El director general de Mejora de Explotaciones Agrarias, Juan Manuel Suárez, ofreció una ponencia sobre “Medidas agrarias en el Plan Especial del Alto Guadiana”, en el marco de la Jornada que ha organizado la Comunidad General de Usuarios del Acuífero de La Mancha Occidental sobre la “Situación actual, real y burocrática del Acuífero 23”, que ha tenido lugar en Tomelloso (Ciudad Real).

Suárez comenzó su intervención haciendo mención a la importancia del Plan Especial del Alto Guadiana, porque con su aplicación se contribuirá especialmente al “desarrollo sostenible de los usos agrícolas y económicos de la zona”, ya que permitirá la corrección de un déficit hídrico estructural existente en la actualidad.

En el transcurso de su ponencia, el director general recordó que la actividad agraria de la Mancha Occidental tiene un gran impacto socioeconómico sobre la zona y supone el sustento de la renta de numerosas familias.

A lo largo de los últimos años, el regadío ha permitido una mayor generación de riqueza, empleo, fijación de la población y vertebración del territorio, pero a costa de comprometer las posibilidades de desarrollo en el futuro, el abastecimiento urbano, la calidad de las aguas y tras haber dañado parajes de un alto valor medioambiental.

Por todo esto, el director general de Mejora de Explotaciones Agrarias aseguró que la puesta en marcha del Plan Especial del Alto Guadiana es absolutamente necesaria, “porque va a suponer estabilidad, seguridad y garantía de futuro: estabilidad para los agricultores, porque se va a poner orden en una situación que hasta ahora generaba dudas todos los años; seguridad porque el Plan Especial del Alto Guadiana sirve para preservar el agua para el futuro y contribuirá a dedicar los recursos justos y necesarios para el sector agrario; y futuro, porque asegura las rentas de nuestros agricultores”.

Además, Suárez abordó los ejes sobre los que debe girar el modelo agrario en la zona. El Plan Especial del Alto Guadiana consta de una serie de medidas generales y otras específicas de índole hídrica, ambiental, agrícola y de reconversión socio-económica, pensadas para que sirvan de apoyo a las medidas generales y garanticen su viabilidad, aplicación y efectividad.

En este apartado, el director general señaló que una de las medidas específicas, que tiene una financiación de 940 millones de euros, es el programa de reconversión agrícola que cuenta entre sus directrices más importantes con “un aumento de la eficiencia en la gestión y uso del agua disponible, el desarrollo de un modelo de gestión de los recursos hídricos y la puesta en marcha de un programa de apoyo a la agricultura de secano, para aquellos que se acojan al sistema de venta de derechos de agua al banco creado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, combinando las medidas agroambientales con las de apoyo a zonas agrarias desfavorecidas, y potenciando la agricultura ecológica”.

Además, se establecen medidas de modernización de los regadíos y otras encaminadas a la diversificación de nuestra agricultura y de la industria agroalimentaria de la zona.

La Consejería de Agricultura cree firmemente que en la agricultura de esta zona, con el apoyo de todos los agentes sociales implicados en el Alto Guadiana, se puede conseguir el desarrollo sostenible de 125.000 hectáreas con 200 hm3 asignados.

El Ministerio de Medio Ambiente continúa su particular cruzada contra los intereses económicos de la Comunidad. Tras las furibundas críticas al modelo urbanístico y las discrepancias en materia de agua y trasvases, el departamento que dirige Cristina Narbona volvió ayer a la carga, esta vez a cuenta del turismo, pero con afectación en otros sectores.

El Gobierno dio a conocer ayer el contenido de un informe sobre el uso del agua en la economía española, en el que se aboga por implantar una «tarifa turística» que grave con mayor intensidad el consumo del líquido elemento en hoteles y segundas residencias.

El documento, presentado ayer en Valencia, concluye que si no se aplica dicho recargo, el aumento del turismo y la estacionalidad provocará un incremento del precio que «tendrá que aguantar la población residente».

