La Mancomunidad de los Canales del Taibilla, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, presidido por Cristina Narbona, explicó ayer que el agua desalinizada que se arrojó a las conducciones de riego del Campo de Cartagena «no supuso ningún despilfarro», sino que fue utilizada para los regadíos de la zona.

El delegado del Gobierno en este organismo, Isidoro Carrillo, señaló que entre 300.000 y 400.000 metros cúbicos producidos en la planta de San Pedro I fueron a estos canales del postrasvase Tajo-Segura porque en ese momento no había suficiente capacidad de dilución del boro que contenía ese agua desalinizada.

Isidoro Carrillo subrayó que ese aporte le vino bien a la agricultura de la zona, dada la escasez de recursos hídricos que sufre el campo.

Carrillo añadió que los problemas de boro se ciñen a las dos primeras plantas desalinizadoras de San Pedro del Pinatar y Alicante, y que sólo se presenta durante los meses de verano. Precisó que ese agua es apta para el consumo una vez que se mezcla con caudales del Tajo en los depósitos y canales, lo cual hace que se rebaje la concentración de boro.

Membranas más eficaces

El responsable de la Mancomunidad de Canales del Taibilla considera que este problema desaparecerá con las nuevas desalinizadoras, ya que están provistas de membranas de última generación que son más eficaces para retener el boro del agua de mar.

Como se recordará, la concentración de boro del agua de mar desalinizada supera los niveles autorizados por la ley en la cuenca del Segura. En concreto por un real decreto de febrero del año 2003, que establecía como límite una parte por millón (1 miligramo por litro).

En las dos primeras plantas de San Pedro y Alicante, la concentración alcanza 1,1 y 1,2, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, lo que obliga a mezclar el agua desalinizada con caudales continentales. En la segunda planta de San Pedro, la más moderna, el nivel roza 1 miligramo. Para los regadíos, el máximo autorizado por la ley es de 0,5 miligramos.

El consejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, considera que los niveles de boro son mayores a los que reconoce el Ministerio de Medio Ambiente. Una de las opciones que barajan los técnicos consiste en establecer un doble sistema de ósmosis para reducir el nivel de concentración de este elemento químico en el agua.

La producción de agua desalinizada de siete días fue arrojada el pasado mes de mayo a los canales de riego por el elevado índice de boro y porque no ofrecía garantías de que fuera apta para el consumo humano.

Esta revelación se produjo durante la última reunión de la junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del segura, donde el responsable de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Isidoro Carrillo, dio cuenta de la situación de las tres desalinizadoras que hay en marcha para garantizar el consumo a la población.

Tanto el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, como el presidente de la Junta Central de Usuarios Regantes del Segura, Isidoro Ruiz, manifestaron ayer que Canales del Taibilla no podía controlar los niveles de boro en las plantas de San Pedro del Pinatar y Alicante, según se puso de manifiesto en dicha reunión.

El boro, pues, está incidiendo en la capacidad de producción y suministro de las desalinizadoras, por cuanto se superan los niveles autorizados por la ley hasta en un 20 por ciento, según publicó ayer ABC. El máximo permitido para el consumo humano es de 1 miligramo por litro, mientras que en estas dos plantas se llega a 1,2 miligramos.

400.000 metros cúbicos

Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, presidido por Cristina Narbona, confirmaron ayer que en el mes de mayo tuvieron que arrojar unos 400.000 metros cúbicos de agua desalinizada en la planta de San Pedro I por la elevada concentración de boro, ya que no disponían de suficiente agua continental -de la cabecera del Tajo- para mezclarla y reducir los niveles de este elemento que puede resultar perjudicial para la salud.

Esa producción, equivalente a una semana de funcionamiento de la desalinizadora, fue arrojada a los canales del Campo de Cartagena y destinada al regadío, ya que estas conducciones tenían mayor cantidad de agua del Tajo para diluir la concentración de boro.

En los últimos doce meses, Canales del Taibilla-que abastece a más de 3 millones de personas en verano- ha desviado a los regadíos un hectómetro cúbico por culpa principalmente del boro, al no disponer de suficientes caudales naturales para mezclar.

Preocupación

Fue el presidente del Sindicato de Regantes del Tajo-Segura, Francisco del Amor, quien se interesó por el vertido de agua con boro a los canales de riego, que transportan caudales de mejor calidad.

