España ocupa el primer puesto entre los países europeos por lo que se refiere al consumo de agua en el ámbito doméstico –hogares, pequeños negocios y edificios públicos–, con una media de 250 litros por persona y día y, como país mediterráneo. Además, es uno de los países de la UE que atrae a más turistas, quienes suelen gastar más de un 100% más de agua que los nacionales.

Estos datos forman parte del informe que difundió hoy la Comisión Europea sobre el potencial de ahorro de agua en distintos ámbitos, pero que también pone de relieve algunos patrones de consumo, ya sea en el turismo, la agricultura, el uso doméstico o la industria.

En términos generales, sitúa a la mayoría de España en el grupo de territorios europeos donde se prevé «estrés de agua», provocado no por la sola existencia de recursos hídricos, sino por su relación con la gestión de los mismos que hacen organismos públicos, industrias, plantas de energía o la agricultura. Así, solo la zona de Galicia tendrá un riesgo «bajo» de estrés, que será «medio» en la meseta norte y «elevado» prácticamente en el resto del país.

Por lo que respecta al uso doméstico del agua, sitúa a España a la cabeza del consumo, que se distribuye un 70% en los hogares, un 24% en pequeñas empresas y servicios y un 6% en servicios públicos. El informe señala que, en términos generales, este sector fue el responsable en 2000 del gasto del 24% del agua, correspondiente a 73, 2 kilómetros cúbicos, lo que muestra una «tendencia negativa». En el caso de España, señala que entre 1996 y 1999 las pérdidas de agua en la red de distribución crecieron de 20 a 21, 4%.

El texto propone una serie de medidas con las que se podría ahorrar el consumo de entre un 20 y un 50%, por ejemplo mediante cambios en los hábitos de la población, un uso más eficiente de tecnologías y dispositivos de ahorro o uso de fuentes alternativas de agua que incluyeran su reutilización cuando sea posible.

TURISMO El riesgo mayor que otros países que tiene España a sufrir «estrés» por agua se incrementa teniendo en cuenta la mayor afluencia de turistas que, como el resto de países de Mediterráneo, registra.

El estudio advierte que los turistas no pueden considerarse como causa, aunque admite que los impactos sobre los recursos hídricos son «significativos» en algunas áreas.

Señala que España se situó en 2004 entre los seis países mediterráneos dentro de los 25 principales destinos turísticos.

Advierte que el consumo de agua varía considerablemente entre las temporadas de más afluencia, pero también porque la cuantía del consumo es diferente según el modo de hacer turismo.

En términos generales estima que «los turistas que visitan el Mediterráneo consumen una media de entre 300 y 880 litros al día», lo que supone «más del 100% que los residentes locales». Cita como uno de los ejemplos las Islas Baleares, donde el consumo de agua en julio fue en 1999 igual al 20% de lo que la población local utilizó en todo un año.

El informe indica también que el consumo depende del tipo de alojamiento, de manera que la media en un camping es de 174 litros por persona y día; en un ‘bed and breakfast’, de 281 litros, y de 294 litros en un hotel. En un hotel de más de tres categorías, el consumo en sus bares o cafeterías puede rondar los 35 litros por huésped, mientras que el gasto en locales nocturnos o con piscinas puede llegar a 60 litros más por noche si se compara en lugares que no tienen piscina.

CAMPOS DE GOLF Merecen un comentario especial el consumo en los campos de golf, donde crece «significativamente». De media, un campo de entre 50 y 150 hectáreas consume entre 10. 000 y 15. 000 metros cúbicos de agua, que corresponde al gasto anual en una ciudad de unos 12. 000 habitantes.

El texto vuelve a citar datos de 2004 de España, para indicar que la demanda de agua en los campos de golf se eleva a unos 125 millones de metros cúbicos al año, una cifra que se espera que crezca alrededor de un 65% en 2015.