No obstante, de acuerdo con el informe, el consumo turístico apenas representa el 23% del total del gasto de agua en la etapa estival de máxima afluencia de visitantes. Este porcentaje se reduce hasta el 6% en la temporada baja.

La media anual del consumo «turístico» se sitúa en el 11,8% del agua facturada para consumo humano en España -372 hectómetros cúbicos-.

En relación a los hoteles, Medio Ambiente cifra el gasto hídrico en 394 litros diarios, que en el caso de los establecimientos de cinco estrellas se eleva a 594.

Con todo, el Ministerio está por la labor de que se extienda el empleo de las tarifas diferenciada del agua, que en España únicamente se aplican en la localidad andaluza de El Ejido y en Palma de Mallorca. Para sus autores, «la estacionalidad del turismo complica la gestión del abastecimiento y tiene efectos sobre los precios».

El presidente de Hosbec, principal patronal del sector, Pere Joan Devesa, consideró que esta medida supondría «un paso más para acabar con el turismo, después de intentar lo mismo con la construcción».

El dirigente empresarial subrayó que aplicar una subida en las tarifas «está fuera de lugar y parece una broma, siempre que el Gobierno no explique qué alternativas tiene para sustituir la contribución económica del sector turístico». Para Devesa, «se trata de una irresponsabilidad que ahuyentará a los visitantes y beneficiará a otros destinos».

El presidente de los hosteleros de Valencia, Juan Carlos Gelabert, se mostró más tibio y partidario de «empezar a valorar la medida». En todo caso, recordó que los hoteles ya apuestan por un consumo razonable del agua y reclamó la complicidad para todas las Administraciones.

Turismo «depredador»

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) -dependiente del Ministerio- ejerció de anfitriona del seminario donde se hizo público el estudio y su presidente, Juan José Moragues, aprovechó la coyuntura para cargar contra el «turismo depredador».

A su juicio, la actividad turística que consume social, económica y medioambientalmente los recursos no renovables «está abocado al fracaso» y supone «una irresponsabilidad para generaciones futuras».

En el foro organizado por la CHJ también salió a relucir el problema urbanístico, que la ministra Narbona situó como causante de las trágicas riadas acontecidas en Alicante. Sin embargo, y frente a estas posiciones hostiles, el sector de la construcción sigue dando síntomas de desaceleración que podrían tener un importante coste en términos laborales.

La necesidad de obra pública

En esta línea, el Instituto de Práctica Empresarial (IPE) advirtió ayer de la posible pérdida de entre 30.000 y 40.000 empleos en la Comunidad salvo que «se ponga de forma inmediata en carga la ejecución de nuevos proyectos de infraestructuras».

Los datos del informe elaborado por IPE alertan de la caída de los visados de viviendas en la Comunidad . En todo caso, estas cifras constatan que la región, en contra de la creencia generalizada y frente a las críticas del PSOE, ha perdido peso en relación a los proyectos visados e iniciados en España desde el año 2000 hasta el cierre del pasado ejercicio.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, coincidieron ayer en señalar que el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) debe hacer compatible la recuperación de los acuíferos de la zona, 23 y 24, y el desarrollo económico y social de la comarca.

Ambos realizaron estas manifestaciones durante el acto de la firma del protocolo de colaboración entre los Gobiernos autonómico y central para desarrollar este plan, que contempla una inversión de 3.000 millones de euros durante los próximos 20 años, informa Ep.

El plan, pendiente sólo ya de que el Consejo de Ministros apruebe el correspondiente decreto para que entre en funcionamiento, se aplicará sobre una superficie de 20.000 kilómetros cuadrados en las provincias de Ciudad Real, Toledo, Albacete y Cuenca, en los que se asientan 169 municipios y unos 600.000 habitantes.

Narbona señaló que uno de los principales objetivos es «frenar la sobreexplotación» de los acuíferos, indicando que se pretende ahorrar unos 200 hectómetros cúbicos de agua, que dejarán de extraerse de los acuíferos 23 y 24.

