POR FERNANDO ROJO. MADRID.

No había pasado ni un año desde la goleada de José Bono sobre Adolfo Suárez Illana cuando el presidente castellano-manchego fue reclamado por Zapatero para llevar la cartera de Defensa. Se adivinaba como una jugada perfecta para que su eterno delfín, José María Barreda, contara con tres años de margen en los que lanzar su propia candidatura desde el privilegiado sillón del palacio de Fuensalida. Enfrente, el PP de Castilla-La Mancha seguía tan dividido y confuso como siempre. Incluso cuando parecía que José Manuel Molina se perfilaba ya como un buen competidor, el alcalde de Toledo terminó retirándose, lo que obligó a los populares a improvisar un cabeza de cartel apenas unos meses antes de la convocatoria electoral.

A última hora, María Dolores de Cospedal fue la elegida para intentar asaltar uno de los fortines socialistas más seguros. De origen albaceteño, pero con toda la carrera realizada en Madrid, Cospedal se presentaba como una incierta y desconocida aspirante que remotamente podría inquietar a un Barreda que, primero como consejero, luego como vicepresidente y finalmente como máximo mandatario, lleva dos décadas pisando la moqueta de la Junta de Comunidades.

Pero la candidata del PP ha aprovechado muy bien el tiempo. De los más de veinte puntos que sacaron los socialistas a los populares en 2003, hoy las encuestas menos favorables le otorgan una desventaja de unos trece puntos. Su primera decisión crucial fue la de pactar con Barreda la reforma del Estatuto de Autonomía, en la cual se incluye la derogación del trasvase Tajo-Segura en 2015. De no haberlo hecho, el PSOE podría haber monopolizado un asunto tan sensible como el del agua y habría supuesto una auténtica sangría de votos para los populares. Además, ha conseguido lo que no fueron capaces sus predecesores: unir a las agrupaciones provinciales, hasta ahora auténticos reinos de taifas incapaces de aglutinar esfuerzos en torno a un candidato.

Mientras tanto, Barreda ha sabido utilizar todos los resortes que le brinda el poder para ir vendiendo su gestión, continuista con la línea marcada por su mentor político. Su principal empeño ha consistido en liderar un discurso antitrasvasista que le ha granjeado muchas adhesiones internas. Por contra, el gran lunar de estos tres años que acaba de cumplir al frente de la comunidad fue el trágico incendio de Guadalajara ocurrido en julio de 2005, en el que perecieron once miembros de un retén y se quemaron 13.000 hectáreas. Ni siquiera la discutible gestión de aquella catástrofe ha mermado su popularidad, la más alta de entre todos los presidentes autonómicos en España.

En clave nacional

En este escenario, la única esperanza del PP consiste en apelar al fiel votante de centro derecha que le apoya en las generales y europeas. Incluso en las situaciones más adversas, como el 14-M, los populares obtuvieron mayor número de sufragios que los socialistas en todas las provincias excepto en Ciudad Real. Si extrapoláramos esos resultados, Cospedal obtendría la mayoría. Precisamente para intentar llevar el juego al terreno nacional, Rajoy se volcará en Castilla-La Mancha como en ninguna otra autonomía.

Zapatero hará justo lo contrario y no estará presente en ningún acto de campaña de los que se celebren en la comunidad, probablemente para no exacerbar el rechazo que los castellano-manchegos muestran hacia algunas de sus decisiones, como la excarcelación del terrorista De Juana Chaos o la negociación con ETA. A cambio, intentan aprovechar el tirón que siempre tuvo Bono incluso entre el electorado de derechas. El veterano político albaceteño, actualmente apartado de la primera línea de fuego, está participando activamente en esta campaña para apoyar a su protegido en mítines estratégicamente repletos de banderas españolas.

