La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona; acompañada por el presidente de Patrimonio Nacional, Yago Pico de Coaña; el presidente de la Corporación RTVE, Luis Fernández, y el alcalde de Aranjuez, Jesús Dionisio, presentarán hoy en Aranjuez la serie documental coproducida por el Ministerio de Medio Ambiente y TVE “Las tareas del agua”, que ofrece una visión inédita de los ríos españoles.

“Las tareas del agua” está compuesto de trece documentales monográficos que ofrecen una visión integral del agua, abarcando las características de nuestros ríos, su gestión y sus funciones. Al acto también asistirán el naturalista Joaquín Araujo, director y guionista de la serie, y Julio de Benito, director del Área de Naturaleza de TVE.

La Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (Fecoreva) rechazó ayer la propuesta del Gobierno de gravar el uso del agua para regadío para paliar el déficit hídrico y aseguró que sus usuarios «no pagarán ni un duro por el agua en sí misma».

El presidente de Fecoreva, José Pascual, hizo estas declaraciones en Villena, donde esta federación mantuvo una reunión de trabajo para abordar la situación hídrica de la Comunidad, la nueva propuesta del Gobierno y la modificación de la Ley de Aguas.

Pascual, que estuvo acompañado por el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l´Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Alta, Andrés Martínez, dijo que la propuesta del Gobierno central de gravar el agua para regadío o para uso industrial con nuevos cánones o impuestos es algo «injusto e inaceptable» para los regantes.

Recordó que los usuarios pagan «los embalses, los canales y las obras necesarias para el transporte del agua a sus campos», pero, continuó Martínez «no estamos dispuestos a pagar por el agua en sí misma», ya que, zanjó, «el agua es pública y no tiene propietario».

 El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, manifestó ayer que «es doloroso ver que en una semana se haya ido al mar todo lo que hubiera supuesto agua para la Región durante tres años». El jefe del Ejecutivo regional lamentó que «mientras el Ebro se desborda, Murcia se seca», y añadió que «tenemos necesidad de agua y somos solidarios» por lo que «no queremos el agua que otros necesitan, sino la que va directamente al mar».

El jefe del Ejecutivo murciano, quien hizo estas declaraciones al inicio de la procesión de Domingo de Ramos celebrada durante la mañana de ayer en Cieza, señaló que el agua que ha arrojado el Ebro al mar durante esta semana «habría abastecido a la Región de Murcia para tres años», por lo que pidió «un ejercicio de reflexión a quienes todavía no son capaces de hacerlo», y «a aquellos que están dando la espalda a los intereses de los murcianos, simplemente por sometimiento y sumisión a sus «amos» de Madrid», subrayó el presidente en referencia al Partido Socialista de Murcia (PSRM).

«Abandonar la cobardía»

Por tanto, Valcárcel instó al líder de los socialistas murcianos, Pedro Saura, a «abandonar la cobardía» y «revindicar lo que necesitamos, exigir lo que es nuestro» porque, añadió, «el río Ebro es un río español y los murcianos somos españoles».

Asimismo, pidió a los dirigentes del Partido Socialista murciano que se sumen a la reivindicación del trasvase del Ebro y exijan al presidente Zapatero «las soluciones que no ha aportado», puesto que «seguimos sin agua, seguimos con incertidumbre y vemos como el agua que es nuestra, se está marchando porque nadie la necesita allá arriba, pero aquí sí». En este sentido, lamentó que el candidato a la presidencia de la Comunidad de Murcia por el PSOE «marchara a Madrid con el voto que le dieron los murcianos para traicionar las expectativas de los ciudadanos de esta Región, votando en contra de que llegara agua del Ebro a Murcia», concluyó.

Por otro lado, en referencia a las declaraciones del presidente castellano manchego, José María Barreda, quien dijo ayer que Murcia se opone al fin del trasvase «porque ellos se están beneficiando de una antigua ley» que «les favorece y mucho, y entonces defienden con uñas y dientes sus intereses», el jefe del Ejecutivo murciano declaró que «el Tajo abastece a Castilla-La Mancha, y debe seguir haciéndolo a la Comunidad de Murcia y a la Cuenca del Segura», al tiempo que añadió que el problema que plantea Castilla-La Mancha «seguro que no lo sería si no hubieran cerrado el grifo del Ebro».

