Alguien se puede imaginar que los embalses del Cenajo y del Talave, vitales para el Sureste y en territorio manchego, pasaran a ser gestionados y controlados por el Gobierno de Castilla-La Mancha? ¿O que se desmonten los diques y presas del Plan de Defensa contra las Avenidas de la cuenca del Segura? ¿O que cada comunidad autónoma se asigne un cupo de agua de los ríos que las bañan, como ha hecho Aragón reservándose 6.500 hectómetros cúbicos? ¿O que la cuenca del Guadalquivir se divida por provincias? El Colegio de Ingenieros de Caminos de España ha pasado a la acción tras permanecer cuatro años observando la gestión del agua que lleva a cabo el Gobierno de Rodríguez Zapatero y ha dado la voz de alarma, coincidiendo con la peor sequía que se recuerda. La mayor crítica que le dirigen al Gobierno es que no existe política de agua, y echan en falta una planificación general frente a la improvisación de las medidas de emergencia y los decretos.

Los señores que construyen las presas y diques, los canales y acueductos y que son herederos de un legado de obra hidráulica de más de 200 años, advierten del peligro de que se troceen los ríos debido a las presiones de las comunidades autónomas, y arremeten contra los colectivos que pretenden «liberalizar» los ríos desmontando presas y otras obras de regulación. Han recurrido al presidente del Gobierno, quien aún no ha contestado a la carta que le enviaron el pasado día 24 para expresarle su preocupación.

«Auténticos disparates»

«¿Qué pasaría con el tráfico en Madrid si desaparecen los semáforos? El caos total». Con este símil, el presidente del Colegio de Ingenieros, Edelmiro Rúa, señaló la peligrosa tendencia que se ha instalado en los últimos meses, impulsada por algunos colectivos, de dejar los ríos libres y suprimir hormigón y escolleras. Rúa considera la regulación y las obras hidráulicas imprescindibles para hacer frente a las inundaciones y avenidas, así como para superar episodios de extrema sequía como el actual. El colegio alerta del peligro de seguridad ciudadana y riesgo para la vida de las personas que supone desmantelar estas obras. Edelmiro Rúa cree que la única forma de solucionar este desorden es un pacto nacional del agua.

En un desayuno de trabajo, el Colegio de Ingenieros dio a conocer el viernes su postura oficial ante la gravedad de la crisis del agua, con la presencia de los miembros de la comisión creada al afecto, entre ellos Juan Guillamón, Carlos Garau y Luis Galguera, decanos de las demarcaciones de Murcia, Baleares y Asturias, respectivamente. Se sumó también al encuentro Juan José López Martos, que fue director general del Agua con Cristina Narbona en una primera etapa, hasta que dimitió. Éste tuvo un protagonismo en el lanzamiento del Programa Agua y laderogación del Trasvase del Ebro, pero ahora su discurso es muy crítico, sobre todo hacia los defensores de la Nueva Cultura del Agua que sostienen la política de la ministra Narbona, y también hacia los dirigentes autonómicos. «El debate del agua está preñado de ideología. Se dicen auténticos disparates. Cuando estuve en Aragón y me comentaron que el agua es un sentimiento, me dije: apaga y vámonos». López Martos cree, en términos generales, que se sigue regalando el agua, y opina que con los planes de sequía «se está afrontando mejor la situación». Una de sus andanadas la lanzó contra «unos ignorantes de la universidad de la vida que, con un ataque feroz, quieren ahora desmontar las presas». A su juicio, las obras hidráulicas son necesarias, y hay que ejecutarlas en función del interés económico y la rentabilidad, del respeto medioambiental y de la aceptación social. «No se puede hacer una obra teniendo que pedir ayuda a laGuardia Civil», dijo.

Juan Guillamón, decano de Murcia, pidió un cambio de coordenadas para que prime lo científico sobre lo político. Junto con su colega asturiano, Guillamón es el más crítico con el Gobierno central, «que crea problemas en lugar de solucionarlos. El Ministerio dice que gestiona la sequía de forma extraordinaria, y yo digo que será por las 1.500 presas que se construyeron en el pasado. De no ser así, en lugar de tener en España 54.000 hectómetros cúbicos de capacidad de embalse, sólo tendríamos 8.000 ».

