La Junta de Andalucía quiere la transferencia de parte de la Cuenca del Guadalquivir, como recoge su nuevo Estatuto. La propuesta ha alarmado a los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Su presidente, Edelmiro Rúa, avisa de que la tendencia en España «camina hacia la fragmentación de la gestión del agua» y advierte de los peligros que entraña esa vía. «Cada río -explica- pertenece a una cuenca hidrográfica muy amplia que incluye a todos sus afluentes. Las confederaciones hidrográficas parten del concepto indiscutido de que la gestión del agua se realiza en el marco de cada cuenca. Es un modelo que funciona y, sin embargo, puede desmembrarse con iniciativas como la de Andalucía».

«Lo que está sucediendo en España -insiste- es muy extraño. Cuando Europa reconoce que el sistema español de gestión del agua, a partir de las Confederaciones Hidrográficas, es el mejor que existe, cuando todo el mundo está de acuerdo en que funciona bien; de repente, surgen voces que dicen: «No, yo voy a gestionar mi pequeña parte»».

«Y claro -reflexiona-, cuando una Comunidad abre ese camino, la tentación de las todos, hasta de las provincias, es la de querer gestionar también la parte de la cuenca incluida en sus territorios. Esto puede llevar a una situación totalmente anárquica y muy peligrosa. Una mala gestión del agua puede ser decisiva para que una sequía sea aún más grave, para que se produzcan riadas incontroladas, para que se acabe con el caudal ecológico de los ríos (el mínimo que garantiza la vida animal y vegetal acuática y de ribera) o para que desaparezcan los humedales tradicionales en las migraciones de aves».

«No estamos realizando ninguna defensa corporativista -señala-. Somos los especialistas en la gestión del agua y lo seguiremos siendo. Llevamos dos siglos gestionando el agua y la sociedad puede pedirnos responsabilidades si nos callamos. La gestión del agua no puede responder a caprichos de una u otra comunidad o provincia. Debe ser integral. El agua es de todos, es un bien público y tenemos la obligación de hacer que sea para todos. Reclamamos ya un Pacto Nacional sobre el Agua».

Las cuestiones básicas son: «La unidad de la cuenca se debe mantener y la gestión técnica debe ser única. Todo esto debe ir englobado en que si el sistema de cuencas funciona y es bueno, no deberíamos desmontarlo a la ligera».

El Colegio de Ingenieros de Caminos quiere dar a conocer sus inquietudes. Para ello, «una comisión está redactando un documento que se le presentará al presidente del gobierno para manifestarle nuestra enorme preocupación. En un par de semanas le daremos a conocer nuestra postura. A Zapatero le queremos transmitir que el país se juega mucho en esta cuestión. Una mala gestión del agua nos puede llevar al descontrol y al desastre».

Situación crítica la que atraviesa el embalse de Alarcón (Cuenca), situado en la cabecera del Júcar, que sólo se encuentrá al 5 por ciento de su capacidad, según los datos aportados ayer por la la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Aunque los embalses de esta cuenca acumulan 8,79 hectómetros más que la semana pasada y llegan a los 697,98 -un 20,86 por ciento de su capacidad total-, la CHJ alertó de los efectos de la sequía sobre el embalse de Alarcón, que, en el primer trimestre del año hidrológico, ha recibido la menor cantidad de agua de los últimos 32 años y almacena 64,3 hectómetros cúbicos, un 5,75 por ciento de su capacidad, que es de 1.118 hectómetros cúbicos.

La Confederación ha calificado la situación de «preocupante», máxime cuando la capacidad mínima operativa del embalse es de 30 hectómetros cúbicos.

La situación en los embalses de la cabecera del Tajo tampoco mejora. Buendía y Entrepeñas registraron la pasada semana un descenso de cinco hectómetros cúbicos y acumulan 300 hectómetros, el 12,12 por ciento de su capacidad total, que es de 2.474 hectómetros. No osbtante, en conjunto, la reserva de los embalses de la cuenca del Tajo ha aumentado en 86 hectómetros cúbicos y se sitúan en 4.663, un 42,34 por ciento de su capacidad total.

