Las actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente permitirán triplicar la actual capacidad de reutilización en el horizonte del año 2015.

Define el concepto de reutilización, introduce la denominación de aguas regeneradas, determina los requisitos necesarios para llevar a cabo la actividad de utilización de aguas regeneradas y los procedimientos para obtener la concesión exigida en la Ley e incluye disposiciones relativas a los usos admitidos y exigencias de calidad precisas en cada caso.

Con la utilización del agua depurada se obtiene un recurso no convencional que permite liberar agua de mejor calidad para otros usos.

Se trata de potenciar el desarrollo sostenible proporcionando un recurso escaso y necesario, como es el agua, a la vez que se mantiene un equilibrio con la protección de la salud humana y el medio ambiente

07. Diciembre ´07 – El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión del viernes pasado, el Real Decreto que establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. El texto, además, modifica parcialmente el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986 de 11 de abril.

En la actualidad, se reutilizan entre 400 y 450 hectómetros cúbicos sobre 3.400 hectómetros cúbicos de aguas depuradas. Con las actuaciones que pone en marcha el Ministerio de Medio Ambiente, esa cantidad se triplicará en el horizonte del año 2015, cuando se llegarán a reutilizar 1.200 hectómetros cúbicos.

Este Real Decreto, de acuerdo con los objetivos del Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua) del Ministerio de Medio Ambiente, permite desarrollar una nueva política del agua basada en una gestión más moderna y eficiente de los recursos. Con la utilización del agua depurada se obtiene un recurso no convencional que permite liberar agua de mejor calidad para otros usos.

Se trata de potenciar el desarrollo sostenible proporcionando un recurso escaso y necesario, como es el agua, a la vez que se mantiene un equilibrio con la protección de la salud humana y el medio ambiente.

El Real Decreto establece los mecanismos legales que permiten disponer del agua residual depurada como recurso alternativo, impulsado a su vez planes de reutilización y de uso más eficiente del recurso hídrico.

La norma define el concepto de reutilización, introduce la denominación de aguas regeneradas, determina los requisitos necesarios para llevar a cabo la actividad de utilización de aguas regeneradas, los procedimientos para obtener la concesión exigida en la Ley e incluye disposiciones relativas a los usos admitidos y exigencias de calidad precisas en cada caso. Además, recoge los criterios de calidad mínimos obligatorios exigibles para la utilización de las aguas regeneradas según los usos.

REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS Y REQUISITOS PARA SU UTILIZACIÓN

Asimismo, incorpora el concepto de reutilización de las aguas como la aplicación, antes de la devolución al dominio público hidráulico y al marítimo-terrestre para un nuevo uso privativo de las aguas que han sido utilizadas, de los procesos de depuración establecidos en la correspondiente autorización de vertido y los necesarios para alcanzar la calidad requerida en función de los usos a que se va a destinar.

También se determinan los requisitos necesarios para llevar a cabo la actividad de utilización de aguas depuradas, los cuales establecen la necesaria concesión administrativa salvo en supuesto de que la reutilización fuera solicitada por el titular de una autorización de vertido de aguas residuales, en cuyo caso solamente se requerirá autorización administrativa.

USOS PARA AGUAS REGENERADAS

Las aguas regeneradas podrán utilizarse para usos urbanos, agrícolas, industriales, recreativos y ambientales. En todos los casos el Organismo de cuenca solicitará a las autoridades sanitarias un informe que tendrá carácter vinculante.

El agua residual, antes de su reutilización, ha de someterse a un tratamiento de regeneración para alcanzar los niveles de calidad sanitaria y ambiental necesarios para el uso que se destina.