Las recomendaciones para reducir el consumo en el sector turístico coinciden con las domésticas –como un mayor control en el gasto en inodoros o duchas– o en la agricultura, con irrigación en jardines y campos de golf.

CAMPO E INDUSTRIA Por lo que respecta a la agricultura, el consumo también varía en función de la necesidad de los países de regar o no según su clima, por lo que, una vez más necesitará más agua que países del norte de Europa. «En los países mediterráneos el riego de tierras supone una gran parte del consumo total», dice y señala que en España es del 68%.

Afirma que el ahorro de agua en las actividades agrícolas puede esperarse gracias a las mejoras tecnológicas, cambios en las prácticas agrícolas o uso de cultivos más resistentes a las sequías.

Afirma que el riego por goteo es en general positivo y puede potenciar el ahorro, aunque señala también ejemplos, como en Valencia, donde no funcionaron según lo esperado.

En cuanto al uso de agua en el ámbito industrial, el documento reseña que éste ha disminuido en los últimos 30 años en el sector industria, pero ha aumentado en el de la energía. Los mayores consumidores industriales están en Finlandia, Francia, Alemania, Suecia, España e Italia.

Aquí propone tecnologías para ahorrar en base a cambios en los procesos de producción, el reciclado del agua, cambios en las tecnologías de refrigeración o mediante los «dispositivos clásicos» de ahorro.

Regantes de la cuenca del Tajo están dispuestos a vender sus concesiones de agua a los de la Cuenca del Segura en la cantidad que haga falta. Así lo ha revelado el dirigente del Sindicato de Regantes del Trasvase, Francisco del Amor, quien precisa que el presidente de la federación de regantes de aquella cuenca ha ofrecido en varias ocasiones agua sobrante, principalmente en territorio extremeño. «Están dispuestos a vendernos toda el agua que haga falta. Dicen que allí tienen los pantanos llenos», indicó Del Amor. El problema no obstante es que ahora no existe ningún medio de transportar esos caudales. El Sindicato también ha recibido dos ofertas de comunidades de regantes de Castilla-La Mancha que quieren vender temporalmente sus concesiones. Los volúmenes no son significativos y oscilan entre 3 y 4 hectómetros.

En Castilla-La Mancha se añade el problema de que el Gobierno regional es totalmente contrario a la venta de derechos de agua que promueve el Ministerio de Medio Ambiente. En este sentido, el Ejecutivo de José María Barreda ha expresado su disconformidad con las cuatro operaciones de compra de caudales realizadas en los últimos años: dos de ellas con regantes de Estremeras y otras dos con los del Canal de las Aves de Aranjuez, ambas en territorio de la Comunidad de Madrid. En el caso de Estremeras, los agricultores de esa zona han ingresado casi dos mil millones de las antiguas pesetas en las dos operaciones realizadas hasta ahora. Probablemente no será la última. Del Amor indicó por otra parte que ya se han repartido los 20 hectómetros cúbicos aportados por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, con cargo a la deuda contraída por este organismo.

El Ministerio de Medio Ambiente tiene sobre la mesa tres opciones para derivar más agua desde el Tajo hasta la cuenca del Segura y tratar de completar los 600 hectómetros cúbicos máximos anuales que prevé la ley. A las alternativas del Jarama y del Tajo Medio se ha sumado la de Extremadura, según informó ayer a este diario el secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura. La solución con más posibilidades a día de hoy sigue siendo la del Jarama, según apuntó el dirigente socialista.

Saura explicó que el Gobierno de Rodríguez Zapatero quiere «darle una solución definitiva» a la falta de agua en el Sureste durante la próxima legislatura, si renueva el apoyo en las urnas. «En esta legislatura se ha hecho un esfuerzo para resolver el grave problema que tenían los abastecimientos mediante la construcción de desalinizadoras. La segunda fase consistirá en aportar una solución global para los regadíos», apostilló. En este sentido, Saura añadió que las opciones con mayores posibilidades se pondrán sobre la mesa una vez que se elaboren los nuevos planes de cuenca, que deben estar aprobados en dos años. En ellos se determinarán las demandas reales de cada territorio y la forma de resolver los déficit que se planteen, como el de la cuenca del Segura.

