El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, afirmó ayer que la derogación del trasvase del Ebro del Plan Hidrológico Nacional creó  “desconfianza y desconcierto” y que “fue el germen que motivó el enfrentamiento territorial y la insolidaridad que vivimos hoy”.

El consejero murciano hizo estas declaraciones en el transcurso de su intervención en el Club Siglo XXI, donde participó en un debate coloquio sobre agua junto a María Encina, consejera de Obras Públicas de Castilla-La Mancha, José Ramón García Antón, consejero de Infraestructuras y Transportes de la Comunidad Valenciana y Jaime Palop, director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente.

El responsable del Agua de la Región apeló a la Constitución y al modelo creado en todo el siglo XX con el Plan Hidrológico Nacional para recuperar “el consenso y la participación” ,y criticó “la falta de política del agua y de parches que plantea el Gobierno socialista en su política actual ”.

“La derogación del trasvase del Ebro fue el mayor atentando político que han sufrido las regiones del Mediterráneo y sus legítimas expectativas de desarrollo sin ningún razonamiento técnico, económico y ambiental. Tras la derogación de este trasvase y el cuestionamiento de otras iniciativas como el Tajo-Segura, no parece percibirse un modelo conceptual coherente que restituya la unidad de acción desarrollada en los últimos veinte años conforme a la ley de 1985”, dijo el consejero murciano.

Los blindajes y las caducidades

“Estamos sufriendo una verdadera anarquía del agua cargada de propaganda mediática sin intención real de solucionar de manera definitiva un problema que estrangula la agricultura de  nuestras comunidades”, dijo en su primer discurso ante los asistentes a este acto.

Cerdá dibujó una Región de Murcia que “depura más que nadie”, que “tiene los regadíos más modernizados de España”, y también, que “paga el agua más cara”, pero añadió, “tenemos un déficit estructural que resolver”.

Para el consejero de Agricultura “el Programa Agua, -alternativo al trasvase del Ebro-, se ha planteado de forma improvisada, sin estudio previo alguno, y con previsiones irreales, reveladoras de una profunda ignorancia de la realidad hídrica de las regiones afectadas.”

Además, afirmó que “el concepto de banco de agua fue introducido en la reforma de la Ley de 1999, y que entonces fue políticamente rechazada por la actual ministra de Medio Ambiente”, y se preguntó públicamente, “¿No hay agua para trasvases (trasvases cero) y sí para los bancos?”

Para el consejero murciano, “no se puede forzar a las Comunidades Autónomas a ir en la dirección de la separación territorial. Asistimos a un desafío político igual que el que está sufriendo el modelo territorial de España”, dijo.

“Blindar los ríos quiebra el concepto de Nación. Un río de carácter nacional e internacional como es el Tajo no es un recurso ajeno a ninguna región de España, y los ríos españoles son bienes de Estado. Los blindajes y las caducidades, sean del Ebro, del Tajo o incluso de los Trasvases, son situaciones ridículas  y contrarias al concepto de nación”, concluyó.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista José María Barreda, está estudiando plantear un recurso a la compra de 31 hectómetros cúbicos para riego por los regantes de Murcia a los de Estremera (Madrid). Además, la semana próxima tendrá preparado el que presentará contra el último trasvase para riego del Tajo-Segura.

El vicepresidente segundo de la Junta, Emiliano García-Page, explicó que la próxima semana estará ultimado el recurso del Gobierno regional al trasvase de la cuenca del Tajo a la del Segura de 11 hectómetros cúbicos para regadío aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 2 de febrero.

Además, añadió que van a estudiar recurrir la operación de compraventa de agua entre los regantes de Estremera y los de Murcia porque la consideran «filosóficamente equivocada», ya que «más allá de que se busquen parches para solventar situaciones de relativa necesidad, no nos parece razonable establecer un mercado del agua como se está planteando».

García-Page dijo que esta política pone de manifiesto «contradicciones y conflictos de intereses en algunos casos bastante despreciables». «Consideramos que tenemos muchas posibilidades de plantear el recurso y de ganarlo», dijo el vicepresidente segundo, quien se mostró convencido de que «prevalecerá una nueva política de racionalidad en el uso del agua, y el régimen de compraventa de derechos sobre un agua que es de todos resulta chocante».

