La legislatura del agua ha salido mal parada. Ni se crearán los Bancos Públicos del Agua, ni se pagará el precio real del agua, ni se controlarán los pozos ilegales. Todas estas medidas estrella que había anunciado la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se han quedado en papel mojado, porque la reforma de la ley de Aguas que pretendía no saldrá adelante, como ya publicó ABC en marzo. Ayer lo reconocía la propia Narbona en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.

En su lugar, el Gobierno aprobará antes de finales de año un real decreto que incluirá todos aquellos aspectos de la prevista reforma que no necesiten rango de ley y que ya cuenta con el respaldo de la mayoría del Consejo Nacional del Agua. En concreto, la norma regulará la gestión del Dominio Público Hidráulico, en particular la protección en las zonas inundables; incrementará los niveles de seguridad de las presas y tratará de homogeneizar los criterios de aplicación de sanciones por daños causados sobre el dominio público hidráulico.

En el fondo, la reforma de la ley de Aguas se ha paralizado por las tensiones que han provocado los diferentes Estatutos, aprobados por distintas comunidades autónomas, que «blindan» el agua de los ríos que pasan por sus territorios. El consenso no fue posible entre las comunidades, las cuales, en definitiva, temían ver mermada la disponibilidad de sus recursos hídricos si la reforma salía adelante. La propia Narbona lo reconocía ante la Comisión del Congreso, donde defendió un modelo que «goce de la máxima estabilidad en el tiempo».

Costes del agua

Pero también hubo otra polémica que ha detenido la reforma, como dijo la ministra. La determinación de los costes del agua de acuerdo con las exigencias de la Unión Europea fue «rebatida de forma muy dura», según sus palabras, por el Consejo Nacional del Agua, donde están representadas comunidades y asociaciones de regantes, agrarias y ecologistas. Sobre este aspecto, Narbona abogó por seguir trabajando para dar pasos que sean compartidos por el sector agrícola, uno de los principales afectados por la reforma de la ley de Aguas.

El grupo popular en el Ayuntamiento de Benidorm será el primero en materializar la ofensiva del PPCV para reivindicar el trasvase del Ebro y el trazado original del Júcar-Vinalopó, así como para cuestionar la política hídrica del Gobierno socialista, basada en la construcción de desaladoras en el litoral de la Comunidad.

Así, el equipo de gobierno del Consistorio benidormí presentó ayer la moción, que elevará al próximo pleno municipal, en la que rechazan «el plan masivo de implantación de desaladoras» y solicitan recuperar el trasvase del Ebro y el Júcar-Vinalopó con la toma en Cortes de Pallás. El portavoz popular, Antonio Pérez, presentó el texto de la moción, que se incluye en la campaña anunciada por el PP en la Comunidad para reclamar al Gobierno soluciones al déficit hídrico en la región.

La iniciativa de los populares benidormíes se produce en una coyuntura en la que el trasvase al Vinalopó se encuentra fuertemente cuestionado por la calidad de las aguas en la desembocadura del Júcar, y por la parálisis de las obras iniciadas el pasado mes de julio. Así, el trasvase apenas cuenta con usuarios para el caudal a transferir.

Asimismo, resulta especialmente significativo que Benidorm inaugure la ronda de mociones, dado que el último conflicto a cuenta de la desalación -cuando no se ha superado todavía el abierto en Torrevieja- se ha producido en la localidad de Denia, también en las comarcas de las Marinas.

«Retroceso»

Pérez afirmó que el Gobierno del PSOE «ha supuesto un retroceso en la política del agua», en la que ha seguido «los dictados de grupos políticos radicales a cambio de sus votos para sostenerse en el Gobierno».

La moción rechaza «el plan masivo de implantación de desaladoras del Ministerio de Medio Ambiente» por «sus evidentes carencias y los graves perjuicios que ocasionarán».

En el texto los populares piden a la titular del citado Ministerio, Cristina Narbona, que «rectifique el actual trazado del Júcar-Vinalopó», al tiempo que «no se reduzcan los aportes del trasvase Tajo-Segura». Por último, la moción recoge la exigencia de recuperar el trasvase del Ebro, «pieza esencial para mantener una política hídrica coherente».

