuestionarse su continuidad».

Desde el PP, Alberto Garre, diputado nacional por Murcia, aseguró que la decisión de no trasvasar para la agricultura supone «el abandono» del Ejecutivo central a los regadíos murcianos. A su juicio, el Gobierno central «no ha aportado ni una sola solución ni en Aragón ni en Murcia, mientras asistimos a nuevas riadas del Ebro y a la pertinaz sequía de la cuenca del Segura».

El presidente murciano, el popular Ramón Luis Valcárcel, también expresó ayer su preocupación por la falta de agua para los regantes, y dijo que espera que el Gobierno de Zapatero ofrezca alternativas serias al trasvase del Ebro.

«Cuándo y de dónde»

Valcárcel ironizó al asegurar que hace votos para tener pronto un Gobierno central formado que le ilustre sobre «cuándo, de donde y con qué precio» van a llegar los recursos que la Comunidad necesita para su agricultura y su industria. Valcárcel señaló que él «de ninguna manera arroja la toalla» respecto al trasvase del Ebro, lo cual no quiere decir que no pueda ser «pragmático», en sus negociaciones con un Ejecutivo Central que no lo tiene entre sus planes.

Valcárcel también mandó un recado a Barreda: «La única opacidad es la del dinero que pagan los regantes que reciben esa agua y que no se ha aclarado a que se destina, cuando deberían emplearse en infraestructuras en los pueblos cercanos a Entrepeñas y Buendía», apuntó.

El hipotético -o hipotéticos- trasvases del Ebro que estudia la Generalitat catalana empieza a ganar defensores en la autonomía, en principio, más inesperada: la Comunidad. Mientras el Consell trata de construir un discurso que permita, desde la reivindicación, alcanzar un consenso básico con el Gobierno en la cuestión hídrica, la sociedad civil alicantina empieza a mostrar su respaldo a la eventual transferencia.

Como ha venido publicando ABC, las intenciones de la Generalitat catalana han motivado reacciones que oscilan entre la crítica a las contradicciones hídricas del PSOE y la esperanza de que el trasvase a Barcelona siente precedente. Así, las organizaciones empresariales y agrícolas más representativas de la provincia alicantina se han mostrado optimistas y han avanzado su respaldo a la obra.

De esta forma, los regantes alicantinos, integrados en la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), darán su visto bueno al trasvase -incluso si se destina exclusivamente a abastecimiento urbano-, que podría plasmarse incluso por escrito en su próxima junta directiva. Fuentes de la organización consultadas por ABC señalaron que Fenacore «siempre ha apoyado los trasvases como forma de facilitar el acceso al agua».

En este sentido, consideraron que, de realizarse la transferencia, el Gobierno enterraría los últimos cuatro años en materia de política hídrica, lo que abriría las puertas a un futuro trasvase del Ebro a la Comunidad. Así, Fenacore avalará la infraestructura para «legitimar nuestra defensa del trasvase al Levante», según las mismas fuentes.

«Debe hacerse ya»

En una tesis idéntica se sitúa la patronal alicantina, COEPA. La organización empresarial, que ha mantenido una férrea defensa del trasvase del Ebro contemplado en el PHN original durante la legislatura, avanzó ayer que la transferencia a Cataluña contará con su beneplácito, sean una o incluso las tres actuaciones desveladas el pasado lunes por este periódico.

En este sentido, fuentes próximas al presidente de COEPA, Modesto Crespo, señalaron ayer a ABC que «siempre defenderemos los trasvases», sea cual sea su destino. En el caso concreto de Cataluña, las citadas fuentes se felicitaron porque el PSOE «ha acabado por reconocer que son una buena solución». Así, pidieron que «se hagan cuanto antes», porque «deben servir para que se ejecuten los demás», en referencia al trasvase a la región.

Apoyo estratégico

Al igual que Fenacore o la propia Fundación Agua y Progreso de la Comunidad, el respaldo de COEPA a los trasvases internos en Cataluña obedece a una posición estratégica. Así, mientras el PP -tanto el catalán como el valenciano- ha incidido en los últimos días en la contradicción política del PSOE, las organizaciones sociales han soslayado la pugna partidista para tratar de alentar el precedente que pueden suponer las transferencias.

