El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del viernes, a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, un Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas. Se prorrogan las normas de carácter excepcional para gestionar la sequía en las cuencas del Segura, Júcar, Tajo y Guadalquivir.

Las últimas lluvias, que han provocado inundaciones de carácter local, han tenido escasa repercusión en las reservas de los sistemas de la zona peninsular castigada por la sequía, como son Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña y la cabecera del Tajo.

Ante esta situación, el Gobierno considera necesario adoptar medias extraordinarias y de urgente necesidad para paliar los efectos de la sequía.

Este Real Decreto-Ley tiene por objetivo establecer medidas de apoyo a los titulares de derechos al uso del agua para riego en los ámbitos territoriales afectados por la sequía, cuando hayan tenido una dotación inferior al 50% de la normal. Asimismo, pretende paliar el desequilibrio económico producido a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla debido a la adquisición de los derechos al uso de agua necesarios para garantizar el abastecimiento de sus poblaciones. Por otro lado, exime al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel de la aportación correspondiente a la tarifa de conducción del abastecimiento Tajo-Segura, dado el escaso aprovechamiento de los recursos trasvasados en el año 2007.

El importe estimado de las exenciones, a invertir por el Ministerio de Medio Ambiente, alcanza los 80 millones de euros. Se exime a los regantes, que cumplan los requisitos señalados con anterioridad, del pago de las tarifas de utilización del agua y del canon de regulación, correspondientes a 2007, así como de las aportaciones correspondientes a los gastos fijos y variables de funcionamiento de la tarifa de conducción de las aguas y de la cuota de la tarifa de conducción de las aguas por la infraestructura del postrasvase (cuenca del Segura).

Asimismo, se exime a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que gestiona el abastecimiento a 79 municipios de las provincias de Murcia, Alicante y Albacete, con una población superior a los 2,5 millones de habitantes, del pago de la tarifa de conducción de las aguas del trasvase Tajo-Segura.

Por otra parte, se prorroga, hasta el 30 de noviembre de 2008, la vigencia del Real Decreto-Ley 15/2005, de 16 de diciembre, de medidas urgentes para la regulación de las transacciones de derechos al aprovechamiento de agua.

Se prorroga también la vigencia de los Reales Decretos 1265/2005, de 21 de octubre, y 1419/2005 de 25 de noviembre, por los que se adoptaron medidas administrativas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas de los ríos Júcar, Segura, Tajo, y Guadiana, Guadalquivir y Ebro, respectivamente, aunque en este último caso ahora sólo se prorroga su vigencia para el ámbito de la cuenca del río Guadalquivir.

Por último, el texto declara la urgente ocupación de los terrenos afectados para la realización de determinadas actuaciones hidráulicas.

Esta serie de medidas responde a los principios del Programa A.G.U.A. del Ministerio de Medio Ambiente (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua), que incluye proyectos de mejora de gestión y del suministro de agua acordes con las necesidades existentes y futuras ligadas al desarrollo de los territorios de forma sostenible en términos económicos, sociales y ambientales, incluso en situación de sequía.

El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, calificó ayer de «atentado medioambiental» trasvasar agua para regadío al Levante, dada la situación «crítica» por la que atraviesan los embalses de la cabecera del Tajo.

Lamata, que inauguró en Ciudad Real las IX Jornadas de Igualdad de Género organizadas por la Confederación de Asociaciones Vecinales, Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha (CAVE), se manifestaba así a preguntas de los medios en relación al acuerdo del Consejo de Ministros del viernes en el que se aprobó derivar 69 hectómetros cúbicos de agua desde la cabecera del río Tajo al Levante, 31,4 de ellos para regadío.

Según el vicepresidente castellano-manchego, la situación actual de los embalses de Entrepeñas y Buendía es «crítica» y no parece justificado un trasvase para regadío, sobre todo cuando la situación de la zona de Murcia y Valencia en los actuales momentos «no es tan crítica como se pretende hacer creer», dadas las lluvias caídas en las últimas semanas .

En referencia a la situación de la cabecera del Tajo, afirma que «mandar un agua que no existe es desangrar un río y castigar su capacidad de recuperación medioambiental», informa Europa Press.