Sentido común

El presidente murciano apeló al «sentido común y a la solidaridad» para retomar el Plan Hidrológico Nacional que «fue apoyado incluso por el anterior presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, para dar solución a los problemas de esta Comunidad y de todo el Levante español», concluyó.

Por otro lado, Chobentú-Jovenes de CHA avivó ayer aun más la polémica con unas declaraciones en las que consideraba «todo un insulto a la razón y a la inteligencia» que el PP de Andalucía intente ligar las últimas crecidas del Ebro con las peticiones de un trasvase de agua a esa Comunidad autónoma. Para este sector de CHA es una «aberración intelectual» ligar la crecida del Ebro con el trasvase, por lo que ha anunciado que enviará a los grupos parlamentarios de Andalucía una respuesta dada por el anterior gobierno de José María Aznar a una pregunta de CHA en la que reconocía la inviabilidad de esta propuesta, ante el debate que se va a producir próximamente en el parlamento andaluz.

La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, acusó ayer la Generalitat de tener «ganas de entorpecer» las obras del trasvase Júcar-Vinalopó por haber presentado «fuera de plazo» un escrito de alegaciones sobre las modificaciones introducidas en el trazado de esta conducción, documento que, según dijo, no se ha presentado «con el fin de colaborar ni de presentar mejoras, sino única y exclusivamente de retrasar las obras».

Espinosa se pronunció en estos términos tras presentar en Picassent las obras de modernización de regadíos del Canal Júcar-Turia, al ser preguntada por las citadas alegaciones. Al respecto, estimó que es «una postura triste», dado que, a su juicio, frente al «esfuerzo enorme» del Gobierno central «en modernización de regadíos o puesta en marcha de nuevas desaladoras o proyectos como el trasvase Júcar-Vinalopó», el Consell «lo único que están poniendo son obstáculos en el camino para que esto no se pueda llevar a cabo».

En este sentido, afirmó que «si fuera un tema puntual se podría entender», pero apuntó que «otro ejemplo claro» de esa actitud es el caso de la desaladora de Torrevieja. Así, manifestó que las «alternativas que está poniendo encima de la mesa» el Consell «para solucionar el problema del agua» son «obstáculos y problemas». No obstante, destacó que «serán los ciudadanos los que tengan que juzgar quién esta apostando por la ciudadanía y quién no está apostando y lo único que está hacen es quejarse».

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación presentó el viernes en el Consejo de Ministros un informe sobre el uso sostenible del agua en el sector agrario, en el que se recogen los datos sobre la importancia del agua en el sector agrario desde el punto de vista económico, social y medioambiental,  las actuaciones desarrolladas para lograr un mayor ahorro de los recursos hídricos, así como los objetivos de la nueva programación 2009/2013.

El informe parte de un análisis sobre los retos que se plantean para la gestión de los recursos hídricos, tales como la cobertura de las necesidades básicas de la población, la preservación de la integridad de los ecosistemas minimizando el impacto sobre el medio, la búsqueda de soluciones equitativas dirigidas a compartir los recursos entre todas las artes interesadas y la gestión de situaciones de riesgo como las sequías o inundaciones, planteando frente a ello la necesidad de aplicar una gestión integrada y dirigida a un uso sostenible y una adecuada protección del agua.

En relación con la importancia del agua desde la perspectiva económica, se destaca el uso por parte del sector agrario de los recursos hídricos, con una utilización del 63,3 por ciento del total, resaltando la estabilidad lograda en la demanda y consumo  gracias a las políticas de ahorro de este recurso.

En este sentido se destaca la evolución de los sistemas de riego, con la incorporación de tecnologías más avanzadas,  resaltando que más del 60 por ciento de los regadíos españoles han mejorado su eficiencia, con lo que se ha logrado que el riego localizado, como técnica de ahorro de agua, supere ya al riego por gravedad, habiéndose duplicado en 2006, la diferencia con respecto al año anterior.

Desde el punto de vista social se manifiesta la importancia del agua como factor que favorece la vertebración del territorio, reduciendo los procesos de despoblamiento y mejorando la calidad de vida del medio rural, favoreciendo, con la aplicación de las nuevas tecnologías, la generación de empleo de mayor cualificación y la incorporación de regantes a la sociedad de la información.