Es decir, la patronal y los regantes mostrarán su respaldo a los trasvases catalanes siempre que tengan como consecuencia colateral el «estudio» de «otras obras que se encuentran pendientes», según las mismas fuentes. «Nos alegramos de que se reconozca que los trasvases son la solución, pero acto seguido hay que estudiar el resto»,

La Cuenca Andaluza del Guadalquivir es el nuevo organismo que tiene previsto crear la Junta de Andalucía, a semejanza de la Cuenca Atlántica y de la Mediterránea, para gestionar las aguas de aquel río que discurren por la Comunidad, asumiendo gran parte de las competencias que durante ochenta años han correspondido a la Confederación Hidrográfica.

El problema está en que el Guadalquivir es un río no andaluz cien por cien, y tanto Extremadura -cuyo Gobierno ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el traspaso- como Castilla-La Mancha y Murcia tienen algo que decir en todas las decisiones que se están adoptando.

De consumarse el nuevo modelo competencial que se está fraguando en los despachos, la tan aplaudida hasta ahora unidad de cuenca amparada por el Estado será sustituida por otro sistema de toma de decisiones, en el que a modo de reino de taifas cada delegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente querrá tener su cuota de poder.

Ése es el temor que embarga a Feragua, la Federación de Comunidades de Regantes, cuyo secretario general, Pedro Parias, muestra su desacuerdo con que, al igual que se ha hecho con las Cuencas Atlántica y Mediterránea, se provincialice la gestión del Guadalquivir.

«Granada y Jaén están en la parte alta de la cuenca y Córdoba Sevilla en la parte baja, y cualquier decisión que se tome en una provincia repercutirá en las otras y viceversa», dice.

El concepto de unidad de cuenca se remonta a ochenta años atrás, «y España -apunta Pedro Parias- fue pionera en gestionar el agua por cuencas hidrográficas, a través de las confederaciones».

Resalta el secretario general de Feragua que «esto ha sido exportado al mundo entero, ha sido consagrado por la Directiva Marco de Aguas, y ahora, con la nueva configuración territorial, se pretende que las comunidades autónoma participen de la gestión de la cuenca».

Según Parias, «eso es razonable, pero no que cada Comunidad autónoma gestione las aguas de su territorio rompiendo el principio de unidad de cuenca». Así, llegado el momento, «Extremadura puede tomar una decisión que afecte a Andalucía. El que puede garantizar la unidad es el Estado, y no sé si con el nuevo modelo va a ser posible».

En opinión de Pedro Parias, a Feragua le es indiferente qué Administración gestiona las aguas. «lo que nos importa es que se haga bien y sin tensiones. Tensiones que pueden venir si impera el modelo provincializado».

Los regantes alicantinos esperan que el inicio de la nueva legislatura permita establecer una nueva relación con el Ministerio de Medio Ambiente y la sociedad estatal Acuamed, que promueve el trasvase Júcar-Vinalopó. Así, la Junta de Usuarios del Vinalopó, que agrupa a los receptores de la transferencia, trasladó ayer en un comunicado su «voluntad de retirada» de las numerosas acciones judiciales emprendidas en los últimos años contra la modificación del trazado.

En este sentido, cabe recordar que su recurso contra la modificación ha sido admitida por la Audiencia Nacional, mientras sus servicios jurídicos preparan una reclamación patrimonial al Ministerio, y su campaña de recogida de firmas para exigir «agua de calidad» sigue adelante.

La intención de los regantes es tender puentes con Acuamed, tras una legislatura en que su relación ha sido nula. En este sentido, la desaparición de la sociedad Aguas del Júcar -que promovió inicialmente la infraestructura- y de su consejero delegado, José María Marugán, con quien protagonizaron agrios enfrentamientos, podría favorecer el acercamiento.

«Depende del Gobierno»

No obstante, el presidente de la Junta, Andrés Martínez, matizó en declaraciones a ABC que la renuncia a las acciones judiciales «depende de la voluntad de diálogo» del Gobierno. Es decir, su retirada está supeditada a que Acuamed reciba a los regantes, y valore su nueva propuesta de trazado alternativo para evitar la toma actual, que se construye en la desembocadura del Júcar, en Cullera.

En el estudio, que Martínez anunció hace unas semanas que presentaría tras las elecciones para no irrumpir en campaña, se propone de nuevo la toma intermedia del azud de Antella, aunque con algunas novedades. Así, el proyecto propone una conducción adicional y un sistema de bombeo. De esta forma se garantizaría al último tramo del Júcar un caudal ecológico superior al fijado por Medio Ambiente, y al mismo tiempo, aportes adicionales a la Albufera de Valencia.