Garantizar los regadíos

El secretario del PSOE murciano considera que con las desalinizadoras y la consolidación del trasvase Tajo-Segura -garantizando los 600 hectómetros anuales que recoge la ley- se puede cubrir el déficit de la Región de Murcia y del sur de Alicante. Según Saura, la fórmula consistiría en asegurar los abastecimientos con recursos de la cabecera del Tajo, desde los pantanos de Entrepeñas y Buendía. El resto de caudales necesarios para los regadíos deben proceder de otras tomas de este río, para lo cual entran en juego las tres opciones en estudio.

A favor de estas alternativas está el hecho de que con la Directiva Marco de Agua de la UE habrá que revisar al alza el caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez (Madrid). En la actualidad está fijado por ley un mínimo de 6 metros cúbicos por segundo. Esto supone que hay que desembalsar 190 hectómetros cúbicos anuales de la cabecera. Si este caudal se duplica, como se ha propuesto en algunos foros, eso significa que habrá que restar otros 200 hectómetros anuales al volumen máximo trasvasable. La consecuencia será que habrá que modificar también el Plan de Cuenca del Tajo para elevar el listón de los caudales excedentarios. Esa barrera está puesta ahora en los 240 hectómetros.

La alternativa de trasvasar aguas del Jarama para los regadíos ya fue planteada en los estudios previos del Plan Hidrológico Nacional. Se trata en su mayoría de caudales residuales de Madrid que desembocan en el Tajo pasado Aranjuez. Desde este punto se podrían derivar hasta 225 hectómetros cúbicos anuales, aunque es necesaria una depuración previa de estas aguas. No serían aptas para el abastecimiento humano, pero sí para los regadíos.

Conducción paralela

El Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura no rechaza esta fórmula que ya le ha sido planteada por el Ministerio, aunque probablemente habría que construir una conducción paralela al acueducto actual, ya que no se pueden mezclan las aguas.

La opción del Tajo Medio es la que defiende el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel, que ha presentado un estudio pormenorizado al Gobierno central. Propone construir un acueducto desde Azután (Toledo) hasta La Roda para derivar un caudal de entre 200 y 500 hectómetros anuales, según el diseño final. Esta alternativa ha contado desde siempre con el rechazo del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda.

La tercera posibilidad, según Pedro Saura, está en Extremadura, donde el Tajo tiene unos elevados excedentes de agua, aunque en este caso no está clara la fórmula para transportarlos o permutarlos. El dirigente socialista cree que Portugal no plantearía problemas porque se derivarían las aguas a cuenta de los excedentes trasvasables recogidos en la ley del Tajo-Segura. Saura ha mantenido varias conversaciones con el ministro Jesús Caldera, encargado del programa electoral del PSOE, para que quede reflejada la necesidad de resaltar el déficit estructural del Segura.

El conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, afirmó ayer que, con la paralización de la Ley de Aguas por parte del Gobierno central, se demuestra la «incompetencia» de la ministra de su ramo, Cristina Narbona, «para llevar a cabo una política hídrica eficaz y seria en el territorio nacional».

Narbona anunció el pasado lunes que, a estas alturas de la legislatura, «no hay ya tiempo» para «plantear más proyectos de ley en el Parlamento», por lo que la reforma de la Ley de Aguas, cuyo texto «está muy avanzado», formará parte del «compromiso» del PSOE de cara a la próxima legislatura.

Según apreció García Antón, la paralización de la puesta en marcha de la ley no se debe «a la falta de tiempo» sino a que la norma se ha elaborado «sin ningún tipo de consenso; ni con las comunidades autónomas ni con otros sectores implicados como son los usuarios».