Sobre la territorialización, Guillamón sostiene que con el agua no se puede hablar de sentimiento. Califica de «disparate» que Aragón se reserve 6.500 hectómetros cúbicos del Ebro para una población de 1,2 millones de habitantes, frente a la provincia de Alicante que tiene 1,8 millones. Si no frenamos la centrifugación del agua, vamos a terminar gestionando nuestro cuarto de baño para decir cuándo se abre el grifo del bidé o de la ducha».

«El panfletillo» del psoe

Para Luis Galguera, del colegio asturiano, la fuerza política de las autonomías «impide que se lleve a cabo una política general del agua en España». Dirige uno de sus dardos hacia la derogación parcial del Plan Hidrológico Nacional (PHN), que estaba basado en el Libro Blanco del Agua, una obra elogiada por todos los ingenieros, que creen incluso que se adelanta a la Directiva Marco del Agua. Apareció el nuevo PHN, «que es un panfletillo de varias hojas que ha destrozado la planificación hidrológica anterior, con el error grave de fraccionar los ríos y las cuencas». Para Galguera no hay nada que criticar de la política de agua del PSOE «porque no existe. Los partidos y los gobiernos hacen las obras para ganar votos en Aragón o en Murcia».

El derogado trasvase del Ebro no podía faltar. No existe una postura unánime del Colegio de Ingenieros de Caminos. Juan Guillamón apuntó que el Colegio apoya el informe jurídico de Emilio Pérez Pérez a favor de este trasvase y en contra del procedimiento jurídico utilizado para eliminarlo. Dicho informe fue aportado como anexo al comunicado oficial del Colegio, pero eso no quiere decir que apoye esta obra en concreto, puntualizó su presidente, Edelmiro Rúa.

Sí a los trasvases

«Apoyamos que las cuencas excedentarias deben colaborar con las deficitarias. En 2004 ya dijimos que hacían falta desalinizadoras, que había que regular los ríos, gestionar las aguas superficiales y subterráneas y enviar transferencias de agua de un sitio a otro. Todo debe ser visto desde una gestión integral», subrayó Edelmiro Rúa.

Ya se contaba con el rechazo del Gobierno de Castilla-La Mancha. Lo que no se esperaban los regantes murcianos que dependen del agua del Tajo es que ahora se haya opuesto también el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, que dirige la popular Esperanza Aguirre, para realizar una nueva compraventa de caudales. El presidente del Sindicato Central del Trasvase Tajo-Segura, Francisco del Amor, informó ayer de que sus colegas de Estremera (Madrid) se han encontrado con la oposición del Gobierno madrileño para realizar una nueva operación de cesión de derechos.

En esta ocasión, y por tercer año seguido, los regantes murcianos esperan adquirir 31,5 hectómetros cúbicos de Estremera a cuenta de las concesiones que los agricultores madrileños tienen del agua del Tajo. El presidente de aquella comunidad de regantes, Saturnino Gómez, indicó el año pasado en Murcia que hasta ahora habían contado con el visto bueno de su Gobierno regional. Más bien por silencio administrativo que por acuerdo explícito. Francisco del Amor explicó ayer que seguirán adelante con la operación, ya que las consultas a los gobiernos autonómicos afectados no son vinculantes. Añadió que cuentan con el apoyo del Ministerio.

La cabecera sigue bajando

Las razones de la oposición del Gobierno de Aguirre se ignoran, aunque pueden tener relación con la actual sequía y la necesidad de Madrid de disponer de caudales del Tajo.

Sobre la reservas de los pantanos de cabecera, Entrepeñas y Buendía, los regantes murcianos no tienen muchas esperanzas de que se recuperen en los próximos meses, habida cuenta de la evolución de las lluvias y los estragos del tercer año de sequía. Los dos embalses del Tajo almacenan en la actualidad 282 hectómetros y van descendiendo hacia la línea roja de 240 hectómetros que prohíbe los desembalses. Según del Amor, es el peor escenario de la historia del Acueducto Tajo-Segura, que lleva funcionando 30 años. Con estas reservas, es impensable considerar cualquier trasvase para regadíos, dado que los abastecimientos urbanos tienen prioridad.