El Ministerio de Medio Ambiente ha autorizado en los dos últimos años 13 operaciones de compra-venta de agua entre diversas cuencas hidrográficas, con el fin de hacer frente a la sequía en la Región de Murcia, Alicante y Almería, principalmente. Las operaciones de cesiones de derechos -que son el primer paso para los futuros bancos de agua- han superado en este periodo los 121 hectómetros cúbicos, de los cuales 92 se han transferidos entre las cuencas del Tajo y del Segura. Los abastecimientos han recibido 30 hectómetros, y a lo largo de este año podrán recibir otros 40 como máximo de Aranjuez.

Estos datos se recogen en el balance de la legislatura presentado por el Ministerio de Medio Ambiente, que es el que ha tramitado las principales operaciones de compra-venta junto con la Confederación del Tajo. El resto de cesiones de derechos, hasta sumar los 121 hectómetros, corresponde a derivaciones para riego del Negratín al Almanzora, entre las cuencas del Guadalquivir y del Sur Oriental, en Almería.

Bancos de agua

El Ministerio está decidido a desarrollar los bancos de agua en la próxima legislatura, toda vez que busca soluciones para redotar el Trasvase Tajo-Segura, ya que la evolución de la entrada de agua en los pantanos de Entrepeñas y Buendía va claramente a la baja. En la serie estadística que ha presentado se aprecia una tendencia decreciente de 8 hectómetros cúbicos cada año. Explica que la media de aportaciones en ambos embalses ha sido de unos 1.242 hectómetros cúbicos anuales en el periodo comprendido entre los años 1912 y 1982. A partir de este último, se observa una disminución hasta los 784 hectómetros (un 37% menos). La situación se ha agravado con la sequía, puesto que en este año hidrológico las reservas acumuladas representan mínimos históricos, ya que sólo ha entrado en ambos pantanos 95,6 hectómetros. En la actualidad sólo hay almacenados 280 hectómetros, el 11,35% de capacidad máxima. Si la tendencia no varía y no llueve en primavera, habrá serios problemas el próximo verano, ya que sólo se puede desembalsar a partir de los 240 hectómetros.El departamento Narbona apunta, que la inversión de esta legislatura se ha incrementado en un 35%.

«Ha sido lo más frustrante de la legislatura». Con esta frase, referida a la imposibilidad de haber aprobado el Plan Hidrológico Nacional (PHN), despachaba en 1996 el entonces director general de Obras Hidráulicas, Adrián Baltanás, el balance de la gestión de José Borrell al frente del Ministerio de Obras Públicas en el último gobierno de Felipe González. El argumento no variaba mucho respecto a los actuales. El Ministerio culpaba del parón del PHN a la «crispación» producida por cuatro años de sequía y a la «coyuntura» política. Y a que, pese a aprobarlo el Gobierno, el Consejo Nacional del Agua, máximo órgano consultivo, exigía que antes de aprobarlo, era necesario contar con un Plan Nacional de Regadíos, un Libro Blanco del Agua y los correspondientes planes de cuenca. Y no todos estos deberes estaban hechos por el equipo de Borrell.

Ya se sabe que, casi siempre, los fracasos de los políticos se miden en crispaciones y coyunturas, pero en los cerca de diez años que los gobiernos de González estuvieron preparando el PHN, las tesis del PSOE estaban más en consonancia con el Plan que después aprobó el Gobierno de Aznar, que con el que modificó el actual Ejecutivo de Zapatero, sobre todo, en lo que se refiere a la política de trasvases.

Más agua que el del PP

El Plan Borrell, por supuesto, incluía las transferencias de agua entre cuencas. Incluso en su previsto trasvase del Ebro a Levante el volumen de agua a enviar, superaba al que, finalmente, fue aprobado durante el último gobierno del PP.

El propio Ministerio de Borrell reconocía en 1993 que el Ebro disponía de 5.000 hectómetros cúbicos anuales susceptibles de ser trasvasados y que podían «contribuir a resolver las necesidades razonables de otras cuencas que no tienen recursos». Claro que, también entonces, el Partido Popular, desde la oposición mostraba menos entusiasmo por los trasvases y ya apuntaba a la desalinización como una alternativa «menos costosa y menos traumática» que los trasvases. En cualquier caso, los populares tenían en cuenta ambas posibilidades como «complementarias». Y así quedó reflejado cuando, por fin, en 2001 el Gobierno del PP lograba sacar adelante el PHN, el primero después del aprobado en 1933, realizado por Indalecio Prieto.