El consejero murciano Antonio Cerdá se mostró ayer preocupado porque se mezclen aguas de diferente calidad, máxime cuando una de ellas tiene altos niveles de boro. El consejero explicó que el problema apunta a las membranas, «que se dilatan en verano y no retienen suficientemente este elemento».

Cerdá añadió que no quiere crear alarmismo, pero cree que el Ministerio debe tomar medidas para resolver el problema del boro.

A su juicio, «los niveles son todavía mayores de los que reconoce el ministerio de Medio Ambiente».

Problema resuelto

Fuentes del Gobierno central añadieron ayer que este problema quedará resuelto con las nuevas desalinizadoras, que están preparadas para producir agua con menos de 0,5 miligramos de boro por litro.

El máximo volumen desalinizado hará que la mezcla final en los canales y depósitos rebaje los 1,2 miligramos registrados en las dos desalinizadoras más antiguas, explican. La otra opción es establecer un sistema doble de ósmosis. Está en estudio.

Pero el problema del boro no sólo se ha planteado en las desalinizadoras existentes en la cuenca del Segura. Las plantas de este tipo que operan en Canarias, que son pioneras y por lo tanto tienen una tecnología más antigua, producen agua con alta concentración de boro que, con el aseo diario, causa problemas de irritación y escamas en la piel, según señalaron ayer fuentes cercanas al Partido Popular y conocedoras de la tecnología de desalinización.

Doble sistema

Las mismas fuentes consideran que la solución al problema planteado en la cuenca del Segura pasa por establecer un doble sistema de ósmosis inversa, pero advierten de que el coste de energía se disparará.

Apuntaron que en la desalinizadora de Valdelentisco -que adjudicó el anterior Gobierno del Partido Popular- se exigió a las empresas contratistas garantías de que el boro no iba a superar los 0,5 miligramos por litro.

El consejero murciano de Agua, Antonio Cerdá, señaló por su parte que el volumen de agua desalinizada está por debajo de las expectativas que preveía el programa AGUA. Sostiene que no supera los 40 hectómetros cúbicos por año, basándose en los datos que se expusieron en la última junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica.

Cortes frecuentes

Recuerda que, según el Ministerio de Medio Ambiente, la producción máxima debía ser de 72 hectómetros cúbicos, pero que no se puede alcanzar este objetivo debido a que se producen frecuentes cortes de energía eléctrica en las desalinizadoras.

Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente rechazan estos datos y subrayan que en este año hidrológico se habrán desalinizado 57,6 hectómetros cúbicos de agua, dado que la segunda planta desalinizadora de San Pedro del Pinatar se puso a plena producción a principios de este año.

Los regantes del campo del Júcar, en cuyo nombre -entre otros argumentos esgrimidos por el PSPV y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona- se modificó en 2005 el trazado original del trasvase por el que actualmente se encuentra en ejecución, no se opondrían a la construcción de una toma intermedia al margen de la que se ejecuta en la desembocadura.

Según fuentes del sector consultadas por ABC, el colectivo de regantes del Júcar vería con buenos ojos la construcción de esta toma, también en el cauce bajo del río pero a una altura suficiente como para evitar la contaminación del azud de la Marquesa. Asimismo, esta toma reduciría considerablemente otros problemas derivados del nuevo trazado, como superar la elevación del terreno, entre otros.

Durante el verano de 2005, en pleno debate sobre un recién planteado cambio de trazado, el PSPV logró romper la unidad de acción de los regantes, y el campo valenciano se posicionó a favor de la toma en Cullera, en lugar de en Cortes de Pallás, bajo la premisa de que cauce arriba «no había sobrantes que trasvasar».

Sin embargo, según las mismas fuentes, los regantes del Júcar avalarían la construcción de una toma intermedia, deseada tanto por la Junta Central de Usuarios del Vinalopó como por el Consell, con lo que se eliminaría de un plumazo la oposición de los donantes y de los supuestos receptores.

El azud de Antella

Una vez constatada la firmeza de la postura del Ejecutivo, reforzada con el aumento de financiación de fondos europeos para la infraestructura, el Consell se ofreció al Gobierno hace apenas unas semanas para construir, con financiación autonómica, una segunda toma compatible con la primera, en el azud de Antella.