Igualmente, el conseller de Medio Ambiente aseguró que esta reforma de la Ley de Aguas «no da solución a los problemas de insolidaridad y de autarquía autonómica que ha generado el Gobierno de Zapatero en materia hídrica y cuya primera medida desastrosa fue la derogación del trasvase del Ebro».

En la misma línea, el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, aseguró ayer que los espera que la Ley del Agua «no se apruebe nunca» porque «supondría un claro ejemplo de conflicto».

El secretario general de los populares valencianos indicó que su formación apuesta «por la solidaridad» mientras que la ley «reconoce intereses propios de las autonomías en la gestión del agua», algo que estimó que supondría «un claro ejemplo de conflicto en cuanto esos intereses fueran confrontados».

Director General del Agua

Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente del grupo socialista en las Cortes, Francesc Signes, denunció ayer la «desidia» Consell para nombrar al director general del Agua, ya que «han transcurrido tres meses desde las elecciones y sigue sin tomar una decisión».

En este sentido, Signes señaló que este retraso evidencia el «nulo interés» del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, «por solucionar los problemas hídricos de la Comunidad».

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reconoció ayer que todas las zonas industriales de España padecen problemas de contaminación en sus ríos debido a la «desidia de las administraciones», porque «durante años no se ha puesto el cuidado que era exigible en el control y depuración de los vertidos», afirmó.

Con motivo de la «Semana del Agua» que organiza cada año su Ministerio en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, Narbona recordó las principales cifras del Plan Nacional de Calidad de las Aguas, que obliga a las administraciones públicas a destinar 19.007 millones de euros en los próximos años a descontaminar los ríos y a recuperar los ecosistemas fluviales.

Medio Ambiente se ha comprometido a aportar un tercio del total de inversión prevista en ese plan, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de junio. Comunidades autónomas y Ayuntamientos deberán hacerse cargo de los dos tercios restantes. La ministra recalcó que el punto de partida para cumplir con las exigencias que plantea la UE respecto a la calidad de las aguas «era francamente malo en casi todo el país al inicio de la legislatura» en lo que se refiere al control de los vertidos a los ríos.

Acumulación de problemas

«Es cierto que en todas las zonas industriales, en todas, hemos tenido una acumulación de problemas a lo largo del tiempo por la desidia de las administraciones, por la falta de control», advirtió Narbona, antes de citar ejemplos como los del polo industrial de Huelva, Cartagena (Murcia), la cuenca del Besaya (Cantabria) o «el más espectacular de todos»: el del pantano de Flix (Tarragona).

Según Narbona, la acumulación de metales pesados y otras sustancias «muy tóxicas» en el pantano de Flix no hizo que el PP cambiara «ni un milímetro su propósito» de realizar el trasvase del Ebro al Levante (posteriormente suspendido por el Gobierno socialista), lo que habría conllevado «un trasvase de contaminación muy peligroso», ya que sus aguas «eran un auténtica bomba de relojería», tal y como informa Servimedia.

Narbona consideró que situaciones cómo ésa se han producido tras años en los que «las empresas han contaminado el suelo y el agua» en España sin que hubiese normas que se impidiera, en un primer momento, y sin que se les exigiera cumplir lo legislado, más tarde.

Y González, también

La ministra Narbona no mencionó, sin embargo, que los ecologistas ya denunciaban en 2005 que los peligrosos vertidos al embalse de Flix se estaban produciendo desde hacía más de 20 años. De hecho, en 1988 ya hubo una sentencia contra la empresa que realizaba los vertidos. Es decir, que cuando el socialista José Borrell, ministro en uno de los gobiernos de Felipe González, presentó en 1993 su Plan Hidrológico Nacional, que incluía el trasvase del Ebro, ya se sabía que la «bomba de relojería» a la que se refiere Narbona, podría llegar a Murcia.

La ministra señaló que otro de los problemas pendientes desolucionar respecto a la calidad de las aguas fluviales reside en la necesidad de dotar de saneamiento y depuración de las poblaciones de menos de 2.000 habitantes, ya que hasta ahora el grueso de las inversiones se ha centrado en los núcleos urbanos de mayor tamaño.

