Será a 50 céntimos el metro cúbico, incluida una bonificación que llegará hasta el 42 por ciento de parte de la tarifa. El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la sociedad Aguas de la Cuenca del Segura (AcuaSegura), está ofertando los caudales desalinizados de la planta de Valdelentisco, en la localidad de Cartagena, a ese precio para los regantes que quieran comprar esos volúmenes a través de la oferta pública recién abierta que pretende colocar 37 hectómetros cúbicos anuales.

Otros veinte hectómetros de esta oferta pública los comprará el organismo estatal Canales del Taibilla para abastecer a la población. Este precio del agua desalinizada resulta dos veces y media más caro para los regantes que el agua que se compra proviniente de la cabecera del Tajo.

Sin embargo, el departamento que dirige la ministra Cristina Narbona y la Confederación Hidrográfica del Segura consideran que el precio sigue siendo en cualquier caso inferior al que se había prefijado durante el año 2004, cuando se adjudicó mediante un convenio esta desalinizadora a la empresa Adecsa, que integraba a medio millar de socios y de compradores.

«Más barata que la del Ebro»

En la misma línea, fuentes ministeriales también tratan de insistir en que el agua desalinizada será más barata de lo que habría costado traerla del río Ebro.

Esta tesis contrasta con los diferentes estudios económicos que se hicieron en la etapa del Partido Popular y que apuntaban que esa agua costaría 30 céntimos del metro cúbico. De hecho, eso es lo que cuesta producir el agua desalinizada a pie de planta, una vez aplicada la bonificación.

El resto, hasta llegar los cincuenta céntimos finales, corresponde a los gastos de distribución e impulsión. Esos mismos gastos habría de aplicarlos a los caudales de Ebro en el supuesto de que se hubiera construido aquel Trasvase, explican en el Ministerio de Medio Ambiente.

Para justificar esta tarifa, la Sociedad Aguas de la Cuenca del Segura señala que los costes de distribución e impulsión de las aguas es un factor fundamental a tener en cuenta. Entre otras cuestiones técnicas, destaca especialmente que haya que bombear los caudales hasta una cota de 295 metros de altitud en el embalse de La Pernera.

La Confederación apunta también que con el convenio anterior -suscrito entre el Ministerio regido por el Partido Popular y Adecsa- el precio real habría llegado a alcanzar los 55 céntimos.

Ha sido un verdadero jarro de agua fría para todos los regantes del Trasvase Tajo-Segura. En las recientes jornadas sobre la ordenación jurídica del acueducto celebradas durante la pasada semana en Murcia, ha trascendido públicamente algo que estos agricultores ya conocían desde el pasado mes de julio.

Por vez primera, una sentencia del Tribunal Supremo ponía definitivamente negro sobre blanco que no existe un derecho real a los excedentes de la cabecera del Tajo por parte de los regadíos de la cuenca del Segura.

El alto tribunal ya había apuntado en sentencias anteriores en esta misma línea, pero ha sido en la última sentencia donde ha quedado reflejado por escrito.

El Supremo se pronunció de este modo a raíz de un recurso presentado por el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura contra un acuerdo de la Comisión Central de Explotación del Acueducto, que les negaba el agua que habían solicitado

Los magistrados apuntaron en su fallo que el envío de los sobrantes desde la cabecera del Tajo entra directamente en el terreno de la posibilidad y que por lo tanto debe tener una componente discrecional por parte del Consejo de Ministros.

A pesar de todo, el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura sostiene que la mayoría de juristas le da la razón, según las conclusiones de las jornadas celebradas esta semana en Murcia, en el sentido de que sí existe un derecho real siempre que se cumplan las condiciones técnicas.

El Partido Popular de Castilla-La Mancha recalcó ayer su compromiso con el Estatuto de Autonomía y, en concreto, con la cláusula que pide el final del trasvase Tajo-Segura a pesar de que considera que el PSOE ya ha incumplido el acuerdo estatutario con la reforma de la ley electoral. La diputada del PP María Jesús Bonilla se pronunció así al ser preguntada por el tratamiento que el PP nacional dará a la política hidráulica en su futuro programa electoral y por la influencia de María Dolores de Cospedal en este asunto. Bonilla, que no contestó a esa pregunta, manifestó que el Partido Popular de Castilla-La Mancha «no es dudoso», pues siempre ha defendido los intereses de la comunidad y así seguirá haciéndolo, informa Efe.