Los regantes del Tajo-Segura se reunieron ayer con la cabeza de lista del PP de Murcia al Congreso de los Diputados, Pilar Barreiro, quien criticó que «la incapacidad del gobierno del PSOE nos haya acostumbrado durante estos cuatro años a los enfrentamientos entre comunidades por el agua».

Por otra parte, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) prevé que los agricultores regantes puedan cuidar sus parcelas «a distancia» en un plazo de diez años, sin la necesidad de acudir físicamente o tener que estar presentes en ellas de manera permanente, gracias a Internet.

El PP de Castilla-La Mancha mostró hoy su preocupación por las contradicciones mantenidas en materia de agua por los dirigentes del PSOE de Castilla-La Mancha en materia de agua, cuestión que perjudica los intereses de Castilla-La Mancha.

La viceportavoz de PP en las Cortes regionales, María Luisa Soriano, considera contradictorias y preocupantes las declaraciones sobre el fin de los trasvases del vicepresidente primero del Gobierno regional, Fernando Lamata, con las del PSOE de Murcia, las de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona y con las del ex presidente de Castilla-La Mancha, José Bono.

En un comunicado, el PP constata que mientras Lamata asegura que el Gobierno regional defiende el fin de los trasvases, el PSOE de Murcia dice que el Gobierno de España sigue apostando por el trasvase Tajo-Segura, la Ministra Narbona nunca ha puesto fecha de finalización a dicho trasvase y, recientemente, Bono aseguró que «el agua hay que llevarla desde donde sobra hasta donde falta».

Soriano considera que mientras unos dicen una cosa y otros la contraria y que sería deseable que el Partido Socialista tuviese una política de agua coherente y que satisfaga las necesidades de desarrollo de nuestra región.

Por otro lado, Soriano cree que el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), por carecer de claros fundamentos, se está desarrollando con una política errática, en la que se están dando palos de ciego.

«Si el PEAG tuviera claros fundamentos los responsables de su desarrollo no tendrían que cambiar de opinión y después de decir, como han dicho, que los acuíferos están sobreexplotados, cuando se acercan las elecciones, querer aparentar que van a resolver el problema haciendo «concesiones masivas de agua», comentó la responsable del PP en la Comisión del Agua.

Soriano opinó que si el PEAG tuviera claros fundamentos «no tendrían que haber dicho, como han dicho, que la viña necesita más de 1. 000 metros cúbicos por hectárea y ahora decir que a los viticultores a los que les van a permitir regar les van a conceder sólo 600 metros cúbicos por hectárea. Saben, y si no deberían saberlo, que con dichas aportaciones de agua la viña con la nueva OCM tendrá graves problemas de rentabilidad».

«Si el PEAG tuviera claros fundamentos no tendrían que explicar, como tendrán que hacerlo, por qué al viñedo y al olivar de pequeña superficie les conceden agua y a otros cultivos no», señaló la viceportavoz del PP.

Finalmente, la diputada ´popular´ concluyó que, «más que propuestas electoralistas debería el Gobierno regional preocuparse de buscar soluciones, que las hay, que resuelvan de una vez por todas la situación de escasez de agua de los acuíferos del Alto Guadiana. Lo malo que tienen esas soluciones es llevarle la contraria a los socios separatistas de Zapatero».

Cuando ha transcurrido el primer mes de 2008 y, a pesar de que comienzan a llegar la primeras lluvias, España se encuentra con una reserva de agua embalsada bastante inferior a la media de los últimos diez años en casi todas sus cuencas hidrográficas.

A 29 de enero del presente año, el total de agua embalsada era de 23.772 hectómetros cúbicos, lo que supone el 43,90 por ciento de su capacidad total de embalse, que se eleva a 54.148 hectómetros cúbicos. La media de agua embalsada en 2007 a nivel nacional fue de 55,57 por ciento, es decir seis puntos por encima de los parámetros actuales, lo que viene a demostrar que las lluvias del pasado otoño no han sido tan copiosas como se esperaba, para situarnos al menos en torno a la media de los diez últimos años, que fue de 27.280 hectómetros cúbicos, o sea, un 50,38 por ciento de la capacidad total de acopio de agua en nuestro país.