Por otro lado, se prohíben determinados usos que presentan riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Así, se prohíbe la reutilización de aguas para el consumo humano –salvo declaración de catástrofe en las que la autoridad sanitaria especificará los niveles de calidad exigidos a dichas aguas y los usos– para los usos propios de la industria alimentaria; para uso en instalaciones hospitalarias y otros usos similares; para el cultivo de moluscos filtradores en acuicultura; para el uso recreativo como agua de baño; para el uso en torres de refrigeración y condensadores evaporativos; para el uso en fuentes y laminas ornamentales en espacios públicos o interiores de edificios públicos, y para cualquier otro uso que la autoridad sanitaria considere riesgo para la salud de las personas o un perjuicio par el medio ambiente, cualquiera que sea el momento en el que se aprecie dicho riesgo o perjuicio.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

El procedimiento de concesión exige que el peticionario presente un proyecto de reutilización de aguas que incluya la documentación necesaria para identificar el origen y la localización geográfica de los puntos de entrega del agua depurada y regenerada; la caracterización del agua depurada, el volumen anual solicitado; el uso al que se va a destinar; el lugar de uso del agua regenerada especificando las características de las infraestructuras previstas desde la salida del sistema de reutilización de las aguas hasta los lugares de uso, y las características de calidad del agua regenerada correspondientes al uso previsto así como el autocontrol analítico propuesto.

Asimismo, deberá constar el sistema de reutilización de las aguas, los elementos de control y señalización del sistema de reutilización; las medidas para el uso eficiente del agua y las medidas de gestión del riesgo en caso de que la calidad del agua regenerada no sea conforme con los criterios establecidos correspondientes a uso permitido.

El Organismo de cuenca será el encargado de examinar la documentación presentada e informará sobre la compatibilidad o no de la solicitud con el Plan Hidrológico de cuenca atendiendo, entre otros, a los caudales ecológicos. A continuación elaborará una propuesta en la que se establecerán las condiciones en las que podrá otorgarse la concesión para reutilizar las aguas. Una vez elaborada se solicitará la conformidad expresa del peticionario.

El titular de la concesión o autorización de reutilización deberá sufragar los costes necesarios para adecuar la reutilización de las aguas a las exigencias de calidad vigentes en cada momento. Además, responderá permanentemente de dicha adecuación.

INICIATIVAS O PLANES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Con el objetivo de fomentar la reutilización del agua y el uso más eficiente de los recursos hidráulicos, las Administraciones Públicas estatal, autonómica o local, dentro de sus respectivas competencias, podrán llevar a cabo planes y programas de reutilización de aguas. En estos planes se establecerán las infraestructuras que permitan llevar a cabo la reutilización de los recursos hidráulicos obtenidos para su aplicación a los usos admitidos. En dichos planes se especificará el análisis económico-financiero realizado y el sistema tarifario que corresponda aplicar en cada caso.

Se incorporan al texto dos anexos. El anexo I recoge los criterios de calidad para la reutilización de las aguas según sus usos. Estos criterios tendrán la consideración de mínimos obligatorios exigibles.

El anexo II contiene el modelo normalizado de solicitud que deben presentar quienes deseen obtener la concesión o autorización de reutilización de aguas depuradas.

El Consejo de Ministros recibió ayer de la titular de Medio Ambiente, Cristina Narbona, un informe sobre la situación de la sequía que revela que no se prevén restricciones en el abastecimiento de agua a poblaciones en las cuencas del Júcar, Segura y Guadalquivir, y de la cabecera del Tajo.

Este oportuno informe a tres meses de las elecciones sobre los efectos de la sequía en el litoral Mediterráneo, la cuenca del río Guadalquivir y la cabecera del Tajo, destaca que las actuaciones emprendidas por el Gobierno desde el inicio de legislatura han mitigado los efectos de la sequía, pese a la escasez de precipitaciones registrada en estas zonas durante los últimos años.

El documento se convierte en un balón de oxígeno para la lucha que el PSPV mantiene en la Comunidad para rechazar los grandes trasvases y defender el programa Agua de la ministra, que le está restando expectativas electorales de cara a los comicios generales del próximo mes de marzo.