Recalcó que el compromiso del PP castellanomanchego es defender lo acordado en el Estatuto, pero apuntó que le preocupa «qué va a hacer» el presidente del Gobierno regional, el socialista José María Barreda, que a su juicio «no tiene credibilidad», pues ya ha faltado a los compromisos del Estatuto en la reforma ley electoral. Bonilla aprovechó para recordar que el Plan Hidrológico Nacional que aprobó el PP daba respuesta a las necesidades hidráulicas de todos y que fue el PSOE el que lo derogó.

Por último, indicó que su partido no tiene por qué interpretar de ninguna manera la defensa del trasvase Tajo-Segura realizada por los presidentes de la Comunidad Valenciana y de Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, respectivamente, en la jornada de Ordenación Jurídica del Trasvase Tajo-Segura.

Los ministros de Medio Ambiente de la UE han adoptado conclusiones que tienen en cuenta de manera formal, la gravedad y la dimensión internacional de la escasez del agua y la amenaza de incremento de los periodos de sequía que sufre Europa. Admiten que la falta de agua y las prolongadas estaciones secas que padecen algunos países ya no son problemas susceptibles de ser abordados exclusivamente por cada Estado miembro.

16. Noviembre ´07 – Los datos que maneja Bruselas señalan que el 12% del territorio de

la UE, el 19% de la población y alrededor de 33 cuencas hidrográficas están padeciendo los efectos de la falta de agua.

Los responsables de Medio Ambiente -entre ellos, la ministra española, Cristina Carbona, y el comisario europeo, Stavros Dimas- coincidieron en que deben convertirse en “una prioridad política” para todos los socios y, como tal, afrontarla en el ámbito europeo. Se da con ello el primer paso firme para entablar una política común del agua que por el momento, se sustancia en privilegiar las estrategias de ahorro y la mejor gestión de los recursos hídricos.

No obstante en las conclusiones de la reunión de ministros también se ha introducido la posibilidad de crear una “tasa justa” sobre el precio del agua. Ya en julio, la Comisión Europea instaba a los gobiernos a subir el precio del agua, que en el caso de España supondría un alza de hasta una 45% sobre el coste actual de aquí a 2010. Los ministros de Medio Ambiente no han entrado de lleno en esta cuestión y se han limitado a respaldar las intenciones de la Comisión para crear una política común en materia de recursos hídricos.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aprovechó ayer su presencia en una conferencia sobre el cambio climático organizada por CC.OO. en Valencia para arremeter por enésima vez contra el trasvase del Ebro.Así, Narbona aseguró que si se hubiese llevado a cabo la transferencia, su construcción y funcionamiento hubieran supuesto «más emisiones de CO2 que veinte plantas desalinizadoras juntas». En este sentido, indicó que «muchos ciudadanos» no saben esto y que «miran el mapa» y «piensan en un trasvase desde el Ebro hasta Almería» creyendo que «el agua circula sola por el tubo», por lo que afirmó que «es bueno que la gente sepa que un trasvase requiere consumo de energía».

La representante del Ejecutivo de Rodríoguez Zapatero se pronunció de este modo al ser preguntada por la encuesta sobre cambio climático encargada por la Generalitat que indicaba que el 73,6 por ciento de los valencianos cree que antes de construir desaladoras es mejor optar para conseguir agua por otras soluciones que emitan menos CO2.

Cristina Narbona consideró que el porcentaje «demuestran que los valencianos creen que el trasvase no producía CO2» y subrayó, en esta línea, que «transportar mil hectómetros cúbicos de agua por 900 kilómetros de tubería, con alturas en algún caso de hasta mil metros por encima del nivel del mar, hubiera comportado un consumo de energía superior al de veinte plantas desalinizadoras y, por tanto, una emisión de CO2 superior a veinte plantas desalinizadoras juntas».