Una vez más, el Ministerio de Medio Ambiente no consiguió ayer contentar a ninguna de las partes afectadas por el trasvase Tajo-Segura. Su recomendación al Consejo de Ministros para que se envíen 38 hectómetros cúbicos para abastecimiento desde los embalses de Entrepeñas y Buendía no satisface a Murcia y Comunidad Valenciana, pese a que los agricultores levantinos sí podrán disponer de otros 31 hectómetros cúbicos. Pero, además, la Junta de Castilla-La Mancha considera un «disparate» sacar ahora agua del Tajo para riego.

El director general del Agua, Jaime Palop, explicó que de los 38 hectómetros cúbicos que saldrán desde la cabecera del Tajo, un total de 35,5 irán a la Mancomunidad de los Canales de Taibilla y 2,5 para abastecimiento al levante almeriense en la cuenca del Almanzora. Además, se realizarán obras de mantenimiento en la infraestructura del trasvase para evitar pérdidas de agua en los desembalses.

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó que la gestión de los desembalses del acueducto Tajo-Segura debe ser «prudente», ya que en estos meses hasta mayo es época de lluvias pero hay que contar con el descenso en la época estival. «Ha habido una leve recuperación de los embalses de la cabecera del Tajo, que almacenan 340 hectómetros cúbicos», comentó la ministra, mientras que el mínimo para poder realizar trasvases es de 240.

Por su parte, el director general del Agua señaló que de seguir la tendencia del año pasado y con 340 hectómetros cúbicos almacenados en Entrepeñas y Buendía, a finales de septiembre de este año sólo habría 250 hectómetros cúbicos, es decir, sólo 10 para trasvasar en octubre para abastecimiento.

Sobre la petición de los 40 hectómetros para riego de los regantes, Palop indicó que las predicciones que hay para Entrepeñas y Buendía son «justas para atender al abastecimiento a poblaciones y hay que ser cautos en las recomendaciones de desembalse para otros usos».

En cuanto a un trasvase para las Tablas de Daimiel, también lo descartó, porque es «físicamente inviable», ya que se perderían entre un 80 o un 90 por ciento en el transporte y «pone en riesgo el abastecimiento humano» por la situación de la cabecera del Tajo.

Órdenes de la ministra

Sin embargo, los que sí se dedicarán a regadío serán los 31 hectómetros cúbicos que en las próximas semanas se transferirán a Murcia desde la comunidad de regantes de Estremera, entre Madrid y la provincia de Toledo. Ayer, Narbona le prometió al secretario del PSOE murciano, Pedro Saura, que «va a dar órdenes a los servicios del Ministerio» para que se desembalse esa cantidad de agua «como consecuencia del decreto-ley que pone en marcha el banco público del agua».

Todas estas explicaciones fueron recibidas con hostilidad tanto por el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha como por los ejecutivos populares valenciano y murciano. Así, Fernando Lamata, «número dos» de Barreda, señaló que, en este momento, no está justificado un trasvase para regadío, y aseveró que aprobarlo sería «un verdadero disparate»,

Pero aún más airadas fueron las declaraciones desde Levante. El consejero de Agricultura de Murcia, Antonio Cerdá, criticó que la Comisión de Explotación del Tajo-Segura no apruebe un envío desde Entrepeñas y Buendía para el regadío, pero que, en cambio, sí pueda mandarse agua «más cara» del canal de Estremera.

El consejero murciano acusó al PSOE de llevar a cabo una «maniobra partidista» de cara a las elecciones con la decisión de realizar obras de reparación en el acueducto Tajo-Segura que paralicen los envíos varias semanas «para contentar» a los socialistas de Castilla-La Mancha «por un pacto oculto» entre Barreda y Zapatero.

Para Cerdá, hay excedentes cifrados en cien hectómetros cúbicos de agua en los embalses de cabecera del Tajo, pero no se ha aprobado ningún desembase para regadío, a pesar de que ha mejorado la situación de Entrepeñas y Buendía.