Operativo a finales de 2008

Así, el consejero delegado de la sociedad estatal AcuaJúcar, José María Marugán, afirmó ayer, tras mantener una reunión con los diputados nacionales y autonómicos del PSPV, que las obras del trasvase del Júcar-Vinalopó estarán finalizadas en diciembre de 2008. Marugán señaló que todos los tramos de la conducción ya están en obras, «aunque es posible que el agua no llegue a los usuarios si la Generalitat no impulsa las obras del postrasvase», añadió. Al respecto, la diputada socialista, Juana Serna, consideró que con la defensa del Ebro, los populares «han iniciado una guerra del agua que ahora se ha vuelto en su contra, ya que ha enfrentado al PP de Aragón con el de la Comunidad y con el de Murcia».

Por otra parte, el Consejo de Ministros dio ayer su aprobación a la modificación del proyecto de ampliación de la desalinizadora de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, presupuestado en 13.656.952 euros. Asimismo, en la reunión se acordó modificar el presupuesto de capital de las sociedades estatales Acuamed y AcuaJúcar, para el año 2007, y que supone un incremento de la adquisición de inmovilizado financiero de sus aplicaciones en 250.283.000 euros.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó ayer, respecto a que se pueda poner fin al trasvase Tajo-Segura en 2015, que será un nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo el que establezca las decisiones que procedan y el agua que deben tener los ríos en cada tramo, mientras que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, pidió que el Congreso de los Diputados respete la decisión unánime del Parlamento de Castilla-La Mancha.

La reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que se tramitará en la próxima legisltura, contempla el año 2015 como fecha límite de explotación del trasvase.

Narbona dijo que el Plan Hidrológico del Tajo, igual que el del Segura y los de cada uno de los ríos de España, establecerán los caudales ecológicos exigibles en todos los ríos y en todos sus tramos.

Explicó además que el proceso para la elaboración de esos planes hidrológicos de cuenca acaba de comenzar y tiene que estar terminado antes del mes de diciembre de 2009.

Un vuelco

Narbona dijo que la nueva legislación europea sobre agua supone dar «un vuelco a la política del agua» en España, «donde se ha entendido siempre como la política de las grandes infraestructuras o de los grandes trasvases».

En medio de la bronca política por la apuesta hídrica de los dos grandes partidos nacionales, el PP de la Comunidad Valenciana ha organizado un acto multitudinario para despejar cualquier duda y reivindicar su apuesta por el trasvase del Ebro. Para este acto sectorial, que forma parte de los cuatro ejes fundamentales de la precampaña de los populares de la Comunidad Valencia, la dirección regional ha elegido el municipio alicantino de Aspe. Lo cierto es que los populares de la Comunidad Valenciana convocaron este acto sectorial en octubre en el mismo lugar -el Teatro Wagner de dicha localidad-, pero las lluvias torrenciales que se vivieron entonces y que causaron importantes daños en la provincia hicieron que la convocatoria se suspendiera.

Aunque la demanda de agua, sobre todo en esta comarca del Vinalopó Medio, siempre está de actualidad, lo cierto es que esta reivindicación ha vuelto a la primera línea política, a escasas semanas de la disolución de las Cortes Generales. Así, el consejero valenciano de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, acusó ayer al presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, de tener una actitud «insolidaria» y «una postura política, de campaña y no racional» respecto al trasvase del Ebro, informa Efe. El consejero de la Generalitat se refirió de esta forma a las declaraciones realizadas el pasado lunes por Iglesias, quien advirtió de que, si Mariano Rajoy ganaba las elecciones, «volverá a plantear el trasvase del Ebro», algo que -según el dirigente aragonés- es «inaceptable» para Aragón.

«¿Dónde está el problema?»

García Antón salió al paso de este rechazo aragonés al afirmar que un informe del Gobierno revela que en el año hídrico comprendido entre octubre de 2006 y de 2007 se han vertido más de 8.000 hectómetros cúbicos de agua del Ebro al mar. Asimismo recordó que la Comunidad Valenciana sólo necesita 350 hectómetros cúbicos de la desembocadura, una cantidad que supone «el 4 por ciento del total» vertida, por lo que se preguntó «qué problema tiene Aragón» en cederla.

«No perjudica a nada», insistió García Antón, quien lamentó que «lo más grave no es que lo diga Marcelino Iglesias, sino que el Gobierno esté de acuerdo y que los socialistas valencianos, también».