Para ello, el Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015 permitirá que al final de su ejecución España cumpla con su obligación «no sólo de depurar», tal y como establecen las directivas europeas, sino también de «recuperar» la vida de los ríos y «el equilibrio ecológico que se ha ido perdiendo», según aseguró «essto se conseguirá mediante nuevas infraestructuras y una mejora de la gestión, especialmente en lo que se refiere a los vertidos industriales, que no fueron una prioridad en anteriores legislaturas», añadió. El Plan Nacional de Calidad de las Aguas «incluye todos los planes de calidad de las aguas de las comunidades autónomas» y prevé una financiación total de unos 19. 000 millones de euros, de los que un tercio los pondrá el Ministerio.

La ministra inauguró el pasado lunes las obras del bitrasvase Ebro-Pas-Besaya, una infraestructura que, con cerca de 70 millones de euros de inversión y una construcción que se ha prolongado durante casi cuatro años, garantizará el agua potable a la Comunidad Autónoma de Cantabria.

La infraestructura inaugurada en la estación de Bombeo de la Bifurcación de Corvera de Toranzo, suministrará agua en un principio a las comarcas de Santander y Torrelavega y sus áreas de influencia.Queda pendiente una segunda fase, la que unirá las conducciones actuales a las de la Autovía del Agua, para abastecer a la costa oriental de Cantabria.

La ministra Cristina Narbona expresó su «enorme satisfacción» por la consecución de esta infraestructura, que ya estaba incluida en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, pero cuya capacidad ha sido incrementada hasta los 2. 500 litros por segundo por la Administración actual.

La incorporación de la problemática del agua a las reformas estatutarias podría «constituir un problema de orden político», si continúa primando la lucha por la propiedad de este recurso, en lugar de que se imponga por encima de todo lo demás un «uso racional y solidario», según un informe del Instituto de Derecho Público, informa Efe.

Esta es la tesis principal que aparece recogida en la valoración general -escrita por el catedrático de Derecho Administrativo Joaquín Tornos-, que introduce el Informe de las Comunidades Autónomas 2006 elaborado por dicho instituto,

Si bien, el catedrático puntualizó que «en ocasiones» las cuestiones estatuarias quedan reducidas a meras declaraciones de voluntad sobre cómo gestionar el agua. Sin embargo, Tornos advierte de los problemas políticos que podrían aparecer en el momento en el que esas ideas se pongan en práctica. Un momento crítico que pondrá en evidencia a los órganos competentes que deberán decidir cómo deben adoptarse «decisiones concretas sobre su administración».

En esta línea, Tornos subrayó que las reformas estatutarias han generado un «efecto de emulación y de confrontación entre comunidades limítrofes o con intereses sobre las mismas cuencas». Un enfrentamiento que ha quedado en evidencia ante los números recursos de inconstitucionalidad contra estatutos que ya habían sido aprobados, consideró el catedrático. Asimismo, la guerra política en la intención, hecha pública por varios Gobiernos autonómicos, de impugnar las previsiones que aparecen en los proyectos de las nuevas reformas.

Todos quieren «su» agua

El autor del informe recuerda que en la actualidad ya hay cuatro estatutos (Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Aragón), que ya han sido aprobados, así como el de Castilla-La Mancha, que continúa su trámite en el Congreso, incluyen en su articulado alusiones directos a este tema desde diversas perspectivas, muchas veces hablando del agua como una propiedad. En un análisis comparativo sobre la cuestión del agua, el informe destaca que Andalucía reclama como competencia exclusiva la cuenca del Guadalquivir que transcurre por su territorio, Aragón establece una cantidad mínima del caudal del Ebro que debe quedar garantizada para la Comunidad.