Con la presentación de esta moción, que podría materializarse la próxima semana en el pleno ordinario, el alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, adoptará una posición más beligerante en la cuestión hídrica, pese a que su turístico municipio no se ha visto afectado por la sequía endémica del Vinalopó y la Vega Baja -y, de hecho, su gestión del agua ha merecido múltiples reconocimientos-.

En cuanto a las desaladoras, el texto afirma que «son para casos determinados» y considera que con los cambios realizados por el Gobierno al Programa AGUA provocarán «importantes perjuicios medioambientales y energéticos por los vertidos de salmueras al mar». La moción añade que la demanda de energía conllevará «problemas de suministro» para la población y la actividad turística, y «la necesidad de nuevas líneas y subestaciones».

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, considera que «llegará un momento», de seguir así la situación del clima, en que el trasvase Tajo-Segura se tenga que utilizar «al revés», es decir, «desde el Mediterráneo a la Meseta».

En una entrevista en el programa de Antena 3 ‘El Espejo Público’, Barreda aclaró que mientras los recursos hídricos del Tajo se van mermando, en el Mediterráneo siempre habrá una posibilidad «ilimitada» de conseguir agua y, además, las desalinizadoras son cada vez son más eficaces.

Mientras que las comunidades del litoral mediterráneo -dijo Barreda- tienen una alternativa para abastecerse de agua, Castilla-La Mancha no tiene salida al mar.

Sobre si se logrará poner fin al trasvase Tajo-Segura en el año 2015 como ha pedido Castilla-La Mancha, José María Barreda, indicó que «va a ser la demanda y el uso que los castellano-manchegos hagamos del agua lo que hará acabar con el trasvase«.

Recordó en este sentido que la Ley del Trasvase da prioridad a la cuenca cedente en el uso del agua, un bien necesario para seguir creciendo, por lo que no puede aceptar que «el agua sea un factor que limite nuestro desarrollo».

«El desarrollo sostenible de Murcia -insistió el presidente Barreda- no puede estar basado en un recurso escaso, que les queda lejos y sobre el que tenemos prioridad«.

Preguntado por sus relaciones con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el presidente de Castilla-La Mancha dijo que aunque tiene «discrepancias en algunas cuestiones» hay una «colaboración muy eficaz» con el Ministerio.

Recordó la firma, hace dos años, de un convenio para efectuar inversiones hidráulicas en la comunidad, como nunca antes se habían hecho», por encima de la media nacional por habitante.

Sobre la campaña de la vendimia y los temporeros que trabajan ilegalmente, Barreda dijo que este año se han hecho más del doble de contrataciones que en 2006, más de catorce mil, aunque reconoció que se ha de mejorar en las condiciones laborales de la mano de obra inmigrante.

De cualquier forma, dejó claro que «no le gusta que se criminalice a todos el sector», dijo en defensa de aquellos viticultores que tienen a sus temporeros en regla.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín, hicieron ayer balance de la Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (COP 8), que se inauguró el pasado 3 de septiembre en Madrid y finalizó el pasado fin de semana.

La Conferencia concluyó con la adopción de importantes decisiones que facilitarán la puesta en marcha de acciones concretas para luchar contra la desertificación, muchas de ellas impulsadas desde la Declaración de Madrid, que constituye una “hoja de ruta” auspiciada por la ministra de Medio Ambiente para combatir estos procesos en todo el planeta. El documento incentiva la instauración de indicadores que permitan evaluar con criterios homogéneos los efectos de la desertificación en todo el planeta y los costes que acarrea la degradación y pérdida de suelo.

Asimismo, impulsa el refuerzo de las relaciones científicas y tecnológicas y la cooperación entre las tres Convenciones de Naciones de Unidas: Desertificación, Biodiversidad y Cambio Climático. Hay que destacar que en la COP celebrada en Madrid comparecieron, por primera vez juntos, los secretarios ejecutivos de las tres convenciones ante los medios de comunicación, tras un encuentro promovido por Cristina Narbona.