Lamata añadió que los trasvases de socorro están marcados por la Ley y en este momento no tienen justificación, recordando que antes del mantenimiento de los árboles leñosos está la recuperación del medio ambiente y la conservación de los humedales manchegos, como el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.

En este sentido, puntualizó que «los árboles se mueren, pero que si se muere el Tajo o se mueren Las Tablas de Daimiel, éstos ya no se podrán recuperar». Lamata resumió que las prioridades son, en primer lugar, agua para beber; en segundo lugar, agua para salvar el medio ambiente, y en última instancia, si hay excedentes suficientes que no es el caso ahora, agua para riego.

A vueltas con la «caducidad»

En todo caso, Lamata hizo hincapié en que cada día que pasa es uno más para acabar con el trasvase en el año 2015, una reivindicación remarcó Lamata, en la que Castilla-La Mancha lleva razón porque «necesitamos el agua para nuestro desarrollo y como cuenca cedente según marca la Ley tenemos prioridad para acceder a ella».

Al Ministerio de Medio Ambiente, pese a su insistencia en el normal desarrollo de la ejecución de los trabajos, no le cuadran los plazos del Júcar-Vinalopó. El trasvase, que recibe 120 millones de financiación -sobre los 303 de coste total- a través de los fondos FEDER que concede Bruselas, podría incumplir según las previsiones del propio Gobierno el límite temporal que condiciona la citada inversión europea.

Así, según anunció ayer la sociedad estatal Aguas del Júcar S.A. (AcuaJúcar), que promueve la infraestructura, se acaba de firmar el contrato definitivo para ejecutar las obras del tramo E -que discurre entre Moixent y La Font de la Figuera, en el límite con la provincia de Alicante y con los tramos respetados del trazado inicial-. Unas obras que, según los plazos establecidos en el pliego de condiciones, finalizarán bien entrado el año 2009.

Según admitió el consejero delegado de AcuaJúcar, José María Marugán, «el plazo de ejecución previsto es de 18 meses». Es decir, a menos que la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria acorte sensiblemente ese plazo, las obras del tramo E -y por tanto del trasvase en sí mismo- no finalizarán hasta finales de marzo de 2009. Tres meses después de la fecha límite para presentar ante Bruselas las certificaciones de obra y merecer los fondos.

La financiación que recibe el Júcar-Vinalopó -y todas las actuaciones del plan AGUA en la región- se enmarca en el plan operativo de la Comunidad Valenciana, que expira el 31 de diciembre de 2008. Tal como reconocía el propio Marugán en un informe publicado en su momento por ABC, de no llegar a tiempo los certificados de finalización de obra, los fondos recibidos hasta el momento deberían reintegrarse -con el consecuente riesgo para la viabilidad económica del proyecto-.

48 millones de euros

El presupuesto del último tramo adjudicado del nuevo Júcar-Vinalopó asciende a más de 48 millones de euros, y recorrerá algo más de 17 kilómetros. La UTE formada por Acciona y la valenciana Construcciones Luján deberá construir cinco acueductos para salvar desniveles orográficos, una balsa de regulación de 30.000 metros cúbicos y una estación de bombeo.

El tramo D, entre Llanera de Ranes y Moixent, se encuentra todavía pendiente de su adjudicación, que se ha fijado para «los próximos días».

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, considera que la compra-venta de derechos de regadío con destino al Levante puede llegar a ser «una especie de truco para saltarse la norma» de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Así lo manifestó ayer después de comunicar que el Consejo de Gobierno decidió, el pasado martes, recurrir la autorización que hizo el Ministerio de Medio Ambiente de la venta de 36 hectómetros cúbicos de regantes del Canal de las Aves a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

En opinión de Lamata, «ese agua no debía haberse cedido» y matizó que la aprobación de esa venta se hizo con irregularidades, pues no se sometió a evaluación de impacto ambiental y hubo un error en el cálculo que se hizo de la dotación por hectárea.