Respuesta de la Generalitat

El consejero de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana, José Ramón García Antón, salió ayer al paso de las de estas declaraciones y acusó a la ministra Cristina Narbona de dar «información falsa y errónea». Según García Antón, «para producir un metro cúbico de agua desalada hacen falta cuatro kilowatios y para traer un metro cúbico de agua del trasvase del Ebro harían falta dos kilowatios», por lo que la desalación contamina «al menos el doble» que el trasvase. El consejero consideró que la ministra querría que a los valencianos «sólo» les llegara la información que se da desde el Gobierno central, una información «errónea que a lo largo de cuatro años se ha visto que no ha valido de nada». Así, recordó que, al inicio de esta legislatura, ya se debatió sobre la energía que requiere un metro cúbico de agua desalada y la que necesita el trasvasado, algo que, a su entender «está muy claro», puesto que «para producir un metro cúbico de agua desalada hacen falta cuatro kilowatios y para traer un metro cúbico de agua del trasvase del Ebro harían falta dos kilowatios», insistió.Además, apuntó que la desalación «no sólo» consume una energía para producir el agua desalada, sino que también «hay que llevarla desde la costa -donde se produce- hasta el interior -que es donde se necesita para su consumo- y «ahí hace falta casi un kilowatio más para trasladarla, con lo que, en total, un metro cúbico de agua desalada necesitaría cinco kilowatios poderse utilizar», aseveró. Como consecuencia, la desalación produce «al menos el doble» de contaminación y consumo energético que el trasvase del Ebro. A esto «hay que añadir la salmuera, que produce un efecto perjudicial en muchas zonas del litoral», advirtió.

El agua del trasvase Tajo-Segura se pone por las nubes. No llega a ser tan cara como la desalinizada, pero los nuevos incrementos de precios propuestos por el Ministerio de Medio Ambiente resultan porcentualmente astronómicos por culpa, sobre todo, de la factura energética. Las nuevas tarifas harán que se incremente el agua del Tajo para los regadíos en un 55% el año que viene.

Para los abastecimientos, la subida será del 44%. Eso representa que los caudales para la agricultura alcanzarán los 15,4 céntimos por cada metro cúbico. Mientras que para la llamada agua de boca aumentará 18,1 céntimos, según informó ayer el Sindicato Central de Regantes del Tajo Segura y la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

Con motivo de la aprobación del último desembalse del Tajo al Segura, el Ministerio ya avisó de que iban a aumentar estas tarifas.

La repercusión sobre los usuarios, en el caso de la población, se empezará a notar principalmente después de marzo, una vez pasadas las elecciones generales. Será cuando estén en producción las nuevas desalinizadoras de Valdelentisco (Cartagena) y Alicante II. A partir de ahí, la Mancomunidad de Canales del Taibilla ajustará las nuevas tarifas del agua.

Ya se conoce un dato: la carestía del agua de la cabecera del Tajo tendrá una repercusión en el recibo de un 6%, a lo que habrá que sumar el incremento correspondiente a la inyección de más agua desalinizada en las redes de abastecimiento.

No variará

El delegado del Gobierno en la Mancomunidad, Isidoro Carrillo, indicó ayer que el recibo actual de 43,26 céntimos el metro cúbico (es lo que este organismo factura a los 77 ayuntamientos de Murcia, Alicante y Albacete) no variará en los próximos meses.

Pero ¿qué ha sucedido para que se produzca un aumento tan alto? Tanto Isidoro Carrillo como Francisco del Amor, presidente de los regantes del trasvase, lo atribuyen a dos factores: por un lado que la tarifa estaba congelada desde mayo del año 2005. Y por otro lado, el aumento espectacular de los gastos energéticos.

Para que el agua llegue a la cuenca del Segura hay que bombearla hasta los 300 metros de altura en el punto de salida. De esta forma, la factura eléctrica aumentará hasta un 72,4%.

Amortización

La parte de la tarifa que menos sube es la amortización de las obras, que en realidad corresponde a las indemnizaciones que reciben los gobiernos de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura a cambio de los envíos de agua. Entre los años 2003 y 2006 estas comunidades autónomas han recibido 82 millones de euros de parte de los regantes murcianos y alicantinos, y otros 259 millones con cargo a los desembalses para dar de beber a 2,5 millones de habitantes.