En cambio, en la cuenca del Segura, según el director general del Agua de Murcia, Miguel Angel Ródenas, miembro de la Comisión de Explotación del Acueducto, «sólo quedan 28 hectómetros cúbicos de agua y los pozos están sobreexplotados».

«Golpe bajo» a los regantes

También la secretaria general del PP de la Comunidad Valenciana, Adela Pedrosa, acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, «de darle otro golpe bajo a los agricultores valencianos al volver a negarles el agua del trasvase Tajo-Segura».

Según Pedrosa, «el Gobierno da un paso más en su intención de que desaparezca la agricultura valenciana» porque, según explicó, si el campo alicantino no recibe «ni una sola gota del Tajo y la que llega del Júcar es inviable económicamente, les quedan muy pocas opciones para seguir manteniendo sus trabajos».

Para la secretaria popular, «el PP es el único que está trabajando en lo que le corresponde, es decir, en la modernización de regadíos, la reutilización de los recursos hídricos y la depuración de aguas residuales». Además, señaló que la Generalitat valenciana «ha cumplido con su promesa de defender los intereses del campo valenciano en todos los ámbitos» a pesar de que «el Gobierno socialista esté atacando» los intereses de la Comunidad «continuamente».

Adela Pedrosa recordó que la «ausencia» de una política hídrica por parte del Gobierno central «está quedando al descubierto» ya que «no va a haber agua del Ebro, ni del Tajo, ni del Júcar para los agricultores».

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, aseguró ayer que “la ministra Narbona cree que todos los murcianos somos marionetas como Saura”, tras conocer la decisión del nuevo trasvase cero para regadío que adoptó ayer la comisión de explotación del Acueducto Tajo-Segura.

Cerdá, que inauguró ayer la nueva planta depuradora de Macisvenda, en Abanilla, denunció ayer la  “maniobra partidista” del PSOE hasta las elecciones autonómicas y municipales de mayo, al ser preguntado sobre las obras de reparación del acueducto que va a realizar el ministerio durante los próximos meses y la reunión mantenida, en paralelo, por la titular de este departamento, Cristina Narbona y el secretario general de los socialistas murcianos, Pedro Saura.

“Narbona ha llamado al orden a Saura para que se calle o para que intente desviar la atención, en contra de los intereses de nuestros regantes”, aseguró el consejero murciano, quien explicó que “la intención del Gobierno socialista es evitar nuevos desembalses del Tajo-Segura para contentar a los socialistas de Castilla-La Mancha y al presidente Barreda. Una vez más, estamos ante el pacto oculto Barreda-Zapatero en contra de los murcianos con la complicidad y el servilismo de Saura”, apostilló.

Las obras se pueden hacer por tramos

En este sentido, Cerdá argumentó que “si hubiera voluntad de enviar agua, se podría hacer incluso con obras, por tramos, lo que ocurre es que no hay voluntad”, y se preguntó “¿por qué pueden mandar el agua cara del canal de Estremera y no autorizan agua de los embalses de cabecera que nos corresponden por ley?”.

Además, Cerdá calificó la decisión adoptada por la Junta de Explotación del Acueducto de “nula de antemano”, porque, añadió, “hay excedentes en los embalses de cabecera para atender las demandas de nuestros agricultores”, y aseguró que los cultivos conforme nos vamos acercando a la primavera, irán demandando más agua, debido al aumento de las temperaturas”.

Según el titular de la Consejería de Agricultura y Agua, los regantes “necesitan esos trasvases que el Gobierno acostumbra a negar, puesto que si no se autorizan al final acabará afectando no sólo los cultivos hortícolas, sino también el arbolado, lo que supondrá la desaparición de miles de puestos de trabajo, y que numerosas familias tengan que renunciar a sus explotaciones”.

Por su parte, el director general del Agua de la Comunidad, Miguel Ángel Ródenas, miembro de la Comisión del Acueducto, defendió que “el Tajo ha roto la tendencia en febrero” y que “hay 100 hm3 de excedentes en los embalses de cabecera”. Ródenas explicó que “la situación del Segura es muy preocupante”, ya que  “sólo quedan 28 hm3 y los pozos están sobreexplotados”.

El papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismo estatal que gestiona los recursos de la cuenca del mismo nombre -que abarca la mayoría de la Comunidad-, en la imagen que se ha trasladado a la Unión Europea (UE) del urbanismo valenciano ha sido determinante. En la mayoría de ocasiones, las respectivas oposiciones vecinales se aferran a los citados informes para condenar los planes parciales o Programas de Actuación Integrada (PAI). Lo cierto es que, en líneas generales, cualquier proyecto que contemple un número elevado de viviendas se topa con su correspondiente informe negativo de la CHJ, que concluye que «no se puede garantizar el suministro» de agua a los nuevos inmuebles. En realidad, esta respuesta no implica que no existan o se puedan encontrar los citados recursos, sino que, a la luz de la documentación aportada, el organismo de cuenca es incapaz de determinar si podrá abastecer a los inquilinos de las respectivas urbanizaciones. Mientras para la Delegación del Gobierno en la Comunidad, dirigida por el socialista Antoni Bernabé, considera determinantes estos dictámenes, el Consell y los respectivos ayuntamientos -incluso algunos socialistas, como el de Elda- interpretan que se trata de una apreciación técnica, y que no es en ningún caso vinculante. Sea como fuere, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad ya ha paralizado algunos PAI, como el de Parcent, basándose especialmente en los informes hídricos. La «doctrina Parcent» considera un éxito cada uno de éstos «veredictos».

El Consejo de Ministros, en su reunión del viernes, ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Sociedad Estatal Aguas del Júcar S.A. para la financiación y explotación de las obras de la nueva conducción Júcar-Vinalopó, que permitirán la transferencia de recursos hídricos desde el sistema de explotación del Júcar al sistema de explotación del Vinalopó-Alacantí. Asimismo, es objeto del convenio la recuperación de costes, el cobro de cánones y las tarifas de amortización.

La inversión total prevista asciende a 303.380.000 de euros, y está previsto y confirmado, mediante decisión de la Comisión de la UE, que la actuación cuente con una financiación europea comunitaria de 120 millones de euros.

El resto del coste de la inversión será financiada por Aguas del Júcar S.A. del siguiente modo: un 80% con cargo a fondos propios y el 20% restante con cargo a créditos bancarios obtenidos por dicha Sociedad Estatal. La financiación aportada será recuperada por la Sociedad Estatal mediante las tarifas de amortización abonadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar. Por su parte, la Confederación del Júcar podrá hacer aportaciones financieras durante la ejecución de las obras.

Las obras consisten en una toma de agua en el bajo Júcar y la conducción, con los correspondientes bombeos y turbinados, hasta la cabecera del sistema del Vinalopó en un volumen de hasta 80 hm³ al año, cantidad prevista en el Plan de Cuenca del Júcar.

La actuación está contemplada en el catálogo de infraestructuras básicas del Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar, incluido en el Real Decreto 1664/1998 de 31 de julio, y fue declarada de interés general en el Real Decreto Ley 9/1998 de 28 de agosto, por el que se aprueban y declaran de interés general determinadas obras hidráulicas, entre ellas la transferencia de recursos hídricos del Júcar al área Vinalopó.

La Administración General del Estado es propietaria de las infraestructuras objeto del convenio y será Aguas del Júcar S.A. quien realizará la explotación de las obras directa o indirectamente.

Se constituirá una Comisión de Seguimiento de este convenio, cuya vigencia es de 50 años a partir del inicio de la explotación.

Esta actuación responde a los principios del Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua) del Ministerio de Medio Ambiente, que incluye proyectos de mejora de gestión y del suministro de agua acordes con las necesidades existentes y futuras ligadas al desarrollo de los territorios de forma sostenible en términos económicos, sociales y ambientales.

¿Para qué la fecha del 2015? A Castilla-La Mancha no le hace ninguna falta poner en marcha el reloj para conseguir la «definitiva extinción» del Acueducto Tajo-Segura, como pretende la reforma de su Estatuto de Autonomía que ya ha entrado en el Congreso de los diputados. Si se analiza el texto pactado entre el PSOE y el PP de la vecina región -capítulos 98 a 105, junto a la disposición transitoria- se comprobará que el año 2015 es un señuelo, un llamativo dato periodístico, incluso prescindible, que distrae de otras intenciones de mayor calado, por lo demás políticamente legítimas.