Explicó el vicepresidente que la cantidad vendida, 36 hectómetros cúbicos correspondientes a 3.000 hectáreas, no se corresponde con la asignación que tienen por hectárea y año las parcelas de esa zona del Canal de las Aves, que es de 7.500 metros cúbicos, y añadió que sólo podría alcanzarse la cantidad de 36 hectómetros si la asignación por hectárea fuera de 12.000 metros cúbicos.

Desde el Gobierno regional se considera también que se ha superado el límite de 110 hectómetros cúbicos para abastecimiento, medidos en destino, que fija la Lay de regulación del régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura.

Se considera rebasado ese volumen porque los 36 hectómetros cúbicos que se ceden deben ser computados como volúmenes trasvasados. En la fecha de firma del contrato de cesión, el 11 de julio de 2007, la dotación máxima ya estaba garantizada mediante los sucesivos acuerdos del Consejo de Ministros y, por tanto, no procedía autorizar el contrato, argumentan desde el Ejecutivo.

Situación crítica

A juicio de Lamata, esta compra-venta de derechos «es una forma de intentar alterar la aplicación de la norma» cuando ya estaban cubiertos los cupos que corresponderían en una situación crítica, en la que el Consejo de Ministros debe autorizar los trasvases en lugar de la Comisión de Explotación.

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha recordó que en una situación crítica lo único que debe garantizarse es el abastecimiento a las poblaciones, pero una autorización para regadío «sería superexcepcional» y sólo podría ser para un «riego de socorro superjustificado» que no pusiera en riesgo el abastecimiento.

También indicó que hasta que las reservas de la cabecera del Tajo no alcancen la media de los últimos años, no se podrá hablar de hacer trasvases para regadío.

La sequía y la escasez de agua han dejado de ser un problema de la Europa seca y se han convertido ya en un una lacra comunitaria contra la que Bruselas empieza a mover sus peones. Sin embargo, la Comisión Europea parece haber olvidado que los que tienen verdadera experiencia en la gestión de recursos hídricos son precisamente las regiones más afectadas por la falta de agua, como es el caso de la Comunidad Valenciana, y ayer desdeñó la defensa de los trasvases que el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, hizo ante Comité de las Regiones para insistir en que lo que las regiones europeas tienen que hacer es ahorrar y, en todo caso, desalinizar o reutilizar el agua.

Rambla, que intervino en nombre de Camps como portavoz de los territorios europeos afectados por la sequía, defendió los trasvases como las infraestructuras «con menor impacto energético y medioambiental, además de ser baratas y sostenibles puesto que sólo son posibles en el caso de que haya cuencas excedentarias». Inspirado en su remota experiencia en la lucha contra la sequía, Rambla insistió en la necesidad de «infraestructuras complementarias considerando el impacto medioambiental, económico y social».

Reutilización y depuración

No obstante, la iniciativa de Rambla no se vio secundada por la de la Comisión Europea, cuya portavoz de la unidad del agua, Stephanie Croguennec, se empeñó en repetir la palabra «ahorro», obviando que la propuesta de invertir en trasvases para prevenir y responder ante la falta de agua en la UE viene de la mano de una de las comunidades que más agua ahorra.

Según datos proporcionados por la Generalitat Valenciana, la Comunidad ahorra con los regadíos modernizados más 100 hectómetros cúbicos anuales, depura 500 y de ellos reutiliza directamente 175 hectómetros cúbicos al año, lo que representa más del 50% de toda el agua que se reutiliza en España. Además, el consumo medio por habitante y día se sitúa en la Comunidad Valenciana por debajo de la media nacional y de autonomías como Castilla-la-Mancha, Andalucía, Cantabria y Aragón, según datos del Ministerio de Medio Ambiente.

La CE instó a las regiones a atajar el problema reduciendo el consumo de agua a través de una «política de tarificación» del agua de manera que se cobre a un precio «justo», algo que fue sostenido por Rambla. Además, insistió en la necesidad de que cada región planifique y adapte su modelo económico a la disponibilidad de agua. «¿Hasta donde llegará esta medida?», respondió Rambla preguntándose si ello significaría «que los valencianos arranquen sus naranjos».