El entonces conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, indicó que el Ejecutivo valenciano estaría dispuesto a construir esta toma intermedia -sin modificar el resto del trazado finalmente aprobado-, para garantizar la calidad de los caudales a trasvasar. En este sentido, García Antón aseguró que el agua del azud de Antella sería incluso aprovechable para el asbatecimiento urbano, algo que no sucede en la desembocadura del Júcar debido a su elevada conductividad y contaminación.

No obstante, la respuesta socialista fue inmediata, y desde el PSPV se acusó al Consell de «abrir nuevos frentes» a costa del trasvase, mientras el PPCV replicó que la toma propuesta por el Gobierno autonómico era la única que garantizaba la superación del problema endémico de carencia de recursos hídricos en el campo de Alicante.

Bacterias

En este sentido, conviene recordar que según un estudio elaborado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio que dirige Narbona, el agua que se pretende trasvasar desde el azud de la Marquesa no podrá utilizarse ni siquiera para riego, por su elevado contenido en bacterias y fitosanitarios. Asimismo, el actual proyecto de trasvase no contempla ningún tipo de tratamiento para desinfectar el agua.

Pese a ello, las obras del tramo C, en la desembocadura del Júcar, se dieron por iniciados a finales del pasado mes, tras sucesivas licitaciones y adjudicaciones. Precisamente, la Junta de Usuarios del Vinalopó -que aglutina a los destinatarios de un trasvase al que se oponen frontalmente- ha iniciado la preparación de una reclamación patrimonial a Medio Ambiente, por valor de los más de 750.000 euros de gastos derivados de la apertura del crédito sindicado -de 75 millones de euros- para pagar su parte del trazado original, a los que cabría sumar los costes derivados del retraso en las obras. Si el Gobierno no responde, lo llevarán a los tribunales

La presidenta del PP castellanomanchego, María Dolores de Cospedal, manifestó ayer que mientras no exista un Plan Hidrológico Nacional (PHN) de verdad el Gobierno no podrá garantizar agua a los regantes murcianos ni a Castilla-La Mancha.

Cospedal hizo estas consideraciones al ser preguntada por la reunión mantenida ayer por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y las ministras de Medio Ambiente y de Agricultura, Cristina Narbona y Elena Espinosa, con el comité de crisis de la cuenca del Segura, que integra a regantes, sindicatos, organizaciones agrarias, exportadores y cooperativistas.

La presidenta regional del PP insistió en que cualquier solución que no pase por un Plan Hidrológico «de verdad» no servirá, sino que serán «las políticas del PSOE de poner parches, de decir en una región una cosa y en la región contraria una cosa distinta». «Mientras no tengamos un PHN ni pueden asegurar a los regantes murcianos que van a tener agua ni pueden asegurar a los castellanomanchegos que vamos a tener el agua que necesitamos», dijo Cospedal.

A su juicio, la actual situación es responsabilidad del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por lo que en las próximas elecciones «todos los agricultores de este país van a tener bien claro a quien tienen que votar».

El Gobierno regional se mostró “moderadamente satisfecho” con la reunión mantenida entre la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega,  las ministras de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y Agricultura, Elena Espinosa, con los miembros del Comité de Crisis de la sequía de la cuenca del Segura.

El consejero de Agricultura y Agua de la Comunidad, Antonio Cerdá, aseguró, tras conocer el resultado de dicha reunión en la que el Gobierno central ha autorizado un riego de socorro de 20 hm3 a la cuenca del Segura, que “cualquier gota de agua es siempre bienvenida en Murcia, porque padecemos un déficit estructural”, aunque, resaltó, “los murcianos no debemos sufrir el Síndrome de Estocolmo porque llevamos toda la Legislatura con el agua secuestrada, y cualquier chorrico nos parece como venido del cielo”. “Cuando traen agua a Murcia cumplen con la obligación”, apostilló.

“Un riego de socorro de 20 hm3 no es la solución”, resaltó el consejero, “pero sí es un alivio para terminar el año hidrológico”, dijo y   agradeció, la “comprensión y la sensibilidad de la vicepresidenta de la Vega con los regantes murcianos por entender la necesidad de un riego de socorro teniendo en cuenta que hay excedentes de sobra en los embalses de cabecera”.

El consejero murciano aseguró que “a pesar de las declaraciones de Narbona que pronosticaban lo peor el pasado lunes, la vicepresidenta ha entendido el mensaje y la necesidad de atender la demanda de la agricultura más moderna y competitiva de Europa”.