Ante esta grave situación, al igual que sucede en otros puntos de España, el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, realizó ayer un llamamiento a la población para que no derroche agua. Palop argumentó que la situación actual es «delicada» en todo el arco mediterráneo. «Prácticamente desde Cataluña hasta Algeciras, incluyendo la cuenca del Guadalquivir, hay problemas de agua almacenada», analizó.

«Más agua, más rápido y de más calidad». Ésa fue la promesa de Zapatero tras derogar el trasvase del Ebro aprobado por el último Ejecutivo popular. Para ello, el Ministerio de Medio Ambiente de Cristina Narbona puso en marcha en la provincia de Alicante, como en tantas otras, su ambicioso programa AGUA.

Sin embargo, en los últimos compases de la legislatura, el grado de ejecución del citado programa dista mucho de estar completo, el caudal que ha aportado a la provincia es difícil de cuantificar, y sus principales infraestructura -las que han empezado a construirse- se han revelado como una fuente inagotable de problemas.

Desalación

Sólo las plantas que ejecutó el PP

El programa AGUA contempla la ejecución de cuatro desaladoras en el litoral de la provincia de Alicante, que cubrirían aproximadamente un 20 por ciento del déficit hídrico de la provincia, según un estudio de la Junta de Usuarios del Vinalopó. En la actualidad, sólo una de las plantas está en funcionamiento, la del Canal de Alicante. Una planta que, si bien ha sido ampliada por el actual Ejecutivo, fue terminada y se puso en marcha bajo el Gobierno del PP.

Mientras, la controvertida planta de Torrevieja, la más grande de Europa cuando entre en funcionamiento, se encuentra en construcción. La de Muchamiel se encuentra en fase de licitación, y la de Denia lo estará en breve. Es decir, ninguna de las tres desaladoras de nueva construcción funcionará antes de que termine la legislatura.

A ello se suman los problemas que ha encontrado la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), que promueve el programa, en la localidad salinera. Denuncias ante los tribunales europeos, conflictos de competencias que han llegado al Constitucional, expedientes de sanción del Consell y errores que han anegado urbanizaciones de agua salobre.

Desde su inicio, a principios del pasado año, las obras se han paralizado en dos ocasiones: la primera, tras un expediente sancionador del Consell. La segunda, a finales de diciembre, tras inundarse un pozo freático cuyo vertido sobre una parcela anexa investiga el Seprona.

Júcar-Vinalopó

Contaminación y rechazo en destino

Estrenada la tesis de no realizar trasvases entre cuencas, Medio Ambiente paralizó el Júcar-Vinalopó, ya en marcha, y rehizo su trazado con una toma en la desembocadura del río cedente. Sin embargo, los propios análisis de la Confederación del Júcar (CHJ) ponen en duda su viabilidad, dado el alto nivel de contaminación.

Tal como ha venido publicando ABC, el nivel de bacterias coliformes -que indican la salubridad del agua- multiplica varias veces el límite permitido para riego. Mientras este límite se establece en 100 unidades por cada 100 mililitros, en la toma del nuevo Júcar-Vinalopó sus niveles oscilan entre el medio millón y los doce millones.

Al mismo tiempo, los destinatarios del trasvase, reunidos en la Junta de Usuarios del Vinalopó, han expresado su rechazo tanto en los tribunales como en manifestaciones y, en la actualidad, con una recogida de firmas.

Tajo-Segura

El PSOE evita ponerle fin

La continuidad del Tajo-Segura, única fuente de caudales para Alicante que se ha mostrado eficaz hasta el momento -pese a la complicada situación de sus embalses-, ha sido cuestionada durante toda la legislatura. Sin embargo, incluso el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, admitió ayer que el programa de Zapatero no incluirá su finalización.