Lo realmente preocupante para la Región de Murcia y la provincia de Alicante es que se trata de un asalto competencial en toda regla contra la política estatal de aguas, que tiene como objetivo -más allá de una simple fecha- aniquilar por otros medios más sutiles los envíos de agua a Murcia y dejar en manos del Gobierno castellano-manchego el uso en provecho propio de este acueducto, presto a cumplir los 30 años.

Cómo matar el trasvase

Que el Congreso de los diputados mantenga o no la fecha en cuestión no es demasiado trascendental, puesto que el verdadero peligro está en el pretendido control de Castilla-La Mancha de las aguas del Tajo a través de la fijación de un caudal ecológico mínimo que dejaría sin excedentes trasvasables a Entrepeñas y Buendía, amen de sus informes preceptivos y determinantes sobre cualquier trasvase; de la prohibición de cualquier transferencia de agua que perjudique los

intereses de Castilla-La Mancha dentro de las cuencas hidrográficas que afectan a su territorio, entre la que se incluye la del Segura; de su participación en el nuevo Plan de Cuenca que debe estar terminado en el 2009, y que será confeccionado con los patrones diseñados por José María Barreda y María Dolores de Cospedal.

También quiere decidir la comunidad vecina el establecimiento de los caudales futuros para sus necesidades; la disposición efectiva de las reservas almacenadas en sus pantanos; y controlar los futuros bancos de agua, que deberán ser autorizados por el Gobierno de Toledo, entre otras competencias.Con todo esto, ríanse de la fecha del 2015. Sólo con que Castilla-La Mancha consiga la mitad de todas estas prerrogativas, de las que apenas se habla, el trasvase estará liquidado.

¿La rendición del Estado?

En el Gobierno de la Nación anida el convencimiento de que «algo hay que darle a Castilla-La Mancha», ya que se guía por la máxima de hacer compatible el interés territorial con el general. Por un lado, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, subrayan que no hay prevista ninguna fecha de caducidad del Tajo-Segura. Aunque no apartan la Espada de Damocles que pende sobre el Tajo-Segura para la próxima legislatura, según viene recogido en la ley del Plan Hidrológico.

Por otro lado, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, se inclina hacia algunos postulados de Castilla-La Mancha, después de que recientemente declarara que los ciudadanos de muchos territorios de esta comunidad «están viendo pasar el agua» sin poder abastecerse de ella. ¿A qué le suena eso? Más claramente, el director general del Agua, Jaime Palop, mostró en Zaragoza una comprensión hacia las exigencias autonomistas que rozan la rendición del Estado. Cabe interpretar además de sus palabras la suerte de Murcia por tener el mar al lado para desalinizar «un recurso infinito». Los antecedentes de los estatutos de Cataluña y Andalucía, y en menor medida de Aragón -que está en trámite en el Congreso- permiten vislumbrar hasta dónde puede llegar el Estado en la cesión de sus competencias sobre agua. En el caso de Castilla-La Mancha, son tantas las líneas abiertas contra el Tajo-Segura en el texto estatutario que es imposible predecir su alcance real.

Artículos «letales»

En las competencias sobre la Política del Agua, el nuevo Estatuto indica que corresponde a los poderes públicos de esta comunidad «velar para evitar cualquier transferencia de agua de las cuencas hidrográficas» que perjudique los intereses de Castilla-La Mancha.

Aquí no se alude directamente al Tajo-Segura, pero está implícito por cuanto la cuenca del Segura ocupa buena parte de Albacete. Asimismo, estipula que la Junta de Comunidades participará con el resto de poderes públicos en la planificación de los recursos, que deben garantizar agua para todos los proyectos que garanticen su crecimiento, sobre la base de que la cuenca cedente tiene «derecho al uso preferente». Algo que nadie discute, aunque se redacta de tal forma que no establece los mecanismos que deben justificar unas nuevas demandas que se antojan infinitas. Al establecer sus nuevas competencias sobre las cuencas intercomunitarias -aquí incluye a los ríos Tajo, Júcar, Guadiana, Segura, Guadalquivir, Ebro y Duero- la Junta también pretende intervenir en el proceso de planificación hidrológica de las demarcaciones hidrográficas. De esta forma, participará «en las decisiones de asignación o reserva de los recursos hídricos disponibles a las demandas planteadas». Supone esto que reclama algo más que voz y voto en la redacción del nuevo Plan de Cuenca del Tajo.