“Si hubiera sido por la ministra Narbona los regantes hubieran vuelto de la Moncloa más secos que nunca”, dijo el consejero sobre las últimas manifestaciones públicas de la responsable de Medio Ambiente negando cualquier riego de socorro antes de octubre.

Menos ambigüedad y mayor contundencia con el Estatuto

Cerdá pidió a la vicepresidenta De la Vega que “aproveche la inercia de esta reunión y saque a la cuenca del Segura de la UVI, elimine la política de parches y realice una operación de verdad para corregir el déficit estructural de agua que padecemos”.

El consejero aseguró que “este tipo de decisiones debería tener continuidad en el tiempo”, para que “los agricultores murcianos abandonen la incertidumbre y la inseguridad en la que están sometidos y puedan programar sus plantaciones, sus cultivos y su actividad durante todo el año”, por lo que demandó a la vicepresidenta que “coja las riendas de la política hidrológica”, una política que dijo “debería ser de Estado, porque el agua es un recurso que debería ser compartido por todos los españoles”.

Con respecto a la reforma de Estatuto de Castilla-La Mancha, el consejero murciano pidió al Gobierno central “menos ambigüedad y mayor contundencia con el futuro del acueducto”, y aseguró “que más que las palabras y las buenas intenciones los murcianos creemos en la política de los hechos”. “Por desgracia los hechos durante esta legislatura han sido derogar el trasvase del Ebro, reducir las aportaciones del Tajo-Segura  y crear una inseguridad total respecto al futuro de esta infraestructura”, concluyó.

El Ministerio de Medio Ambiente prometió al modificar el trazado del trasvase Júcar-Vinalopó que la provincia de Alicante recibiría más agua, de mayor calidad y en menos tiempo. No obstante, la sociedad estatal que promueve la infraestructura, Aguas del Júcar S.A. (AcuaJúcar), admitió primero que la conductividad -nivel de sales disueltas en el agua- era superior a la prometida, y después descartó que el caudal del trasvase se pudiese destinar al consumo humano.

Sin embargo, y según los datos que maneja el propio Gobierno, el agua de la toma en el azud de la Marquesa, en Cullera -en la desembocadura del Júcar- no se podrá destinar ni siquiera a regadío. De hecho, la contaminación del agua multiplica por 600 el límite máximo que se permitirá una vez aprobada la modificación de la Ley de Aguas, impulsada por el mismo Ministerio.

Según una de las prospecciones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a la que ha tenido acceso ABC, el nivel medio de coliformes fecales -una bacteria cuya presencia se utiliza para medir la salubridad del agua analizada- al final del río Júcar es de 120.550 unidades por cada 100 mililitros (120.000 UFC/100 ml).

Aunque desde 1989 la mayoría de países se rige por los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece un límite de 1.000 coliformes por cada 100 mililitros, el anteproyecto de Ley de Aguas prevé reducir considerablemente dicho umbral. En la actualidad no existe legislación al respecto, pero el citado anteproyecto recomienda que el límite de coliformes no exceda las 200 unidades por muestra de agua.

El exceso de coliformes sobre las recomendaciones de Medio Ambiente se multiplica todavía más si el parámetro que se considera es el de los coliformes totales, y no sólo los fecales -de origen animal-. Según el mismo estudio, el nivel medio de bacterias de esta familia en el periodo analizado asciende a 2.645.000 UFC/100 ml.

Remitido a Bruselas

Los datos de contaminación corresponden a la prospección que la CHJ realizó cerca de la desembocadura del Júcar durante el pasado verano -entre los meses de mayo y agosto de 2006-, en la que analizó diversos parámetros. Si bien son varios los niveles que sobrepasan los recomendados, el caso más llamativo es el de los coliformes fecales, que superan ampliamente el límite de seguridad para utilizar el agua en regadío.

Por otra parte, la prospección se realizó en la estación JUJ602, en el Huerto de Mulet -cuatro kilómetros antes del punto donde el Gobierno construye la toma del trasvase-, y por tanto el agua está menos contaminada, si cabe, que en el azud de la Marquesa.

Curiosamente, este estudio se incluye entre la documentación que el Ejecutivo remitió a la Comisión Europea (CE), para solicitar la ampliación de la financiación con fondos FEDER, que se ha esgrimido como el principal aval para el cambio de trazado.