Los dos grandes partidos arrancarán la campaña electoral en la Comunidad y en Murcia con el agua como eje fundamental de sus discursos. Tras conocer la visita de Zapatero a Murcia para respaldar a su candidato, Camps y Valcárcel recuperaron el frente hídrico que ha unido esta legislatura a las dos regiones, y protagonizarán un acto en Orihuela, una localidad cargada de simbolismo en la reivindicación del trasvase del Ebro. Mientras el PP siempre ha mantenido la reivindicación del derogado trasvse del Ebro, el jefe del Ejecutivo se enfrenta en su visita a Murcia a la imposibilidad de defender el mismo discurso que el presidente de Castilla-La Mancha. Barreda prevé instrumentalizar a su vez la cuestión hídrica desde la óptica castellano-manchega, para la que resulta más rentable defender el fin del Tajo-Segura. El agua, pues, será el tema central en el arranque de la campaña electoral este viernes.

Una reunión extensa, profunda y de máximo nivel permitió ayer a los miembros del Comité de Crisis de la cuenca del Segura alcanzar nuevos acuerdos económicos con el Gobierno de la nación para paliar las pérdidas de los tres años de sequía. A cambio, ambas partes decidieron dejar para después de las elecciones todo lo referente al Trasvase Tajo-Segura y, en concreto, Al nuevo desembalse de socorro de 170 hectómetros cúbicos que pedían los regantes. Esta solicitud se tratará en la reunión periódica y ordinaria de la Comisión de Explotación del Acueducto prevista para la primera semana de junio, según informaron ayer fuentes del Ministerio de Medio ambiente y de los regantes.

Esta decisión se tomó en plena campaña, tras meses de reproches del Levante al Gobierno, y se eludió el trasvase para evitar una explosión de indignación en La Mancha, según fuentes bien informadas.

El encuentro en La Moncloa contó con la vicepresidenta primera, Fernández de la Vega; las ministras de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y de Agricultura, Elena Espinosa, y el presidente de la Confederación del Segura. Enfrente estaban los miembros del Comité de Crisis que representan a regantes, empresarios y sindicatos de Murcia, Alicante y Almería.

Excedentes por lluvias

Dejar para después de las elecciones el nuevo desembalse del Tajo al Segura no representa un contratiempo, puesto que las últimas lluvias han dado un pequeño respiro y porque, además, la Comisión de Explotación debe reunirse dentro de un mes para estudiar qué caudales se pueden derivar, toda vez que los pantanos de la cabecera del Tajo almacenan 185 hectómetros excedentarios. De igual forma se dejó aparcada la petición de los regantes de anular la parte del Estatuto de Castilla-La Mancha que postula liquidar el trasvase en el año 2015, y forzar a su vez un pronunciamiento inequívoco del Gobierno que garantice su continuidad del acueducto.

Con el Tajo al margen, De la Vega sí atendió el resto de peticiones del Comité de Crisis que ya fueron planteadas en septiembre y que se traducen en más ayudas económicas, exención de cánones e inversiones. Se empezarán a devolver los 40 hectómetros de deuda que reclaman los regadíos. Esta devolución será gradual.

Asimismo, se prorrogará el decreto de sequía, que mantiene la compra de derechos de agua a otras cuencas y la condonación de una parte importante de la tarifa del acueducto Tajo-Segura. Otro de los compromisos apunta a una tarifa eléctrica específica y más barata para los regadíos, que consumen mucha energía con los bombeos de agua. También aumentarán las inversiones para las obras de mejora de los canales del trasvase, con el fin de reducir las pérdidas durante el transporte de caudales. Los proyectos y cultivos que se han visto anulados por falta de caudales en los dos últimos años serán estudiados también para ver compensaciones económicas.

Precio del agua

Más indefinido quedó el compromiso para rebajar el precio del agua desalinizada para los cultivos. El Ministerio la oferta ahora a 39 céntimos el metro cúbico. Una comisión técnica se encargará de buscar una fórmula para rebajar ese precio, ajustada al principio de recuperación de costes de la Directiva Marco de Agua. Narbona anunció un segundo Programa Agua para la cuenca del Segura basado en más inversiones para modernizar regadíos y más producción de agua desalinizada, aunque no concretó.

El consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá, aseguró ayer que la vicepresidenta primera del Gobiern, María Teresa Fernández de la Vega, «podría autorizar al menos el envío de 83 hectómetros del trasvase Tajo-Segura si emplea la fórmula electoralista que utilizó hace un año para remojar la proclamación del candidato socialista en la Región, y más del doble si aplica la Ley». De esta forma se refirió el consejero murciano a la reunión que De la Vega mantendrá hoy, en La Moncloa, con los miembros del Comité de Crisis de la Sequía de Murcia, Alicante y Almería.

Así, Cerdá recordó que, en mayo de 2006, los pantanos de la cabecera del Tajo acumulaban cerca de 350 hectómetros y el Gobierno de Zapatero «autorizó un «chorrico» de 20 hectómetros el mismo día en que se celebró el mitin Pepiño Blanco-Saura». Un año después -explicó-, los embalses de Entrepeñas y Buendía almacenan 63 hectómetros más, «por lo que si aplican su propia receta deberían autorizar 83 hectómetros, los 20 autorizados en 2006 más los 63 adicionales que hay en estos momentos».

El responsable de Agua de Murcia insistió en que en la actualidad hay 413 hectómetros en los embalses de cabecera del Tajo, de los que 173 son excedentes, por encima de la línea roja de los 240 hectómetros que marca la Ley para poder trasvasar, por lo que -según Cerdá- la vicepresidenta «debe atender las demandas de los agricultores murcianos para asegurar las plantaciones y los riegos de verano, sin ningún tipo de cortapisa legal ni política». Además, se preguntó «por qué el Gobierno central no ha aprobado mucho antes un riego de socorro para la agricultura murciana, pese a haber excedentes más que suficientes para no comprometer en absoluto el abastecimiento humano».

Garantía para el Tajo-Segura

El consejero del Gobierno presidido por Ramón Luis Valcárcel instó a la vicepresidenta del Gobierno a que «abandone la ambigüedad que existe en el Ejecutivo socialista respecto al futuro del acueducto» y que «diga, y escuchemos en público, que el trasvase Tajo-Segura no se toca».

Por otra parte, criticó las declaraciones realizadas el sábado por Rodríguez Zapatero, en el mitin que ofreció en Talavera de la Reina, donde dijo que el Gobierno central no tomará ninguna decisión en materia de agua sin contar con el Gobierno de Castilla-La Mancha.

El consejero de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, Antonio Cerdá, denunció ayer que «los murcianos pagamos tarifa de isla con el agua por el capricho político de condenarnos a la desalinización». Cerdá contestó así tras ser preguntado sobre el descenso del consumo en Murcia que publican ABC y La Verdad.

Según las publicaciones, cuando se construyan todas las desalinizadoras programadas, la población de la cuenca del Segura estará pagando el agua más del doble que en 2004, «año en el que curiosamente se derogó el trasvase del Ebro», resaltó el consejero murciano.

Cerdá aseguró que «la Región de Murcia es la segunda Comunidad de España con el agua más cara, tan sólo por debajo de Canarias, e incluso se paga más que en las islas Baleares», señaló tras la presentación de la XXIV edición de la Feria Agrícola del Mediterráneo (FAME 2007).

El consejero murciano se basó en los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística que señalan que mientras que en el resto de España el precio medio del agua está en 0,96 euros el metro cúbico, en Murcia se paga el agua a 1,41 euros el metro cúbico, «casi el doble que un café de Rodríguez Zapatero», ironizó.

En cuanto al consumo, explicó que «mientras que la media española está en 171 litros por habitante y día, la media de la Comunidad de Murcia es de 161 litros por habitante y día. Unos datos que incluyen no sólo el agua de grifo, sino también el consumo de las industrias y las empresas».

Además, según los datos suministrados por las empresas distribuidoras Aguas de Murcia, en la capital de la Región el consumo medio bajó en diciembre a 120 litros por habitante y día, mientras que en el año 2006 fue de 124, «y eso que se ha incrementado la población», subrayó.