Por otra parte, y desde la perspectiva medioambiental, se resalta el papel del agua en el mantenimiento de determinados ecosistemas, en la restauración hidrológico-forestal, en la lucha contra la desertización, o en la eliminación del CO2 de la atmósfera.

Otro de los aspectos abordados en el informe es el fomento de los sistemas de producción sostenibles, recogiendo, entre otras actuaciones del MAPA, la promoción de sistemas  productivos más eficientes como la producción integrada, con normas que inciden directamente en el ahorro del agua, el Plan de agricultura ecológica, que ha situado a España en una de las primeras posiciones en el ámbito mundial en superficie ecológica, con 926.390 hectáreas, o la publicación de guías de buenas prácticas, entre ellas la de la condicionalidad, en la que se contempla la protección de las aguas subterráneas, promoviendo la práctica de buenas condiciones agrarias y medioambientales.

En cuanto a las actuaciones en pro del ahorro del agua, se resaltan la aplicación de nuevas tecnologías mediante iniciativas como el telecontrol que centraliza la información y maniobra la red de riego desde un centro de control; la red de estaciones agroclimáticas con las que se mejora la información sobre necesidades hídricas y el observatorio del regadío, que el MAPA tiene previsto establecer para dar a conocer como se gestiona el regadío.

Otras actuaciones destacadas son  el proyecto CORENET 2006/2010, impulsado por el MAPA, la Federación Nacional de Regantes y las Comunidades de Regantes, para la modernización y fomento del ahorro de los recursos hídricos, iniciativa para la que se ha habilitado una subvención de 200.000 euros, o la formación de regantes para dar a conocer la tecnología existente en el sector del regadío, en la que se han venido invirtiendo también 200.000 euros anuales.

Otro aspecto importante entre las actuaciones a favor del ahorro del agua es  la incorporación de otros recursos no convencionales al regadío como las desaladoras, cuyas aguas riegan 50.000 hectáreas de terreno, con un volumen utilizado de 350 hectómetros cúbicos anuales o las depuradoras, que proporcionan agua para el riego de 100.000 hectáreas y un volumen de 400 hectómetros cúbicos al año.

En esta línea constituye también un elemento importante el Plan de Choque 2006/2007 de obras urgentes para la mejora y consolidación de regadíos, con actuaciones coordinadas entre los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente por valor de 2.400 millones de euros y un ahorro anual estimado en 1.200 hectómetros cúbicos, cuyo presupuesto de obras en ejecución, adjudicadas o de próxima adjudicación ha alcanzado ya el 78 por ciento de lo programado.

Dentro del análisis de la situación actual se plantea el cierre del Plan Nacional de Regadíos, que en la actualidad ha logrado un grado de ejecución en superficie del 108 por ciento de lo programado. De este Plan, que se ha ido ampliando continuamente como consecuencia de la aprobación de los distintos Planes de sequía, quedan pendientes actuaciones sobre una superficie de 100.000 hectáreas, con un coste de cierre de 330 millones de euros.

Por último se abordan las perspectivas de futuro, destacando la programación 2008/2013, cuyo objetivo se centrará en la modernización y el ahorro del agua,  señalándose que es necesario definir actuaciones más acordes con las directrices del actual programa operativo de desarrollo rural 2007/2013, según lo definido en el Plan Estratégico Nacional y en el Marco Nacional.

El informe el viernes presentado, se fundamenta en el documento sobre el uso sostenible del agua en el sector agrari situación actual y perspectivas de futuro, presentado el jueves en el marco de la Jornada organizada por el MAPA con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua.

MURCIA. Pocas horas duró la tregua en la batalla entre comunidades tras el anuncio de la reforma de la Ley de Aguas propuesto por la ministra de Medio Ambiente. Varios gobiernos autonómicos, tanto del PP como del PSOE, realizaron serias objeciones al texto que Cristina Narbona pretende aprobar antes de fin de mes.

Las críticas más severas procedieron ayer del Gobierno murciano, cuyo consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, criticó que Castilla-La Mancha «ganará más peso y protagonismo. Aunque el Ministerio diga que va a tener la última palabra, eso no es una garantía. Se va a liar todo más todavía», puntualizó.