La ministra de Medio Ambiente trabajará por el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en Madrid durante los dos próximos años, en los que presidirá el Buró de la Convención.

La conferencia también adoptó un Plan Estratégico a 10 años que supondrá una remodelación de la Convención y los órganos que la componen para mejorar su aplicación y aumentar la eficacia de los recursos disponibles para luchar contra la desertificación. Lamentablemente, no se pudo acompañar de la aprobación del presupuesto para el Secretariado de la Convención a causa del veto que impuso Japón cuando todas las delegaciones habían alcanzado un acuerdo.

Asimismo, durante la reunión, en la que han participado delegaciones de 191 países, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales; se celebraron dos reuniones paralelas y simultáneas: por una parte, el encuentro de Ministros y representantes internacionales de Alto Nivel en el que se discutió sobre la «Desertificación y adaptación al Cambio Climático»; y laSéptima Mesa Redonda de Parlamentarios en el Congreso de los Diputados, que sirvió de intercambio de impresiones e interacción entre parlamentarios sobre el desarrollo sostenible y la desertificación.

Además, con carácter previo a la celebración de la COP 8, los días 1 y 2 de septiembre se celebró la reunión de ONG y otros agentes sociales. Cristina Narbona reclamó ante la COP un papel más activo de la sociedad civil y apoyó la propuesta presentada por las ONG para crear en la próxima Conferencia un grupo de trabajo en la que estén representadas.

CONTRIBUCIÓN DE ESPAÑA A LA CONVENCIÓN

El importante apoyo que España presta a la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación se ha incrementado en los últimos años, pudiéndose citar la organización del II Simposio Internacional sobre Desertificación y Migraciones, celebrado en Almería entre los días 25 y 27 de octubre de 2006, en el marco de los actos conmemorativos del Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación, o las contribuciones voluntarias al Presupuesto de la Convención y al Mecanismo Mundial, órgano subsidiario de la Convención; así como la celebración de la COP 8.

Además, España contribuye de forma creciente a la financiación de proyectos de lucha contra la desertificación en países en vías de desarrollo: desde el año 2001, se han destinado a esta finalidad 160 millones de euros (60 millones de euros en 2007), habiéndose duplicado en esta legislatura los recursos destinados a la ayuda al desarrollo en África.

Entre los proyectos que se desarrollan desde la cooperación española en esta materia se encuentran, a través del Programa Azahar, los dedicados a la conservación de suelos y gestión sostenible del agua en el Magreb y Oriente Medio, entre los que se pueden citar el programa de desalinización fotovoltaica en Túnez y la instalación de potabilizadoras y desalinizadoras de agua en Egipto y Mauritania.

En África subsahariana se presta una especial atención a los programas de acceso al agua potable y saneamiento, así como al fortalecimiento de las instituciones de gestión medioambiental y a la gestión sostenible de la biodiversidad y la protección de ecosistemas vulnerables, en países como Cabo Verde, Kenia, Mozambique, Sudán y Angola.

En esta zona se desarrollan, además, importantes proyectos multilaterales, como el proyecto Agua en África 2006-2007, a través de la FAO, consistente en una mejora de eficacia en gestión y uso del agua.

Otra de las obligaciones de la Convención es la contribución de todos los países firmantes a su propio funcionamiento, así como al denominado “mecanismo global” o fondo especializado gestionado por Naciones Unidas. En el cuadro adjunto se aprecia la evolución creciente de las aportaciones de España, que han pasado de 160.000 euros en 2004 a 5,6 millones de euros en 2007. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, subrayó en la inauguración de la Conferencia de las Partes la urgencia de una mayor implicación de los países más desarrollados en la mitigación de un fenómeno que afecta en particular a los países más pobres, pero que se extiende cada vez más a causa del cambio climático, la deficiente gestión del agua y la deforestación.

ACTUACIONES E INVERSIONES DEL MINISTERIO

Para reforzar y coordinar todas las acciones dirigidas a la lucha contra la desertificación, el Ministerio de Medio Ambiente está ultimando, tras un laborioso proceso de elaboración, el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND), cumpliendo así con la principal obligación contraída por nuestro país como firmante en 1994 de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.