Rambla no se mostró sin embargo reacio a que las regiones con déficit estructural de agua pasen por el ahorro y una mejor planificación territorial, pero insistió en que a esas medidas habría que añadir «infrestructuras adicionales» como desalación, pantanos y trasvases. Por último, el vicepresidente instó a los agricultores a «reasignar los recursos» y a ceder su agua a las ciudades para que las aguas residuales, una vez depuradas, sean utilizadas para el riego.

Las propuestas presentadas ayer por Rambla y por la Comisión Europea no son más que el punto de partida para la elaboración del «Informe Camps», que pretende servir de inspiración a la UE para tomar de medidas comunitarias contra la sequía y la escasez de agua. Ahora las regiones europeas tiene la oportunidad de aportar sus ideas al informe, que será finalmente presentado y votado el próximo 10 de enero.

El Gobierno de Castilla-La Mancha impugnará la última venta de derechos de agua de regantes del Canal de las Aves, en Aranjuez (Madrid), a regantes murcianos, que fue autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente el pasado 11 de julio. Así lo acordó ayer el Consejo de Gobierno, según informaron fuentes del Ejecutivo regional, que señalaron que la cantidad vendida alcanza los 36 hectómetros cúbicos.

Este es el tercer recurso que presenta el Gobierno socialista del socialista José María Barreda por la venta de derechos de agua de la cuenca del Tajo para regadíos en el Levante. Este recurso se apoya en la ausencia del informe de impacto ambiental, lo que, a su juicio, supone una falta de procedimiento y, en consecuencia, nulidad de pleno derecho. En este sentido, el Ejecutivo recuerda que la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha establece que este trámite debe ser cumplido para autorizar las cesiones de recursos hídricos, porque hay que determinar si puede provocar consecuencias negativas para el medio ambiente.

Otro motivo expuesto por la Junta de Castilla-La Mancha incide en los cálculos realizados por los regantes del Canal de las Aves, que consideran que dejar de regar 3.000 hectáreas sería suficiente para liberar los 36 hectómetros que se ceden a través del contrato.

El recurso plantea que, con ese cálculo, cada hectárea tendría una asignación de 12.000 metros cúbicos anuales y, sin embargo, el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo establece para esa zona una asignación de 7.500 metros cúbicos por hectárea y año. Por último, el Ejecutivo presidido por Barreda considera que se ha superado el límite de 110 hectómetros cúbicos para abastecimiento, medidos en destino, que fija la ley que regula la explotación del acueducto Tajo-Segura.

Excedentes en la cabecera

Por otra parte, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura se reunirá mañana en Madrid, bajo la presidencia del director general del Agua, Jaime Palop. Sus miembros tendrán que decidir qué volúmenes se transfieren durante los próximos meses y para qué usos. El Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura ha solicitado oficialmente un envío de 38 hectómetros para atender los cultivos del otoño. La Mancomunidad de los Canales del Taibilla, a su vez, precisará su dotación para abastecer a la población, que ronda los 12 hectómetros por mes. Los pantanos de la cabecera del Tajo -Entrepeñas y Buenía- almacenan actualmente unos 357 hectómetros cúbicos.

Según las reglas de explotación del acueducto, existen pues 117 hectómetros legalmente excedentarios. La actual situación es mejor que la del año pasado, cuando por estas fechas sólo había almacenados 253 hectómetros cúbicos. Aquella situación provocó que por vez primera en muchos años no se atendiera por completo la petición para los abastecimientos.

Dado que en esta ocasión los abastecimientos tienen garantizado el suministro hasta final de año, se dan las condiciones para que se puede derivar una parte de los excedentes para los regadíos del Segura. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, apuntó la semana pasada que se podría derivar agua para varios usos.

Los regantes del Tajo-Segura confían en que el nuevo año hidrológico se inicie con mejores perspectivas que el anterior. La prueba puede

estar en el Consejo de Ministros de esta semana o de la siguiente, que debe aprobar otro envío de agua desde la cabecera del Tajo. El presidente de la Confederación del Segura, Fuentes Zorita, está

«convencido» de que habrá un desembalse para riego, haciendo suyas las palabras de la ministra de Medio Ambiente. La situación en los embalses de la cabecera del Tajo ha mejorado, ya que almacenan 357 hectómetros, 137 de los cuales son oficialmente trasvasables. El año pasado almacenaban 253 hectómetros.