Las cuencas del norte

Resulta relevante el dato de que, mientras en los últimos años el déficit, prácticamente endémico, se registraba en la cuencas del sur y de Levante, se constata ahora que las del norte de España sufren unas mermas en sus reservas de agua muy superiores a las habituales. En Galicia, el descenso es bastante sensible, como consecuencia de que ha tenido el otoño más seco desde 1958.

En Cataluña, la Generalitat llegó a plantear la necesidad de llevar agua en barco a Barcelona, ante la perspectiva de que la escasez afecte al consumo. Las alarmas saltaron porque en la cuenca interna de Cataluña los embalses están al 23,24 por ciento de su capacidad.

También la cuenca del Ebro comenzó el año con menos reservas. El pasado día 29 el agua embalsada era del 45,93 por ciento, cifra sensiblemente inferior al 54,46 por ciento de media de la última década.

Como siempre, las cuencas más deficitarias son las del sur y Levante. En la atlántica de Andalucía los embalses están al 44,31 por ciento y en la vertiente mediterránea al 26,99 por ciento del total de su capacidad, en ambos casos por debajo de las medias del año pasado y de los últimos diez años.

En la cuenca del Segura las últimas lluvias se han dejado sentir algo más que en otras zonas, de modo que a 29 de enero el agua embalsada suponía el 17,63 por ciento de la capacidad total de embalse, más de seis puntos por encima de la media de 2007 y más de tres sobre la última década.

Las cifras, sin embargo, siguen reflejando el déficit endémico que arrastra la cuenca del Segura, que tendrá que seguir dependiendo de una desalación que no termina de paliar esa carencia; del trasvase del Tajo, o de un hipotético trasvase del Ebro, que el Gobierno y los populares de la Comunidad Valenciana vuelven a reivindicar como solución.

El director general del Agua, Jaime Palop, vaticinó ayer que, pese a que España sufre «la peor sequía de los últimos decenios, superior incluso en intensidad a la de los años noventa», no hay previstas restricciones al consumo humano. Sin embargo, hizo un aviso para navegantes a la agricultura murciana y valencia: «Va a sufrir».

El director general del Agua precisó que la sequía afecta a «prácticamente todo el arco mediterráneo, desde Cataluña hasta Algeciras», además de a la la cuenca del Guadalquivir, la cabecera del Tajo y algunos puntos de la cuenca del Duero. Agregó además que en la Cuenca del Ebro también existe una situación de de abastecimiento en la margen izquierda,

Palop fue explícito a la hora de asegurar que la agricultura de las cuencas del Júcar, el Segura y el Guadalquivir «no van a desarrollar una campaña normal de regadíos». El director general del Agua recalcó que la situación de los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, «no es halagüeña» y. al hilo, recordó que hay aprobado un trasvase al Segura que tiene duración hasta el 31 de marzo, basado en la «prudencia» ya que sólo se autorizó agua para abastecimiento.

Sobre posibles nuevas derivaciones, Palop anunció que hasta primavera no se procederá a su estudio, y que siempre dependerán de las lluvias que se produzcan y su efecto sobre los pantanos de cabecera del Tajo. En cualquier caso, fue contundente al asegurar que la política de Medio Ambiente «siempre ha sido la misma: lo primero es garantizar los usos en la cuenca del Tajo y siempre que se ha adoptado una decisión de trasvase ha estado presidida por el principio de prudencia a la hora de autorizar desembalses». Según Palop, la cuenca del Segura «tiene derecho a las aguas que se consideren sobrantes única y exclusivamente y desde luego esos derechos nunca van a poder usurpar los derechos legítimos y prioritarios de todos los usos que estén establecidos en la cuenca del Tajo», añadió.

Pero la polémica sobre el trasvase Tajo-Segura sigue arreciando, como demuestra el estudio que la patronal de Alicante (Coepa) y la Fundación Agua y Progreso han encargado para tratar de demostrar la importancia estratégica del trasvase y ayudar a defenderlo «con uñas y dientes» y con «argumentos».