El PAND constituye una estrategia, que requerirá la implicación de las CC.AA., que contribuirá a promover un desarrollo sostenible en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas españolas, previniendo la degradación de las tierras y la desertificación y facilitando la recuperación de las zonas afectadas.

En el periodo 2004-2007, el Ministerio de Medio Ambiente ha destinado más de 3.000 millones de euros a acciones dirigidas a la lucha contra la desertificación. Parte de estas inversiones se han puesto en marcha a través de la firma de convenios con las Comunidades Autónomas. Estas inversiones permiten acometer actuaciones que abarcan desde medidas para la implantación de cubierta vegetal protectora y fijadora de suelos y la potenciación de la agricultura ecológica a la prevención y extinción de incendios.

Asimismo, en el contexto del Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) el Ministerio de Medio Ambiente ha aprobado los Planes Especiales de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía, que permiten minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de la sequía en todas las demarcaciones hidrográficas, constituyéndose en una eficaz herramienta para luchar contra la desertificación.

El aumento de las inversiones destinadas a lucha contra la desertificación desde el Ministerio de Medio Ambiente impulsado desde el inicio de la presente legislatura se mantendrá durante los próximos años, de forma que hasta 2010 se triplicará la inversión media anual del periodo 2001-2003 y más que duplicará la del periodo 2004-2007.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) manifestó, ante la decisión el Ejecutivo de La Rioja de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de autonomía de Aragón y, de esta forma, «hipotecar» el agua del Ebro que pasa por ambos territorios, que la planificación hidrológica nacional es competencia «única y exclusiva» del Estado central en las cuencas que discurren por varias regiones.

El recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por La Rioja se centra en los artículos 19 y 72 del Estatuto de Aragón y en la disposición adicional quinta de la reforma, al entender que ésta invade competencias del Estado y de esta Comunidad en la gestión del agua del Ebro.

Fenacore recuerda que es un «error político» que los recientes estatutos de autonomía de las distintas comunidades entren a regular una competencia exclusiva del Estado, ya que las competencias sobre cuencas intercomunitarias no pertenecen a las regiones, sino al Estado Central, tal como reconoce la Ley de Aguas y la Constitución.

En este sentido, los regantes insisten en que los ríos que atraviesan varias comunidades -con independencia del color y signo del partido que las gobierne- deben ser planificados y gestionados por el Estado, con el fin de evitar la «instrumentalización» del uso del agua que sólo conduce a «hipotecar» los ríos y a provocar «guerras del agua».

La Federación de Regantes recordó que la «contaminación política» del agua ha causado durante estos últimos años desencuentros poco afortunados entre las distintas Administraciones Públicas y un gran perjuicio para los usuarios por el retraso que supone para la planificación hidrológica nacional.

Las duras críticas del consejero de Agricultura de Aragón, el socialista Gonzalo Arguilé, a la ministra Cristina Narbona por el escaso avance de las obras hidráulicas pendientes en Aragón generó ayer una fuerte polémica.

La rectificación, en menos de 24 horas, del propio miembro del Ejecutivo de Marcelino Iglesias, trató de atajar el encontronazo entre representantes del mismo partido, pero para entonces sus palabras ya habían tenido un notable eco y dejaron un importante reguero de reacciones.

Arguilé, en su primera comparecencia en la Comisión de Agricultura de las Cortes aragonesas en esta legislatura, reconoció en la tarde del pasado miércoles que la actual ministra de Medio Ambiente «no es santo» de su «devoción» porque las obras hidráulicas que necesita Aragón y que dependen de su Ministerio «no avanzan». Preguntado por los representantes de la oposición por el retraso en las obras del Pacto del Agua de 1992, admitió abiertamente que no comparte la gestión de Narbona y que es él mismo quien sufre las consecuencias, al tener las competencias en la creación y modernización de regadíos.

Por ello, estimó que la ministra debería de «dar cuenta» de su gestión y si se demuestra que no lo ha hecho bien, al consejero le «gustaría» que la relevaran para ver si «otro» lo hace mejor, señaló.