Los coliformes son unas bacterias de origen animal o vegetal, presentes en las heces -de ahí la diferenciación entre coliformes totales y fecales-, y que se reproducen en presencia de materia orgánica, como es el caso. Entre sus efectos se cuenta la fermentación de la lactosa a determinada temperatura, por lo que producen ácido láctico y gases.

Efectos nocivos

La presencia de coliformes como indicador de la seguridad en los alimentos se encuentra muy restringida -en el agua potable, por ejemplo, el número de coliformes debe ser igual a cero, mientras en los alimentos no puede superar un nivel mínimo-. Sin embargo, las bacterias disueltas en el agua de riego pueden introducirse en los cultivos regados con ese caudal.

Si se consumiesen los cultivos regados con un nivel de bacterias como el que muestra el referido informe, los efectos sobre el organismo -y especialmente sobre el aparato digestivo- podrían llegar a ser notablemente perjudiciales, según fuentes médicas consultadas por ABC. Así, aunque se finalice el trasvase propuesto por Medio Ambiente, se necesitaría, al menos, de un intenso proceso de depuración.

Pese a ello, AcuaJúcar hizo firme el cambio de trazado -propuesto por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en el verano de 2005- en junio con el inicio de las obras.

La modernización de los regadíos y la desaparición de grandes superficies de cultivo debido al avance de las urbanizaciones hará probablemente que los agricultores de la cuenca del Segura necesiten menos agua. Asimismo, su dependencia de las aportaciones de la cabecera del Tajo se verá complementada en los años de escasez con la producción de agua desalinizada.

La demanda oficial de los regadíos, establecida en 1.660 hectómetros cúbicos anuales, puede experimentar un descenso en el nuevo plan de cuenca que empieza elaborarse este mes con la convocatoria, el día 19, del Consejo del Agua de la Cuenca que dará la señal de salida al proceso. Este plan, junto con el de las demás cuencas hidrográficas, debe estar aprobado en el año 2009. No estará exento de conflictos, por cuanto el déficit oficial del Segura, establecido en 460 hectómetros anuales, también puede verse reducido. Asimismo, hay otro aspecto de vital importancia, ya que se fijará de nuevo el volumen de aportaciones externas que precisan Murcia, Alicante y Almería. El Ministerio de Medio Ambiente y la Administración socialista no se plantearán nuevos trasvases hasta que estos planes estén aprobados, eso suponiendo que para entonces mantenga abierta la opción de las transferencias entre ríos.

Necesidades a 20 años vista

En la elaboración del nuevo plan de cuenca tendrán que participar activamente todos los ayuntamientos, sobre todo los de Murcia, Alicante y Albacete que están dentro del territorio del Segura. la Confederación Hidrográfica se dirigirá a todos los alcaldes para que aporten los datos de sus necesidades futuras de agua, al menos a 20 años vista, acorde con los incrementos de población previstos y la actividad urbanística. La Confederación da por hecho que la demanda urbana aumentará sensiblemente. En el año 1996 se estableció en 217 hectómetros cúbicos anuales, la mayoría procedentes de la cabecera del Tajo -máximo 131 por año, en destino-. El antiguo plan apuntaba que para el 2006 esa demanda subiría hasta los 255 hm3. mientras que en el horizonte del 2016 se incrementará hasta los 260. La desalinización podrá aportar unos 160, ampliables a 200, y el resto tendrá que seguir llegando del Tajo.

Este Reglamento da cumplimiento a los mandatos contenidos en la Ley de Aguas y en la Directiva Marco del Agua.

La Planificación se realizará mediante los Planes Hidrológicos de Cuenca y el Plan Hidrológico Nacional.

En la elaboración de este Reglamento han participado las Comunidades Autónomas y los demás miembros del Consejo Nacional del Agua.

09. Julio ´07 – El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión del viernes, el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica, que da cumplimiento a los mandatos contenidos en la Ley de Aguas y en la Directiva Marco del Agua.

La planificación se realizará mediante los Planes Hidrológicos de Cuenca y el Plan Hidrológico Nacional. El ámbito territorial de cada Plan Hidrológico de Cuenca será el que corresponda con cada Demarcación Hidrográfica.

Las principales novedades del nuevo proceso de planificación son: la integración de las aguas continentales, de transición y costeras; la importancia que adquieren los objetivos medioambientales (el buen estado de las aguas); los análisis económicos coste-eficacia en los programas de medidas; el establecimiento de una política de precios en los servicios del agua que incentive la gestión racional y sostenible de los recursos; y la participación pública y la coordinación y cooperación entre la administraciones competentes en las Demarcaciones Hidrográficas. Además, los planes hidrológicos serán objeto del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica.