Desde Murcia, el presidente de esta Comunidad, el popular Ramón Luis Valcárcel, también volvió a salir en defensa de los trasvases. En este sentido, recordó que el Comité Ejecutivo Nacional del PP aprobó el lunes los ejes del programa electoral de este partido en el que se refleja el tema de los trasvases y, aunque aún no se han perfilado, Mariano Rajoy «no tiene pensamientos de traer agua del Nilo o del Amazonas», ironizó. Asimismo, descartó que en los planes de Rajoy esté trasvasar agua del Júcar a la cuenca del Segura, por ser una cuenca casi, casi tan deficitaria como la del Segura», argumentó.

La presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, presidió ayer en Toledo una jornada de trabajo con los grupos populares de las cinco diputaciones provinciales de la región, para coordinar la estrategia del partido de cara a las próximas elecciones generales. En respuesta a preguntas de los medios de comunicación, Cospedal defendió la propuesta de Mariano Rajoy de lograr un Acuerdo Nacional del Agua. Aseguró además que Rajoy «no ha hablado en ningún momento del trasvase Tajo-Segura», por lo que pidió que no se interpreten mal sus palabras, en referencia a las declaraciones del presidente del PP el pasado domingo en Murcia, y las reacciones que han provocado. Insistió en que lo que propone el PP es «de sentido común» y es llevar el agua desde donde sobre hasta donde haga falta, ya que éste es un recurso común. «Voy a seguir pidiendo que parte del agua sobrante del Tajo vaya a las provincias de Ciudad Real y Albacete, que si no la reciben se quedarán completamente secas», puntualizó.La presidenta del Partido Popular de la región insistió en que está de acuerdo con la nueva propuesta del Rajoy, igual que lo estaba con el Plan Hidrológico Nacional, plan con el que, «en su día, Bono y Barreda también lo estaban, hasta que Zapatero lo derogó y no dijeron absolutamente nada», declaró.

«Tibieza» de los populares

Sin embargo, los socialistas de Castilla-La Mancha volvieron a criticar la postura de esta Comunidad respecto al trasvase Tajo-Segura. Así, el portavoz en materia de Agricultura del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Salinas, afirmó que las manifestaciones de Mariano Rajoy «han puesto muy nerviosos a los dirigentes del PP en la Comunidad, a los que les empiezan a temblar las piernas a la hora de defender los intereses de nuestra región, porque nadie de ellos se atreve a contradecir lo que dice su jefe».

Por ello, criticó la «tibieza» demostrada por Cospedal en sus manifestaciones. «Cospedal tiene que ser clara y no le valen las justificaciones», afirmó.

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, aseguró ayer que la Junta estaría de acuerdo con un pacto nacional sobre el agua, pero siempre que éste fuera «para poner fecha de caducidad al Tajo-Segura». Lamata respondió así a preguntas de los periodistas respecto a la propuesta de dicho pacto, que el pasado domingo lanzó en Murcia el presidente del PP, Mariano Rajoy.

«Estamos seguros -dijo- de que puede haber acuerdo, queremos alcanzarlo en las Cortes según nuestro proyecto de Estatuto» y añadió que «siempre es bueno hablar y llegar a acuerdos, pero la premisa que ponía sobre la mesa Rajoy, que es el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, es algo que no podemos aceptar en Castilla-La Mancha».

Precisó que actualmente «el agua del Tajo no da para repartir» y explicó que la fecha de caducidad «la hemos propuesto en nuestro proyecto de Estatuto y tendrá ocasión el señor Rajoy, y el PP, de demostrar ese apoyo a nuestra propuesta de búsqueda de acuerdo».

«No hay excedentes»

Lamata afirmó que Castilla-La Mancha necesita el agua de dicho río para el desarrollo de su agricultura y ganadería y precisó que «cuando se habla de los excedentes que trasvasar, hay que contestar que no hay excedentes».