El denominado «Informe Camps» sobre cómo «Afrontar el desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea» fue debatido ayer en el Comité de las Regiones, con un claro «éxito» para la política hídrica de la Comunidad Valenciana, que ha conseguido incluir el reconocimiento de los trasvases como medios «positivos» para la obtención de agua en el texto final configurado en la jornada.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps se ganó con la votación de ayer el apoyo del resto de regiones europeas al uso de trasvases, siempre y cuando se conceda prioridad al uso eficiente del agua, se planifiquen debidamente las necesidades, «se garantice la mejora del medio ambiente, la calidad de las masas de agua, la recuperación de los acuíferos y de los caudales ecológicos».

Ahorro

El vicepresidente del Ejecutivo valenciano, Vicente Rambla afirmó que su defensa de infraestructuras adicionales, como los trasvases y las desaladoras, a las que la Comisión Europea se opuso en una comunicación presentada el año pasado, no es el centro de su propuesta, basada inicialmente en el ahorro y en un consumo de agua eficiente.

El consejero, que en principio había propuesto la creación de un «instrumento financiero específico europeo para el agua» que acarree con parte de los gastos de la construcción de trasvases, se encontró con el espaldarazo de las regiones europeas a su financiación a través, no de un nuevo fondo sino del ya existente. «Por primera vez en la Unión Europea se define que el instrumento que tiene para financiar iniciativas e infraestructuras en materia de agua incluya los trasvases», afirmó Rambla.

Según Rambla, «no todo el mundo cree que los trasvases sean la solución a la sequía y el éxito de hoy es su reconocimiento y el hecho de que el fondo existente pueda destinarse a la creación de estas infraestructuras». Así, de ser aprobado en la votación del próximo siete de febrero en el pleno del Comité de las Regiones, tanto la Comunidad Valenciana como el resto de las regiones de la UE podrán acogerse al dictamen para exigir fondos que contribuyan a la financiación de infraestructuras.

El texto final defiende también la tarificación del agua como una cuestión «particularmente sensible e imprescindible» para incitar a los usuarios a un consumo eficaz del agua.

El informe contempla la aplicación del Fondo Europeo de Solidaridad a las situación de sequía catastrófica, y su incorporación a los planes de trabajo del Mecanismo Comunitario de Protección Civil

España afronta 2008 con la menor reserva de agua embalsada de los últimos diez años en prácticamente todas sus cuencas hidrográficas. A 1 de enero de 2008 el total de agua embalsada era de 22.466 hectómetros cúbicos, lo que supone el 41,49 por ciento de su capacidad total de embalse, que se eleva a 54.148 hectómetros cúbicos. La media de agua embalsada el pasado año a nivel nacional fue de 55,57 por ciento, es decir seis puntos por encima de los parámetros actuales, lo que viene a demostrar que las lluvias del pasado otoño no han sido tan copiosas como se esperaba, para situarnos al menos en torno a la media de los diez últimos años, en los que se ha registrado una media de 27.280 hectómetros cúbicos, es decir un 50,38 por ciento de la capacidad total de almacenaje de agua en nuestro país.

El más seco desde 1958

Un dato significativo es que en los últimos años el déficit, prácticamente endémico, se registraba en la cuencas del sur y de Levante, mientras que los datos del año recién iniciado reflejan que las del norte registran unas mermas en sus reservas de agua muy superiores a las habituales. Por ejemplo el consejero de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, Manuel Vázquez, daba la voz de alarma días atrás ante los datos de pluvimetría registrados en la Comunidad el pasado otoño, que calificó como el más seco en la región desde 1958. Ni siquiera las últimas lluvias, que el consejero calificó de «muy aparentes pero poco productivas» han conseguido elevar sustancialmente la reserva de agua en Galicia, y ya anuncia una campaña de ahorro, que incidirá, sobre todo, en la concienciación ciudadana y en una más que urgente mejora de las infraestructuras y la gestión del agua.

Un panorama similar ha saltado estos días a la palestra en Cataluña, al plantear el presidente de la Generalitat la necesidad de llevar agua en barco a Barcelona, ante la perspectiva de pueda llegar a afectar la consumo. De hecho, en la cuenca interna de Cataluña la reserva de agua está al 24,73 por ciento de su capacidad, cuando la media del año pasado se situaba en 48,11 por ciento, sensiblemente superior al 45,20 por ciento de la media de los últimos diez años.