La ministra de Ambiente, Cristina Narbona, aseguró ayer que el Gobierno aprobará un nuevo trasvase del Tajo al Segura en el primer Consejo de Ministros del próximo mes de octubre, según informa Servimedia. Durante la presentación de los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente para el año que viene, Cristina Narbona afirmó que está prevista una reunión de la Comisión para el trasvase Tajo-Segura la semana que viene. Tras esa reunión, el Consejo de Ministros del próximo día 5 de octubre aprobará una transferencia de recursos a la cuenca del Segura «que resulte adecuada» a la situación de la cabecera del Tajo, aunque reconoció que ésta es «mejor» que la existente hace un año. «A base de una gestión más prudente, hoy estamos mejor que hace un año en la cabecera del Tajo y, por lo tanto, con capacidad para atender distintas necesidades en una cuantía y una proporción que se conocerán la semana que viene», concluyó la ministra de Medio Ambiente.

La disparidad de criterios entre el PP y PSOE murcianos sobre el agua, a diferencia de lo que sucede en otras Comunidades, volvió a escenificarse ayer en la Asamblea Regional con toda su crudeza. El diputado popular José Antonio Ruiz Vivo presentó una moción para que el Gobierno de la Nación se pronuncie a favor de la conexión del Tajo Medio con el Segura; así como sobre la fórmula de los bancos de agua que el PP pretende que se aplique también a las transferencias entre el Ebro y las cuencas del sur. Con el escenario electoral de fondo, PSOE e IU votaron en contra.

Ruiz Vivo expuso que con su propuesta se trataba de defender el Trasvase Tajo-Segura poniendo en escena una nueva derivación del curso medio de este río que debe servir de solución para deshipotecar la cabecera, que tiene menos recursos. Además, denunció la existencia de un «pacto oculto para acabar con el trasvase Tajo-Segura» y criticó la fórmula de la desalinización, ya que a su juicio, Barreda y Narbona «nos van a dar el timo del tocomocho cambiando agua trasvasada por agua desalada».

El Tajo Medio

Añadió que los bancos de agua sólo pueden funcionar «donde hay caudales», y puso como ejemplo el Ebro, al cual no renuncia el PP murciano. «La palabra Ebro está prohibida en el lenguaje de Pedro Saura», dijo en alusión al secretario general del PSOE murciano. «Teme que le pase lo mismo que al socialista Joan Ignasi Pla en Valencia. La pronunció y tuvo que dimitir».

Ruiz Vivo, anterior secretario general de la Presidencia, recordó que el proyecto del Tajo Medio fue presentado por el presidente Valcárcel hace dos años a Rodríguez Zapatero como solución a los problemas hídricos de Murcia y Castilla-La Mancha. Cree que el jefe del Ejecutivo nacional debe pronunciarse ya en uno u otro sentido. Según ha venido publicando ABC, la opción del Tajo Medio sigue en estudio por parte del Ministerio de Medio Ambiente, junto con la derivación del Jarama y la transferencia desde Extremadura.

Añadió que el PP tampoco ha obtenido respuesta a la oferta de Valcárcel y Camps de costear con dinero autonómico la construcción del acueducto del Ebro al Levante y Sureste. Ante la negativa del PSOE e IU a secundar la moción, Ruiz Vivo proclamó que Rajoy «ganará las elecciones y se construirá el trasvase del Ebro».

El portavoz socialista José Ramón Jara señaló que el PP «sólo busca la bronca» con el Gobierno de la Nación, puesto que recordó que la opción del Tajo Medio está en estudio por el Ministerio. Asimismo, apuntó que el Ejecutivo central se ha expresado en varias ocasiones a favor de la continuidad del Trasvase Tajo-Segura. A su juicio, la desalinización y la gestión de la demanda es la mejor solución para los problemas de la cuenca del Segura.

El diputado y coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, votó en contra de lo que consideró más «propaganda electoral» del PP.