Ayer se firmó el convenio para que el Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante elabore el trabajo.El director de la Fundación, José Alberto Comos, insiste en que sin el Tajo-Segura, Alicante «no sería ni de lejos lo que es: la cuarta provincia en PIB de España». El presidente de los empresarios alicantinos, Modesto Crespo, también criticó el «proceso de presión al que son sometidas las transferencias de agua» a la provincia y las «incertidumbres crecientes» en torno al Tajo-Segura, que calificó de «clave e insustituible» para la provincia.

«La desalación, a pesar del considerable progreso que ha tenido en los últimos años, continúa siendo una fuente de agua no convencional, excepto en las regiones de alto nivel de vida y con déficits de agua significativos. En la actualidad esta técnica es todavía muy cara como para convertirse en la fuente principal de agua dulce, a lo que se añaden una serie de retos sociales, ambientales y tecnológicos que todavía hay que superar».

Por raro que parezca, es la conclusión 17 -de un total de 28- que el Comité de Expertos en Sequía impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente ha recogido en su libro «La sequía en España, directrices para minimizar su impacto» que fue presentado ayer en Valencia ante un desencajado presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, la extensión de la ministra Cristina Narbona en esta demarcación.

El presidente de dicho comité y catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, Enrique Cabrera, comentó, sobre los trasvases, que, «en principio, no tengo nada en contra de ningún trasvase ni desaladora». No obstante, se mostró partidario de «primero» centrarse en «gestionar bien el agua y racionalizar los consumos, administrarlos bien» y, «después», si hace falta cualquier solución, que sea «la mejor desde la óptica medioambiental, económica y social».

No se moja

En un intento por no comprometer más al Gobierno, Cabrera señaló que, en cualquier caso, «hay que prepararse para la sequía», apretarse el cinturón antes de que llegue, por lo que, «si hay que hacer un trasvase, eso se ha de hacer fuera de la sequía, no es una medida contra la sequía».

Sin embargo, esta afirmación choca con otras recomendaciones, como la primera, en la que se aboga por planificar al máximo las sequías, partiendo del dicho popular de que «más vale prevenir que curar».

Por lo demás, las conclusiones de los expertos hacen especial hincapié en la reutilización y el ahorro de agua; la modernización de las redes de riego y urbanas; y la coordinación entre administraciones para conseguir efectos positivos, partiendo de la base de que las sequías «se pueden gestionar de una manera mucho más racional de lo que hasta ahora se ha venido haciendo».

Asimismo, se destaca el papel de los planes de cuenca, la necesidad de revisar el sistema de concesiones en aras de la Directiva Marco del Agua (DMA) y el establecimiento de una «política tarifaria coherente» con ésta, incluyendo en los costes ambientales cuando la protección de las aguas afectadas así lo requieran, lo que racionalizará el gasto.

Pero la realidad es que la sequía sigue afectando a prácticamente toda España. Para paliarla, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) cedió el pasado martes al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura la «encomienda de gestión» de 39 pozos de sequía de los que extraerán unos 60 hectómetros cúbicos hasta el próximo 30 de noviembre.

El director de la Fundación Agua y Progreso, José Alberto Comos, reafirmó ayer su apoyo rotundo a la política de trasvases con una advertencia: «asistimos a un proceso de cambio climático y, dado que hay cuencas mediterráneas que están menos afectas por la sequía, será la severidad del mismo la que obligará a la interconexión de todas ellas; desde las cuencas que sean excedentarias hacia otras deficitarias».

Comos realizó estas manifestaciones ayer en Castellón, donde asistió a la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Jaume I de Castellón (UJI) para realizar un estudio sobre el cambio climático y su incidencia en los recursos hídricos disponibles en las cuencas de los ríos Júcar y Segura.

Los expertos en investigación sobre recursos hídricos desplazados a la UJI explicaron que esta situación «determinará dónde deben situarse las conexiones intercuencas como complemento de los recursos hídricos alternativos proporcionados por la depuración, la desalación y una gestión eficaz del consumo». El convenio para el estudio de las cuencas del Júcar y del Segura se llevará a cabo por expertos en recursos hídricos.

Estará dirigido por el catedrático de Climatología de la Universitat Jaume I José Quereda, quien anunció ayer que las bases científicas del último informe «Climate Change 2007» de las Naciones Unidas, establecen que, para un escenario de un incremento anual del 1% de la concentración atmosférica del dióxido de carbono, «nuestra región mediterránea será la más vulnerable a los efectos del cambio climático de toda Europa».