Así, explicó que desde el Ministerio se han puesto en marcha ofertas públicas de adquisición de derechos de agua por 40 millones. Asimismo recordó que se han comprado unas 900 hectáreas en el entorno de Las Tablas de Daimiel, cuya recuperación es prioritario.

Plan de forestación

La ministra destacó la trascendencia del plan de forestación que lleva asociado el PEAG, y en el que se invertirán 1.185 millones.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, destacó que actuar para parar la sobreexplotación de los acuíferos era algo «urgente y necesario», dado que los acuíferos de la zona hacía demasiado tiempo que estaban en «números rojos».

Al igual que Narbona, consideró que es posible un desarrollo sostenible en la zona, salvaguardando los recursos naturales y manteniendo el nivel de renta de los agricultores.

Para alcanzar sus objetivos, sostenibilidad de la actividad económica, conservación de los recursos para el futuro y la consecución de los objetivos ambientales, se aplicarán varios programas, entre ellos, la reordenación y compra de terrenos y derechos de agua (810 millones), medidas de control del consumo de agua con la instalación caudalímetros (432 millones) y medidas de apoyo a los usuarios (34 millones).

Asimismo, se contempla un programa de ayudas para el mantenimiento de regadío o su transformación a secano, en el que se invertirán 940 millones.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, abundó ayer en el discurso mantenido por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, respecto a las inundaciones al solicitar la revisión del Plan de Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad (Patricova) para que no obvie «la influencia de las nuevas urbanizaciones».

Así lo manifestó ayer en la población valenciana de Miramar, tras la presentación de un proyecto contra las avenidas del barranco Sotaia que tendrá un presupuesto de cerca de 770.000 euros. Moragues señaló que «el urbanismo tiene que estar al servicio del Medio Ambiente y no al revés», y lamentó que sus tesis hayan sido «premonitorias».

Medio Ambiente mantiene que «las urbanizaciones tienen que adaptarse a cauces y barrancos», planteamiento que «hemos seguido desde el principio y que nos ha causado muchos problemas». A su juicio, el Patricova «fue en su momento un buen plan» pero «es necesaria su revisión».

La suciedad de los cauces

Moragues consideró que «no contemplaba la influencia de nuevas urbanizaciones en zonas de riesgo; se preguntó qué pasa cuando se urbaniza la ladera de una montaña o un centro comercial cerca de un barranco», y no incluía a los municipios de El Verger o Beniarbeig como «zonas de riesgo».

Asimismo, debería contemplar la pérdida de suelo agrícola «que antes absorbía los primeros 40 ó 50 litros», y puso como ejemplo las Salinas de Calpe. En cambio, Moragues defendió que «no hay ninguna relación entre la vegetación del cauce y las consecuencias de las lluvias».

Suspenden el PAI de Orxeta

Por otra parte, el Ayuntamiento alicantino de Orxeta -gobernado con mayoría simple por el PSOE- desistió ayer de seguir adelante con el PAI que contemplaba 2.225 viviendas (en un municipio de 700 habitantes) y un campo de golf, y que afectaba principalmente a suelo propiedad de los ediles o de sus familias.

El PSOE, que ayer votó en pleno contra su propia propuesta, atribuyó su decisión a la falta de apoyo del edil del PP, de quien depende esta legislatura para gobernar.

El trasvase Júcar-Vinalopó original, denostado por el Gobierno tras paralizarlo y modificarlo, contaba con el respaldo técnico del Banco Europeo de Inversiones, que lo llegó a calificar de «ejemplar». La conducción que se ejecuta en la actualidad, en cambio, no goza de ningún aval técnico emitido por instancias europeas.

Paradójicamente, el plante de la Comisión Europea (CE) a los regantes alicantinos -con los que se había comprometido a estudiar la toma intermedia al trasvase, en el azud de Antella- ha privado al actual Júcar-Vinalopó de la posibilidad de recabar el citado respaldo técnico. De haber cumplido su compromiso, cabía la posibilidad de que una instancia de la Unión Europea (UE) avalase técnicamente el trazado actual, en lugar del propuesto por los regantes.