«No se merece otra cosa»

Para regar, insistió, «hace falta agua» y por eso es urgente y necesario, a su juicio, el desarrollo del recrecimiento del embalse de Yesa y las obras de Biscarrués para la regulación del Gállego, «piezas clave» del Pacto del Agua de Aragón que hay que «acelerar al máximo». «Si Narbona los hace diré OK, y si no, la seguiré criticando porque no se merece otra cosa», concluyó el consejero.

La ministra tuvo que salir ayer al paso de estas críticas y manifestó el «compromiso expreso» de su departamento de agilizar las actuaciones en curso del Pacto del Agua y de dar, para ello, mayor protagonismo a las instituciones del Gobierno de Aragón.

En una rueda de prensa en el marco de la octava Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, Narbona aseguró que la inversión ejecutada en Aragón sobre las grandes obras comprometidas en el Pacto del Agua de 1992 «se está acelerando precisamente en esta legislatura», informa Efe. Recordó, en este sentido, que muchas de esas actuaciones habían quedado «absolutamente paralizadas por problemas que afortunadamente se están resolviendo» y se mostró convencida de que esta Legislatura se cerrará «con un grado de avance bastante significativo».

En la misma mañana de ayer, el consejero se vio forzado a engullirse sus palabras y el Gobierno de Aragón emitió una rectificación institucional, en la que Arguilé lamenta «profundamente» lo sucedido y confiesa que se salió «del tiesto de una manera poco política e irrespetuosa». «En ningún momento», rectifica, su intención fue «disminuir los méritos» de Narbona y mucho menos «enturbiar las buenas relaciones» con el Gobierno de Aragón. «Creo que la ministra puede y es capaz de llevar a buen puerto las obras hidráulicas que fueron acordadas en la Comisión del Agua y sé las dificultades que lleva consigo la ejecución de dichas obras a pesar de los acuerdos», se corrige.

Trató de explicar su comportamiento arguyendo que los que están «a pie de obra, recibiendo la presión directa de los usuarios, la presión política y la angustia de los regantes», en momentos muy concretos vierten opiniones poco acertadas «que molestan a quien las recibe». Así, explicó que el miércoles estuvo con regantes que le «trasladaron una vez más su preocupación por el retraso de las obras y el problema que se puede generar entre el avance de la transformación y la capacidad de agua embalsada».

El PAR comparte las críticas

Los portavoces del PP, el PAR e IU en las Cortes comparten las críticas iniciales del consejero, mientras que a CHA no le sorprenden y el PSOE las achaca al «ansia» por que se aceleren las obras. El PAR, que es socio de gobierno de Iglesias, ya vienen criticando a Narbona por el retraso en las obras, aunque un encuentro entre el consejero de Medio Ambiente, el aragonesista Alfredo Boné, y ella habían atenuado hace unos días las diferencias.

El portavoz del PP, reclamó ayer la dimisión de Arguilé «porque con su rectificación se alinea con el Gobierno de Zapatero al tiempo que evidencia una absoluta sumisión».

La revelación por parte del secretario del PSOE murciano de que el Ministerio de Medio Ambiente estudia una opción para enviar al Segura agua del Tajo desde Extremadura ha destapado la caja de los truenos en aquella comunidad. Primero fue el Gobierno extremeño quien negó que esa posibilidad se haya planteado «porque en este momento no toca». Ahora lo ha hecho la Federación de Regantes de la cuenca del Tajo, que reunió el pasado viernes a su junta directiva para advertir de que no existen sobrantes de agua en el curso bajo del Tajo, entre Castilla-La Mancha y Extremadura. El vicepresidente de este organismo, Francisco Gómez Rodulfo, declaró ayer a este diario que ellos también sufren sequía.

Además de Extremadura, el Ministerio estudia, a nivel técnico, las opciones del Jarama y del Tajo medio para resolver definitivamente el déficit del sureste, según publicó ABC.