Para Cerdá, «el Gobierno socialista es especialista en hacer la ley y dejar la trampa». «Esta reforma es una falacia porque el Ministerio hace dejación de sus funciones y ningunea a la Región de Murcia». Asimismo, calificó el borrador de «sospechoso y misterioso» porque no plantea ninguna novedad y enfrenta todavía más a los territorios.

«Los problemas sin resolver»

«Las comunidades autónomas siempre han sido consultadas, no sé a qué viene esto ahora. ¿En qué hemos avanzado con cambiar el nombre de confederación por el de demarcación? Lo cierto es que los problemas reales de falta de agua siguen sin resolverse», manifestó a este diario. Explicó que él es ya vicepresidente del órgano de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura y que los regantes también están representados; al igual que los gobiernos de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.

El consejero considera que al Gobierno socialista «sólo le interesa hacer más concesiones a las comunidades autónomas porque debe responder a los intereses de determinados grupos de presión». Con referencia al trasvase Tajo-Segura, explicó que la prioridad del Gobierno murciano es que desaparezca la fecha de caducidad del 2015 del Estatuto de Castilla-La Mancha. Dijo que Cataluña recibe un trato diferente, y en este sentido criticó «las disposiciones misteriosas y oscuras que suele incluir el Gobierno socialista en sus leyes», ya que se «plantea la construcción de infraestructuras para el Delta del Ebro, mientras no hay ninguna reseña sobre a la única cuenca con déficit estructural de agua de España», explicó. «¿Por qué dejan la puerta abierta para los trasvases en Cataluña y no para Murcia?», dijo en referencia al trasvase del Segre autorizado por el Ministerio.

Cerdá lamentó además que «el Ministerio deje fuera de la ley a los verdaderos gestores del agua, a los usuarios y regantes», y criticó que en vez de buscar soluciones «vuelva a poner tasas y a penalizar el consumo». Advirtió de que los técnicos de su departamento estarán «atentos y expectantes», ya que el Gobierno murciano «se opondrá a cualquier norma que perjudique los intereses de los murcianos en el pleno del Consejo Nacional del Agua que deberá aprobar este borrador».

Lamentó que el Ministerio apenas haya dejado tiempo para estudiar la amplia reforma de la Ley de Aguas. Señaló que el Ejecutivo murciano ejercerá sus competencias a la hora de construir sus propias plantas desalinizadoras, ya que la nueva norma obliga a pedir la correspondiente autorización al Ministerio de Medio Ambiente.

Asimismo, anunció que el Ejecutivo regional no va a pedir las competencias de la cuenca interna de El Albujón, que carece de agua, ya que a su juicio no hay que «trocear» la demarcación hidrográfica del Segura.

Criterio por kilómetros

Tampoco está demasiado satisfecho el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, al que no convence la representación de las comunidades autónomas en las demarcaciones hidrográficas ponderando su voto en función de su población.

«La representación según la población -dijo el vicepresidente segundo de la Junta, Emiliano García-Page- es una de las cuestiones que se tienen que discutir, porque no es un criterio tan objetivo como pudiera pensarse». Apuntó que se pueden considerar muchos factores, como los kilómetros de recorrido que tiene un río en una comunidad autónoma, las vinculaciones a cultivos o a proyectos de desarrollo: «La población no puede ser un criterio definitivo», afirmó.

Finalmente, también anda bastante preocupada la Administración socialista de Andalucía, cuya consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, expresó ayer a la ministra del ramo, Cristina Narbona, la «preocupación» del Gobierno andaluz por «el encaje» del artículo 51 del nuevo Estatuto de Autonomía, que reclama la gestión del río Guadalquivir, en la nueva Ley estatal de Aguas.

Encaje en el Estatuto

Coves, quien departió unos minutos a solas con Narbona tras la inauguración en Sevilla de la V Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, negó que haya «discrepancias» entre ambos gobiernos respecto al borrador de la reforma de la Ley de Aguas, que reserva al Ejecutivo central el 51 por ciento de los votos en los órganos de gestión de las cuencas hidrográficas que transcurran por más de una comunidad autónoma. «Obviamente, nos preocupa cómo va incidir esa reforma de la Ley de Aguas en el desarrollo del Estatuto de Autonomía», dijo Coves.