Menos reservas en el Ebro

La cuenca del Ebro también ha comenzado el año con menos reservas. A uno de enero el agua embalsada era del 41,62 por ciento, cifra sensiblemente inferior al 54,46 por ciento de media registrado en la última década y casi ocho puntos por debajo de los índices del pasado año, un 59,34 por ciento, que no fue especialmente malo.

Sin duda las más deficitarias, como siempre siguen siendo las del sur y Levante. En la cuenca atlántica de Andalucía los embalses se encuentran al 38,67 por ciento de su capacidad, casi diez puntos por debajo de la media del pasado año y a casi 18 de la media de los últimos diez años y datos similares se registran en la vertiente mediterránea de Andalucía.

En la cuenca del Segura las últimas lluvias se han dejado sentir algo más que en otras zonas, de modo que a 1 de enero se encontraba al 15,15 por ciento de su capacidad total de embalse, es decir casi cuatro puntos por encima de la media del pasado año y a uno por encima de la media de la última década. Estas cifras, sin embargo, siguen reflejando el déficit endémico que arrastra la cuenca, que tendrá que seguir dependiendo de una desalación que no termina de paliar ese déficit; del trasvase del Tajo, o del Ebro, que el Gobierno valenciano vuelve reivindicar como solución para los problemas hídricos que padecen la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Almería.

La cuenca del Tajo también sufre los rigores de la falta de lluvia en otoño. Así en la actualidad registra un 40,78 por ciento de agua embalsada, frente al 58,88 registrado el pasado año y el 49 por ciento de media de los últimos 10 años. Lo peor es que los embalses de la Cabecera del Tajo – Entrepeñas y Buendía- siguen perdiendo reservas. Esta semana han registrado un descenso de siete hectómetros cúbicos y se sitúa en 305 hectómetros cúbicos, el 12,32 por ciento de su capacidad total, que es de 2.474.

Según los datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), el pantano de Buendía, en la provincia de Cuenca, almacena 178 hectómetros cúbicos, tres menos que la semana anterior, y dispone del 10,86 por ciento del total de su capacidad, de 1.639 hectómetros cúbicos, mientras que el de Entrepeñas, en la provincia de Guadalajara, tiene cuatro hectómetros cúbicos menos que la semana anterior, y embalsa 127 hectómetros, el 15,20 por ciento de su capacidad, que es de 835 hectómetros cúbicos.

El vicepresidente Primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, aseguró que se van a plantar 20 millones de árboles en esta legislatura, como respuesta al informe del Ministerio de Medio Ambiente que coloca a la Comunidad autónoma como una de las que corren mayor riesgo de desertización.

Lamata reconoció que, por extensión, pluviometría y orografía, Castilla-La Mancha corre un mayor riesgo, y por eso quieren impulsar la reforestación «con lo que fue un compromiso electoral de José María Barreda, como es plantar 20 millones de árboles durante estos cuatro años».

En declaraciones a los medios de comunicación en la visita a la residencia de mayores de Villa Román, en Cuenca, Lamata aseguró que hay una conciencia política para combatir este peligro, «hay una conciencia de mejor gestión del agua, una apuesta por conseguir mantener las masas de árboles, una apuesta de reforestación, y de mantener nuestro hábitat con nuestros espacios naturales. Llevamos a cabo una política ejemplar en medio ambiente», dijo.

Sobre posibles restricciones de agua debido a la sequía en los próximos meses, Lamata recordó que lo mejor para evitarlas es hacer un uso responsable del agua. El vicepresidente aseguró que somos la única región donde el 90% de los regadíos están en situación de gestión eficiente, «más que otras regiones vecinas que tanto presumen de ello».

El vicepresidente apuntó que, «en coherencia con esto nos oponemos a un trasvase en una situación de sequía, con una situación crítica en la cabecera del Tajo, con poco más de 300 hectómetros embalsados».