Por otra parte, frente al artículo 17 del Estatuto de la Comunidad Valenciana, que se limita a «garantizar el derecho de disponer de abastecimiento de agua de calidad», el artículo 117 del catalán certifica la participación de la Generalitat «en la planificación hidrológica y en las cuencas de gestión intercomunitarias». En el caso de la reforma del estatuto castellano-manchego, se fija el año 2015 como fecha de caducidad para el trasvase Tajo-Segura.

Por todo ello, el catedrático concluyó que la «atención especial» prestada por las nuevas reformas estatutarias al tema del agua supone, en la práctica, que la reivindicación «de la propiedad de este recurso» prime sobre el interés general. La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) coincidía la pasada semana, como ya publicó ABC, con la tesis de Tornos. En un análisis sobre los estatutos, Fenacore advertía que es «inadecuado» dividir los ríos con carácter artificial por tramos autonómicos, -como establece el estatuto andaluz con el Guadalquivir- estableciendo cada región un régimen diferente para el caudal que atraviesa su territorio, o los plazos impuestos, hasta el 2015, como fecha que ponga fin al acueducto del Tajo-Segura.

El paseo marítimo de la localidad alicantina de Guardamar del Segura, gobernada por la socialista Marylene Albentosa, fue finalmente el escenario en el que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se dedicó a regalar a los bañistas botellines de agua desalada, para convencerles de las bondades de la desalación frente a los trasvases.

Al no autorizar Torrevieja la campaña -tras la negativa de Medio Ambiente a desvelar el contenido de las botellas de 0,33 litros, tal como publicó ABC-, la empresa subcontratada por la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. (Acuamed) se desplazó hasta la única playa de un municipio socialista en la Vega Baja, para proceder al reparto de botellines.

No obstante, pese a las grandilocuentes afirmaciones que rezaban en la publicidad repartida a pie de playa, el agua que ayer regaló Medio Ambiente -y que seguirá regalando en las principales playas de la Comunidad y Murcia, según Narbona- no era estrictamente desalada. En realidad, según se afirma en el etiquetado, se trata de agua que combina un 75 por ciento de líquido procedente de la desaladora de San Pedro del Pinatar (Murcia), y un 25 por ciento de agua mineral.

Sin embargo, la titular de Medio Ambiente defendió que los botellines de Acuamed contenían «exactamente» el mismo agua que se consume en los hogares la capital alicantina -abastecida por la planta desaladora «Alicante I»-.

Negativa a los vertidos

Narbona, que criticó duramente al Ayuntamiento de Torrevieja -aunque sin explicar que se le había impedido repartir los botellines en la playa del Cura, tal como había planeado en principio-, aseguró que el agua desalada rebajada con mineral cumple las «máximas garantías», ya que ha sido analizada por un laboratorio «acreditado».

Si bien la campaña a favor de la desalación no se desarrolló en Torrevieja, la ministra de Medio Ambiente sí visitó finalmente -seis meses después del inicio de las obras- «la desaladora más grande de Europa», para ufanarse del «respaldo» del Tribunal Constitucional (TC) y la Comisión Europea (CE) a la planta.

Narbona, arropada por medio centenar de cargos gubernamentales y representantes socialistas, se felicitó por el ritmo de los trabajos y consideró que la desaladora se pondrá en marcha el próximo año, pese a no contar todavía con autorización para verter la salmuera -los desechos resultantes del proceso de desalación- en el mar torrevejense.

De hecho, la titular de Medio Ambiente advirtió que utilizará «todos los instrumentos del Estado de Derecho» para obtener dicho permiso -aunque la solicitud se realizó respecto al proyecto anterior, modificado tras su aprobación-, y consideró que «de nuevo» se dará la razón al Gobierno.

Por su parte, desde el PPCV -que recordó la larga lista de agravios de Narbona a la región- se acusó a la ministra, cuya visita se tildó de «provocación», de no dar solución a los problemas hídricos de la Comunidad, mientras las desaladoras se convierten en un «órdago» al ecosistema litoral.