En este sentido, el consejero resaltó que «los murcianos somos los que más ahorramos y más cara pagamos el agua, por lo que nos penalizan nuestro poder adquisitivo», y se preguntó «por qué no se aplica la misma vara de medir a otras comunidades», porque, dijo, «Murcia está dentro de una realidad geográfica, la península Ibérica, en la que hay suficientes recursos disponibles, y somos conejillos de indias de la ineficacia socialista».

El concejal del Ciclo Integral del Agua en el Ayuntamiento de Valencia, Ramón Isidro Sanchis, calificó de «inaudito» que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) «no cumpla con su trabajo» y «responsabilice de ello a la ciudad de Valencia»,

Sanchis, quien se expresó en estos términos en relación a las declaraciones realizadas ayer por la CHJ sobre la disminución de caudales circulantes del pasado martes en los municipios valencianos de Paterna, Manises y Quart de Poblet, manifestó su «indignación» por el hecho de que la confederación «achaque al suministro de agua de la ciudad de Valencia una mortandad de peces», señaló.

En este sentido, el responsable del Ciclo Integral del Agua indicó que la teoría de la CHJ es «de locos», ya que, en su opinión, «si hay mortandad es por la falta de custodia de los vertidos en el cauce del río Turia que debería controlar la confederación y no lo hace».

Asimismo, aseveró que es «obligación» del organismo hidrográfico «proporcionar a la ciudad el caudal suficiente y un agua de calidad, que no nos obligue a parar continuamente la planta potabilizadora».

La secretaria de Política Autonómica y Local del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, reclamó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que «deje de hacer demagogia» con el agua y afronte las inversiones en infraestructuras necesarias para resolver las carencias hídricas que sufren distintas zonas de España. Entre ellas citó a Aragón. Sáenz de Santamaría, que visitó Calatayud para reunirse con responsables locales del PP y el líder regional de este partido, Gustavo Alcalde, así como con representantes de asociaciones y colectivos ciudadanos bilbilitanos, no quiso respaldar expresamente la reivindicación del trasvase del Ebro que sigue defendiendo el Levante.

Afirmó que la postura del PP a nivel nacional en materia de agua es que ésta debe ser una cuestión «de Estado», que ha de incluir el principio de «solidaridad», pero subrayó que «la solidaridad empieza por uno mismo», en alusión a las necesidades hídricas de Aragón y a los embalses pendientes de construir que quedaron recogidos en el Pacto del Agua de 1992.

«Seguidismo» de Iglesias

Según la secretaria de Política Autonómica del PP, en la cuenca del Ebro, sus comunidades autónomas, caso de Aragón, son los primeros territorios que «tienen el derecho y la necesidad de aprovechar las aguas que ven pasar, para que puedan servirse del agua y hacer de ello un elemento de riqueza, en lugar de verlo correr hasta la desembocadura».

Sáenz de Santamaría acusó a Zapatero de «utilizar el agua electoralmente», en lugar de afrontar inversiones pendientes como las del Pacto del Agua. Asimismo, aprovechó para criticar el «seguidismo» del presidente aragonés, Marcelino Iglesias, ante las líneas que marca Zapatero desde Madrid, «le vayan bien o mal a Aragón». Afirmó que, en lugar de «hacer el caldo gordo», Iglesias debe tener «el arranque de pedir» y Rodríguez Zapatero impulsar las infraestructuras pendientes «en vez de hacer demagogia».

El «ejemplo» del Estatuto

La secretaria de Política Autonómica del PP se refirió también al reformado Estatuto de Autonomía de Aragón, que entró en vigor el lunes. Afirmó que su aprobación ha sido un «ejemplo» y un «éxito de consenso», algo que lamentó que no se haya producido en otros procesos de reforma de estatutos de autonomía. En este sentido, se refirió a una entrevista al ex-presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, publicada ayer por un periódico italiano y en la que, según Sáenz de Santamaría, «ha hecho un ejercicio de sinceridad, al reconocer que un Estatuto al margen de la Constitución había sido un error».

El consejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, acusó ayer al PSOE de «incoherente» y de una «falta total de proyecto político», tras anunciar «un día una cosa y al día siguiente la contraria», en relación a las manifestaciones realizadas estos días por la Confederación Hidrográfica del Segura sobre las garantías de agua para las nuevas urbanizaciones durante el próximo año.

El responsable de Agua del Gobierno murciano afirmó en un comunicado que «no se sabe quién manda en la CHS, si el presidente o el comisario de Aguas», debido a que el responsable de la Confederación, José Salvador Fuentes Zorita, «un día dice que no hay agua para tantas viviendas, y a los pocos días, el comisario, Manuel Aldeguer, asegura que va a haber para todas».

Para Cerdá, estas manifestaciones son «fruto de la mala conciencia de los socialistas murcianos» por «haber privado a esta Región de tener unos caudales disponibles de por vida para abastecimiento, pero sobre todo para agricultura», en referencia al trasvase del Ebro. El responsable de la Consejería de Agua subrayó que la situación actual de sequía que padece Murcia «es consecuencia de la traición que los socialistas murcianos han hecho a la Región» al votar en contra del trasvase del Ebro. Un proyecto que, a juicio de Cerdá, «estaba iniciado y adjudicado» y que «hubiera sido la solución definitiva para los problemas de déficit hídrico» que padece la Comunidad, «tanto para abastecimiento, pero sobre todo para la agricultura, el sector más perjudicado por la escasez de agua», apostilló el consejero.

Coste energético

En relación al anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, que pretende extraer agua a 4.000 metros, el responsable de Agua del Gobierno regional calificó de «barbaridad» que «mientras el Ebro se desborda en superficie, se busque agua a tanta profundidad». «Extraer agua a 4.000 metros es inviable bajo el punto de vista económico por la cantidad de energía que se necesitaría para aflorarla a la superficie», explicó Cerdá. También resaltó la «incongruencia» del Ministerio de recurrir siempre a la Directiva Marco Europea» cuando esta norma «lo primero que dice es que hay que preservar los acuíferos», por lo que añadió que con estas medidas «no sólo los acuíferos más superficiales se van a ver afectados, sino que también quieren esquilmar los más profundos».

Cerdá puso de relieve que las actuaciones anunciadas por el Ministerio suponen «un desconocimiento total de lo que es una planificación hidráulica, que es la que necesita España».

Sacar más agua de los acuíferos subterráneos y a mayor profundidad, bajando hasta los 4.000 metros, en lugar de los 1.000 actuales. El Ministerio de Medio Ambiente presentó ayer en Murcia una tecnología desarrollada por la Academia de Ciencia Rusa que permitirá detectar mediante satélite las masas de agua subterráneas en los más profundo

de la cuenca del Segura. El objetivo es incrementar el ritmo de explotación de los acuíferos para poder hacer frente al déficit

estructural de la cuenca. Estos recursos serán destinados a los regadíos y a fines medioambientales. Los acuíferos actuales, como se sabe, están en su mayoría sobre explotados.

Asimismo, el Ministerio de Cristina Narbona quiere tener «un mejor conocimiento» de los acuíferos «de cara al nuevo plan hidrológico que se encuentra en fase de redacción y que marcará la gestión de los recursos hidráulicos durante los próximos años». De esta forma, quiere conocer cuánta agua puede sacar del subsuelo, con el fin de fijar qué otros volúmenes llegarían desde otras cuencas por medio de trasvases. Si se determina que existe más agua subterránea, aunque sea a 4.000 metros, eso rebajaría el déficit oficial del Segura, que es ahora de unos 450 hectómetros anuales. También podría repercutir en los caudales trasvasables, que están fijados en un máximo de 600 hectómetros anuales del Tajo.

El Ministerio recuerda que ahora «la utilización de las aguas subterráneas es intensiva para atender una parte muy importante del regadío, así como para aportar caudales a los cauces permanentes y a los humedales».