En la actualidad, los pantanos del Tajo almacenan 5.200 hectómetros, la mayoría en territorio extremeño. Si se suman además las reservas del Guadiana, el volumen total almacenado en esa comunidad roza los 9.000 hectómetros, según cálculos conservadores. La situación en el seno de la Federación de Regantes del Tajo -que agrupa a unos 90.000 agricultores, principalmente del norte de Extremadura y de la comarca de Talavera- se ha complicado en los últimos días debido a la dimisión de su presidente, Ramón Delgado Cid, «por temas personales». El sucesor provisional, Francisco Gómez, negó ayer que el relevo tuviera que ver con el ofrecimiento que hizo su antecesor a los regantes murcianos de vender toda el agua que quisieran.

Según declaró el dirigente de los regantes del Acueducto Tajo-Segura, Francisco del Amor, el dimisionario le comunicó en varias ocasiones que «tenían los pantanos llenos» y que estaban «dispuestos a vender toda el agua que hiciera falta, porque les sobraba».

Ahora el mensaje es otro, según los nuevos responsables de los regantes del Tajo. Tras la reunión que mantuvieron el pasado viernes emitieron un nota advirtiendo de que «no ha existido una oferta oficial por parte nuestra de vender agua al Segura», explicó ayer Francisco Gómez. «Negamos que en el norte de Extremadura existan excedentes de agua, ya que también sufrimos periodos cíclicos de sequía». En tercer lugar, indicó que «somos solidarios con el problema del agua en Murcia y el sureste, pero es algo que debe resolverse a nivel nacional». Por ello, califica de «inviable» un trasvase del Tajo al Segura desde los grandes pantanos de Extremadura.

6.000 hectómetros sobrantes

Los estudios técnicos que sirvieron de base al Plan Hidrológico indican que se puede disponer en Extremadura de una media anual de 6.300 hectómetros sobrantes. Así figura en Los Análisis de los sistemas hidráulicos (página 83), donde se hace constar además que el flujo del Tajo en la frontera tiene una media de 9.000 hectómetros al año, de los que hay que descontar los 2.700 hectómetros que deben entrar obligatoriamente en Portugal, según el Convenio de Albufeira.

Los regantes del Tajo-Segura pedirán un nuevo desembalse de agua de los pantanos de cabecera para cubrir sus necesidades del último trimestre del año. El volumen rondará los 100 hectómetros, una cantidad similar a la reclamada el año pasado. El presidente del Sindicato Central, Francisco de Amor, tiene previsto reunirse la semana que viene con el director general del Agua, Jaime Palop, para estudiar la situación en la que se encuentran los embalses de Entrepeñas y Buendía.

Ambos embalses contienen actualmente unos 350 hectómetros cúbicos, de los que 110 se consideran oficialmente excedentarios. El rechazo del Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha sido anunciado por su vicepresidente primero, Fernando Lamata, quien apuntó el jueves que las reservas son inferiores a la media histórica.

Próxima reunión

La Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura deberá reunirse este mes para estudiar los nuevos desembalses. Unos 40 hectómetros serán asignados para los abastecimientos hasta diciembre. No obstante, las moderadas temperaturas de este verano han impedido que el consumo de agua se haya disparado entre la población abastecida por la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que sobrepasa los 2,5 millones de habitantes en esta época.

Los regadíos lo tendrán más complicado si el Gobierno exige que se mantenga una reserva estratégica en cabecera, como en años anteriores.

La falta de sobrantes y el supuesto enfrentamiento entre los regantes de la Acequia Real del Júcar y los del Vinalopó. Éstas fueron las dos patas sobre las que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y el director general del Agua, Jaime Palop, construyeron un argumentario destinado a legitimar la paralización del trasvase Júcar-Vinalopó, en julio de 2005, y la redacción de un nuevo proyecto con la toma en la desembocadura.

Sin embargo, dos meses antes, cuando aún nadie sospechaba las intenciones de la titular de Medio Ambiente, un informe encargado a la sociedad estatal Aguas del Júcar S.A. (AcuaJúcar en la actualidad), que promueve la infraestructura, desmontaba punto por punto toda esta argumentación.

El informe no sólo desaconsejaba el cambio de trazado en atención a criterios económicos y ambientales, sino que desmentía -antes de que se diese a conocer- todo el discurso trazado por Narbona y reproducido en la Comunidad por el líder del PSPV, Joan Ignasi Pla.