Reducción de recursos hídricos

Esta cuestión implicaría que, «simultáneamente al aumento térmico de 2 o 3 grados, se produciría una reducción de recursos hídricos». Además, según Quereda, esta reducción podría alcanzar hasta un 33% de las actuales magnitudes de escorrentía mediterráneas, ya de por sí escasas, con valores medios anuales de 75 mm en las tierras valencianas.

El estudio «Evaluación del cambio climático y su incidencia en los recursos hídricos disponibles en las cuencas del Júcar y del Segura en el horizonte de los años 2030-2050», para el que el convenio no fija de momento una fecha de conclusión,prevé trabajar con datos novedosos.

Además, el estudio tratará de aportar los efectos que se han podido observar y analizar en las cuencas del Júcar y del Segura sobre la intensificación del ciclo hidrológico bajo condiciones climáticas contrastadas. De este modo, será posible establecer funciones de ajuste que vinculen las escorrentías totales detectadas con las precipitaciones y la temperatura.

El agua del Júcar bajará un 20%

El catedrático José Quereda avanzó que la cartografía geoestadística obtenida permite afirmar, preliminarmente, «que en un escenario climático con un aumento térmico de tan solo 1 grado y un 5 % menos de precipitaciones medias, la reducción de los recursos hídricos disponibles sobre la cuenca del Júcar sería de un 20%». Una reducción que implicarán mayores problemas a medida que las condiciones climáticas se endurezcan.

Para el desarrollo de este estudio, el equipo científico contará con las estadísticas de las series climáticas temporales obtenidas en el medio centenar de observatorios -con más de 50 años de antigüedad– que componen la red regional.

Además, tendrá el apoyo de la red de diez observatorios de estaciones automáticas de meteorología que la UJI tiene en el medio marino y en cimas alejadas de toda influencia humana.

Recuperar la unidad de acción y de discurso entre los regantes del Júcar, del Vinalopó y del Segura. Ésa es la tarea a la que el conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, se aplicará en los próximos meses, según explicó ayer tras reunirse con el sindicato de Jóvenes Agricultores Asaja de Alicante.

El objetivo del Consell es superar el debate partidista y devolver las relaciones entre regantes de las distintas cuencas y con las administraciones a la situación de 2001, con la unanimidad en torno al trazado del Júcar-Vinalopó como bandera.

La campaña de recogida de firmas en apoyo de un manifiesto que cuestiona la calidad del agua en la desembocadura del Júcar, promovida por los regantes y la patronal alicantina, Coepa, ha reabierto el enfrentamiento entre los usuarios de los dos ríos. Un enfrentamiento que ya se registró hace dos años con el cambio de trazado efectuado por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

Con la proximidad de la campaña electoral, el debate ha abandonado el terreno técnico para evidenciar una creciente politización. Tras la advertencia de los agricultores valencianos de interponer querellas contra futuros cuestionamientos de la calidad del agua, la propia sociedad estatal que promueve el trasvase, Aguas del Júcar S.A. (AcuaJúcar), hizo lo propio el pasado viernes.

«Nefasta» política de Narbona

El conseller de Medio Ambiente atribuyó ayer la controversia, en última instancia, a la «nefasta» política hídrica desarrollada por su homóloga en el Ejecutivo central. Así, García Antón consideró que los regantes del Vinalopó están «disgustados» por el cambio de trazado, mientras los del Júcar lo están por una «mala interpretación» de la campaña puesta en marcha por los primeros.

En este sentido, recordó que los datos sobre contaminación y presencia de tóxicos -en los que basa su campaña la Junta de Usuarios del Vinalopó que preside Andrés Martínez- son los que publica la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en su página web. Es decir, el Gobierno.

Según estos datos, los análisis del organismo de cuenca han detectado en los últimos meses la presencia de hasta catorce sustancias tóxicas en el cauce bajo del río -si bien AcuaJúcar señaló la pasada semana que sólo en una ocasión el agua se consideró «no apta» para riego-. Entre ellas, según asegura Martínez, dos que son potencialmente cancerígenas.