En el Astoria

El responsable de los fondos europeos para la Comunidad, el europarlamentario griego Georgios Peroulakis, se comprometió con el representante de los usuarios alicantinos, Andrés Martínez, a sufragar un estudio que comparase el Júcar-Vinalopó actual con el anteproyecto propuesto por los regantes. Según desveló Martínez a ABC, dicho acuerdo se alcanzó tras la reunión que ambos mantuvieron en el hotel Astoria de Valencia, el día 13 del pasado mes de junio.

Según la versión del presidente de la Junta de Usuarios del Vinalopó, el europarlamentario se comprometió a sufragar un estudio comparativo de ambos trazados de carácter técnico, que dilucidase cuál era la mejor opción. El coste habría corrido a cuenta de la partida destinada al programa operativo de la Comunidad -es decir, los mismos que cofinancian el programa AGUA en el que se incluye la infraestructura-.

«Presiones del Gobierno»

Sin embargo, la CE respondió el pasado 8 de octubre a los regantes alicantinos que mantenía su respaldo al actual trazado, por lo que no llegará a estudiar su propuesta. En realidad, esta respuesta no significa que considere mejor el trazado actual que el propuesto, sino que no llegará a compararlos.

La documentación a la que se refiere la CE, esgrimida como aval por parte de Medio Ambiente, se refiere a dos correos electrónicos que Martínez remitió a Peroulakis tras el citado encuentro, a mediados de junio. En éstos le anticipaba que un mes más tarde remitiría el anteproyecto de la toma intermedia, como hizo en julio. Los regantes alicantinos atribuyen el cambio de postura del europarlamentario griego, ante el que se muestran sorprendidos, a «presiones del Gobierno» socialista para evitar que se cuestione el actual Júcar-Vinalopó, en ejecución al 50%.

Los acuíferos subterráneos del Segura están siendo sometidos a un régimen de sobre explotación por la sequía que debe frenarse, según los empresarios. Estos exponen un dato: en 2005 se triplicaron las extracciones de agua por la sequía y a la falta de aportaciones de otras cuencas.

Oficialmente, en el año 2004 se bombearon 130,4 hectómetros cúbicos para la agricultura. En 2005, esa cifra ascendió a 343,6 hectómetros, según los datos del INE relativos a las concesiones legales de agua en Murcia. «La situación no ha mejorado mucho en los dos últimos años y existe un aumento de costes asociado al uso de agua desalinizada, lo que puede poner en riesgo el futuro del sector que es rentable siempre que disponga de agua», apunta el secretario general de Croem, Clemente García.

Señala la patronal que los recursos hídricos destinados al sector agrario regional descendieron en 2005, prolongando así la tendencia iniciada en 2002. De este modo, las concesiones de agua para el sector agrario en 2005 fueron de 586,1 millones de metros cúbicos, un 10,1% menos que en 2004, si bien su distribución es muy heterogénea según su origen.

Compensación

La sequía que atraviesa Murcia condiciona que los descendentes recursos superficiales -que han pasado de 491,3 millones de metros cúbicos en 2004 a 158,7 en 2005-, hayan sido compensados por los de origen subterráneo, que se han triplicado. La región abarca el 3,2% de los recursos nacionales para uso agrícola (el 1,1% de los superficiales, el 10,8% de los subterráneos y el 45,4% de otros recursos, incluidas las desalinizadoras).

«Esta cifra se sitúa muy por debajo de la participación murciana en el VAB agrario nacional (5%), lo que sirve para dar idea de la alta eficiencia hídrica del sector primario. Es más, la técnica de riego más eficiente, el goteo, es utilizada para gestionar el 84,3% del agua destinada a fines agrícolas. Sólo Andalucía (53,8%) y Valencia (48,7%) siguen de lejos a Murcia», dice el informe.