Pero el Camino también fue largo y tortuoso. Cuando la ministra popular del ramo, Isabel Tocino, impulsora del nuevo PHN, consiguió aprobar los planes de cuenca, la actual ministra, entonces en la oposición, Cristina Narbona, las calificó de «operación de maquillaje» porque todas las obras estaban «vinculadas a los trasvases, decisión que corresponde al PHN».

No obstante, el PHN del PP conseguía el visto bueno del Consejo Nacional del Agua el 30 de enero de 2001 por la abrumadora mayoría de 69 votos a favor y 15 en contra y con una quiebra importante en las filas socialistas. Aragón, Baleares y Asturias se opusieron y la de Andalucía se mostró en contra, pero con matices, porque quería seguir negociando con el Gobierno. La sorpresa la dieron otras dos comunidades socialistas, la extremeña de Ibarra y la castellano-manchega de Bono. Éste recordaba en la actual campaña electoral su postura de siempre: « que se debe trasvasar el agua que sobre» ya que ahora no va «a cambiar de chaqueta, ni de posición».

La discrepancia en el seno del Partido Socialista se hizo visible incluso en las comunidades en las que no gobernaba. Por ejemplo durante la tramitación del PHN, los socialistas valencianos suscribieron con PP y Unión Valenciana una iniciativa a favor del trasvase del Ebro. Y algo similar ocurrió en Murcia.

Marcha atrás

Más tarde, cuando ERC y otros partidos nacionalistas minoritarios empezaron a tener las llaves de la gobernabilidad, empezaron los cambios de criterio, sobre todo en el PSOE y en CiU, que al principio apoyó el trasvase. La lucha por el voto, volvió a poner de moda lo de la «crispación y la coyuntura», de modo que CiU dio marcha atrás para apoyar la marcha atrás del PSOE en la derogación del trasvase del Ebro. Y ahí andamos de nuevo con la «crispación y la coyuntura», frente a la imprescindible visión de Estado necesaria para arreglar el sempiterno conflicto del agua.

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido en Zaragoza a hacer las obras del Pacto del Agua y terminar «con el bloqueo y paralización» al que el PSOE somete las obras del Pacto del Agua, garantizar el caudal ecológico y, con el agua que sobre, ayudar al resto de los españoles y «hablar con todos» para que «ganen todos» y termine esta «absurda polémica».

El líder del PP ha lanzado este mensaje desde el Pabellón Polideportivo Príncipe Felipe de Zaragoza ante cerca de 7.000 personas. Acompañado por su mujer, Rajoy ha presumido de defender la misma posición en todas partes y , por ello, como ya hizo el jueves en Alicante y Murcia, ha insistido en que con el agua que sobre -la que se tira al mar- se «ayudará a los demás» porque «todos somos españoles».

«Si no hacemos esto, estamos condenados al desastre, que es a donde nos llevan los que no hacen nada», ha asegurado, antes de garantizar que hablará «con todos» y que acordará «con todos» porque quiere que «ganen todos» y que «se termine esta absurda polémica y división que no conduce a nada».

Tras reprochar a Zapatero su falta de compromiso para solucionar el problema, el presidente de los populares se ha comprometido a terminar con el «bloqueo y la paralización» al que el PSOE «ha sometido a las obras del Pacto del Agua», en especial el recrecimiento del embalse de Yesa para que sea una realidad el abastecimiento con agua del Pirineo para Zaragoza y su entorno.

En opinión de Rajoy, Zapatero «ha pasado del talante al grito para que nadie recuerde, sobre todo aquellos que les han votado, que los han engañado y que no se han ocupado de los problemas reales que afectan a los españoles, para eso quiere tensión, dramatismo y crispación». «No está a la altura de lo que necesita España» ha espetado el líder popular para agregar que, a sus «52 tacos» y adiferencia de otros, «me puedo permitir el lujo de decir lo que pienso en cualquier lugar de España».

Zapatero, un «peligro» para el bolsillo del español

Un día más, Rajoy ha hablado de economía para afirmar que el jefe del Ejecutivo «ha conseguido que los precios suban hasta en las rebajas» y que la «cuesta de enero se prolongue hasta diciembre». Además, ha advertido de que cuatro años más de Gobierno de Zapatero «es jugar a la ruleta rusa», un «peligro para los bolsillos de los ciudadanos» y un «riesgo serio para las economías familiares».