Licitación del postrasvase

García Antón recordó que la campaña de los regantes del Vinalopó no pone en duda la calidad del agua que se emplea en el Júcar -antes de la desembocadura-, y llamó la atención sobre el hecho de que, con dichas sustancias, se pueden regar «algunos cultivos» -como los leñosos-, y «otros no» -como sucede con las hortalizas a las que se destinaría el agua del trasvase-.

Por su parte, el presidente de Asaja Alicante, Eladio Aniorte, apostó también por recuperar la unidad con los agricultores del Júcar, ya que «tenemos demasiados intereses en común como para pelearnos». No obstante, insistió en que el agua del cauce bajo «tiene residuos y no se puede utilizar, como demuestran los datos».

Pese al enfrentamiento entre regantes y las diferencias que mantiene con el Gobierno central respecto a la toma idónea para el Júcar-Vinalopó, el Consell licitará en dos semanas las obras del postrasvase -cuya ejecución corresponde a la administración autonómica-. Se trata principalmente de las conexiones al embalse de Villena y las canalizaciones para regadío.

Apuesta por las transferencias

La defensa de los trasvases como solución al déficit hídrico se mantendrá, según García Antón, como una de las señas del PP y del Consell. De esta forma, el conseller rechazó el intento del Gobierno de sembrar la incertidumbre al respecto, y consideró que la política de Narbona legitima la defensa del trasvase del Ebro, «fundamental». En este sentido, consideró que la propuesta «ridícula» de llevar agua desalada desde Almería hasta Barcelona demuestra que el trasvase es «la única solución».

No cesan las críticas al proyecto del Gobierno de Rodríguez Zapatero de trasvasar, mediante buques cisterna, el agua desalada en Carboneras (Almería) para paliar la grave sequía que afecta a Cataluña, y especialmente a Barcelona, plan que comenzará a ejecutarse a partir de mayo si antes de ese mes no llegan las lluvias. Ayer le tocó el turno al consejero de Medio Ambiente y Agua de la Generalitat valenciana, el popular José Ramón García Antón, quien calificó de «esperpento» que el Ejecutivo socialista «empezara la legislatura cargándose el trasvase del Ebro y termine llevando en barcos agua a Barcelona desde Almería», una zona, según recordó, que es deficitaria en este recurso. Asimismo, el consejero valenciano añadió que llevar agua desde la planta de Carboneras hasta la Ciudad Condal es «una locura» por su elevado precio.

Al respecto, García Antón estimó que el coste de desalinizar en Almería y transportar el agua en barcos hasta el puerto de Barcelona se situará en torno a un euro por metro cúbico. Así, explicó que el precio de desalinizar agua del mar se sitúa sobre 0,6 euros por metro cúbico, a lo que habría que añadir más de 0,3 adicionales en concepto de transporte en los buques cisterna hasta la Ciudad Condal, a unos 900 kilómetros del punto de origen. Además, recordó que, una vez en el puerto barcelonés, habrá que descargarla y distribuirla a los puntos a los que se necesite, por lo que el precio final será aún superior.

«Es una barbaridad»

En una rueda de prensa después de abordar en Alicante los problemas hídricos con el sindicato de Jóvenes Agricultores, García Antón afirmó que que es conocedor del transporte de aguas en barcos y advirtió de que se trata de una carga compleja porque se necesita una «limpieza extraordinaria» en los buques para garantizar que llegue en condiciones, informa Efe. Por ello, insistió en que este proyecto del Gobierno de Zapatero -que cuenta con el beneplácito de la Generalitat catalana así como de la Junta de Andalucía- es una «barbaridad» y consideró que se hace porque el Gobierno impone el Programa AGUA y la desalinización «por encima de todo» y pese a que el precio hace poco asumible el consumo y a que ambientalmente tiene «un coste muy alto» al consumirse energía al desalinizar y, posteriormente, en el transporte.