Los objetivos generales de la planificación hidrológica son: conseguir el buen estado y la adecuada protección del Dominio Público Hidráulico y de las aguas objeto de la Ley de Aguas; la satisfacción de las demandas de agua y el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.

Para ello, la planificación hidrológica sigue criterios de sostenibilidad en el uso del agua mediante la gestión integrada y la protección a largo plazo de los recursos hídricos, la prevención del deterioro del estado de las aguas, la protección y mejora del medio acuático y de los ecosistemas acuáticos y la reducción de la contaminación. Además, contribuirá a paliar los efectos de las inundaciones y las sequías.

CONTENIDO DEL REAL DECRETO

El Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica está estructurado en cuatro títulos y cinco anexos.

El primer título explica el contenido de los planes. En lo que se refiere a los planes hidrológicos de cuenca hace referencia a los siguientes aspectos: su contenido obligatorio; descripción general de la Demarcación Hidrográfica; descripción general de los usos, presiones e incidencias; zonas protegidas; evaluación del estado de las aguas y redes de control; objetivos medioambientales; análisis económico del uso del agua; programas de medidas; contenidos obligatorios, y previsiones de los planes hidrológicos de cuenca. En cuanto al Plan Hidrológico Nacional, este título primero se refiere a sus contenidos que son fundamentalmente la coordinación de los planes hidrológicos de cuenca, las condiciones de las transferencias y las modificaciones en la planificación.

El título segundo trata de la elaboración y aprobación de los planes hidrológicos, tanto de los planes hidrológicos de cuenca como del Plan Hidrológico Nacional.

El título tercero habla de su seguimiento y revisión. Así, establece que el Ministerio de Medio Ambiente publicará cada cuatro años un informe de seguimiento sobre la aplicación de los planes hidrológicos de cuenca y del Plan Hidrológico Nacional, que será sometido a la consideración del Consejo Nacional del Agua. Además, según establece la Directiva Marco del Agua, los ciclos de planificación serán de seis años.

El título cuarto se refiere a los efectos de los planes hidrológicos y prevé que éstos sean públicos y vinculantes. Tras su aprobación, todos los trabajos de investigación, estudios, proyectos y obras previstos en el Plan pasan a ser declarados de utilidad pública.

Por último, el Real Decreto recoge cinco anexos en los que contemplan los siguientes aspectos: regiones ecológicas y descriptores para la clasificación en tipos de masas de agua superficial; factores obligatorios u optativos para la clasificación en los tipos de las masas de agua superficial; normativa comunitaria sobre protección de las aguas; listado de sustancias peligrosas, y definiciones normativas de las clasificaciones del estado ecológico.

Una nueva polémica está servida. Comunidades de regantes dependientes del trasvase Tajo-Segura han denunciado que el Ministerio de Medio Ambiente está anulando concesiones de agua «en amplias superficies» de la cuenca porque no han sido regadas en los tres últimos años. Juan Sánchez, presidente de la Comunidad de Regantes de la zona V, que comprende los municipios de Las Torres de Cotillas, Ceutí, Lorquí y parte de Archena, ha planteado su queja ante el comité de crisis de la sequía y la junta de gobierno del sindicato central para impedir que la confederación hidrográfica del Segura siga adelante con sus planes.

Todo parte de una disposición de la Ley de Aguas de hace 27 años que antes no se aplicaba, según los regantes. Algunos de ellos creen ver un intento de reducir el déficit real de la cuenca del Segura aprovechando la revisión del plan de cuenca. Según el comisario de Aguas, Manuel Aldeguer, se están limitando a cumplir la ley de Aguas mediante el llamado «programa Alberca», que trata de detectar las superficies que realmente se riegan y anular las concesiones de agua de terrenos que llevan «muchos años» sin cultivar.

Más de 400 hectáreas

Las hectáreas que se han quedado sin concesiones por este motivo pueden superar las 400, según fuentes del Sindicato Central de Regantes. Su pesidente, Francisco del Amor, confirmó ayer la denuncia planteada el pasado lunes por los regantes de esta zona, y anunció que piensa solicitar una reunión con el comisario de Aguas, Manuel Aldeguer, «para pedir aclaraciones».