Por otro lado, Lamata, adelantó que el Consejo de Gobierno de la próxima semana aprobará un Decreto de ayudas para las pensiones más bajas, cumpliendo así otro de los compromisos expresados por el presidente regional José María Barreda con la ciudadanía en las pasadas elecciones autonómicas. Estas ayudas, recordó establecían subvenciones de entre 400 y 1.000 euros anuales para aquellas personas con pensiones más bajas.

La Comisión de Explotación del acueducto del Tajo-Segura decidió ayer elevar al Consejo de Ministros de hoy una petición de trasvase de 48,8 hectómetros cúbicos para los próximos tres meses, once de ellos para riego de socorro. Del total, 37,8 hectómetros serán para consumo humano y diez en destino -por lo que saldrán once de la cabecera del Tajo- para un riego de socorro en la cuenca del Segura.

A la espera de lo que hoy decida el Gobierno central, el Ejecutivo autónomo tachó ayer de «imprudente» que se puedan trasvasar 11 hectómetros cúbicos para regadío a la cuenca del Segura, dada la situación de los embalses de la cabecera del Tajo, cuyas reservas están decreciendo, a la vez que «injusto», pues ahora mismo no hay problemas para la supervivencia de los cultivos.

La situación la dibujan más pesimista enla cabecera del Tajo. El presidente de la Asociación de Municipios Ribereños a los Embalses de Entrepeñas y Buendía, Julián Rebollo, demandó ayer la implicación de toda la sociedad civil para trasladar al resto de los españoles y, sobre todo, a Levante «algo tan claro y tan cierto como que al río Tajo no le sobra agua». Rebollo calificó de «un disparate y una gran irresponsabilidad» que la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura recomiende derivar 48,8 hectómetros de agua: «no es nada riguroso trasvasar agua cuando los pantanos de la cabecera están bajo mínimos y, encima, no hay previsiones de que vaya a llover. Es más, sólo hay que mirar un poco las estadísticas para comprobar que en Levante lleva dos meses lloviendo y aquí nada de nada», añadió.

No opina lo mismo el Gobierno de Murcia, que ayer calificó como auténtico «parche» la nueva derivación hídrica. El director general del Agua de aquella Comunidad autónoma, Miguel Ángel Ródenas, señaló que con esa cantidad «sólo se atendería una sexta parte de las peticiones de los regantes. Hay excedentes para trasvasar más agua», y comparó «los 322 hectómetros cúbicos de la cabecera del Tajo con los 19 hectómetros cúbicos con los que cuenta la cuenca del Segura, descontando el embalse muerto, para atender 260.000 hectáreas de regadío. El Ministerio no ofrece soluciones, tiene encefalograma plano y se agarra a la desalación como salvación».

Mientras, en el seno de los partidos políticos de la región, la posible aprobación de un nuevo trasvase desató un nuevo episodio de enfrentamiento. l viceportavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, advirtió que, de aprobarse el trasvase de 60 hectómetros que solicitan los regantes del Segura, se pondría en riesgo el abastecimiento humano, pues con esa derivación las reservas de la cabecera del Tajo quedarían cerca del límite por debajo del cual no se puede trasvasar. Considera Caballero que en este momento del año no está justificado un riego de socorro como el que piden los regantes murcianos, y reiteró la posición del PSOE de Castilla-La Mancha a favor del fin del trasvase Tajo-Segura «en los términos que hoy se conoce», a la vez que confió en la «fuerza de nuestra región» para que se apruebe en el Congreso de los Diputados la reforma del Estatuto de Autonomía, que fija el fin de trasvase en 2015. Criticó el «silencio y complicidad» del PP de Castilla-La Mancha con las sucesivas declaraciones a favor de los trasvases de dirigentes nacionales de su partido, así como de Murcia y Valencia, ante las que no escuchamos «ni una sola reprobación» de la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal.

Por el PP contestó el secretario segundo de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputado del PP, Leandro Esteban, quien responsabilizó al Gobierno regional de la situación hídrica de la región. «Mientras que haya un ciudadano en España que necesite agua para poder beber y haya un lugar donde pueda prestársele esa ayuda es de justicia que se haga. Lo que es de recibo es que algunos pasemos sed para que otros puedan beber.. esas barbaridades ocurren por culpa de un Gobierno que durante más de dos décadas ha sido incapaz de defender adecuadamente los intereses de su región».