Estas indemnizaciones se han pagado en el transcurso de una de las sequías más graves que se han registrado, puesto que los gobiernos de estas tres comunidades no han condonado la parte de sus tarifas, cosa que sí ha hecho el Gobierno central.

Las nuevas tarifas se encuentra en la fase de presentación de alegaciones y deberán ser aprobadas primero por la Comisión central de Explotación del Trasvase. Después tendrá que ser ratificadas por el Consejo de Ministros.

Los regantes del Tajo-Segura van a solicitar una nueva reunión con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para solicitarle que se agilice el otorgamiento de las concesiones de agua de la cabecera del Tajo, actualmente en trámite por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Sentencia del Supremo

Los regantes le han visto las orejas al lobo tras la recientes jornadas sobre el ordenamiento jurídico del Tajo-Segura, habida cuenta de que el Tribunal Supremo mantiene en sus sentencias que los agricultores no disponen de un derecho real sobre los excedentes de los pantanos de la cabecera del Tajo.

El Sindicato Central considera que ahora cobra más importancia que se otorguen los títulos de concesión sobre los sobrantes del Tajo para disponer de mayor cobertura jurídica. Su presidente, Francisco del Amor, discrepa de las sentencias del Supremo y considera que los magistrados del alto tribunal deberían tener un conocimiento más preciso de las leyes de aprovechamiento y explotación del acueducto.

En este sentido, solicitarán al Ministerio de Justicia que se imparta un cursillo a los magistrados del Supremo sobre la legislación del Tajo-Segura, con el fin de que dispongan de todas las claves.

Francisco del Amor considera «un éxito» las jornadas jurídicas celebradas en Murcia, ya que a su juicio los expertos «han ratificado que tenemos derechos reales sobre los excedentes del Tajo, porque así viene recogido en las leyes».

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrón, terció ayer en este asunto y «agradeció» al magistrado de la Audiencia Nacional José Guerrero «que haya recordado en Murcia que el Tajo-Segura no es un derecho de los regantes del Levante», informa Efe. Así se refirió el titular de la materia hidráulica del Ejecutivo castellano-manchego a la advertencia que el magistrado hizo en Murcia, donde recordó que la jurisprudencia determina la discrecionalidad para la aprobación de trasvases.

Por la caducidad

«Las palabras del magistrado han sido muy oportunas para que en el Levante español se tenga información más clara de este asunto», dijo Sánchez Pingarrón, quien ha señalado que la Junta de Castilla-La Mancha «seguirá trabajando por la caducidad» del Trasvase Tajo-Segura.

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para que se retire el dinero necesario para construir la desalinizadora de Torrevieja.

Los populares consideran que «no se estima conveniente los fines perseguidos con esta partida presupuestaria».

La anualidad para esta fábrica de agua, actualmente en obras, asciende a 57,1 millones de euros, y tiene como finalidad garantizar los regadíos del Trasvase Tajo-Segura, según consta en el texto de la enmienda a la que ha tenido acceso este periódico.

80 hectómetros al año

La desalinizadora de Torrevieja, que tendrá una producción inicial de 80 hectómetros cúbicos anuales, cuenta con el rechazo del Gobierno de la Comunidad Valenciana, que aduce motivos medioambientales.

La mayor parte de la producción va destinada a los regadíos y abastecimientos de la Región de Murcia. Los regantes del Tajo-Segura no han firmado todavía el convenio con la sociedad estatal Acuamed que, no obstante, les ofrecerá el agua desalinizada mediante concurso.

Siete cuencas de ríos tienen en la actualidad menos agua que en las mismas fechas de 2005, el año más seco desde 1947, cuando el Ministerio de Medio Ambiente comenzó a realizar mediciones. La costa de Galicia, Guadiana, la cuenca atlántica andaluza, la cuenca mediterránea andaluza, Guadalquivir , Ebro y las cuencas interiores de Cataluña reservan un total de hectómetros cúbicos de agua inferior al de dos años atrás (ver gráfico).

Las cifras de agua embalsada en la Península se aproximan peligrosamente a las de 2005. De una capacidad total de 54.148 hm³; actualmente, tenemos 22.809 hm³ de reserva; en 2006, contábamos con 25.828; y en 2005, con 21. 643.