«La situación por la que atraviesan los pantanos de la cabecera del Tajo es «crítica»». Así se manifestó ayer el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, quien reclamó a los gobiernos de la Comunidad Valenciana y de Murcia que pongan en marcha las alternativas necesarias para abastecer sus necesidades porque «el trasvase Tajo-Segura no tiene futuro».

Según los datos datos a conocer el pasado lunes por la Confederación Hidrográfica del Tajo, la reserva en los embalses de Entrepeñas y Buendía disminuyó en 17 hectómetros cúbicos en la última semana y quedó en 391 hectómetros cúbicos, el 15,80 por ciento de su capacidad total (2.474 hectómetros cúbicos). Por ello, el portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha recordó ayer a los gobiernos de Francisco Camps y de Ramón Luis Valcárcel -ambos del Partido Popular- que hay tiempo suficiente para construir las desaladoras necesarias que sustituyan la dotación que actualmente llega desde el acueducto, cuya fecha de caducidad está fijada para el año 2015.

Respuesta inmediata

Lamata abogó por mantener una reserva de seguridad de abastecimiento, mejorar el caudal ecológico del Tajo en toda su cuenca y tener una mayor dotación que dé respuesta a la demanda futura de Castilla-La Mancha. Por ello, reclamó que se sigan generando nuevos recursos así como una política más eficiente en esta Comunidad «y desde luego en otros lugares». En este sentido, según informa Efe, instó a los gobiernos de la Comunidad Valencia y de Murcia a que pongan en marcha las alternativas necesarias para abastecer sus necesidades, porque el trasvase -dijo- «no tiene futuro».

Sin embargo, no parece que la «recomendación» del Ejecutivo presidido por el socialista José María Barreda vaya a variar la «defensa a ultranza» del trasvase que mantienen los Gobiernos de Valencia y Murcia. Así, el secretario ejecutivo de Organización del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Enrique Crespo, respondió a Lamata que su partido «nunca renunciará» al trasvase del Tajo-Segura porque «lo necesitan los regantes» y porque el PP seguirá «defendiendo los intereses de nuestra tierra».

El dirigente popular insistió en que «siempre vamos a defender los trasvases y la llegada del agua a la Comunidad», por lo que animó a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona -que hoy visita la desaladora de Torrevieja (Alicante-, a que «muestre su apoyo a la llegada del agua del Tajo». «Esperamos que no sea una visita más de paseo y que anuncie acciones concretas para darles a los regantes un apoyo claro e inequívoco para acabar con el desastre hídrico que ha montado el Gobierno de Zapatero», señaló el PP en un comunicado. «Necesitamos los trasvases y no vamos a renunciar a ellos», añade la nota. Además, Crespo aseguró que «mientras el Gobierno valenciano se dedica a promover políticas para solucionar el déficit hídrico que sufrimos, el Gobierno de Zapatero sigue promoviendo la insolidaridad y crispación entre territorios».

Al respecto, los populares recuerdan que el Gobierno de Francisco Camps «está haciendo un esfuerzo muy importante para optimizar los recursos hídricos con la puesta en marcha de 400 depuradoras». «Gracias a las políticas hídricas del Gobierno del PP depuramos más de 500 hectómetros cúbicos y reutilizamos para el regadío más de 175 hectómetros cúbicos», aseguran los populares en su comunicado.

La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha acordado enviar con «carácter extraordinario» un volumen de 6,1 hectómetros cúbicos desde el embalse de Alarcón para atender el abastecimiento urbano de los municipios de Alicante, Elx, Santa Pola, San Vicente del Raspeig y Aspe, situados en el ámbito territorial de este organismo. El envío se efectúa a la Mancomunidad de Canales del Taibilla que después se encarga de su distribución, según informó en un comunicado.