El mismo caudal para todos

El citado documento, de más de 60 páginas, asegura que, «si se aplican medidas de gestión» -contempladas también para la nueva toma-, las transferencias a realizar serían «algo superiores en la toma de Cortes». Conviene recordar que poco después, entre otras ideas, la ministra de Medio Ambiente aseguró una y otra vez que en dicha toma no había sobrantes que trasvasar.

Sin embargo, el análisis de AcuaJúcar ahonda aún más en el sentido opuesto al de las tesis posteriormente defendidas por su propio consejero delegado, José María Marugán, y asegura que «el déficit para los usuarios del Júcar» sería «similar» en las dos tomas, al igual que los aportes a la Albufera.

Así, el documento señala que «el cambio de toma afectaría escasamente a los suministros del Júcar», principalmente, porque las reglas de gestión previstas «dan una alta prioridad» a los regantes valencianos y el abastecimiento humano de la capital.

Finalmente, el documento concluye que, dado que «la proporción del recurso a trasvasar», 80 hectómetros cúbicos anuales, es «pequeña» en comparación con el total, de «1.500 hectómetros», la afección de la toma en Cortes sería «muy escasa» a nivel cuantitativo -es decir, no implicaría diferencias significativas con los recursos para Valencia- e «insignificante» en el plano ambiental.

Contaminación irresoluble

Mientras el supuesto déficit de caudales para la Acequia Real del Júcar -desmentido por este informe- movió a los usuarios de Valencia a posicionarse en contra de la toma en Cortes, la contaminación del agua en la desembocadura del río ha sido el principal argumento de los regantes alicantinos para oponerse al nuevo trazado.

En este sentido, el informe de la sociedad estatal no sólo reconoce que los niveles de contaminación en Cullera son infinitamente superiores a los de la toma original, sino que admite que estos niveles de salinidad, amonio o nitratos son prácticamente imposibles de solucionar.

Así, según los datos de AcuaJúcar, la conductividad -que mide indirectamente el nivel de sales disueltas en el agua- en la desembocadura (1.200 microsiemens) supera en 300 puntos la de Cortes. Unos niveles que «no se verán afectados» por la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Alzira ni por una eventual ampliación de la planta.

El nivel de amonio en la toma, por otra parte, multiplica varias veces el de Cortes, al pasar de menos de 0,05 miligramos por litro a entre 0,2 y 0,5 miligramos, según la época del año y el nivel de caudal del río. Los nitratos, inapreciables en Cortes, alcanzan en la nueva toma los 0,3 miligramos.

El informe concluye que, «incluso con la EDAR», la contaminación en Cullera será «siempre superior» a la de Cortes. En este sentido, advierte que para que la calidad del agua en la toma actual sea «similar» a la de la original, se necesitaría «una ampliación de la EDAR» y, además, diversas mejoras en cuatro afluentes del Júcar, que vierten sus aguas entre Cortes de Pallás y el azud de la Marquesa. A saber, el Sellent, el Albaida, el Río Verde -el más contaminado- y el Magro.

El documento, no obstante, no cuantifica el valor de estas otras «mejoras», que habría de sumarse a los 303 millones de euros presupuestados para el actual Júcar-Vinalopó (es decir, 100 millones más que el original). Lo que sí cuantificaba era el coste de potabilizar el agua para poder destinarla a consumo humano -algo descartado a día de hoy-, que cifraba en 35 millones de euros.

Complicación ambiental

Por último, AcuaJúcar se opuso también al cambio de toma por un poderoso motivo de corte medioambiental. Según una inquietante conclusión del informe, la toma en Cullera afectará de una forma difícil de estimar al paraje protegido de La Marjal, así como al drenaje natural del río en situaciones de crecidas -es decir, de posibles inundaciones-. En ambas afecciones, además, se estima que «la solución a las interferencias es difícil».

El vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo regional, Fernando Lamata, reiteró ayer el deseo del Gobierno autonómico de que Castilla-La Mancha “cuente con el mejor Estatuto y que se apruebe lo antes posible”, ya que el proyecto ratificado por unanimidad en las Cortes autonómicas es necesario para defender nuestros intereses y seguir avanzando en las políticas de progreso.