Mientras tanto, desde Andalucía, el presidente del Partido Popular de esta Comunidad y candidato a la Presidencia de la Junta, Javier Arenas, lamentó que el presidente regional, el socialista Manuel Chaves, no haya dicho «ni una palabra» sobre el transporte de agua desde la planta desalinizadora de Carboneras hasta Barcelona. Durante un acto público en Sevilla, el líder de los populares andaluces calificado «de juzgado de guardia» que se tenga que tomar agua de Almería cuando a esta provincia «se le ha negado» desde el Gobierno central la llegada del agua con la supresión del Plan Hidrológico Nacional.

Arenas, que aclaró que él nunca se negará a que se produzca la solidaridad entre las comunidades autónomas, dijo que «lo que no es de recibo» es que se pueda permitir que algunas tierras «pasen sed» mientras en otros lugares «se tira el agua» al mar, y sin embargo, ahora se tenga que coger agua de la provincia de Almería. En este sentido y tal como informó ABC, el consejero murciano de Agricultura y Agua, el también popular Antonio Cerdá, recordó el pasado lunes que, durante la legislatura del Gobierno de Rodríguez Zapatero, «el río Ebro ha vertido al mar 36.000 hectómetros cúbicos».

Por su parte, el secretario general del PA y candidato de Coalición Andalucista (CA) a la Presidencia de la Junta, Julián Alvarez, rechazó que el agua de la planta desaladora del municipio almeriense de Carboneras tenga que ir a Cataluña cuando se trata de un territorio que cuenta con «muchos kilómetros de costa».

El consejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, hizo ayer balance de la legislatura socialista en materia hídrica y acusó a Rodríguez Zapatero de «ignorar, castigar y humillar a la agricultura murciana. Zapatero no tiene una idea nacional del agua y esconde su fracaso en la autonomía de la desalinización, el transporte de agua en barcos y en el rechazo frontal al trasvase del Ebro».

El responsable de la agricultura de la Región de Murcia aportó datos para subrayar que en los últimos cuatro años «el Ebro ha vertido al mar 36.000 hectómetros cúbicos». A su juicio, este dato sigue demostrando «la viabilidad de este proyecto».

El consejero murciano indicó el pasado sábado que el proyecto del Gobierno central de llevar agua desalinizada en barco, desde Almería hasta Barcelona, era la prueba palpable del fracaso de la política hidráulica de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ayer se reafirmó en lo mismo al añadir que la ministra Cristina Narbona ha acudido a la Región de Murcia «a escenificar este fracaso» con la visita a la desalinizadora de Valdelentisco, que no tiene energía eléctrica ni permiso de sanidad. En su opinión, el plan de desalinización socialista «hace aguas, entre la manipulación, la mentira y el engaño».

«Desconoce la realidad»

Cerdá destacó que «con los propios datos de la legislatura, Rodríguez Zapatero demuestra que desconoce la realidad de España. De no haberse derogado este trasvase del Plan Hidrológico Nacional, los agricultores murcianos hoy estarían regando con agua del río Ebro».

Detalló que en los últimos 18 años, los más secos de los últimos cien años, el Ebro ha vertido al mar 158.000 hectómetros cúbicos. Manteniendo el caudal ecológico y respetando las necesidades de la cuenca cedente, dijo, se hubiera podido trasvasar la cantidad prevista para atender al Levante español, y aún hubieran ido al mar 140.000 hectómetros cúbicos, es decir, una media de 7.780 hectómetros cúbicos al año, explicó.

Para el consejero, «estas cifras evidencian que se podrían haber realizado todos los trasvases incluidos en el Plan Hidrológico Nacional y se habría evitado el terrible daño que se ha hecho a la agricultura murciana», indicó. «El agua sigue estando en el Ebro, y no existe ningún dato oficial de la Unión Europea donde dijera que no se iba a subvencionar este proyecto, como intenta hacer creer el Ejecutivo socialista».

El consejero murciano de Agricultura indicó que el trasvase del Ebro venía a complementar el trasvase del Tajo, principal fuente de suministro en la Región.

Por su parte, el portavoz de los socialistas murcianos, José Ramón Jara, replicó al consejero Cerdá y dijo que la desalinizadora de Valdelentisco, «cuenta con todos los permisos» para su funcionamiento. Criticó que el consejero, «en su línea de deslealtad institucional», no acompañara a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, durante su visita, el domingo, a la desalinizadora. «Esta planta está produciendo agua desde hoy», aseguró José Ramón Jara.