Sin embargo, hasta el momento, sólo se ha activado la alarma en cinco cuencas. Las de los ríos Segura, Júcar, cabecera del Tajo, Guadalquivir y algunos embalses de Galicia se encuentran en sequía, es decir, sus reservas son escasas para el consumo humano, según aseguraron fuentes del Ministerio de Medio Ambiente a 20 minutos.

Las cifras se aproximan peligrosamente a las de 2005

Similar a la sequía de hace dos años

El director general del Agua, Jaime Palop, lo confirmó hace unos días al asegurar que «la sequía es similar a la de hace dos años». Para paliar el desastre, el Gobierno ya ha aprobado medidas urgentes en estas cinco zonas.

La razón de que las reservas estén tan bajas se encuentra en la falta de precipitaciones durante este otoño y en que estas cuencas no se acabaron de recuperar en 2006. «El año pasado subieron las reservas pero en algunos embalses esta tendencia no se consolidó», afirma un portavoz de Medio Ambiente.

Las cantidades de agua embalsada han ido descendiendo progresivamente a lo largo de 2007. Actualmente, se encuentran al 42,1% de su capacidad total. Sólo cuatro meses atrás, los embalses estaban al 60,1% de su capacidad.

Falta de lluvia

Del 1 de octubre al 6 de noviembre pasados, las precipitaciones medias fueron de 51 litros por m², cuando lo normal son 84, explica el portavoz del Instituto Meteorológico Nacional , Ángel Rivera.

«Excepto en la Comunidad Valenciana y en Baleares, en el resto de España hay un déficit de lluvia. En Galicia es alarmante: han caído sólo 10 litros por metro cuadrado cuando lo normal para estas fechas es que se recogieran hasta 250 litros», sentencia Rivera.

Madrid tiene un 65,5% de reserva

Los embalses de la Comunidad de Madrid se encuentran a un 65,5% de su capacidad total de agua, según explicaron a este diario fuentes del Canal de Isabel II.

Los embalses de Madrid se encuentran al 65,5%

El agua que se consume en los hogares de la región proviene del río Tajo, pero no se encarga de gestionarla la Confederación Hidrográfica de este río, sino el Canal de Isabel II.

En los dos últimos años, las reservas de las presas madrileñas han tenido una evolución positiva. En 2005 se encontraban al 34,52% de su capacidad total y ya en 2006 llegaban al 52,13%.

Por lo tanto, la situación de Madrid es buena y no hay atisbo de alarma, según afirman fuentes del Canal.

Los presidentes de Murcia y de la Generalitat Valenciana están preparándose para pedir compensaciones en el futuro al Gobierno de España por dejar de utilizar el trasvase Tajo-Segura. Así lo aseguró ayer el vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, al ser preguntado por las intervenciones de Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps en la jornada de Ordenación Jurídica del Trasvase Tajo-Segura que se celebró el pasado martes en Murcia. Para Lamata, tanto Camps como Valcárcel mantuvieron una «actitud defensiva» porque, en su opinión, «están inquietos» por las razones de «mucho peso» que contra el trasvase se están manifestando desde Castilla-La Mancha y están preocupados porque «el tiempo se está agotando». Al respecto reiteró que 2015 es la fecha límite para la utilización del trasvase, aunque advirtió de que es probable que antes de esa fecha no puedan hacerse derivaciones en aplicación de la ley, que otorga la prioridad del uso de esas aguas a la cuenca cedente.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, el socialista Julián Rebollo, no se mostró tan optimismo como Lamata y criticó que desde Castilla-La Mancha «no se está luchando con uñas y dientes» para defender el agua ante las pretensiones de Valencia y Murcia.