El nuevo trasvase al Levante que el Consejo de Ministros podría aprobar hoy ha desatado la polémica en Castilla-La Mancha y otro rifirafe PSOE-PP. Mientras, Murcia lo considera un «parche».

Con las obras contempladas se pone fin con un año de antelación a las obras del PNR, superando la inversión inicialmente prevista en el 216% y la superficie afectada en el 105%. Una cantidad similar será aportada por los usuarios afectados, invirtiéndose así, a través de las Sociedades Estatales de Infraestructuras Agrarias, un total de 175,6 millones de euros

28. Diciembre ´07 – El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que se aprueba la financiación para las obras con las que se cierra, con un año de antelación sobre el plazo previsto, el Plan Nacional de Regadíos. La financiación extraordinaria aprobada para inversiones en estas últimas obras de mejora y consolidación del regadío del primer horizonte del Plan Nacional de Regadíos, es de 87,8 millones de euros, con los que se incrementan el capital social conjunto de las Sociedades Estatales de Infraestructuras Agrarias para finalizar las actuaciones programadas.

El Plan Nacional de Regadíos (PNR) tenía como horizonte de terminación el 31 de diciembre de 2008. Además del adelantamiento de la fecha de finalización, este Plan ha sido superado, tanto en términos de inversión, como de superficie, y muy ampliamente en lo que respecta a mejora y consolidación de regadíos (216 % en términos de inversión y 105% en superficie). Sin embargo, restaba, de manera especifica en determinados territorios, acometer algunas obras contempladas en el PNR, que se abordan en el presente Real Decreto, poniendo fin y culminando los objetivos previstos en el PNR, con un año de antelación.

Para ejecutar el programa de mejora y consolidación de regadíos pendiente, SEIASA del SUR y ESTE recibirá 17,8 millones de euros para las obras en su ámbito de actuación territorial, SEIASA de la MESETA SUR16,8 millones de euros, SEIASA del NORTE 32,8 millones de euros y SEIASA del NORDESTE un total de 20,4 millones de euros.

Los usuarios afectados aportarán también la misma cantidad, invirtiéndose de esta manera, y a través de las Sociedades Estatales de Infraestructuras Agrarias un total de 175,6 millones de euros para acometer las últimas obras del Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2008.

De esta manera, y mediante un esfuerzo financiero, se pondrá a disposición de las SEIASAS el presupuesto necesario para la ejecución de las obras, al haberse utilizado los recursos del Plan Nacional de Regadíos en las actuaciones necesarias que exigían las necesidades de modernización de infraestructuras y el ahorro de agua del Plan de Choque de medidas urgentes para la mejora y consolidación de regadíos.

En todas las obras previstas, se tendrá como elemento destacado la creación de setos vivos en las lindes, la regeneración de elementos de lagunaje y las medidas necesarias para mejorar y conservar la flora y la fauna de la zona de actuación.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha espera que el Tribunal Constitucional (TC) deje claro que la calificación de aguas excedentarias y su asignación a las distintas regiones sigue correspondiendo a la Administración general del Estado.

Así respondió ayer el vicepresidente primero de la Junta, Fernando Lamata, a preguntas de los periodistas sobre la decisión del Tribunal Constitucional de desestimar el recurso presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha contra el Estatuto de la Comunidad Valenciana, informa Efe.

La Junta entendía que este texto tenía una redacción en la asignación de aguas sobrantes de otras cuencas que podía perjudicar los intereses de Castilla-La Mancha, y por eso recurrió. Lamata manifestó su respeto a las decisiones de los tribunales y dijo que todavía se está a la espera de conocer el texto completo del pronunciamiento del Constitucional, porque «sólo conocemos que el Estatuto valenciano no es inconstitucional, pero quedan por ver las razones y las consecuencias».