Los regantes no están de acuerdo con la interpretación que se hace de la Ley de Aguas de 1985, en la que se basa la Confederación para declarar la caducidad de las concesiones. El secretario general del sindicato, José Manuel Claver, pide que se arroje luz sobre este punto de la ley. Considera que las tierras regables incluidas dentro de una comunidad de regantes no se pueden declarar no regables. «Una cosa es la concesión y otra distinta una zona regable perfectamente delimitada. Si esta última hubiera estado tres años sin regar, por diversas circunstancias que todos conocemos, no se puede quedar fuera por este motivo».

Según el sindicato, técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura y de empresas auxiliares están inspeccionando diversas zonas y abriendo expedientes que pueden terminar con la pérdida de la concesión de agua.

Derechos «confiscados»

El presidente de la Comunidad de Regantes de la zona V, Juan Sánchez Sánchez, apunta que la supresión de concesiones de agua se está aplicando en zonas de riego incluidas dentro de los perímetros aprobados previamente por la propia Confederación Hidrográfica del Segura. Cree que se ha actuado bajo el amparo de un artículo de la Ley de Aguas de 1985 que nadie había aplicado hasta ahora «por ser injusto». «En la práctica significa que quienes han tenido que dejar de regar parte de sus tierras por falta de agua, y han destinado el caudal que les correspondía a otra parte de sus parcelas, pierden sus derechos de riego sobre las zonas que no han podido regar», señala.

Sánchez cree que la Administración central es la responsable del abandono involuntario de tierras por no aportar el agua necesaria. «Si poco a poco se reducen los regadíos, nuestra región será un desierto. Le habrá servido al Gobierno como excusa para reducir el déficit real que existe».

El director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, no dudó en responsabilizar ayer a Valencia de no utilizar al máximo los caudales de que dispone. A renglón seguido indicó que, antes de pedir agua de otros territorios, habrá que sacar el mayor partido posible a la que se dispone. Así que la exigencia de la Comunidad Valenciana de que se retome el proyecto de trasvase del Ebro es algo que, a juicio de Palop, no se puede sostener hoy por hoy, a tenor del agua que en el Levante se pierde por una incorrecta gestión de los recursos hídricos.

Todo esto lo dijo Palop ayer en Zaragoza, un enclave geográfico proclive a aplaudir lo que suponga de negativa al trasvase del Ebro. «el hecho de que Valencia y su área metropolitana esté echando al mar más de cien hectómetros cúbicos de agua de la depuradora de Pinedo sin reutilizarse da una idea del esfuerzo que hay que hacer todavía, internamente, antes de pedir la solidaridad de los demás».

Por si no hubiera quedado suficientemente claro, Palop remachó en otro momento de sus declaraciones a los medios de comunicación zaragozanos: «antes de solicitar la solidaridad de nadie, mucho antes, mucho antes de crear tensiones sociales y territoriales, es fundamental agotar los recursos propios». En una frase, el director general del Agua fundió varios mensajes dirigidos a Valencia. Uno, el reproche por, a su juicio, no utilizar al máximo los recursos hídricos de que dispone esa Comunidad autónoma. Y, otro, en tono también de reproche, acusar de «crear tensiones» a quienes defienden el trasvase del Ebro.

Y en este reproche no dudó en incluir a los socialistas valencianos. Palop, preguntado por la nueva reclamación del trasvase del Ebro que ha hecho el PSOE de Valencia, afirmó que lo que ocurre es que hay «un poco de desenfoque de la cuestión» por el impacto que en este partido ha tenido la derrota en las últimas elecciones autonómicas.

Los «problemas» del campo

A juicio del director general del Agua, la Comunidad valenciana parte de un error a la hora de reclamar el trasvase para beneficiar a la agricultura. Y es que, en su opinión, lo que le ocurre a la agricultura valenciana es que tiene otros problemas de fondo: «el hecho de que lleven campañas enteras con los cítricos colgados en los árboles sin recoger tiene muy poco que ver con que si hay agua en el Ebro o no hay agua en el Ebro», declaró.

Palop pidió a todas las regiones, incluida la Comunidad Valenciana, que se aplique el criterio en el que insiste el Ministerio de Medio Ambiente: «primero hay que acabar con los recursos propios y demostrar que no se tienen recursos suficientes para poder seguir ejerciendo actividades económicas» y «sólo en ese caso, y como última posibilidad, es cuando se debe pedir agua a otros».