«Pensamiento único»

En este sentido, el Gobierno murciano, a través de su consejero de Agricultura y Agua, volvió a reclamar ayer la continuidad de la infraestructura. Antonio Cerdá -tras la clausura de las Jornadas sobre la Ordenación Jurídica del Tajo-Segura- aseguró que la caducidad del trasvase supondría la desaparición de 40 millones de árboles frutales, al tiempo que criticó lo que calificó como «pensamiento único» en torno a la desalación por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

El consejero tildó de «irresponsable» a la ministra de Medio Ambiente porque, según dijo, «abdica de sus responsabilidades jurídicas y legales sobre el trasvase y da por cerrada una cuestión que debería resolver antes de terminar su mandato», informa Efe. A su juicio, «lo que tiene que decir es que el Tajo-Segura es intocable», en referencia a las declaraciones de Cristina Narbona en su visita del pasado martes a Murcia en las que aseguró que la decisión sobre la caducidad del trasvase que contempla el Estatuto de Castilla-La Mancha recaerá en la persona que salga elegida en la próxima legislatura. «El trasvase Tajo-Segura es y seguirá siendo una obra de Estado», subrayó Cerdá, quién destacó el carácter «vertebrador e integrador» de la obra.

Sin embargo, en su intervención ayer durante la última jornada sobre ordenación jurídica del trasvase, el magistrado de la Sala de Lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional José Guerrero Zaplana recordó que muchas de las sentencias dictadas hasta ahora por el Tribunal Supremo en materia de trasvases de agua del Tajo al Segura han sido contrarias a las pretensiones del Sindicato Central de Regantes de reconocer como un derecho el envío de agua.

«Molesta que llegue más agua»

Mientras tanto, la ministra de Medio Ambiente volvió a defender su política hidráulica al asegurar que la Comunidad Valenciana y Murcia acabarán la legislatura con más agua disponible que hace cuatro años, a la vez que se mostró convencida de que eso «le molesta al PP». Cristina Narbona aseguró en el Congreso que cuando finalice la legislatura la Comunidad Valenciana dispondrá de 335 hectómetros cúbicos más de agua que al empezar y la murciana de 135.

La portavoz popular en materia de Medio Ambiente, Teresa de Lara, tachó de «bajeza» decir que al PP le molesta que llegue más agua a Valencia y Murcia y acusó a la ministra de mentir por reiterar que el trasvase de agua desde el Ebro -derogado por Zapatero- no contaba con el respaldo de la Comisión Europea y que no iba a ser por lo tanto cofinanciado.

Los murcianos y alicantinos dejarán de beber el próximo año agua dura y cargada de sales. Será posible a partir de marzo cuando lleguen al pantano del Cenajo -el mayor de la cuenca del Segura con 457 hectómetros de capacidad- las aguas de la cabecera del Tajo.

Ayer se dio el principal paso con el calado del túnel que comunica este embalse con el del Talave, situado a unos diez kilómetros, en una de las principales obras de infraestructura hidráulica que ejecuta el Ministerio de Medio Ambiente en esta cuenca y que garantiza la continuidad del acueducto Tajo Segura, al menos para los abastecimientos para la población.

«Bypass»

Este «bypass» entre los dos pantanos no beneficiará a los caudales que se trasvasan para los regadíos, puesto que la capacidad de transporte del túnel se redujo sensiblemente por exigencias del Gobierno de Castilla-La Mancha. En lugar de pasar hasta 60 metros cúbicos por segundo, será seis veces menos. La obras las lleva a cabo la sociedad Aguas de la Cuenca del Segura.

El pantano del Talave tiene escasa capacidad, por lo que esta obra también contribuirá a reducir los riesgos de avenidas en la zona al poder canalizarse las aguas de uno a otro embalse.

Ahora será necesario revestir un pequeño tramo a cielo abierto, para evitar que haya filtraciones de agua en la Rambla del Algarrobo. El túnel se encuentra a unos 30 kilómetros de Hellín, dentro de territorio castellano manchego.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, destacó ayer la importancia de un proyecto largamente demandado por la población murciana. «Esta obra es un alarde de ingeniería. Es el túnel mas grande de la cuenca que permitirá mejorar el agua». Destacó, asimismo, que no se ha producido ningún herido durante las obras.

Fuentes Zorita señaló por otra parte que desde la Confederación Hidrográfica del Segura nunca se ha hablado de caducidad del trasvase del Tajo. Apuntó que las inversiones que se están llevando a cabo son importantes como para mantener esa hipótesis.

El PSOE murciano, a su vez, señaló que esta obra demuestra la apuesta del Gobierno de la Nación por el futuro del trasvase Tajo-Segura, ya que de lo contrario no se invertirían 47,1 millones de euros.