IU de Castilla-La Mancha considera que la decisión del Congreso de aplazar hasta después de las generales el debate de la reforma del Estatuto de Autonomía, que incluye la fecha de caducidad del trasvase en el 2015, beneficiará al PSOE y PP de Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia para mantener en la campaña electoral el «circo del agua». El coordinador regional, Cayo Lara, asegura que «no les podía venir mejor, pues el debate seguirá pendiente y seguiremos con el espectáculo».

ABC

MADRID. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, recalcó ayer que el trasvase del Ebro es «una cuestión absolutamente cerrada» y que va «más allá de opiniones de carácter personal de personas que en estos momentos no tienen ninguna responsabilidad política». La ministra se refirió ayer así a esta cuestión en la Cámara Alta.

El senador del Partido Aragonés, José María Mur, en una pregunta sobre depuración de aguas, sacó a colación las recientes palabras del ex presidente de Castilla-La Mancha José Bono, quien el pasado fin de semana se preguntaba por qué se trasvasa agua desde la cabecera del Tajo «y no se puede trasvasar desde la desembocadura de otros ríos».

Mur preguntaba a la ministra por la construcción de una serie de depuradoras en el Pirineo aragonés y en su argumentación, aseguró que su Comunidad necesita reutilizar y aprovechar toda el agua para que no se reabra el asunto del trasvase del Ebro.

En su respuesta, Cristina Narbona, que no mencionó a José Bono, subrayó que es esta una cuestión zanjada, al margen de la opinión de personas sin ninguna responsabilidad política.

Por otro lado, la ministra de Medio Ambiente también aseguró ayer que el Gobierno está «cumpliendo» con el proceso de ejecución de las obras del trasvase Júcar-Vinalopó, por lo que avisó al Gobierno de la Generalitat valenciana de que «ya va siendo hora» de que «termine de financiar» las obras de post trasvase y de modernización de regadíos del Júcar, ya que si no, se finalizará la obra y el agua «no podrá llegar a los agricultores».

«La palabra Ebro está prohibida en el lenguaje» de los socialistas murcianos, reprocha el PP

La legislatura del agua ha salido mal parada. Ni se crearán los Bancos Públicos del Agua, ni se pagará el precio real del agua, ni se controlarán los pozos ilegales. Todas estas medidas estrella que había anunciado la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se han quedado en papel mojado, porque la reforma de la ley de Aguas que pretendía no saldrá adelante, como ya publicó ABC en marzo. Ayer lo reconocía la propia Narbona en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.

En su lugar, el Gobierno aprobará antes de finales de año un real decreto que incluirá todos aquellos aspectos de la prevista reforma que no necesiten rango de ley y que ya cuenta con el respaldo de la mayoría del Consejo Nacional del Agua. En concreto, la norma regulará la gestión del Dominio Público Hidráulico, en particular la protección en las zonas inundables; incrementará los niveles de seguridad de las presas y tratará de homogeneizar los criterios de aplicación de sanciones por daños causados sobre el dominio público hidráulico.

En el fondo, la reforma de la ley de Aguas se ha paralizado por las tensiones que han provocado los diferentes Estatutos, aprobados por distintas comunidades autónomas, que «blindan» el agua de los ríos que pasan por sus territorios. El consenso no fue posible entre las comunidades, las cuales, en definitiva, temían ver mermada la disponibilidad de sus recursos hídricos si la reforma salía adelante. La propia Narbona lo reconocía ante la Comisión del Congreso, donde defendió un modelo que «goce de la máxima estabilidad en el tiempo».

Costes del agua

Pero también hubo otra polémica que ha detenido la reforma, como dijo la ministra. La determinación de los costes del agua de acuerdo con las exigencias de la Unión Europea fue «rebatida de forma muy dura», según sus palabras, por el Consejo Nacional del Agua, donde están representadas comunidades y asociaciones de regantes, agrarias y ecologistas. Sobre este aspecto, Narbona abogó por seguir trabajando para dar pasos que sean compartidos por el sector agrícola, uno de los principales afectados por la reforma de la ley de Aguas.