Por otra parte, el coordinador del Grupo de parlamentarios nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, criticó que Rajoy quiera «perpetuar» los trasvases, especialmente el del Tajo-Segura, y pidió a la presidenta regional del PP, Dolores de Cospedal, «que se muevan un poquito para evitarlo».

Alonso dijo que las declaraciones de Rajoy dejan claro que el líder del PP «sólo piensa en perpetuar el Tajo-Segura».

Por otra parte, la diputada del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes castellano-manchegas, Encarnación Naharro, aseguró que las palabras de Rajoy «encajan perfectamente» con la voluntad del PP de Castilla-La Mancha de llevar agua a aquellas zonas donde no disponen de recursos suficientes. Naharro dijo que «Zapatero ha llevado a cabo una política hidráulica nefasta, porque apostó por las desaladoras, de las cuales sólo funciona una».

No es la única materia que ha generado recursos de inconstitucionalidad contra un buen número de los nuevos Estatutos de Autonomía que han ido entrando en vigor en los últimos años, pero sí que es una de las más destacadas. El agua se ha convertido en uno de los puntos más controvertidos. El Estatuto de Andalucía ha introducido referencias a esta materia; el valenciano incluye el derecho a recibir aguas de cuencas excedentarias, lo que pretende abrir la puerta a un derecho al trasvase del Ebro; el aragonés defiende una reserva estratégica, propia, de agua a guardar en embalses de esta tierra y a tener que dar su opinión antes de que se hable de cualquier posible trasvase de aguas del Ebro a otras cuencas.

El caso es que, por el agua o por otros motivos, el caso es que hay un cruce de recursos de inconstitucionalidad realmente importante entre comunidades vecinas. A saber: Aragón ha recurrido el Estatuto valenciano por el agua y el catalán por sus disposiciones sobre el Archivo de la Corona de Aragón; La Rioja ha recurrido el Estatuto de Aragón por el agua; Baleares ha recurrido el Estatuto de Cataluña también por el Archivo de la Corona de Aragón; y Valencia ya anunció hace más de un año su lucha contra el Estatuto catalán a vueltas con las alusiones a la política hídrica.

En manos del Constitucional

En definitiva, un auténtico enjambre de recursos. Pero los juristas creen que, al final, todo será más sencillo de lo que parece. En Zaragoza, esta semana se han reunido expertos de las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares. Es decir, los territorios que comparten historia común en el marco de lo que fue la Corona de Aragón.

Juristas de Aragón, Valencia y Baleares han coincidido en que, al final, habrá sido más «ruido mediático y político» que controversia legal. El profesor zaragozano Antonio Embid se muestra convencido de la constitucionalidad del contenido del Estatuto de Autonomía de Aragón. Sin embargo, duda seriamente de que ocurra lo mismo con el valenciano: «El Estatuto de Valencia dice que los valencianos tienen derecho a las aguas sobrantes de cuencas excedentarias. y el primer problema es ver cuáles son esas cuencas, porque si están fuera de la Comunidad valenciana se han equivocado».

«El polvo y la paja»

Respecto al Estatuto de Autonomía de Cataluña, el profesor Embid afirma que, a su juicio, «está sustancialmente ajustado a la Constitución, al margen de redacciones cuestionables de algún artículo». Este jurista aboga por «distinguir el polvo y la paja» e insiste en que será el Tribunal Constitucional el que, al pronunciarse ante los distintos recursos, ordenará definitivamente la cuestión.

Algo parecido opina el letrado mayor de las Cortes Valencianas, Javier Guillem. Evita pronunciarse directamente sobre el Estatuto de la Comunidad Valenciana en lo relativo al agua, porque «está recurrido ante el Tribunal Constitucional y estamos ejerciendo la defensa letrada, así que es un punto sobre el que justo no me puedo ni debo manifestar».

Eso sí, matiza que lo que ha hecho el Estatuto valenciano es incluir el agua en su Título II, no como un derecho directamente ejercitable por los ciudadanos valencianos, sino como «una manifestación programática, un principio». Advierte también que el agua y cualquier competencia sobre esta materia debe fijarse en todo momento «en el marco de la legislación del Estado».