Hay una situación de escasez de agua que se ha visto agravada en los últimos años por la sequía

La Mancomunidad de Canales del Taibilla es la responsable del suministro de agua de boca a una población de cerca de dos millones de habitantes. Según la CHJ, la zona correspondiente a Alicante, Elx, Santa Pola, San Vicente del Raspeig y Aspe «padece una situación de escasez de agua, que se ha visto agravada en los últimos años por la extraordinaria sequía que padece el río Taibilla cuyas aportaciones han experimentado en los últimos años un fuerte descenso». Esta situación ha requerido la aportación con «carácter excepcional y de emergencia» de recursos procedentes de la cuenca del Júcar.

Según el Plan Hidrológico del Júcar, las necesidades de estos abastecimientos «no cubiertas por las diferentes fuentes de suministro de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (río Taibilla, trasvase desde el Tajo y desalación) deben ser cubiertas con aportaciones del río Júcar».

La medida, que es «similar a las contempladas por la CHJ en los años anteriores», se «compensa» con recursos adicionales de origen subterráneo «a extraer en la zona regable de la ribera del Júcar en Valencia, para no reducir así la disponibilidad de agua del sistema Alarcón-Contreras-Tous, regulador de las aguas del Júcar». Además, el acuerdo alcanzado en la Junta contempla «la compensación económica que deberán percibir los regantes del Júcar por la cesión».

El volumen de agua enviado equivale al abastecimiento anual de una población estable de 90.000 habitantes, o de una población estacional –principalmente por el incremento de los meses de verano– de 350.000 habitantes. La cantidad enviada a la Mancomunidad de Canales de Taibilla desde el embalse de Alarcón servirá para cubrir el déficit previsto.

El abastecimiento de agua es necesario al incrementarse la población en verano en 350.000 habitantes más

Respecto a las aportaciones del río Taibilla, según la CHJ, «la práctica ausencia de precipitaciones en los últimos meses hacen prever un nuevo mínimo histórico anual de aportaciones, lo que ha llevado a considerar un 3 por ciento inferior al año pasado«. El organismo subrayó que la Mancomunidad de Canales de Taibilla «lleva recibiendo recursos extraordinarios del embalse de Alarcón desde septiembre de 2000».

Según la CHJ, desde el año 2000 se han transferido volúmenes de dos hectómetros cúbicos; 4,5 en 2001; 10,9 en 2002; 11,2 en 2003; 9,3 en 2004; 15,1 en 2005; 6,3 en 2006 y 6,1 este año, lo que hacen un total de 65,4 hectómetros.

• En la Región, ya hay 45.000.

• Dicen que es insolidario.

• No quieren que se ponga fecha de caducidad al acueducto.

La comunidad de regantes de Lorca ha recogido unas 8.000 firmas para que no se admita a trámite en el Congreso la reforma del Estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha, dentro de la campaña emprendida para ello por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) el pasado marzo.

Lo confirmó hoy el presidente de la comunidad de regantes lorquina, Manuel Soler, durante un nuevo acto de la campaña, al que también acudió el presidente del Scrats, Francisco del Amor.

La institución comunera instaló hoy en la puerta de su sede dos pancartas en las que puede leerse: «Ayúdanos con tu firma a defender el trasvase Tajo-Segura. No al estatuto de Castilla-La Mancha«.

Del Amor dijo que en Murcia ya se han recogido 45.000 firmas y que los regantes consideran que los artículos de la propuesta de Estatuto castellano-manchego relativos al trasvase Tajo-Segura son «contrarios a la Constitución Española«.

Los regantes consideran insolidario ese texto porque, a su juicio, invade las competencias exclusivas del Estado sobre agua, y en su reivindicación de que no se ponga fecha de caducidad al acueducto «no vamos a bajar -dijo- la guardia».

En el caso de Lorca, los regantes están recogiendo firmas en las oficinas centrales de la comunidad de regantes, en la calle Corredera, así como en las oficinas de la huerta situadas en las diputaciones lorquinas de Cazalla, Campillo, Marchena, Tercia, La Hoya, Torrecilla y Riberas.