La Confederación Hidrográfica del Segura, por otra parte, ha sacado a concurso público las aguas desalinizadas de la planta de Valdelentisco (Cartagena). Ha puesto a disposición de los regantes 37 hectómetros cúbicos anuales, y sólo podrán optar aquellos que tengan concesiones reconocidas por el organismo de cuenca.

La planta dará servicio a una amplia zona que abarca los municipios de Mazarrón, Cartagena, Murcia y Fuente Álamo. Otros 20 hectómetros se destinarán a los abastecimientos urbanos.

La tarifa será más barata que la pactada en el año 2004, cuando se adjudicaron las obras todavía bajo mandato del Partido Popular.

Los embalses del Talave y Cenajo, que quedaron conectados ayer, garantizan la continuidad del Tajo-Segura _ El túnel transportará seis veces menos de agua por exigencia de Castilla-La Mancha

EFE

Momento en que la tuneladora llegó, ayer, a la zona del embalse del Talave

El director general de Mejora de Explotaciones Agrarias, Juan Manuel Suárez, ofreció una ponencia sobre “Medidas agrarias en el Plan Especial del Alto Guadiana”, en el marco de la Jornada que ha organizado la Comunidad General de Usuarios del Acuífero de La Mancha Occidental sobre la “Situación actual, real y burocrática del Acuífero 23”, que ha tenido lugar en Tomelloso (Ciudad Real).

Suárez comenzó su intervención haciendo mención a la importancia del Plan Especial del Alto Guadiana, porque con su aplicación se contribuirá especialmente al “desarrollo sostenible de los usos agrícolas y económicos de la zona”, ya que permitirá la corrección de un déficit hídrico estructural existente en la actualidad.

En el transcurso de su ponencia, el director general recordó que la actividad agraria de la Mancha Occidental tiene un gran impacto socioeconómico sobre la zona y supone el sustento de la renta de numerosas familias.

A lo largo de los últimos años, el regadío ha permitido una mayor generación de riqueza, empleo, fijación de la población y vertebración del territorio, pero a costa de comprometer las posibilidades de desarrollo en el futuro, el abastecimiento urbano, la calidad de las aguas y tras haber dañado parajes de un alto valor medioambiental.

Por todo esto, el director general de Mejora de Explotaciones Agrarias aseguró que la puesta en marcha del Plan Especial del Alto Guadiana es absolutamente necesaria, “porque va a suponer estabilidad, seguridad y garantía de futuro: estabilidad para los agricultores, porque se va a poner orden en una situación que hasta ahora generaba dudas todos los años; seguridad porque el Plan Especial del Alto Guadiana sirve para preservar el agua para el futuro y contribuirá a dedicar los recursos justos y necesarios para el sector agrario; y futuro, porque asegura las rentas de nuestros agricultores”.

Además, Suárez abordó los ejes sobre los que debe girar el modelo agrario en la zona. El Plan Especial del Alto Guadiana consta de una serie de medidas generales y otras específicas de índole hídrica, ambiental, agrícola y de reconversión socio-económica, pensadas para que sirvan de apoyo a las medidas generales y garanticen su viabilidad, aplicación y efectividad.

En este apartado, el director general señaló que una de las medidas específicas, que tiene una financiación de 940 millones de euros, es el programa de reconversión agrícola que cuenta entre sus directrices más importantes con “un aumento de la eficiencia en la gestión y uso del agua disponible, el desarrollo de un modelo de gestión de los recursos hídricos y la puesta en marcha de un programa de apoyo a la agricultura de secano, para aquellos que se acojan al sistema de venta de derechos de agua al banco creado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, combinando las medidas agroambientales con las de apoyo a zonas agrarias desfavorecidas, y potenciando la agricultura ecológica”.

Además, se establecen medidas de modernización de los regadíos y otras encaminadas a la diversificación de nuestra agricultura y de la industria agroalimentaria de la zona.

La Consejería de Agricultura cree firmemente que en la agricultura de esta zona, con el apoyo de todos los agentes sociales implicados en el Alto Guadiana, se puede conseguir el desarrollo sostenible de 125.000 hectáreas con 200 hm3 asignados.