El artículo 51 del Estatuto andaluz, que ayer entró en vigor tras su publicación en el BOE, reclama para la Junta de Andalucía la gestión del Guadalquivir a su paso por territorio andaluz. La consejera reiteró que la reforma de la ley estatal de Aguas y el traspaso de las competencias del Guadalquivir a la Junta de Andalucía están en una fase «muy inicial» y vaticinó que esta negociación será «larga», dada la envergadura y complejidad de esta cuenca.

El recurso de Ibarra

Respecto al recurso de inconstitucionalidad anunciado por la Junta de Extremadura contra el Estatuto de Andalucía en relación al Guadalquivir, cuya cuenca discurre en una mínima parte por tierras extremeñas, Fuensanta Coves señaló que si hay algún artículo del texto autonómico andaluz «que ha sido revisado por multitud de juristas para que no sea inconstitucional» es, precisamente, el 51.

«Tengo la sospecha de que el pronunciamiento que haya, si se presenta el recurso de inconstitucionalidad, será de que estamos dentro del marco de la Constitución, porque se ha cuidado muchísimo la redacción y el contenido de ese artículo; las razones por las que el señor Ibarra recurre el Estatuto serán otras, pero no son estrictamente de legalidad», concluyó.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua.

En este marco tendrá lugar  una mesa redonda bajo el lema “Afrontando la escasez de agua” en la que participarán catedráticos, representantes de la Federación de Comunidades de  Regantes,  ecologistas, organizaciones agrarias y responsables de los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente.

20. Marzo ´07 – El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha organizado, con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, una Jornada sobre “El uso sostenible del agua en el sector agrario, situación actual y perspectivas de futuro”, que tendrá lugar en la sede del MAPA el próximo jueves, 22 de marzo.

En este marco se organizará una mesa bajo el lema “Afrontando la escasez de agua”, en la que participarán catedráticos de las Universidades de Madrid y Valladolid,  directivos de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, de SEO-Birdlife, de ASAJA y responsables de los Ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente.

Mediante esta Jornada el MAPA potencia un debate para analizar la gestión del agua en el sector agrario, no solo desde una perspectiva meramente económica, sino también social y medioambiental, con objeto de encontrar respuestas a los retos que se plantean: la gestión sostenible de un recurso escaso, mediante la mejora de la eficiencia en su uso, favoreciendo a la par la calidad de las aguas.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se une así a la iniciativa de la FAO de promover, mediante la celebración de actividades concretas, la conciencia pública y el debate, en torno a la gestión sostenible, eficiente y equitativa de los recursos hídricos disponibles, y en particular de su uso en el sector agrario.

Ni vinculantes, ni determinantes. El Gobierno de la Nación seguirá manteniendo el control de los grandes ríos para decidir futuros trasvases. El Ejecutivo de Aragón y los partidos de aquella comunidad no podrán impedir que el Estado plantee futuras transferencias del Ebro a otras cuencas hidrográficas, en caso de que sea necesario. Los aragoneses no podrán vetar legalmente esta posibilidad, aunque de facto pongan todas las trabas imaginables. Aragón podrá emitir informes preceptivos ante cualquier nueva transferencia, pero no serán vinculantes. Tampoco podrán hacerlo Cataluña ni Andalucía; esta última en el caso del Guadalquivir.

La reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobada el pasado jueves en el Congreso, deja la planificación última del Ebro en mano del Estado, con la participación de las comunidades. Las regiones ribereñas tendrán mayor participación que antes, pero no decisión sobre los trasvases y la planificación general. Otra cosa distinta es la voluntad política del momento de promover o arrinconar esta opción. También es cierto que el Estado tenía antes las manos más libres que ahora en la gestión de las cuencas intercomunitarias y en la política trasvasista.

La conclusión del Estatuto de Aragón es un nuevo aviso a las pretensiones de Castilla-La Mancha, que es la comunidad autónoma que más ha legislado sobre la política del agua en su nuevo texto estatutario con el propósito de controlar al máximo los ríos Tajo, Guadiana y Júcar, principalmente. La norma seguida en el Congreso de los Diputados con los cinco estatutos aprobados hasta ahora, de salvaguardar las competencias exclusivas del Estado sobre los ríos intercomunitarios, se aplicará igual en Castilla-La Mancha, aseguran desde el Ministerio de Medio Ambiente y el PSOE murciano.