El senador del PP por Valencia José María Chiquillo pidió ayer la dimisión de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, quienes no regresaron de su viaje a China. El PP ha pedido sus comparecencias en la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, señaló que, a pesar de que el Instituto Nacional de Metereología ha levantado la alerta naranja, la Generalita no va a retirar ningún recurso de las zonas afectadas «como medida de prevención». Además, informó de que en estos momentos, las labores de achique continúan las localidades de Calpe, donde trabajan 14 autobomba. Igualmente en Jávea son nueve las autobombas las que realizan estas labores. Asimismo, resaltó que 40 familias desalojadas en El Verger volvieron a sus casas el jueves.

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en Murcia y portavoz del PSRM, José Ramón Jara, lamentó que el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por José María barreda, haga de «agorero» con el trasvase y le recomendó que sea «más respetuoso con la ley». Jara fue contundente y dijo que la previsión del fin del trasvase para 2015 «no está más que en los deseos del Gobierno y la oposición del PP de Castilla-La Mancha, porque tanto en la legislatura vigente como en las futuras estamos convencidos de que nunca habrá caducidad».

El dirigente socialista apostilló que las necesidades hídricas de Castilla-La Mancha «son comprensibles pero no se resuelven mermando el abastecimiento a otras regiones», al tiempo que recordó a Lamata que el Tajo es un río español y portugués, no de Castilla-La Mancha, aunque «entendemos sus necesidades hídricas pero no a costa de otras comunidades autónomas que tienen derechos consolidados y reconocidos por ley», subrayó.

Sobre el enfado que ha podido ocasionar el acuerdo resultante del encuentro entre Valcárcel y Saura, Jara recordó que Barreda y Cospedal también coinciden pero en negar los derechos heredados del trasvase Tajo-Segura a la Región de Murcia.

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, aseguró ayer que, «se pongan como se pongan» en Murcia, el trasvase del río Tajo al Segura «se va a terminar en 2015 por razones de justicia y de sentido común».

Lamata se pronunciaba así durante la rueda de prensa en la que informó del contenido del Consejo de Gobierno, al ser preguntado por el acuerdo entre el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, y el secretario regional de los socialistas de esa región, Pedro Saura, para defender conjuntamente el trasvase Tajo-Segura.

Fernando Lamata consideró inviable el mantenimiento del trasvase, pues la cuenca cedente, en este caso Castilla-La Mancha, tiene prioridad sobre la receptora, y existen, además, directivas europeas que obligan a respetar el medio ambiente.

Afirmó que «el trasvase cada día que dura es un atentado ecológico» y convierte al Tajo «en un río moribundo a su paso por Toledo».

«Río vivo»

El vicepresidente primero consideró que hay que duplicar o triplicar el caudal ecológico para que el Tajo «siga siendo un río vivo» y señaló que Murcia no puede pretender obtener del Tajo el agua que necesita para mantener sus producciones, sino que tendrá que buscarla en el mar.

Además, Lamata indicó que si el coste que tendría la utilización del agua desalada no les permite ser competitivos en Murcia, tendrán que buscar alternativas a su actual modelo económico.

Así, explicó que, por ejemplo, en la cuenca del Alto Guadiana, donde también los agricultores quieren regar y hay familias que viven del regadío desde que en los años cuarenta se les animó a regar para incentivar las producciones, se están poniendo en marcha alternativas que pasan por otros usos económicos y sociales porque no hay agua suficiente.

Lamata agregó que lo mismo podrían plantearse en Murcia, y recordó que tiene que recibir a través del trasvase un agua del que no dispone para poder seguir manteniendo su modelo productivo.

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha consideró que «seguir insistiendo» en el mantenimiento del trasvase «es hacer perder el tiempo a los agricultores murciano, que dijo tendrían que estar ya pensando en alternativas».

Presión

En su opinión, lo que deberían hacer en la Región de Murcia es «presionar» al Gobierno central para que haga desaladoras, pues una grande puede llegar a producir 50 hectómetros cúbicos anuales, con lo que con cuatro, que podrían estar hechas en 2011, tendrían los 200 hectómetros que necesitan».