Por contra, ha destacado que su partido tiene un «equipo económico de primera» para hacer frente a la situación actual y ha calificado de «crack» a Manuel Pizarro y a Cristóbal Montoro. También ha citado a Miguel Arias Cañete y a Luisa Fernanda Rudi, que «sabe mucho de esto», pero no al coordinador del programa, Juan Costa.

A su paso Zaragoza, Rajoy ha defendido el proyecto de la Expo que, a su juicio, tiene que «significar una plataforma de lanzamiento para Aragón». Además, y tras asegurar que está «comprometido» con las infraestructuras» de esta comunidad, ha adelantado que si gana las elecciones trabajará por la apertura de la línea del Canfranc y hará el desdoblamiento de la nacional 232.

La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla-La Mancha advirtió ayer que la sequía y la falta de agua embalsada para los regadíos va a tener un impacto gravemente negativo para el sector agrario, tanto por la caída en las producciones agrícolas como por los mayores costes para la alimentación animal ante la falta de cosechas nacionales.

Según recuerda Asaja en nota de prensa, el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop aseguró ayer que nos encontramos ante «la peor sequía de los últimos decenios, superior incluso en intensidad a la de los años noventa», ya que las precipitaciones durante este año han sido «nulas». La Asociación subrayó que la falta de lluvias afecta ya al normal desarrollo de los cereales de invierno pero si la situación persiste también repercutirá en la planificación de la siembra de primavera tanto de cultivos hortofrutícolas como oleícolas y herbáceos, especialmente, el maíz. Los cultivos leñosos, como el olivar o el viñedo, también notarán los efectos de la sequía debido a que la falta de agua provocará un estrés hídrico debilitando la planta, lo que hará que repercuta en su normal crecimiento así como en la afección sanitaria, aseguró la organización agraria. En cuanto a la ganadería, la principal repercusión de la falta de precipitaciones está siendo la falta de pastos en determinadas zonas lo cual puede traer graves consecuencias a partir de junio si sigue sin llover lo suficiente. Según el director general de lagencia Estatal de Meteorología, Francisco Cadarso, «para solucionar de aquí a final de mes esta situación debería llover una media de 20 litros por metro cuadrado, algo que no es previsible».

Asaja también se refirió a la repercusión en materia de precios que va a tener la falta de precipitaciones y advirtió de que si no se producen lluvias significativas en los próximos meses habrá un alza en los precios de los cereales y, por tanto, un aumento de los costes de producción lo que supondrá la muerte anunciada del sector ganadero. Por todo ello, Asaja manifestó su preocupación y pidió a las administraciones que adopten las medidas oportunas antes de que la situación sea irreversible.

Alguien se puede imaginar que los embalses del Cenajo y del Talave, vitales para el Sureste y en territorio manchego, pasaran a ser gestionados y controlados por el Gobierno de Castilla-La Mancha? ¿O que se desmonten los diques y presas del Plan de Defensa contra las Avenidas de la cuenca del Segura? ¿O que cada comunidad autónoma se asigne un cupo de agua de los ríos que las bañan, como ha hecho Aragón reservándose 6.500 hectómetros cúbicos? ¿O que la cuenca del Guadalquivir se divida por provincias? El Colegio de Ingenieros de Caminos de España ha pasado a la acción tras permanecer cuatro años observando la gestión del agua que lleva a cabo el Gobierno de Rodríguez Zapatero y ha dado la voz de alarma, coincidiendo con la peor sequía que se recuerda. La mayor crítica que le dirigen al Gobierno es que no existe política de agua, y echan en falta una planificación general frente a la improvisación de las medidas de emergencia y los decretos.

Los señores que construyen las presas y diques, los canales y acueductos y que son herederos de un legado de obra hidráulica de más de 200 años, advierten del peligro de que se troceen los ríos debido a las presiones de las comunidades autónomas, y arremeten contra los colectivos que pretenden «liberalizar» los ríos desmontando presas y otras obras de regulación. Han recurrido al presidente del Gobierno, quien aún no ha contestado a la carta que le enviaron el pasado día 24 para expresarle su preocupación.

«Auténticos disparates»

«¿Qué pasaría con el tráfico en Madrid si desaparecen los semáforos? El caos total». Con este símil, el presidente del Colegio de Ingenieros, Edelmiro Rúa, señaló la peligrosa tendencia que se ha instalado en los últimos meses, impulsada por algunos colectivos, de dejar los ríos libres y suprimir hormigón y escolleras. Rúa considera la regulación y las obras hidráulicas imprescindibles para hacer frente a las inundaciones y avenidas, así como para superar episodios de extrema sequía como el actual. El colegio alerta del peligro de seguridad ciudadana y riesgo para la vida de las personas que supone desmantelar estas obras. Edelmiro Rúa cree que la única forma de solucionar este desorden es un pacto nacional del agua.