De esta forma, se da por hecho que será eliminada del texto la alusión a la fecha de extinción del trasvase Tajo-Segura en el año 2015. Políticamente, el Gobierno central ya se ha pronunciado en diversas instancias sobre la continuidad del acueducto. Asimismo, podría corregirse gran parte de la redacción de la disposición transitoria que establece la necesidad de un informe «precepctivo y determinante» de la Junta de Comunidades sobre cualquier trasvase o intercambio de agua. Con el uso de la palabra «determinante», en lugar de «vinculante», se pretende evitar que ocurra lo mismo que en Cataluña, donde quedó eliminada esta prerrogativa del texto final.

En la oportunidad de esos informes se incluyen además las cesiones de derechos y los futuros bancos de agua, que rechaza abiertamente Castilla-La Mancha. En el último año y medio se ha autorizado el envío de casi 130 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura en cuatro operaciones -la última se estudia esta semana- para comprar derechos de agua a los regantes madrileños de Aranjuez y Estremera, por parte de los regantes murcianos y de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

Sustitución de caudales

Otra prerrogativa que entra de lleno en la esfera estatal es la «sustitución progresiva de los caudales» del Tajo-Segura por aguas desalinizadas, a lo cual aspira el pacto de Barreda (PSOE) y Cospedal (PP). El director general de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), Adrián Baltanás, ha asegurado que no habrá canje de aguas desalinizadas por aguas del Tajo, sino que las primeras son un complemento al trasvase.

El cuarto punto más polémico es la fijacion de nuevos caudales ambientales y ecológico en el río Tajo, unido a las nuevas necesidades de agua de Castilla-La Mancha que deben ser recogidas en el Plan de Cuenca del Tajo que se está revisando y que debe ser aprobado en el año 2009. El nivel de participación de Castilla-La Mancha en los órganos decisorios y de gestión de la Confederación Hidrográfica del Tajo -y en la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, a la cual también aspira- no llegará al extremo de dominar este organismo, aunque sea a través de la nueva estructura de demarcaciones. El Estado se asegurará la mayoría y el control, según la nueva reforma de la ley de aguas.

Mínimo ecológico

El mayor peligro sobre los volúmenes excedentarios trasvasables al Segura se encuentra, técnicamente, en la fijación de nuevos caudales ecológicos del Tajo a su paso por Aranjuez, como principal punto de referencia en el curso alto de este río. Duplicarlo o aumentarlo en un 50 por ciento (ahora es de 6 metros cúbicos por segundo) implicaría una merma considerable de los excedentes almacenados en los embalses de Entrepeñas y Buendía. Ésta es una de las cuestiones por las cuales mostró mayor interés el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura en su reunión con el presidente Rodríguez Zapatero.

De todas las reformas estatutarias referidas al control de los ríos, la de Castilla-La Mancha es la más amplia y ambiciosa. El texto ha entrado recientemente en el Congreso de los Diputados y muy probablemente no estará aprobado hasta después de verano. Las reivindicaciones castellano manchegas ocupan un capítulo entero de su Estatuto, con ocho artículos y una disposición transitoria dedicada exclusivamente a liquidar el trasvase Tajo-Segura.Las comunidades autónomas que la han precedido no han ido tan lejos. Cataluña, por ejemplo, sólo dedica explícitamente al agua un artículo con cinco apartados. Andalucía, por su parte, refleja un sólo artículo al agua y otro breve a la cuenca del Guadalquivir. Y Aragón, se centra en la coparticipación en los órganos de gestión, de acuerdo con la Constitución; así como en la reserva de 6.550 hectómetros cúbicos para uso exclusivo de su territorio.

Aportaciones del Ebro

Esta reserva ya venía recogida en el Pacto del Agua de Aragón de 1992, y fue asumida después por el Plan Hidrológico Nacional del PP. En este sentido, los caudales que podían ser trasvasados anualmente desde el Ebro ya tenían descontada esa reserva, apuntan en el Partido Popular. Esto quiere decir, a juicio del PP, que los 6.550 hectómetros no invalidan futuros trasvases, sobre todo teniendo en cuenta que las aportaciones del Ebro al Mediterráneo en su desembocadura oscilan entre los 10.000 y 15.000 hectómetros cúbicos en los últimos años.