Informes «determinantes»

En cuanto a los trasvases, cesiones de derecho y futuros bancos de agua, el Estatuto señala literalmente que «la Junta de Comunidades emitirá un informe previo, preceptivo y determinante -no dice vinculante, a la vista de los intentos de otros estatutos- ante cualquier trasvase, cesión, transferencia, transacción o cualquier otro modo de intercambio de aguas tanto públicas como privadas -ojo- dentro de una misma cuenca hidrográfica o entre cuencas hidrográficas de la Comunidad autónoma que se plantee y que afecte a los cauces, recursos o infraestructuras que discurran total o parcialmente dentro de su territorio». Traducido: Del Tajo al Segura. Se trata de una redacción hábil, puesto que no habla de trasvases entre comunidades autónomas, sino entre cuencas hidrográficas, como

marca la ley. Pero la gran extensión de Castilla-La Mancha hace que su territorio se vea afectado nada menos que por siete demarcaciones hidrográficas. Llevado a su extremo, podría incluso decidir (o codecidir) sobre hipotéticos trasvases del Ebro y del Duero.

La puntilla

Queda además una extensa disposición transitoria dedicada exclusivamente a la extinción a plazos del trasvase Tajo-Segura, que debe iniciarse inexorablemente en cuanto se apruebe el nuevo Estatuto, hasta su liquidación en 2015. Antes de eso, el nuevo Plan de Cuenca del Tajo deberá «fijar la dotación suficiente para las necesidades y derechos reconocidos a favor de Castilla-La Mancha» en el año 2009. Igualmente, se deberá aumentar el caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez y Toledo, lo que supone reducir drásticamente los excedentes trasvasables hacia Murcia, Alicante y Almería.

Los regantes del Tajo-Segura no piensan quedarse de brazos cruzados. Encargarán un estudio para comprobar losefectos de un incremento del caudal ecológico en Aranjuez, ahora de 6 metros cúbicos por segundo como mínimo. De modo que la fecha es lo de menos, ya que cuando llegue 2015 las transferencias del Tajo al Segura casi habrán desaparecido. O sólo habrá trasvases de socorro para la población.

VALENCIA. El catedrático de Ciencias Ambientales y profesor de la Universidad de Princeton, Ignacio Rodríguez-Iturbe, confirmó ayer que está «a favor del trasvase del Ebro ya que esta conducción es completamente viable desde el punto de vista económico, hidrológico y ecológico».

El profesor Rodríguez-Iturbe, que fue galardonado en 2002 con el «Stockholm Water Prize», considerado como «el Premio Nobel del Agua», asistió ayer a la sesión ordinaria del Tribunal de las Aguas de Valencia, donde recibió el «Blusón de labrador» que le acredita como miembro honorífico de esta institución acompañado por el director de la Fundación Agua y Progreso, José Alberto Comos Guillem. El profesor agradeció el reconocimiento del Tribunal, por «lo que simboliza esta institución, que es un motivo de orgullo para los valencianos y para toda España».

El prestigioso catedrático, que participa en el «Congreso Internacional sobre Instrumentos de Planificación Hidrológica. La importancia estratégica del Trasvase del Ebro para la Comunidad Valenciana», manifestó que no está en contra de la desalación «como medida puntual», pero no como alternativa a los trasvases. Desde el punto de vista económico, «las desaladoras tienen un coste energético mayor que los trasvases y una vida útil menor, y el impacto ecológico de la desalación es muy superior». Además, concluyó que el Plan Hidrológico del trasvase del Ebro ya tuvo en cuenta el cambio climático.