La cohesión del Estado

Por su parte, el director general de Desarrollo Estatutario del Gobierno aragonés, Xavier de Pedro, cree que las polémicas cruzadas con los Estatutos de Autonomía es algo que acabará salvándose sin más problemas y defiende el avance que suponen realmente como aportación jurídica al Estado de las Autonomías. Según Xavier de Pedro, «el tiempo irá demostrando que los nuevos Estatutos lo que pretenden es dar mayor cohesión al Estado de las Autonomías». De hecho, se autodeclara optimista y cree que hasta el catalán acabará contribuyendo a ello.

La jurista María Ángeles Berrocal, letrada de la Comunidad autónoma de Baleares, cree que a lo que conducirán las controversias será a «una solución de consenso, tanto entre las comunidades autónomas afectadas como con el Estado». Y eso que, en su caso, en lo relativo a las pugnas por las competencias hídricas, reconoce que en Baleares lo ven «desde la distancia».

El consejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, manifestó ayer que «el Gobierno socialista está llevando a los regantes murcianos a un callejón sin salida con la desalinización», al comparar los precios del agua que producirá la desalinizadora de Valdelentisco con los que estaban previstos con el trasvase del Ebro.

Como ha publicado ABC, el Ministerio de Medio Ambiente ha sacado una oferta pública para vender el agua de esta desalinzadora a 50 céntimos el metro cúbico. Parte de la tarifa está subvencionada con un 42%. Según Cerdá, el Gobierno de Rodríguez Zapatero «ofrece agua a precio de gasóleo».

El consejero apunta que, frente a esta tarifa, el precio final del agua para regadío con recursos procedentes del Ebro, en iguales condiciones, habría sido de 16 céntimos.

Según explicó Cerdá, sin subvención la tarifa final del agua del trasvase se situaba en 0,32 euros el metro cúbico, que con subvención de la Unión Europea se quedaría en 0,23. Estos precios diferenciaban entre el precio del agua destinada a abastecimiento de los de regadío, y dejaban la tarifa final del agua para los regantes de Valencia, Murcia y Almería en 0,16 euros. «Estos datos muestran el precio real que hemos tenido que pagar los murcianos por la derogación del trasvase del Ebro, menos agua y cada vez más cara.

Bonificación

¿Quién va a pagar la bonificación del agua desalada, y durante cuánto tiempo se va a mantener?», se preguntó. Cerdá considera que «la desalación masiva no es ni será una solución técnica adecuada, sino un remiendo político apresurado e irreflexivo.

Es un problema añadido para el cambio climático, por el elevado consumo energético, tres veces mayor que el del trasvase, por lo que lamentó «la incompetencia del Ministerio de Medio Ambiente, porque España es el país de la Unión Europea que más incumple el protocolo de Kioto», informó ayer su gabinete de prensa. El consejero apuntó que el Gobierno socialista «está instalado en la propaganda, el engaño y la manipulación intentando hacer creer al resto de los españoles que la desalación es la solución a los problemas de agua de la Región. El PSOE ha pasado del trasvasismo a la improvisación y fundamentalismo de la desalación», y recordó el consejero que «prestigiosos estudios internacionales -en referencia a la revista Science- demuestran que es y puede ser una alternativa complementaria a los trasvases, pero no definitiva como nos intentan imponer».

Además, Cerdá también criticó el próximo incremento de las tarifas del trasvase Tajo-Segura, «el más alto de la historia del acueducto». Éstas se incrementarán en un 55% para los regadíos y un 44% para los abastecimientos, según la propuesta del Ministerio. «El Gobierno socialista castiga la eficacia y premia el despilfarro. A este ritmo los murcianos pagaremos el agua a precio de gasóleo», aseveró el consejero murciano, quien indicó que «el Gobierno socialista castiga con sus políticas a la agricultura más moderna y competitiva de Europa».

La presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, recordó ayer al PSOE que son el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, quienes han dicho que el final del trasvase Tajo-Segura «no se va a aplicar». Cospedal se refirió así a las declaraciones del vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, en las que advertía de que el final del trasvase corría peligro si el PP gana las elecciones generales, informa Efe. La presidenta regional de los populares recomendó a los dirigentes socialistas que «miren antes la viga en el ojo propio que la paja en el ajeno» y emplazó a Lamata a que pregunte a Zapatero y a De la Vega su opinión sobre este asunto. Cospedal ha sido preguntada también sobre la confección de candidaturas de cara los comicios generales, pero recalcó que aún no es momento para hablar de este asunto y que el Partido Popular va «a hacer las cosas en los plazos, como hay que hacer».

Los trabajos para modernizar los regadíos que se han realizado desde 206 han permitido ahorrar tanta agua como la que se almacena ahora mismo en los embalses de las cuencas de Galicia, Cataluña y Júcar juntas, cerca de 1.162 hectómetros cúbicos, según aseguró ayer la Ministra de Medio Ambiente. Cristina Narbona, que compareció ante la Comisión correspondiente del Congreso para hacer balance de las acciones emprendidas por su departamento en la presente legislatura, destacó que el Plan de Modernización de Regadíos ha desarrollado 134 actuaciones -con un presupuesto de 2.400 millones de euros- que han permitido ahorrar 1.162 hectómetros cúbicos.

Además, el Ministerio ha invertido 6.254 millones desde 2004 en actuaciones del Plan Hidrológico Nacional, 2.500 millones más que en el periodo 2001-2003, y la inversión dedicada a prevención y lucha contra los incendios forestales ha aumentado desde los 65,3 millones de euros gastados en 2004 a 102,5 en 2007, informa Efe. En política de protección del litoral, Narbona explicó que, hasta el momento, se han adquirido un total de 11.227.308 metros cuadrados, lo que supone una inversión de más de 29 millones de euros.

Comunidades beneficiadas

Por lo que respecta al Plan de Deslindes, ya se han deslindado un total de 7.995,28 kilómetros, casi el 80% del total, y se han producido, desde 2004, un total de 1.232 demoliciones, que suman una superficie de 268.147 metros cuadrados. Por su parte, la inversión en obras de emergencia y urgencia relacionadas con el agua desde el inicio de la legislatura supera los 652 millones de euros y el 78% de ella ha beneficiado a las comunidades autónomas de Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha.

Narbona afirmó que las actuaciones del Ministerio desde 2004 se han caracterizado por «un marcado giro social, político y económico a favor de la sostenibilidad del modelo de desarrollo aplicado en España».

Por otra parte, el PP exigió ayer en las Cortes valencianas la retirada «inmediata» de una campaña «de publicidad institucional encubierta» en favor de la desalinización y anunció que solicitará a los grupos de las Cortes Generales que reclamen la comparecencia urgente de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para hablar de esta iniciativa. La citada campaña -aparecida en los últimos días en varios medios de comunicación para promover la desalinización- ha sido llevada a cabo por la Asociación España para la Desalación y la Reutilización, formada tanto por empresas públicas como por empresas adjudicatarias para construir desalinizadoras.

«Manipulación directa»

El portavoz popular de Medio Ambiente en las Cortes valenciana, David Serra, denunció «la utilización perversa y manipulación directa» por parte del Gobierno central de entidades privadas en esa campaña, en lo que parece «el pago de un impuesto revolucionario», informa Europa Press. Según afirmó, «resulta inaudito» que los que adjudican las obras y los que reciben esas adjudicaciones «compartan un objetivo mediático de concienciación a favor de la desalinización». En este sentido, el parlamentario popular criticó «los usos y abusos partidistas y partidarios con fines electorales que está haciendo el presidente Zapatero de recursos públicos». En su opinión, «habrá que ver qué recursos tiene esta asociación, quién la financia, qué subvenciones recibe y qué aportaciones hacen a la misma las empresas públicas».

El diputado autonómico aseguró que «no es una casualidad» que, a tres meses de las elecciones generales, se impulse «una campaña encubierta en la que participan empresas públicas como Acuamed o AC Segura, que gestionan prácticamente todas las inversiones del Programa AGUA».