En un desayuno de trabajo, el Colegio de Ingenieros dio a conocer el viernes su postura oficial ante la gravedad de la crisis del agua, con la presencia de los miembros de la comisión creada al afecto, entre ellos Juan Guillamón, Carlos Garau y Luis Galguera, decanos de las demarcaciones de Murcia, Baleares y Asturias, respectivamente. Se sumó también al encuentro Juan José López Martos, que fue director general del Agua con Cristina Narbona en una primera etapa, hasta que dimitió. Éste tuvo un protagonismo en el lanzamiento del Programa Agua y laderogación del Trasvase del Ebro, pero ahora su discurso es muy crítico, sobre todo hacia los defensores de la Nueva Cultura del Agua que sostienen la política de la ministra Narbona, y también hacia los dirigentes autonómicos. «El debate del agua está preñado de ideología. Se dicen auténticos disparates. Cuando estuve en Aragón y me comentaron que el agua es un sentimiento, me dije: apaga y vámonos». López Martos cree, en términos generales, que se sigue regalando el agua, y opina que con los planes de sequía «se está afrontando mejor la situación». Una de sus andanadas la lanzó contra «unos ignorantes de la universidad de la vida que, con un ataque feroz, quieren ahora desmontar las presas». A su juicio, las obras hidráulicas son necesarias, y hay que ejecutarlas en función del interés económico y la rentabilidad, del respeto medioambiental y de la aceptación social. «No se puede hacer una obra teniendo que pedir ayuda a laGuardia Civil», dijo.

Juan Guillamón, decano de Murcia, pidió un cambio de coordenadas para que prime lo científico sobre lo político. Junto con su colega asturiano, Guillamón es el más crítico con el Gobierno central, «que crea problemas en lugar de solucionarlos. El Ministerio dice que gestiona la sequía de forma extraordinaria, y yo digo que será por las 1.500 presas que se construyeron en el pasado. De no ser así, en lugar de tener en España 54.000 hectómetros cúbicos de capacidad de embalse, sólo tendríamos 8.000 ».

Sobre la territorialización, Guillamón sostiene que con el agua no se puede hablar de sentimiento. Califica de «disparate» que Aragón se reserve 6.500 hectómetros cúbicos del Ebro para una población de 1,2 millones de habitantes, frente a la provincia de Alicante que tiene 1,8 millones. Si no frenamos la centrifugación del agua, vamos a terminar gestionando nuestro cuarto de baño para decir cuándo se abre el grifo del bidé o de la ducha».

«El panfletillo» del psoe

Para Luis Galguera, del colegio asturiano, la fuerza política de las autonomías «impide que se lleve a cabo una política general del agua en España». Dirige uno de sus dardos hacia la derogación parcial del Plan Hidrológico Nacional (PHN), que estaba basado en el Libro Blanco del Agua, una obra elogiada por todos los ingenieros, que creen incluso que se adelanta a la Directiva Marco del Agua. Apareció el nuevo PHN, «que es un panfletillo de varias hojas que ha destrozado la planificación hidrológica anterior, con el error grave de fraccionar los ríos y las cuencas». Para Galguera no hay nada que criticar de la política de agua del PSOE «porque no existe. Los partidos y los gobiernos hacen las obras para ganar votos en Aragón o en Murcia».

El derogado trasvase del Ebro no podía faltar. No existe una postura unánime del Colegio de Ingenieros de Caminos. Juan Guillamón apuntó que el Colegio apoya el informe jurídico de Emilio Pérez Pérez a favor de este trasvase y en contra del procedimiento jurídico utilizado para eliminarlo. Dicho informe fue aportado como anexo al comunicado oficial del Colegio, pero eso no quiere decir que apoye esta obra en concreto, puntualizó su presidente, Edelmiro Rúa.

Sí a los trasvases

«Apoyamos que las cuencas excedentarias deben colaborar con las deficitarias. En 2004 ya dijimos que hacían falta desalinizadoras, que había que regular los ríos, gestionar las aguas superficiales y subterráneas y enviar transferencias de agua de un sitio a otro. Todo debe ser visto desde una gestión integral», subrayó Edelmiro Rúa.