Como en la actualidad

El vicepresidente de Castilla-La Mancha dijo que confía en que la sentencia del TC deje claro que la Administración del Estado es la que determina si se puede hacer una calificación de excedentaria de unas aguas y las asignaciones a las distintas regiones y, una vez establecido eso, cada región pueda decidir el destino final de esas asignaciones, que es como ocurre en la actualidad.

«Estaremos muy atentos para que el pronunciamiento del TC deje claro que la aplicación del Estatuto valenciano no vaya contra los intereses de Castilla-La Mancha». De lo contrario, advirtió de que, en la medida en que se hiciera una interpretación contraria a los intereses de la región, Castilla-La Mancha interpondrá recurso.

En cualquier caso, insistió en que «debe quedar claro que no se asigna un nuevo derecho a los valencianos sobre esas aguas por encima de los castellano-manchegos, y eso estamos seguros de que el Tribunal Constitucional lo dejará claro», aunque el TC considere que el texto no es inconstitucional.

El Alto Guadiana

Por otro lado, la vicepresidenta segunda y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, aseguró ayer que el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) es «el mejor plan posible» y se mostró optimista en que será aprobado «antes de acabar el año», porque sólo queda el dictamen del Consejo de Estado para que sea aprobado por el Consejo de Ministros. Araújo afirmó que será «un ejemplo de sostenibilidad para otras zonas de España y de Europa», «Es un plan creíble», aseveró la consejera, porque su presupuesto asciende, según prometió Rodríguez Zapatero a 3.000 millones de euros. Para 2008, que sería su primer año de aplicación, le corresponden 150 millones de euros en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

El optimismo de la consejera contrasta con la opinión de los populares. La diputada del PP María Luisa Soriano manifestó que el Plan Especial del Alto Guadiana «se ha hecho sin realizar antes un estudio de la cantidad de agua que se consume anualmente en esa zona o cuál es exactamente la superficie de regadío». Además, aseguró que no resuelve los grandes problemas que tiene la zona del Alto Guadiana, como los pozos alegales.

En su comparecencia ante los medios antes del comienzo de la Comisión del Agua, criticó que el plan no contempla la recarga externa de los acuíferos, que la importante reducción de la superficie de regadío «puede provocar la crisis económica de la zona» y que, desde el punto de vista medioambiental, se necesitarán 20 o 25 años para recuperarla.

La falta de solidaridad a la hora de compartir el agua de las cuencas hidrográficas y de los ríos que abastecen a los diferentes territorios ha quedado reflejado en los nuevos estatutos autonómicos, cuyo contenido en algunos casos es contradictorio y chocan entre sí. Estos son algunos ejemplos de lo que dicen los estatutos en materia de agua:

Aragón. El Estatuto aragonés ha blindado el Ebro para evitar el trasvase a Valencia, Murcia y Andalucía. Este blindaje figura en la disposición adicional quinta, al afirmar que «la planificación hidrológica concretará las asignaciones, inversiones y reservas para el cumplimiento del principio de prioridad en el aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca del Ebro y de los derechos reconocidos en el artículo 19 del presente Estatuto, considerando que la resolución de las Cortés de Aragón de 30 de junio de 1992 establece una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550 hectómetros cúbicos». En el capítulo de derechos, afirma que «los aragoneses tienen derecho «a disponer del abastecimiento de agua en condiciones de cantidad y calidad suficientes».

Andalucía. El Estatuto andaluz se arroga las competencias exclusivas «sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma».

Comunidad Valenciana. El artículo avalado por el Tribunal Constitucional (el 17.1) reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal. «Los ciudadanos valencianos tienen derecho a gozar de una cantidad de agua de calidad, suficiente y segura».

Cataluña. La Generalitat asume competencias ejecutivas sobre el dominio público hidráulico y las obras de interés general. Le corresponde la participación en la planificación y programación de las obras de interés general. La Generalitat debe emitir un informa preceptivo para cualquier propuesta de trasvase de cuencas.

Castilla-La Mancha. En la Disposición transitoria primera del Estatuto se establece que el volumen de agua trasvasable desde el Tajo al Segura se reducirá progresivamente a partir de la entrada en vigor de la ley hasta su definitiva extinción, que en todo caso se producirá en el año 2015.