Pruebas en Castellón y Madrid

El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, explicó ayer en rueda de prensa junto al presidente de la Confederación, José Salvador Fuentes Zorita, que hasta el mes de septiembre no se conocerán los resultados sobre la localización, delimitación y volúmenes de agua que se puedan extraer. Se utilizará una tecnología llamada Tomografía Remota Técnica, basada en imágenes de satélite que captan las masas de agua subterráneas por diferencia de radiación. Está desarrollada por la empresa Trabajos de Investigación Hidrogeológica, S.A., cuyos responsables apuntaron ayer que ya se ha probado de forma experimental en Madrid y Castellón. En la cuenca del Segura ya se han realizado las primeras mediciones.

Según Serrano, el Ministerio se había mostrado al principio escéptico con esta tecnología, aunque ahora cree que será satisfactoria. Aclaró que no se trata de buscar grandes sorpresas sobre los datos actuales, sino que los importante es mejorarlos con más conocimientos. La investigación se desarrollará sobre 27.000 metros cuadrados de la cuenca, y uno de los objetivos principales es «determinar las zonas con condiciones favorables para la explotación».

En su visita a Murcia, Antonio Serrano no pudo precisar ayer qué volumen de recursos ha aportado el Programa Agua del PSOE en los tres últimos años. Señaló en rueda de prensa que no disponía de esos datos y que los pediría. Con la derogación del Trasvase del Ebro, el Ministerio se comprometió a aportar con su plan alternativo 1.053 hectómetros cúbicos anuales a las cuencas mediterráneas. Hasta ahora, la producción de agua desalinizada en Murcia y Alicante es de 72 hectómetros, frente a los 280 comprometidos. Asimismo, a nivel global el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prometió aportar 620 hectómetros con desalinización.

Cuando queda un para el final de la legislatura, Serrano no rebatió estas cifras, y subrayó que «vamos a llegar a esos 280 hectómetros con las actuaciones previstas por Acuamed, Acuasegura y la Mancomunidad de Canales del Taibilla». Sin aportar datos, el secretario general para el Territorio indicó que «los objetivos cumplidos por la Confederación Hidrográfica del Segura son altísimos». Explicó que en los tres últimos años «los resultados son satisfactorios porque las inversiones se han multiplicado por cuatro» respecto al anterior periodo del Partido Partido. Igual de satisfactorios consideró los resultados de la Mancomunidad del Taibilla para garantizar los abastecimientos, que permitirá cubrir el déficit que arrastraba.

Asimismo, el número dos del Ministerio de Medio Ambiente anunció que la futura desaliniadora de Águilas ya tiene todas las autorizaciones administrativas para comenzar la obras. Respecto a la planta de Torrevieja, Antonio Serrano añadió que la obras han entrado en la normalidad después de que el Tribunal Constitucional haya dado la razón al Ministerio de Medio Ambiente frente a la paralización del Gobierno valenciano.

El secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, acentuó ayer su discurso ecologista y se atribuyó la «salvación» del río Júcar, con la decisión del Gobierno de modificar la toma del trasvase previsto hacia las tierras del Vinalopó. El candidato socialista contó con graves problemas con las organizaciones contrarias a cualquier tipo de transferencia hídrica -principalmente «Xúquer viu»-, a cuenta de su defensa de la ejecución de las obras.

Ayer, el secretario de Medio Ambiente de su partido, Francesc Signes, organizó un acto de lavada de cara en Sueca, donde Pla se rodeó de detractores del trasvase, como el presidente de la Comunidad de Regantes de la citada localidad, José Fortea.

Bajo el lema de «Salvemos el Júcar», el secretario general de los socialistas valencianos dio con la fórmula mágica: «Es posible garantizar agua al Vinalopó sin menoscabar las reservas del Júcar y, por tanto, asegurando recursos hídricos a los regantes de La Ribera».

Sin embargo, no dedicó tiempo a explicar cómo es posible plasmar dicha declaración de intenciones. En esa línea, reclamó para sí el voto el 27-M, frente al «Consell de Camps, que se ha dedicado a enfrentar a los ciudadanos de las comarcas de la Comunidad».