VALENCIA. El concejal del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia, Ramón Isidro Sanchis, aseguró ayer en un comunicado que es «una vergüenza» que el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, diga que «los valencianos no tenemos que preocuparnos porque tenemos en el mar toda el agua del mundo, que el problema lo tiene Aragón porque la única fuente de agua proviene en su caso de los ríos, los pozos, los acuíferos y en definitiva del agua de lluvia… es de auténtica desvergüenza».

Además, criticó que Palop tenga que ir a Zaragoza -donde realizó las declaraciones-para transmitirno un mensaje de tranquilidad como consecuencia de la sequía y «que no venga a Valencia y nos lo cuente en vivo y en directo». Además, calificó como «muy lamentable» que el Ministerio de Narbona lance estos mensajes, «en vez de explicarnos por qué nuestra ciudad está sufriendo restricciones en cuanto a cantidad, calidad y precio del agua, cuando ella aseguró, nada más derogar el Trasvase, que tendríamos más cantidad de agua, de más calidad y a menor precio, pero es que son incapaces de ofrecer una sola alternativa o propuesta realista».

MURCIA. Más expedientes sancionadores que en años anteriores. El celo y control de la Confederación Hidrográfica del Segura contra las extracciones no permitidas de agua, los riegos ilegales y los vertidos clandestinos se tradujo el año pasado en un incremento del número de expedientes abiertos hasta sumar los 567. De esta cantidad, la gran mayoría se consideran infracciones leves; mientras que once fueron graves y se remitieron a la ministra de Medio Ambiente para que decida la sanción correspondiente. Sólo uno se consideró muy grave y se ha remitido al Consejo de Ministros.

El escenario ya se conoce: la cuenca del Segura atraviesa el tercer año de fuerte sequía, sin apenas recursos propios y con riegos de socorro desde la cabecera del Tajo a cuentagotas. El resto de los caudales necesarios para la agricultura se capta a través de pozos.

Según informó ayer el organismo de cuenca, en los tres últimos años no ha caucado ningún expediente sancionador. Asimismo, a día de hoy ya están resueltas o en tramitación todas las sanciones levantadas en el ejercicio anterior, según informó ayer el presidente de la Confederación, José Salvador Fuentes Zorita, quien precisó que el objetivo es «evitar cualquier posible caducidad en la actividad sancionadora y, por consiguiente, el riesgo de impunidad».

La Confederación abrió el año pasado 99 expedientes por construcción y explotación de pozos; 56 por riego ilegal; 93 por vertido a cauces; 15 por depósitos de escombros o inertes; 177 por obras y ocupación de cauces; y 127 por otros motivos, tales como el incumplimiento de una resolución, desobediencia a requerimientos, incumplimiento de condiciones, extracción de áridos, derivación de aguas, modificación de características, depósitos ilegales, y modificación de la «fase atmosférica».

Más de 400 expedientes

De acuerdo con la cuantía de las sanciones, el organismo de cuenca ha incoado 408 expedientes leves y 147 menos graves (en ambas categorías son resueltos por la propia CHS); once graves (que se remiten a la ministra de Medio Ambiente); y uno muy grave (que debe ser resuelto por el Consejo de Ministros). De los doce expedientes graves o muy graves, cuatro han sido abiertos por explotación de pozos; otros cuatro por riegos ilegales; y el resto por derivar más agua de la pemitida. Asimismo, 34 expedientes han sido remitidos a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por si los hechos denunciados fuesen constitutivos de delito, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.

Los infractores han tenido que abonar a la Confederación 560.119 euros en concepto de daños al dominio público hidráulico. Esta cantidad se reinvierte íntegramente para la recuperación medioambiental de la cuenca del Segura.

La Confederación aprecia que, «con las medidas ejemplarizantes» se ha detectado una disminución de las irregularidades graves, «a pesar de la delicada situación que atraviesa la cuenca en su tercer año consecutivo de grave sequía hidrológica». Esta apreciación, no obstante, no concuerda con los datos de los dos años anteriores, en los que hubo menos sanciones graves y muy graves.

Fuentes Zorita ha mostrado su «reconocimiento a los colectivos y organismos que han colaborado a la hora de denunciar cualquier tipo de actividad irregular».