Preguntado sobre si el trasvase Tajo-Segura se tratará en la reunión que mantendrá el Consejo Territorial del PSOE el próximo sábado en Toledo, Lamata contestó que si se plantea el tema, está seguro de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dirá lo mismo que hace unos meses en Talavera de la Reina, que «no tomará decisiones en materia de agua» que afecten a la región «sin contar» con su presidente, José María Barreda.

Afirmó que la anulación del trasvase del Ebro supone que el del Tajo tiene que terminar, pues «es la misma lógica del no a los trasvases», y consideró que «la dirección del proceso está en línea con lo que está marcando el presidente Barreda».

Horizonte de 2015

Preguntado por qué a pesar de ello el Gobierno central aprobó el pasado viernes un trasvase de 69 hectómetros cúbicos, de los que 31,4 son para riego, Lamata contestó que de momento no se ha llegado al horizonte de 2015 y el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aplica las normas de explotación «atendiendo a los criterios que cree oportunos», si bien reiteró el compromiso del presidente del Gobierno de que en política de agua en Castilla-La Mancha «el presidente Barreda tendrá la última palabra».

Como se recordará, en el encuentro celebrado el martes entre Valcárcel y el líder de los socialistas murcianos, Pedro Saura, se produjo un acercamiento en política de agua, en el sentido de que Saura apostó por hacer cumplir la Ley del Trasvase Tajo-Segura y conseguir que se alcancen los 600 hectómetros cúbicos anuales máximos que estaban previstos.

Ambos analizaron también la financiación autonómica, el control del litoral, las infraestructuras y el modelo de crecimiento económico.

El Gobierno de Castilla-La Mancha recurrirá un acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que autorizó la utilización por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, en Alicante, de 6,1 hectómetros cúbicos regulados en el embalse de Alarcón, en Cuenca.

Según informó la Junta de Comunidades en una nota, el Consejo de Gobierno de esa región acordó ayer interponer un recurso contencioso-administrativo contra esa decisión, que fue adoptada el pasado 23 de julio.

El agua cuyo uso se autorizaba se destinaría a Alicante y a los municipios alicantinos de San Vicente del Raspeig, Elche, Santa Pola y Hondón de las Nieves.

El ejecutivo que preside el socialista José María Barreda fundamenta su recurso en que las localidades de Alicante, Santa Pola y San Vicente del Raspeig no pertenecen a la demarcación de la cuenca del Júcar, sino que se encuentran geográficamente en cuencas internas de la Comunidad Valenciana.

Por ello, el Gobierno castellanomanchego sostiene que la decisión de la Confederación Hidrográfica del Júcar «supone un auténtico trasvase entre distintos ámbitos territoriales, competenciales y de planificación», argumenta.

Ésta no es la primera ocasión en la que la Junta de Castilla-La Mancha muestra su oposición a trasvasar agua. A día de hoy, el ejecutivo de Barreda ha elevado tres recursos por la venta de derechos de agua a la cuenca del Tajo para regadíos en el Levante.

Cabe recordar, además, que está estudiando recurrir también la decisión adoptada este pasado viernes por el Consejo de Ministros de autorizar un trasvase desde la cabecera del Tajo para este trimestre de 69 hectómetros cúbicos, de los que 37,6 son para consumo humano y 31,4 para riego en las zonas servidas con aguas procedentes del acueducto Tajo-Segura.

Para el ejecutivo de Barreda, la decisión del Gobierno de Zapatero es una medida «imprudente» y se mostró especialmente crítico con el destino de 31,4 hectómetros a regadíos. El consejero de Ordenación del territorio, Julián Sánchez Pingarón, sostuvo entonces que la «acreditada solidaridad» castellano-manchega para el abastecimiento a poblaciones le «da legitimidad» para exigir que no se aprueben trasvases «para usos no prioritarios».