Durante la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, Lamata explicó que el Ejecutivo autonómico “ha liderado en la persona de su presidente, José María Barreda, la elaboración del proyecto de Estatuto de Autonomía. Barreda ha conseguido que sea un proyecto apoyado por los dos grupos políticos presentes en la Cámara y ese proyecto ha sido remitido a las Cortes españolas, a las que compete ahora su debate y aprobación, en su caso, como Ley orgánica”.

En este sentido, indicó que ayer se produjo un debate en la Mesa de Portavoces, órgano que analiza el calendario de las Cortes españolas de aquí a final de legislatura, y donde se valoraron las posibilidades de debate, toma en consideración y de la posterior tramitación del Estatuto de Castilla-La Mancha. “Pedimos al Parlamento que trate nuestro proyecto con el respeto institucional que merece y que lo tramite con la mayor diligencia posible”, señaló Lamata.

El vicepresidente primero garantizó que el proyecto presentado “es muy bueno para la región, para defender nuestros intereses y seguir avanzando en las políticas de progreso, que se basan en el desarrollo económico, social, de infraestructuras y de gestión del agua. Es un Estatuto ambicioso, que refleja la madurez de nuestro desarrollo autonómico y que beneficiará, sin duda, a Castilla-La Mancha”, apostilló.

Año hidrológico

El vicepresidente primero y portavoz también realizó un balance del año hidrológico que está a punto de concluir y afirmó que los pantanos de cabecera del Tajo siguen estando en situación crítica, con unos 350 hectómetros cúbicos cuando la media de los cinco años anteriores a este periodo de sequía era de entre 550 y 600 hectómetros cúbicos por estas fechas.

Así, hizo una llamada de atención al Gobierno y a los responsables de la gestión del Trasvase Tajo-Segura para reclamar que, ante la situación “crítica” por la que atraviesan los embalses de cabecera, no se destine agua para regadío cuando se pueden poner en peligro usos prioritarios como el abastecimiento humano o el respeto al medio ambiente a un río “moribundo”.

Lamata señaló que este momento de situación crítica debe servir también para replantear a fondo el trasvase y que se entienda, “donde deba entenderse”, que esta infraestructura ya no tiene sentido y que no se puede seguir llevando agua para regar y para el desarrollo industrial y turístico de Levante como ha ocurrido hasta ahora.

En este sentido, también consideró “importante” que el Partido Popular aclare su posición en este asunto, ya que últimamente se están escuchando declaraciones desde Valencia y Murcia en el sentido de que el líder del PP, Mariano Rajoy sigue defendiendo a toda costa el trasvase y “lo que nos gustaría escuchar es otra reflexión distinta, que ese trasvase, si tuvo alguna vez utilidad, la ha dejado de tener. Nos gustaría que el PP asumiera de una vez esta conclusión”

Aceca

Por otra parte, Fernando Lamata subrayó la apuesta firme del Gobierno de Castilla-La Mancha por el desarrollo industrial de la región, pero siempre de manera que sea compatible con el respeto al medio ambiente, al referirse a la sanción impuesta a dos empresas eléctricas por un vertido de fuel de la central térmica de Aceca, en Toledo, al río Tajo.

Lamata recordó que este suceso se produjo el 1 de agosto de 2000 y señaló que la acción administrativa estuvo paralizada durante el procedimiento judicial que se realizó. La multa impuesta es la correspondiente a una sanción muy grave por infracción a la legislación sobre seguridad industrial.

Reconocimientos

Por otro lado, el vicepresidente primero y portavoz regional anunció la aprobación de un Decreto por el que se otorga la Medalla al Mérito Turístico de Castilla-La Mancha a Carlos Falcó y Fernández de Córdova, por impulsar el turismo enológico y gastronómico de la región.

Asimismo, se aprobó un Decreto por el que se otorga la Placa al Mérito Turístico de Castilla-La Mancha a Luis Alba González, por su esforzada labor y entrega personal como guía turístico, poniendo en valor a la ciudad de Toledo.